Luchas de independencia en 2007

La Jornada

Víctor M. Quintana S.
A cuatro meses del año cero
La cuenta regresiva se acorta. De no cambiar las cosas, el próximo primero de enero entrará en vigor la última etapa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en agricultura e inundarán nuestro país millones de toneladas de maíz y de frijol procedentes de Estados Unidos. Dos o tres grandes empresas acapararán las importaciones y las ganancias. Se socializarán, eso sí, las pérdidas entre 5 millones de productores campesinos de estos granos.
Con mayor anticipación que en 2003, cuando las organizaciones campesinas lanzaron El campo no aguanta más para oponerse a la entrada en vigor de la penúltima etapa del tratado, diversos agrupamientos rurales han comenzado a movilizarse. Algunos emplazan al gobierno y lo presionan para firmar un Acuerdo Nacional para el Campo “plus” para avanzar en lo logrado hace cinco años.
Otro agrupamiento ha lanzado la campaña Sin maíz no hay país-Pon a México en tu boca, para informar y llegar a la conciencia de la opinión pública nacional de la necesidad de defender nuestros granos básicos, sobre todo el maíz, no sólo del libre comercio, sino de la invasión de semillas genéticamente modificadas, posibilidad con la que ya coquetean algunas organizaciones campesinas. La campaña ha recibido la adhesión de artistas, intelectuales y organizaciones sociales, y se ha duplicado en varias entidades. La siguiente etapa será una gran movilización nacional a la ciudad de México a fines de octubre. Hay que destacar el acierto de esta campaña en el manejo de aspectos antes algo descuidados: la lucha cultural, las manifestaciones artísticas.
Pero, conociendo al presente gobierno, habrá que irse preparando para movilizaciones mayores, sin dejar de realizar lo que ya está en marcha. Diseñar acciones que sienten a las autoridades y legisladores federales a buscar la forma de evitar que el TLCAN implemente su última fase en materia agropecuaria y apoyar eficazmente la construcción de la soberanía alimentaria nacional con base en las agriculturas campesina e indígena. Se está trabajando bien en lograr una correlación de fuerzas favorable al movimiento campesino, pero ha de acelerarse el proceso, hacer converger los esfuerzos y mostrar efectivamente esa fuerza al gobierno.
Para eso, hay varias tareas impostergables. La primera, lograr la unidad con diversidad de las organizaciones campesinas. Hay celos y recelos. La experiencia del Movimiento el Campo No Aguanta Más (MCNAM) y posteriores lesionó la capacidad de alianzas. Pero no hay de otra: el gobierno busca dividir para vencer, para desactivar. Es necesario que las organizaciones campesinas comiencen por platicar, por reconocerse, por inventar mecanismos que construyan voluntades comunes y ahuyenten protagonismos e intereses particulares. Afortunadamente se trata sólo de organizaciones rurales, no de partidos políticos paquidérmicos y anquilosados. Hay que desatar la creatividad para crear dirección colectiva, funciones rotativas, liderazgos compartidos.
El gran reto es unirse sin suprimir las diversidades. Más bien, potenciando la fuerza que nos da el ser diversos. Lo que no pudo hacer el MCNAM hay que intentarlo: regionalizar el movimiento, dar cauce a la participación de organizaciones indígenas, abrirse a lo local y conjugarlo con lo nacional. Planificar acciones conjuntas, concentraciones en un punto, pero sin olvidar las acciones de despliegue diverso en todo el territorio nacional.
No hay que hacerse bolas. Uno de los problemas de hace cuatro años fue permitir que el gobierno federal nos metiera en un largo proceso de discusión y que nuestra agenda básica se desdoblara en el fárrago de los 262 puntos del Acuerdo Nacional para el Campo. Ahora hay que elaborar un pliego esencial, cuatro o cinco puntos contundentes, y no moverse de ahí. Revisión del TLCAN, no a los transgénicos, medidas para construir la soberanía alimentaria. Y no sentarse a negociar hasta que no haya respuestas claras a cada uno de ellos.
Queremos granos básicos nacionales, no platos de lenteja. Habrá que cuidar constantemente los llamados cooptadores de un gobierno que buscará legitimarse por todos los medios. Nuestros puntos son los comunes, los de interés colectivo para el país. No los vamos a cambiar por programas de apoyo a las organizaciones campesinas, por engañosas “agencias de desarrollo local”. Si nos dan sólo esto, subsistirán las burocracias rurales, pero morirá el movimiento.
Hay que trabajar con profesionalismo y ahínco el aspecto jurídico. Preparar una sólida estrategia de fundamentación jurídica de la revisión del TLCAN en materia agropecuaria para presentarles al Ejecutivo y al Legislativo el remedio y el trapito. Más aún, hay que preparar una acción de incostitucionalidad ante la Suprema Corte: ¿puede sostenerse un tratado internacional que ha significado el no cumplimiento de las obligaciones constitucionales del gobierno y la no cobertura de los derechos fundamentales de millones de mexicanos y mexicanas del campo?
Tenemos todavía el tiempo, la experiencia, el apoyo de amplios sectores fuera del campo. No hay por qué perder esta lucha

EMPLEO. Datos para el informe

La Jornada

Reporte Económico
David Márquez Ayala http://www.vectoreconomico.com.mx/
El empleo. Eje del desarrollo


