El robo y la imposición

El Universal
La toma de posesión
Porfirio Muñoz Ledo
16 de noviembre de 2006

Asistí la semana anterior en Santiago de Chile al Consejo Mundial de la Internacional Socialista. Jornadas de camaradería, de intensas evocaciones y, esta vez, de sustantivos debates. El tema del encuentro: "Por un futuro sustentable" y, en el centro de la discusión, el cambio climático y la inaplazable reconversión energética; también, los obstáculos políticos que lo detienen merced a la toma del poder del Estado por las corporaciones.

Los partidos tienen su origen en los clubes políticos y las asociaciones de partidos funcionan todavía como confederaciones de clubes. Lo esencial es el intercambio fraternal de información y de experiencias. La puesta al día colectiva por la anécdota y el análisis. En el círculo latinoamericano, además de las elecciones en Brasil y Nicaragua, las cuestiones principales a discusión fueron Venezuela, Colombia y desde luego México, incluyendo la crisis de Oaxaca donde pareciera renacer la Centroamérica de los 80.

Nuestros colegas desean saber con exactitud con qué artimañas, contra todas las predicciones, nos robaron la elección. Si se configura una simulación de los procesos democráticos y si vamos a otorgar legitimidad a un gobierno espurio. Esto es, si México va a quedar sometido, a pesar de la oposición que ejerzamos, a un cautiverio de la derecha transnacional, de los monopolios internos y del sectarismo, con el peligro de su segmentación definitiva de América Latina.

Entienden que la estrategia de la izquierda adopte dos vertientes: el polo institucionalizado, integrado por partidos políticos, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, sindicatos y organizaciones civiles y, por otro lado, el polo social derivado de la Convención Nacional Democrática: el movimiento de masas encabezado explícitamente por Andrés Manuel López Obrador.

Sospechan sin embargo que, en su lucha por el poder, el Frente atraerá al movimiento hacia la trampa de elecciones locales amañadas, en las que el nuevo gobierno y sus aliados echarán toda la carne al asador para aplastarnos y obtener de cada victoria convencional un motivo para marginarnos, exacerbarnos y degradarnos ante la opinión pública. Semejante estrategia conduciría a una radicalización creciente, susceptible de convulsionar a la mayor parte del territorio nacional; lo que a su vez sacaría la contienda política del escenario electoral y la trasladaría a formas diversas de confrontación social. La pérdida de la esperanza de cambio por la vía constitucional y el despertar del México bronco, como lo ha señalado recientemente José Vidal Beneyto en su columna de El País.

Consideran inexplicable que no se haya establecido la segunda vuelta electoral en México y que el destino de un país de las dimensiones del nuestro dependa de un dudoso medio punto de ventaja en los comicios. Ello llevaría en el mejor de los casos a la consolidación de un pluripartidismo errático y generador de gobiernos minoritarios sujetos a un juego inestable de alianzas y enfrentados a fuerzas superiores en militancia o en recursos económicos.

Ese panorama de ingobernabilidad es aplicable, aunque los actores sean diferentes en cada caso, tanto a la izquierda como a la derecha. Termina confinándolas a la impotencia y, en el extremo, a los riesgos del populismo y del golpismo. Vías ambas de la restauración autoritaria y del desastre nacional.

En esa perspectiva se mira con dificultad la capacidad de resistencia del Estado frente a los poderes fácticos y su margen de defensa ante los proyectos de un poder imperial, cuyos intereses fundamentales respecto de México no se modifican por la alternancia partidaria. Coincidimos en que el Tribunal Federal Electoral incurrió en un error histórico al no haber declarado la nulidad de las elecciones. Concluimos además que la distensión posible pasa todavía por el camino de la segunda vuelta. Que deberíamos encontrar, mediante la presión social, los acuerdos políticos y las reformas legales indispensables, tanto el compromiso para la revisión integral de la Constitución como para la celebración el año próximo de nuevas elecciones para presidente de la República.

El 20 de noviembre rendirá protesta López Obrador como presidente legítimo de México. Así lo decidió la Convención, así lo han decidido aclamatoriamente nuestros militantes y así conviene que sea para dejar constancia inequívoca de que no aceptamos el resultado proclamado por el Tribunal Electoral (TEPJF). A pesar de la potencialidad movilizadora de esta investidura y de la capacidad de denuncia que de seguro tendrá, es también un hecho que no ejercerá propiamente funciones de gobierno y que la dualidad que eventualmente pudiera presentarse contribuiría a una profunda polarización del país. De una parte el gobierno itinerante y de otra el gobierno paralizado.

En cambio, la anunciada toma de posesión el 1 de diciembre puede no tener lugar, con lo que la crisis se desataría y sólo encontraría salida en nuevos comicios. La Constitución establece en su artículo 87 que el presidente "al tomar posesión de su cargo prestará ante el Congreso de la Unión la siguiente protesta." esto es, que la protesta es indisoluble del inicio de sus funciones. Ello debe ocurrir necesariamente el 1 de diciembre, según lo dispuesto en el artículo 83 de ese ordenamiento. Se afirma que aun antes de la toma de posesión el presidente declarado electo ya está en ejercicio del cargo, supuesto que su predecesor dejó de fungir a las 24 horas del día anterior. Se olvida que en derecho público la protesta de ley es constitutiva. Establece una condición suspensiva para el ejercicio de una responsabilidad pública, aunque el funcionario ya haya sido nombrado o electo. El interregno de 12 horas no significa una vacancia de la Presidencia, sino un lapso para dar tiempo a cumplir una formalidad esencial.

Conforme al artículo 85 de la Constitución si "no se presentase el presidente electo" el día señalado "se encargará desde luego del Poder Ejecutivo en calidad de presidente interino el que designe el Congreso de la Unión", quien por el mismo hecho sería un presidente con mayoría legislativa. El partido en el gobierno ha sembrado una bomba de tiempo, al pedir el ingreso de las Fuerzas Armadas al recinto parlamentario, en contra de las disposiciones legales y del sentido común. Algunos sugieren el traslado de la sede del Congreso, lo que nada resuelve, salvo que se designe un establecimiento militar para conformar un escenario golpista.

Habrá sin duda un acto de dignidad y coraje de los legisladores de oposición, pero la última palabra corresponde a la conciencia cívica, la movilización ciudadana, la determinación de las organizaciones sindicales y la firmeza de los gobernantes democráticos. Esta es una controversia entre el poder ilegítimo y la soberanía popular. La soberbia de los defraudadores del voto público no debiera convertirse en ceguera represiva. Es la hora de convocar a la restauración de la República y a la reconducción del orden constitucional mediante la devolución de sus derechos políticos a los mexicanos.