Itacate
El dulce ingenio
Marco Buenrostro y Cristina Barros
E
stos días de asueto puede visitarse, en el Museo Nacional de Culturas Populares (avenida Hidalgo 289, Coyoacán), la exposición Un dulce ingenio, el azúcar en México.
La caña, como sabemos, llegó a España por los árabes, que llaman al azúcar sharkara; luego los españoles la trajeron a México; la sembraron en la región de los Tuxtlas, en Veracruz; en el centro de México, en la calzada de Iztapalapa, y en el mismo Coyoacán.
La pródiga tierra de Morelos resultó magnífica para su cultivo. Desde entonces se hicieron grandes fortunas al convertirla en azúcar y piloncillo para su venta, aprovechando la mano de obra indígena, pero, sobre todo, la de los esclavos negros.
Los españoles la sembraron en otros lugares de América, así como en las islas del Caribe y Filipinas. Desde entonces se ha reducido su precio a costa de los agricultores y de esquilmar las tierras donde se cultiva. No olvidemos el estudio clásico sobre el tema de Sydney W. Mintz.
La investigación que respalda la museografía fue amplia y cuidada; estuvo a cargo de Beatriz Scharrer. Se pueden conocer las principales fuentes del azúcar: caña, remolacha, leche, madera y malta, así como datos estadísticos acerca de su consumo. Por ejemplo, en 1850 se consumían en el mundo dos kilos por persona al año, en 1913 se consumían 20 kilos y en 1975, 36. Es notable el altísimo consumo de azúcar en México: 50 kilos por persona, con las consecuencias que esto tiene para la salud. También se señala que el consumo de azúcar ha crecido en los países que se conocen como del tercer mundo, mientras decrece en los países que se autodenominan desarrollados.
En El dulce ingenio, el azúcar en México, también hay espacio para la nostalgia. Puede apreciarse una antigua dulcería con sus recipientes llenos de caramelos de colores de antaño, el puesto de algodones, la variedad de dulces de leche, merengues y duquesas.
Está presente el trabajo en los ingenios y las tradiciones del México profundo en torno a la producción de azúcar en los trapiches. Los embalajes, las herramientas y los utensilios, como bateas, coladores, espátulas y cucharas de madera, así como muestras de la literatura popular: "Las morenas son muy dulces/ más dulces que un caramelo/ y yo como soy goloso/ por una morena muero." Y también: "Sin duda que tu padre fue buen dulcero/ pues te hizo los labios, vida mía,/ de caramelo".
marcri44@yahoo.com.mx
martes, diciembre 29, 2009
miércoles, diciembre 23, 2009
"Estado laico y decadencia"
La Jornada
Estado laico y decadencia
Luis Linares Zapata
La decadencia anímica y material de México avanza sobre uno de los fundamentos del Estado: su laicidad. Porciones retrógradas y convenencieras de la ciudadanía, incrustadas entre las elites políticas, maniobran en lo oscurito para inducir e instalar en los ordenamientos legales sus creencias religiosas. El basamento de tales modificaciones es por demás endeble o francamente nulo. Recurren los conspicuos proponentes (entre ellos varios obispos) a infundir terribles miedos a una sexualidad liberada de fetiches y varias malformaciones respecto del desarrollo familiar, para involucionar frente al resto de la desprevenida población y el ancho mundo. La dupla PRIAN da fehacientes pruebas de la incapacidad, que ya la distingue y clasifica, para visualizar las salidas efectivas a la prolongada crisis que afecta todos los rubros de la actividad productiva, social y cultural de México.
A los congresos locales que ya habían introducido sus muy particulares visiones y conveniencias sobre el inicio de la vida humana desde el momento de la concepción, hay que sumarle, en días recientes, al chiapaneco. El gobernador, ese paladín de la modernidad, la lealtad partidaria y el recato publicitario, dio el paso adicional para congratularse con los sectores más reactivos de sus grupos de presión: el clero, ciertos empresarios santurrones e hipócritas, y las ralas agrupaciones de la santa velita. Pero el señor Sabines ha ido un tanto más lejos para mostrar su inherente humanidad: no castigará con cárcel a las infractoras de tan novedoso y excelso mandato constitucional modificado. Allá, en esas tierras benignas, los legisladores les concedieron a las transgresoras, tan generosos ellos, un tratamiento sicológico integral. Diferente, eso sí, de los trogloditas que, en los restantes 17 estados, les dictaminaron la implacable persecución del Ministerio Público. El crimen tipificado tiene como falta original concebir al cuerpo como recinto de la propia libertad.
Por estos celebrados días de noticias, surgidas del mismísimo Vaticano, hemos sido testigos, oculares y auditivos, de las telegénicas andanzas de otro gobernador priísta por tierras de santos y santificadores al por mayor. Él, además, es uno que aspira, con la inclemente ayuda de Televisa y el patrocinio de los poderes fácticos mayores que lo han adoptado como su niño consentido, a la candidatura presidencial de su partido para 2012. El esfuerzo publicitario guarda proporción con sus desmesuradas ambiciones. El señor Peña, y toda una comparsa de su muy personal cohorte, notificó, urbi et orbi, la buena nueva de sus íntimas querencias e inminente boda. Se unirá en sagrado matrimonio con su Gaviota preferida el próximo año. Todos los medios locales (nativos, di-rían los ingleses imperiales) deberán darse por enterados y hacer los preparativos correspondientes a tan solemne sarao. Nadie quedará fuera del festín. El enlace sellará el mensaje central: el futuro presidente de los mexicanos profesa, con pasión y fundamento innegable, la religión católica. Es un practicante activo y solemne que hará lo que sea necesario para que su credo prospere. El suyo será, qué duda cabe, el próximo estado que legislará para entronizar las creencias que alumbran a su guía en los códigos civiles de la entidad que gobierna. Las mujeres mexiquenses, por tanto, no tendrán alternativa: serán reos de condena si osan abortar.
Sobre advertencia no habrá engaño: el señor Enrique Peña se perfila, por sus propias acciones y desplantes, como el candidato de la derecha más atrincherada de esta angustiada República. Sería, la suya, en caso de triunfar, una versión adicional de las dos panistas.
Uno tras otro, los congresos locales de mayoría priísta han recalado en la tentación de diseñar un artículo constitucional sustanciado con creencias divinas. La presidenta del PRI ha sucumbido, una y otra vez hasta rebasar la docena de ocasiones, a la andanada de sus correligionarios que, por propia voluntad, por arraigado convencimiento, por supuesta iluminación divina, decidieron respaldar tales cambios legislativos. Una derrota mayúscula para una persona, mujer además, que dice profesar acendrada convicción de valores republicanos (entiéndase laicos también). Pero ella tiene una disculpa para ceder ante tamaño impulso retrógrada: es demócrata y no autoritaria. Concede a sus correligionarios la potestad de decidir, por ellos mismos, desde sus reducidos campos locales, el cambio de paradigmas partidarios fundacionales. Así, uno a uno, poco a poco, el localismo se impone sobre la concepción histórica y central de una agrupación política, fruto, además, de posiciones anticlericales. El PRI, al parecer, no tiene órganos deliberativos federales que puedan dilucidar, discutir frente a sus simpatizantes, tamaño cambio de ruta. La alianza de unos cuantos gobernadores impositivos, convenencieros y ambiciosos de continuidad, pueden trastocar, a las callandas, lo que tardó años, vicisitudes y muchas vidas dilucidar y sostener. La separación de la religión y el Estado, piedra angular del sistema de convivencia, puede ser trastocada por los cálculos de una elite inescrupulosa, carente de visión, débil ante los desatados obispos y aliados con las fuerzas más retrógradas del país. Pero también puede ser alterada por un trasiego que pretende asegurar para 2012 la colaboración de una alta clerecía, incapaz de honorar, con votos ciertos, las promesas adelantadas. Ojalá y los curas de alta jerarquía salieran al despoblado para tratar de inducir conductas ciudadanas por un partido preciso. Sería una buena prueba para la madurez y el destino de los mexicanos.
La desatada carrera con vistas a la renovación de poderes en 2012 va decantando, con todo el rigor inherente a tan decisivo propósito, el diseño de un partido político timorato, reaccionario, incapaz de mostrarse como lo que en verdad es: una melée de convenencieros y oportunistas que no ofrecen otra cosa que la continuidad de la decadencia.
Estado laico y decadencia
Luis Linares Zapata
La decadencia anímica y material de México avanza sobre uno de los fundamentos del Estado: su laicidad. Porciones retrógradas y convenencieras de la ciudadanía, incrustadas entre las elites políticas, maniobran en lo oscurito para inducir e instalar en los ordenamientos legales sus creencias religiosas. El basamento de tales modificaciones es por demás endeble o francamente nulo. Recurren los conspicuos proponentes (entre ellos varios obispos) a infundir terribles miedos a una sexualidad liberada de fetiches y varias malformaciones respecto del desarrollo familiar, para involucionar frente al resto de la desprevenida población y el ancho mundo. La dupla PRIAN da fehacientes pruebas de la incapacidad, que ya la distingue y clasifica, para visualizar las salidas efectivas a la prolongada crisis que afecta todos los rubros de la actividad productiva, social y cultural de México.
A los congresos locales que ya habían introducido sus muy particulares visiones y conveniencias sobre el inicio de la vida humana desde el momento de la concepción, hay que sumarle, en días recientes, al chiapaneco. El gobernador, ese paladín de la modernidad, la lealtad partidaria y el recato publicitario, dio el paso adicional para congratularse con los sectores más reactivos de sus grupos de presión: el clero, ciertos empresarios santurrones e hipócritas, y las ralas agrupaciones de la santa velita. Pero el señor Sabines ha ido un tanto más lejos para mostrar su inherente humanidad: no castigará con cárcel a las infractoras de tan novedoso y excelso mandato constitucional modificado. Allá, en esas tierras benignas, los legisladores les concedieron a las transgresoras, tan generosos ellos, un tratamiento sicológico integral. Diferente, eso sí, de los trogloditas que, en los restantes 17 estados, les dictaminaron la implacable persecución del Ministerio Público. El crimen tipificado tiene como falta original concebir al cuerpo como recinto de la propia libertad.
Por estos celebrados días de noticias, surgidas del mismísimo Vaticano, hemos sido testigos, oculares y auditivos, de las telegénicas andanzas de otro gobernador priísta por tierras de santos y santificadores al por mayor. Él, además, es uno que aspira, con la inclemente ayuda de Televisa y el patrocinio de los poderes fácticos mayores que lo han adoptado como su niño consentido, a la candidatura presidencial de su partido para 2012. El esfuerzo publicitario guarda proporción con sus desmesuradas ambiciones. El señor Peña, y toda una comparsa de su muy personal cohorte, notificó, urbi et orbi, la buena nueva de sus íntimas querencias e inminente boda. Se unirá en sagrado matrimonio con su Gaviota preferida el próximo año. Todos los medios locales (nativos, di-rían los ingleses imperiales) deberán darse por enterados y hacer los preparativos correspondientes a tan solemne sarao. Nadie quedará fuera del festín. El enlace sellará el mensaje central: el futuro presidente de los mexicanos profesa, con pasión y fundamento innegable, la religión católica. Es un practicante activo y solemne que hará lo que sea necesario para que su credo prospere. El suyo será, qué duda cabe, el próximo estado que legislará para entronizar las creencias que alumbran a su guía en los códigos civiles de la entidad que gobierna. Las mujeres mexiquenses, por tanto, no tendrán alternativa: serán reos de condena si osan abortar.
Sobre advertencia no habrá engaño: el señor Enrique Peña se perfila, por sus propias acciones y desplantes, como el candidato de la derecha más atrincherada de esta angustiada República. Sería, la suya, en caso de triunfar, una versión adicional de las dos panistas.
Uno tras otro, los congresos locales de mayoría priísta han recalado en la tentación de diseñar un artículo constitucional sustanciado con creencias divinas. La presidenta del PRI ha sucumbido, una y otra vez hasta rebasar la docena de ocasiones, a la andanada de sus correligionarios que, por propia voluntad, por arraigado convencimiento, por supuesta iluminación divina, decidieron respaldar tales cambios legislativos. Una derrota mayúscula para una persona, mujer además, que dice profesar acendrada convicción de valores republicanos (entiéndase laicos también). Pero ella tiene una disculpa para ceder ante tamaño impulso retrógrada: es demócrata y no autoritaria. Concede a sus correligionarios la potestad de decidir, por ellos mismos, desde sus reducidos campos locales, el cambio de paradigmas partidarios fundacionales. Así, uno a uno, poco a poco, el localismo se impone sobre la concepción histórica y central de una agrupación política, fruto, además, de posiciones anticlericales. El PRI, al parecer, no tiene órganos deliberativos federales que puedan dilucidar, discutir frente a sus simpatizantes, tamaño cambio de ruta. La alianza de unos cuantos gobernadores impositivos, convenencieros y ambiciosos de continuidad, pueden trastocar, a las callandas, lo que tardó años, vicisitudes y muchas vidas dilucidar y sostener. La separación de la religión y el Estado, piedra angular del sistema de convivencia, puede ser trastocada por los cálculos de una elite inescrupulosa, carente de visión, débil ante los desatados obispos y aliados con las fuerzas más retrógradas del país. Pero también puede ser alterada por un trasiego que pretende asegurar para 2012 la colaboración de una alta clerecía, incapaz de honorar, con votos ciertos, las promesas adelantadas. Ojalá y los curas de alta jerarquía salieran al despoblado para tratar de inducir conductas ciudadanas por un partido preciso. Sería una buena prueba para la madurez y el destino de los mexicanos.
La desatada carrera con vistas a la renovación de poderes en 2012 va decantando, con todo el rigor inherente a tan decisivo propósito, el diseño de un partido político timorato, reaccionario, incapaz de mostrarse como lo que en verdad es: una melée de convenencieros y oportunistas que no ofrecen otra cosa que la continuidad de la decadencia.
lunes, diciembre 21, 2009
Oaxaca."Un viaje al corazón del México Profundo III/ IV"
Oaxaca
Un viaje al corazón del México Profundo III/ IV
Andrés Manuel López Obrador
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de diciembre de 2009, p. 11
El caso de Oaxaca es muy ilustrativo de la crisis política nacional; de cómo existe un divorcio entre los valores, los sentimientos y las necesidades del pueblo y los intereses de la llamada clase gobernante. El pueblo oaxaqueño es extraordinario, pero padece de un gobierno mediocre, autoritario y corrupto. Es un pueblo de primera con un gobierno de quinta.
Este mal viene de lejos pero, en los últimos tiempos, los gobernantes de Oaxaca han involucionado hasta degenerar en la persona de Ulises Ruiz, el más déspota y mendaz de todos. El desprecio de este gobernante a su pueblo ofende la memoria de oaxaqueños ilustres como Benito Juárez, el mejor presidente de México, o de Ricardo Flores Magón, el luchador social más culto e íntegro en la historia de nuestro país. Ulises convirtió el palacio de gobierno, donde despachó Juárez, en salón de fiestas (se alquila para bodas de gente pudiente del país). Y tengo documentado que nunca ha ido a 368 de los 570 municipios que hay en la entidad.
El poder en Oaxaca no se ejerce en beneficio del pueblo, se usa para imponer una política de despojo y mantener un régimen de opresión. No hay planeación ni programa de desarrollo. El gobierno no apoya a indígenas ni a campesinos. Nada hace por los productores de granos básicos, agave, café, piña, cítricos y ganado. Tampoco ayuda a migrantes, pescadores, músicos, artesanos, comerciantes ni a pequeños y medianos empresarios. No hay ninguna acción en beneficio de los pobres, excepto la entrega de despensas y materiales de construcción en temporada electoral.
Oaxaca es ejemplo de lo que sucede en casi todos los estados del país. En apariencia, hay división y equilibrio entre los tres poderes constitucionales pero en la práctica los titulares de los ejecutivos locales actúan como caciques o señores feudales. El gobernador concentra todos los poderes: el Legislativo y el Judicial están completamente subordinados. Ulises Ruiz, con el aval del Congreso local y apoyado en sus delegados regionales de gobierno, pone y quita a las autoridades municipales.
A pesar de la resistencia de los pueblos, nombra administradores que malusan el presupuesto municipal. Actualmente, por esta causa, hay conflictos en Santa María Ozolotepec, San Pedro Jocotipac, Santa María Temascaltepec, Santa Catarina Mechoacán, San Luis Amatlán y Candelaria Loxicha, entre otros.
El presupuesto estatal se maneja en forma patrimonialista. Se usa para comprar conciencias, lealtades y votos. Todo está enfocado a la realización de obras públicas porque ésta es la fuente principal de la corrupción. Un grupo reducido de compañías vinculadas a los funcionarios acapara los contratos con todo lo que ello implica: sobornos, ineficiencias y construcciones de mala calidad. El caso más emblemático es el desastre en la pavimentación de caminos.
Existe un organismo estatal, Caminos y Aeropuertos de Oaxaca (CAO), que maneja fondos federales de manera irregular, con la complicidad de la Comisión Nacional para Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Cuando las autoridades de usos y costumbres solicitan que les entreguen el presupuesto asignado para ese fin, los funcionarios estatales les niegan los recursos, pretextando que no tienen capacidad técnica y operativa, como si los herederos de los constructores de Monte Albán o Mitla o de quienes levantaron los grandes conventos dominicos en la Colonia y que actualmente están considerados como los mejores trabajadores del mundo, no pudieran hacer un simple camino.
En todas partes se quejan de desviaciones de fondos, de obras no iniciadas o inconclusas, de costos inflados y de caminos recién asfaltados que ya se están destruyendo. Ejemplos: en Tlacotepec Plumas desde hace cuatro años el pueblo entregó la parte que le correspondía para la pavimentación de la carretera, pero ésta sólo ha llegado a Concepción Buenavista. En San Juan Teitipac se tendió el pavimento hace apenas cuatro años y ahora ya es de nuevo terracería. Lo mismo sucedió en Ixtlahuaca y en Santa Cruz Itundujia. El presupuesto del camino de Peñasco a San Juan Mixtepec se aprobó desde 2006 en beneficio de seis municipios; lo iniciaron, sí, pero el pequeño tramo que hicieron ya no sirve. En Guevea de Humbolt han transcurrido 10 años gastando con cargo al camino y éste sigue en pésimas condiciones.
En San Vicente Lachixio llevan tres años y no hay para cuando terminen. Lo mismo han tardado en Santiago Ixtayutla: con un presupuesto de 70 millones de pesos, el avance es poco y el trabajo de mala calidad. La pavimentación del camino que conecta a Villa Alta, en la Sierra Norte, con Villa Díaz Ordaz –así llamada en honor a un liberal y no al ex presidente poblano–, se inició a finales del gobierno de Diódoro Carrasco, lo continuó el de Murat y ahora el de Ulises; entre los tres, a la fecha han gastado 160 millones de pesos en "hacerlo" y está inservible. En la carretera de Oaxaca a Pochutla, en la Sierra Sur, hay un letrero que dice: "El gobierno del estado moderniza camino La Venta-San Francisco Ozolotepec", pero no es cierto, no hay nada.
Como una muestra del proceder de Ulises Ruiz, basta ver su actuación en el conflicto agrario entre Teojomulco y Texmelucan: el primero entregó 6 mil hectáreas al segundo a cambio de una indemnización de 93 millones de pesos, pagada por la secretaría de la Reforma Agraria, y de 100 millones para obras públicas, aportados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; asimismo, el gobierno del estado se comprometió, por escrito, a contribuir con 40 millones adicionales. Sin embargo, los 100 millones de pesos de la CDI pasaron a un fideicomiso presidido por Ulises Ruiz, quien dispuso de 40 millones para obras de mala calidad, algunas de las cuales quedaron inconclusas. Esto obligó a la comunidad de Teojomulco a emprender un juicio y a movilizarse para recuperar los 60 millones restantes, que luego de muchas protestas le fueron entregados al gobierno municipal. Pero de los 40 millones que supuestamente pondría el gobierno del estado, el pueblo sólo ha recibido la mitad.
En Oaxaca impera la corrupción. En julio de 2008, la revista Proceso documentó y dio a conocer que la esposa (accionista mayoritaria), la mamá y una tía de Ulises Ruiz tienen un hospital de especialidades en el Distrito Federal, valuado en mil 500 millones de pesos. El reportaje describe: “Localizado en la delegación Coyoacán, al sur de la ciudad de México, compite con los hospitales más modernos. A él se puede llegar por tierra o por aire, pues cuenta con helipuerto… En su sitio electrónico, los directivos del nosocomio –inaugurado el 31 de mayo de 2007– lo promueven como ‘lo mejor para la mujer’ y destacan que se especializa en la prevención y tratamiento de cualquier ‘amenaza’ a la salud femenina. Oaxaca es el estado que registra el mayor índice de pobreza extrema en el país y ni siquiera cuenta con una clínica para la mujer. Además, tiene el mayor índice de mortalidad femenina a nivel nacional. Según la secretaría de Salud de la entidad, en los últimos cinco años murieron por lo menos 312 mujeres debido a complicaciones durante el embarazo, el parto y el puerperio”.
Además de esta corrupción que daña a los más desposeídos, en Oaxaca los principales violadores de los derechos humanos son el gobernador del estado y su camarilla. Existe una red de gente desalmada, dirigida por funcionarios estrechamente vinculados a Ulises Ruiz. La mayoría de ellos, después de haber ocupado cargos en el estado, como muestra de su impunidad, han pasado a ser diputados federales. Tal es el caso de Jorge Franco Vargas, ex secretario general de Gobierno durante el conflicto con la APPO; de Heliodoro Díaz Escárraga, quien sustituyó al anterior.
A este grupo también pertenece el tres veces diputado federal, Elpidio Desiderio Concha Arellano, responsable del linchamiento en el cual perdió la vida el profesor Serafín García Contreras, el 27 de julio de 2004, en el Puente de Fierro, cerca de Huautla de Jiménez. Otro es Eviel Pérez Magaña, secretario de Obras Públicas de 2004 a 2008, hoy coordinador de los legisladores oaxaqueños en el Congreso y hombre de toda la confianza del gobernador.
