"El quid del decretazo" Simplemente Políticos Bandidos

La Jornada

México SA

Celeridad del gobierno para ofrecer la fibra óptica

El quid del decretazo

Carlos Fernández-Vega


Más rápido que Javier Lozano Alarcón huyendo de la Cámara de Diputados, y como una casualidad más de la democracia de, para y por los empresarios” (Fox dixit, con rúbrica de Calderón), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció, tan sólo dos semanas después del decretazo, que “licitará” la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, “en un intento por incrementar el acceso de los mexicanos a las telecomunicaciones”, y de pasadita hará lo propio con la joya de la corona: los mil 100 kilómetros de dicha red que pertenecían a la otrora paraestatal Luz y Fuerza del Centro, ahora “administrada” por la propia CFE, que significa el negocio dentro del negocio.

Si el gobierno federal fuera tan rápido en resolver los problemas nacionales como lo es en los empresariales de alto nivel, otro sería el cantar en este país, pero no se le puede exigir tanto: primero los compromisos reales y después, si hay tiempo, lo demás. Ayer la subsecretaria de Telecomunicaciones de la SCT, Gabriela Hernández Cardoso (egresada de la Escuela Libre de Derecho, “con experiencia en el sector privado como abogada en diferentes empresas de telecomunicaciones”, según versa el currículum oficial), ofreció los detalles: “licitación” a partir de la segunda semana de noviembre, asignación de contratos en enero de 2010 y concesiones por 20 años (triple play: Internet, televisión por cable y telefonía).

Se le quemaban las habas al inquilino de Los Pinos. La red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad tiene 26 mil kilómetros de longitud, y mil 100 kilómetros la de Luz y Fuerza del Centro (difunta tras el decretazo nocturno del pasado 11 de octubre). Lo anterior se traduce en lo siguiente: en promedio, la primera tiene 2 mil 961 clientes potenciales por kilómetro; la segunda de 27 mil 273 clientes por kilómetro (10 veces más, en una de las zonas del país con mayor poder adquisitivo y desarrollo tecnológico). ¿Se entiende ahora el quid del decretazo?

Ninguna de las oscuras mentes brillantes del calderonato ha explicado por qué se impide que la CFE y, en su momento, Luz y fuerza del Centro comercialicen directamente los más de 27 mil kilómetros de fibra óptica (por “licitar”), y dejan que lo hagan consorcios privados. Las empresas del Estado, por ejemplo, ofrecerían servicio de Internet y telefonía como alternativa –sin duda más barata– al consorcio del perrito (Telmex) y al del joven Azcárraga (Cablevisión, por cierto con un servicio a clientes verdaderamente desastroso). No vaya a ser la de malas que en un futuro no lejano sea necesario “rescatar” a quienes ganen las referidas “licitaciones”.

En vía de mientras, Televisa ya está anotada para la fiesta privada con la fibra óptica pública (y cuando la fábrica de sueños se anota no quiere decir otra cosa que ya es ganadora), en este fabuloso negocio a costillas (¿qué raro?) de los contribuyentes. También la empresa hispano-panista WL Comunicaciones, con sus dos ex secretarios de Energía (Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond) en eso del manejo y usufructo de las relaciones públicas. ¿Quién más?, porque no hay mucho de dónde agarrarse: las citadas, más Telefónica (también española), Nextel (estadunidense) y Iusacell (que forma parte de los abonos chiquitos), es decir, Slim, Azcárraga, Salinas Pliego, los españoles y los gringos.

A partir del decretazo, de Los Pinos ha salido cualquier cantidad de “información” –repetida por los medios electrónicos como autómatas, pero con unas facturotas– sobre las “razones” para extinguir LFC, pero ni una sola palabra sobre el jugoso negocio de la fibra óptica propiedad de la nación, ya en manos particulares, lo que será oficializado mediante “licitaciones” y “asignaciones” a “ganadores” que desde ahora lo saben. No importa que para ello entre las patas se llevará una empresa del Estado y 45 mil empleos, que para eso está la democracia “de, para y por los empresarios”.
¿Qué alcance tiene el negocio a “licitar”? Bien, el Comité Nacional de Estudios de la Energía nos ayuda entender de qué se trata: “la fibra óptica tiene un amplio campo de aplicaciones además de la telefonía; automatización industrial, computación, sistemas de televisión por cable y transmisión de información de imágenes astronómicas de alta resolución, entre otras. En México existe una red troncal de comunicación por fibra óptica que enlaza las ciudades más importantes del país a través de un tendido de miles de kilómetros de fibra. Además se encuentra en operación la línea de cable submarino de fibra óptica Columbus II, que comunica a Estados Unidos, México y Centroamérica con Europa y el resto del mundo. La ruta trazada en 1492 por las carabelas del almirante, es hoy la red de telecomunicaciones más importante en América y Europa. La capacidad de transmisión de datos entre ambos continentes por esta red se ha incrementado en más de 500 por ciento, lo que equivale a miles de canales de televisión; 350 mil llamadas telefónicas simultáneas o la transmisión de 200 millones de caracteres en sólo tres segundos. Gracias a este cable submarino se puede intercambiar información en segundos por fax, red digital integrada, audio, texto, servicio digital, videoconferencias, televisión, datos por computadora y telefonía de larga distancia”.

