La Jornada
Luis Linares Zapata
El petróleo y los embaucadores
Cuando la contrarreforma petrolera del señor Calderón se había convertido en una piltrafa, a pesar de sus disfraces redentoristas, le llegó un salvavidas priísta con el mismo espíritu entreguista, pero con antifaces más grandes. La iniciativa pergeñada por la facción dominante de la elite del PRI coincide, punto por punto, en las pretensiones básicas de privatizar la industria petrolera y trasladarla al extranjero. No hay más alternativa para la derecha política nacional que sucumbir ante sus ambiciones y debilidades. Tampoco resisten las tentaciones de controlar las dádivas frente a los necesitados, patrocinar los acomodos de fuerzas en conflicto, manejar los pequeños o grandes favores y coronar sus afanes de hacer negocios.
¿Por qué la propuesta del priísmo coincide en lo básico con la del señor Calderón? Porque ambas parten de un supuesto idéntico: aumentar la extracción de crudo para venderlo de inmediato. Diseñan sus acciones a partir de perseguir una plataforma sobrada para surtir al hambriento vecino del norte y recabar los enormes montos de divisas que requiere la hacienda pública para mantener los privilegios de siempre. De esta simpática y fácil manera los aspirantes a retornar al poder se granjean las simpatías de los centros de poder externo y de los inversionistas internos. Una carambola adecuada para montar sobre ella la búsqueda del Ejecutivo federal en 2012. Y, de paso, hacer de lado al panismo que, por ahora, ocupa puestos de relevancia burocrática sin saber qué hacer con ellos, fuera de manosearlos como botín.
Pero la semejanza entre las iniciativas del PAN y el PRI no se detiene en esa solitaria identidad. Semejanza que, por lo demás, sería suficiente para incitar una férrea oposición de aquellos, cada vez más numerosos mexicanos patriotas, que se rehúsan a mal emplear las muchas o pocas reservas que les quedan. Las dos facciones de la derecha han decidido, de inmediato, ir por el tesorito de las aguas profundas sin titubeos ni dilaciones. Dos mil pozos a 150 millones cada uno dan una idea aproximada de la enorme suma de contratos a otorgar (300 mil millones de dólares).
Las alianzas estratégicas que sobó el señor Calderón como panacea ya no les parecen adecuadas a los priístas. Pero, como aquéllos, tampoco apuestan por iniciar el intenso y bien fondeado programa de investigación para dotar a Pemex de la capacidad organizativa y tecnológica requerida para una aventura a esas profundidades. Urge, a la coalición formada de antemano, invertir en la exploración a marchas forzadas.
Las trasnacionales se frotan las manos en espera de unos tontos que les eviten tan elevadas erogaciones para hacerse de un tesorito que calculan, según datos de la inquieta señora Kessel, en 20 mmdb de crudo equivalente. A precios actuales de 100 dólares el barril alcanzaría la astronómica cifra de dos billones de dólares. Así, en ambas iniciativas se contempla contratar, con similares ordenamientos, a distintas empresas externas para la perforación y extracción de crudos, no sólo en tan atractivas aguas, hasta hoy casi inexploradas, sino en todo el demás territorio del país.
Pero la parte medular viene a continuación en la retorcida iniciativa: las “empresas espejo”, una pulverización tan innecesaria como cara. Es aquí donde se revelan sus intenciones privatizadoras y las grandes oportunidades de negocios para aquellos atrevidos que puedan concitar aliados con masivos capitales disponibles (léase gobernadores y demás).
El proceso se inicia al formar las empresas, desconcentradas de Pemex, con cien por ciento de capital público. Ése es el señuelo tras del cual se han ido varios legisladores perredistas que defienden con ardor la iniciativa priísta, acordada, por lo demás, desde hace ya mucho tiempo con el gobierno y los grupos de presión. En efecto, esas empresas, totalmente controladas por el Consejo de Administración de Pemex (CAP), podrán contratar con particulares, por ejemplo, la construcción de una refinería para, después, celebrar otro contrato de servicios para la refinación. En realidad sería una efectiva operación de maquila, tal como la propuso el señor Calderón. Pero esta nueva intentona no se detiene ahí, va más allá, mucho más allá que la adelantada hace unos meses.
El CAP podrá, si se aprueban las reformas del priísmo a la ley que normaría a la paraestatal, proceder a desincorporar (es decir, vender o privatizar) esas “empresas espejo” de marras. De esa grotesca manera piensan engatusar los priístas a la sociedad. Afortunadamente, después de tanto debatir pormenores, la parte enterada de la población ya no se traga los afeites de los embaucadores. Lo mismo ocurriría con los ductos, la petroquímica básica, el almacenamiento y la distribución de petrolíferos o petroquímicos.
Ante tal atropello a la inteligencia, y a los intereses nacionales, la oposición real a la entrega de la industria petrolera debe levantar su voz y poner en marcha toda su fuerza, que no es poca, y que ahora está tan decidida como organizada. No es posible cohabitar, conciliar, negociar con semejantes intentos de atropello voraz. Las pretensiones para entregar de encubierto modo la industria petrolera no pueden encontrar un solitario punto de apoyo entre aquellos que desean conservar, en poder del Estado y como mandata la Constitución, el gran pivote de la industrialización y el desarrollo de México. Poco importa que la renovada contrarreforma anuncie transparentar contratos ya firmados o un fondo para la transición energética. Éste no pasa de ser otro distractor que, sin tapujos, pone en manos de los ávidos negociantes (de fuera y dentro) y sus parásitos internos teñidos de verde, las llamadas fuentes alternativas o renovables, todo un filón de oportunidades adicionales.
Por último, habrá que enfocar ahora una estrategia difusiva para tocar a los priístas de base. Ésos que por tradición y posturas personales no están dispuestos a dejarse embaucar en la intentona de entregar el petróleo y la industria energética completa al capital monopólico nacional y, menos aún, a las trasnacionales que tan unidas están con la derecha política. El priísmo tiene una sólida base de millones de simpatizantes que no estarán de acuerdo con lo que sus elites traman. Una propuesta nacionalista los podrá atraer, qué duda cabe.
miércoles, julio 30, 2008
martes, julio 29, 2008
Petróleo. ¡NO!, consulta ciudadana.
La Jornada
Pedro Miguel
navegaciones@yahoo.com • http://navegaciones.blogspot.com
Por qué el no
Porque es una respuesta de sentido común: si se nos pregunta si deseamos sufrir la enajenación de algo que es nuestro (en un robo sin violencia o con ella, en un fraude bancario, como consecuencia de una extorsión o por medio de una votación parlamentaria), lo lógico es que contestemos no.
Porque ya sabemos lo que ocurre cuando los gobernantes en turno transfieren una entidad de propiedad pública o un ramo reservado al Estado a manos privadas (casi siempre, a empresarios afines, próximos, cuates, cómplices, compadres, parientes en algún grado): se incrementa la pobreza de la mayoría de la población y se dispara la riqueza de unos cuantos.
Entre De la Madrid, Salinas, Zedillo y Fox nos dejaron sin industria nuclear, sin satélites, sin bancos, sin carreteras, sin ferrocarriles, sin autopistas, sin empresas de telecomunicaciones, sin petroquímica secundaria, sin gas natural, sin líneas aéreas, sin supermercados populares, sin ingenios, sin acereras y altos hornos, sin minas, sin aeropuertos, sin vigilancia aeroportuaria, sin canales de televisión, sin estaciones de radio, sin fábricas de electrodomésticos, sin tortillerías, sin editoriales e imprentas, sin periódicos; de Salinas a Calderón, los gobernantes se han empeñado, además, en disminuir la generación de electricidad por parte del sector público (para que la generen empresas privadas) y en reducir a chatarra la planta petroquímica de propiedad nacional; nos dijeron que era para “adelgazar al Estado”, pero el gasto corriente del gobierno ha crecido en forma exponencial y hoy el gobierno federal, plenamente obeso, es más ineficiente que nunca; nos aseguraron que con el producto de las ventas de empresas del sector público se reduciría la pobreza en el país y ocurrió lo contrario; argumentaron que se consolidarían la independencia y la soberanía, pero hoy la soberanía y la independencia nacionales son una frase hueca que se acomoda en uno que otro pasaje de los discursos presidenciales mientras las autoridades federales exhiben su dependencia de los lineamientos de Estados Unidos y de Europa y la economía es lastimosamente vulnerable a los vaivenes financieros mundiales.
Porque no nos gusta que nos tomen el pelo: todo lo dicho por Calderón y sus empleados a favor de la privatización de la industria petrolera ya lo hemos escuchado cada vez que se ha transferido a los capitales privados una empresa del Estado, y en todas las ocasiones esos argumentos resultaron ser mentiras, aunque los apoyaran sin rubor alguno –como ahora– Krauze y Aguilar Camín.
Porque conocemos la profundidad del enojo popular, intuimos la explosividad social en grandes ámbitos del país y no queremos que una imposición del poder público –especialmente, de este poder público, surgido de una elección más que dudosa– provoque estallidos de violencia de esos que se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan, ni después de cuántos muertos.
Porque queremos demostrar y documentar, en el interior y al mundo, que Calderón no representa el sentir mayoritario de los mexicanos, ni en el terreno petrolero ni en muchos otros.
Porque los problemas de la industria petrolera nacional no se resuelven permitiendo que las grandes corporaciones trasnacionales se apoderen de ella, sino combatiendo la corrupción, la opacidad, la discrecionalidad y el dispendio dentro de Pemex y en el conjunto de la administración pública, un propósito que no forma parte del calderonato.
Porque el empeño gubernamental en incrementar la extracción de crudo es insensato, irresponsable y profundamente egoísta. Si los altos funcionarios no tienen suficiente dinero para pagarse el boato en el que viven, que cobren los impuestos que deben cobrar a las grandes corporaciones y que dejen en paz nuestro petróleo. Nuestros hijos y nietos lo necesitarán más que nosotros.
Por esas consideraciones, y por muchas otras, el no ganó de manera abrumadora en la consulta ciudadana que se llevó a cabo el pasado domingo.
Pedro Miguel
navegaciones@yahoo.com • http://navegaciones.blogspot.com
Por qué el no
Porque es una respuesta de sentido común: si se nos pregunta si deseamos sufrir la enajenación de algo que es nuestro (en un robo sin violencia o con ella, en un fraude bancario, como consecuencia de una extorsión o por medio de una votación parlamentaria), lo lógico es que contestemos no.
Porque ya sabemos lo que ocurre cuando los gobernantes en turno transfieren una entidad de propiedad pública o un ramo reservado al Estado a manos privadas (casi siempre, a empresarios afines, próximos, cuates, cómplices, compadres, parientes en algún grado): se incrementa la pobreza de la mayoría de la población y se dispara la riqueza de unos cuantos.
Entre De la Madrid, Salinas, Zedillo y Fox nos dejaron sin industria nuclear, sin satélites, sin bancos, sin carreteras, sin ferrocarriles, sin autopistas, sin empresas de telecomunicaciones, sin petroquímica secundaria, sin gas natural, sin líneas aéreas, sin supermercados populares, sin ingenios, sin acereras y altos hornos, sin minas, sin aeropuertos, sin vigilancia aeroportuaria, sin canales de televisión, sin estaciones de radio, sin fábricas de electrodomésticos, sin tortillerías, sin editoriales e imprentas, sin periódicos; de Salinas a Calderón, los gobernantes se han empeñado, además, en disminuir la generación de electricidad por parte del sector público (para que la generen empresas privadas) y en reducir a chatarra la planta petroquímica de propiedad nacional; nos dijeron que era para “adelgazar al Estado”, pero el gasto corriente del gobierno ha crecido en forma exponencial y hoy el gobierno federal, plenamente obeso, es más ineficiente que nunca; nos aseguraron que con el producto de las ventas de empresas del sector público se reduciría la pobreza en el país y ocurrió lo contrario; argumentaron que se consolidarían la independencia y la soberanía, pero hoy la soberanía y la independencia nacionales son una frase hueca que se acomoda en uno que otro pasaje de los discursos presidenciales mientras las autoridades federales exhiben su dependencia de los lineamientos de Estados Unidos y de Europa y la economía es lastimosamente vulnerable a los vaivenes financieros mundiales.
Porque no nos gusta que nos tomen el pelo: todo lo dicho por Calderón y sus empleados a favor de la privatización de la industria petrolera ya lo hemos escuchado cada vez que se ha transferido a los capitales privados una empresa del Estado, y en todas las ocasiones esos argumentos resultaron ser mentiras, aunque los apoyaran sin rubor alguno –como ahora– Krauze y Aguilar Camín.
Porque conocemos la profundidad del enojo popular, intuimos la explosividad social en grandes ámbitos del país y no queremos que una imposición del poder público –especialmente, de este poder público, surgido de una elección más que dudosa– provoque estallidos de violencia de esos que se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan, ni después de cuántos muertos.
Porque queremos demostrar y documentar, en el interior y al mundo, que Calderón no representa el sentir mayoritario de los mexicanos, ni en el terreno petrolero ni en muchos otros.
Porque los problemas de la industria petrolera nacional no se resuelven permitiendo que las grandes corporaciones trasnacionales se apoderen de ella, sino combatiendo la corrupción, la opacidad, la discrecionalidad y el dispendio dentro de Pemex y en el conjunto de la administración pública, un propósito que no forma parte del calderonato.
Porque el empeño gubernamental en incrementar la extracción de crudo es insensato, irresponsable y profundamente egoísta. Si los altos funcionarios no tienen suficiente dinero para pagarse el boato en el que viven, que cobren los impuestos que deben cobrar a las grandes corporaciones y que dejen en paz nuestro petróleo. Nuestros hijos y nietos lo necesitarán más que nosotros.
Por esas consideraciones, y por muchas otras, el no ganó de manera abrumadora en la consulta ciudadana que se llevó a cabo el pasado domingo.
domingo, julio 27, 2008
Petróleo. "El PRI miente".
La Jornada
Claudia Sheinbaum Pardo
El PRI miente: su iniciativa energética es PAN con lo mismo
Cuando escuchamos a los legisladores del PRI presentar su iniciativa, parecía que tenían como objetivo evitar la privatización de diversos sectores de la industria petrolera, contenida en las iniciativas que presentó el gobierno de facto. Cuando se estudia su propuesta, desafortunadamente la realidad es otra. Plantean, al igual que el PAN, como eje central la participación de la iniciativa privada en las áreas estratégicas de exploración, extracción, refinación, almacenamiento y distribución de los hidrocarburos.
Para el caso de la exploración y extracción de petróleo y gas natural, su propuesta es la participación de la iniciativa privada nacional y extranjera a través de contratos de servicios. El objetivo es que sean los privados quienes realicen estas actividades, pagándoles en efectivo de acuerdo con la cantidad de hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo. Aunque afirmen que ésos no son contratos de riesgo, porque no se comparten los hidrocarburos, en los hechos sí lo son, pues aunque el privado “no cobre” por la exploración, se llevará una ganancia sustantiva de la extracción.
En los debates en el Senado de la República diversos ponentes explicaron que este tipo de contratos son sumamente contraproducentes para el país, porque significan compartir innecesariamente una parte importante de la renta petrolera. Para negar este efecto inevitable de la privatización, de manera pedestre el PRI simplemente decide redefinir el concepto de renta petrolera, de la siguiente forma: “La renta petrolera es la que se obtiene por la venta de los hidrocarburos menos todos los costos económicos para extraerlos en que incurra Petróleos Mexicanos por sí o a través de terceros, en los términos de las disposiciones aplicables” (artículo 58 de su propuesta de ley orgánica).
También, al igual que en la propuesta de Calderón, mantienen la creación de una comisión de petróleo, para que sea un organismo externo a Pemex el que defina las reservas y quien podrá explotarlas. En ambas propuestas, los privados sólo requerirán del permiso de la Secretaría de Energía para iniciar la exploración, aunque carezcan de contratos, facilitándoles las expropiaciones a particulares, ejidos y comunidades, en caso de ser necesarias.
En el caso de la refinación, el almacenamiento y los ductos, la propuesta del PRI plantea establecer, por decreto del Ejecutivo federal, “empresas filiales” de Pemex. De acuerdo con la exposición de motivos de su iniciativa: “Estos organismos serán propiedad exclusivamente de Petróleos Mexicanos y se crearán con el propósito de complementar la capacidad de ejecución de obras y de operación de Petróleos Mexicanos en las áreas estratégicas que le corresponden a la nación, como las actividades de refinación, transporte, almacenamiento y distribución de derivados, así como en la construcción de ductos. Realizarían las actividades mencionadas por cuenta y orden de Pemex, procesando y operando petróleo y gas propiedad del organismo o, en otras palabras, le darían el servicio correspondiente y, en su caso, le entregarían a Pemex los resultados de su operación”… “Los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales operarían con contratos de largo plazo que apoyarían el financiamiento de la inversión. Esto permitiría descentralizar la realización y operación de proyectos completos para nuevas instalaciones, sin congestionar la administración de los actuales organismos subsidiarios, a quien darían servicio.”
Estos organismos (de acuerdo con las modificaciones propuestas por el PRI a la ley reglamentaria del 27 y a la Ley Orgánica de Pemex) realizarán contratos de arrendamiento con terceros (léase privados) para que sean éstos los que hagan las obras y, en su caso, operen las refinerías, el almacenamiento y los ductos. Al final del contrato, la infraestructura se le entrega a Pemex. Este es un esquema de contratación que también se usó para la generación de electricidad y que resultó sumamente oneroso.
Hasta aquí la diferencia con la propuesta de Calderón es que los privados no podrían tener bajo su propiedad la infraestructura; sin embargo, en su propuesta de modificación a la ley orgánica, en su artículo 19 establecen que es una atribución del consejo de administración de Pemex:
“IX. Aprobar, a solicitud del director general, la constitución y desincorporación de los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales bajo control de Petróleos Mexicanos o de sus organismos subsidiarios, considerados entidades paraestatales, sin sujetarse para esos efectos al procedimiento previsto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento…”
Es decir, que la nueva infraestructura de refinación, almacenamiento y transporte será construida y operada por privados a través de contratos de arrendamiento con las filiales de Pemex y, por si fuera poco, además, al final podrán ser desincorporadas (léase privatizadas) por el consejo de administración. O sea, la misma privatización, sólo que con tiempos un poco diferentes a los planteados por Calderón.