La responsabilidad de Ulises Ruiz y de este grupo en los asesinatos de más de 20 maestros y simpatizantes de la APPO ha sido reconocida hasta por los indolentes ministros de la Suprema Corte. Pero no sólo se han dado estos lamentables casos. Hay muchos otros. Tengo testimonios de algunos más. El 6 de abril de 2009, en Jicayán, fue cobardemente asesinada Beatriz López Leyva, coordinadora del Gobierno Legítimo, por denunciar la corrupción del presidente municipal. En San Pedro Totolapa, como consecuencia del conflicto magisterial entre la sección 22 y la 59, protegida por Ulises Ruiz, fue asesinado el 12 de mayo Leonor Ortiz Barriga, presidente de la sociedad de padres de familia. También en Jicayán, por la misma causa, el 28 de agosto ultimaron al maestro Artemio Norberto Camacho Sarabia.
Los pobladores de San Pablo Coatlán viven aterrorizados: el palacio municipal está tomado por gente armada al servicio del alcalde impuesto desde Oaxaca. Allí, el 7 de mayo de 2008 hirieron de gravedad a Sergio Contreras –quien falleció el 12 de marzo de este año–; luego, el 26 de septiembre del año pasado, asesinaron a su hijo, Rosalino Contreras Martínez, y el 29 de junio de 2009, al síndico municipal, Claudio Martínez Juárez.
En Santa María Ozolotepec, en la región chatina, me relataron: el 5 de enero de 2006 fue encarcelado el profesor Jaime Loeza Juárez; el 8 de marzo, en plena celebración por el Día Internacional de la Mujer, la policía detuvo a siete ciudadanos de diferentes pueblos; en julio de ese mismo año, fue torturado Alejandro Salinas Cortés, representante de bienes comunales. En diciembre de 2007 fueron torturados y encarcelados en Huatulco, el profesor Lorenzo Salinas Mendoza, ex presidente municipal, y Alejandro Salinas Cortés; ambos acusados de portación de armas de uso exclusivo del Ejército; en ese mismo mes, desapareció Lauro Juárez, regidor de Hacienda, cuando participaba en una manifestación en el cerro del Vidrio, en el crucero a Juquila; hasta hoy se desconoce su paradero. El 30 de abril de 2008 fueron detenidos ocho indígenas a quienes se les imputan delitos del fuero común y federal. Después de dos meses, siete salieron bajo fianza; sin embargo, Alejandro Salinas permanece en prisión en Juquila.
En Santo Domingo Ixcatlán, en abril del año pasado, el presidente municipal ordenó asesinar a tres miembros de la comunidad. La ejecución se llevó a cabo de manera brutal: destrozaron y quemaron los cuerpos. Me enseñaron unas fotos horrendas. El presidente municipal está en la cárcel con tres o cuatro personas más. Sin embargo, los familiares de las víctimas temen que sean liberados porque el alcalde está vinculado con Ulises Ruiz, a quien ayudó durante la represión a los maestros en 2006. Además, señalan que otros responsables andan libres y desafiantes.
En Santiago Xanica, un niño de 12 años, con ropa limpia y bien peinado, antes de acudir al catecismo leyó un escrito enviado por su padre desde el módulo de máxima seguridad del reclusorio de Miahuatlán, donde permanece cautivo con otros dos indígenas más, acusado de secuestro, lesiones calificadas y homicidio. Además de afirmar que los delitos les fueron fabricados, Abraham Ramírez Vázquez sostiene:
"Por más dura que han sido las circunstancias, no he claudicado en mi lucha. Nosotros, que formamos parte del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, hemos venido emprendiendo una larga lucha en defensa de nuestra autonomía, nuestra cultura, nuestras lenguas, nuestros recursos naturales. Los pueblos marginados de Oaxaca esperan de ustedes palabras de lealtad, verdad, seriedad, ética; ya no más mentiras, promesas que se las lleva el viento. Nuestro estado necesita un verdadero cambio, ya no más un estado bárbaro en donde el poder mata, asesina, secuestra y desaparece a sus ciudadanos y no pasa nada. Ya no más asesinos, tiranos, usurpadores como Ulises Ruiz".
Un viaje al corazón del México Profundo III/ IV
Andrés Manuel López Obrador
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de diciembre de 2009, p. 11
El caso de Oaxaca es muy ilustrativo de la crisis política nacional; de cómo existe un divorcio entre los valores, los sentimientos y las necesidades del pueblo y los intereses de la llamada clase gobernante. El pueblo oaxaqueño es extraordinario, pero padece de un gobierno mediocre, autoritario y corrupto. Es un pueblo de primera con un gobierno de quinta.
Este mal viene de lejos pero, en los últimos tiempos, los gobernantes de Oaxaca han involucionado hasta degenerar en la persona de Ulises Ruiz, el más déspota y mendaz de todos. El desprecio de este gobernante a su pueblo ofende la memoria de oaxaqueños ilustres como Benito Juárez, el mejor presidente de México, o de Ricardo Flores Magón, el luchador social más culto e íntegro en la historia de nuestro país. Ulises convirtió el palacio de gobierno, donde despachó Juárez, en salón de fiestas (se alquila para bodas de gente pudiente del país). Y tengo documentado que nunca ha ido a 368 de los 570 municipios que hay en la entidad.
El poder en Oaxaca no se ejerce en beneficio del pueblo, se usa para imponer una política de despojo y mantener un régimen de opresión. No hay planeación ni programa de desarrollo. El gobierno no apoya a indígenas ni a campesinos. Nada hace por los productores de granos básicos, agave, café, piña, cítricos y ganado. Tampoco ayuda a migrantes, pescadores, músicos, artesanos, comerciantes ni a pequeños y medianos empresarios. No hay ninguna acción en beneficio de los pobres, excepto la entrega de despensas y materiales de construcción en temporada electoral.
Oaxaca es ejemplo de lo que sucede en casi todos los estados del país. En apariencia, hay división y equilibrio entre los tres poderes constitucionales pero en la práctica los titulares de los ejecutivos locales actúan como caciques o señores feudales. El gobernador concentra todos los poderes: el Legislativo y el Judicial están completamente subordinados. Ulises Ruiz, con el aval del Congreso local y apoyado en sus delegados regionales de gobierno, pone y quita a las autoridades municipales.
A pesar de la resistencia de los pueblos, nombra administradores que malusan el presupuesto municipal. Actualmente, por esta causa, hay conflictos en Santa María Ozolotepec, San Pedro Jocotipac, Santa María Temascaltepec, Santa Catarina Mechoacán, San Luis Amatlán y Candelaria Loxicha, entre otros.
El presupuesto estatal se maneja en forma patrimonialista. Se usa para comprar conciencias, lealtades y votos. Todo está enfocado a la realización de obras públicas porque ésta es la fuente principal de la corrupción. Un grupo reducido de compañías vinculadas a los funcionarios acapara los contratos con todo lo que ello implica: sobornos, ineficiencias y construcciones de mala calidad. El caso más emblemático es el desastre en la pavimentación de caminos.
Existe un organismo estatal, Caminos y Aeropuertos de Oaxaca (CAO), que maneja fondos federales de manera irregular, con la complicidad de la Comisión Nacional para Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Cuando las autoridades de usos y costumbres solicitan que les entreguen el presupuesto asignado para ese fin, los funcionarios estatales les niegan los recursos, pretextando que no tienen capacidad técnica y operativa, como si los herederos de los constructores de Monte Albán o Mitla o de quienes levantaron los grandes conventos dominicos en la Colonia y que actualmente están considerados como los mejores trabajadores del mundo, no pudieran hacer un simple camino.
En todas partes se quejan de desviaciones de fondos, de obras no iniciadas o inconclusas, de costos inflados y de caminos recién asfaltados que ya se están destruyendo. Ejemplos: en Tlacotepec Plumas desde hace cuatro años el pueblo entregó la parte que le correspondía para la pavimentación de la carretera, pero ésta sólo ha llegado a Concepción Buenavista. En San Juan Teitipac se tendió el pavimento hace apenas cuatro años y ahora ya es de nuevo terracería. Lo mismo sucedió en Ixtlahuaca y en Santa Cruz Itundujia. El presupuesto del camino de Peñasco a San Juan Mixtepec se aprobó desde 2006 en beneficio de seis municipios; lo iniciaron, sí, pero el pequeño tramo que hicieron ya no sirve. En Guevea de Humbolt han transcurrido 10 años gastando con cargo al camino y éste sigue en pésimas condiciones.
En San Vicente Lachixio llevan tres años y no hay para cuando terminen. Lo mismo han tardado en Santiago Ixtayutla: con un presupuesto de 70 millones de pesos, el avance es poco y el trabajo de mala calidad. La pavimentación del camino que conecta a Villa Alta, en la Sierra Norte, con Villa Díaz Ordaz –así llamada en honor a un liberal y no al ex presidente poblano–, se inició a finales del gobierno de Diódoro Carrasco, lo continuó el de Murat y ahora el de Ulises; entre los tres, a la fecha han gastado 160 millones de pesos en "hacerlo" y está inservible. En la carretera de Oaxaca a Pochutla, en la Sierra Sur, hay un letrero que dice: "El gobierno del estado moderniza camino La Venta-San Francisco Ozolotepec", pero no es cierto, no hay nada.
Como una muestra del proceder de Ulises Ruiz, basta ver su actuación en el conflicto agrario entre Teojomulco y Texmelucan: el primero entregó 6 mil hectáreas al segundo a cambio de una indemnización de 93 millones de pesos, pagada por la secretaría de la Reforma Agraria, y de 100 millones para obras públicas, aportados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; asimismo, el gobierno del estado se comprometió, por escrito, a contribuir con 40 millones adicionales. Sin embargo, los 100 millones de pesos de la CDI pasaron a un fideicomiso presidido por Ulises Ruiz, quien dispuso de 40 millones para obras de mala calidad, algunas de las cuales quedaron inconclusas. Esto obligó a la comunidad de Teojomulco a emprender un juicio y a movilizarse para recuperar los 60 millones restantes, que luego de muchas protestas le fueron entregados al gobierno municipal. Pero de los 40 millones que supuestamente pondría el gobierno del estado, el pueblo sólo ha recibido la mitad.
En Oaxaca impera la corrupción. En julio de 2008, la revista Proceso documentó y dio a conocer que la esposa (accionista mayoritaria), la mamá y una tía de Ulises Ruiz tienen un hospital de especialidades en el Distrito Federal, valuado en mil 500 millones de pesos. El reportaje describe: “Localizado en la delegación Coyoacán, al sur de la ciudad de México, compite con los hospitales más modernos. A él se puede llegar por tierra o por aire, pues cuenta con helipuerto… En su sitio electrónico, los directivos del nosocomio –inaugurado el 31 de mayo de 2007– lo promueven como ‘lo mejor para la mujer’ y destacan que se especializa en la prevención y tratamiento de cualquier ‘amenaza’ a la salud femenina. Oaxaca es el estado que registra el mayor índice de pobreza extrema en el país y ni siquiera cuenta con una clínica para la mujer. Además, tiene el mayor índice de mortalidad femenina a nivel nacional. Según la secretaría de Salud de la entidad, en los últimos cinco años murieron por lo menos 312 mujeres debido a complicaciones durante el embarazo, el parto y el puerperio”.
Además de esta corrupción que daña a los más desposeídos, en Oaxaca los principales violadores de los derechos humanos son el gobernador del estado y su camarilla. Existe una red de gente desalmada, dirigida por funcionarios estrechamente vinculados a Ulises Ruiz. La mayoría de ellos, después de haber ocupado cargos en el estado, como muestra de su impunidad, han pasado a ser diputados federales. Tal es el caso de Jorge Franco Vargas, ex secretario general de Gobierno durante el conflicto con la APPO; de Heliodoro Díaz Escárraga, quien sustituyó al anterior.
A este grupo también pertenece el tres veces diputado federal, Elpidio Desiderio Concha Arellano, responsable del linchamiento en el cual perdió la vida el profesor Serafín García Contreras, el 27 de julio de 2004, en el Puente de Fierro, cerca de Huautla de Jiménez. Otro es Eviel Pérez Magaña, secretario de Obras Públicas de 2004 a 2008, hoy coordinador de los legisladores oaxaqueños en el Congreso y hombre de toda la confianza del gobernador.
La responsabilidad de Ulises Ruiz y de este grupo en los asesinatos de más de 20 maestros y simpatizantes de la APPO ha sido reconocida hasta por los indolentes ministros de la Suprema Corte. Pero no sólo se han dado estos lamentables casos. Hay muchos otros. Tengo testimonios de algunos más. El 6 de abril de 2009, en Jicayán, fue cobardemente asesinada Beatriz López Leyva, coordinadora del Gobierno Legítimo, por denunciar la corrupción del presidente municipal. En San Pedro Totolapa, como consecuencia del conflicto magisterial entre la sección 22 y la 59, protegida por Ulises Ruiz, fue asesinado el 12 de mayo Leonor Ortiz Barriga, presidente de la sociedad de padres de familia. También en Jicayán, por la misma causa, el 28 de agosto ultimaron al maestro Artemio Norberto Camacho Sarabia.
Los pobladores de San Pablo Coatlán viven aterrorizados: el palacio municipal está tomado por gente armada al servicio del alcalde impuesto desde Oaxaca. Allí, el 7 de mayo de 2008 hirieron de gravedad a Sergio Contreras –quien falleció el 12 de marzo de este año–; luego, el 26 de septiembre del año pasado, asesinaron a su hijo, Rosalino Contreras Martínez, y el 29 de junio de 2009, al síndico municipal, Claudio Martínez Juárez.
En Santa María Ozolotepec, en la región chatina, me relataron: el 5 de enero de 2006 fue encarcelado el profesor Jaime Loeza Juárez; el 8 de marzo, en plena celebración por el Día Internacional de la Mujer, la policía detuvo a siete ciudadanos de diferentes pueblos; en julio de ese mismo año, fue torturado Alejandro Salinas Cortés, representante de bienes comunales. En diciembre de 2007 fueron torturados y encarcelados en Huatulco, el profesor Lorenzo Salinas Mendoza, ex presidente municipal, y Alejandro Salinas Cortés; ambos acusados de portación de armas de uso exclusivo del Ejército; en ese mismo mes, desapareció Lauro Juárez, regidor de Hacienda, cuando participaba en una manifestación en el cerro del Vidrio, en el crucero a Juquila; hasta hoy se desconoce su paradero. El 30 de abril de 2008 fueron detenidos ocho indígenas a quienes se les imputan delitos del fuero común y federal. Después de dos meses, siete salieron bajo fianza; sin embargo, Alejandro Salinas permanece en prisión en Juquila.
En Santo Domingo Ixcatlán, en abril del año pasado, el presidente municipal ordenó asesinar a tres miembros de la comunidad. La ejecución se llevó a cabo de manera brutal: destrozaron y quemaron los cuerpos. Me enseñaron unas fotos horrendas. El presidente municipal está en la cárcel con tres o cuatro personas más. Sin embargo, los familiares de las víctimas temen que sean liberados porque el alcalde está vinculado con Ulises Ruiz, a quien ayudó durante la represión a los maestros en 2006. Además, señalan que otros responsables andan libres y desafiantes.
En Santiago Xanica, un niño de 12 años, con ropa limpia y bien peinado, antes de acudir al catecismo leyó un escrito enviado por su padre desde el módulo de máxima seguridad del reclusorio de Miahuatlán, donde permanece cautivo con otros dos indígenas más, acusado de secuestro, lesiones calificadas y homicidio. Además de afirmar que los delitos les fueron fabricados, Abraham Ramírez Vázquez sostiene:
"Por más dura que han sido las circunstancias, no he claudicado en mi lucha. Nosotros, que formamos parte del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, hemos venido emprendiendo una larga lucha en defensa de nuestra autonomía, nuestra cultura, nuestras lenguas, nuestros recursos naturales. Los pueblos marginados de Oaxaca esperan de ustedes palabras de lealtad, verdad, seriedad, ética; ya no más mentiras, promesas que se las lleva el viento. Nuestro estado necesita un verdadero cambio, ya no más un estado bárbaro en donde el poder mata, asesina, secuestra y desaparece a sus ciudadanos y no pasa nada. Ya no más asesinos, tiranos, usurpadores como Ulises Ruiz".
domingo, diciembre 13, 2009
OAXACA."Un viaje al corazón del México Profundo II/ IV"
Oaxaca
Un viaje al corazón del México Profundo II/ IV
Andrés Manuel López Obrador
Periódico La Jornada
Martes 8 de diciembre de 2009, p. 11
El pueblo de Oaxaca ha podido sobrevivir por su cultura. De ella emanan su mística de trabajo, su talento y sus fuertes relaciones familiares y comunitarias. Les ayuda su vinculación con la tierra y el mantener una economía de autoconsumo, sustentada en la producción de maíz, frijol y aves de corral, así como el cultivo del café, el aprovechamiento de los bosques, el tejido del petate y del sombrero, las artesanías y otras actividades. En las ciudades del país, en los campos agrícolas del norte y en el extranjero, es muy apreciada su creatividad y su fuerza trabajo. En Estados Unidos los mixtecos se han ganado a pulso la fama de ser de los mejores obreros del mundo.
El oaxaqueño es un pueblo ejemplar; a pesar de la aridez y lo abrupto de su territorio, de la falta de empleos y del abandono gubernamental, se ha abierto paso y salido adelante, enfrentando todo tipo de adversidades. En sus comunidades lo que existe lo han hecho ellos mismos. Todo lo que uno ve al llegar a un pueblo (las calles, la plaza, el templo, el palacio municipal, las infaltables canchas de básquetbol) se ha construido con el esfuerzo de la gente; es fruto de la cooperación y del tequio.
La ayuda del gobierno estatal es prácticamente nula y los apoyos federales son muy escasos. Por ejemplo, en la ciudad de México todos los adultos mayores de 68 años tienen derecho a una pensión de 822 pesos mensuales, con un presupuesto de 4 mil 225 millones de pesos, mientras en Oaxaca, el programa de 70 y más no es universal y sólo garantiza 500 pesos al mes a quienes viven en poblaciones de menos de 30 mil habitantes, con una inversión anual de alrededor de mil millones de pesos.
Por el abandono del gobierno, Oaxaca es el estado con más pobreza y marginación en el país. Y en estos tiempos lo están resintiendo más. Partamos del hecho de que la gente tiene tres fuentes fundamentales para el sustento: la economía de autoconsumo, los apoyos gubernamentales y el dinero que proviene de la migración.
En el primer caso, lo principal es el cultivo del maíz. Esta bendita planta es lo que asegura que no falten los alimentos básicos, entre otros, la tortilla que se complementa con frijol, chile, nopal y permite paliar el hambre. Sin embargo este año, por el retraso de las lluvias, se perdieron las cosechas y han tenido que comprar el maíz.
La ayuda con recursos públicos para enfrentar la pobreza se limita al Programa Oportunidades –apoyo alimentario, energético y educativo– y al de adultos mayores, con una inversión global de 4 mil 157 millones de pesos. En general, las familias beneficiadas obtienen alrededor de 20 pesos diarios. Por último, la tercera fuente de ingresos son las remesas que en 2009 han disminuido alrededor de 18 por ciento, debido a la crisis económica en Estados Unidos y en nuestro país. El año pasado, por este concepto se recibieron en Oaxaca mil 456 millones de dólares y en el actual se estima que apenas se obtendrán mil 194 millones de dólares. Es decir, 262 millones de dólares menos, el equivalente a todo lo que se destina al Programa Oportunidades. A esta difícil situación habría que agregar la carestía de la vida provocada por los aumentos en los precios del maíz, frijol, arroz, aceite, azúcar y otros artículos de primera necesidad.
En mis recorridos pude constatar de cerca esta amarga realidad. Me partió el alma ver a hombres llorando cuando me expresaban la difícil situación que padecen y el abandono en que se encuentran. Todavía tengo fija la imagen de una mujer en San Miguel Huautla, en la Mixteca que, con esa serenidad escrupulosa de la gente que vive en la pobreza, me dijo que se le mueren sus manos de tanto tejer sombrero para sólo recibir 5 pesos diarios. Y de otra mujer zapoteca, morena, seria, con un marido inválido, en San Juan Lachigalla, que me encaró con firmeza cuestionándome que cómo le hacían si no cosecharon nada por la falta de lluvia y no tenían qué comer. Me dejó pensando largo tiempo y sólo alcancé a decir en mis adentros que precisamente ésta es la razón principal de nuestra lucha.
Es tanta la marginación de Oaxaca que hay pueblos que no cuentan con servicio telefónico. En el 95 por ciento del territorio de Oaxaca no hay cobertura para celular. Es el estado del país donde más me han pedido ayuda para gestionar la instalación de teléfonos públicos y domiciliarios. Por eso, desde San Miguel Piedras hice un llamado con este propósito a Carlos Slim, dueño de Telmex.
Si es impresionante el hecho de que en sólo 5 por ciento del estado funcionen los celulares, asombra aún más el mal estado de los caminos. Un dato: de los 570 municipios de Oaxaca, 290 no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Me tocó transitar por terracerías donde se va a vuelta de rueda. Por ejemplo, para llegar a Amoltepec, que está a 350 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, hicimos nueve horas de viaje.
En materia de salud también la constante es el abandono. Hay municipios sin médico y aunque en las cabeceras haya clínicas de primer nivel, los médicos sólo trabajan de lunes a viernes y en todas partes se carece de medicamentos. Escuché en distintas regiones la queja de que, por los malos caminos, los enfermos mueren cuando son trasladados a un hospital. Por ejemplo, en Choapam denunciaron que el hospital más cercano está a 5 horas de distancia, en Tlacolula. Es notoria falta de atención médica a niños con desnutrición y a mucha gente con padecimientos generados por la pobreza y enfermedades crónico-degenerativas como insuficiencias renales, diabetes y otras, que requieren medicamentos y tratamientos permanentes. También es triste constatar el desamparo en que se encuentran niños y adultos que padecen de alguna discapacidad y no cuentan con ningún tipo de apoyo. Aquí hago un paréntesis para señalar que hay un buen número de médicos jóvenes, mujeres y hombres, con sensibilidad social. Me los encontré en municipios muy apartados y ante la falta de infraestructura, equipo y medicinas, hacen lo que pueden con mucha entrega.