Ya el SME denunció que la empresa Martens-Canales Clariond-WL Comunicaciones “obtuvo descuentos anticipados de las tarifas de uso de la red”, y que “en un principio la empresa –representada por el despacho de Diego Fernández de Cevallos– iba a pagar un promedio de 170 pesos por poste de conexión, pero sorpresivamente logró un convenio adicional para obtener un descuento tarifario y ahora sólo pagará 50 pesos este servicio” durante 20, tal vez 30 años (renovables, desde luego). Ya gobierno y diputados regalaron a Televisa mil 900 millones de pesos en derechos no cobrados. Ya el 40 por ciento de la generación eléctrica en el país es privada, ya las trasnacionales tienen los colmillos clavados en la industria petrolera. Entonces, ¿qué sigue?, porque ni siquiera esta política depredadora contribuye a crecer 6 por ciento o más, ni empleo suficiente y bien remunerado, ni mejorar el bienestar de los mexicanos, y muchos menos llenar las arcas públicas con los impuestos que (se supone) pagan los bucaneros. ¿A dónde, pues?

Las rebanadas del pastel

Y estaba el inquilino de Los Pinos en la bella Guatemala ofrece que te ofrece “electricidad barata” de la CFE para los chapines, cuando alguien le dijo al oído: “no hables de más, Felipe, que será la trasnacional Iberdrola la intermediaria”… Alabada sea la ley, que de quien la viole será el reino de los cielos: a punto está de transmitir Radio Guadalupana, la emisora oficial de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx

El Sindicato Mexicano de Electricistas.En pie de lucha

La Jornada


Decenas de organizaciones analizarán si van a una huelga general con los electricistas
Hay que revertir el despotismo oficial con un frente nacional: SME

Miembros del sindicato de LFC apremian a sus dirigentes a preparar acciones más contundentes

Fabiola Martínez



El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) convocó a integrar un frente nacional de lucha con el propósito de revertir las decisiones de un gobierno al que calificó de despótico, autoritario y represivo.

El gobierno sacó a nuestros compañeros con la fuerza pública y de un día para otro dejó sin empleo a 44 mil trabajadores, pero cada uno de sus actos los va a pagar con el movimiento nacional pacífico, advirtió Martín Esparza, líder del SME.

En apoyo a la convocatoria de los electricistas, de pasar de las acciones aisladas a las colectivas, decenas de organizaciones políticas, campesinas, universitarias y de la sociedad civil participaron ayer en la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular.

Tras cuatro horas de discursos y análisis, acordaron consultar con sus bases la posibilidad de sumarse a una huelga o paro nacional, en repudio al decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y contra el aumento de impuestos.

No obstante, los electricistas que presenciaron la asamblea exigieron a sus líderes y a las organizaciones solidarias que las acciones fueran inmediatas. Primero con expresiones aisladas y luego al unísono, clamaron por la huelga nacional y por impulsar otras acciones más contundentes.

Tres semanas sin salario.
Han pasado 14 días desde que fuerzas federales ocuparon LFC, 13 días del decreto presidencial que puso fin a su fuente de empleo y casi tres semanas sin cobrar salario.

Pese al reclamo de la base del SME, las organizaciones acordaron reunirse el 5 de noviembre para informar de sus resolutivos y evaluar el arranque del plan de acción definido este sábado.

La nueva etapa de lucha incluye una jornada de resistencia civil el viernes próximo, cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolverá sobre el fin de las contrataciones individuales y colectivas de los trabajadores de LFC. El comité central del SME citó a los afiliados a la audiencia. También emprenderán una campaña de información para contrarrestar la difamación de que son objeto los electricistas, principalmente en radio y televisión.

Aunque en un principio el SME llamó a sumarse a un paro el 30 de octubre, los dirigentes encabezados por Esparza optaron por esperar con la finalidad de llevar el movimiento a escala nacional. Se habló de formar comités de resistencia y de información en todo el país, con el apoyo de otras agrupaciones, como el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, cuyos enlaces ofrecieron las casas y comités integrados para difundir como prioridad la lucha del SME.

Durante la asamblea, los electricistas insistieron en llevar el plan de acción a otro terreno. Unos exigieron la huelga, mientras otros propusieron –con gritos desde su asiento o en corto frente a su líder– la toma de carreteras o apersonarse en las instalaciones de LFC, enfrentar a las fuerzas federales y recuperar su fuente de empleo.

Esparza les pidió no dejarse enganchar en actos de provocación del gobierno, porque la lucha del SME es pacífica. “No podemos enfrentar al Ejército ni a la policía porque también son pueblo […] ¡Podemos salir adelante si mantenemos este movimiento nacional!”, dijo.

Los instó a no cobrar su liquidación, en tanto avanzan las alternativas de defensa jurídica para contrarrestar el decreto del 11 de octubre: amparos y una controversia constitucional que deberá presentar un grupo de diputados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El gobierno, por conducto de la instancia liquidadora de LFC, afirma que casi 12 mil trabajadores han cobrado su finiquito. En entrevista, Esparza afirmó que el sindicato no posee información al respecto, pero sí tiene datos de que el bono que se ofrece a los trabajadores como pago adicional (para quienes acepten su finiquito antes del 14 de noviembre) constituye peculado, porque se están tomando sin autorización recursos del gasto corriente de LFC.


El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) convocó a integrar un frente nacional de lucha con el propósito de revertir las decisiones de un gobierno al que calificó de despótico, autoritario y represivo.