Por otro lado, existen sólo diferencias de matiz entre las propuestas del PRI y del PAN en las modificaciones a la Ley Orgánica de Pemex. Por ejemplo, el PRI propone que los consejeros profesionales que se integrarán al consejo de administración, deberán ser ratificados por el Senado y todos deberán ser funcionarios públicos. Sin embargo, sus funciones son las mismas: auditorías, remuneraciones y portafolio de inversiones. Los artículos que se refieren a la exención de responsabilidades del consejo de administración en caso de que actúen “de buena fe” y la contratación de fianzas y seguros son iguales. Asimismo, con el mismo esquema conservan los bonos ciudadanos.
Por otro lado, a pesar de que la mayor parte de los ponentes en el debate planteó la necesidad del fortalecimiento de la investigación, en particular del Instituto Mexicano del Petróleo, la propuesta del PRI no toca el tema porque sencillamente no les interesa el desarrollo de la ciencia y la ingeniería nacionales. Finalmente su llamado fondo nacional para la transición energética no establece de dónde saldrán los recursos ni cuántos serán y se orienta para financiar proyectos con créditos. Es decir, de nuevo, nada para la investigación y el desarrollo de fuentes alternas, como un proyecto de Estado. Decir NO este domingo en la consulta, también significa NO a la iniciativa del PRI, porque desgraciadamente ésta también pretende la privatización de la industria petrolera.
Claudia Sheinbaum Pardo
El PRI miente: su iniciativa energética es PAN con lo mismo
Cuando escuchamos a los legisladores del PRI presentar su iniciativa, parecía que tenían como objetivo evitar la privatización de diversos sectores de la industria petrolera, contenida en las iniciativas que presentó el gobierno de facto. Cuando se estudia su propuesta, desafortunadamente la realidad es otra. Plantean, al igual que el PAN, como eje central la participación de la iniciativa privada en las áreas estratégicas de exploración, extracción, refinación, almacenamiento y distribución de los hidrocarburos.
Para el caso de la exploración y extracción de petróleo y gas natural, su propuesta es la participación de la iniciativa privada nacional y extranjera a través de contratos de servicios. El objetivo es que sean los privados quienes realicen estas actividades, pagándoles en efectivo de acuerdo con la cantidad de hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo. Aunque afirmen que ésos no son contratos de riesgo, porque no se comparten los hidrocarburos, en los hechos sí lo son, pues aunque el privado “no cobre” por la exploración, se llevará una ganancia sustantiva de la extracción.
En los debates en el Senado de la República diversos ponentes explicaron que este tipo de contratos son sumamente contraproducentes para el país, porque significan compartir innecesariamente una parte importante de la renta petrolera. Para negar este efecto inevitable de la privatización, de manera pedestre el PRI simplemente decide redefinir el concepto de renta petrolera, de la siguiente forma: “La renta petrolera es la que se obtiene por la venta de los hidrocarburos menos todos los costos económicos para extraerlos en que incurra Petróleos Mexicanos por sí o a través de terceros, en los términos de las disposiciones aplicables” (artículo 58 de su propuesta de ley orgánica).
También, al igual que en la propuesta de Calderón, mantienen la creación de una comisión de petróleo, para que sea un organismo externo a Pemex el que defina las reservas y quien podrá explotarlas. En ambas propuestas, los privados sólo requerirán del permiso de la Secretaría de Energía para iniciar la exploración, aunque carezcan de contratos, facilitándoles las expropiaciones a particulares, ejidos y comunidades, en caso de ser necesarias.
En el caso de la refinación, el almacenamiento y los ductos, la propuesta del PRI plantea establecer, por decreto del Ejecutivo federal, “empresas filiales” de Pemex. De acuerdo con la exposición de motivos de su iniciativa: “Estos organismos serán propiedad exclusivamente de Petróleos Mexicanos y se crearán con el propósito de complementar la capacidad de ejecución de obras y de operación de Petróleos Mexicanos en las áreas estratégicas que le corresponden a la nación, como las actividades de refinación, transporte, almacenamiento y distribución de derivados, así como en la construcción de ductos. Realizarían las actividades mencionadas por cuenta y orden de Pemex, procesando y operando petróleo y gas propiedad del organismo o, en otras palabras, le darían el servicio correspondiente y, en su caso, le entregarían a Pemex los resultados de su operación”… “Los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales operarían con contratos de largo plazo que apoyarían el financiamiento de la inversión. Esto permitiría descentralizar la realización y operación de proyectos completos para nuevas instalaciones, sin congestionar la administración de los actuales organismos subsidiarios, a quien darían servicio.”
Estos organismos (de acuerdo con las modificaciones propuestas por el PRI a la ley reglamentaria del 27 y a la Ley Orgánica de Pemex) realizarán contratos de arrendamiento con terceros (léase privados) para que sean éstos los que hagan las obras y, en su caso, operen las refinerías, el almacenamiento y los ductos. Al final del contrato, la infraestructura se le entrega a Pemex. Este es un esquema de contratación que también se usó para la generación de electricidad y que resultó sumamente oneroso.
Hasta aquí la diferencia con la propuesta de Calderón es que los privados no podrían tener bajo su propiedad la infraestructura; sin embargo, en su propuesta de modificación a la ley orgánica, en su artículo 19 establecen que es una atribución del consejo de administración de Pemex:
“IX. Aprobar, a solicitud del director general, la constitución y desincorporación de los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales bajo control de Petróleos Mexicanos o de sus organismos subsidiarios, considerados entidades paraestatales, sin sujetarse para esos efectos al procedimiento previsto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento…”
Es decir, que la nueva infraestructura de refinación, almacenamiento y transporte será construida y operada por privados a través de contratos de arrendamiento con las filiales de Pemex y, por si fuera poco, además, al final podrán ser desincorporadas (léase privatizadas) por el consejo de administración. O sea, la misma privatización, sólo que con tiempos un poco diferentes a los planteados por Calderón.
Por otro lado, existen sólo diferencias de matiz entre las propuestas del PRI y del PAN en las modificaciones a la Ley Orgánica de Pemex. Por ejemplo, el PRI propone que los consejeros profesionales que se integrarán al consejo de administración, deberán ser ratificados por el Senado y todos deberán ser funcionarios públicos. Sin embargo, sus funciones son las mismas: auditorías, remuneraciones y portafolio de inversiones. Los artículos que se refieren a la exención de responsabilidades del consejo de administración en caso de que actúen “de buena fe” y la contratación de fianzas y seguros son iguales. Asimismo, con el mismo esquema conservan los bonos ciudadanos.
Por otro lado, a pesar de que la mayor parte de los ponentes en el debate planteó la necesidad del fortalecimiento de la investigación, en particular del Instituto Mexicano del Petróleo, la propuesta del PRI no toca el tema porque sencillamente no les interesa el desarrollo de la ciencia y la ingeniería nacionales. Finalmente su llamado fondo nacional para la transición energética no establece de dónde saldrán los recursos ni cuántos serán y se orienta para financiar proyectos con créditos. Es decir, de nuevo, nada para la investigación y el desarrollo de fuentes alternas, como un proyecto de Estado. Decir NO este domingo en la consulta, también significa NO a la iniciativa del PRI, porque desgraciadamente ésta también pretende la privatización de la industria petrolera.
sábado, julio 26, 2008
Petróleo. "Participación democrática ciudadana"
La Jornada
Miguel Concha
Participación democrática ciudadana
La Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC), miembro de la Coalición Ciudadana Nacional, difundió esta semana un documento en el que se manifiesta en favor de que se realice una consulta amplia a la ciudadanía, en relación con las iniciativas enviadas al Senado para modificar el marco normativo que rige a Petróleos Mexicanos.
Tomando en cuenta que tales iniciativas están más en consonancia con lo “sugerido” o “señalado” al gobierno sobre la industria petrolera nacional por organismos internacionales, como el Banco Mundial, esto impone que la Cámara de Senadores, como representantes de la voluntad ciudadana, atienda cabalmente su responsabilidad de salvaguardar el interés nacional y mantener, ante todo, la soberanía del pueblo.
Por tanto, deben escuchar los planteamientos hechos por todos los sectores de la sociedad. Para la ADOC escuchar a los mandantes es una obligación de los mandatarios. Para que la acción parlamentaria cuente con la necesaria legitimidad en el Congreso es indispensable escuchar la opinión de todos los sectores de la población; integrar al proceso de toma de decisiones todas las opiniones expresadas durante los foros realizados en el Senado, así como las de los diferentes colectivos que tengan una postura y propuesta al respecto, y conducirse bajo los principios de la preservación del interés nacional sobre los intereses privados, acatando el principio democrático establecido en nuestra Carta Magna de escuchar al depositario de la soberanía del país, es decir, al pueblo.
La ADOC es una articulación formada por más de 70 organizaciones y redes de organizaciones civiles del norte, centro y sur de la República, que desde los años 70 del siglo pasado impulsan los derechos humanos y la democracia en todos los ámbitos de la convivencia social. Coinciden en la necesidad de definir reformas, cuyo centro ya no sean los llamados “programas de ajuste estructural y compensación social”, sino políticas públicas basadas en la redistribución de la riqueza y en los derechos humanos, con amplia participación ciudadana.
Para la ADOC, el modelo actual de desarrollo se define por el proyecto de sustituir empresas, trabajadores y productos nacionales por empresas globales financieras, industriales y comerciales, así como por la supresión de las responsabilidades del Estado en el fomento económico, la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias, principalmente por empresas de inversión extranjera, y la eliminación de los mercados interno y público como impulsores del desarrollo.
En su documento en favor de una reforma energética que fortalezca la soberanía nacional y profundice la democracia, la ADOC reporta que según un análisis de mayo de este año del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales AC, la enfermedad económica de México tiene el siguiente diagnóstico: El equilibrio macroeconómico se sostiene de manera precaria por tres causas principales, a saber, la exportación sin valor agregado de una materia prima no renovable y estratégica, la producción en las maquiladoras y las remesas enviadas por los trabajadores indocumentados. Dicho equilibrio se logra por la sistemática reducción del crecimiento, del gasto público y del poder adquisitivo del salario, en tanto que la acumulación de los sectores más dinámicos de la economía está vinculada con cadenas de valor de otros países, donde generan empleos, tecnologías y pagan impuestos.
Para la ADOC las iniciativas presentadas en materia energética profundizan nuestra subordinación a intereses extranjeros, la dependencia y desindustrialización de México, el fracaso económico y la desigualdad social, y son la puerta para que Pemex deje de ser una empresa pilar y estratégica en el desarrollo soberano de la nación. Por ello, reafirma la necesidad de sumar esfuerzos en torno a un pacto nacional, entre todos los sectores del país, para impulsar una política de desarrollo económico y social que beneficie a todos, y garantice la soberanía energética y alimentaria de México, como asuntos de seguridad nacional. Y se suma al proyecto alternativo integral sobre Pemex, que dieron a conocer decenas de organizaciones civiles de inspiración cristiana, y cristianos de base, así como iglesias de México y América Latina en el documento “Declaración cristiana a propósito del debate público sobre una posible reforma del sector energético del país”, al que me referí en mi colaboración del 19 de abril.
Además de las sintomáticas omisiones y sospechosas contradicciones que la ADOC encuentra en el diagnóstico de la Secretaría de Energía sobre Pemex, para fundamentar las iniciativas del titular del Ejecutivo federal, algunas de ellas ya ventiladas por muchas voces en los foros del Senado, en su pronunciamiento resulta de particular relevancia el análisis que la ADOC hace de la vinculación entre esas propuestas y las recomendaciones del Banco Mundial (BM). Consigna que a propósito de los desafíos del desarrollo, el BM ya “aconsejaba” otro “marco legal”, que es el que se ha tenido en cuenta en las propuestas de reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Es esa la decisión soberana que quieren asumir?
Miguel Concha
Participación democrática ciudadana
La Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC), miembro de la Coalición Ciudadana Nacional, difundió esta semana un documento en el que se manifiesta en favor de que se realice una consulta amplia a la ciudadanía, en relación con las iniciativas enviadas al Senado para modificar el marco normativo que rige a Petróleos Mexicanos.
Tomando en cuenta que tales iniciativas están más en consonancia con lo “sugerido” o “señalado” al gobierno sobre la industria petrolera nacional por organismos internacionales, como el Banco Mundial, esto impone que la Cámara de Senadores, como representantes de la voluntad ciudadana, atienda cabalmente su responsabilidad de salvaguardar el interés nacional y mantener, ante todo, la soberanía del pueblo.
Por tanto, deben escuchar los planteamientos hechos por todos los sectores de la sociedad. Para la ADOC escuchar a los mandantes es una obligación de los mandatarios. Para que la acción parlamentaria cuente con la necesaria legitimidad en el Congreso es indispensable escuchar la opinión de todos los sectores de la población; integrar al proceso de toma de decisiones todas las opiniones expresadas durante los foros realizados en el Senado, así como las de los diferentes colectivos que tengan una postura y propuesta al respecto, y conducirse bajo los principios de la preservación del interés nacional sobre los intereses privados, acatando el principio democrático establecido en nuestra Carta Magna de escuchar al depositario de la soberanía del país, es decir, al pueblo.
La ADOC es una articulación formada por más de 70 organizaciones y redes de organizaciones civiles del norte, centro y sur de la República, que desde los años 70 del siglo pasado impulsan los derechos humanos y la democracia en todos los ámbitos de la convivencia social. Coinciden en la necesidad de definir reformas, cuyo centro ya no sean los llamados “programas de ajuste estructural y compensación social”, sino políticas públicas basadas en la redistribución de la riqueza y en los derechos humanos, con amplia participación ciudadana.
Para la ADOC, el modelo actual de desarrollo se define por el proyecto de sustituir empresas, trabajadores y productos nacionales por empresas globales financieras, industriales y comerciales, así como por la supresión de las responsabilidades del Estado en el fomento económico, la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias, principalmente por empresas de inversión extranjera, y la eliminación de los mercados interno y público como impulsores del desarrollo.
En su documento en favor de una reforma energética que fortalezca la soberanía nacional y profundice la democracia, la ADOC reporta que según un análisis de mayo de este año del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales AC, la enfermedad económica de México tiene el siguiente diagnóstico: El equilibrio macroeconómico se sostiene de manera precaria por tres causas principales, a saber, la exportación sin valor agregado de una materia prima no renovable y estratégica, la producción en las maquiladoras y las remesas enviadas por los trabajadores indocumentados. Dicho equilibrio se logra por la sistemática reducción del crecimiento, del gasto público y del poder adquisitivo del salario, en tanto que la acumulación de los sectores más dinámicos de la economía está vinculada con cadenas de valor de otros países, donde generan empleos, tecnologías y pagan impuestos.
Para la ADOC las iniciativas presentadas en materia energética profundizan nuestra subordinación a intereses extranjeros, la dependencia y desindustrialización de México, el fracaso económico y la desigualdad social, y son la puerta para que Pemex deje de ser una empresa pilar y estratégica en el desarrollo soberano de la nación. Por ello, reafirma la necesidad de sumar esfuerzos en torno a un pacto nacional, entre todos los sectores del país, para impulsar una política de desarrollo económico y social que beneficie a todos, y garantice la soberanía energética y alimentaria de México, como asuntos de seguridad nacional. Y se suma al proyecto alternativo integral sobre Pemex, que dieron a conocer decenas de organizaciones civiles de inspiración cristiana, y cristianos de base, así como iglesias de México y América Latina en el documento “Declaración cristiana a propósito del debate público sobre una posible reforma del sector energético del país”, al que me referí en mi colaboración del 19 de abril.
Además de las sintomáticas omisiones y sospechosas contradicciones que la ADOC encuentra en el diagnóstico de la Secretaría de Energía sobre Pemex, para fundamentar las iniciativas del titular del Ejecutivo federal, algunas de ellas ya ventiladas por muchas voces en los foros del Senado, en su pronunciamiento resulta de particular relevancia el análisis que la ADOC hace de la vinculación entre esas propuestas y las recomendaciones del Banco Mundial (BM). Consigna que a propósito de los desafíos del desarrollo, el BM ya “aconsejaba” otro “marco legal”, que es el que se ha tenido en cuenta en las propuestas de reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Es esa la decisión soberana que quieren asumir?
Foro Petróleo para principiantes
Farándula invita :
5to. Foro abierto
“Petróleo para principiantes o todo lo que siempre quisiste saber y no te atreviste a preguntar”
Encinas, Navarrete y Bartlett
El sábado 26 de julio, 12:00 hrs.
Salón Los Ángeles. Lerdo 206, Col. Guerrero entre Flores Magón y Estrella (frente a Tlaltelolco)
Participan: Lic. Alejandro Encinas, Embajador Jorge Eduardo Navarrete y Lic. Manuel Bartlett.
Conducido: Julieta Egurrola.
Los invitados expondrán brevemente diferentes aspectos del tema y responderán posteriormente a preguntas del público.
Entrada Libre
Atención a medios a: farandula.info@gmail.com
Mayores informes: http://www.farandula.org.mx/
5to. Foro abierto
“Petróleo para principiantes o todo lo que siempre quisiste saber y no te atreviste a preguntar”
Encinas, Navarrete y Bartlett
El sábado 26 de julio, 12:00 hrs.
Salón Los Ángeles. Lerdo 206, Col. Guerrero entre Flores Magón y Estrella (frente a Tlaltelolco)
Participan: Lic. Alejandro Encinas, Embajador Jorge Eduardo Navarrete y Lic. Manuel Bartlett.
Conducido: Julieta Egurrola.
Los invitados expondrán brevemente diferentes aspectos del tema y responderán posteriormente a preguntas del público.
Entrada Libre
Atención a medios a: farandula.info@gmail.com
Mayores informes: http://www.farandula.org.mx/
viernes, julio 25, 2008
Petróleo. PRI Y PAN, "la misma gata pero revolcada"
Luis Javier Garrido
La ley Beltrones
Las iniciativas legales en materia de petróleo que anunció el PRI no resultaron a fin de cuentas más que un refrito de las de Calderón y tienen el mismo objetivo que las de éste: destruir a Pemex y entregar la riqueza estratégica del petróleo a compañías privadas extranjeras, por lo que la que ya se llama ley Beltrones está suscitando la más viva oposición.