En cuanto a la educación, a pesar del esfuerzo de alumnos y maestros, es notable el rezago. Las escuelas están abandonadas, con techos en malas condiciones, faltan pizarrones, mesa-bancos, hay aulas construidas con materiales precarios. Y lo más lamentable es que muchos niños y adolescentes caminan hasta dos horas para asistir a la escuela y casi todos llegan sin desayunar.
Hay infinidad de escuelas comunitarias en pequeñas localidades donde uno o dos maestros imparten los seis grados. En San Francisco Huehuetlán, en la sierra Mazateca, la maestra de la telesecundaria me contó que al inicio del curso tenía 40 alumnos de tercer grado y calculaba que apenas 20 terminarían porque muchos abandonan la escuela para ayudar a sus padres en el campo e, inclusive, algunos emigran desde esa edad. En San Juan Tepanzacoalco, agencia del municipio de San Pedro Yaneri, en la Sierra Juárez, de 20 estudiantes que egresan de la secundaria, sólo dos continúan sus estudios de bachillerato porque la prepa está en Ixtlán, a cinco horas en camioneta de tres toneladas. Y así es en todas partes. Sin embargo, también debo decir que muchos estudiantes de familias muy pobres están estudiando becados en Chapingo, una universidad que, precisamente por eso, es admirable y ejemplar.
También hay muchos problemas agrarios, sobre todo por disputas de límites entre comunidades, que han sido desatendidos e incluso provocados, tanto por las autoridades estatales como por la secretaría de la Reforma Agraria. En varios de ellos han perdido la vida muchos campesinos. Uno de los conflictos más graves es el que tiene Amoltepec con otros municipios vecinos. Ahí han muerto personas de distintos pueblos sin que intervenga ninguna autoridad para conciliar y buscar acuerdos. Lo contrario ocurrió entre Teojomulco y Texmelucan donde, básicamente, por la voluntad de la gente, en 2005 se logró la solución de un litigio agrario de 80 años, que había dejado un saldo de 450 muertos de ambos lados. En la asamblea que tuvimos en Teojomulco, felicité a los habitantes de esos pueblos por su disposición a aceptar un arreglo que los libró de seguir viviendo en un ambiente de violencia. El presidente municipal de Teojomulco fue uno de los principales promotores, a pesar de que le asesinaron a su hermano y a otros familiares. De modo que hasta en estos casos tan complejos se pueden encontrar soluciones pacíficas.
Además de la desatención, de la pobreza y de la marginación, los pueblos de Oaxaca son víctimas de fraudes y todo el tiempo tienen que estar defendiendo sus tierras y sus recursos naturales. Es doloroso saber que el dinero logrado con el trabajo de migrantes es arrebatado por dueños de cajas de ahorro que, de la noche a la mañana, desaparecen sin ninguna posibilidad de que se haga justicia. Este problema me lo plantearon, sobre todo, en la mixteca, en Santa Cruz Nundaco y en Santos Reyes Tepejillo.
A ello debe sumarse el acecho constante de empresas nacionales y extranjeras que buscan explotar minerales y construir presas, despojando a las comunidades, destruyendo el territorio y dañando el medio ambiente. En muchas partes, los pobladores desconocen que a partir de las reformas al artículo 27 Constitucional y a la Ley Minera, impulsadas por Salinas y por Fox, se han concesionado a particulares 25 millones de hectáreas del territorio nacional para la explotación en especial del oro, la plata y el cobre. En el caso de Oaxaca se han entregado 335 concesiones a particulares para enajenar un millón 191 mil hectáreas, es decir, 12 por ciento del territorio del estado.
Como es obvio, al llevarse a la práctica esta política privatizadora, de pillaje, se originan graves conflictos entre las empresas mineras y los dueños originarios de las tierras ejidales y comunales. En muchos pueblos de Oaxaca ya se están padeciendo presiones para consumar el despojo de estos recursos naturales del pueblo y de la nación. Y como en otras partes, el gobierno estatal se ha puesto abiertamente del lado de las empresas extranjeras, forzando, amenazando, chantajeando e, inclusive, reprimiendo las manifestaciones de inconformidad. Por ejemplo, en Zaniza quieren explotar un mineral en contra de la voluntad de la comunidad. Y por casualidad, desde hace tres meses no hay médico y el centro de salud está cerrado. En San José del Progreso, donde empresas canadienses están operando, en mayo pasado, los pobladores fueron reprimidos con brutalidad por la policía del estado. Este mismo ambiente de tensión se percibe en los municipios de Tututepec, Zenzontepec, Ixtayutla y Tataltepec de Valdés, en la sierra Sur, porque se pretende construir en el río Verde, con inversión extranjera, la presa Paso de la Reina. En esta zona hay un movimiento de varios pueblos decididos a no permitir que se inunden sus tierras y desaparezcan sus comunidades.
En suma, los pueblos de Oaxaca están viviendo uno de los tiempos más difíciles de su historia milenaria. Padecen de pobreza, abandono, marginación y despojo de sus bienes y recursos naturales. Y sin embargo, por su cultura e inquebrantable resistencia, mientras dure el mundo, nunca perderán su gloria y su grandeza.
Un viaje al corazón del México Profundo II/ IV
Andrés Manuel López Obrador
Periódico La Jornada
Martes 8 de diciembre de 2009, p. 11
El pueblo de Oaxaca ha podido sobrevivir por su cultura. De ella emanan su mística de trabajo, su talento y sus fuertes relaciones familiares y comunitarias. Les ayuda su vinculación con la tierra y el mantener una economía de autoconsumo, sustentada en la producción de maíz, frijol y aves de corral, así como el cultivo del café, el aprovechamiento de los bosques, el tejido del petate y del sombrero, las artesanías y otras actividades. En las ciudades del país, en los campos agrícolas del norte y en el extranjero, es muy apreciada su creatividad y su fuerza trabajo. En Estados Unidos los mixtecos se han ganado a pulso la fama de ser de los mejores obreros del mundo.
El oaxaqueño es un pueblo ejemplar; a pesar de la aridez y lo abrupto de su territorio, de la falta de empleos y del abandono gubernamental, se ha abierto paso y salido adelante, enfrentando todo tipo de adversidades. En sus comunidades lo que existe lo han hecho ellos mismos. Todo lo que uno ve al llegar a un pueblo (las calles, la plaza, el templo, el palacio municipal, las infaltables canchas de básquetbol) se ha construido con el esfuerzo de la gente; es fruto de la cooperación y del tequio.
La ayuda del gobierno estatal es prácticamente nula y los apoyos federales son muy escasos. Por ejemplo, en la ciudad de México todos los adultos mayores de 68 años tienen derecho a una pensión de 822 pesos mensuales, con un presupuesto de 4 mil 225 millones de pesos, mientras en Oaxaca, el programa de 70 y más no es universal y sólo garantiza 500 pesos al mes a quienes viven en poblaciones de menos de 30 mil habitantes, con una inversión anual de alrededor de mil millones de pesos.
Por el abandono del gobierno, Oaxaca es el estado con más pobreza y marginación en el país. Y en estos tiempos lo están resintiendo más. Partamos del hecho de que la gente tiene tres fuentes fundamentales para el sustento: la economía de autoconsumo, los apoyos gubernamentales y el dinero que proviene de la migración.
En el primer caso, lo principal es el cultivo del maíz. Esta bendita planta es lo que asegura que no falten los alimentos básicos, entre otros, la tortilla que se complementa con frijol, chile, nopal y permite paliar el hambre. Sin embargo este año, por el retraso de las lluvias, se perdieron las cosechas y han tenido que comprar el maíz.
La ayuda con recursos públicos para enfrentar la pobreza se limita al Programa Oportunidades –apoyo alimentario, energético y educativo– y al de adultos mayores, con una inversión global de 4 mil 157 millones de pesos. En general, las familias beneficiadas obtienen alrededor de 20 pesos diarios. Por último, la tercera fuente de ingresos son las remesas que en 2009 han disminuido alrededor de 18 por ciento, debido a la crisis económica en Estados Unidos y en nuestro país. El año pasado, por este concepto se recibieron en Oaxaca mil 456 millones de dólares y en el actual se estima que apenas se obtendrán mil 194 millones de dólares. Es decir, 262 millones de dólares menos, el equivalente a todo lo que se destina al Programa Oportunidades. A esta difícil situación habría que agregar la carestía de la vida provocada por los aumentos en los precios del maíz, frijol, arroz, aceite, azúcar y otros artículos de primera necesidad.
En mis recorridos pude constatar de cerca esta amarga realidad. Me partió el alma ver a hombres llorando cuando me expresaban la difícil situación que padecen y el abandono en que se encuentran. Todavía tengo fija la imagen de una mujer en San Miguel Huautla, en la Mixteca que, con esa serenidad escrupulosa de la gente que vive en la pobreza, me dijo que se le mueren sus manos de tanto tejer sombrero para sólo recibir 5 pesos diarios. Y de otra mujer zapoteca, morena, seria, con un marido inválido, en San Juan Lachigalla, que me encaró con firmeza cuestionándome que cómo le hacían si no cosecharon nada por la falta de lluvia y no tenían qué comer. Me dejó pensando largo tiempo y sólo alcancé a decir en mis adentros que precisamente ésta es la razón principal de nuestra lucha.
Es tanta la marginación de Oaxaca que hay pueblos que no cuentan con servicio telefónico. En el 95 por ciento del territorio de Oaxaca no hay cobertura para celular. Es el estado del país donde más me han pedido ayuda para gestionar la instalación de teléfonos públicos y domiciliarios. Por eso, desde San Miguel Piedras hice un llamado con este propósito a Carlos Slim, dueño de Telmex.
Si es impresionante el hecho de que en sólo 5 por ciento del estado funcionen los celulares, asombra aún más el mal estado de los caminos. Un dato: de los 570 municipios de Oaxaca, 290 no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Me tocó transitar por terracerías donde se va a vuelta de rueda. Por ejemplo, para llegar a Amoltepec, que está a 350 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, hicimos nueve horas de viaje.
En materia de salud también la constante es el abandono. Hay municipios sin médico y aunque en las cabeceras haya clínicas de primer nivel, los médicos sólo trabajan de lunes a viernes y en todas partes se carece de medicamentos. Escuché en distintas regiones la queja de que, por los malos caminos, los enfermos mueren cuando son trasladados a un hospital. Por ejemplo, en Choapam denunciaron que el hospital más cercano está a 5 horas de distancia, en Tlacolula. Es notoria falta de atención médica a niños con desnutrición y a mucha gente con padecimientos generados por la pobreza y enfermedades crónico-degenerativas como insuficiencias renales, diabetes y otras, que requieren medicamentos y tratamientos permanentes. También es triste constatar el desamparo en que se encuentran niños y adultos que padecen de alguna discapacidad y no cuentan con ningún tipo de apoyo. Aquí hago un paréntesis para señalar que hay un buen número de médicos jóvenes, mujeres y hombres, con sensibilidad social. Me los encontré en municipios muy apartados y ante la falta de infraestructura, equipo y medicinas, hacen lo que pueden con mucha entrega.
En cuanto a la educación, a pesar del esfuerzo de alumnos y maestros, es notable el rezago. Las escuelas están abandonadas, con techos en malas condiciones, faltan pizarrones, mesa-bancos, hay aulas construidas con materiales precarios. Y lo más lamentable es que muchos niños y adolescentes caminan hasta dos horas para asistir a la escuela y casi todos llegan sin desayunar.
Hay infinidad de escuelas comunitarias en pequeñas localidades donde uno o dos maestros imparten los seis grados. En San Francisco Huehuetlán, en la sierra Mazateca, la maestra de la telesecundaria me contó que al inicio del curso tenía 40 alumnos de tercer grado y calculaba que apenas 20 terminarían porque muchos abandonan la escuela para ayudar a sus padres en el campo e, inclusive, algunos emigran desde esa edad. En San Juan Tepanzacoalco, agencia del municipio de San Pedro Yaneri, en la Sierra Juárez, de 20 estudiantes que egresan de la secundaria, sólo dos continúan sus estudios de bachillerato porque la prepa está en Ixtlán, a cinco horas en camioneta de tres toneladas. Y así es en todas partes. Sin embargo, también debo decir que muchos estudiantes de familias muy pobres están estudiando becados en Chapingo, una universidad que, precisamente por eso, es admirable y ejemplar.
También hay muchos problemas agrarios, sobre todo por disputas de límites entre comunidades, que han sido desatendidos e incluso provocados, tanto por las autoridades estatales como por la secretaría de la Reforma Agraria. En varios de ellos han perdido la vida muchos campesinos. Uno de los conflictos más graves es el que tiene Amoltepec con otros municipios vecinos. Ahí han muerto personas de distintos pueblos sin que intervenga ninguna autoridad para conciliar y buscar acuerdos. Lo contrario ocurrió entre Teojomulco y Texmelucan donde, básicamente, por la voluntad de la gente, en 2005 se logró la solución de un litigio agrario de 80 años, que había dejado un saldo de 450 muertos de ambos lados. En la asamblea que tuvimos en Teojomulco, felicité a los habitantes de esos pueblos por su disposición a aceptar un arreglo que los libró de seguir viviendo en un ambiente de violencia. El presidente municipal de Teojomulco fue uno de los principales promotores, a pesar de que le asesinaron a su hermano y a otros familiares. De modo que hasta en estos casos tan complejos se pueden encontrar soluciones pacíficas.
Además de la desatención, de la pobreza y de la marginación, los pueblos de Oaxaca son víctimas de fraudes y todo el tiempo tienen que estar defendiendo sus tierras y sus recursos naturales. Es doloroso saber que el dinero logrado con el trabajo de migrantes es arrebatado por dueños de cajas de ahorro que, de la noche a la mañana, desaparecen sin ninguna posibilidad de que se haga justicia. Este problema me lo plantearon, sobre todo, en la mixteca, en Santa Cruz Nundaco y en Santos Reyes Tepejillo.
A ello debe sumarse el acecho constante de empresas nacionales y extranjeras que buscan explotar minerales y construir presas, despojando a las comunidades, destruyendo el territorio y dañando el medio ambiente. En muchas partes, los pobladores desconocen que a partir de las reformas al artículo 27 Constitucional y a la Ley Minera, impulsadas por Salinas y por Fox, se han concesionado a particulares 25 millones de hectáreas del territorio nacional para la explotación en especial del oro, la plata y el cobre. En el caso de Oaxaca se han entregado 335 concesiones a particulares para enajenar un millón 191 mil hectáreas, es decir, 12 por ciento del territorio del estado.
Como es obvio, al llevarse a la práctica esta política privatizadora, de pillaje, se originan graves conflictos entre las empresas mineras y los dueños originarios de las tierras ejidales y comunales. En muchos pueblos de Oaxaca ya se están padeciendo presiones para consumar el despojo de estos recursos naturales del pueblo y de la nación. Y como en otras partes, el gobierno estatal se ha puesto abiertamente del lado de las empresas extranjeras, forzando, amenazando, chantajeando e, inclusive, reprimiendo las manifestaciones de inconformidad. Por ejemplo, en Zaniza quieren explotar un mineral en contra de la voluntad de la comunidad. Y por casualidad, desde hace tres meses no hay médico y el centro de salud está cerrado. En San José del Progreso, donde empresas canadienses están operando, en mayo pasado, los pobladores fueron reprimidos con brutalidad por la policía del estado. Este mismo ambiente de tensión se percibe en los municipios de Tututepec, Zenzontepec, Ixtayutla y Tataltepec de Valdés, en la sierra Sur, porque se pretende construir en el río Verde, con inversión extranjera, la presa Paso de la Reina. En esta zona hay un movimiento de varios pueblos decididos a no permitir que se inunden sus tierras y desaparezcan sus comunidades.
En suma, los pueblos de Oaxaca están viviendo uno de los tiempos más difíciles de su historia milenaria. Padecen de pobreza, abandono, marginación y despojo de sus bienes y recursos naturales. Y sin embargo, por su cultura e inquebrantable resistencia, mientras dure el mundo, nunca perderán su gloria y su grandeza.
sábado, diciembre 12, 2009
Constitución Mexicana Desamparada.
La Jornada
Un amparo negado... como era de esperarse
Néstor de Buen
La juez primera de distrito del centro auxiliar de la primera región, en una sentencia que no tiene fecha, resolvió negar el amparo que el Sindicato Mexicano de Electricistas había promovido contra el decreto presidencial de fecha 11 de octubre del año en curso mediante el cual se ordenó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el consecuente despido de la totalidad de los trabajadores.
Obviamente, dicho decreto es violatorio de muchas cosas, entre otras, la fración I del artículo 89 constitucional que faculta al titular del Poder Ejecutivo a promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.
En el caso, no había una ley proveniente del Congreso de la Unión que hubiese ordenado la liquidación de la empresa LFC, lo que implica que el Presidente de la República se transformó, por propia iniciativa (aunque le echa la culpa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) en legislador, violando así de manera notable el principio constitucional de la división de poderes.
La sentencia, en lo fundamental, distribuye en tres temas su decisión. La primera la hace consistir en la improcedencia de la demanda de amparo. La segunda, en la procedencia. La tercera, en la valoración que hace de la actuación del Poder Ejecutivo en la que llega a la curiosa conclusión de que no solamente está facultado para reglamentar las leyes del Congreso sino que también se le debe reconocer una facultad habilitante derivada del artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales (de más que dudosa constitucionalidad) para poner remedio a las deficiencias de las entidades paraestatales con la facultad, inclusive, de liquidarlas.
Entre los motivos de improcedencia se dice que los trabajadores, en lo personal, no acreditaron su condición, por lo que no se les debe reconocer interés jurídico en el amparo, afirmando que no se ofrecieron pruebas de su condición de trabajadores. Con ello la sentencia pone de manifiesto que no tomó en consideración las pruebas ofrecidas por los terceros perjudicados, olvidando que obra en el expediente la copia certificada de las actuaciones ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje promovidas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, donde se lista a la totalidad de los trabajadores de LFC. La juez invoca una copia simple de esa demanda que se acompañó a la demanda de amparo pero se le olvidó tomar en cuenta la copia certificada de esas actuaciones que exhibió el sindicato quejoso.
Lo esencial de la falta de fundamentación de la sentencia lo constituye el hecho de que ignora el contenido de la fracción I del artículo 89 constitucional que fija las facultades del Poder Ejecutivo, e inventa una facultad habilitante que no está prevista en la Constitución. Porque el Ejecutivo puede hacer lo que la Constitución le permite pero no otras cosas que no estén previstas en la propia Constitución, de acuerdo con el principio de derecho de que las autoridades no pueden hacer sino lo que les está permitido y evidentemente que no hay ninguna disposición constitucional que otorgue al Ejecutivo facultades que no están previstas.
Dice la sentencia que la situación económica de LFC es muy grave y que ello justifica la decisión del Ejecutivo de liquidarla. Pero esa decisión no puede ser tomada por el Ejecutivo porque no hay norma constitucional que se lo permita. Afortunadamente la sentencia reconoce la personalidad y el interés jurídico del sindicato, y con ello desvirtúa una de las causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables. Pero con ello desvirtúa su conclusión de que los trabajadores no tienen interés en el juicio ya que el sindicato es, precisamente, un representante de todos los trabajadores, como bien lo indica el artículo 375 de la Ley Federal del Trabajo.
No deja de ser contradictorio que la sentencia reconozca la presencia del sindicato, necesariamente formado por trabajadores, y desconozca que los trabajadores lo son efectivamente de LFC. Caben todos los malos pensamientos a propósito del origen de esta sentencia, cuya extensión pone en duda que haya sido dictada por el propio juzgado, sin olvidar que no tiene en cuenta para nada los alegatos amplísimos presentados por el sindicato un día antes. Da la impresión de que ya había sido redactada desde antes de la audiencia constitucional en la que se presentaron esos alegatos, ignorados en la sentencia. Ahora le tocará el turno a un tribunal colegiado del primer circuito en materia de trabajo de conocer el recurso de revisión. Es difícil desconocer la autonomía de esos organismos. Pero la presencia de la Presidencia de la República como parte muy interesada deja abierto un mundo de dudas.
Un amparo negado... como era de esperarse
Néstor de Buen
La juez primera de distrito del centro auxiliar de la primera región, en una sentencia que no tiene fecha, resolvió negar el amparo que el Sindicato Mexicano de Electricistas había promovido contra el decreto presidencial de fecha 11 de octubre del año en curso mediante el cual se ordenó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el consecuente despido de la totalidad de los trabajadores.
Obviamente, dicho decreto es violatorio de muchas cosas, entre otras, la fración I del artículo 89 constitucional que faculta al titular del Poder Ejecutivo a promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.
En el caso, no había una ley proveniente del Congreso de la Unión que hubiese ordenado la liquidación de la empresa LFC, lo que implica que el Presidente de la República se transformó, por propia iniciativa (aunque le echa la culpa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) en legislador, violando así de manera notable el principio constitucional de la división de poderes.
La sentencia, en lo fundamental, distribuye en tres temas su decisión. La primera la hace consistir en la improcedencia de la demanda de amparo. La segunda, en la procedencia. La tercera, en la valoración que hace de la actuación del Poder Ejecutivo en la que llega a la curiosa conclusión de que no solamente está facultado para reglamentar las leyes del Congreso sino que también se le debe reconocer una facultad habilitante derivada del artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales (de más que dudosa constitucionalidad) para poner remedio a las deficiencias de las entidades paraestatales con la facultad, inclusive, de liquidarlas.