El gobierno sacó a nuestros compañeros con la fuerza pública y de un día para otro dejó sin empleo a 44 mil trabajadores, pero cada uno de sus actos los va a pagar con el movimiento nacional pacífico, advirtió Martín Esparza, líder del SME.
En apoyo a la convocatoria de los electricistas, de pasar de las acciones aisladas a las colectivas, decenas de organizaciones políticas, campesinas, universitarias y de la sociedad civil participaron ayer en la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular.
Tras cuatro horas de discursos y análisis, acordaron consultar con sus bases la posibilidad de sumarse a una huelga o paro nacional, en repudio al decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y contra el aumento de impuestos.
No obstante, los electricistas que presenciaron la asamblea exigieron a sus líderes y a las organizaciones solidarias que las acciones fueran inmediatas. Primero con expresiones aisladas y luego al unísono, clamaron por la huelga nacional y por impulsar otras acciones más contundentes.
Tres semanas sin salario
Han pasado 14 días desde que fuerzas federales ocuparon LFC, 13 días del decreto presidencial que puso fin a su fuente de empleo y casi tres semanas sin cobrar salario.
Pese al reclamo de la base del SME, las organizaciones acordaron reunirse el 5 de noviembre para informar de sus resolutivos y evaluar el arranque del plan de acción definido este sábado.
La nueva etapa de lucha incluye una jornada de resistencia civil el viernes próximo, cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolverá sobre el fin de las contrataciones individuales y colectivas de los trabajadores de LFC. El comité central del SME citó a los afiliados a la audiencia. También emprenderán una campaña de información para contrarrestar la difamación de que son objeto los electricistas, principalmente en radio y televisión.
Aunque en un principio el SME llamó a sumarse a un paro el 30 de octubre, los dirigentes encabezados por Esparza optaron por esperar con la finalidad de llevar el movimiento a escala nacional. Se habló de formar comités de resistencia y de información en todo el país, con el apoyo de otras agrupaciones, como el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, cuyos enlaces ofrecieron las casas y comités integrados para difundir como prioridad la lucha del SME.
Durante la asamblea, los electricistas insistieron en llevar el plan de acción a otro terreno. Unos exigieron la huelga, mientras otros propusieron –con gritos desde su asiento o en corto frente a su líder– la toma de carreteras o apersonarse en las instalaciones de LFC, enfrentar a las fuerzas federales y recuperar su fuente de empleo.
Esparza les pidió no dejarse enganchar en actos de provocación del gobierno, porque la lucha del SME es pacífica. “No podemos enfrentar al Ejército ni a la policía porque también son pueblo […] ¡Podemos salir adelante si mantenemos este movimiento nacional!”, dijo.
Los instó a no cobrar su liquidación, en tanto avanzan las alternativas de defensa jurídica para contrarrestar el decreto del 11 de octubre: amparos y una controversia constitucional que deberá presentar un grupo de diputados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El gobierno, por conducto de la instancia liquidadora de LFC, afirma que casi 12 mil trabajadores han cobrado su finiquito. En entrevista, Esparza afirmó que el sindicato no posee información al respecto, pero sí tiene datos de que el bono que se ofrece a los trabajadores como pago adicional (para quienes acepten su finiquito antes del 14 de noviembre) constituye peculado, porque se están tomando sin autorización recursos del gasto corriente de LFC.
Desde las 10 horas se llenó el auditorio del SME, en Insurgentes Centro 98. Como en otras reuniones, desde la toma de LFC, miles siguieron el curso de la asamblea afuera mediante megáfonos instalados en la calle de Antonio Caso.
En una ronda de casi 20 oradores y los saludos que enviaron decenas de organizaciones nacionales y extranjeras, el SME recibió apoyo de numerosos sindicatos, que son los que pueden emplazar a huelga por solidaridad. El resto de las organizaciones o personas manifestaron su apoyo por otras vías.
Entre las organizaciones que acudieron a la asamblea estuvieron telefonistas, tranviarios, trabajadores de la UNAM y de otras universidades públicas; el magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Colegio de Bachilleres (en huelga), así como secciones o grupos disidentes de sus propios sindicatos.
También asistió una representación de Cruz López, líder de la priísta Confederación Nacional Campesina. En entrevista aparte, el dirigente cenecista Gerardo Sánchez manifestó que esta central está en disposición de participar en un paro nacional para exigir respeto a los derechos laborales y la autonomía sindical.
La Central Campesina Cardenista, igual que otros grupos, no dudó en buscar la forma de apoyar a los electricistas, porque el golpe que se ha dado al SME es un golpe para todo el movimiento obrero democrático.
Del ámbito social y legislativo acudieron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (Atenco); diputados del PT, como Gerardo Fernández Noroña, quien instó a no pagar la luz.
También asistieron del PRD, como Agustín Guerrero y Víctor Castro, entre muchos que advirtieron que no hay tiempo para las medias tintas o para simular la solidaridad. Además, invitados de organizaciones variopintas, lo mismo defensores de los derechos humanos que organizaciones populares del campo y de la ciudad.
Ayuda ante la dificultad
En su discurso, Esparza pidió solidaridad en los hechos, en referencia a la necesidad de recibir víveres y apoyos económicos que permitan al SME resistir, toda vez que sus cuentas bancarias están congeladas.
El único que respondió de inmediato a la solidaridad en los hechos fue el dirigente del sindicato de Euzkadi, Jesús Torres Nuño, quien durante tres años encabezó una huelga por la reapertura de la fuente de empleo, ahora convertida en cooperativa, y anunció que están dispuestos a parar su fábrica de llantas en solidaridad con el SME, que a su vez los apoyó durante su lucha. Enseguida entregó a Esparza un cheque por 15 mil pesos y se comprometió a enviar una cantidad similar cada semana. El dirigente de Euzkadi buscó que otros gremios lanzaran compromisos similares: aquí están los compañeros telefonistas, expresó.
En el plan de acción se dejó para otro momento la definición de la fecha de la huelga nacional. Esparza y los secretarios del interior y del exterior del SME, Humberto Montes de Oca y Fernando Amezcua, debieron calmar los ánimos y explicar a sus compañeros: para que la huelga funcione, tiene que organizarse, los sindicatos deben consultar a sus bases y cuidar todos los aspectos jurídicos.
Tras la asamblea, muchos manifestaron su desacuerdo por demorar una decisión que consideran fundamental para fortalecer el movimiento de resistencia, aunque también comentaron las palabras de la indígena Julieta Bautista quien, mucho más amolada que nosotros (en silla de ruedas y con una enfermedad terminal), les suplicó que luchen y den la batalla pero sobre todo que se unan porque el SME no se puede perder.
Con información de Gabriel León