1. La propuesta que se suponía iba a ser del PRI sobre la industria petrolera mexicana, entregada como propia por Manlio Fabio Beltrones (coordinador de los senadores priístas) a la Comisión Permanente del Congreso el día 23, consta de nueve iniciativas de ley (frente a las siete de Calderón), de las cuales tres son nuevos cuerpos legales –la Ley Orgánica de Pemex, la Ley de la Comisión Nacional Reguladora del Petróleo y la Ley para el Financiamiento de la Transición Energética–, y seis son proyectos de “reformas y adiciones”: a la Ley Reglamentaria del artículo 27, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, a la Ley de Obras Públicas y Servicios y a la Ley de Adquisiciones, y tiene los mismos objetivos que la de Calderón y también busca: desmantelar a Petróleos Mexicanos y crear en México una industria petrolera en manos de consorcios privados, que mentirosamente se dice van a ser nacionales.
2. La privatizadora y antinacional ley Beltrones, presentada por el senador sonorense a nombre de los legisladores del PRI, y que de manera poco confiable se afirma fue aprobada por las cúpulas priístas, no sólo es tanto o más anticonstitucional que la de Calderón, sino que viola la Declaración de Principios del PRI, que sostiene el principio de que el petróleo es “propiedad de la nación” y se pronuncia contra “todo intento de privatización del patrimonio de los mexicanos”, por lo que a todas luces no representa el sentir de la mayoría de los miembros de ese partido.
3. Estas iniciativas, redactadas a oscuras, a espaldas y en contra de la nación y de los priístas, sin tomar en cuenta el resultado de los Foros del Senado (por una comisión que se dice fue presidida por Marco Antonio Bernal), y al ser impuestas por la fuerza de los hechos a los miembros de ese partido, y formalmente presentadas como la propuesta de lo que queda del viejo PRI, culminan históricamente el proceso de derechización del tricolor, acelerado desde los años de De la Madrid, y que hoy lo deja desacreditado por completo y sin un proyecto histórico, y a sus dirigentes relegados al papel de empleadetes del gran capital y sin más función que hacerle el trabajo sucio al gobierno espurio: cargando una vez más con el descrédito histórico. Con ellas, cínicamente, Beltrones pretende ser más servil con el gran capital –que calificaba como timorata la iniciativa de Calderón–, a cambio de que se permita a los gobernadores estatales una tajada del pastel mediante las anticonstitucionales “empresas espejo”.
4. Las nueve iniciativas de Beltrones no constituyen más que un intento mal hecho por esconder el objetivo de priístas y panistas de destruir a Pemex y crear las condiciones para una industria privada en la que florecería la corrupción, pues hay que recordar que no existen en el mundo globalizado grandes empresas privadas “nacionales”: todas son trasnacionales. Carlos Slim lo decía no como un mexicano que abdica de su vocación nacional, sino como un empresario sin patria al sostener que la industria petrolera mexicana debe estar en manos de compañías privadas y que Pemex “debe acudir a ingeniería, tecnología y empresas internacionales con experiencia y conocimiento” (Reforma del jueves 24).
5. Las iniciativas de Beltrones son tanto o más anticonstitucionales que las de Calderón, pues transgreden el principio de la supremacía constitucional consignado en el artículo 131, violan el principio del dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos, establecido en el 27, contravienen el principio de la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros definido en el 28, transgreden el principio de la prohibición a las autoridades de otorgar concesiones ni contratos a los particulares tratándose del petróleo establecido en el mismo 27, violan el principio que considera hidrocarburos y petroquímica básica como un área estratégica establecido en el 25 y en el 28, y violentan el de que no pueden existir en el país entidades públicas ni privadas sometidas a un régimen jurídico “de excepción”, que sería el caso de las “empresas espejo” a las que pretende entregarle las funciones de Pemex.
6. Privatizar es eso: entregar funciones que por mandato constitucional han de ser públicas a los particulares, y no es otra cosa lo que se busca al pretender que el Ejecutivo pueda crear libremente organismos descentralizados como filiales o “empresas espejo” de Pemex para que realicen sus tareas, las que a su vez puedan contratar obras y servicios.
7. Las iniciativas de Beltrones atentan en consecuencia contra el principio de que el Estado debe garantizar que “el desarrollo nacional” fortalezca “la soberanía de la nación”, tal como lo prescribe el artículo 25, por lo que de ser aprobadas, comprometerían tanto o más que la de Calderón la independencia, la seguridad y la soberanía de la nación y, en consecuencia, el porvenir de todos los mexicanos.
8. El PRI le mentirá en lo sucesivo a los mexicanos si mantiene sus eslogans propagandísticos diciendo que lo que busca en Pemex es “modernización sin privatización”, y deberá asumir en los meses que viene el repudio creciente del pueblo ante lo que es claramente un intento mal disfrazado para defraudar el marco constitucional y despojar a la nación.
9. La cacareada contrapropuesta del PRI a las iniciativas de Calderón no fue tal sino que produjo un remedo de aquélla: un nuevo engendro legislativo, que por su carácter anticonstitucional debe ser desechado por notoriamente improcedente por las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, obligadas ahora a iniciar una reflexión en serio, de acuerdo con lo que se planteó mayoritariamente en los Foros del Senado sobre cómo modernizar y fortalecer a Pemex.
10. La consulta popular, que se inicia el próximo domingo 27 en el Distrito Federal, no sólo no pierde peso con esta fallida intentona por confundir, sino que adquiere un doble sentido. Al rechazarse con dos no rotundos la iniciativa de Calderón, se estará igualmente repudiando la de Beltrones, y fortaleciendo la vía para rescatar a Pemex y a la nación.
La ley Beltrones
Las iniciativas legales en materia de petróleo que anunció el PRI no resultaron a fin de cuentas más que un refrito de las de Calderón y tienen el mismo objetivo que las de éste: destruir a Pemex y entregar la riqueza estratégica del petróleo a compañías privadas extranjeras, por lo que la que ya se llama ley Beltrones está suscitando la más viva oposición.
1. La propuesta que se suponía iba a ser del PRI sobre la industria petrolera mexicana, entregada como propia por Manlio Fabio Beltrones (coordinador de los senadores priístas) a la Comisión Permanente del Congreso el día 23, consta de nueve iniciativas de ley (frente a las siete de Calderón), de las cuales tres son nuevos cuerpos legales –la Ley Orgánica de Pemex, la Ley de la Comisión Nacional Reguladora del Petróleo y la Ley para el Financiamiento de la Transición Energética–, y seis son proyectos de “reformas y adiciones”: a la Ley Reglamentaria del artículo 27, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, a la Ley de Obras Públicas y Servicios y a la Ley de Adquisiciones, y tiene los mismos objetivos que la de Calderón y también busca: desmantelar a Petróleos Mexicanos y crear en México una industria petrolera en manos de consorcios privados, que mentirosamente se dice van a ser nacionales.
2. La privatizadora y antinacional ley Beltrones, presentada por el senador sonorense a nombre de los legisladores del PRI, y que de manera poco confiable se afirma fue aprobada por las cúpulas priístas, no sólo es tanto o más anticonstitucional que la de Calderón, sino que viola la Declaración de Principios del PRI, que sostiene el principio de que el petróleo es “propiedad de la nación” y se pronuncia contra “todo intento de privatización del patrimonio de los mexicanos”, por lo que a todas luces no representa el sentir de la mayoría de los miembros de ese partido.
3. Estas iniciativas, redactadas a oscuras, a espaldas y en contra de la nación y de los priístas, sin tomar en cuenta el resultado de los Foros del Senado (por una comisión que se dice fue presidida por Marco Antonio Bernal), y al ser impuestas por la fuerza de los hechos a los miembros de ese partido, y formalmente presentadas como la propuesta de lo que queda del viejo PRI, culminan históricamente el proceso de derechización del tricolor, acelerado desde los años de De la Madrid, y que hoy lo deja desacreditado por completo y sin un proyecto histórico, y a sus dirigentes relegados al papel de empleadetes del gran capital y sin más función que hacerle el trabajo sucio al gobierno espurio: cargando una vez más con el descrédito histórico. Con ellas, cínicamente, Beltrones pretende ser más servil con el gran capital –que calificaba como timorata la iniciativa de Calderón–, a cambio de que se permita a los gobernadores estatales una tajada del pastel mediante las anticonstitucionales “empresas espejo”.
4. Las nueve iniciativas de Beltrones no constituyen más que un intento mal hecho por esconder el objetivo de priístas y panistas de destruir a Pemex y crear las condiciones para una industria privada en la que florecería la corrupción, pues hay que recordar que no existen en el mundo globalizado grandes empresas privadas “nacionales”: todas son trasnacionales. Carlos Slim lo decía no como un mexicano que abdica de su vocación nacional, sino como un empresario sin patria al sostener que la industria petrolera mexicana debe estar en manos de compañías privadas y que Pemex “debe acudir a ingeniería, tecnología y empresas internacionales con experiencia y conocimiento” (Reforma del jueves 24).
5. Las iniciativas de Beltrones son tanto o más anticonstitucionales que las de Calderón, pues transgreden el principio de la supremacía constitucional consignado en el artículo 131, violan el principio del dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos, establecido en el 27, contravienen el principio de la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros definido en el 28, transgreden el principio de la prohibición a las autoridades de otorgar concesiones ni contratos a los particulares tratándose del petróleo establecido en el mismo 27, violan el principio que considera hidrocarburos y petroquímica básica como un área estratégica establecido en el 25 y en el 28, y violentan el de que no pueden existir en el país entidades públicas ni privadas sometidas a un régimen jurídico “de excepción”, que sería el caso de las “empresas espejo” a las que pretende entregarle las funciones de Pemex.
6. Privatizar es eso: entregar funciones que por mandato constitucional han de ser públicas a los particulares, y no es otra cosa lo que se busca al pretender que el Ejecutivo pueda crear libremente organismos descentralizados como filiales o “empresas espejo” de Pemex para que realicen sus tareas, las que a su vez puedan contratar obras y servicios.
7. Las iniciativas de Beltrones atentan en consecuencia contra el principio de que el Estado debe garantizar que “el desarrollo nacional” fortalezca “la soberanía de la nación”, tal como lo prescribe el artículo 25, por lo que de ser aprobadas, comprometerían tanto o más que la de Calderón la independencia, la seguridad y la soberanía de la nación y, en consecuencia, el porvenir de todos los mexicanos.
8. El PRI le mentirá en lo sucesivo a los mexicanos si mantiene sus eslogans propagandísticos diciendo que lo que busca en Pemex es “modernización sin privatización”, y deberá asumir en los meses que viene el repudio creciente del pueblo ante lo que es claramente un intento mal disfrazado para defraudar el marco constitucional y despojar a la nación.
9. La cacareada contrapropuesta del PRI a las iniciativas de Calderón no fue tal sino que produjo un remedo de aquélla: un nuevo engendro legislativo, que por su carácter anticonstitucional debe ser desechado por notoriamente improcedente por las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, obligadas ahora a iniciar una reflexión en serio, de acuerdo con lo que se planteó mayoritariamente en los Foros del Senado sobre cómo modernizar y fortalecer a Pemex.
10. La consulta popular, que se inicia el próximo domingo 27 en el Distrito Federal, no sólo no pierde peso con esta fallida intentona por confundir, sino que adquiere un doble sentido. Al rechazarse con dos no rotundos la iniciativa de Calderón, se estará igualmente repudiando la de Beltrones, y fortaleciendo la vía para rescatar a Pemex y a la nación.
martes, julio 22, 2008
Petróleo. Debate y conclusiones en la UNAM.
La Jornada
Javier Flores
La UNAM y la reforma energética
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregó el pasado miércoles al Senado de la República los resultados del debate universitario sobre la reforma energética. Lo que más llama la atención es la modalidad de esta aportación. Lo discutido en esa casa de estudios no tomó la forma de un pronunciamiento específico sobre las iniciativas presentadas por Felipe Calderón, como esperaban algunos. Se eludió la presentación de un decálogo, síntesis ejecutiva o manifiesto público en el que se incluyeran los temas candentes en torno de la reforma propuesta por el Ejecutivo, como su improbable constitucionalidad, o los riesgos que representa la participación de las empresas privadas o trasnacionales, entre muchos otros. En cambio, se adoptó una modalidad responsable, sin estridencias, en la que simplemente se pusieron en manos de los legisladores los puntos de vista de los expertos y la vasta experiencia de los universitarios en los estudios sobre este tema.
La discusión en la UNAM fue de muy alto nivel académico y científico. Yo asistí a la mayoría de las sesiones realizadas en el auditorio de la Facultad de Medicina, que es la escuela a la que pertenezco desde hace más de 30 años, aunque a algunos les pese, y a muy pocas de las efectuadas en el Centro Cultural Tlalelolco. A nadie debe sorprender que en los puntos de vista de los especialistas de la UNAM, tanto de las ciencias naturales y exactas como de las ciencias sociales y las humanidades, predominara una posición sumamente crítica hacia las iniciativas de Calderón. Simplemente éstas fueron demolidas punto por punto con base en argumentos basados en el conocimiento del que al parecer se carece o se ignora en los más altos círculos del poder.
Pero creo que una buena síntesis fue la que hizo el rector José Narro Robles en sus intervenciones en torno al debate universitario: a) sí se requiere una reforma energética, no de corto plazo, sino de largo aliento; b) ésta debe ser resultado del diálogo y no de una imposición mediante el uso de la fuerza; c) no debe de dividir, sino de unir a los mexicanos; d) debe estar diseñada para beneficio de todos y no de unos cuantos; e) en México existe capacidad de ejecución; f) la riqueza nacional es de todos y debe servir para alcanzar la justicia social; g) es urgente restaurar el valor de la política y más aún preservar la unidad de la nación.
¿Dónde quedan las iniciativas del Ejecutivo ante estos conceptos? A buen entendedor, pocas palabras. Parece innecesario agregar que estos planteamientos del rector cuentan con el más amplio respaldo de los universitarios, como fue patente en las sesiones del debate realizado en nuestra casa de estudios.
Al día siguiente de que Narro Robles entregó la propuesta de la UNAM, ocurrió un cambio importante en la postura del Ejecutivo respecto de su propia iniciativa. El licenciado Felipe Calderón planteó en Salamanca, Guanajuato, la necesidad de que la reforma petrolera reúna “… los puntos de vista diferentes de todas las partes”.
No quiero decir que esto tenga que ver con los planteamientos del rector de la universidad nacional, pero es una señal respecto de la necesidad de unir y no de dividir. Ahí sí hay una coincidencia. Aunque creo que este mensaje va dirigido principalmente al PRI, su aliado natural para sacar adelante la reforma. Como sea, podríamos preguntarnos cuáles son los puntos que unen y cuáles los que dividen a los mexicanos. El punto principal de divergencia es la participación privada en las operaciones de Pemex. Los puntos de convergencia se pueden dar en otros terrenos, como la necesidad de garantizar la soberanía energética, a la que también aludió Calderón en su mensaje.
En el debate realizado en la UNAM y en otras instituciones científicas y de educación superior, como la Academia Mexicana de Ciencias, en los foros realizados en las universidades Autónoma Metropolitana, en la Autónoma de la Ciudad de México –desafortunadamente, y quizá por su falta de autonomía, los institutos Politécnico Nacional y Mexicano del Petróleo han tenido una participación muy discreta–, la declaración de Monterrey sobre un desarrollo nacional basado en el conocimiento, y el foro correspondiente, realizado en el Senado, tienen como denominador común la necesidad de fortalecer la educación, la investigación científica, tecnológica y la innovación propias para fortalecer la industria petrolera y garantizar la soberanía. Aquí hay un punto de convergencia para quienes quieran verlo.
Javier Flores
La UNAM y la reforma energética
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregó el pasado miércoles al Senado de la República los resultados del debate universitario sobre la reforma energética. Lo que más llama la atención es la modalidad de esta aportación. Lo discutido en esa casa de estudios no tomó la forma de un pronunciamiento específico sobre las iniciativas presentadas por Felipe Calderón, como esperaban algunos. Se eludió la presentación de un decálogo, síntesis ejecutiva o manifiesto público en el que se incluyeran los temas candentes en torno de la reforma propuesta por el Ejecutivo, como su improbable constitucionalidad, o los riesgos que representa la participación de las empresas privadas o trasnacionales, entre muchos otros. En cambio, se adoptó una modalidad responsable, sin estridencias, en la que simplemente se pusieron en manos de los legisladores los puntos de vista de los expertos y la vasta experiencia de los universitarios en los estudios sobre este tema.
La discusión en la UNAM fue de muy alto nivel académico y científico. Yo asistí a la mayoría de las sesiones realizadas en el auditorio de la Facultad de Medicina, que es la escuela a la que pertenezco desde hace más de 30 años, aunque a algunos les pese, y a muy pocas de las efectuadas en el Centro Cultural Tlalelolco. A nadie debe sorprender que en los puntos de vista de los especialistas de la UNAM, tanto de las ciencias naturales y exactas como de las ciencias sociales y las humanidades, predominara una posición sumamente crítica hacia las iniciativas de Calderón. Simplemente éstas fueron demolidas punto por punto con base en argumentos basados en el conocimiento del que al parecer se carece o se ignora en los más altos círculos del poder.
Pero creo que una buena síntesis fue la que hizo el rector José Narro Robles en sus intervenciones en torno al debate universitario: a) sí se requiere una reforma energética, no de corto plazo, sino de largo aliento; b) ésta debe ser resultado del diálogo y no de una imposición mediante el uso de la fuerza; c) no debe de dividir, sino de unir a los mexicanos; d) debe estar diseñada para beneficio de todos y no de unos cuantos; e) en México existe capacidad de ejecución; f) la riqueza nacional es de todos y debe servir para alcanzar la justicia social; g) es urgente restaurar el valor de la política y más aún preservar la unidad de la nación.
¿Dónde quedan las iniciativas del Ejecutivo ante estos conceptos? A buen entendedor, pocas palabras. Parece innecesario agregar que estos planteamientos del rector cuentan con el más amplio respaldo de los universitarios, como fue patente en las sesiones del debate realizado en nuestra casa de estudios.