Entre los motivos de improcedencia se dice que los trabajadores, en lo personal, no acreditaron su condición, por lo que no se les debe reconocer interés jurídico en el amparo, afirmando que no se ofrecieron pruebas de su condición de trabajadores. Con ello la sentencia pone de manifiesto que no tomó en consideración las pruebas ofrecidas por los terceros perjudicados, olvidando que obra en el expediente la copia certificada de las actuaciones ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje promovidas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, donde se lista a la totalidad de los trabajadores de LFC. La juez invoca una copia simple de esa demanda que se acompañó a la demanda de amparo pero se le olvidó tomar en cuenta la copia certificada de esas actuaciones que exhibió el sindicato quejoso.
Lo esencial de la falta de fundamentación de la sentencia lo constituye el hecho de que ignora el contenido de la fracción I del artículo 89 constitucional que fija las facultades del Poder Ejecutivo, e inventa una facultad habilitante que no está prevista en la Constitución. Porque el Ejecutivo puede hacer lo que la Constitución le permite pero no otras cosas que no estén previstas en la propia Constitución, de acuerdo con el principio de derecho de que las autoridades no pueden hacer sino lo que les está permitido y evidentemente que no hay ninguna disposición constitucional que otorgue al Ejecutivo facultades que no están previstas.
Dice la sentencia que la situación económica de LFC es muy grave y que ello justifica la decisión del Ejecutivo de liquidarla. Pero esa decisión no puede ser tomada por el Ejecutivo porque no hay norma constitucional que se lo permita. Afortunadamente la sentencia reconoce la personalidad y el interés jurídico del sindicato, y con ello desvirtúa una de las causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables. Pero con ello desvirtúa su conclusión de que los trabajadores no tienen interés en el juicio ya que el sindicato es, precisamente, un representante de todos los trabajadores, como bien lo indica el artículo 375 de la Ley Federal del Trabajo.
No deja de ser contradictorio que la sentencia reconozca la presencia del sindicato, necesariamente formado por trabajadores, y desconozca que los trabajadores lo son efectivamente de LFC. Caben todos los malos pensamientos a propósito del origen de esta sentencia, cuya extensión pone en duda que haya sido dictada por el propio juzgado, sin olvidar que no tiene en cuenta para nada los alegatos amplísimos presentados por el sindicato un día antes. Da la impresión de que ya había sido redactada desde antes de la audiencia constitucional en la que se presentaron esos alegatos, ignorados en la sentencia. Ahora le tocará el turno a un tribunal colegiado del primer circuito en materia de trabajo de conocer el recurso de revisión. Es difícil desconocer la autonomía de esos organismos. Pero la presencia de la Presidencia de la República como parte muy interesada deja abierto un mundo de dudas.
jueves, diciembre 10, 2009
Oaxaca."Un viaje al corazón del México Profundo I/ IV"
La Jornada
Oaxaca
Un viaje al corazón del México Profundo I/ IV
Andrés Manuel López Obrador
Periódico La Jornada
Lunes 7 de diciembre de 2009, p. 9
En marzo de este año concluí mi recorrido por los 2 mil 38 municipios de régimen de partido del país, con ese motivo elaboré un texto llamado El país desde abajo: Apuntes de mi gira por México. El 20 de noviembre terminé de visitar los 418 municipios indígenas, de usos y costumbres, del estado de Oaxaca; y ahora hago este relato para compartir mis reflexiones y, al mismo tiempo, rendir homenaje al gran antropólogo social Guillermo Bonfil Batalla, defensor del “México profundo” y creador de ese concepto.
Desde finales de julio viajé por las ocho regiones de Oaxaca: la Mixteca, la Cañada, el Papaloapan, la Sierra Norte, la Sierra Sur, la Costa, el Istmo y los Valles Centrales. Durante este tiempo sólo estuve en la ciudad de México los lunes porque, de martes a domingo, iba a Oaxaca. Por lo general tomaba como base una ciudad o pueblo grande, situado estratégicamente, y de allí me desplazaba a diario para llevar a cabo asambleas informativas en municipios cercanos. Salía muy temprano en la mañana, celebrábamos en promedio seis reuniones y regresaba por la noche. En total, recorrí 25 mil kilómetros, la mayor parte de terracería.
Aunque hubo algunos incidentes –casi todos provocados por órdenes de Ulises Ruiz Ortiz a través de sus delegados de gobierno regionales, una especie de jefes políticos del Porfiriato–, en todos lados nos recibieron con bandas de música y nos trataron con respeto y afecto. Me dieron la confianza al entregarme bastones de mando, de investirme con camisas de tatamandón, me pusieron coronas y collares de flores y, como es propio de esta gente buena y generosa, me regalaron tortillas, totopos, panes, quesos, miel, chiles, frutas, café, chocolate, mezcal, sombreros, huaraches, petates, jorongos, paños, vestidos bordados, tapetes, cerámicas, pinturas, alebrijes y esculturas.
Podría contar muchas cosas extraordinarias que apunté en mi diario acerca de cada uno de los pueblos, pero sólo me ajustaré a tratar en cuatro capítulos esta gran experiencia: la cultura, la pobreza, el mal gobierno y las posibilidades de un cambio democrático verdadero con una propuesta de desarrollo y bienestar.
La Cultura
Contrario a la mala costumbre de hablar de la cultura siempre al final, en este caso, definitivamente no es posible. Si la realidad nacional no se entiende a cabalidad sin tomar en cuenta la idiosincrasia de los pueblos, menos podría comprenderse lo que sucede en Oaxaca sin partir de su gran riqueza cultural.
El de Oaxaca es uno de los pueblos más cultos del mundo. En esta porción del territorio nacional se conservan valores, costumbres, tradiciones comunitarias, lenguas y organización social, heredadas de la gran civilización mesoamericana.
La pregunta obligada es por qué en Oaxaca, más que en otras partes del país, se ha podido preservar tan viva la cultura originaria. Aunque la respuesta amerita un amplio estudio antropológico y, desde luego, ese no es mi propósito, sí puedo plantear algunas hipótesis sobre los factores que hicieron posible esta continuidad a través de los siglos. Debe considerarse que, al momento de la invasión europea, los pueblos de Oaxaca mantenían un alto grado de desarrollo; que la colonización fue menos brutal que en otras regiones del país, entre otras cosas, por la poca relevancia que alcanzó la minería, que implicaba una mayor sobrexplotación del indígena en los lugares donde abundaban los metales preciosos. También pudo haber ayudado que en vez de la esclavitud, se impusiera el sistema de encomienda, que significaba pagar una renta o tributo al conquistador, pero sin que perdiera la comunidad el dominio sobre las tierras. Tal vez pudieron haber influido otras causas como el hecho de que la evangelización estuvo a cargo, fundamentalmente, de los dominicos, más respetuosos de los derechos indígenas. Y es muy probable que haya sido decisiva la resistencia de los pueblos ante la dominación colonial.
Lo que sí sabemos es que en Oaxaca, como en ningún otro estado del país, desde hace 500 años, los pueblos han mantenido la posesión de las tierras. A diferencia de otros lugares, no predominaron las haciendas con peones acasillados. Pese a los cambios que se registraron después de la Independencia, la Reforma y la Revolución, en la práctica, no se modificó la estructura agraria. Como consecuencia, actualmente es el estado con más propiedad social. De los 9 millones 400 mil de hectáreas de su territorio, 62 por ciento son tierras comunales, 23 por ciento son ejidos y sólo 15 por ciento propiedad privada.
De modo que a pesar de la dominación occidental, la posesión de la tierra a lo largo de la historia ha sido un factor decisivo en la conservación de la cultura de los pueblos. El control del territorio no sólo ha permitido la subsistencia sino sostener una relación de armonía con la naturaleza, mantener la medicina tradicional y conservar ceremonias, mitos y leyendas. Hay que tener en cuenta que los indígenas no conciben la tierra como una mercancía; es mucho más que eso: es la vida misma y el centro del universo.
Hoy, a pesar del proceso de aculturación o desindigenización impulsado por la ideología y el racismo dominantes, existen 16 grupos étnicos: zapotecos, mixtecos, huaves, mixes, chinantecos, cuicatecos, amuzgos, chatinos, chochos ixcatecos, mazatecos, chontales, nahuas, triquis, zoques, popolocas, además de los afromexicanos de la región de la Costa. En total, hay cerca de dos millones de indígenas, que representan 60 por ciento de la población del estado.
Cada pueblo tiene características culturales particulares y expresiones lingüísticas diferentes. Por ejemplo, los zapotecos viven en la Sierra Norte, la Sierra Sur, los Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec, con diferencias culturales muy acentuadas. En la misma Sierra Sur es diferente el zapoteco que hablan los pueblos de Ozolotepec que el utilizado en la zona de Los Loxichas.
En general, se practica el trabajo colectivo y funciona el gobierno comunitario. En casi todos los pueblos la gente coopera y aporta tequio en beneficio de la comunidad. Todos aceptan participar en jornadas de trabajo para la construcción y mantenimiento de caminos, la edificación de escuelas, la reparación de templos y la reforestación de los bosques, entre otras actividades. En este mundo prácticamente no existe la noción del salario. Prevalece la ayuda mutua (la gozona), todo se retribuye sin dinero de por medio. Inclusive, todavía en algunas partes, el mercado se realiza a través del trueque.
En cuanto al gobierno de los pueblos es la asamblea comunitaria el órgano de decisión más importante. Ahí se elige a las autoridades que duran en su encargo entre uno y tres años. Los funcionarios no cobran. Hay un auténtico servicio civil de carrera. Se empieza desde joven como topil o policía, luego se va ascendiendo a teniente, comandante, mayor de vara, regidor de educación, de obra pública, de hacienda, hasta llegar a alcalde, síndico y presidente municipal. Al concluir sus cargos pasan a ser caracterizados, a formar parte del Consejo de Ancianos o Tatamandones. Todos los miembros de un pueblo tienen el deber de servir a la comunidad. Si son elegidos para cargos administrativos o como mayordomos en fiestas patronales, se les llama y tienen que cumplir, no importa que trabajen en el extranjero o en otra parte de la República.
La aceptación de estas normas es lo que les permite mantenerse como miembros de la comunidad y, al mismo tiempo, significa la posibilidad de la realización personal. La participación voluntaria es posible porque existe la convicción de que lo más importante es la convivencia colectiva. No domina el individualismo; la persona no vale por lo que tiene o por los bienes materiales que acumule sino por el prestigio que logra después de probar su vocación de servicio, su rectitud y el amor a sus semejantes. La autoridad, en el sentido amplio, se adquiere cuando una persona ha desempeñado todos los cargos del escalafón hasta llegar al más alto: es entonces cuando ingresa al grupo de los principales y obtiene el mayor grado de respeto o reconocimiento.
Es tan profundo y satisfactorio vivir de esta manera, que un migrante hace todo lo posible por regresar periódicamente a su comunidad y no hay oaxaqueño que no mantenga la ilusión de volver, algún día, a su pueblo. A la fiesta religiosa llegan de distintas regiones del país y del extranjero para reafirmar su identidad en un ambiente de auténtica fraternidad.
Aunque en todas partes se mantiene un gran orgullo por la cultura y la historia, en particular, recuerdo lo que me expresaron mixes de Totontepec acerca de que gracias a sus valores y a su organización comunal nunca se había registrado ningún asesinato; o la manera tan solemne con que me explicaron su sistema de gobierno los chinantecos de Pedro Yólox; o la importancia que tiene para los mixtecos de Santiago Nuyoo el reconocimiento oficial a José Remigio Sarabia, “el Indio de Nuyoo”, a quien un párroco le quitó a su mujer y se la llevó a Huajuapan. Al salir a buscarla, se enroló en las filas independentistas, cobrándose la afrenta y prestando el servicio de ir por Morelos a Chilapa, Guerrero, para que les ayudara a romper el sitio realista y liberar a Huajuapan.
La portentosa cultura de los pueblos de Oaxaca está llena de valores. Existe una profunda vocación por el trabajo, hay creatividad, bondad y respeto a las mujeres, a los ancianos y a los niños. Algo que no se sabe es que los pueblos de Oaxaca son de los más limpios de México. En todos lados, hasta en los caminos, hay recipientes, cubetas, costales, cajas o bolsas amarradas a palos para depositar la basura. Hay letreros para no contaminar los ríos y arroyos con detergentes o fertilizantes químicos. Además es un pueblo con mucha conciencia ecológica, como se refleja en un fragmento de un escrito que me entregaron zapotecos de San Pedro Mixtepec, en el distrito de Miahuatlán:
“Nuestro pueblo está situado bajo las montañas. En la actualidad cuenta con gran extensión de bosques vírgenes. Una laguna está sobre la montaña, aproximadamente a 3mil 700 metros sobre el nivel del mar, desde tiempo inmemorial, nuestros abuelos la conocían con el nombre de ‘La Laguna Encantada’. En ella viven los ‘mitos y ritos de nuestro pueblo’. Además, cerca de ahí está el lugar de ‘pedimento’. Para nosotros allí está nuestra vida, está la plenitud, está la presencia de ‘Dios’. Por todo esto, nuestros ancestros nos legaron el territorio que nos corresponde en el presente y en el futuro. Sabemos bien que la tierra es nuestra madre, ella nos proporciona todo para la vida. La tierra es el sostén de toda la naturaleza, por esta razón no debemos desnudarla, quiere decir: no talar el bosque inmoderadamente ni provocar incendios. En cambio, si actuamos de manera razonable, estamos conservando un espacio para que las futuras generaciones vivan con dignidad y autonomía”.
En suma, en Oaxaca hay una gran reserva moral y cultural para la regeneración del país. Así como en las comunidades se conservan semillas orgánicas y variedades de maíz que forman parte de la gran riqueza genética de México, allí también existe un modo de vida alejado de la ambición, de la codicia y del odio. Por ello, estoy convencido de que es posible enfrentar la actual decadencia tomando en cuenta los valores del México profundo; es decir, con una modernidad forjada desde abajo y para todos.
Oaxaca
Un viaje al corazón del México Profundo I/ IV
Andrés Manuel López Obrador
Periódico La Jornada
Lunes 7 de diciembre de 2009, p. 9
En marzo de este año concluí mi recorrido por los 2 mil 38 municipios de régimen de partido del país, con ese motivo elaboré un texto llamado El país desde abajo: Apuntes de mi gira por México. El 20 de noviembre terminé de visitar los 418 municipios indígenas, de usos y costumbres, del estado de Oaxaca; y ahora hago este relato para compartir mis reflexiones y, al mismo tiempo, rendir homenaje al gran antropólogo social Guillermo Bonfil Batalla, defensor del “México profundo” y creador de ese concepto.
Desde finales de julio viajé por las ocho regiones de Oaxaca: la Mixteca, la Cañada, el Papaloapan, la Sierra Norte, la Sierra Sur, la Costa, el Istmo y los Valles Centrales. Durante este tiempo sólo estuve en la ciudad de México los lunes porque, de martes a domingo, iba a Oaxaca. Por lo general tomaba como base una ciudad o pueblo grande, situado estratégicamente, y de allí me desplazaba a diario para llevar a cabo asambleas informativas en municipios cercanos. Salía muy temprano en la mañana, celebrábamos en promedio seis reuniones y regresaba por la noche. En total, recorrí 25 mil kilómetros, la mayor parte de terracería.
Aunque hubo algunos incidentes –casi todos provocados por órdenes de Ulises Ruiz Ortiz a través de sus delegados de gobierno regionales, una especie de jefes políticos del Porfiriato–, en todos lados nos recibieron con bandas de música y nos trataron con respeto y afecto. Me dieron la confianza al entregarme bastones de mando, de investirme con camisas de tatamandón, me pusieron coronas y collares de flores y, como es propio de esta gente buena y generosa, me regalaron tortillas, totopos, panes, quesos, miel, chiles, frutas, café, chocolate, mezcal, sombreros, huaraches, petates, jorongos, paños, vestidos bordados, tapetes, cerámicas, pinturas, alebrijes y esculturas.
Podría contar muchas cosas extraordinarias que apunté en mi diario acerca de cada uno de los pueblos, pero sólo me ajustaré a tratar en cuatro capítulos esta gran experiencia: la cultura, la pobreza, el mal gobierno y las posibilidades de un cambio democrático verdadero con una propuesta de desarrollo y bienestar.
La Cultura
Contrario a la mala costumbre de hablar de la cultura siempre al final, en este caso, definitivamente no es posible. Si la realidad nacional no se entiende a cabalidad sin tomar en cuenta la idiosincrasia de los pueblos, menos podría comprenderse lo que sucede en Oaxaca sin partir de su gran riqueza cultural.
El de Oaxaca es uno de los pueblos más cultos del mundo. En esta porción del territorio nacional se conservan valores, costumbres, tradiciones comunitarias, lenguas y organización social, heredadas de la gran civilización mesoamericana.
La pregunta obligada es por qué en Oaxaca, más que en otras partes del país, se ha podido preservar tan viva la cultura originaria. Aunque la respuesta amerita un amplio estudio antropológico y, desde luego, ese no es mi propósito, sí puedo plantear algunas hipótesis sobre los factores que hicieron posible esta continuidad a través de los siglos. Debe considerarse que, al momento de la invasión europea, los pueblos de Oaxaca mantenían un alto grado de desarrollo; que la colonización fue menos brutal que en otras regiones del país, entre otras cosas, por la poca relevancia que alcanzó la minería, que implicaba una mayor sobrexplotación del indígena en los lugares donde abundaban los metales preciosos. También pudo haber ayudado que en vez de la esclavitud, se impusiera el sistema de encomienda, que significaba pagar una renta o tributo al conquistador, pero sin que perdiera la comunidad el dominio sobre las tierras. Tal vez pudieron haber influido otras causas como el hecho de que la evangelización estuvo a cargo, fundamentalmente, de los dominicos, más respetuosos de los derechos indígenas. Y es muy probable que haya sido decisiva la resistencia de los pueblos ante la dominación colonial.
Lo que sí sabemos es que en Oaxaca, como en ningún otro estado del país, desde hace 500 años, los pueblos han mantenido la posesión de las tierras. A diferencia de otros lugares, no predominaron las haciendas con peones acasillados. Pese a los cambios que se registraron después de la Independencia, la Reforma y la Revolución, en la práctica, no se modificó la estructura agraria. Como consecuencia, actualmente es el estado con más propiedad social. De los 9 millones 400 mil de hectáreas de su territorio, 62 por ciento son tierras comunales, 23 por ciento son ejidos y sólo 15 por ciento propiedad privada.
De modo que a pesar de la dominación occidental, la posesión de la tierra a lo largo de la historia ha sido un factor decisivo en la conservación de la cultura de los pueblos. El control del territorio no sólo ha permitido la subsistencia sino sostener una relación de armonía con la naturaleza, mantener la medicina tradicional y conservar ceremonias, mitos y leyendas. Hay que tener en cuenta que los indígenas no conciben la tierra como una mercancía; es mucho más que eso: es la vida misma y el centro del universo.
Hoy, a pesar del proceso de aculturación o desindigenización impulsado por la ideología y el racismo dominantes, existen 16 grupos étnicos: zapotecos, mixtecos, huaves, mixes, chinantecos, cuicatecos, amuzgos, chatinos, chochos ixcatecos, mazatecos, chontales, nahuas, triquis, zoques, popolocas, además de los afromexicanos de la región de la Costa. En total, hay cerca de dos millones de indígenas, que representan 60 por ciento de la población del estado.
Cada pueblo tiene características culturales particulares y expresiones lingüísticas diferentes. Por ejemplo, los zapotecos viven en la Sierra Norte, la Sierra Sur, los Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec, con diferencias culturales muy acentuadas. En la misma Sierra Sur es diferente el zapoteco que hablan los pueblos de Ozolotepec que el utilizado en la zona de Los Loxichas.
En general, se practica el trabajo colectivo y funciona el gobierno comunitario. En casi todos los pueblos la gente coopera y aporta tequio en beneficio de la comunidad. Todos aceptan participar en jornadas de trabajo para la construcción y mantenimiento de caminos, la edificación de escuelas, la reparación de templos y la reforestación de los bosques, entre otras actividades. En este mundo prácticamente no existe la noción del salario. Prevalece la ayuda mutua (la gozona), todo se retribuye sin dinero de por medio. Inclusive, todavía en algunas partes, el mercado se realiza a través del trueque.
En cuanto al gobierno de los pueblos es la asamblea comunitaria el órgano de decisión más importante. Ahí se elige a las autoridades que duran en su encargo entre uno y tres años. Los funcionarios no cobran. Hay un auténtico servicio civil de carrera. Se empieza desde joven como topil o policía, luego se va ascendiendo a teniente, comandante, mayor de vara, regidor de educación, de obra pública, de hacienda, hasta llegar a alcalde, síndico y presidente municipal. Al concluir sus cargos pasan a ser caracterizados, a formar parte del Consejo de Ancianos o Tatamandones. Todos los miembros de un pueblo tienen el deber de servir a la comunidad. Si son elegidos para cargos administrativos o como mayordomos en fiestas patronales, se les llama y tienen que cumplir, no importa que trabajen en el extranjero o en otra parte de la República.
La aceptación de estas normas es lo que les permite mantenerse como miembros de la comunidad y, al mismo tiempo, significa la posibilidad de la realización personal. La participación voluntaria es posible porque existe la convicción de que lo más importante es la convivencia colectiva. No domina el individualismo; la persona no vale por lo que tiene o por los bienes materiales que acumule sino por el prestigio que logra después de probar su vocación de servicio, su rectitud y el amor a sus semejantes. La autoridad, en el sentido amplio, se adquiere cuando una persona ha desempeñado todos los cargos del escalafón hasta llegar al más alto: es entonces cuando ingresa al grupo de los principales y obtiene el mayor grado de respeto o reconocimiento.
Es tan profundo y satisfactorio vivir de esta manera, que un migrante hace todo lo posible por regresar periódicamente a su comunidad y no hay oaxaqueño que no mantenga la ilusión de volver, algún día, a su pueblo. A la fiesta religiosa llegan de distintas regiones del país y del extranjero para reafirmar su identidad en un ambiente de auténtica fraternidad.