Delincuencia Organizada."Atentado Contra el Orden Constitucional"

El quiebre
Luis Javier Garrido


El asalto del gobierno panista de facto a Luz y Fuerza del Centro para decretar su desaparición buscando profundizar la imposición del modelo neoliberal en México y seguir enriqueciéndose sus miembros a costa de la nación, quebrando el orden jurídico de la República, que la ultraderecha mexicana festeja como una victoria política, puede ser el punto de partida para un proceso político y social que haga cambiar el rumbo de la historia.

1. La marcha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) del pasado jueves 15 de octubre ha constituido la manifestación obrera más importante en la historia de México y está incidiendo de manera decisiva en el quiebre de la dinámica actual. En el proceso histórico de nuestro país jamás una movilización de tantos cientos de miles se había reunido para respaldar a una organización de trabajadores, como ha sido en este caso ante una agresión sin precedentes del poder público, que es también a todos los mexicanos y a la nación, y sobre todo nunca antes se habían visto reunidas en las calles de la capital todas las fuerzas democráticas y de izquierda, ni a estudiantes y obreros marchar codo a codo, ni con un reclamo tan contundente: respeto a los derechos de los trabajadores y de la nación.

2. La decisión de corte fascista del ilegítimo gobierno panista ha configurado, como han entendido amplísimos sectores de mexicanos, no nada más un atentado contra la Constitución y las instituciones del país, del que no hay precedentes en nuestra historia, pues vulnera de manera abierta los derechos individuales y colectivos de los miembros del SME, de la clase trabajadora en su conjunto (a la que se lanza una amenaza que ya no es encubierta) y de todos los mexicanos cuyos derechos fundamentales se hallan amenazados por el poder de facto, sino que es una advertencia de que se busca destruir con acciones policiaco-militares el orden constitucional de la República para suplirlo con un orden neoliberal supranacional.

3. El despacho de Fernández de Cevallos y Asociados, que controla con amanuenses suyos Gobernación, la PGR y la oficina del abogado de la Presidencia creyó que con el documento chicanero que le firmaron Calderón y sus colaboradores podría desaparecer de manera fácil una empresa pública, poner en la calle a 43 mil trabajadores y culminar un despojo a la nación entregando la industria eléctrica de México a las corporaciones trasnacionales a las que muchos panistas se hallan asociados, pero se ha encontrado con una resistencia tanto en el plano jurídico como en el plano social que está haciendo temblar al gobierno calderonista que no parece tener más respuesta que la propaganda mentirosa en los medios y la amenaza de recurrir a la fuerza policiaca-militar.

4. La crítica situación actual tiene dos planos: legal y político. En lo jurídico la opinión de los más prestigiados jurisconsultos, colegios de abogados y tribunales laborales coincide: jamás se había cometido en México un atentado de estas dimensiones a la Constitución. Calderón ejerció con su decreto facultades que no tiene, transgredió las atribuciones del Congreso, atentó contra las garantías sociales e individuales de los trabajadores, pisoteó el derecho colectivo del trabajo, dañó intereses fundamentales de la nación. Y todo en función de fortalecer el entramado de corrupción en materia energética del que él y sus amigos forman parte.

5. En lo político, el PRI se halla ante uno de los dilemas más trascendentes de su historia reciente, pues no tiene más alternativa que a) defender la legalidad constitucional del país y con ella (a pesar de muchos de sus líderes) al SME y al sindicalismo mexicano (que alguna vez sustentó su poder), o b) aceptar que el país siga hundiéndose en la ilegalidad al refrendar a los panistas la patente de corso para seguir atentando contra la clase trabajadora, destruyendo a sus sindicatos y cancelando las garantías laborales en aras del proyecto neoliberal (y de los negocios en que se hallan coludidos) y entregando la nación por completo al capital trasnacional, sin darse cuenta de que están cancelando todas sus posibilidades para 2012, ya muy mermadas tras apoyar el paquete fiscal de 2010.
6. El destino del PRI como partido está en la decisión que tomen sus dirigentes en este conflicto –que configura desde ahora un quiebre en la historia constitucional de México–, pues con su actual actitud de utilizar un burdo doble lenguaje envían al pueblo el mensaje de que siguen siendo unos traidores al complotar contra la nación, a la vez que estarán recordando a los poderes empresariales que al no tener otro proyecto que el mismo de los panistas, al que se han subsumido, no constituyen alternativa. Al haber huido Salinas del país desde finales de septiembre para esconderse en Europa ante la andanada que sabía se avecinaba, la decisión recae en los que han sido sus títeres –Beatriz Paredes, Francisco Rojas y Manlio Fabio Beltrones–, que no tienen más que zafarse de los acuerdos forjados por aquél con Diego y Calderón y avalar que la Suprema Corte resuelva la controversia constitucional e inicie un procedimiento para destituir y enjuiciar como delincuente a Felipe Calderón por haber atentado contra la nación y por ejercicio indebido de la función pública.