Al día siguiente de que Narro Robles entregó la propuesta de la UNAM, ocurrió un cambio importante en la postura del Ejecutivo respecto de su propia iniciativa. El licenciado Felipe Calderón planteó en Salamanca, Guanajuato, la necesidad de que la reforma petrolera reúna “… los puntos de vista diferentes de todas las partes”.
No quiero decir que esto tenga que ver con los planteamientos del rector de la universidad nacional, pero es una señal respecto de la necesidad de unir y no de dividir. Ahí sí hay una coincidencia. Aunque creo que este mensaje va dirigido principalmente al PRI, su aliado natural para sacar adelante la reforma. Como sea, podríamos preguntarnos cuáles son los puntos que unen y cuáles los que dividen a los mexicanos. El punto principal de divergencia es la participación privada en las operaciones de Pemex. Los puntos de convergencia se pueden dar en otros terrenos, como la necesidad de garantizar la soberanía energética, a la que también aludió Calderón en su mensaje.
En el debate realizado en la UNAM y en otras instituciones científicas y de educación superior, como la Academia Mexicana de Ciencias, en los foros realizados en las universidades Autónoma Metropolitana, en la Autónoma de la Ciudad de México –desafortunadamente, y quizá por su falta de autonomía, los institutos Politécnico Nacional y Mexicano del Petróleo han tenido una participación muy discreta–, la declaración de Monterrey sobre un desarrollo nacional basado en el conocimiento, y el foro correspondiente, realizado en el Senado, tienen como denominador común la necesidad de fortalecer la educación, la investigación científica, tecnológica y la innovación propias para fortalecer la industria petrolera y garantizar la soberanía. Aquí hay un punto de convergencia para quienes quieran verlo.
Petróleo. "Defender como bien público"
La Jornada
Víctor M. Toledo
vtoledo@oikos.unam.mx
Adiós al petróleo
Hoy se debe defender al petróleo como bien público, acudiendo a la consulta; haciendo frente a la voracidad del capitalismo corporativo de escala global, el mismo que fue expulsado del país en 1938, y que hoy retorna, agazapado, en las reformas blanquiazules. Sin embargo, no se puede hacer una defensa nacionalista de ese recurso fuera del contexto global y de los escenarios presentes y futuros del mundo. La soberanía nacional, la historia patria, el espíritu de lo mexicano, se defiende a la par que se lucha por la vida, la dignidad de toda la humanidad y el equilibrio del planeta. El nacionalismo se afirma en lo universal y viceversa. Se lucha localmente mientras se piensa globalmente.
En el debate petrolero, estamos frente a una contienda de dos pistas: la que nos marca la propia historia del país, más rápida e inmediata, y la que nos enmarca en los procesos sociales y ecológicos de escala global y de más largo aliento. Por ello, la modernización de Pemex debe realizarse dentro de una visión más amplia: la de la obligada transición hacia otras fuentes de energía, pues el petróleo, no debe olvidarse, es la primera causa de la contaminación atmosférica y el calentamiento globales.
Todo indica que estamos al final de la “era del petróleo”, la época en la que la humanidad creció como nunca en la historia, con toda su pesada carga: ciudades, industrias, autos, fábricas, carreteras, aparatos, utensilios, máquinas diversas. Tengo frente a mí la gráfica, bien diseñada y a todo color, de la Association for the Study of Peak Oil and Gas (www.peakoil. net), incluida en un excelente ensayo de R. Fernández-Durán (www.ecologistasenaccion.org), en la que se registra 2010 (¡leyó usted bien!) como el año del quiebre, el momento en el cual la humanidad se habrá devorado ya la mitad de las reservas probadas de petróleo, y éste comenzará su descenso.
Como sucedió con la discusión sobre el calentamiento global, a pesar de las resistencias los datos han ido demostrando que el momento del quiebre se sitúa en los años que vienen (ver la excelente síntesis del tema en www.wikipedia.org). Este pico de máximo petrolero fue ya alcanzado antes por Estados Unidos en 1970, por Rusia en 1985, y por los países europeos en 1995. Estos datos, con los cuales coinciden en lo general los principales analistas del tema, indican que estamos entrando ya a la “fase terminal” de una era de casi siglo y medio, iniciada en 1859, año en el que un primer pozo petrolero del este de Estados Unidos hizo brotar de las profundidades el primer chorro de los “veneros del demonio”.
Con una dinámica mundial que cada día exige más, no menos, petróleo, pues el proceso de modernización que hoy domina es sinónimo de más capitalismo, industria, urbanismo, consumo desmedido, individualismo, y uso despilfarrador de los principales recursos del planeta, la velocidad de la fase final de la era petrolera habrá de acelerarse. Hoy se requiere más petróleo (¡producid, producid, producid!) para satisfacer las necesidades de 400 ciudades de más de un millón de habitantes y de 60 urbes con más de 10 millones (más las áreas rurales), y esto se verá amplificado en los próximos 10 años por el vertiginoso arribo de millones de nuevos “desarrollados” en China, India, Brasil, Sudáfrica y otros países.
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (www.iea.org) se estima que para 2012, la demanda petrolera de la humanidad ¡ya no podrá ser satisfecha! Eso significa que se desencadenarán fenómenos impredecibles e incontrolables a consecuencia del aumento irreversible de los precios del petróleo. Sólo unas cifras: la demanda pasó de los 10 millones de barriles diarios (mbd) en 1950 a los 80 (mbd) en 2000, y será de casi 100 (mbd) para el año que viene. En suma, debemos ir diciendo adiós al petróleo, despidiéndolo con beneplácito, porque un modelo civilizatorio que ha puesto en riesgo el equilibrio del ecosistema planetario toca a su fin, y porque otro nuevo debe comenzar a edificarse.
Lo anterior trae al centro del debate la llamada “transición energética”, la necesidad de organizar el mundo social a partir de otras fuentes de energía no fósiles. Cada sociedad, cada país, cada región, debe prepararse para vivir esta transición inexorable con el menor sufrimiento posible (pobreza, hambrunas, sublevaciones, represiones). Hoy, los mexicanos necesitamos a Pemex para sufragar ese cambio hacia otras fuentes energéticas (solar, eólica, hidráulica, geotérmica, de biomasa). Para ello, las ciudadanías deben exigir cuenta claras, manejo transparente, uso democrático, de los millones y millones de dólares que entrarán como ganancia petrolera en la próxima década (la cifra oficial de las reservas ha sido establecida en 9.2 años).
Como en toda transición, el cambio será profundo y auténtico o meramente cosmético, es decir, controlado por los mismos poderes económicos y políticos que dominan y explotan al mundo y que buscan implantar soluciones ficticias o de alto riesgo (agro-combustibles, centrales nucleares, tecnologías alternativas bajo el monopolio de las corporaciones). El dilema es si los ciudadanos, dejamos que el cambio energético se haga sin un radical rearreglo civilizatorio, o si por el contrario la sociedad organizada impone una nueva forma de modernidad.
En suma, el debate petrolero no debe perder de vista la dimensión del cambio energético global que, como hemos visto, ocurrirá en un horizonte de tiempo mucho más corto de lo que suponíamos. Un cambio cualitativo que será vivido ya por nuestros hijos, y que será crucial para nuestros nietos. Mientras tanto ofrezcamos un adiós decoroso al petróleo mexicano, exigiendo el uso social y democrático de sus beneficios, como recurso para satisfacer las necesidades más acuciantes de la sociedad presente y próxima, como plataforma para realizar un cambio radical de civilización. Antes de que el destino nos rebase.
Víctor M. Toledo
vtoledo@oikos.unam.mx
Adiós al petróleo
Hoy se debe defender al petróleo como bien público, acudiendo a la consulta; haciendo frente a la voracidad del capitalismo corporativo de escala global, el mismo que fue expulsado del país en 1938, y que hoy retorna, agazapado, en las reformas blanquiazules. Sin embargo, no se puede hacer una defensa nacionalista de ese recurso fuera del contexto global y de los escenarios presentes y futuros del mundo. La soberanía nacional, la historia patria, el espíritu de lo mexicano, se defiende a la par que se lucha por la vida, la dignidad de toda la humanidad y el equilibrio del planeta. El nacionalismo se afirma en lo universal y viceversa. Se lucha localmente mientras se piensa globalmente.
En el debate petrolero, estamos frente a una contienda de dos pistas: la que nos marca la propia historia del país, más rápida e inmediata, y la que nos enmarca en los procesos sociales y ecológicos de escala global y de más largo aliento. Por ello, la modernización de Pemex debe realizarse dentro de una visión más amplia: la de la obligada transición hacia otras fuentes de energía, pues el petróleo, no debe olvidarse, es la primera causa de la contaminación atmosférica y el calentamiento globales.
Todo indica que estamos al final de la “era del petróleo”, la época en la que la humanidad creció como nunca en la historia, con toda su pesada carga: ciudades, industrias, autos, fábricas, carreteras, aparatos, utensilios, máquinas diversas. Tengo frente a mí la gráfica, bien diseñada y a todo color, de la Association for the Study of Peak Oil and Gas (www.peakoil. net), incluida en un excelente ensayo de R. Fernández-Durán (www.ecologistasenaccion.org), en la que se registra 2010 (¡leyó usted bien!) como el año del quiebre, el momento en el cual la humanidad se habrá devorado ya la mitad de las reservas probadas de petróleo, y éste comenzará su descenso.
Como sucedió con la discusión sobre el calentamiento global, a pesar de las resistencias los datos han ido demostrando que el momento del quiebre se sitúa en los años que vienen (ver la excelente síntesis del tema en www.wikipedia.org). Este pico de máximo petrolero fue ya alcanzado antes por Estados Unidos en 1970, por Rusia en 1985, y por los países europeos en 1995. Estos datos, con los cuales coinciden en lo general los principales analistas del tema, indican que estamos entrando ya a la “fase terminal” de una era de casi siglo y medio, iniciada en 1859, año en el que un primer pozo petrolero del este de Estados Unidos hizo brotar de las profundidades el primer chorro de los “veneros del demonio”.
Con una dinámica mundial que cada día exige más, no menos, petróleo, pues el proceso de modernización que hoy domina es sinónimo de más capitalismo, industria, urbanismo, consumo desmedido, individualismo, y uso despilfarrador de los principales recursos del planeta, la velocidad de la fase final de la era petrolera habrá de acelerarse. Hoy se requiere más petróleo (¡producid, producid, producid!) para satisfacer las necesidades de 400 ciudades de más de un millón de habitantes y de 60 urbes con más de 10 millones (más las áreas rurales), y esto se verá amplificado en los próximos 10 años por el vertiginoso arribo de millones de nuevos “desarrollados” en China, India, Brasil, Sudáfrica y otros países.
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (www.iea.org) se estima que para 2012, la demanda petrolera de la humanidad ¡ya no podrá ser satisfecha! Eso significa que se desencadenarán fenómenos impredecibles e incontrolables a consecuencia del aumento irreversible de los precios del petróleo. Sólo unas cifras: la demanda pasó de los 10 millones de barriles diarios (mbd) en 1950 a los 80 (mbd) en 2000, y será de casi 100 (mbd) para el año que viene. En suma, debemos ir diciendo adiós al petróleo, despidiéndolo con beneplácito, porque un modelo civilizatorio que ha puesto en riesgo el equilibrio del ecosistema planetario toca a su fin, y porque otro nuevo debe comenzar a edificarse.
Lo anterior trae al centro del debate la llamada “transición energética”, la necesidad de organizar el mundo social a partir de otras fuentes de energía no fósiles. Cada sociedad, cada país, cada región, debe prepararse para vivir esta transición inexorable con el menor sufrimiento posible (pobreza, hambrunas, sublevaciones, represiones). Hoy, los mexicanos necesitamos a Pemex para sufragar ese cambio hacia otras fuentes energéticas (solar, eólica, hidráulica, geotérmica, de biomasa). Para ello, las ciudadanías deben exigir cuenta claras, manejo transparente, uso democrático, de los millones y millones de dólares que entrarán como ganancia petrolera en la próxima década (la cifra oficial de las reservas ha sido establecida en 9.2 años).
Como en toda transición, el cambio será profundo y auténtico o meramente cosmético, es decir, controlado por los mismos poderes económicos y políticos que dominan y explotan al mundo y que buscan implantar soluciones ficticias o de alto riesgo (agro-combustibles, centrales nucleares, tecnologías alternativas bajo el monopolio de las corporaciones). El dilema es si los ciudadanos, dejamos que el cambio energético se haga sin un radical rearreglo civilizatorio, o si por el contrario la sociedad organizada impone una nueva forma de modernidad.
En suma, el debate petrolero no debe perder de vista la dimensión del cambio energético global que, como hemos visto, ocurrirá en un horizonte de tiempo mucho más corto de lo que suponíamos. Un cambio cualitativo que será vivido ya por nuestros hijos, y que será crucial para nuestros nietos. Mientras tanto ofrezcamos un adiós decoroso al petróleo mexicano, exigiendo el uso social y democrático de sus beneficios, como recurso para satisfacer las necesidades más acuciantes de la sociedad presente y próxima, como plataforma para realizar un cambio radical de civilización. Antes de que el destino nos rebase.
viernes, julio 18, 2008
Petróleo."El conflicto"
Luis Javier Garrido
El conflicto
El país está en horas decisivas de su historia ante la posibilidad de que se abra una vía seudolegal para que sea despojada de su riqueza petrolera, y la llamada “clase política” no parece darse cuenta de la trascendencia de lo que está en juego, y no piensa más que en sus intereses inmediatos.
1. La consulta abierta en el Senado de la República para discutir las iniciativas de contrarreforma petrolera de Felipe Calderón llega a su fin el martes 22, luego de que ésta fuera derrotada en toda la línea con los argumentos de la razón y del derecho, y en un clima político enrarecido por el descubrimiento de 108 nuevos contratos ilegales de Mouriño con Pemex (La Jornada del jueves 17), pero un sector de las mafias priísta y panista confían en aprobar la contrarreforma, contando para ello incluso con el aval del sector más derechista del PRD.
2. La iniciativas de Calderón buscan esencialmente ir desmantelando gradualmente a Pemex para al mismo tiempo crear una industria trasnacional en México, y ante el repudio generalizado los principales voceros priístas una y otra vez reiteraron la oposición del PRI a violar la Constitución para privatizar Pemex, pero a unas horas de que concluyan los foros y el PRI deba cumplirle al gobierno de facto su ofrecimiento, el senador Beltrones esboza de nuevo lo que va a ser la contrapropuesta priísta, que supuestamente “negociarían” con el PAN, y ésta supone ahora nada menos que violar la Constitución para privatizar Pemex: es decir, que es la misma gata nada más que revolcada.
3. En una más de sus conferencias de prensa, un Manlio Fabio ahora inusitadamente nervioso, como los boxeadores ablandados tras el castigo recibido, indicó ante los medios el día 16 cuál sería lo esencial del proyecto del PRI que están elaborando (El Noticiero del Canal 2 del día 16), y precisó que al contrario de lo que habían señalado otros voceros, la propuesta del tricolor supone la entrega al capital privado nacional de diversas actividades que ya “no debería” llevar a cabo Pemex, entre ellas la refinación, los ductos y el almacenaje de hidrocarburos, mediante contratos, que serían ilegales, y la creación de las anticonstitucionales “empresas espejo” (La Jornada, 17 de julio).
4. Como si los foros no hubiesen evidenciado hasta la saciedad el carácter anticonstitucional de las “empresas espejo” y de este tipo de contratos, Beltrones salió con su batea de babas y pretende que “la iniciativa del PRI” es nueva porque crea empresas filiales “cien por ciento mexicanas”, aunque todo mundo sabe que no es otra cosa que la misma del gobierno de facto, pero presentada de otra manera. Es decir, que dio a entender que él y los miembros de la cúpula priísta no van a hacer otra cosa que actuar como gatetes de Calderón y de los panistas y en consecuencia cargar con el costo del acto de felonía que supone la comisión del delito de traición a la patria.
5. La propuesta del PRI, así esbozada en la tontería de Beltrones, que en minutos perdió su arrogancia de semanas, contraviene el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, que establece claramente desde la reforma del 29 de diciembre de 1960, impulsada por el presidente Adolfo López Mateos, que “tratándose del petróleo y de los hidrocarburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado”, es decir, los contratos llamados “de riesgo”, luego reformulados como “de servicios múltiples” (que habían proliferado en los años de Ávila Camacho y Alemán), los que ahora se han rebautizado como contratos “de desempeño” o “incentivados” y que conducen a lo mismo.
6. La mecánica que se ha ido definiendo es clara, pues se trata de que Pemex vaya cediendo sus facultades a las trasnacionales, que buscan crear una industria petrolera paralela –como se hizo con la eléctrica–, para lo cual requiere el gobierno de Calderón tener manos libres en el consejo de administración de Pemex. De ahí que la propuesta de nueva Ley Orgánica de la paraestatal suponga una empresa blindada frente a la legalidad, fuera del control del Legislativo y de la sociedad y sobre todo por encima de los principios constitucionales, para que en las manos de un régimen presidencialista exacerbado, el Ejecutivo, dotado de nuevas atribuciones, pueda irla entregando discrecionalmente al capital privado.
7. Un Petróleos Mexicanos abandonado por el gobierno, que se seguiría rehusando a invertir en éste, no podría, en suma, competir con las llamadas “empresas espejo”, dotadas de la más moderna tecnología y a las que se dotaría del más moderno equipamiento, y en unos cuantos años la industria pública habría desaparecido y florecería la privada.
8. El argumento de que sólo se permitiría “al capital privado” nacional adueñarse de Pemex, además de inconstitucional constituye por dos motivos una engañifa. La Constitución, por un lado, consagra en sus artículos 25 y 28, párrafo cuarto, el principio de la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros por conducto de una empresa pública, y prohíbe la privatización de esta industria estratégica, por lo que este proyecto sería ilegal. Y, por el otro, no hay hoy en el mundo empresas “nacionales”: todas son trasnacionales. La afirmación de Manlio constituye una falacia, pues ni Cemex ni Televisa son empresas “nacionales” ni pueden serlo en un mundo en el que el capital no tiene patria y/o donde es fácil defraudar a la Ley. La Jornada documentaba ayer el caso del Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas (GTM), al que Francisco Gil le otorgó, siendo titular de Hacienda, una concesión como “nacional” y ahora se sabe que Telefónica de España posee 94.7 por ciento de sus acciones.