Aunque en todas partes se mantiene un gran orgullo por la cultura y la historia, en particular, recuerdo lo que me expresaron mixes de Totontepec acerca de que gracias a sus valores y a su organización comunal nunca se había registrado ningún asesinato; o la manera tan solemne con que me explicaron su sistema de gobierno los chinantecos de Pedro Yólox; o la importancia que tiene para los mixtecos de Santiago Nuyoo el reconocimiento oficial a José Remigio Sarabia, “el Indio de Nuyoo”, a quien un párroco le quitó a su mujer y se la llevó a Huajuapan. Al salir a buscarla, se enroló en las filas independentistas, cobrándose la afrenta y prestando el servicio de ir por Morelos a Chilapa, Guerrero, para que les ayudara a romper el sitio realista y liberar a Huajuapan.
La portentosa cultura de los pueblos de Oaxaca está llena de valores. Existe una profunda vocación por el trabajo, hay creatividad, bondad y respeto a las mujeres, a los ancianos y a los niños. Algo que no se sabe es que los pueblos de Oaxaca son de los más limpios de México. En todos lados, hasta en los caminos, hay recipientes, cubetas, costales, cajas o bolsas amarradas a palos para depositar la basura. Hay letreros para no contaminar los ríos y arroyos con detergentes o fertilizantes químicos. Además es un pueblo con mucha conciencia ecológica, como se refleja en un fragmento de un escrito que me entregaron zapotecos de San Pedro Mixtepec, en el distrito de Miahuatlán:
“Nuestro pueblo está situado bajo las montañas. En la actualidad cuenta con gran extensión de bosques vírgenes. Una laguna está sobre la montaña, aproximadamente a 3mil 700 metros sobre el nivel del mar, desde tiempo inmemorial, nuestros abuelos la conocían con el nombre de ‘La Laguna Encantada’. En ella viven los ‘mitos y ritos de nuestro pueblo’. Además, cerca de ahí está el lugar de ‘pedimento’. Para nosotros allí está nuestra vida, está la plenitud, está la presencia de ‘Dios’. Por todo esto, nuestros ancestros nos legaron el territorio que nos corresponde en el presente y en el futuro. Sabemos bien que la tierra es nuestra madre, ella nos proporciona todo para la vida. La tierra es el sostén de toda la naturaleza, por esta razón no debemos desnudarla, quiere decir: no talar el bosque inmoderadamente ni provocar incendios. En cambio, si actuamos de manera razonable, estamos conservando un espacio para que las futuras generaciones vivan con dignidad y autonomía”.
En suma, en Oaxaca hay una gran reserva moral y cultural para la regeneración del país. Así como en las comunidades se conservan semillas orgánicas y variedades de maíz que forman parte de la gran riqueza genética de México, allí también existe un modo de vida alejado de la ambición, de la codicia y del odio. Por ello, estoy convencido de que es posible enfrentar la actual decadencia tomando en cuenta los valores del México profundo; es decir, con una modernidad forjada desde abajo y para todos.
lunes, diciembre 07, 2009
domingo, diciembre 06, 2009
Fuerzas Regresivas. La Iglesia en la alianza derechista
La Jornada
La Iglesia en la alianza derechista
Arnaldo Córdova
Creo que, en su momento, fueron muy pocos los que entendieron por qué Salinas presentó su iniciativa de reforma del artículo 130 constitucional (que instituye las relaciones del Estado laico con las iglesias), entre ellos, sin duda alguna, debieron estar los altos jerarcas de la Iglesia católica. El era un genuino admirador de la llamada revolución derechista que surgió en Estados Unidos en los años setenta y que acabó llevando al poder a Ronald Reagan. Sabía que en esa revolución las elites protestantes habían sido decisivas y, al parecer, no deseaba que en México ocurriera algo así; pero las elecciones de 1988 lo decidieron a levantar un bloque de derecha que se opusiera a una izquierda emergente que parecía demasiado peligrosa en los marcos de la reforma política.
Salinas siempre lo negó, pero en aquellos tiempos, resultaba evidente que él había estado en una larga tratativa con los obispos para dar forma al cambio constitucional que se buscaba desde el gobierno. Lo que no era tan claro era el alcance que tendría en la vida pública del país dicha reforma. Salinas tenía su propia versión de una revolución derechista para México: la personificarían dos fuerzas políticas que, a él le resultaba, estaban más cerca de lo que la historia podía suponer, el PRI en el poder y el PAN en la oposición, siempre en clave antiizquierdista. Con el tiempo se pudo comprender que en esa alianza derechista la Iglesia católica no podía quedar fuera y que ése era, justamente, el fin de la reforma de 1992 al 130.
Quedó claro que en esos convenios los jerarcas eclesiásticos le exigieron a Salinas más de lo que él estaba dispuesto a concederles. Ya era mucho que de nuevo se volviera a reconocer constitucionalmente a las iglesias como personas morales, cuando esa definición se les había negado en el texto original de la actual Carta Magna. La enseña de los obispos católicos fue, desde entonces, la “libertad religiosa” que ellos definían muy a su manera y que, según ellos, el presidente priísta no les concedió. Esa “libertad”, como podemos verlo hoy de las declaraciones de los prelados, comprendía la imposición de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Pero querían más que eso y tuvieron que contentarse con lo que se les ofrecía desde el poder.
La defensa del Estado laico pareció, desde entonces, una fruslería sin mayor importancia. Se trataba de un reagrupamiento en la cúspide de las fuerzas que de verdad mandan y gobiernan en esta sociedad. Se partía de la hipótesis de que el pueblo mexicano es, esencial y mayoritariamente, un pueblo derechista y conservador. Confesional y ultramontano en el centro y sur del país; proyanqui y proempresarial en el norte. En ambos casos, el catolicismo forma parte de la definición. En esa óptica, para que ese pueblo conservador siguiera al nuevo bloque derechista era indispensable el concurso de la Iglesia católica y ésta lo entendió a las mil maravillas.
Es probable que nadie se haya puesto a pensar en lo que esa iglesia era capaz de hacer una vez que se le soltaran las riendas. Ha aprendido muy bien y en primerísimo lugar esa ley de hierro de la naturaleza que dicta que el que no chilla no mama y su beligerancia ha rebasado ya todos los límites, arropada por el poder de la derecha que, desde Salinas, le ha creado su propio escenario de legitimación política. Siempre bajo la enseña de la libertad religiosa, en la que hace comprender todo tipo de demandas y exigencias, la Iglesia se ha creado su propio espacio político que, de acuerdo con la actual letra del 130, no le corresponde en absoluto. Hasta se ha creado un marco propio de convivencia con el crimen organizado, del que ha recibido lo que popularmente se llaman “narcolimosnas”.
Antes de la reforma del 92, la Iglesia tenía a sus principales interlocutores en la sociedad civil en asociaciones seculares derechistas y confesionales que no tenían mayor eco en la política de masas del país. Ahora se puede ver que es algo más que interlocutora y no sólo con esas fuerzas ultramontanas. Hoy se habla de igual a igual con las principales fuerzas políticas de México y, en especial, con las que forman el bloque de la derecha gobernante y dominante, el PRI y el PAN (y también con los perredistas que proclaman ser de “izquierda moderna”), para no hablar de los pequeños partidos derechistas. También es algo más que confesora de los grandes empresarios. Ahora es su socia en el poder.
Para nadie es ya un secreto que las reformas a las constituciones estatales imponiendo la defensa de la vida desde su concepción y la consecuente penalización del aborto sin excepciones ha sido obra de una arremetida generalizada de la Iglesia católica (y también de las evangélicas, que en ello comulgan en todo y por todo. Un pastor de Veracruz se alcanzó la puntada de decir que en el Congreso local Dios había legislado con los diputados que aprobaron la reforma en ese estado). En todas las 17 entidades en las que se ha dado paso a la reforma el PRI ha sido el principal protagonista. En unas, porque es la fuerza mayoritaria; en otras, porque le hizo compañía al PAN.
En Yucatán, Sonora, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Durango, Colima, Chihuahua. Campeche, Quintana Roo y Veracruz (once estados) los autores de esa reforma retrógrada y ofensiva para la mujer fueron los priístas. En los restantes seis (San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Baja California), fueron con el PAN. No se trató de la defensa de convicciones particulares (la defensa de la vida), sino de arreglos cupulares con la Iglesia católica (a la que se sumaron abyectamente los evangélicos). Todo ello es el resultado del poder político, que no espiritual, de la Iglesia, y de su inserción en el entramado del poder de la derecha que hoy nos gobierna y que nos está conduciendo al despeñadero como país moderno y laico. Es la derrota de nuestra historia nacional y de nuestro futuro como país.
En esta siniestra aventura los liderazgos priístas (nacionales y locales) han acabado por perder todo asomo de vergüenza, si es que alguna les quedaba. Beatriz Paredes ha mostrado que es ya una nulidad, política, ideológica y moralmente, al declarar que se trata de una cuestión que divide tanto a la sociedad que ella mejor se hace a un lado. ¿Qué ha hecho ella por contribuir a la unidad de esa sociedad, fuera de revolcarse gustosamente en el lodazal de la componenda y el propio acomodo personal? Pero los priístas no son los únicos. Un gran número de diputados perredistas votaron por esas reformas reaccionarias. Ahora el movimiento cívico lopezobradorista tendrá que incluir en su programa político como una prioridad la defensa del Estado laico, porque no queda ninguna otra fuerza que se haga cargo de ello.
La Iglesia en la alianza derechista
Arnaldo Córdova
Creo que, en su momento, fueron muy pocos los que entendieron por qué Salinas presentó su iniciativa de reforma del artículo 130 constitucional (que instituye las relaciones del Estado laico con las iglesias), entre ellos, sin duda alguna, debieron estar los altos jerarcas de la Iglesia católica. El era un genuino admirador de la llamada revolución derechista que surgió en Estados Unidos en los años setenta y que acabó llevando al poder a Ronald Reagan. Sabía que en esa revolución las elites protestantes habían sido decisivas y, al parecer, no deseaba que en México ocurriera algo así; pero las elecciones de 1988 lo decidieron a levantar un bloque de derecha que se opusiera a una izquierda emergente que parecía demasiado peligrosa en los marcos de la reforma política.
Salinas siempre lo negó, pero en aquellos tiempos, resultaba evidente que él había estado en una larga tratativa con los obispos para dar forma al cambio constitucional que se buscaba desde el gobierno. Lo que no era tan claro era el alcance que tendría en la vida pública del país dicha reforma. Salinas tenía su propia versión de una revolución derechista para México: la personificarían dos fuerzas políticas que, a él le resultaba, estaban más cerca de lo que la historia podía suponer, el PRI en el poder y el PAN en la oposición, siempre en clave antiizquierdista. Con el tiempo se pudo comprender que en esa alianza derechista la Iglesia católica no podía quedar fuera y que ése era, justamente, el fin de la reforma de 1992 al 130.
Quedó claro que en esos convenios los jerarcas eclesiásticos le exigieron a Salinas más de lo que él estaba dispuesto a concederles. Ya era mucho que de nuevo se volviera a reconocer constitucionalmente a las iglesias como personas morales, cuando esa definición se les había negado en el texto original de la actual Carta Magna. La enseña de los obispos católicos fue, desde entonces, la “libertad religiosa” que ellos definían muy a su manera y que, según ellos, el presidente priísta no les concedió. Esa “libertad”, como podemos verlo hoy de las declaraciones de los prelados, comprendía la imposición de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Pero querían más que eso y tuvieron que contentarse con lo que se les ofrecía desde el poder.
La defensa del Estado laico pareció, desde entonces, una fruslería sin mayor importancia. Se trataba de un reagrupamiento en la cúspide de las fuerzas que de verdad mandan y gobiernan en esta sociedad. Se partía de la hipótesis de que el pueblo mexicano es, esencial y mayoritariamente, un pueblo derechista y conservador. Confesional y ultramontano en el centro y sur del país; proyanqui y proempresarial en el norte. En ambos casos, el catolicismo forma parte de la definición. En esa óptica, para que ese pueblo conservador siguiera al nuevo bloque derechista era indispensable el concurso de la Iglesia católica y ésta lo entendió a las mil maravillas.
Es probable que nadie se haya puesto a pensar en lo que esa iglesia era capaz de hacer una vez que se le soltaran las riendas. Ha aprendido muy bien y en primerísimo lugar esa ley de hierro de la naturaleza que dicta que el que no chilla no mama y su beligerancia ha rebasado ya todos los límites, arropada por el poder de la derecha que, desde Salinas, le ha creado su propio escenario de legitimación política. Siempre bajo la enseña de la libertad religiosa, en la que hace comprender todo tipo de demandas y exigencias, la Iglesia se ha creado su propio espacio político que, de acuerdo con la actual letra del 130, no le corresponde en absoluto. Hasta se ha creado un marco propio de convivencia con el crimen organizado, del que ha recibido lo que popularmente se llaman “narcolimosnas”.
Antes de la reforma del 92, la Iglesia tenía a sus principales interlocutores en la sociedad civil en asociaciones seculares derechistas y confesionales que no tenían mayor eco en la política de masas del país. Ahora se puede ver que es algo más que interlocutora y no sólo con esas fuerzas ultramontanas. Hoy se habla de igual a igual con las principales fuerzas políticas de México y, en especial, con las que forman el bloque de la derecha gobernante y dominante, el PRI y el PAN (y también con los perredistas que proclaman ser de “izquierda moderna”), para no hablar de los pequeños partidos derechistas. También es algo más que confesora de los grandes empresarios. Ahora es su socia en el poder.
Para nadie es ya un secreto que las reformas a las constituciones estatales imponiendo la defensa de la vida desde su concepción y la consecuente penalización del aborto sin excepciones ha sido obra de una arremetida generalizada de la Iglesia católica (y también de las evangélicas, que en ello comulgan en todo y por todo. Un pastor de Veracruz se alcanzó la puntada de decir que en el Congreso local Dios había legislado con los diputados que aprobaron la reforma en ese estado). En todas las 17 entidades en las que se ha dado paso a la reforma el PRI ha sido el principal protagonista. En unas, porque es la fuerza mayoritaria; en otras, porque le hizo compañía al PAN.
En Yucatán, Sonora, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Durango, Colima, Chihuahua. Campeche, Quintana Roo y Veracruz (once estados) los autores de esa reforma retrógrada y ofensiva para la mujer fueron los priístas. En los restantes seis (San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Baja California), fueron con el PAN. No se trató de la defensa de convicciones particulares (la defensa de la vida), sino de arreglos cupulares con la Iglesia católica (a la que se sumaron abyectamente los evangélicos). Todo ello es el resultado del poder político, que no espiritual, de la Iglesia, y de su inserción en el entramado del poder de la derecha que hoy nos gobierna y que nos está conduciendo al despeñadero como país moderno y laico. Es la derrota de nuestra historia nacional y de nuestro futuro como país.
En esta siniestra aventura los liderazgos priístas (nacionales y locales) han acabado por perder todo asomo de vergüenza, si es que alguna les quedaba. Beatriz Paredes ha mostrado que es ya una nulidad, política, ideológica y moralmente, al declarar que se trata de una cuestión que divide tanto a la sociedad que ella mejor se hace a un lado. ¿Qué ha hecho ella por contribuir a la unidad de esa sociedad, fuera de revolcarse gustosamente en el lodazal de la componenda y el propio acomodo personal? Pero los priístas no son los únicos. Un gran número de diputados perredistas votaron por esas reformas reaccionarias. Ahora el movimiento cívico lopezobradorista tendrá que incluir en su programa político como una prioridad la defensa del Estado laico, porque no queda ninguna otra fuerza que se haga cargo de ello.
lunes, noviembre 30, 2009
LA DERECHA MEXICANA. "La santa alianza"
La Jornada
La santa alianza
Gustavo Esteva
Comienzan apenas a verse los efectos de la alianza concertada por la Iglesia católica con el PRI, tras tomar posesión del PAN y el gobierno.
El desgarramiento de vestiduras de senadores priístas ante las inauditas declaraciones del secretario de Gobernación respecto de la penalización del aborto no fue mero cinismo. Existe real descontento en el PRI por el abandono de una tradición ideológica bien arraigada.
La alianza se concertó en tiempos de Salinas y formó parte de su empeño por desmantelar el antiguo régimen. No es posible examinar aquí la compleja y misteriosa relación entre neoliberalismo y religión, muy clara en Estados Unidos, pero explica en parte esa decisión política, que en aquella coyuntura pareció extraña e innecesaria.
La alianza actual tiene otro signo: la convergencia de dos voluntades que se encaminan en la misma dirección. Mientras gobiernos del mundo entero intentan por todos los medios aumentar el control de la población, ante la rebelión de los batallones de descontentos creados por el neoliberalismo, el Papa busca algo semejante: prefiere una Iglesia más pequeña, pero más sometida a los cánones tradicionales, más subordinada al control eclesiástico. Le inquietan los vientos modernizadores que ampliaron el margen de libertad de los fieles.
La brutal agresión contra las mujeres que se expresa en la nueva penalización del aborto, realizada por congresos controlados por el PRI que cubren ya la mitad del país, responde a esa lógica de control que se extiende a todas las esferas de la vida cotidiana. La criminalización de los movimientos sociales, los retenes militares, la cédula de identidad, la campaña sobre la influenza porcina, la agresión policiaca y paramilitar en Chiapas y casi todo el país, la permanente intimidación mediática de los ciudadanos, la violación continua de derechos humanos, son expresiones de un mismo afán por destruir legal o ilegalmente el estado de derecho para acostumbrar a todos al estado de excepción.
La irresponsabilidad del PRI al concertar esta alianza es apenas comprensible. En México, la necesidad de mantener una rígida separación entre la iglesia y el Estado y respetar rigurosamente el carácter laico de éste tiene profundas raíces históricas. Todas las encarnaciones del PRI lo reconocieron. Se mantuvo ese apego a uno de sus principios sustantivos hasta que llegó Salinas, quien se dedicó a destruir las bases mismas de existencia del Estado emanado de la Revolución y de su partido, incluyendo instituciones que les resultaban casi sagradas, como el ejido.
La Iglesia nunca quedó satisfecha con la separación. No cejó en su empeño de reconquistar el poder político y material que perdió, pero se había visto obligada a conseguirlo de trasmano, a escondidas, por abajo del agua. Cada intento de mostrar en público lo que lograba en privado provocaba aguda resistencia. Si bien la llegada del neopanismo resolvió en parte esa dificultad, facilitando la violación reiterada de la ley y de las prácticas políticas, no había conseguido llevar su influencia hasta la orientación misma de las políticas públicas. La nueva generación de dirigentes del PRI realiza ahora lo que ni siquiera Salinas pudo intentar.
Quien conoció la trayectoria política e ideológica de Beatriz Paredes puede haberse sorprendido al verla apoyar lo mismo a Ulises Ruiz que al cardenal. Todo parecía explicarse en términos de un pragmatismo sin principios, guiado por el afán de retorno. Así se entendería el comportamiento reciente, para las transas del presupuesto y hasta en la negociación sobre Luz y Fuerza, que se produjo en la mejor tradición de Judas e hizo evidente, como señaló el SME, el carácter reaccionario del Congreso. Pero ¿el aborto?, ¿cómo pudo hacerse cómplice de este atropello brutal a su género sin siquiera chistar?
“La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.” Este artículo cuarto del Acta Constitutiva de la Federación, aprobada el 31 de enero de 1824 por el primer Congreso Constituyente de nuestro país, definiría una aspiración restauradora de algunos católicos conservadores y haría feliz a don Benedicto. Pero es tan imposible como el regreso del antiguo régimen. Vivimos en otro país, en otro mundo, como analicé en este espacio respecto del PRI.
Lo que está pasando, empero, no es regreso ni restauración, sino avance en la construcción cuidadosa del régimen autoritario en que se emplea la ley para destruirla e ingresar al territorio resbaladizo del estado de excepción, en el cual prevalece la lógica del poder por el poder. De eso se trata hoy. De ese tamaño es el peligro.
gustavoesteva@gmail.com
La santa alianza
Gustavo Esteva
Comienzan apenas a verse los efectos de la alianza concertada por la Iglesia católica con el PRI, tras tomar posesión del PAN y el gobierno.
El desgarramiento de vestiduras de senadores priístas ante las inauditas declaraciones del secretario de Gobernación respecto de la penalización del aborto no fue mero cinismo. Existe real descontento en el PRI por el abandono de una tradición ideológica bien arraigada.
La alianza se concertó en tiempos de Salinas y formó parte de su empeño por desmantelar el antiguo régimen. No es posible examinar aquí la compleja y misteriosa relación entre neoliberalismo y religión, muy clara en Estados Unidos, pero explica en parte esa decisión política, que en aquella coyuntura pareció extraña e innecesaria.
La alianza actual tiene otro signo: la convergencia de dos voluntades que se encaminan en la misma dirección. Mientras gobiernos del mundo entero intentan por todos los medios aumentar el control de la población, ante la rebelión de los batallones de descontentos creados por el neoliberalismo, el Papa busca algo semejante: prefiere una Iglesia más pequeña, pero más sometida a los cánones tradicionales, más subordinada al control eclesiástico. Le inquietan los vientos modernizadores que ampliaron el margen de libertad de los fieles.
La brutal agresión contra las mujeres que se expresa en la nueva penalización del aborto, realizada por congresos controlados por el PRI que cubren ya la mitad del país, responde a esa lógica de control que se extiende a todas las esferas de la vida cotidiana. La criminalización de los movimientos sociales, los retenes militares, la cédula de identidad, la campaña sobre la influenza porcina, la agresión policiaca y paramilitar en Chiapas y casi todo el país, la permanente intimidación mediática de los ciudadanos, la violación continua de derechos humanos, son expresiones de un mismo afán por destruir legal o ilegalmente el estado de derecho para acostumbrar a todos al estado de excepción.
La irresponsabilidad del PRI al concertar esta alianza es apenas comprensible. En México, la necesidad de mantener una rígida separación entre la iglesia y el Estado y respetar rigurosamente el carácter laico de éste tiene profundas raíces históricas. Todas las encarnaciones del PRI lo reconocieron. Se mantuvo ese apego a uno de sus principios sustantivos hasta que llegó Salinas, quien se dedicó a destruir las bases mismas de existencia del Estado emanado de la Revolución y de su partido, incluyendo instituciones que les resultaban casi sagradas, como el ejido.