7. El reclamo de que se le inicie un juicio político a Felipe Calderón y se le destituya, procese y encarcele por su ataque frontal contra la Constitución, que configura el delito de traición a la patria, en términos del 108 constitucional, y de que esta acusación se haga extensiva a sus principales cómplices, signatarios todos ellos del decreto –Fernando Gómez Mont Urueta, Agustín Carstens Carstens, Ernesto Cordero Arroyo, Juan Molinar Horcasitas, Juan Elvira, Georgina Yamilet Kessel, Gerardo Ruiz Mateos, Francisco Mayorga, Salvador Vega y Javier Lozano–, muchos de ellos inodados en oscuros negocios con multinacionales, no puede desconocer que han cometido también múltiples ilícitos al buscar entregar a corporaciones españolas y estadunidenses a las que se hallan asociados, el área estratégica de la electricidad: de ahí los billetes que le arrojaron al rostro a Lozano en la Cámara de Diputados.

8. La responsabilidad mayor va a recaer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al ser conforme a sus funciones el órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración, al planteársele la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, no podrá escabullirse de su responsabilidad, en particular por tratarse del más grave atentado contra la Constitución del que se tenga memoria, y porque jurídicamente no tiene más posibilidad que echar abajo, contundentemente y sin ambages, el decreto de Calderón.

9. De fallar la Corte de manera aberrante, con una decisión tardía o enredada que no conduzca a nada, estará decretando que no hay un estado de derecho en México, que las garantías individuales y sociales no existen, que no hay justicia laboral, que el Ejecutivo (aun sea de facto) está por encima de la Constitución y que no hay una División de Poderes, que el Legislativo ya no legisla y que nuestras leyes ya no son ni un referente: estará liquidando la vigencia de la Constitución.

10. Y estará enviando al pueblo mexicano, ya sin la posibilidad de hacer valer las armas del derecho, a la lucha social, como hace 100, como hace 200 años.

"La nación y el estado de derecho agredidos"

La nación y el estado de derecho agredidos
Arnaldo Córdova

Cuando el año pasado se discutieron las reformas que en materia de petróleo quiso imponer el gobierno panista, muchos indicaron que el asunto de la energía debía discutirse en su conjunto, pues, como puede verse ahora, en todas sus ramas (petróleo, gas, electricidad) había intentos claros y confesos de subvertir el orden constitucional en la materia. Ya se estaba haciendo con el gas y con la electricidad. Una riqueza nacional que la Carta Magna ordena que sea explotada, desarrollada y puesta al servicio de las necesidades generales, se estaba convirtiendo por obra del gobierno derechista en objeto del más desvergonzado y cínico saqueo por privados, autorizados y hasta asesorados por los mismos gobernantes.

El golpe del gobierno de Calderón a Luz y Fuerza del Centro y al Sindicato Mexicano de Electricistas viene a poner al descubierto toda la podredumbre y toda la corrupción que envuelven sus acciones en contra de la industria nacional y sus mismas empresas, que el Estado debería promover y proteger para que lleven a cabo los objetivos que les asigna la Constitución.

En ese acto del gobierno panista se dan violaciones múltiples a la Carta Magna y a sus leyes y sólo se alegan razones de orden económico y administrativo que son ajenas a la legalidad en todos sus pasos.

Ya en lo que respecta a la conducción de la economía y de la administración pública, el decreto de Calderón, que es un adefesio jurídico desde cualquier punto que se le vea, viola los artículos 27 (ya venía siendo reiteradamente violado desde la época de Salinas), 73, 89 y 90 constitucionales. El golpe contra el sindicato ofrece también violaciones, en primer lugar, a los artículos 123 (protector de las relaciones de trabajo), 14 y 16 de la Carta Magna. Aparte de ello, varias leyes han sido, asimismo, violadas flagrantemente, entre ellas la del Servicio Público de Energía y la Federal del Trabajo.

Iré por partes, porque en una sola entrega sería imposible tratarlo todo. Veamos ahora los artículos constitucionales violados, por lo menos en parte.

Calderón funda su decreto, de hecho, en una sola disposición, la que se contiene en el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que dicta que cuando un organismo descentralizado deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento sea inconveniente, la Secretaría de Hacienda propondrá al Ejecutivo la disolución, liquidación o extinción del mismo.

Según su interpretación, él puede organizar y desorganizar cuantos organismos le vengan en gana. Así comienza diciéndolo en su decreto y está equivocado, porque esos organismos se crean por ley del Congreso y él sólo debe ver por su buen funcionamiento.

En el artículo anterior, el 15, se habla de leyes o decretos del Legislativo y del Ejecutivo. El segundo sólo puede expedir reglamentos, no leyes. Y en el artículo 90 constitucional se señala con toda claridad que la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, el cual distribuirá los negocios del orden administrativo que estarán a cargo de las secretarías de Estado y definirá las bases para la creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo en su operación (y en su extinción). La fracción primera del 89, que determina las facultades del Ejecutivo, establece la de “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa (¡ojo!) a su exacta observancia”.

Hay que tener presente, además, lo que dicta la fracción X del artículo 73 que establece las facultades del Congreso: “Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123”. El presidente, y él debería saberlo, con los organismos descentralizados y, en particular, con los que se denominan paraestatales, no puede hacer lo que se le antoje sin antes iniciar una ley ante el Congreso que se lo permita. Le pareció que no valía la pena y pisoteó la Constitución y sus leyes.

En su decreto, cita varios artículos constitucionales y legales que viola flagrantemente. En cualquier caso resultaría paradójico, pero no en el suyo.

Por supuesto, menciona el artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (reformado en diciembre de 1989), en el cual se estipula que las compañías concesionadas antes a privados entrarán en disolución y liquidación y el Ejecutivo federal dispondrá la constitución de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios para prestar el servicio. Ese organismo era, desde el periodo de Salinas, Luz y Fuerza del Centro. Claro que fue creado por decreto presidencial, pero con apoyo en una ley. No es verdad que de esa manera, por decreto, un presidente pueda crear o desaparecer organismos.