9. La contrapropuesta del PRI a las iniciativas de Calderón, sea la que vaya a ser, no puede por lo mismo dictaminarse y aprobarse fast track, máximo si no es más que una reformulación de la oficial ya conocida, como sugiere Beltrones, y que transgredería el orden constitucional al pretender crear una industria petrolera en la más plena ilegalidad y en contra de la voluntad del pueblo mexicano que tendría en todo momento el derecho legítimo de oponerse a ésta y buscar por todos los medios su desaparición.
10. La Consulta Popular del domingo 27 constituye así en este escenario un paso adelante en la búsqueda de una salida racional al conflicto y es ya desde ahora un momento fundamental en la vida del pueblo mexicano.
El conflicto
El país está en horas decisivas de su historia ante la posibilidad de que se abra una vía seudolegal para que sea despojada de su riqueza petrolera, y la llamada “clase política” no parece darse cuenta de la trascendencia de lo que está en juego, y no piensa más que en sus intereses inmediatos.
1. La consulta abierta en el Senado de la República para discutir las iniciativas de contrarreforma petrolera de Felipe Calderón llega a su fin el martes 22, luego de que ésta fuera derrotada en toda la línea con los argumentos de la razón y del derecho, y en un clima político enrarecido por el descubrimiento de 108 nuevos contratos ilegales de Mouriño con Pemex (La Jornada del jueves 17), pero un sector de las mafias priísta y panista confían en aprobar la contrarreforma, contando para ello incluso con el aval del sector más derechista del PRD.
2. La iniciativas de Calderón buscan esencialmente ir desmantelando gradualmente a Pemex para al mismo tiempo crear una industria trasnacional en México, y ante el repudio generalizado los principales voceros priístas una y otra vez reiteraron la oposición del PRI a violar la Constitución para privatizar Pemex, pero a unas horas de que concluyan los foros y el PRI deba cumplirle al gobierno de facto su ofrecimiento, el senador Beltrones esboza de nuevo lo que va a ser la contrapropuesta priísta, que supuestamente “negociarían” con el PAN, y ésta supone ahora nada menos que violar la Constitución para privatizar Pemex: es decir, que es la misma gata nada más que revolcada.
3. En una más de sus conferencias de prensa, un Manlio Fabio ahora inusitadamente nervioso, como los boxeadores ablandados tras el castigo recibido, indicó ante los medios el día 16 cuál sería lo esencial del proyecto del PRI que están elaborando (El Noticiero del Canal 2 del día 16), y precisó que al contrario de lo que habían señalado otros voceros, la propuesta del tricolor supone la entrega al capital privado nacional de diversas actividades que ya “no debería” llevar a cabo Pemex, entre ellas la refinación, los ductos y el almacenaje de hidrocarburos, mediante contratos, que serían ilegales, y la creación de las anticonstitucionales “empresas espejo” (La Jornada, 17 de julio).
4. Como si los foros no hubiesen evidenciado hasta la saciedad el carácter anticonstitucional de las “empresas espejo” y de este tipo de contratos, Beltrones salió con su batea de babas y pretende que “la iniciativa del PRI” es nueva porque crea empresas filiales “cien por ciento mexicanas”, aunque todo mundo sabe que no es otra cosa que la misma del gobierno de facto, pero presentada de otra manera. Es decir, que dio a entender que él y los miembros de la cúpula priísta no van a hacer otra cosa que actuar como gatetes de Calderón y de los panistas y en consecuencia cargar con el costo del acto de felonía que supone la comisión del delito de traición a la patria.
5. La propuesta del PRI, así esbozada en la tontería de Beltrones, que en minutos perdió su arrogancia de semanas, contraviene el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, que establece claramente desde la reforma del 29 de diciembre de 1960, impulsada por el presidente Adolfo López Mateos, que “tratándose del petróleo y de los hidrocarburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado”, es decir, los contratos llamados “de riesgo”, luego reformulados como “de servicios múltiples” (que habían proliferado en los años de Ávila Camacho y Alemán), los que ahora se han rebautizado como contratos “de desempeño” o “incentivados” y que conducen a lo mismo.
6. La mecánica que se ha ido definiendo es clara, pues se trata de que Pemex vaya cediendo sus facultades a las trasnacionales, que buscan crear una industria petrolera paralela –como se hizo con la eléctrica–, para lo cual requiere el gobierno de Calderón tener manos libres en el consejo de administración de Pemex. De ahí que la propuesta de nueva Ley Orgánica de la paraestatal suponga una empresa blindada frente a la legalidad, fuera del control del Legislativo y de la sociedad y sobre todo por encima de los principios constitucionales, para que en las manos de un régimen presidencialista exacerbado, el Ejecutivo, dotado de nuevas atribuciones, pueda irla entregando discrecionalmente al capital privado.
7. Un Petróleos Mexicanos abandonado por el gobierno, que se seguiría rehusando a invertir en éste, no podría, en suma, competir con las llamadas “empresas espejo”, dotadas de la más moderna tecnología y a las que se dotaría del más moderno equipamiento, y en unos cuantos años la industria pública habría desaparecido y florecería la privada.
8. El argumento de que sólo se permitiría “al capital privado” nacional adueñarse de Pemex, además de inconstitucional constituye por dos motivos una engañifa. La Constitución, por un lado, consagra en sus artículos 25 y 28, párrafo cuarto, el principio de la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros por conducto de una empresa pública, y prohíbe la privatización de esta industria estratégica, por lo que este proyecto sería ilegal. Y, por el otro, no hay hoy en el mundo empresas “nacionales”: todas son trasnacionales. La afirmación de Manlio constituye una falacia, pues ni Cemex ni Televisa son empresas “nacionales” ni pueden serlo en un mundo en el que el capital no tiene patria y/o donde es fácil defraudar a la Ley. La Jornada documentaba ayer el caso del Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas (GTM), al que Francisco Gil le otorgó, siendo titular de Hacienda, una concesión como “nacional” y ahora se sabe que Telefónica de España posee 94.7 por ciento de sus acciones.
9. La contrapropuesta del PRI a las iniciativas de Calderón, sea la que vaya a ser, no puede por lo mismo dictaminarse y aprobarse fast track, máximo si no es más que una reformulación de la oficial ya conocida, como sugiere Beltrones, y que transgredería el orden constitucional al pretender crear una industria petrolera en la más plena ilegalidad y en contra de la voluntad del pueblo mexicano que tendría en todo momento el derecho legítimo de oponerse a ésta y buscar por todos los medios su desaparición.
10. La Consulta Popular del domingo 27 constituye así en este escenario un paso adelante en la búsqueda de una salida racional al conflicto y es ya desde ahora un momento fundamental en la vida del pueblo mexicano.
miércoles, julio 16, 2008
Petróleo. "Debate Petrolero"
Luis Linares Zapata
Debate petrolero
Finiquitar el modelo del desarrollo estabilizador, con su política de sustitución de importaciones, tomó décadas, a pesar de los signos claros de agotamiento. El costo de su no renovación fue altísimo. Las urgencias para el rediseño del modelo, tanto en sus políticas públicas como en la efectividad de los diferentes instrumentos empleados, se veían perentorias. Aun así, se dejaron pasar. La realidad fue ninguneada y se perdió tiempo valioso para los remplazos, mismos que no llegaron, sino hasta muchos años después. Y cuando lo hicieron, en los inicios de los años 80, fueron por demás dolorosos. Sin planeación cuidadosa, se dio paso a una transición a matacaballo. Posteriormente, se tuvo que pagar un precio inmenso para entrar al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés.)
La apertura para amoldarse a la globalidad ha sido, por demás, intempestiva y violenta sobre la Fábrica Nacional. Una a una las distintas ramas productivas comenzaron a ser desmanteladas en sus interconexiones. No se recurrió a red alguna de protección que amortiguara sus efectos en las cadenas industriales. Tampoco se preparó a los trabajadores para las nuevas aventuras. La investigación, creación tecnológica y las ingenierías han languidecido en el abandono. No se atendió el complejo entramado agroindustrial existente hasta ese momento.
La llegada del TLC con su retórica que apuntaba hacia la inserción de México en los flujos internacionales del comercio, haciéndolo una potencia exportadora, ha dado como resultado, irónicamente, una enorme maquinaria de importaciones. Sin contar la maquila, se han importado, solamente de 2003 a 2006, 555.3 mil millones de dólares (mmdd) contra 443.2 de exportaciones, incluyendo, claro está, los volúmenes gigantescos de crudo con precios ya en rápido aumento en esos años. Un déficit acumulado de 112.1 mmdd. Y la tendencia apunta hacia un agravamiento progresivo. El paradigma de la globalidad ha sido caro para los mexicanos.
Pero también el modelo actual se muestra, y cada vez más, incapaz de solventar los requerimientos integradores. A pesar de ello, se ha apresurado el proceso para traer de fuera hasta lo más superfluo. El efecto sobre ramas industriales completas está siendo devastador.
¿No son suficientes estos números para cavilar y para actuar en la sustitución del modelo vigente? ¿Cómo se llegó a tan delicada situación? ¿Quiénes se responsabilizan por ello? ¿Por qué si hoy se tiene en el país una capacidad instalada de 36 millones de toneladas de petroquímicos sólo se producen 17? En verdad, aquellos que han participado en la toma de estas decisiones debían concurrir ante un comité de responsabilidades cívicas para que, cuando menos, pidan perdón a la nación. Porque detrás de estas feroces cifras hay grandes y miserables tragedias humanas que claman por justicia. ¿Por qué, si se pueden producir 7 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados, sólo se despacha 1.2 toneladas? Y lo demás que demanda el campo se trae desde el Cáucaso en montos que llegan a los 11.3 miles de millones de pesos en 2006. ¿Qué tipo de responsabilidad tienen aquellos que, a la vista de la crisis alimentaria, han cerrado una tras otra las plantas de amoniaco, de urea, de fertilizantes?
La de la refinación y petroquímica es una verdadera historia de terror neoliberal. Parece que, en efecto, los mexicanos fueran negados para narrar cuentos de éxitos y futuros prometedores. Ciertamente no lo son. Pero si se examina esta tétrica realidad de más cerca, y con la mirada puesta en el largo periodo que la provocó, se puede encontrar el hilo conductor que, al menos, la explica. En el fondo está la peluda, aunque perfumada mano de los hacendistas que han tomado, desde hace muchos años, más de 25 a la fecha, no sólo las decisiones financieras, sino que han formado todo un entramado adicional de intervenciones trágicas. Han diseñado las políticas a seguir, han impuesto una serie de paradigmas financieristas. Paradigmas que ningunean otras consideraciones tales como la formación de conocimiento y tecnología. Han tejido la tupida red de controles que operan con verdadero celo burocrático.
Pero tal situación caótica no es gratuita: obedece a pulsiones bien arraigadas en las cúpulas del poder establecido en el país. En ese ámbito se encuentra la inconfesada, pero efectiva, tendencia a la apertura de los mercados. Todo un envolvente que ha sido el cerrojo de una Fábrica Nacional integrada y la ha convertido en botín de variada clase de aventureros. Toda una tupida maraña de contratistas y traficantes de influencias son los que han tomado ventajas indebidas de esta ausencia nacional de planes de largo plazo, de programas y políticas integradoras que tanta falta hacen.
De este impulso entreguista se derivan políticas e instrumentos variados que actúan sin recato, pero de manera continua y consistente. Todavía encapuchados algunos, pero la mayoría ya hasta con cierta aceptación a manera de falsos axiomas. ¿De qué otra forma se puede catalogar el reciente programa de infraestructura que anunció la Secretaría de Comunicaciones donde sólo las grandes trasnacionales podrán concursar para las obras de tamaño pesado? Las condiciones para entrar y los requisitos a cumplir, de salida, eliminan a medianos y pequeños. Véase, si no, las recientes adjudicaciones de los 17 contratos carreteros. Nueve han ido a empresas extranjeras, siete a españolas. El resto, menos de la mitad fueron para tres empresas mexicanas.
Las empresas constructoras mexicanas, la mayoría medianas o pequeñas, quedan, por esta políticas de apertura indiscriminada, en el más frío desamparo. Las extranjeras llegan, ganan los concursos por su músculo financiero y después subcontratan o reparten tramos o especialidades a las mexicanas. Estas últimas terminan en calidad de efectivos capataces de obreros de rala calificación y son apretadas hasta la quiebra por sus demandantes patrones que sacan el mejor provecho posible y se van canturreando a sus países con las talegas rebosantes.
Debate petrolero
Finiquitar el modelo del desarrollo estabilizador, con su política de sustitución de importaciones, tomó décadas, a pesar de los signos claros de agotamiento. El costo de su no renovación fue altísimo. Las urgencias para el rediseño del modelo, tanto en sus políticas públicas como en la efectividad de los diferentes instrumentos empleados, se veían perentorias. Aun así, se dejaron pasar. La realidad fue ninguneada y se perdió tiempo valioso para los remplazos, mismos que no llegaron, sino hasta muchos años después. Y cuando lo hicieron, en los inicios de los años 80, fueron por demás dolorosos. Sin planeación cuidadosa, se dio paso a una transición a matacaballo. Posteriormente, se tuvo que pagar un precio inmenso para entrar al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés.)
La apertura para amoldarse a la globalidad ha sido, por demás, intempestiva y violenta sobre la Fábrica Nacional. Una a una las distintas ramas productivas comenzaron a ser desmanteladas en sus interconexiones. No se recurrió a red alguna de protección que amortiguara sus efectos en las cadenas industriales. Tampoco se preparó a los trabajadores para las nuevas aventuras. La investigación, creación tecnológica y las ingenierías han languidecido en el abandono. No se atendió el complejo entramado agroindustrial existente hasta ese momento.
La llegada del TLC con su retórica que apuntaba hacia la inserción de México en los flujos internacionales del comercio, haciéndolo una potencia exportadora, ha dado como resultado, irónicamente, una enorme maquinaria de importaciones. Sin contar la maquila, se han importado, solamente de 2003 a 2006, 555.3 mil millones de dólares (mmdd) contra 443.2 de exportaciones, incluyendo, claro está, los volúmenes gigantescos de crudo con precios ya en rápido aumento en esos años. Un déficit acumulado de 112.1 mmdd. Y la tendencia apunta hacia un agravamiento progresivo. El paradigma de la globalidad ha sido caro para los mexicanos.
Pero también el modelo actual se muestra, y cada vez más, incapaz de solventar los requerimientos integradores. A pesar de ello, se ha apresurado el proceso para traer de fuera hasta lo más superfluo. El efecto sobre ramas industriales completas está siendo devastador.
¿No son suficientes estos números para cavilar y para actuar en la sustitución del modelo vigente? ¿Cómo se llegó a tan delicada situación? ¿Quiénes se responsabilizan por ello? ¿Por qué si hoy se tiene en el país una capacidad instalada de 36 millones de toneladas de petroquímicos sólo se producen 17? En verdad, aquellos que han participado en la toma de estas decisiones debían concurrir ante un comité de responsabilidades cívicas para que, cuando menos, pidan perdón a la nación. Porque detrás de estas feroces cifras hay grandes y miserables tragedias humanas que claman por justicia. ¿Por qué, si se pueden producir 7 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados, sólo se despacha 1.2 toneladas? Y lo demás que demanda el campo se trae desde el Cáucaso en montos que llegan a los 11.3 miles de millones de pesos en 2006. ¿Qué tipo de responsabilidad tienen aquellos que, a la vista de la crisis alimentaria, han cerrado una tras otra las plantas de amoniaco, de urea, de fertilizantes?
La de la refinación y petroquímica es una verdadera historia de terror neoliberal. Parece que, en efecto, los mexicanos fueran negados para narrar cuentos de éxitos y futuros prometedores. Ciertamente no lo son. Pero si se examina esta tétrica realidad de más cerca, y con la mirada puesta en el largo periodo que la provocó, se puede encontrar el hilo conductor que, al menos, la explica. En el fondo está la peluda, aunque perfumada mano de los hacendistas que han tomado, desde hace muchos años, más de 25 a la fecha, no sólo las decisiones financieras, sino que han formado todo un entramado adicional de intervenciones trágicas. Han diseñado las políticas a seguir, han impuesto una serie de paradigmas financieristas. Paradigmas que ningunean otras consideraciones tales como la formación de conocimiento y tecnología. Han tejido la tupida red de controles que operan con verdadero celo burocrático.
Pero tal situación caótica no es gratuita: obedece a pulsiones bien arraigadas en las cúpulas del poder establecido en el país. En ese ámbito se encuentra la inconfesada, pero efectiva, tendencia a la apertura de los mercados. Todo un envolvente que ha sido el cerrojo de una Fábrica Nacional integrada y la ha convertido en botín de variada clase de aventureros. Toda una tupida maraña de contratistas y traficantes de influencias son los que han tomado ventajas indebidas de esta ausencia nacional de planes de largo plazo, de programas y políticas integradoras que tanta falta hacen.
De este impulso entreguista se derivan políticas e instrumentos variados que actúan sin recato, pero de manera continua y consistente. Todavía encapuchados algunos, pero la mayoría ya hasta con cierta aceptación a manera de falsos axiomas. ¿De qué otra forma se puede catalogar el reciente programa de infraestructura que anunció la Secretaría de Comunicaciones donde sólo las grandes trasnacionales podrán concursar para las obras de tamaño pesado? Las condiciones para entrar y los requisitos a cumplir, de salida, eliminan a medianos y pequeños. Véase, si no, las recientes adjudicaciones de los 17 contratos carreteros. Nueve han ido a empresas extranjeras, siete a españolas. El resto, menos de la mitad fueron para tres empresas mexicanas.
Las empresas constructoras mexicanas, la mayoría medianas o pequeñas, quedan, por esta políticas de apertura indiscriminada, en el más frío desamparo. Las extranjeras llegan, ganan los concursos por su músculo financiero y después subcontratan o reparten tramos o especialidades a las mexicanas. Estas últimas terminan en calidad de efectivos capataces de obreros de rala calificación y son apretadas hasta la quiebra por sus demandantes patrones que sacan el mejor provecho posible y se van canturreando a sus países con las talegas rebosantes.
sábado, julio 12, 2008
MAÍZ.¿Sin Maíz, no hay México?