La Iglesia nunca quedó satisfecha con la separación. No cejó en su empeño de reconquistar el poder político y material que perdió, pero se había visto obligada a conseguirlo de trasmano, a escondidas, por abajo del agua. Cada intento de mostrar en público lo que lograba en privado provocaba aguda resistencia. Si bien la llegada del neopanismo resolvió en parte esa dificultad, facilitando la violación reiterada de la ley y de las prácticas políticas, no había conseguido llevar su influencia hasta la orientación misma de las políticas públicas. La nueva generación de dirigentes del PRI realiza ahora lo que ni siquiera Salinas pudo intentar.
Quien conoció la trayectoria política e ideológica de Beatriz Paredes puede haberse sorprendido al verla apoyar lo mismo a Ulises Ruiz que al cardenal. Todo parecía explicarse en términos de un pragmatismo sin principios, guiado por el afán de retorno. Así se entendería el comportamiento reciente, para las transas del presupuesto y hasta en la negociación sobre Luz y Fuerza, que se produjo en la mejor tradición de Judas e hizo evidente, como señaló el SME, el carácter reaccionario del Congreso. Pero ¿el aborto?, ¿cómo pudo hacerse cómplice de este atropello brutal a su género sin siquiera chistar?
“La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.” Este artículo cuarto del Acta Constitutiva de la Federación, aprobada el 31 de enero de 1824 por el primer Congreso Constituyente de nuestro país, definiría una aspiración restauradora de algunos católicos conservadores y haría feliz a don Benedicto. Pero es tan imposible como el regreso del antiguo régimen. Vivimos en otro país, en otro mundo, como analicé en este espacio respecto del PRI.
Lo que está pasando, empero, no es regreso ni restauración, sino avance en la construcción cuidadosa del régimen autoritario en que se emplea la ley para destruirla e ingresar al territorio resbaladizo del estado de excepción, en el cual prevalece la lógica del poder por el poder. De eso se trata hoy. De ese tamaño es el peligro.
gustavoesteva@gmail.com
viernes, noviembre 27, 2009
Futuro Inmediato. "La definición"
La Jornada
La definición
Luis Javier Garrido
El momento que vive el país en vísperas de cumplirse 100 años del inicio de la Revolución Mexicana es de una enorme gravedad, pues lo que está en disputa en estos meses y se definirá en 2012 es el proyecto de nación que habrá de ser México en el futuro, y muy difícilmente en el camino que se adopte podrá darse marcha atrás.
1. La división existente en México es ya muy honda a mitad del segundo sexenio panista, y precisamente por el desastre que han sido los dos gobiernos surgido del PAN, el discurso de la ultraderecha mexicana se ha desbocado asumiendo que al haber fracasado la reconversión gradual del Estado mexicano llevada a cabo en los últimos 25 años por la alianza PRI-PAN, es menester forzar los cambios que llevarían a que el país dejase de ser soberano y pudiese uncirse por completo al proyecto trasnacional.
2. Estas mafias se presentan todos los días como decididas a no dejar el poder y a exigir que desde ahora se acelere el proceso de desmantelamiento de la nación y se adopte plenamente el modelo neoliberal, lo que está generando nuevas tensiones.
3. La ofensiva de la extrema derecha mexicana contra las instituciones sociales, económicas y aun políticas del país es desaforada, pero sus ataques no están recibiendo, sin embargo, una respuesta suficientemente vigorosa de las organizaciones democráticas y de izquierda y ello va a ser clave de lo que va a acontecer en los meses por venir.
4. La legitimidad de esta exacerbada campaña para que el gobierno pueda culminar el proyecto de privatización de la nación es inexistente, pues Felipe Calderón no ganó la elección de 2006 y, en consecuencia, no tiene mandato para nada (a no ser de parte de los grupos mafiosos que lo impusieron y manejan) y sabe bien además que Acción Nacional sufrió una contundente derrota en las legislativas de este año, lo que confirma el repudio popular a sus políticas. Y esto se agrava porque del lado del Revolucionario Institucional, por una parte sus documentos básicos se oponen al proyecto entreguista que Salinas impulsa tras bambalinas, y por la otra en la campaña electoral de 2009 los priístas pidieron el respaldo popular precisamente para actuar en contra del proyecto neoliberal de Calderón y no para apoyarlo.
5. La tentativa del gobierno espurio de privatizar Luz y Fuerza del Centro y destruir al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) tras el asalto a las instalaciones de la compañía el 10 de octubre, y de decretar al día siguiente su desaparición, no sólo fue un acto ilegal, sino también ilegítimo. La complicidad de Beatriz Paredes (presidenta del PRI) y de Francisco Rojas (pastor de los diputados priístas) con Calderón, para evitar que la Cámara presentase una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirmaron el martes 24, no es sino un peldaño más en el camino del priísmo hacia su despeñadero en 2012, pues una vez más se confirma que en su mayoría no son desde hace décadas nacionalistas, sino neoliberales y entreguistas, como los panistas.
6. La extrema derecha, sin tener legitimidad alguna para ello, concibió el golpe ilegal contra Luz y Fuerza del Centro como un paso fundamental para poder imponer por completo el modelo neoliberal en México, pues hace realidad varios de sus postulados: a) constituyó la manera más expedita para entregar otra parte del sector eléctrico a las trasnacionales como vía para propiciar el control total de Washington, sobre todo el estratégico sector energético, b) le permitió desbrozar el camino para destruir el sindicato obrero más combativo del país y con ello hacer ver a los sindicatos que aún se pretendan independientes que no tienen cabida en el neoliberalismo, opuesto a ellas, y que sus días están contados, c) hizo posible el envío a los mexicanos del mensaje de que la Constitución de 1917, aparentemente en vigor, no tiene vigencia en el país y que lo que vale son los programas neoliberales de los organismos financieros internacionales, d) les va a permitir tanto a panistas como a priístas, junto con las corporaciones extranjeras asociadas a ellos, hacer enormes negocios poniendo en práctica el principio neoliberal de “la sinergia”, y por último, e) les da pie para insistir en que el desmantelamiento total de la nación, tal como se concibió ésta tras la Revolución Mexicana, es su objetivo, como ahora lo hacen sus corifeos, f) por lo que, según insisten, el proceso de privatizaciones debe proseguir tras el que creen es un impulso recibido durante el conflicto con el SME.
7. El festejo oficial del 99 aniversario del inicio de la Revolución de 1910, presidido por Calderón, fue, como era de suponerse, la ocasión para festejar sin pudor alguno su muerte y el desmantelamiento de la nación al seguirse entregando riquezas estratégicas de los mexicanos a las trasnacionales y el control de las áreas estratégicas del Estado a Washington, como están festejando los académicos asociados al modelo neoliberal.
8. La andanada que se está dando al concluir 2009 no es nada más, por lo mismo, contra “la Revolución Mexicana”, sino también contra la Constitución de 1917 y las instituciones surgidas de ella, por lo que estos grupos minoritarios lo que celebran es desde el fin de México como un país soberano hasta la cancelación de los derechos sociales a la tierra, al trabajo, a la educación laica y gratuita, a la salud, a la seguridad social, y la desaparición de los organismos destinados a procurar su satisfacción.
9. La ultraderecha mexicana ha perdido ya toda vergüenza y exige, a contracorriente de lo que acontece en la mayor parte de los países de América Latina, que México se vaya de bruces a los brazos del neoliberalismo (aunque éste haya fracasado), y lo mismo en la explanada de Los Pinos el sociólogo Roger Bartra preconizó el día 20, ante los aplausos de Felipe y de sus amigos, que hay que destruir por completo el legado de la Revolución, que Jorge G. Castañeda y Héctor Aguilar Camín sostienen, en el número más reciente de Nexos (noviembre), que mirar al futuro es abrazar con fuerza el ya viejo y fracasado modelo neoliberal, por lo que hay que arrojar al cesto de la basura a la soberanía, al nacionalismo, al sindicalismo y a las instituciones sociales: lo mismo que llevan años diciendo los locutores de Tv Azteca y Televisa.
10. El debate sobre el futuro del país está abierto y debe darse, por consiguiente, desde los sectores populares con argumentos, pero también con acciones, pasando de una actitud defensiva hacia una postura congruente con las luchas históricas del pasado.
La definición
Luis Javier Garrido
El momento que vive el país en vísperas de cumplirse 100 años del inicio de la Revolución Mexicana es de una enorme gravedad, pues lo que está en disputa en estos meses y se definirá en 2012 es el proyecto de nación que habrá de ser México en el futuro, y muy difícilmente en el camino que se adopte podrá darse marcha atrás.
1. La división existente en México es ya muy honda a mitad del segundo sexenio panista, y precisamente por el desastre que han sido los dos gobiernos surgido del PAN, el discurso de la ultraderecha mexicana se ha desbocado asumiendo que al haber fracasado la reconversión gradual del Estado mexicano llevada a cabo en los últimos 25 años por la alianza PRI-PAN, es menester forzar los cambios que llevarían a que el país dejase de ser soberano y pudiese uncirse por completo al proyecto trasnacional.
2. Estas mafias se presentan todos los días como decididas a no dejar el poder y a exigir que desde ahora se acelere el proceso de desmantelamiento de la nación y se adopte plenamente el modelo neoliberal, lo que está generando nuevas tensiones.
3. La ofensiva de la extrema derecha mexicana contra las instituciones sociales, económicas y aun políticas del país es desaforada, pero sus ataques no están recibiendo, sin embargo, una respuesta suficientemente vigorosa de las organizaciones democráticas y de izquierda y ello va a ser clave de lo que va a acontecer en los meses por venir.
4. La legitimidad de esta exacerbada campaña para que el gobierno pueda culminar el proyecto de privatización de la nación es inexistente, pues Felipe Calderón no ganó la elección de 2006 y, en consecuencia, no tiene mandato para nada (a no ser de parte de los grupos mafiosos que lo impusieron y manejan) y sabe bien además que Acción Nacional sufrió una contundente derrota en las legislativas de este año, lo que confirma el repudio popular a sus políticas. Y esto se agrava porque del lado del Revolucionario Institucional, por una parte sus documentos básicos se oponen al proyecto entreguista que Salinas impulsa tras bambalinas, y por la otra en la campaña electoral de 2009 los priístas pidieron el respaldo popular precisamente para actuar en contra del proyecto neoliberal de Calderón y no para apoyarlo.
5. La tentativa del gobierno espurio de privatizar Luz y Fuerza del Centro y destruir al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) tras el asalto a las instalaciones de la compañía el 10 de octubre, y de decretar al día siguiente su desaparición, no sólo fue un acto ilegal, sino también ilegítimo. La complicidad de Beatriz Paredes (presidenta del PRI) y de Francisco Rojas (pastor de los diputados priístas) con Calderón, para evitar que la Cámara presentase una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirmaron el martes 24, no es sino un peldaño más en el camino del priísmo hacia su despeñadero en 2012, pues una vez más se confirma que en su mayoría no son desde hace décadas nacionalistas, sino neoliberales y entreguistas, como los panistas.
6. La extrema derecha, sin tener legitimidad alguna para ello, concibió el golpe ilegal contra Luz y Fuerza del Centro como un paso fundamental para poder imponer por completo el modelo neoliberal en México, pues hace realidad varios de sus postulados: a) constituyó la manera más expedita para entregar otra parte del sector eléctrico a las trasnacionales como vía para propiciar el control total de Washington, sobre todo el estratégico sector energético, b) le permitió desbrozar el camino para destruir el sindicato obrero más combativo del país y con ello hacer ver a los sindicatos que aún se pretendan independientes que no tienen cabida en el neoliberalismo, opuesto a ellas, y que sus días están contados, c) hizo posible el envío a los mexicanos del mensaje de que la Constitución de 1917, aparentemente en vigor, no tiene vigencia en el país y que lo que vale son los programas neoliberales de los organismos financieros internacionales, d) les va a permitir tanto a panistas como a priístas, junto con las corporaciones extranjeras asociadas a ellos, hacer enormes negocios poniendo en práctica el principio neoliberal de “la sinergia”, y por último, e) les da pie para insistir en que el desmantelamiento total de la nación, tal como se concibió ésta tras la Revolución Mexicana, es su objetivo, como ahora lo hacen sus corifeos, f) por lo que, según insisten, el proceso de privatizaciones debe proseguir tras el que creen es un impulso recibido durante el conflicto con el SME.
7. El festejo oficial del 99 aniversario del inicio de la Revolución de 1910, presidido por Calderón, fue, como era de suponerse, la ocasión para festejar sin pudor alguno su muerte y el desmantelamiento de la nación al seguirse entregando riquezas estratégicas de los mexicanos a las trasnacionales y el control de las áreas estratégicas del Estado a Washington, como están festejando los académicos asociados al modelo neoliberal.
8. La andanada que se está dando al concluir 2009 no es nada más, por lo mismo, contra “la Revolución Mexicana”, sino también contra la Constitución de 1917 y las instituciones surgidas de ella, por lo que estos grupos minoritarios lo que celebran es desde el fin de México como un país soberano hasta la cancelación de los derechos sociales a la tierra, al trabajo, a la educación laica y gratuita, a la salud, a la seguridad social, y la desaparición de los organismos destinados a procurar su satisfacción.
9. La ultraderecha mexicana ha perdido ya toda vergüenza y exige, a contracorriente de lo que acontece en la mayor parte de los países de América Latina, que México se vaya de bruces a los brazos del neoliberalismo (aunque éste haya fracasado), y lo mismo en la explanada de Los Pinos el sociólogo Roger Bartra preconizó el día 20, ante los aplausos de Felipe y de sus amigos, que hay que destruir por completo el legado de la Revolución, que Jorge G. Castañeda y Héctor Aguilar Camín sostienen, en el número más reciente de Nexos (noviembre), que mirar al futuro es abrazar con fuerza el ya viejo y fracasado modelo neoliberal, por lo que hay que arrojar al cesto de la basura a la soberanía, al nacionalismo, al sindicalismo y a las instituciones sociales: lo mismo que llevan años diciendo los locutores de Tv Azteca y Televisa.
10. El debate sobre el futuro del país está abierto y debe darse, por consiguiente, desde los sectores populares con argumentos, pero también con acciones, pasando de una actitud defensiva hacia una postura congruente con las luchas históricas del pasado.
miércoles, noviembre 25, 2009
"El ocaso de un sistema"
La Jornada
El ocaso de un sistema
Luis Linares Zapata
La plutocracia encaramada en la cúspide del sistema decisorio imperante en México ha entrado en una fase de franco deterioro. Expuesta a feroz escrutinio por el movimiento que conduce López Obrador, sus dañinos efectos se han ido clarificando con inusual rapidez. Al exponer a la crítica a tan compacto grupo de mandarines, va adquiriendo forma y contenidos un diagnóstico implacable y de consecuencias aún inapresables en su totalidad. Pero las consecuencias ya exploradas, sin embargo, los sitúa en el epicentro de la decadencia que traba la marcha del país. Junto con esa clase de plutócratas, el entramado completo de gobierno marca una segura ruta hacia su sorda implosión. La dramática, cruenta y anquilosada forma de conducir los asuntos públicos por parte del oficialismo que los oye y obedece, lo conduce al aislamiento: esfuma el consentimiento ciudadano y deshace los indispensables apoyos populares, requisitos para la continuidad y perfeccionamiento de tan sitiado sistema.
La saga para desenmascarar tan dañina formación no ha sido fácil, menos aun exenta de estigmas, desprecios y burlas. López Obrador (y con él quienes lo han acompañado en esta aventura predicante durante tres años) ha pagado, en carne propia, una elevada cuota que ningún otro político de los tiempos actuales podría soportar. Y, al parecer, el golpeteo seguirá con ahínco. ¡Faltaba más! “Bien merecido se lo tiene por provocador”, le gritan desde sus estudios reforzados con megáfonos de gran alcance. El transgresor a los cánones establecidos, al buen decir, a las normas consagradas y lo políticamente correcto exigirán mayores penares. AMLO se ha atrevido a desenmascarar lo que debió permanecer oculto, los secretos inconfesables, en el trasiego propio de los iniciados. Destapar, ante la mirada de atónitos ciudadanos, el cúmulo, creciente además, de los inmensos privilegios que usufructúan los beneficiados de siempre es intolerable. Siguen afirmando, según dicen sus conspicuos oficiantes y difusores, merecimientos ganados en el campo de las batallas por el progreso, por afianzar los negocios de alto calibre que crean riqueza, siempre amparada en el poder. Una ruta, la mejor, para posibilitar la justicia distributiva, concluyen orondos sus beneficiarios. Pero, en realidad, son amasijos que se funden en un continuo manoseo de normas y procedimientos o en el trafique más descarado de influencias. Los plutócratas mexicanos se sienten los insignes guardianes del bien común y nadie, más que ellos, deberá entrar al reparto del botín rellenado con haberes colectivos.
Pero la labor de denuncia ha sido fructífera, ¡qué duda cabe! La voz de alarma se ha esparcido por todos los confines. La plutocracia que ahorca a México no es como otras que pululan por el ancho mundo. En otros lugares hay aceptables reglas del juego que moderan su actuación, salvaguardas efectivas del interés colectivo que pulen sus filos depredadores, contrapesos que actúan y cumplen su cometido para permitir el flujo de la competencia. Pero, sobre todo, poderes autónomos que las someten a controles de ley. La que rige por estos aciagos días y desde alargados tiempos en este país se afianza sobre toda mesura. La plutocracia autóctona se piensa intocable, protegida con atalayas y armas que van desde la compra de conciencias, hasta la rampante y grosera amenaza. Han subyugado a partidos políticos (PRIAN) y manipulan a casi la totalidad de las instituciones creadas para el funcionamiento de la República. Dominan el espacio público con los medios de comunicación a su servicio. Se han atrancado en un pensamiento donde todo abuso lo ven como inherente a sus derechos. Las precede un santo temor entre los que deberían actuar para regular sus ambiciones. Las leyes se estiran y deforman como charamuscas en sus ávidas manos. Las libertades sólo tienen cabida si rellenan sus alforjas.
Como otras muchas concepciones, ya casi de aprehensión generalizada, el papel desempeñado por la plutocracia a la mexicana ocupa ya lugar preponderante en el horizonte colectivo. Es un logro de la crítica ejercida, con la reciedumbre y constancia suficiente, por el gobierno legítimo que conduce AMLO. El valor de tal postura aún no se aquilata, pero se continuará dando la pelea por que sea bien asimilado por las mayorías. Junto con este fenómeno aleccionador va quedando el testimonio de los privilegios fiscales de que disfrutan: a través de la llamada consolidación fiscal. Un agujero por el que cuelan cientos de miles de millones y que van a engrosar las cuentas crecientes de los billonarios locales para que, con bombo y cursis fotografías, sean incluidos en las publicaciones donde retozan los famosos del mundo.
Es por eso que, dentro del reciente catálogo en pos de una transformación del México decadente, se halla incluido, como punto central del discurso para la acción futura, rescatar al Estado. Una pretensión reformadora básica ante la República simulada que se padece. El proceso que aguarda será complicado y con claros rasgos de amenazante violencia. Por ello es indispensable reafirmar la fe pacífica y la búsqueda constante de rutas democráticas que armonicen las tensiones. Un asunto adicional, crucial en la marcha hacia un Estado democrático y de bienestar, será la reforma al aparato completo de comunicación social. No se puede dejar en manos de una sola clase (el empresariado) la conducción informativa, el entretenimiento o la educación masiva complementaria que los medios implican. Un balance interclases donde los varios componentes del Estado jueguen su propio papel se levanta como estricta necesidad. Es, por varias y múltiples razones, una real cuestión de seguridad nacional para preservar la paz y asegurar el respeto a los derechos humanos. Pero el tratamiento de tan espinoso tema exige valentía, imaginación, soporte popular y arrojo poco comunes. Sobre todo frente a una vida institucional congestionada por la injerencia desmedida, impositiva y degradante de los poderes fácticos: la industria de la radiotelevisión como su avanzada.
El ocaso de un sistema
Luis Linares Zapata
La plutocracia encaramada en la cúspide del sistema decisorio imperante en México ha entrado en una fase de franco deterioro. Expuesta a feroz escrutinio por el movimiento que conduce López Obrador, sus dañinos efectos se han ido clarificando con inusual rapidez. Al exponer a la crítica a tan compacto grupo de mandarines, va adquiriendo forma y contenidos un diagnóstico implacable y de consecuencias aún inapresables en su totalidad. Pero las consecuencias ya exploradas, sin embargo, los sitúa en el epicentro de la decadencia que traba la marcha del país. Junto con esa clase de plutócratas, el entramado completo de gobierno marca una segura ruta hacia su sorda implosión. La dramática, cruenta y anquilosada forma de conducir los asuntos públicos por parte del oficialismo que los oye y obedece, lo conduce al aislamiento: esfuma el consentimiento ciudadano y deshace los indispensables apoyos populares, requisitos para la continuidad y perfeccionamiento de tan sitiado sistema.
La saga para desenmascarar tan dañina formación no ha sido fácil, menos aun exenta de estigmas, desprecios y burlas. López Obrador (y con él quienes lo han acompañado en esta aventura predicante durante tres años) ha pagado, en carne propia, una elevada cuota que ningún otro político de los tiempos actuales podría soportar. Y, al parecer, el golpeteo seguirá con ahínco. ¡Faltaba más! “Bien merecido se lo tiene por provocador”, le gritan desde sus estudios reforzados con megáfonos de gran alcance. El transgresor a los cánones establecidos, al buen decir, a las normas consagradas y lo políticamente correcto exigirán mayores penares. AMLO se ha atrevido a desenmascarar lo que debió permanecer oculto, los secretos inconfesables, en el trasiego propio de los iniciados. Destapar, ante la mirada de atónitos ciudadanos, el cúmulo, creciente además, de los inmensos privilegios que usufructúan los beneficiados de siempre es intolerable. Siguen afirmando, según dicen sus conspicuos oficiantes y difusores, merecimientos ganados en el campo de las batallas por el progreso, por afianzar los negocios de alto calibre que crean riqueza, siempre amparada en el poder. Una ruta, la mejor, para posibilitar la justicia distributiva, concluyen orondos sus beneficiarios. Pero, en realidad, son amasijos que se funden en un continuo manoseo de normas y procedimientos o en el trafique más descarado de influencias. Los plutócratas mexicanos se sienten los insignes guardianes del bien común y nadie, más que ellos, deberá entrar al reparto del botín rellenado con haberes colectivos.