Para hacerlo, en cualquier caso y visto lo dispuesto por los artículos constitucionales que hemos citado, Calderón debió haber solicitado del Congreso la reforma de ese artículo o de cualquier otro de la mencionada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que le permitiera disolver, liquidar o extinguir Luz y Fuerza del Centro. No sé de dónde sacó el senador Beltrones que el decreto está apegado a derecho. O no sabe derecho (cosa que es cierta, de cualquier forma) o nos está ocultando alguna trama inconfesable (algo a lo que también nos tiene muy acostumbrados).

Que los presidentes panistas hayan gobernado este país violando la Constitución y sus leyes no debería extrañarnos. Y menos aún la alcahuetería desvergonzada de los priístas. Estos no le perdonarán al SME haber sido el único sindicato independiente y de verdad combativo que sobrevivió, desde su fundación en 1914, al autoritarismo priísta. Al senador Labastida, que siendo secretario de Energía nunca supo qué hacer con LFC, le parece que la paraestatal era un lastre que debió haber sido liquidada desde mucho antes y, entre los priístas, es el que lleva la voz cantante y está en todo con los panistas. Ahora veremos con qué batea de babas nos salen esos priístas en sus componendas con el PAN.

Todos dan por decidido el asunto. Se equivocan por partida doble: la ciudadanía todavía tiene voz que hacer oír como el pasado jueves por la tarde y, además, hay violaciones a nuestro orden constitucional y jurídico tan burdas y desvergonzadas que no se pueden dejar pasar si queremos vivir en un estado de derecho.

"Asalto al Sindicato Mexicano de Electricistas". "Decreto arbitrario e ilegal"

El SME y la blitzkrieg
Luis Hernández Navarro


Acosado por el descontento popular en su contra y la sombra de su ilegitimidad de origen, Felipe Calderón comenzó su sexenio con una blitzkrieg y pretende refundarlo con otra. De la ceremonia de toma de posesión al asalto contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la militarización de la política y la guerra relámpago se han convertido en los sellos de su política.

La blitzkrieg, o “guerra tan rápida como un relámpago”, es una doctrina militar de ataque que combina los bombardeos iniciales con el uso de fuerzas móviles desplazadas a gran velocidad y sorpresa para impedir la defensa coherente del enemigo (Wikipedia.org). Se trata de una guerra de penetración rápida y anulación.

Una variante se efectuó el primero de diciembre de 2006. Recordemos. En esa fecha, el cambio de titular del Poder Ejecutivo, el acto más importante en la liturgia laica de la República, se realizó acelerada, torpe y desordenadamente. En pocos minutos Felipe Calderón llegó a un Congreso de la Unión sitiado por el Estado Mayor Presidencial, rindió protesta como presidente de la República, estuvo a punto de que su antecesor le impusiera la banda, tuvo que ser auxiliado por un militar para que ésta se quedara en su lugar, desairó a los cadetes emplazados para rendirle honores, no pudo dar un mensaje a la nación y puso pies en polvorosa.

Otra modalidad de blitzkrieg se echó a caminar para enfrentar a los trabajadores electricistas. Este 10 de octubre, las tropas de la Policía Federal y del Ejército ocuparon “preventivamente” las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) antes de que entrara en vigor el decreto de extinción. Horas después, el gobierno federal decretó la desaparición del organismo y anunció la liquidación de sus trabajadores.

No hay en ello novedad. Han transcurrido casi tres años desde que el actual inquilino de Los Pinos asumió el cargo y lo que sobresale de su mandato es su afición por los uniformes castrenses, las fanfarrias y los actos públicos con las fuerzas armadas como telón de fondo. La imagen lo dice todo: el 3 de enero de 2007, en Apatzingán, durante su primera actividad pública de ese año, se retrató con uniforme de campaña, una gorra de campo de cinco estrellas y el escudo nacional.

Una y otra vez Felipe Calderón ha recurrido al uso de la policía y el Ejército para administrar el país. Ha buscado en el combate al crimen organizado la vía de legitimación que las urnas le negaron. La militarización de la política le ha dado las herramientas para gobernar con medidas de excepción. El ataque a los trabajadores electricistas es el último eslabón de esta cadena.

El gobierno federal ha pretendido justificar el asalto al SME responsabilizando al sindicato de la quiebra de la compañía. “Las condiciones establecidas en el contrato laboral impedían la operación de la empresa”, dijo el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. La acusación es falsa. Los responsables de las deficiencias de la paraestatal fueron sus directivos. Desde el gobierno federal se hizo todo por descapitalizar a LFC. Parte significativa de los subsidios federales transferidos a la empresa se destinó a subvencionar a consumidores industriales y comerciales. Se impidió a la compañía generar su propia electricidad y, simultáneamente, la Comisión Federal Electricidad le cobró en la hora pico una tarifa superior a la de uso industrial.

El decreto presidencial es arbitrario e ilegal. Es un nuevo acto autoritario. El Presidente no tiene facultades para extinguir la empresa. Pasó por encima de derechos exclusivos del Congreso de la Unión. El servicio eléctrico no estaba en riesgo ni había amenaza de huelga. Para desaparecer LFC el gobierno debió seguir un juicio de conflicto colectivo de naturaleza económica, que no se llevó a cabo.