La Jornada
Ana de Ita
El maíz y los vampiros trasnacionales
La cosecha de maíz en Sinaloa –corazón de la agricultura industrial en México– está por terminar, con una producción récord cercana a los 5 millones de toneladas.
Cuatro empresas trasnacionales controlan 66 por ciento de la oferta del grano, con sus correspondientes subsidios, y en la pista de la crisis de los precios agrícolas conducen la comercialización y distribución del alimento esencial de los mexicanos.
Desde la década de los 90 el gobierno renunció a regular el mercado del maíz y el resto de los productos básicos y dejó este jugoso negocio en manos de las trasnacionales. Cuando la producción excedentaria de Estados Unidos inundaba el mercado de México a precios dumping, las corporaciones, que son también las principales importadoras, exigían subsidios al gobierno para comercializar la cosecha nacional. Los “programas de apoyos directos por excedente de comercialización” de la Secretaría de Agricultura les permitieron engrosar sus ganancias.
A partir de 2006, el escenario agrícola mundial cambió y no hay más excedentes de alimentos a precios baratos; sin embargo, el gobierno mexicano se ha rehusado a cumplir sus funciones de regulación y las trasnacionales mantienen el control del mercado.
El precio internacional del cereal ha llegado a niveles sin precedentes; a finales de junio cerró en 282 dólares por tonelada, y se espera que continúe en ascenso, para llegar en diciembre a cerca de 310 dólares la tonelada, debido al aumento de la demanda para la producción de etanol, usado como agrocombustible y porque se ha convertido en uno de los productos más atractivos para los inversionistas bursátiles que actualmente controlan en instrumentos de futuros la mitad de los inventarios de Estados Unidos.
Para detener la ofensiva de los precios, el gobierno mexicano, fiel al libre comercio, estableció desde el año pasado un programa de compras anticipadas de maíz blanco. Para la actual cosecha de Sinaloa (ciclo otoño-invierno 2007-2008) el programa ampara la compra de 3.85 millones de toneladas, que serán subsidiadas hasta con 625 pesos cada una, destinados a apoyar los costos del flete a las regiones de consumo, los de almacenamiento y financieros, el cabotaje o flete para la exportación, un subsidio de 200 pesos si el grano se destina al consumo de ganado, y la mitad del costo de las “coberturas” utilizadas para proteger el precio pagado. Maseca compró 922 mil toneladas, Cargill 900 mil, Minsa 317 mil y Archer Daniels Midland, vinculada a Maseca, otras 86 mil. Estas corporaciones, junto con algunas industrias ganaderas como Bachoco, SuKarne y otras empresas menores, se repartirán el mercado, y los correspondientes subsidios.
Pero la comercialización de maíz es un negocio, y mientras los acopiadores pagaron a los agricultores de Sinaloa entre 2 mil 700 y 2 mil 800 pesos por tonelada, el control de la oferta que ejercen les permite presionar los precios al alza. A finales de mayo, antes de que las trasnacionales reditaran una nueva crisis de la tortilla, subiendo de manera abrupta los precios, el gobierno acordó incrementos escalonados en los precios de venta del grano, que van desde 3 mil 450 pesos en julio, hasta llegar a 3 mil 950 pesos en noviembre, además de aumentar 100 pesos a los subsidios por tonelada (La Jornada, 02/6/08).
Los más de 60 mil molinos dedicados a la elaboración de masa y tortillas que existen en el país son principalmente pequeños negocios familiares, sin capacidad de compras anticipadas, ni de almacenamiento, por lo que recurren semanalmente a las comercializadoras para su abasto de grano. Cargill surte a alrededor de 2 mil molinos en la ciudad de México.
El precio de venta del maíz pactado para noviembre implica un significativo aumento de 17 por ciento y se coloca por arriba del precio internacional esperado. Por su parte, los agricultores se protegieron con coberturas y esperan el pago de una compensación que les permita alcanzar los 3 mil 354 pesos por tonelada al que cerraron sus contratos de futuros.
En este entorno de especulación financiera y disputa por las ganancias que arroja la producción y comercialización de maíz, el margen del gobierno para evitar nuevos aumentos al precio de la tortilla es muy estrecho, mientras los vampiros trasnacionales se fortalecen.
Ana de Ita
El maíz y los vampiros trasnacionales
La cosecha de maíz en Sinaloa –corazón de la agricultura industrial en México– está por terminar, con una producción récord cercana a los 5 millones de toneladas.
Cuatro empresas trasnacionales controlan 66 por ciento de la oferta del grano, con sus correspondientes subsidios, y en la pista de la crisis de los precios agrícolas conducen la comercialización y distribución del alimento esencial de los mexicanos.
Desde la década de los 90 el gobierno renunció a regular el mercado del maíz y el resto de los productos básicos y dejó este jugoso negocio en manos de las trasnacionales. Cuando la producción excedentaria de Estados Unidos inundaba el mercado de México a precios dumping, las corporaciones, que son también las principales importadoras, exigían subsidios al gobierno para comercializar la cosecha nacional. Los “programas de apoyos directos por excedente de comercialización” de la Secretaría de Agricultura les permitieron engrosar sus ganancias.
A partir de 2006, el escenario agrícola mundial cambió y no hay más excedentes de alimentos a precios baratos; sin embargo, el gobierno mexicano se ha rehusado a cumplir sus funciones de regulación y las trasnacionales mantienen el control del mercado.
El precio internacional del cereal ha llegado a niveles sin precedentes; a finales de junio cerró en 282 dólares por tonelada, y se espera que continúe en ascenso, para llegar en diciembre a cerca de 310 dólares la tonelada, debido al aumento de la demanda para la producción de etanol, usado como agrocombustible y porque se ha convertido en uno de los productos más atractivos para los inversionistas bursátiles que actualmente controlan en instrumentos de futuros la mitad de los inventarios de Estados Unidos.
Para detener la ofensiva de los precios, el gobierno mexicano, fiel al libre comercio, estableció desde el año pasado un programa de compras anticipadas de maíz blanco. Para la actual cosecha de Sinaloa (ciclo otoño-invierno 2007-2008) el programa ampara la compra de 3.85 millones de toneladas, que serán subsidiadas hasta con 625 pesos cada una, destinados a apoyar los costos del flete a las regiones de consumo, los de almacenamiento y financieros, el cabotaje o flete para la exportación, un subsidio de 200 pesos si el grano se destina al consumo de ganado, y la mitad del costo de las “coberturas” utilizadas para proteger el precio pagado. Maseca compró 922 mil toneladas, Cargill 900 mil, Minsa 317 mil y Archer Daniels Midland, vinculada a Maseca, otras 86 mil. Estas corporaciones, junto con algunas industrias ganaderas como Bachoco, SuKarne y otras empresas menores, se repartirán el mercado, y los correspondientes subsidios.
Pero la comercialización de maíz es un negocio, y mientras los acopiadores pagaron a los agricultores de Sinaloa entre 2 mil 700 y 2 mil 800 pesos por tonelada, el control de la oferta que ejercen les permite presionar los precios al alza. A finales de mayo, antes de que las trasnacionales reditaran una nueva crisis de la tortilla, subiendo de manera abrupta los precios, el gobierno acordó incrementos escalonados en los precios de venta del grano, que van desde 3 mil 450 pesos en julio, hasta llegar a 3 mil 950 pesos en noviembre, además de aumentar 100 pesos a los subsidios por tonelada (La Jornada, 02/6/08).
Los más de 60 mil molinos dedicados a la elaboración de masa y tortillas que existen en el país son principalmente pequeños negocios familiares, sin capacidad de compras anticipadas, ni de almacenamiento, por lo que recurren semanalmente a las comercializadoras para su abasto de grano. Cargill surte a alrededor de 2 mil molinos en la ciudad de México.
El precio de venta del maíz pactado para noviembre implica un significativo aumento de 17 por ciento y se coloca por arriba del precio internacional esperado. Por su parte, los agricultores se protegieron con coberturas y esperan el pago de una compensación que les permita alcanzar los 3 mil 354 pesos por tonelada al que cerraron sus contratos de futuros.
En este entorno de especulación financiera y disputa por las ganancias que arroja la producción y comercialización de maíz, el margen del gobierno para evitar nuevos aumentos al precio de la tortilla es muy estrecho, mientras los vampiros trasnacionales se fortalecen.
viernes, julio 11, 2008
Petróleo. "Ahí está el peine"
Luis Javier Garrido
Los privatizadores
La corrupción de los panistas, que se han beneficiado sin límites de la industria petrolera mexicana durante estos años en perjuicio de los intereses de la nación, ha sido un tema ausente en los debates del Senado, lo que es inaceptable, pues la mecánica que han utilizado es la que explica muchas de las propuestas oficiales que tienden a crear un régimen de excepción en materia petrolera que propicie el control presidencialista sobre la industria y le permita entregarla sin controles a las multinacionales.
1. La impunidad ha sido hasta ahora en los hechos la clave de las presuntas actividades delictivas de Felipe Calderón y su equipo en materia petrolera. Expedientes clasificados de Pemex, revelados por el número 102 de la revista Contralínea en mayo de 2008, evidenciaron que César Nava, secretario privado de Calderón, haciendo a un lado a Pemex, suscribió en 2005 contratos ilegales de servicios múltiples, violatorios de la Constitución, por más de 4 mil millones de dólares en beneficio de Repsol y otras trasnacionales cuando fungía como abogado general de Pemex –en particular los relativos a la explotación de gas en la cuenca de Burgos–, y que a pesar de haber sido denunciado por funcionarios de la paraestatal, según expediente DE/099/2005, no se le investigó.
2. No menos escandaloso es el caso de Gustavo Enrique Madero, quien sustituyó a Santiago Creel como jefe de los senadores del PAN y se asume como miembro de una “nueva clase política” —por lo que, como la mayor parte de los panistas “modernizadores”, es a la vez empresario, político y traficante de influencias–, quien empezó a obtener millonarias ganancias ilegales del erario federal y estatal para sus empresas cuando Calderón llegó a la Secretaría de Energía y luego, siendo legislador federal, en turbios contratos, muchos de ellos en el sector energético, como reseñó Proceso número 1650.
3. Las redes de corrupción que los panistas fueron forjando en los ocho años pasados son ya muy complejas por el componente trasnacional, pero no dejan de ser también muy primitivas. El ahora senador de Acción Nacional Juan Bueno Torio, ex director de Pemex-Refinación en la pasada administración panista —y otro de los más entusiastas privatizadores–, fue calificado desde 2006 como traficante de influencias en el sector energético al beneficiar a sus allegados con contratos ilícitos, a resultas de los cuales, según se señaló en El Universal del 3 de marzo, se le acusó de ser copropietario de por lo menos 27 empresas en el estado de Veracruz, negocios al parecer inexplicables si no se analiza su paso por Pemex.
4. Nada comparable, desde luego, con lo que se hizo desde la cúspide del poder y con lo que ahora pretende hacer Calderón. La inmensa fortuna amasada por Fox y Marta Sahagún entre 2000 y 2006, según los análisis sobre el particular, fue producto del tráfico de influencias, de la protección al narcotráfico y del peculado, pero también muy probablemente de los excedentes petroleros, y ahí está el caso también de los hermanitos Bribiesca, protegidos todos ellos por Calderón. Bueno Torio, según informó La Jornada el 23 de mayo de 2006, cuando se discutía abrirle una investigación, otorgó ilegalmente innumerables contratos de la paraestatal a sus familiares, pero también a los hijos de Marta.
5. Los casos documentados de los actos de pillería de los funcionarios que abogan ahora por la privatización de Pemex obran por decenas, y no sorprende ya el cinismo de estas mafias que siguen fingiendo que actúan por un espíritu de “modernización” y no por intereses. Conforme a una revisión de los participantes en los primeros 13 foros del Senado, según documentó en junio Proceso (número 1652), de los 46 enviados por el gobierno para defender su propuesta 35 fueron personas vinculadas “a consultoras o corporaciones trasnacionales”, y entre éstos cita a Francisco Barnés, el ex rector que quiso privatizar la UNAM en 1999, ex funcionario luego de Energía y desde hace mucho asesor de la trasnacional Dupont, dedicada a la manufactura de productos derivados de la petroquímica.
6. En los años del priísmo, un ex director general de Pemex, el senador Jorge Díaz Serrano, fue desaforado, procesado y sentenciado en 1983 por la compra fraudulenta de dos buques petroleros, pero los panistas han sido incapaces hasta ahora de procesar a Raúl Muñoz Leos, director general en los primeros años de Fox y defenestrado en 2004, a pesar de habérsele documentado maquinaciones escandalosas de corrupción.
7. La mafia de Fox se halla estrechamente vinculada a la de Calderón, como explica el hecho de que en sustitución de Muñoz Leos se designara a Luis Ramírez Corzo, señalado como uno de los funcionarios más corruptos de esa administración, a quien Calderón, vinculado a ambos, también sigue protegiendo.
8. La impunidad del poder no había sido tan absoluta en la historia de México, y éste debería ser uno de los aspectos centrales a ponderarse al decidirse el futuro de Pemex, pues un año después de los escándalos que diese en 2006 Diego Hildebrando Zavala, el cuñado incómodo de Calderón, fue recompensado por éste, ya entonces en Los Pinos, con un contrato millonario en Pemex, otorgado desde luego de manera ilegal, conforme indicó Proceso Internet el 27 de julio del año pasado.
9. El caso que ejemplifica con más claridad la actual mecánica del poder no deja de ser, sin embargo, el de Juan Camilo Mouriño, quien funge como titular de Gobernación del gobierno de facto, y quien permanece en el cargo a pesar de estar confeso de haber suscrito como representante de su empresa Ivancar contratos con Pemex Refinación cuando era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y no deja de ostentarse como el principal enlace con la trasnacional de origen hispano Repsol YPF y con la mafia aznarista (ahora minoritaria) del Partido Popular de España.
10. Felipe Calderón, quien ocupa ilegalmente la presidencia de México, aparece, sin embargo, ante los mexicanos como el principal responsable de pretender entregar nuestra industria petrolera al capital trasnacional y de beneficiarse, junto con sus amigos, de la privatización. Desde que siendo titular de Energía entregó anticonstitucionalmente la cuenca de Burgos a la Repsol en 2004 hasta ahora, en que preconiza en el exterior que las leyes de México se van a cambiar para beneficio de las multinacionales, no ha hecho otra cosa desde su pequeñez y mediocridad que desafiar a la nación.
Los privatizadores
La corrupción de los panistas, que se han beneficiado sin límites de la industria petrolera mexicana durante estos años en perjuicio de los intereses de la nación, ha sido un tema ausente en los debates del Senado, lo que es inaceptable, pues la mecánica que han utilizado es la que explica muchas de las propuestas oficiales que tienden a crear un régimen de excepción en materia petrolera que propicie el control presidencialista sobre la industria y le permita entregarla sin controles a las multinacionales.
1. La impunidad ha sido hasta ahora en los hechos la clave de las presuntas actividades delictivas de Felipe Calderón y su equipo en materia petrolera. Expedientes clasificados de Pemex, revelados por el número 102 de la revista Contralínea en mayo de 2008, evidenciaron que César Nava, secretario privado de Calderón, haciendo a un lado a Pemex, suscribió en 2005 contratos ilegales de servicios múltiples, violatorios de la Constitución, por más de 4 mil millones de dólares en beneficio de Repsol y otras trasnacionales cuando fungía como abogado general de Pemex –en particular los relativos a la explotación de gas en la cuenca de Burgos–, y que a pesar de haber sido denunciado por funcionarios de la paraestatal, según expediente DE/099/2005, no se le investigó.
2. No menos escandaloso es el caso de Gustavo Enrique Madero, quien sustituyó a Santiago Creel como jefe de los senadores del PAN y se asume como miembro de una “nueva clase política” —por lo que, como la mayor parte de los panistas “modernizadores”, es a la vez empresario, político y traficante de influencias–, quien empezó a obtener millonarias ganancias ilegales del erario federal y estatal para sus empresas cuando Calderón llegó a la Secretaría de Energía y luego, siendo legislador federal, en turbios contratos, muchos de ellos en el sector energético, como reseñó Proceso número 1650.
3. Las redes de corrupción que los panistas fueron forjando en los ocho años pasados son ya muy complejas por el componente trasnacional, pero no dejan de ser también muy primitivas. El ahora senador de Acción Nacional Juan Bueno Torio, ex director de Pemex-Refinación en la pasada administración panista —y otro de los más entusiastas privatizadores–, fue calificado desde 2006 como traficante de influencias en el sector energético al beneficiar a sus allegados con contratos ilícitos, a resultas de los cuales, según se señaló en El Universal del 3 de marzo, se le acusó de ser copropietario de por lo menos 27 empresas en el estado de Veracruz, negocios al parecer inexplicables si no se analiza su paso por Pemex.
4. Nada comparable, desde luego, con lo que se hizo desde la cúspide del poder y con lo que ahora pretende hacer Calderón. La inmensa fortuna amasada por Fox y Marta Sahagún entre 2000 y 2006, según los análisis sobre el particular, fue producto del tráfico de influencias, de la protección al narcotráfico y del peculado, pero también muy probablemente de los excedentes petroleros, y ahí está el caso también de los hermanitos Bribiesca, protegidos todos ellos por Calderón. Bueno Torio, según informó La Jornada el 23 de mayo de 2006, cuando se discutía abrirle una investigación, otorgó ilegalmente innumerables contratos de la paraestatal a sus familiares, pero también a los hijos de Marta.
5. Los casos documentados de los actos de pillería de los funcionarios que abogan ahora por la privatización de Pemex obran por decenas, y no sorprende ya el cinismo de estas mafias que siguen fingiendo que actúan por un espíritu de “modernización” y no por intereses. Conforme a una revisión de los participantes en los primeros 13 foros del Senado, según documentó en junio Proceso (número 1652), de los 46 enviados por el gobierno para defender su propuesta 35 fueron personas vinculadas “a consultoras o corporaciones trasnacionales”, y entre éstos cita a Francisco Barnés, el ex rector que quiso privatizar la UNAM en 1999, ex funcionario luego de Energía y desde hace mucho asesor de la trasnacional Dupont, dedicada a la manufactura de productos derivados de la petroquímica.