Pero la labor de denuncia ha sido fructífera, ¡qué duda cabe! La voz de alarma se ha esparcido por todos los confines. La plutocracia que ahorca a México no es como otras que pululan por el ancho mundo. En otros lugares hay aceptables reglas del juego que moderan su actuación, salvaguardas efectivas del interés colectivo que pulen sus filos depredadores, contrapesos que actúan y cumplen su cometido para permitir el flujo de la competencia. Pero, sobre todo, poderes autónomos que las someten a controles de ley. La que rige por estos aciagos días y desde alargados tiempos en este país se afianza sobre toda mesura. La plutocracia autóctona se piensa intocable, protegida con atalayas y armas que van desde la compra de conciencias, hasta la rampante y grosera amenaza. Han subyugado a partidos políticos (PRIAN) y manipulan a casi la totalidad de las instituciones creadas para el funcionamiento de la República. Dominan el espacio público con los medios de comunicación a su servicio. Se han atrancado en un pensamiento donde todo abuso lo ven como inherente a sus derechos. Las precede un santo temor entre los que deberían actuar para regular sus ambiciones. Las leyes se estiran y deforman como charamuscas en sus ávidas manos. Las libertades sólo tienen cabida si rellenan sus alforjas.
Como otras muchas concepciones, ya casi de aprehensión generalizada, el papel desempeñado por la plutocracia a la mexicana ocupa ya lugar preponderante en el horizonte colectivo. Es un logro de la crítica ejercida, con la reciedumbre y constancia suficiente, por el gobierno legítimo que conduce AMLO. El valor de tal postura aún no se aquilata, pero se continuará dando la pelea por que sea bien asimilado por las mayorías. Junto con este fenómeno aleccionador va quedando el testimonio de los privilegios fiscales de que disfrutan: a través de la llamada consolidación fiscal. Un agujero por el que cuelan cientos de miles de millones y que van a engrosar las cuentas crecientes de los billonarios locales para que, con bombo y cursis fotografías, sean incluidos en las publicaciones donde retozan los famosos del mundo.
Es por eso que, dentro del reciente catálogo en pos de una transformación del México decadente, se halla incluido, como punto central del discurso para la acción futura, rescatar al Estado. Una pretensión reformadora básica ante la República simulada que se padece. El proceso que aguarda será complicado y con claros rasgos de amenazante violencia. Por ello es indispensable reafirmar la fe pacífica y la búsqueda constante de rutas democráticas que armonicen las tensiones. Un asunto adicional, crucial en la marcha hacia un Estado democrático y de bienestar, será la reforma al aparato completo de comunicación social. No se puede dejar en manos de una sola clase (el empresariado) la conducción informativa, el entretenimiento o la educación masiva complementaria que los medios implican. Un balance interclases donde los varios componentes del Estado jueguen su propio papel se levanta como estricta necesidad. Es, por varias y múltiples razones, una real cuestión de seguridad nacional para preservar la paz y asegurar el respeto a los derechos humanos. Pero el tratamiento de tan espinoso tema exige valentía, imaginación, soporte popular y arrojo poco comunes. Sobre todo frente a una vida institucional congestionada por la injerencia desmedida, impositiva y degradante de los poderes fácticos: la industria de la radiotelevisión como su avanzada.
lunes, noviembre 23, 2009
México. "A Tres Años De Resistencia"
Ciro Pérez y Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada
Lunes 23 de noviembre de 2009, p. 3
Pensando en la transformación del país y con miras a 2012, Andrés Manuel López Obrador llamó a elaborar un proyecto alternativo de nación para enfrentar “a la mafia del poder, enferma de codicia, dispuesta a conspirar contra la paz pública y la estabilidad social. Muchos coincidimos en que éste es el principal problema de México”.
Al conmemorar en el Zócalo capitalino “tres años de resistencia y trabajo para salvar al país”, López Obrador advirtió a más de 100 mil dirigentes, representantes y simpatizantes del “gobierno legítimo” que no deben confiarse, pues habrán de combatir al grupo que empezó a conformarse en el sexenio de Carlos Salinas.
“Son siniestros, pero no son tontos; tienen estrategias y mantienen a su servicio a una caterva de analistas e intelectuales de derecha”, añadió.
El tabasqueño sostuvo que la transición democrática pregonada por el PAN en 2000 sólo fue una mascarada, una simple operación de recambio para mantener una política de pillaje y continuar con las llamadas reformas estructurales, que en esencia son el traslado de bienes de la nación a particulares, nacionales y extranjeros.
“En 2006 esta mafia se sintió amenazada y no dudó en echar abajo lo poco que se había construido para establecer la democracia. Insisten en mantener su política de saqueo, aunque terminen de arruinar al país y de desgraciarnos a todos.”
Un ejemplo es la aprobación de los aumentos de impuestos, “para repartirse lo obtenido como si fuese un botín”. O la decisión de despedir a 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) con el propósito de seguir privatizando esta industria.
Ese grupo, apuntó, ya decidió que el PAN no les funciona y lo dejaron de patrocinar. Convirtieron a Calderón “de pelele en chivo expiatorio. Toda su apuesta es al PRI y a Enrique Peña Nieto. Salinas actúa como su jefe de campaña y Televisa lo ha venido proyectando como se introduce al mercado un producto chatarra o como actor de telenovela.
“Ellos saben que este movimiento es lo único que puede detenerlos. A eso se debe que no han parado de atacarnos.
“No sólo es el bloqueo informativo o que repitan, una y mil veces, que ya no representamos nada. Es la guerra sucia, la calumnia, las campañas de desprestigio, las vulgaridades, o de plano decir que estamos locos. Sin embargo, es un orgullo que a pesar de que han querido destruirnos, no lo han logrado ni lo lograrán.”
En estos tres años, agregó, el movimiento no ha dejado de luchar en favor de los pobres, indígenas, campesinos, trabajadores, ancianos, discapacitados, madres solteras y jóvenes, así como de los derechos humanos, la economía popular, la educación pública, el petróleo y la industria eléctrica.
Informó que cuentan ya con 2 millones 300 mil representantes del “gobierno legítimo” y con comités municipales en todo el país.
“¿Qué es lo que sigue? Debemos mantener el compromiso de defender al pueblo y a la nación, luchar para frenar el deterioro de la economía popular y no dejar solos a los trabajadores del SME. Su causa es justa y es de todos.”
La elaboración del nuevo proyecto alternativo de nación quedó a cargo de Ignacio Marván, Luciano Concheiro, Rogelio Ramírez de la O, Héctor Díaz Polanco, José María Pérez Gay, Víctor Manuel Toledo y Bolívar Echeverría.
El documento definitivo se tendrá en junio de 2010 y deberá abordar 10 postulados:
1. Rescatar al Estado. México es una república aparente, simulada. Hay poderes constitucionales, pero en los hechos un grupo los ha confiscado todos. Una vez logrado este propósito, reintegrar las riquezas y los bienes públicos que han sido entregados o concesionados ilegalmente, fundamentalmente la minería, la industria eléctrica y el petróleo.
2. Democratizar los medios de comunicación. Es inaceptable que un pequeño grupo posea el control de la televisión y de la radio, y administre la ignorancia en función de sus intereses. Que quede claro: no hablamos de expropiación y mucho menos de censura, sino de que el Estado cumpla el mandato constitucional de garantizar el derecho a la información.
3. Cambiar la actual política económica, que no ha dado resultados. México es uno de los países del mundo con menor crecimiento en los años recientes.
4. Combatir las prácticas monopólicas que encarecen bienes y servicios. Es inaceptable que paguemos por el cemento gris 146 por ciento más que los estadunidenses, 17 por ciento más por teléfono de línea fija, 240 más por llamadas de larga distancia nacional, y 256 por ciento más por electricidad residencial de alto consumo. Todo ello a pesar de que el salario mínimo en México es nueve veces menor que en Estados Unidos.
5. Abolir los privilegios fiscales. Luis Echeverría celebró un pacto secreto con el poder económico, que consiste en conceder a los grandes empresarios y banqueros el privilegio de no pagar o de devolverles los impuestos.
6. Ejercer la política como imperativo ético y llevar a la práctica la austeridad republicana. Hoy la política es sinónimo de engaño, arreglos cupulares y corrupción.
7. Fortalecer al sector energético para detener la terrible crisis que se avecina por la caída en la producción petrolera y la salida de divisas para comprar gasolinas y otros derivados en el extranjero.
8. Alcanzar la soberanía alimentaria. Desde 1983 se optó absurdamente por comprar en el exterior los alimentos que consumimos. Este año se destinarán para ello 16 mil millones de dólares.
9. Establecer el Estado de bienestar. Hay que proteger a los pobres ante la desigualdad social. Debe garantizarse el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la alimentación y a la vivienda.
10. Promover una nueva corriente de pensamiento sustentada en la cultura de nuestro pueblo, añadiendo valores como tolerancia, solidaridad y la protección del medio ambiente. Impedir el predominio del dinero, del engaño y la corrupción.
Periódico La Jornada
Lunes 23 de noviembre de 2009, p. 3
Pensando en la transformación del país y con miras a 2012, Andrés Manuel López Obrador llamó a elaborar un proyecto alternativo de nación para enfrentar “a la mafia del poder, enferma de codicia, dispuesta a conspirar contra la paz pública y la estabilidad social. Muchos coincidimos en que éste es el principal problema de México”.
Al conmemorar en el Zócalo capitalino “tres años de resistencia y trabajo para salvar al país”, López Obrador advirtió a más de 100 mil dirigentes, representantes y simpatizantes del “gobierno legítimo” que no deben confiarse, pues habrán de combatir al grupo que empezó a conformarse en el sexenio de Carlos Salinas.
“Son siniestros, pero no son tontos; tienen estrategias y mantienen a su servicio a una caterva de analistas e intelectuales de derecha”, añadió.
El tabasqueño sostuvo que la transición democrática pregonada por el PAN en 2000 sólo fue una mascarada, una simple operación de recambio para mantener una política de pillaje y continuar con las llamadas reformas estructurales, que en esencia son el traslado de bienes de la nación a particulares, nacionales y extranjeros.
“En 2006 esta mafia se sintió amenazada y no dudó en echar abajo lo poco que se había construido para establecer la democracia. Insisten en mantener su política de saqueo, aunque terminen de arruinar al país y de desgraciarnos a todos.”
Un ejemplo es la aprobación de los aumentos de impuestos, “para repartirse lo obtenido como si fuese un botín”. O la decisión de despedir a 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) con el propósito de seguir privatizando esta industria.
Ese grupo, apuntó, ya decidió que el PAN no les funciona y lo dejaron de patrocinar. Convirtieron a Calderón “de pelele en chivo expiatorio. Toda su apuesta es al PRI y a Enrique Peña Nieto. Salinas actúa como su jefe de campaña y Televisa lo ha venido proyectando como se introduce al mercado un producto chatarra o como actor de telenovela.
“Ellos saben que este movimiento es lo único que puede detenerlos. A eso se debe que no han parado de atacarnos.
“No sólo es el bloqueo informativo o que repitan, una y mil veces, que ya no representamos nada. Es la guerra sucia, la calumnia, las campañas de desprestigio, las vulgaridades, o de plano decir que estamos locos. Sin embargo, es un orgullo que a pesar de que han querido destruirnos, no lo han logrado ni lo lograrán.”
En estos tres años, agregó, el movimiento no ha dejado de luchar en favor de los pobres, indígenas, campesinos, trabajadores, ancianos, discapacitados, madres solteras y jóvenes, así como de los derechos humanos, la economía popular, la educación pública, el petróleo y la industria eléctrica.
Informó que cuentan ya con 2 millones 300 mil representantes del “gobierno legítimo” y con comités municipales en todo el país.
“¿Qué es lo que sigue? Debemos mantener el compromiso de defender al pueblo y a la nación, luchar para frenar el deterioro de la economía popular y no dejar solos a los trabajadores del SME. Su causa es justa y es de todos.”
La elaboración del nuevo proyecto alternativo de nación quedó a cargo de Ignacio Marván, Luciano Concheiro, Rogelio Ramírez de la O, Héctor Díaz Polanco, José María Pérez Gay, Víctor Manuel Toledo y Bolívar Echeverría.
El documento definitivo se tendrá en junio de 2010 y deberá abordar 10 postulados:
1. Rescatar al Estado. México es una república aparente, simulada. Hay poderes constitucionales, pero en los hechos un grupo los ha confiscado todos. Una vez logrado este propósito, reintegrar las riquezas y los bienes públicos que han sido entregados o concesionados ilegalmente, fundamentalmente la minería, la industria eléctrica y el petróleo.
2. Democratizar los medios de comunicación. Es inaceptable que un pequeño grupo posea el control de la televisión y de la radio, y administre la ignorancia en función de sus intereses. Que quede claro: no hablamos de expropiación y mucho menos de censura, sino de que el Estado cumpla el mandato constitucional de garantizar el derecho a la información.
3. Cambiar la actual política económica, que no ha dado resultados. México es uno de los países del mundo con menor crecimiento en los años recientes.
4. Combatir las prácticas monopólicas que encarecen bienes y servicios. Es inaceptable que paguemos por el cemento gris 146 por ciento más que los estadunidenses, 17 por ciento más por teléfono de línea fija, 240 más por llamadas de larga distancia nacional, y 256 por ciento más por electricidad residencial de alto consumo. Todo ello a pesar de que el salario mínimo en México es nueve veces menor que en Estados Unidos.
5. Abolir los privilegios fiscales. Luis Echeverría celebró un pacto secreto con el poder económico, que consiste en conceder a los grandes empresarios y banqueros el privilegio de no pagar o de devolverles los impuestos.
6. Ejercer la política como imperativo ético y llevar a la práctica la austeridad republicana. Hoy la política es sinónimo de engaño, arreglos cupulares y corrupción.
7. Fortalecer al sector energético para detener la terrible crisis que se avecina por la caída en la producción petrolera y la salida de divisas para comprar gasolinas y otros derivados en el extranjero.
8. Alcanzar la soberanía alimentaria. Desde 1983 se optó absurdamente por comprar en el exterior los alimentos que consumimos. Este año se destinarán para ello 16 mil millones de dólares.
9. Establecer el Estado de bienestar. Hay que proteger a los pobres ante la desigualdad social. Debe garantizarse el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la alimentación y a la vivienda.
10. Promover una nueva corriente de pensamiento sustentada en la cultura de nuestro pueblo, añadiendo valores como tolerancia, solidaridad y la protección del medio ambiente. Impedir el predominio del dinero, del engaño y la corrupción.
sábado, noviembre 21, 2009
México. "Devastación Ambiental"
La Jornada
Cerdos, maíz y resistencia
Silvia Ribeiro*
En Chichicuautla, muy cerca de las porquerías de Granjas Carroll –incubadores de la influenza porcina–, la gente resiste. Resisten la contaminación brutal de tierras, aguas, aire y las enfermedades que les provoca esta carnívora trasnacional, propiedad de Smithfield, la empresa porcícola más grande del globo. Resisten también la represión que contra ellos ejercen los gobiernos estatales en acuerdo con las empresas.
Allí, junto a otras comunidades del Valle de Perote con las que comparten esta lucha, recibieron a principios de noviembre a más de mil delegados y delegadas de la quinta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA). Como tanta veces en el México de abajo, todos colaboraron con lo que podían, ofreciendo comida y abrigo a los que llegaron de todo el país a compartir sus peleas y experiencias. La Asamblea es un crisol de luchas locales y de base contra la devastación ambiental y social que cunde en el país, en campos y ciudades. Convergen aquí pueblos, comunidades y organizaciones que resisten los impactos y el avance de proyectos mineros, represas hidroeléctricas, contaminación petrolera, grandes basureros municipales, hospitalarios, industriales y nucleares; el despojo, sobrexplotación y contaminación de ríos, manantiales y acuíferos; contaminación transgénica del maíz campesino, avance de proyectos “ecoturísticos” que limitan o destruyen formas de vida campesinas e indígenas; la urbanización salvaje y sus impactos. Como explicó Andrés Barreda, todo agravado por 15 años de TLCAN, donde el gobierno ofreció como “ventaja comparativa” de México para las trasnacionales, la libertad de destruir el medio ambiente, dar empleos sucios y mal pagados, y excepciones impositivas.
La quinta ANAA, además de compartir las distintas luchas de sus miembros y trazar estrategias comunes, aprobó tres pronunciamientos específicos: uno en solidaridad con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, contra la privatización y el autoritarismo del gobierno que deja más de 40 mil familias en la calle; otro en apoyo a las comunidades del Valle de Perote, en su justa lucha contra la contaminación de Granjas Carroll y por el “total retiro de cargos y absolución para José Luis Martínez, Margarita Hernández, Bertha Crisóstomo, María Verónica Hernández y Guadalupe Serrano, ciudadanos de La Gloria, defensores de los recursos naturales, quienes siendo inocentes sufren el hostigamiento y persecución judicial promovido en su contra por Granjas Carroll”; y un tercero contra las siembras de maíz transgénico aprobadas por el gobierno en octubre, por ser “un crimen ambiental, cultural y contra la soberanía alimentaria”. Llaman “a todas las organizaciones, pueblos y comunidades a resistir y rechazar la entrega de nuestro maíz nativo a las trasnacionales y a no plantar ni consumir maíz que no sea campesino”.
No es casualidad que la ANAA se pronunciara especialmente contra el maíz transgénico en esta ocasión: las instalaciones de cría industrial de animales como Granjas Carroll están entre los más beneficiados y confabulados con la introducción del maíz transgénico.
Un argumento que esgrimen los promotores de maíz transgénico en México es que el país “necesita” importar maíz porque la producción no alcanza para el consumo interno, y ya que el importado es transgénico, entonces es “mejor” producirlo aquí, porque además –afirman falsamente– tiene mayores rendimientos.
Pero la realidad es que México produce todo el maíz que necesita para consumo humano. El maíz que se importa va para procesamiento industrial y para alimento de animales confinados en grandes instalaciones: cerdos, aves y ganado, que en creciente porcentaje están en manos de trasnacionales y empresas gigantes como Smithfield, Tyson, Cargill, Pilgrim’s Pride, Bachoco. Según datos (muy modestos) de Sagarpa, en la última década siete trasnacionales pasaron a controlar 35 por ciento de la industria porcícola en México. Mucho más altos grados de concentración aquejan todos los rubros pecuarios. Son esas grandes fábricas de carne las que crean alta demanda de maíz industrial –dando piensos con maíz incluso a animales que antes no lo consumían o no en tal cantidad.
Ese proceso de avance de empresas gigantes en el rubro, significó también que muchos criadores pequeños y hasta medianos fueran a la quiebra –lo cual aún continúa. No pueden competir con la oferta masiva –de mucho peor calidad– ni con los subsidios y excepciones impositivas que reciben estas grandes industrias. Si la producción avícola, porcícola y de ganado no estuviera tan centralizada, los forrajes y piensos serían, como lo eran antes, más diversos y mucho más basados en producción local (que también se puede aumentar, sin transgénicos), generando trabajo y alimento a muchas más familias, evitando también la importación de maíz transgénico y los riesgos que conlleva.
No existirían tampoco la devastadora contaminación ambiental y la generación de epidemias que crean estas grandes industrias –debidas al confinamiento y la absurda cantidad de animales hacinados (Granjas Carroll procesa alrededor de un millón de cerdos al año), a los millones de toneladas de excrementos que se desechan sin procesar en suelos y aguas, que también contienen hormonas, antibióticos y plaguicidas administrados a los pobres animales para que sobrevivan en condiciones terribles.
Construir el mapa de la devastación ambiental, revelar sus conexiones y sus causas –como en este caso– es una herramienta importante para enfrentarla. Por allí, desde abajo, va tejiendo camino la ANAA.
*Investigadora del Grupo ETC
Cerdos, maíz y resistencia
Silvia Ribeiro*
En Chichicuautla, muy cerca de las porquerías de Granjas Carroll –incubadores de la influenza porcina–, la gente resiste. Resisten la contaminación brutal de tierras, aguas, aire y las enfermedades que les provoca esta carnívora trasnacional, propiedad de Smithfield, la empresa porcícola más grande del globo. Resisten también la represión que contra ellos ejercen los gobiernos estatales en acuerdo con las empresas.
Allí, junto a otras comunidades del Valle de Perote con las que comparten esta lucha, recibieron a principios de noviembre a más de mil delegados y delegadas de la quinta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA). Como tanta veces en el México de abajo, todos colaboraron con lo que podían, ofreciendo comida y abrigo a los que llegaron de todo el país a compartir sus peleas y experiencias. La Asamblea es un crisol de luchas locales y de base contra la devastación ambiental y social que cunde en el país, en campos y ciudades. Convergen aquí pueblos, comunidades y organizaciones que resisten los impactos y el avance de proyectos mineros, represas hidroeléctricas, contaminación petrolera, grandes basureros municipales, hospitalarios, industriales y nucleares; el despojo, sobrexplotación y contaminación de ríos, manantiales y acuíferos; contaminación transgénica del maíz campesino, avance de proyectos “ecoturísticos” que limitan o destruyen formas de vida campesinas e indígenas; la urbanización salvaje y sus impactos. Como explicó Andrés Barreda, todo agravado por 15 años de TLCAN, donde el gobierno ofreció como “ventaja comparativa” de México para las trasnacionales, la libertad de destruir el medio ambiente, dar empleos sucios y mal pagados, y excepciones impositivas.