Desapareciendo al SME el gobierno quiere aniquilar una de las fuerzas sociales capaces de aglutinar el descontento social hacia la crisis económica y la política gubernamental. Busca, además, relanzar la figura presidencial en un momento en que sus bonos están a la baja después de la derrota electoral en los últimos comicios y los continuos descalabros en la guerra contra el narcotráfico. Finalmente, quiere dar vía libre en el negocio de las comunicaciones a la iniciativa privada y, al liquidar LFC, acabar con el contrato colectivo y con la autonomía de un sindicato que le estorba para sus propósitos.

El SME desempeñó un papel central en la realización de los siete Diálogos Nacionales efectuados entre noviembre de 2004 y febrero de este año para promover un proyecto de nación alternativo al neoliberalismo, con libertad, justicia y democracia. La iniciativa fue promovida, sobre todo pero no exclusivamente, por un conjunto de fuerzas sindicales que se ubican por afuera o en abierta contradicción con los dirigentes gremiales del Congreso del Trabajo. En ella participan básicamente representantes de fuerzas políticas y gremiales de centro-izquierda ya organizados.

En meses recientes el movimiento popular se muestra reanimado. Damnificados ambientales, opositores a la construcción de grandes presas, indígenas en lucha por su autonomía, defensores del maíz, afectados por las altas tarifas eléctricas, han constituido coaliciones de resistencia a las que podría sumarse el descontento con las víctimas de la crisis y las políticas económicas del gobierno. Los electricistas tienen mucho que aportar en esta convergencia.

Quienes aseguran que con la blitzkrieg del sábado pasado el SME ha sido derrotado no saben lo que dicen. Quienes exclaman “tenemos Presidente” deberían pensar dos veces el alcance de su júbilo. Las consecuencias de esta aventura pueden ser muy graves para el país. La última palabra en este conflicto no se ha dicho aún.

Por Decreto Desaparece Luz y Fuerza del Centro

La JornadaAstillero


Momento de definiciones
Batalla clave
Valor e inteligencia


Julio Hernández López


Es una provocación calculada. Los tutores estratégicos de Felipe Luzifuer creen que la debilidad de la izquierda previamente dividi-da, y el clima de linchamiento al SME claramente instruido a los medios oficializados, dejarán el camino abierto a la derecha prianal para la instauración largamente anhe-lada del Estado policiaco que mediante una represión ins- titucionalizada permita el saqueo secuencial de la riqueza colectiva. Es el golpe político y social más relevante del felipismo y, en general, del panismo federalmente gobernante: si la izquierda (social, partidista, electoral) es derrotada en este lance, habrán quedado instaladas las con- diciones para una nueva era sombría, con supresión cínica o manipulación discrecional de lo que quedara de derechos y libertades, con manipulación televisiva impune y reforzada, privatización des- scarada y delincuencial de los bienes nacionales y mano dura en el manejo del país doblegado.


No es el SME ni es un problema laboral: es el intento de establecer, usando al devaluado Calderón de parapeto, una tiranía mediática y empresarial. El triple play buscado es éste: deshacerse de una organización políticamente adversa, abrirle el camino a futuros negocios privatizados de amigos, socios y acreedores, y acelerar el proceso de marginación y criminalización de la protesta pública, en especial la relacionada con el lopezobradorismo. Nadie debe engañarse: las historietas cándidas de lo electoral y el 2012 no tendrán sentido si hoy triunfa la intentona fascistoide. El punto no está en Peña Nieto, Salinas y Televisa por sí mismos o bajo la lupa tácticamente electoral. La clave del futuro, si se desea que haya futuro, está en la defensa inmediata del SME como derecho de asociación y de Luz y Fuerza del Centro como patrimonio nacional.

Para esa defensa se necesitan valor e inteligencia. Valor para movilizar y confrontar políticamente, a sabiendas de los riesgos físicos y políticos que se incrementan conforme se agudiza la insensatez nocturna (para no usar términos clínicos); inteligencia para conducir un movimiento de resistencia sin aceptar la provocación y convirtiendo la crisis en la oportunidad de reconstitución de esa izquierda en el fragor del combate anunciado. La manera como se dé la fusión de un movimiento de resistencia civil pacífica (surgido de un contexto electoral, el del fraude de 2006, y con abiertas expectativas de participación en los comicios de 2012) con uno sindical de texturas sociales e ideológicas compatibles marcará el camino para una posible revitalización de las esperanzas de lucha y cambio. Mal harán los mandos partidistas y electorales si pretenden supeditar la lucha sindical al marco de las siglas y los proyectos de corte comicial. En ese contexto habría de analizarse con cuidado el mensaje que se mandará hoy si el dirigente del SME concurre al mitin convocado con mucha anti- cipación por el lopezobradorismo en San Lázaro, como si tuviese que cumplir un ritual de sometimiento público para recibir las ofertas de solida- ridad (una juanitización electrificada). No habría desdoro si, en cambio, López Obrador y un grupo notable de sus cuadros directivos se presentaran por sí mismos a la marcha del jueves venidero, convocada por el SME, y allí se anunciara la concurrencia de intereses y luchas.

Junto al esquema militarizado de control de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro se ha desarrollado una estrategia mediática que tuvo en su ejecución preparatoria la canallesca participación de comentaristas, analistas y periodistas oficializados que crearon un linchamiento concertado del SME y sus dirigentes, con un guión identificable en todos los casos, los mismos argumentos y consideraciones, la unilateralidad de la crítica y el olvido de ejemplos de sindicalismo corrupto y dañino que son dejados a salvo porque son alia- dos de Los Pinos. Ayer por la noche, con un tono de solemnidad amenazante, Calderón replanteó las tesis previamente esparcidas por sus avanzadas periodísticas y utilizó con cinismo pre- supuestal la zanahoria de las muchas prestaciones, bonificaciones y bienaventuran- zas que esperan a los trabajadores que abdiquen de la lucha y se inscriban a los presuntos paraísos laborales liquidadores.