6. En los años del priísmo, un ex director general de Pemex, el senador Jorge Díaz Serrano, fue desaforado, procesado y sentenciado en 1983 por la compra fraudulenta de dos buques petroleros, pero los panistas han sido incapaces hasta ahora de procesar a Raúl Muñoz Leos, director general en los primeros años de Fox y defenestrado en 2004, a pesar de habérsele documentado maquinaciones escandalosas de corrupción.
7. La mafia de Fox se halla estrechamente vinculada a la de Calderón, como explica el hecho de que en sustitución de Muñoz Leos se designara a Luis Ramírez Corzo, señalado como uno de los funcionarios más corruptos de esa administración, a quien Calderón, vinculado a ambos, también sigue protegiendo.
8. La impunidad del poder no había sido tan absoluta en la historia de México, y éste debería ser uno de los aspectos centrales a ponderarse al decidirse el futuro de Pemex, pues un año después de los escándalos que diese en 2006 Diego Hildebrando Zavala, el cuñado incómodo de Calderón, fue recompensado por éste, ya entonces en Los Pinos, con un contrato millonario en Pemex, otorgado desde luego de manera ilegal, conforme indicó Proceso Internet el 27 de julio del año pasado.
9. El caso que ejemplifica con más claridad la actual mecánica del poder no deja de ser, sin embargo, el de Juan Camilo Mouriño, quien funge como titular de Gobernación del gobierno de facto, y quien permanece en el cargo a pesar de estar confeso de haber suscrito como representante de su empresa Ivancar contratos con Pemex Refinación cuando era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y no deja de ostentarse como el principal enlace con la trasnacional de origen hispano Repsol YPF y con la mafia aznarista (ahora minoritaria) del Partido Popular de España.
10. Felipe Calderón, quien ocupa ilegalmente la presidencia de México, aparece, sin embargo, ante los mexicanos como el principal responsable de pretender entregar nuestra industria petrolera al capital trasnacional y de beneficiarse, junto con sus amigos, de la privatización. Desde que siendo titular de Energía entregó anticonstitucionalmente la cuenca de Burgos a la Repsol en 2004 hasta ahora, en que preconiza en el exterior que las leyes de México se van a cambiar para beneficio de las multinacionales, no ha hecho otra cosa desde su pequeñez y mediocridad que desafiar a la nación.
miércoles, julio 09, 2008
Petróleo. El debate exhibe a la derecha.
La Jornada
Luis Linares Zapata
Fundamentalismo panista
Sin hacer concesión alguna a las pesadas razones esgrimidas durante el debate petrolero, tanto el gobierno federal como sus partidarios se han topado, de frente, con una imagen contraria a sus afanes.
Los panistas muestran, sin recato, las carencias y torpes despliegues argumentativos que ya los describen de cuerpo entero ante la ciudadanía. Con enorme menosprecio de la cerrada oposición nacionalista, el PAN, en voz de sus dirigentes coléricos, se lanzan a catalizar sus fundamentalismos torpemente revestidos de modernidad. En realidad, sus pulsiones íntimas son autoritarias aunque, en su discurso, las trastocan en lo que, sostienen, es una misión a futuro a la cual, sin embargo, pocos les creen. No darán un paso lateral, menos aún iniciarán un ingenioso o táctico retroceso. Irán, directo, a conseguir unos cuantos votos priístas para aprobar, tal como las enviaron al Congreso, sus reformas a Pemex.
Martínez, el acólito mayor panista, tonsurado desde su prometedora infancia, se erige a sí mismo como un demandante de groseras voluntades afines, envueltas en el celofán, ya muy gastado, de un bien común por completo divorciado del pueblo raso. Enroscados en su cofradía de seguidores apenas distinguen los rechazos que se les avecinan. Inauguran, sin dejos de titubeo, el propósito, altisonante, de conquistar las simpatías populares. Cuentan, antes que toda oferta atractiva o solidaria con las penas y esperanzas del electorado, con el aparato y los programas de la Secretaría de Desarrollo Social. Sin ella, la profundidad de la derrota panista sería catastrófica.
La creciente discrecionalidad electoral y el control impune de los gobernadores priístas, aliados en la contienda federal pasada, tampoco respaldarán ahora sus anhelos de triunfo. Ni siquiera la intentona de posponer el incremento de las gasolinas para granjearse apoyos parece una salida factible, a pesar del costo inmenso para la tesorería federal o para los excedentes de Pemex.
Seguirán adelante con la ruta crítica marcada desde que enviaron sus tristemente célebres reformas petroleras. Los compromisos adquiridos con los grupos de presión los impelen a cumplir, de inmediato, con los ofrecimientos pactados. Lo que ha sucedido en las discusiones en el Senado les tiene sin mayor cuidado; son obstáculos circunstanciales, dicen con inseguro desparpajo. Por eso urgen a los priístas a legislar de inmediato. Por eso Calderón, el presidente del oficialismo extraviado, los presiona con sus pujas y reclamos intrascendentes. Por ello el director de Pemex asegura, desde España, que nunca tales reformas de Pemex (la entreguista y privatizadora, claro está) estuvieron más cerca (¿de quién?)
Pero en la sociedad amplia de los mexicanos algo se mueve. Y ese algo no corre en la dirección deseada por el panismo. Tampoco parece favorable para sus acompañantes priístas, por más que las encuestas les revelen intenciones de voto disponibles para sus candidatos. Por más seguridades que encuentren entre los columneros, conductores radiotelevisivos y demás bongoseros interesados en sus favores y atención.
Desde las entrañas de la reciente historia nacional comienza a surgir una mezcla extraña de decoro y pasión por defender lo que a todos pertenece, un movimiento que los panistas ningunean y los priístas tratan de ignorar sin conseguirlo. Saben, los priístas, que mucho de ese sentimiento late en sus bases de apoyo, a pesar de las muchas traiciones y olvidos.
Aunque panistas y priístas lo disfracen de negociación, de no entrega al extranjero, de negativa privatizadora, la verdad saldrá a flote aun antes de las aprobaciones inminentes, antes de la selección de sus candidatos y antes de las elecciones de 2009. La crisis económica en proceso ayudará a desempolvar los corajes sedimentados desde los violentos despojos electorales de 2006.
Los mitos diseñados por el oficialismo para ocultar, para camuflar sus intenciones privatizadoras y entreguistas de la industria petrolera se han derrumbado de manera estrepitosa. Nada queda de su flamante diseño propagandístico. El tesorito escondido en las aguas profundas se ahogó en las balbuceantes imágenes infantiles que difundieron con inusitada intensidad. La tecnología no dominada quedó estancada en el pasado efectivo de los petroleros mexicanos. La carencia de recursos resultó un grotesco pretexto, increíble hasta para el más lerdo financiero. Las alianzas obligadas con trasnacionales se estrellaron con los catálogos de tecnologías disponibles en la red. El célebre popote no chupó ni una gota de su propio chapopote.
Las promesas de transformar a Pemex se enredaron en los nombramientos excluyentes y subordinados del Ejecutivo para integrar el consejo de administración. Los cambios en las reglas para adquisiciones y adjudicaciones sin concurso sólo profundizan una realidad harto conocida: la corrupción y el contratismo ya galopante en Pemex y la Comisión Federal de Electrcidad.
A la planteada pulverización de la petrolera se le sobrepuso la experiencia certificada de una industria obligadamente conectada e integral. Los contratos incentivados royeron la renta petrolera aún antes de ser aceptados, indisolublemente ayuntados con los de riesgo, ya estigmatizados por la Constitución. Las refinerías maquiladoras no fueron aceptadas ni por sus aliados del PRI. En fin, el catálogo completo de sus patrañas escurre sangre por las numerosas heridas que la sociedad informada y la oposición les abrió.
Pero falta todavía finiquitar las malsanas intenciones del oficialismo entreguista. No se puede cantar victoria a pesar de que la razón y hasta las circunstancias son favorables para una reforma efectiva, nacionalista, realmente modernizadora de Pemex. Los intereses internos son enormes y las presiones del exterior para asegurar fuentes confiables y baratas de energía tocan las fibras más sensibles del voraz imperio.
Se debe partir de una premisa sencilla: todo pueblo, dueño de alguna riqueza, está obligado a defenderla con sus propios recursos. Si flaquea o cede, (debilitado además por sus propios negociantes trastocados en agentes del gran capital trasnacional) les será arrebatada sin miramientos. Los apañes de los ambiciosos no tienen límites, ni la miseria o la marginación más abyecta de un pueblo detendrán, por humanas consideraciones, el saqueo. Éste es el tiempo de la defensa de la industria petrolera mexicana. La trascendencia de la disputa no puede ser achicada, ni caben las medias tintas. Después, si se pierde o extravía, no habrá retorno ni una oportunidad adicional para el desarrollo nacional.
Luis Linares Zapata
Fundamentalismo panista
Sin hacer concesión alguna a las pesadas razones esgrimidas durante el debate petrolero, tanto el gobierno federal como sus partidarios se han topado, de frente, con una imagen contraria a sus afanes.
Los panistas muestran, sin recato, las carencias y torpes despliegues argumentativos que ya los describen de cuerpo entero ante la ciudadanía. Con enorme menosprecio de la cerrada oposición nacionalista, el PAN, en voz de sus dirigentes coléricos, se lanzan a catalizar sus fundamentalismos torpemente revestidos de modernidad. En realidad, sus pulsiones íntimas son autoritarias aunque, en su discurso, las trastocan en lo que, sostienen, es una misión a futuro a la cual, sin embargo, pocos les creen. No darán un paso lateral, menos aún iniciarán un ingenioso o táctico retroceso. Irán, directo, a conseguir unos cuantos votos priístas para aprobar, tal como las enviaron al Congreso, sus reformas a Pemex.
Martínez, el acólito mayor panista, tonsurado desde su prometedora infancia, se erige a sí mismo como un demandante de groseras voluntades afines, envueltas en el celofán, ya muy gastado, de un bien común por completo divorciado del pueblo raso. Enroscados en su cofradía de seguidores apenas distinguen los rechazos que se les avecinan. Inauguran, sin dejos de titubeo, el propósito, altisonante, de conquistar las simpatías populares. Cuentan, antes que toda oferta atractiva o solidaria con las penas y esperanzas del electorado, con el aparato y los programas de la Secretaría de Desarrollo Social. Sin ella, la profundidad de la derrota panista sería catastrófica.
La creciente discrecionalidad electoral y el control impune de los gobernadores priístas, aliados en la contienda federal pasada, tampoco respaldarán ahora sus anhelos de triunfo. Ni siquiera la intentona de posponer el incremento de las gasolinas para granjearse apoyos parece una salida factible, a pesar del costo inmenso para la tesorería federal o para los excedentes de Pemex.
Seguirán adelante con la ruta crítica marcada desde que enviaron sus tristemente célebres reformas petroleras. Los compromisos adquiridos con los grupos de presión los impelen a cumplir, de inmediato, con los ofrecimientos pactados. Lo que ha sucedido en las discusiones en el Senado les tiene sin mayor cuidado; son obstáculos circunstanciales, dicen con inseguro desparpajo. Por eso urgen a los priístas a legislar de inmediato. Por eso Calderón, el presidente del oficialismo extraviado, los presiona con sus pujas y reclamos intrascendentes. Por ello el director de Pemex asegura, desde España, que nunca tales reformas de Pemex (la entreguista y privatizadora, claro está) estuvieron más cerca (¿de quién?)
Pero en la sociedad amplia de los mexicanos algo se mueve. Y ese algo no corre en la dirección deseada por el panismo. Tampoco parece favorable para sus acompañantes priístas, por más que las encuestas les revelen intenciones de voto disponibles para sus candidatos. Por más seguridades que encuentren entre los columneros, conductores radiotelevisivos y demás bongoseros interesados en sus favores y atención.
Desde las entrañas de la reciente historia nacional comienza a surgir una mezcla extraña de decoro y pasión por defender lo que a todos pertenece, un movimiento que los panistas ningunean y los priístas tratan de ignorar sin conseguirlo. Saben, los priístas, que mucho de ese sentimiento late en sus bases de apoyo, a pesar de las muchas traiciones y olvidos.
Aunque panistas y priístas lo disfracen de negociación, de no entrega al extranjero, de negativa privatizadora, la verdad saldrá a flote aun antes de las aprobaciones inminentes, antes de la selección de sus candidatos y antes de las elecciones de 2009. La crisis económica en proceso ayudará a desempolvar los corajes sedimentados desde los violentos despojos electorales de 2006.
Los mitos diseñados por el oficialismo para ocultar, para camuflar sus intenciones privatizadoras y entreguistas de la industria petrolera se han derrumbado de manera estrepitosa. Nada queda de su flamante diseño propagandístico. El tesorito escondido en las aguas profundas se ahogó en las balbuceantes imágenes infantiles que difundieron con inusitada intensidad. La tecnología no dominada quedó estancada en el pasado efectivo de los petroleros mexicanos. La carencia de recursos resultó un grotesco pretexto, increíble hasta para el más lerdo financiero. Las alianzas obligadas con trasnacionales se estrellaron con los catálogos de tecnologías disponibles en la red. El célebre popote no chupó ni una gota de su propio chapopote.
Las promesas de transformar a Pemex se enredaron en los nombramientos excluyentes y subordinados del Ejecutivo para integrar el consejo de administración. Los cambios en las reglas para adquisiciones y adjudicaciones sin concurso sólo profundizan una realidad harto conocida: la corrupción y el contratismo ya galopante en Pemex y la Comisión Federal de Electrcidad.
A la planteada pulverización de la petrolera se le sobrepuso la experiencia certificada de una industria obligadamente conectada e integral. Los contratos incentivados royeron la renta petrolera aún antes de ser aceptados, indisolublemente ayuntados con los de riesgo, ya estigmatizados por la Constitución. Las refinerías maquiladoras no fueron aceptadas ni por sus aliados del PRI. En fin, el catálogo completo de sus patrañas escurre sangre por las numerosas heridas que la sociedad informada y la oposición les abrió.
Pero falta todavía finiquitar las malsanas intenciones del oficialismo entreguista. No se puede cantar victoria a pesar de que la razón y hasta las circunstancias son favorables para una reforma efectiva, nacionalista, realmente modernizadora de Pemex. Los intereses internos son enormes y las presiones del exterior para asegurar fuentes confiables y baratas de energía tocan las fibras más sensibles del voraz imperio.
Se debe partir de una premisa sencilla: todo pueblo, dueño de alguna riqueza, está obligado a defenderla con sus propios recursos. Si flaquea o cede, (debilitado además por sus propios negociantes trastocados en agentes del gran capital trasnacional) les será arrebatada sin miramientos. Los apañes de los ambiciosos no tienen límites, ni la miseria o la marginación más abyecta de un pueblo detendrán, por humanas consideraciones, el saqueo. Éste es el tiempo de la defensa de la industria petrolera mexicana. La trascendencia de la disputa no puede ser achicada, ni caben las medias tintas. Después, si se pierde o extravía, no habrá retorno ni una oportunidad adicional para el desarrollo nacional.
domingo, julio 06, 2008
Pobreza y Desigualdad. ¿Hasta cuándo?
La Jornada
Rolando Cordera Campos
Confesiones verdaderas y verdades sospechosas
Mientras rencontramos la hebra para un acuerdo en lo fundamental, recordemos lo inmediato. El presente es continuo, sostiene el pensamiento único, pero el “estancamiento estabilizador” a que ha dado lugar su aplicación a ultranza propicia asimetrías económicas y sociales que niegan el discurso triunfalista de los grupos gobernantes y advierten sobre la inminencia de un gran ajuste social y político.
De cerca de 43 millones que forman la población económicamente activa, poco más de 5 millones tienen ingresos similares al salario mínimo; cerca de 9 millones de entre dos y tres salarios mínimos, y casi 8 millones reciben ingresos de entre tres y cinco mínimos. Es decir, más de la mitad de los que trabajan ganan igual o menos de cinco salarios mínimos, que en diciembre pasado fue fijado en 52.59 pesos diarios. Con las alzas en los alimentos y otras carestías continuas como las de las medicinas, no parece exagerado proponer que la pobreza se ha extendido y absorbe a núcleos de población que según las estadísticas habían podido salir de tal estado gracias a la estabilidad de precios, las transferencias de los programas de alivio, las remesas y demás.
Para la OCDE, el panorama laboral es sombrío. Muy bajo crecimiento del empleo y nulo aumento en las remuneraciones de quienes logran ocupación. Además, 60 por ciento de la fuerza laboral trabaja en condiciones de informalidad, sin seguridad social ni derechos contractuales. Los desafíos: “el creciente empleo informal, la discriminación laboral y el desempleo juvenil”, el viejo sur de los desvalidos rurales, instalado en pleno en las ciudades y las calles de México entero (véase El Economista, 3/7/08, p. 34).
El panorama mexicano sigue definido por la pobreza de masas y cruzado por una desigualdad aguda, la tercera o cuarta del continente más desigual del planeta. Pero su urbanización desenfrenada y el cambio en la estructura demográfica agudizan tal escenario porque lo hacen más visible y cotidiano, cercano a todos, hasta transparente gracias a la democracia y la mayor información.
No es sencillo superar la pobreza, y menos la desigualdad. La primera, sin embargo, podría aliviarse pronto si se consigue una buena combinación de transferencias públicas para los más pobres y vulnerables, con crecimiento económico alto y sostenido que ofrezca empleo.
Nada de esto parece estar a la mano, de continuar una pauta de política económica que somete el crecimiento a criterios férreos de estabilidad monetaria y condena a la política social a la condición de cabús de cola de esa política. Se trata de una camisa de fuerza que puede volver loco al más pintado tecnócrata, pero que se ha impuesto gracias a la dispersión de la organización social y la renuncia de los organismos políticos, partidos, medios informativos, ONG.
Este presente abrumador se corona ahora con el pesimismo que impera entre empresarios y analistas privados que nos hablan de expectativas económicas que van de mal en peor, según cabeza de El Economista (2/7/08). Guste o no, parece imponerse como necesidad vital, para la seguridad nacional y el futuro nacional, la revisión de prácticas y visiones, convicciones y proyecciones, para fraguar otra política económica y arriesgarse a inventar otra estrategia para el desarrollo perdido por más un cuarto de siglo, una generación, quizás también una ilusión y una gran promesa.