La quinta ANAA, además de compartir las distintas luchas de sus miembros y trazar estrategias comunes, aprobó tres pronunciamientos específicos: uno en solidaridad con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, contra la privatización y el autoritarismo del gobierno que deja más de 40 mil familias en la calle; otro en apoyo a las comunidades del Valle de Perote, en su justa lucha contra la contaminación de Granjas Carroll y por el “total retiro de cargos y absolución para José Luis Martínez, Margarita Hernández, Bertha Crisóstomo, María Verónica Hernández y Guadalupe Serrano, ciudadanos de La Gloria, defensores de los recursos naturales, quienes siendo inocentes sufren el hostigamiento y persecución judicial promovido en su contra por Granjas Carroll”; y un tercero contra las siembras de maíz transgénico aprobadas por el gobierno en octubre, por ser “un crimen ambiental, cultural y contra la soberanía alimentaria”. Llaman “a todas las organizaciones, pueblos y comunidades a resistir y rechazar la entrega de nuestro maíz nativo a las trasnacionales y a no plantar ni consumir maíz que no sea campesino”.
No es casualidad que la ANAA se pronunciara especialmente contra el maíz transgénico en esta ocasión: las instalaciones de cría industrial de animales como Granjas Carroll están entre los más beneficiados y confabulados con la introducción del maíz transgénico.
Un argumento que esgrimen los promotores de maíz transgénico en México es que el país “necesita” importar maíz porque la producción no alcanza para el consumo interno, y ya que el importado es transgénico, entonces es “mejor” producirlo aquí, porque además –afirman falsamente– tiene mayores rendimientos.
Pero la realidad es que México produce todo el maíz que necesita para consumo humano. El maíz que se importa va para procesamiento industrial y para alimento de animales confinados en grandes instalaciones: cerdos, aves y ganado, que en creciente porcentaje están en manos de trasnacionales y empresas gigantes como Smithfield, Tyson, Cargill, Pilgrim’s Pride, Bachoco. Según datos (muy modestos) de Sagarpa, en la última década siete trasnacionales pasaron a controlar 35 por ciento de la industria porcícola en México. Mucho más altos grados de concentración aquejan todos los rubros pecuarios. Son esas grandes fábricas de carne las que crean alta demanda de maíz industrial –dando piensos con maíz incluso a animales que antes no lo consumían o no en tal cantidad.
Ese proceso de avance de empresas gigantes en el rubro, significó también que muchos criadores pequeños y hasta medianos fueran a la quiebra –lo cual aún continúa. No pueden competir con la oferta masiva –de mucho peor calidad– ni con los subsidios y excepciones impositivas que reciben estas grandes industrias. Si la producción avícola, porcícola y de ganado no estuviera tan centralizada, los forrajes y piensos serían, como lo eran antes, más diversos y mucho más basados en producción local (que también se puede aumentar, sin transgénicos), generando trabajo y alimento a muchas más familias, evitando también la importación de maíz transgénico y los riesgos que conlleva.
No existirían tampoco la devastadora contaminación ambiental y la generación de epidemias que crean estas grandes industrias –debidas al confinamiento y la absurda cantidad de animales hacinados (Granjas Carroll procesa alrededor de un millón de cerdos al año), a los millones de toneladas de excrementos que se desechan sin procesar en suelos y aguas, que también contienen hormonas, antibióticos y plaguicidas administrados a los pobres animales para que sobrevivan en condiciones terribles.
Construir el mapa de la devastación ambiental, revelar sus conexiones y sus causas –como en este caso– es una herramienta importante para enfrentarla. Por allí, desde abajo, va tejiendo camino la ANAA.
*Investigadora del Grupo ETC
viernes, noviembre 06, 2009
México. "El Paro Nacional"
El paro nacional
Luis Javier Garrido
La decisión del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de convocar a un paro cívico nacional para el miércoles 11 constituye una señal más de la crítica situación que se ha creado ante la tentativa del gobierno de facto de Felipe Calderón de destruir contra la ley y por la fuerza la empresa pública Luz y Fuerza del Centro a fin de proseguir la entrega del sector energético del país a las multinacionales, desconociendo de esta manera (una vez más) el orden constitucional de la República.
1. Un número muy importante de juristas ha alertado sobre la gravedad del contexto actual, marcado por la determinación del gobierno espurio de ignorar con su decreto del 11 de octubre las atribuciones del Congreso de la Unión para arrogarse facultades de las cuales carece, cancelando al mismo tiempo de un plumazo los derechos de 44 mil trabajadores y haciendo inexistente el derecho colectivo del trabajo –todo con el fin de atentar contra los derechos de la nación–, lo que lo sitúa abiertamente en la ilegalidad y como una fuerza política en connivencia con fuerzas del exterior. Muy pocos analistas han advertido, por el contrario, sobre la crítica situación política a la que se está llevando al país al situar tanto al PAN como al PRI en la más absoluta ilegalidad y carentes de toda autoridad política y moral con vistas a 2012.
2. El golpe de mano del régimen contra los trabajadores electricistas y los derechos de la nación está dejando sin viabilidad histórica no nada más a Acción Nacional, sino también a sus aliados del PRI, que no parecen haberse dado cuenta del ridículo que hicieron con la discusión del paquete fiscal para 2010 que evidenció una vez más su ausencia de una idea de nación, confirmándolos como lo que han sido en todos estos años: meros cómplices al servicio del poder panista de facto para ayudarlo a atentar contra la nación y la clase trabajadora y mostrando de paso su connivencia con consorcios del extranjero.
3. El gobierno calderonista ha apostado a todas luces para salir del atolladero histórico en el que se encuentra a la firmeza de los acuerdos de Acción Nacional con Carlos Salinas, lo que le supone seguir recibiendo el aval del PRI a sus actos anticonstititucionales, estimando que saldrá adelante del conflicto a la usanza priísta antigua: utilizando en campañas de desinformación a los medios, con la simulación de “diálogo” que lleva a cabo en Bucareli Fernando Gómez Mont con una dirigencia espuria del SME y forzando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ahondar una vez más la situación de ilegalidad en la que se halla el país, negándose a asumir su papel como un órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración pública.
4. El cambio en 2000 de un gobierno del PRI –apoyado por el PAN– a un gobierno del PAN –sostenido por el PRI– no llevó a México a ninguna “transición democrática”, como pretende la versión oficial, sino muy rápidamente a una ruptura del pacto fundamental en que se sustenta la vida colectiva y que se expresa en la Constitución.
5. Este quiebre del orden constitucional de la República culminó en 2006 con la imposición ilegal e ilegítima de Calderón en la silla presidencial –tras unas elecciones que no ganó y en las que sólo un macrofraude electoral le hizo aparecer como supuesto “triunfador” sobre Andrés Manuel López Obrador, quien había triunfado ampliamente, como se debatió ayer durante horas en la sesión de la Cámara de Diputados–, y ahora se hace más amplio en 2009 con el nuevo atentado de Calderón contra la Constitución al desconocer las atribuciones del Legislativo, vulnerar los derechos individuales y sociales de los trabajadores y desconocer la legislación laboral para hacer viable el proyecto de entregar el control energético del país a corporaciones extranjeras.
6. El país se halla, en consecuencia, no tan sólo en un contexto de ruptura del “pacto social” entre los trabajadores y el Estado, como denunció el SME el martes 3, sino del mismo pacto nacional como resultado de la situación de quiebre del orden previsto en la Constitución General al atentarse contra los derechos de la nación. Ya desde ahora, según se ha denunciado, trabajadores contratados por grupos privados están llevando a cabo las tareas que realizaba el SME, sin preocuparse el gobierno panista en lo más mínimo por la legalidad de sus actos.
7. La alianza PRI-PAN pretende así seguir gobernando y beneficiándose de manera patrimonial del poder al margen de las leyes de la República. Lo mismo panistas que priístas se saben en la más absoluta ilegalidad y, por lo mismo, buscan “legitimarse” con una política metalegal de concertacesiones y pactos. Mientras múltiples voces claman por una alianza de las fuerzas democráticas de México que conduzca a otras políticas para sacar al país del atraso en el que lo ha sumido el neoliberalismo, desde Los Pinos se promueve un gran “acuerdo nacional” en torno a las políticas depredadoras de Calderón –ya negociado, entre otros, con los chuchos del PRD–, empresa en la que pretende ignorar el repudio nacional que tiene. ¿Quién podría avalar ese “acuerdo” contra México que exigía el miércoles 4 el líder de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas?
8. El gobierno espurio, de espaldas al pueblo y en la más absoluta inconsciencia, solamente quiere seguir cumpliendo a los dirigentes de las trasnacionales que lo encumbraron, y que desde hace lustros reclaman una clase política estable y ya en connivencia con ellos. De ahí que Calderón fragüe ahora enviar al Congreso el viejo proyecto de contrarreforma constitucional a fin de establecer la relección inmediata e ilimitada, para lo que reunió en Los Pinos a los académicos afines al régimen (Federico Estévez, Denise Dresser, José Woldenberg, Soledad Loaeza, Jesús Silva Herzog-Márquez) en la mira de que convaliden este nuevo atentado a la nación, según informó Milenio Diario (5/11/09).
9. Cuando la Cámara de Diputados se aboque el martes 10 a la cuestión de la controversia constitucional, que a todas luces debería presentarse, el país se hallará, por consiguiente, en la más absoluta división, entre una oposición que defiende a un país de leyes, y la alianza de la “clase política” del PRI y el PAN que de manera tartufa insiste en un México de simulaciones que permita a las mafias que representan seguir prevaleciendo sobre la nación.
10. El respaldo nacional a la lucha del SME es, por consiguiente, una cuestión de supervivencia para el pueblo de México, y este proceso no tiene ya vuelta atrás
Luis Javier Garrido
La decisión del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de convocar a un paro cívico nacional para el miércoles 11 constituye una señal más de la crítica situación que se ha creado ante la tentativa del gobierno de facto de Felipe Calderón de destruir contra la ley y por la fuerza la empresa pública Luz y Fuerza del Centro a fin de proseguir la entrega del sector energético del país a las multinacionales, desconociendo de esta manera (una vez más) el orden constitucional de la República.
1. Un número muy importante de juristas ha alertado sobre la gravedad del contexto actual, marcado por la determinación del gobierno espurio de ignorar con su decreto del 11 de octubre las atribuciones del Congreso de la Unión para arrogarse facultades de las cuales carece, cancelando al mismo tiempo de un plumazo los derechos de 44 mil trabajadores y haciendo inexistente el derecho colectivo del trabajo –todo con el fin de atentar contra los derechos de la nación–, lo que lo sitúa abiertamente en la ilegalidad y como una fuerza política en connivencia con fuerzas del exterior. Muy pocos analistas han advertido, por el contrario, sobre la crítica situación política a la que se está llevando al país al situar tanto al PAN como al PRI en la más absoluta ilegalidad y carentes de toda autoridad política y moral con vistas a 2012.
2. El golpe de mano del régimen contra los trabajadores electricistas y los derechos de la nación está dejando sin viabilidad histórica no nada más a Acción Nacional, sino también a sus aliados del PRI, que no parecen haberse dado cuenta del ridículo que hicieron con la discusión del paquete fiscal para 2010 que evidenció una vez más su ausencia de una idea de nación, confirmándolos como lo que han sido en todos estos años: meros cómplices al servicio del poder panista de facto para ayudarlo a atentar contra la nación y la clase trabajadora y mostrando de paso su connivencia con consorcios del extranjero.
3. El gobierno calderonista ha apostado a todas luces para salir del atolladero histórico en el que se encuentra a la firmeza de los acuerdos de Acción Nacional con Carlos Salinas, lo que le supone seguir recibiendo el aval del PRI a sus actos anticonstititucionales, estimando que saldrá adelante del conflicto a la usanza priísta antigua: utilizando en campañas de desinformación a los medios, con la simulación de “diálogo” que lleva a cabo en Bucareli Fernando Gómez Mont con una dirigencia espuria del SME y forzando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ahondar una vez más la situación de ilegalidad en la que se halla el país, negándose a asumir su papel como un órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración pública.
4. El cambio en 2000 de un gobierno del PRI –apoyado por el PAN– a un gobierno del PAN –sostenido por el PRI– no llevó a México a ninguna “transición democrática”, como pretende la versión oficial, sino muy rápidamente a una ruptura del pacto fundamental en que se sustenta la vida colectiva y que se expresa en la Constitución.
5. Este quiebre del orden constitucional de la República culminó en 2006 con la imposición ilegal e ilegítima de Calderón en la silla presidencial –tras unas elecciones que no ganó y en las que sólo un macrofraude electoral le hizo aparecer como supuesto “triunfador” sobre Andrés Manuel López Obrador, quien había triunfado ampliamente, como se debatió ayer durante horas en la sesión de la Cámara de Diputados–, y ahora se hace más amplio en 2009 con el nuevo atentado de Calderón contra la Constitución al desconocer las atribuciones del Legislativo, vulnerar los derechos individuales y sociales de los trabajadores y desconocer la legislación laboral para hacer viable el proyecto de entregar el control energético del país a corporaciones extranjeras.
6. El país se halla, en consecuencia, no tan sólo en un contexto de ruptura del “pacto social” entre los trabajadores y el Estado, como denunció el SME el martes 3, sino del mismo pacto nacional como resultado de la situación de quiebre del orden previsto en la Constitución General al atentarse contra los derechos de la nación. Ya desde ahora, según se ha denunciado, trabajadores contratados por grupos privados están llevando a cabo las tareas que realizaba el SME, sin preocuparse el gobierno panista en lo más mínimo por la legalidad de sus actos.
7. La alianza PRI-PAN pretende así seguir gobernando y beneficiándose de manera patrimonial del poder al margen de las leyes de la República. Lo mismo panistas que priístas se saben en la más absoluta ilegalidad y, por lo mismo, buscan “legitimarse” con una política metalegal de concertacesiones y pactos. Mientras múltiples voces claman por una alianza de las fuerzas democráticas de México que conduzca a otras políticas para sacar al país del atraso en el que lo ha sumido el neoliberalismo, desde Los Pinos se promueve un gran “acuerdo nacional” en torno a las políticas depredadoras de Calderón –ya negociado, entre otros, con los chuchos del PRD–, empresa en la que pretende ignorar el repudio nacional que tiene. ¿Quién podría avalar ese “acuerdo” contra México que exigía el miércoles 4 el líder de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas?
8. El gobierno espurio, de espaldas al pueblo y en la más absoluta inconsciencia, solamente quiere seguir cumpliendo a los dirigentes de las trasnacionales que lo encumbraron, y que desde hace lustros reclaman una clase política estable y ya en connivencia con ellos. De ahí que Calderón fragüe ahora enviar al Congreso el viejo proyecto de contrarreforma constitucional a fin de establecer la relección inmediata e ilimitada, para lo que reunió en Los Pinos a los académicos afines al régimen (Federico Estévez, Denise Dresser, José Woldenberg, Soledad Loaeza, Jesús Silva Herzog-Márquez) en la mira de que convaliden este nuevo atentado a la nación, según informó Milenio Diario (5/11/09).
9. Cuando la Cámara de Diputados se aboque el martes 10 a la cuestión de la controversia constitucional, que a todas luces debería presentarse, el país se hallará, por consiguiente, en la más absoluta división, entre una oposición que defiende a un país de leyes, y la alianza de la “clase política” del PRI y el PAN que de manera tartufa insiste en un México de simulaciones que permita a las mafias que representan seguir prevaleciendo sobre la nación.
10. El respaldo nacional a la lucha del SME es, por consiguiente, una cuestión de supervivencia para el pueblo de México, y este proceso no tiene ya vuelta atrás
martes, octubre 27, 2009
"El quid del decretazo" Simplemente Políticos Bandidos
La Jornada
México SA
Celeridad del gobierno para ofrecer la fibra óptica
El quid del decretazo
Carlos Fernández-Vega
Más rápido que Javier Lozano Alarcón huyendo de la Cámara de Diputados, y como una casualidad más de la democracia de, para y por los empresarios” (Fox dixit, con rúbrica de Calderón), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció, tan sólo dos semanas después del decretazo, que “licitará” la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, “en un intento por incrementar el acceso de los mexicanos a las telecomunicaciones”, y de pasadita hará lo propio con la joya de la corona: los mil 100 kilómetros de dicha red que pertenecían a la otrora paraestatal Luz y Fuerza del Centro, ahora “administrada” por la propia CFE, que significa el negocio dentro del negocio.
Si el gobierno federal fuera tan rápido en resolver los problemas nacionales como lo es en los empresariales de alto nivel, otro sería el cantar en este país, pero no se le puede exigir tanto: primero los compromisos reales y después, si hay tiempo, lo demás. Ayer la subsecretaria de Telecomunicaciones de la SCT, Gabriela Hernández Cardoso (egresada de la Escuela Libre de Derecho, “con experiencia en el sector privado como abogada en diferentes empresas de telecomunicaciones”, según versa el currículum oficial), ofreció los detalles: “licitación” a partir de la segunda semana de noviembre, asignación de contratos en enero de 2010 y concesiones por 20 años (triple play: Internet, televisión por cable y telefonía).
Se le quemaban las habas al inquilino de Los Pinos. La red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad tiene 26 mil kilómetros de longitud, y mil 100 kilómetros la de Luz y Fuerza del Centro (difunta tras el decretazo nocturno del pasado 11 de octubre). Lo anterior se traduce en lo siguiente: en promedio, la primera tiene 2 mil 961 clientes potenciales por kilómetro; la segunda de 27 mil 273 clientes por kilómetro (10 veces más, en una de las zonas del país con mayor poder adquisitivo y desarrollo tecnológico). ¿Se entiende ahora el quid del decretazo?
Ninguna de las oscuras mentes brillantes del calderonato ha explicado por qué se impide que la CFE y, en su momento, Luz y fuerza del Centro comercialicen directamente los más de 27 mil kilómetros de fibra óptica (por “licitar”), y dejan que lo hagan consorcios privados. Las empresas del Estado, por ejemplo, ofrecerían servicio de Internet y telefonía como alternativa –sin duda más barata– al consorcio del perrito (Telmex) y al del joven Azcárraga (Cablevisión, por cierto con un servicio a clientes verdaderamente desastroso). No vaya a ser la de malas que en un futuro no lejano sea necesario “rescatar” a quienes ganen las referidas “licitaciones”.
En vía de mientras, Televisa ya está anotada para la fiesta privada con la fibra óptica pública (y cuando la fábrica de sueños se anota no quiere decir otra cosa que ya es ganadora), en este fabuloso negocio a costillas (¿qué raro?) de los contribuyentes. También la empresa hispano-panista WL Comunicaciones, con sus dos ex secretarios de Energía (Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond) en eso del manejo y usufructo de las relaciones públicas. ¿Quién más?, porque no hay mucho de dónde agarrarse: las citadas, más Telefónica (también española), Nextel (estadunidense) y Iusacell (que forma parte de los abonos chiquitos), es decir, Slim, Azcárraga, Salinas Pliego, los españoles y los gringos.
A partir del decretazo, de Los Pinos ha salido cualquier cantidad de “información” –repetida por los medios electrónicos como autómatas, pero con unas facturotas– sobre las “razones” para extinguir LFC, pero ni una sola palabra sobre el jugoso negocio de la fibra óptica propiedad de la nación, ya en manos particulares, lo que será oficializado mediante “licitaciones” y “asignaciones” a “ganadores” que desde ahora lo saben. No importa que para ello entre las patas se llevará una empresa del Estado y 45 mil empleos, que para eso está la democracia “de, para y por los empresarios”.
¿Qué alcance tiene el negocio a “licitar”? Bien, el Comité Nacional de Estudios de la Energía nos ayuda entender de qué se trata: “la fibra óptica tiene un amplio campo de aplicaciones además de la telefonía; automatización industrial, computación, sistemas de televisión por cable y transmisión de información de imágenes astronómicas de alta resolución, entre otras. En México existe una red troncal de comunicación por fibra óptica que enlaza las ciudades más importantes del país a través de un tendido de miles de kilómetros de fibra. Además se encuentra en operación la línea de cable submarino de fibra óptica Columbus II, que comunica a Estados Unidos, México y Centroamérica con Europa y el resto del mundo. La ruta trazada en 1492 por las carabelas del almirante, es hoy la red de telecomunicaciones más importante en América y Europa. La capacidad de transmisión de datos entre ambos continentes por esta red se ha incrementado en más de 500 por ciento, lo que equivale a miles de canales de televisión; 350 mil llamadas telefónicas simultáneas o la transmisión de 200 millones de caracteres en sólo tres segundos. Gracias a este cable submarino se puede intercambiar información en segundos por fax, red digital integrada, audio, texto, servicio digital, videoconferencias, televisión, datos por computadora y telefonía de larga distancia”.
Ya el SME denunció que la empresa Martens-Canales Clariond-WL Comunicaciones “obtuvo descuentos anticipados de las tarifas de uso de la red”, y que “en un principio la empresa –representada por el despacho de Diego Fernández de Cevallos– iba a pagar un promedio de 170 pesos por poste de conexión, pero sorpresivamente logró un convenio adicional para obtener un descuento tarifario y ahora sólo pagará 50 pesos este servicio” durante 20, tal vez 30 años (renovables, desde luego). Ya gobierno y diputados regalaron a Televisa mil 900 millones de pesos en derechos no cobrados. Ya el 40 por ciento de la generación eléctrica en el país es privada, ya las trasnacionales tienen los colmillos clavados en la industria petrolera. Entonces, ¿qué sigue?, porque ni siquiera esta política depredadora contribuye a crecer 6 por ciento o más, ni empleo suficiente y bien remunerado, ni mejorar el bienestar de los mexicanos, y muchos menos llenar las arcas públicas con los impuestos que (se supone) pagan los bucaneros. ¿A dónde, pues?
Las rebanadas del pastel
Y estaba el inquilino de Los Pinos en la bella Guatemala ofrece que te ofrece “electricidad barata” de la CFE para los chapines, cuando alguien le dijo al oído: “no hables de más, Felipe, que será la trasnacional Iberdrola la intermediaria”… Alabada sea la ley, que de quien la viole será el reino de los cielos: a punto está de transmitir Radio Guadalupana, la emisora oficial de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