El momento de las definiciones ha llegado. Una sociedad largamente anestesiada asiste diariamente a espectáculos macabros de su descomposición y abatimiento (apenas unas horas atrás estaba en la memoria la imagen periodística del hombre colgado en un puente de Tijuana, a cien metros de una base militar) y en su presunta o real defensa se organizan movimientos que son difamados, divididos y agredidos. Éste es el momento de la defensa inteligente y organizada de un derecho sindical y una riqueza colectiva.

Ayer, por cierto, 65 embajadores extranjeros cerraron en San Cristóbal de las Casas una visita de tres días a Chiapas. La secretaria de relaciones exteriores, Patricia Espinosa, habría tocado en el restaurante El Lago el tema del SME, para decir a los visitantes que esperan marchas y acciones de protesta, pero aseguró que la posición del gobierno federal es de justicia y respeto a los derechos laborales, por lo cual pedía a sus excelencias que informaran “de la mejor manera” a sus jefes de la verdadera situación de México, sin malinterpretar las decisiones de Calderón (los integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata –OCEZ– no pudieron aportar elementos distintos para el buen juicio de los embajadores, pues fueron impedidos de entregar personalmente la carta que ya habían enviado a las misiones diplomáticas denunciando la detención arbitraria de su dirigente, José Manuel Hernández Martínez).

Y, mientras Obama encuentra cómo conciliar su ejercicio político futuro, como cabeza obligada de los consorcios militares e industriales del Pentágono, con el comprometedor y prematuro premio mercadológico de la paz, ¡hasta mañana, en esta columna decididamente cantarina (“si no creyera en lo que creo”)!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

La Derecha contra la organización laboral.

El funcionamiento de las sociedades democráticas supone diversos equilibrios que acotan el ejercicio de la autoridad y protegen los derechos de la población. Así, además de la separación de poderes y su descentralización territorial, es preciso activar la participación ciudadana y la democracia social.

Los adictos a doctrinas liberales no acaban de entender que las organizaciones de la sociedad son parte del cuerpo político no estatal. La sociedad civil en sentido propio. Su funcionamiento autónomo es garante de derechos colectivos y toda Constitución contemporánea los reconoce. Son la versión opuesta de los poderes fácticos.

El ciclo neoliberal que nos condujo a la catástrofe implicó —como dijera un dirigente histórico— la “castración de los sindicatos”. No cabían en el pensamiento único ni en el diseño de abatir salarios y debilitar el mundo del trabajo. Entraron en apogeo los “contratos de protección”, de los intereses empresariales y las políticas dominantes.

Se ha recordado que en tiempos de la Gran Depresión Keynes escribió al presidente Roosevelt para alentarlo a transferir recursos a la clase trabajadora y estimular la contratación colectiva. Los sindicatos —le dijo— “son parte de la solución, no del problema”. Actuar en sentido inverso es señal inequívoca de parálisis mental.

El atraco contra el Sindicato Mexicano de Electricistas no es accidental, sino “estructural”. Revela además la codicia de la clase gobernante y su ideología petimetre, plasmada en la carta de Lozano: “No siendo experto en materia laboral, tuve la fortuna de dominarla muy pronto y ejercer el cargo en plenitud”.

A Calderón lo complacen los incondicionales y los bravucones, aunque no puedan sostener sus dichos. ¿Podría imaginarse mayor torpeza que colocar un reglamento administrativo por encima del mandato constitucional y de los tratados internacionales? “La autoridad pública deberá abstenerse de toda intervención que limite o entorpezca el ejercicio de los derechos sindicales”. Punto.

Hace meses, personalidades y organizaciones exigieron la renuncia del secretario por desprecio confeso a los ordenamientos que protestó cumplir. Había descalificado la Ley Federal del Trabajo como “una pieza legislativa que cobija el fraude, simula relaciones laborales y genera incentivos perversos”. Suponemos que lo mismo piensa del artículo 123, del que aquélla emana.

Convertir a la autoridad del trabajo en órgano electoral es un despropósito, sobre todo cuando su titular es parte de un gobierno surgido del despojo. Se trataba de una obvia provocación para orillar al estallido de la huelga, de ahí a la requisa, después a los jugosos contratos sin vigilancia y finalmente a la privatización abierta o clandestina, como en Petróleos Mexicanos.

El asunto incide simultáneamente sobre dos reformas neoliberales pendientes: la laboral y la energética. En la primera han optado por las vías de hecho, con base en una legislación tramposa, y en la segunda han preferido el golpe de mano con la intención de intimidar a los sindicatos y luego imponer legalmente la precarización de las relaciones de trabajo.

La reacción social, la solidaridad gremial y la batalla parlamentaria han frenado por ahora la maniobra, a pesar de la campaña sucia a cargo de los servidores mediáticos del régimen. Es sólo un primer episodio, por lo que se hace necesario articular el contraataque. El debate central es el cambio de rumbo económico y las vertientes que comprende.

En la agenda están las estrategias de energía, fiscal, bancaria y financiera; antimonopólica, industrial y alimentaria; científica, tecnológica y de comercio exterior; de salarios, precios y utilidades, así como de empleo y mercado interno. Para reorientarlas es indispensable derrotar al bloque hegemónico.


Por ello saludamos el regreso de los sindicatos a la arena política, proemio de una reforma laboral progresista que asegure su libertad y autonomía y promueva justicia en las relaciones de trabajo.


Porfirio Muñoz Ledo

Diputado federal (PT)