Llama a escándalo que analistas consagrados se rasguen vestiduras teóricas y condenen el debate en buena hora convocado por el Senado de la República. Nunca como ahora, y gracias a esta discusión pública, hemos estado tan cerca de algunas de las verdades mexicanas más escondidas por la democracia estrenada al inicio del milenio.
Se trata de verdades peligrosas a la vez que sospechosas, porque en su ocultamiento se empeñan los poderes y los políticos, los curas y los clérigos del púlpito mediático. Para decirlo pronto, se trata de la desigualdad profunda que nos vuelve impresentables ante el concierto mundial, a pesar de las faramallas de las cortes españolas, y de una debilidad formidable del Estado cuyos gobiernos de los últimos tiempos se han empeñado en profundizar al optar por depender del petróleo para financiar sus gastos y de las peores mafias corporativas para llegar al poder constituido y mantenerse en él.
Admitir esta debilidad supondría hacer una confesión verdadera que la cristiandad ambiente no propicia. Esperemos que al llegar la hora de las cuentas pueda ocurrir lo contrario.
Rolando Cordera Campos
Confesiones verdaderas y verdades sospechosas
Mientras rencontramos la hebra para un acuerdo en lo fundamental, recordemos lo inmediato. El presente es continuo, sostiene el pensamiento único, pero el “estancamiento estabilizador” a que ha dado lugar su aplicación a ultranza propicia asimetrías económicas y sociales que niegan el discurso triunfalista de los grupos gobernantes y advierten sobre la inminencia de un gran ajuste social y político.
De cerca de 43 millones que forman la población económicamente activa, poco más de 5 millones tienen ingresos similares al salario mínimo; cerca de 9 millones de entre dos y tres salarios mínimos, y casi 8 millones reciben ingresos de entre tres y cinco mínimos. Es decir, más de la mitad de los que trabajan ganan igual o menos de cinco salarios mínimos, que en diciembre pasado fue fijado en 52.59 pesos diarios. Con las alzas en los alimentos y otras carestías continuas como las de las medicinas, no parece exagerado proponer que la pobreza se ha extendido y absorbe a núcleos de población que según las estadísticas habían podido salir de tal estado gracias a la estabilidad de precios, las transferencias de los programas de alivio, las remesas y demás.
Para la OCDE, el panorama laboral es sombrío. Muy bajo crecimiento del empleo y nulo aumento en las remuneraciones de quienes logran ocupación. Además, 60 por ciento de la fuerza laboral trabaja en condiciones de informalidad, sin seguridad social ni derechos contractuales. Los desafíos: “el creciente empleo informal, la discriminación laboral y el desempleo juvenil”, el viejo sur de los desvalidos rurales, instalado en pleno en las ciudades y las calles de México entero (véase El Economista, 3/7/08, p. 34).
El panorama mexicano sigue definido por la pobreza de masas y cruzado por una desigualdad aguda, la tercera o cuarta del continente más desigual del planeta. Pero su urbanización desenfrenada y el cambio en la estructura demográfica agudizan tal escenario porque lo hacen más visible y cotidiano, cercano a todos, hasta transparente gracias a la democracia y la mayor información.
No es sencillo superar la pobreza, y menos la desigualdad. La primera, sin embargo, podría aliviarse pronto si se consigue una buena combinación de transferencias públicas para los más pobres y vulnerables, con crecimiento económico alto y sostenido que ofrezca empleo.
Nada de esto parece estar a la mano, de continuar una pauta de política económica que somete el crecimiento a criterios férreos de estabilidad monetaria y condena a la política social a la condición de cabús de cola de esa política. Se trata de una camisa de fuerza que puede volver loco al más pintado tecnócrata, pero que se ha impuesto gracias a la dispersión de la organización social y la renuncia de los organismos políticos, partidos, medios informativos, ONG.
Este presente abrumador se corona ahora con el pesimismo que impera entre empresarios y analistas privados que nos hablan de expectativas económicas que van de mal en peor, según cabeza de El Economista (2/7/08). Guste o no, parece imponerse como necesidad vital, para la seguridad nacional y el futuro nacional, la revisión de prácticas y visiones, convicciones y proyecciones, para fraguar otra política económica y arriesgarse a inventar otra estrategia para el desarrollo perdido por más un cuarto de siglo, una generación, quizás también una ilusión y una gran promesa.
Llama a escándalo que analistas consagrados se rasguen vestiduras teóricas y condenen el debate en buena hora convocado por el Senado de la República. Nunca como ahora, y gracias a esta discusión pública, hemos estado tan cerca de algunas de las verdades mexicanas más escondidas por la democracia estrenada al inicio del milenio.
Se trata de verdades peligrosas a la vez que sospechosas, porque en su ocultamiento se empeñan los poderes y los políticos, los curas y los clérigos del púlpito mediático. Para decirlo pronto, se trata de la desigualdad profunda que nos vuelve impresentables ante el concierto mundial, a pesar de las faramallas de las cortes españolas, y de una debilidad formidable del Estado cuyos gobiernos de los últimos tiempos se han empeñado en profundizar al optar por depender del petróleo para financiar sus gastos y de las peores mafias corporativas para llegar al poder constituido y mantenerse en él.
Admitir esta debilidad supondría hacer una confesión verdadera que la cristiandad ambiente no propicia. Esperemos que al llegar la hora de las cuentas pueda ocurrir lo contrario.
Petróleo. "La entreguista reforma gubernamental"
La Jornada
Bajo la Lupa
Alfredo Jalife-Rahme
■ Aguas profundas: las supercherías energéticas de Calderón
Uno de los principales defectos ominosos de la entreguista reforma calderonista –repleta de pornográficos engaños técnicos, fiscales y jurídicos, ya no se diga, carente de rumbo geoestratégico– se centra en la precipitación para entregar los bloques de exploración y extracción de hidrocarburos en las profundidades del Golfo de México con el fin de beneficiar las cotizaciones bursátiles de las atribuladas trasnacionales gallegas y texanas (en ese orden).
El tercer grave error, en los recientes seis años que se le conocen públicamente a Calderón en materia energética, versa sobre la demencial aprobación de los biocombustibles (que han contribuido en 75 por ciento al alza de los alimentos: The Guardian, 4/7/08), como parte de los acuerdos secretos del ASPAN (SPP, por sus siglas en inglés), según confesión de Samuel Bodman, secretario bushiano de Energía (ver Bajo la Lupa, 18/6/08).
Los dos previos errores enormes durante su disfuncional breve paso por la Secretaría foxiana de Energía consistieron en: 1. Cuando fue a reclamar a la OPEP, donde México figura como “observador” (para no decir espía de Baby Bush), una sicótica disminución del precio a 23 dólares el barril para complacer a Estados Unidos (no nos imaginamos que Calderón dure un día en el poder con tal precio alucinante en la actualidad cuando la cotización se ubica en 146 dólares el barril, ¡más de seis veces!), y 2. Cuando trianguló, en colusión con Mouriño Terrazo, la compra de gas peruano a un precio cinco veces mayor para beneficiar a la pirata española Repsol.
La entreguista reforma de la pareja gubernamental Calderón-Mouriño busca la repsolización de Pemex en detrimento del bien común mexicano. No es ocioso señalar que la pirata y parasitaria Repsol, carente de tecnología de punta en aguas profundas y cuyo país de origen prác- ticamente no posee hidrocarburos, se ubica en el ranking 90 de la clasificación del año pasado de las principales 500 empresas globales de la revista Fortune (este año seguramente estará peor después de las palizas que ha sufrido en Sudamérica y hasta en la parte estadunidense del Golfo de México, donde ha sido expulsada cuando no liquidada) frente a Pemex que se encuentra milagrosamente en el ranking 34 (PDVSA en el 35 y Petrobras en el 60) pese a la devastación neoliberal panista de los aciagos 7.5 años recientes.
Quien en los hechos, como fugaz secretario de Energía, erró compulsivamente en la cotización y venta de los hidrocarburos, y en su primer año y medio como encargado del Ejecutivo se ha equivocado, por encargo estadunidense, con los biocombustibles, que generaron la crisis alimentaria, ahora pretende engañar a tirios y troyanos sobre la urgencia extractiva del hilarante Tesoro de las profundidades del Golfo de México.
Dejaremos de lado que las principales trasnacionales petroleras privadas se encuentran al borde de la extinción (ver Bajo la Lupa, 16/1 y 20/1/08) –hablamos de las otrora poderosas anglosajonas; aquí ni pinta Repsol, la pasión de Calderón–, cuando han sido golpeadas tanto por la crisis financiera global como por el dramático desplome de sus reservas: solamente cuentan con 5 por ciento frente al auge de lo estados nacionales que poseen 95 por ciento global, lo cual ha acentuado la desprivatización y/o renacionalización y restatización de los hidrocarburos. Este es el nuevo orden geoenergético.
Cabe recalcar la relevancia de las “reservas” como consecuencia de su “monetización” debido al carácter financiero propio de los hidrocarburos (Henry C. K. Liu, Asia Times, 28/6/08), por encima de otros factores nada despreciables. Dicho expeditamente: las “reservas” son oro molido (Sheila McNulty, The Financial Times, 20/8/07), y este es el nombre del juego geofinanciero, geoeconómico y geopolítico del siglo XXI. De allí la imperativa necesidad de cuidarlas más que nada y nunca.
La entreguista reforma calderonista pertenece al caduco orden geoenergético y exhibe grandes similitudes, tanto con la privatización fallida de Yeltsin en Rusia como con la captura trasnacional de los hidrocaburos de Irak, país ocupado por el régimen torturador bushiano cuyas trasnacionales han sido beneficiadas con contratos sin licitación.
Con tantos costosísimos errores a cuestas, lo más grave es que la entreguista reforma calderonista no solamente despilfarra las reservas de las aguas profundas mexicanas (las terceras del hemisferio americano detrás de Canadá y Venezuela, según el periódico británico The Independent) para favorecer a los competidores trasnacionales de Pemex, sino que, peor aún, engaña sobre la realidad de los alcances y la duración de su exploración y extracción, si nos basamos en los datos más recientes de su tutor: el régimen torturador bushiano.
Un estudio del Departamento de Energía de Estados Unidos analiza el “impacto del creciente acceso a los recursos de petróleo y gas natural en las 48 regiones federales off-shore” (fuera del continente), es decir, en las profundidades de su parte marítima en el Golfo de México, que no tendrán impacto en el abastecimiento y en los precios hasta el año 2030, en 22 años, es decir, 18 años después de la salida normal de Calderón (Energy Information Administration, U.S. Department of Energy, 2007).
Entonces, ¿cuál es la prisa, de no ser el deseo de beneficiar bursátilmente a las trasnacionales gallegas y texanas en detrimento de Pemex que estaría, bajo la técnica financiera vigente, regalando literalmente sus “reservas”?
Jad Mawad y Martin Fackler (NYT, 19/6/08) exponen el embotellamiento en los próximos cinco años –es decir, un año después a la salida normal de Calderón– para la construcción de perforadoras en las aguas profundas del planeta debido a su elevada demanda mundial.
En lugar de dormir con el enemigo, existe suficiente tiempo para que los ingenieros mexicanos aprendan las técnicas de exploración y extracción en las aguas profundas, que nuestros amigos ingenieros de Petrobras afirman lleva un máximo de aprendizaje de tres años. Un gobierno más visionario, que ya es mucho pedir a la imperante cleptokakistocracia (el hurtador “gobierno de los peores”), se consagraría a la edificación de astilleros y a la construcción de perforadoras de aguas profundas.
Nuestros ingenieros han sabido sortear todas las adversidades y vicisitudes desde hace 70 años en Pemex y sería una insensatez descomunal pretender que los ingenieros brasileños, exitosos en las exploración y extracción profundas, con todos los alicientes a la mano, sean más aptos que los nuestros. ¡Bájenle!
Bajo la Lupa
Alfredo Jalife-Rahme
■ Aguas profundas: las supercherías energéticas de Calderón
Uno de los principales defectos ominosos de la entreguista reforma calderonista –repleta de pornográficos engaños técnicos, fiscales y jurídicos, ya no se diga, carente de rumbo geoestratégico– se centra en la precipitación para entregar los bloques de exploración y extracción de hidrocarburos en las profundidades del Golfo de México con el fin de beneficiar las cotizaciones bursátiles de las atribuladas trasnacionales gallegas y texanas (en ese orden).
El tercer grave error, en los recientes seis años que se le conocen públicamente a Calderón en materia energética, versa sobre la demencial aprobación de los biocombustibles (que han contribuido en 75 por ciento al alza de los alimentos: The Guardian, 4/7/08), como parte de los acuerdos secretos del ASPAN (SPP, por sus siglas en inglés), según confesión de Samuel Bodman, secretario bushiano de Energía (ver Bajo la Lupa, 18/6/08).
Los dos previos errores enormes durante su disfuncional breve paso por la Secretaría foxiana de Energía consistieron en: 1. Cuando fue a reclamar a la OPEP, donde México figura como “observador” (para no decir espía de Baby Bush), una sicótica disminución del precio a 23 dólares el barril para complacer a Estados Unidos (no nos imaginamos que Calderón dure un día en el poder con tal precio alucinante en la actualidad cuando la cotización se ubica en 146 dólares el barril, ¡más de seis veces!), y 2. Cuando trianguló, en colusión con Mouriño Terrazo, la compra de gas peruano a un precio cinco veces mayor para beneficiar a la pirata española Repsol.
La entreguista reforma de la pareja gubernamental Calderón-Mouriño busca la repsolización de Pemex en detrimento del bien común mexicano. No es ocioso señalar que la pirata y parasitaria Repsol, carente de tecnología de punta en aguas profundas y cuyo país de origen prác- ticamente no posee hidrocarburos, se ubica en el ranking 90 de la clasificación del año pasado de las principales 500 empresas globales de la revista Fortune (este año seguramente estará peor después de las palizas que ha sufrido en Sudamérica y hasta en la parte estadunidense del Golfo de México, donde ha sido expulsada cuando no liquidada) frente a Pemex que se encuentra milagrosamente en el ranking 34 (PDVSA en el 35 y Petrobras en el 60) pese a la devastación neoliberal panista de los aciagos 7.5 años recientes.
Quien en los hechos, como fugaz secretario de Energía, erró compulsivamente en la cotización y venta de los hidrocarburos, y en su primer año y medio como encargado del Ejecutivo se ha equivocado, por encargo estadunidense, con los biocombustibles, que generaron la crisis alimentaria, ahora pretende engañar a tirios y troyanos sobre la urgencia extractiva del hilarante Tesoro de las profundidades del Golfo de México.
Dejaremos de lado que las principales trasnacionales petroleras privadas se encuentran al borde de la extinción (ver Bajo la Lupa, 16/1 y 20/1/08) –hablamos de las otrora poderosas anglosajonas; aquí ni pinta Repsol, la pasión de Calderón–, cuando han sido golpeadas tanto por la crisis financiera global como por el dramático desplome de sus reservas: solamente cuentan con 5 por ciento frente al auge de lo estados nacionales que poseen 95 por ciento global, lo cual ha acentuado la desprivatización y/o renacionalización y restatización de los hidrocarburos. Este es el nuevo orden geoenergético.
Cabe recalcar la relevancia de las “reservas” como consecuencia de su “monetización” debido al carácter financiero propio de los hidrocarburos (Henry C. K. Liu, Asia Times, 28/6/08), por encima de otros factores nada despreciables. Dicho expeditamente: las “reservas” son oro molido (Sheila McNulty, The Financial Times, 20/8/07), y este es el nombre del juego geofinanciero, geoeconómico y geopolítico del siglo XXI. De allí la imperativa necesidad de cuidarlas más que nada y nunca.
La entreguista reforma calderonista pertenece al caduco orden geoenergético y exhibe grandes similitudes, tanto con la privatización fallida de Yeltsin en Rusia como con la captura trasnacional de los hidrocaburos de Irak, país ocupado por el régimen torturador bushiano cuyas trasnacionales han sido beneficiadas con contratos sin licitación.
Con tantos costosísimos errores a cuestas, lo más grave es que la entreguista reforma calderonista no solamente despilfarra las reservas de las aguas profundas mexicanas (las terceras del hemisferio americano detrás de Canadá y Venezuela, según el periódico británico The Independent) para favorecer a los competidores trasnacionales de Pemex, sino que, peor aún, engaña sobre la realidad de los alcances y la duración de su exploración y extracción, si nos basamos en los datos más recientes de su tutor: el régimen torturador bushiano.
Un estudio del Departamento de Energía de Estados Unidos analiza el “impacto del creciente acceso a los recursos de petróleo y gas natural en las 48 regiones federales off-shore” (fuera del continente), es decir, en las profundidades de su parte marítima en el Golfo de México, que no tendrán impacto en el abastecimiento y en los precios hasta el año 2030, en 22 años, es decir, 18 años después de la salida normal de Calderón (Energy Information Administration, U.S. Department of Energy, 2007).
Entonces, ¿cuál es la prisa, de no ser el deseo de beneficiar bursátilmente a las trasnacionales gallegas y texanas en detrimento de Pemex que estaría, bajo la técnica financiera vigente, regalando literalmente sus “reservas”?
Jad Mawad y Martin Fackler (NYT, 19/6/08) exponen el embotellamiento en los próximos cinco años –es decir, un año después a la salida normal de Calderón– para la construcción de perforadoras en las aguas profundas del planeta debido a su elevada demanda mundial.
En lugar de dormir con el enemigo, existe suficiente tiempo para que los ingenieros mexicanos aprendan las técnicas de exploración y extracción en las aguas profundas, que nuestros amigos ingenieros de Petrobras afirman lleva un máximo de aprendizaje de tres años. Un gobierno más visionario, que ya es mucho pedir a la imperante cleptokakistocracia (el hurtador “gobierno de los peores”), se consagraría a la edificación de astilleros y a la construcción de perforadoras de aguas profundas.
Nuestros ingenieros han sabido sortear todas las adversidades y vicisitudes desde hace 70 años en Pemex y sería una insensatez descomunal pretender que los ingenieros brasileños, exitosos en las exploración y extracción profundas, con todos los alicientes a la mano, sean más aptos que los nuestros. ¡Bájenle!
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