En México suceden fenómenos notables. Uno de ellos es lo que según las cifras está ocurriendo con el empleo: mientras la economía baja su ritmo de crecimiento, así como la inversión, la creación de empleos formales (medida por el número de trabajadores asegurados en el IMSS) aumenta sustancialmente.
En el primer semestre de 2006 el crecimiento (anualizado) del PIB fue de 5.2%, y el número promedio de asegurados enero-julio en el IMSS aumentó en 765 mil; en este año, el crecimiento del PIB en el primer semestre se redujo a la mitad (2.7%) y, sin embargo, entre enero y julio el número promedio de asegurados aumentó en 859 mil respecto del mismo lapso de 2006 (Gráfico 1). Dado que el Programa del Primer Empleo (proyecto “estrella” del gobierno para incrementar el empleo formal mediante un subsidio temporal a las cuotas del IMSS tratándose de primera contratación) sólo ha financiado unos 7 mil casos a julio de este año, no queda sino asumir que estamos frente a una formalización masiva de empleos existentes o frente a un milagro estadístico.
Sin embargo, más allá de las estadísticas coyunturales está el enorme fracaso del país en materia de empleo –el problema económico-social número uno de México– manifiesto en el desempleo y subempleo, en la informalidad y la emigración. Atrás de éste, y como agravantes de la pobreza, están los bajos salarios, la desigualdad brutal de los ingresos y la inequidad en todas sus manifestaciones, desde la fiscal que impide una redistribución del ingreso hasta la imposibilidad de acceso a satisfactores y derechos básicos, como la salud y la seguridad social, la educación y la capacitación, la vivienda e incluso la alimentación suficiente.
Reclasificando las cifras del INEGI (Gráfico 2) –ya que consideramos que la población “disponible” (personas en capacidad y disponibilidad de trabajar pero que han cesado de buscar empleo al considerar que por su edad, inexperiencia laboral, discapacidades, no tienen oportunidad alguna) es en realidad población desocupada– una radiografía actual del empleo en México sería:
Una población total de 106 millones de habitantes que aumentan 1.0% anual, sin contar una pérdida por emigración de más de medio millón de personas cada año. De la población total, 75.8 millones tiene 14 o más años, y de éstos 49.4 millones constituyen la Población económicamente activa (PEA), y 26.4 millones la Población económicamente no activa (estudiantes, amas de casa y personas que voluntariamente no participan en el mercado de trabajo).
De la Población económicamente activa (49.4 millones), 42.9 millones tienen alguna ocupación y 6.4 es población desocupada, dividiéndose esta última en desocupada en busca de trabajo (1.5 millones) y desocupada disponible (que ya no busca trabajo pero lo desea) (4.9 millones).
Así, de acuerdo a la reclasificación aquí planteada, el desempleo en México no es de 3.4% de la PEA, como es común escuchar sino de 13.1%, cifra mucho más realista (Gráfico 2).
Además, se estima que de la población ocupada cuando mucho unos 24 millones cuentan con un empleo formal, ingresos estables y aseguramiento, incluyendo a los afiliados al IMSS, al ISSSTE, los empleadores y una parte de los trabajadores por cuenta propia.
Sobre la estabilidad, cabe recordar que hace una década sólo ocho de cada 100 asegurados eran eventuales y actualmente son 20 de cada 100 (Gráfico 1).
Así, podríamos sintetizar que de la PEA (49.4 millones), únicamente 24 millones (48.5%) tienen un empleo satisfactorio o formal con seguridad social o seguros particulares; unos 19 millones (38.5%) tienen ocupaciones insatisfactorias (inestables, precarias, informales, sin servicios médicos ni seguridad social); y 6.4 millones (13.1%) son desempleados francos (Gráfico 2).
Tal esquema es en sí la expresión nítida del atraso en que vivimos. Nuestro país jamás llegará a ser una nación de alto desarrollo sin antes haber resuelto su problema del empleo y con él la incorporación a la economía y el bienestar de toda la población.
Un problema estructural
Al margen de la frivolidad y/o ligereza con que la tecnocracia neoliberal ha degradado la estructuralidad económica, el caso del empleo sí es estructural. Crear los nuevos empleos necesarios para quienes se integran cada año al mercado de trabajo, para arraigar a una porción creciente de los emigrantes por necesidad, y para abatir los enormes rezagos existentes implica no sólo adoptar una política congruente (ahora inexistente) de generación de empleo, sino también llevar a cabo una reorganización económica estructural que la haga posible.
Con la apertura irracional de nuestra economía, su entrega a los corporativos trasnacionales, y la creciente monopolización, en los años recientes hemos visto la desaparición de cientos de miles de pequeñas empresas y unidades productivas (que son las principales generadoras de empleo), así como la imposición de patrones de automatización diseñados en otras economías precisamente para ahorrar personal y mano de obra.
La meta del pleno empleo
Si en México tomáramos en serio el problema del empleo y hubiera la intención de darle solución definitiva, bien podríamos comprometernos en un esfuerzo nacional para alcanzar el pleno empleo y la inclusión social en un plazo de 15 años máximo, a fin de dejar atrás de una vez por todas el estigma del subdesarrollo.
El gran reto sería reorganizar nuestra economía para el crecimiento y la generación intensiva de empleos formales como prioridad nacional, con las siguientes metas:
1. Crear alrededor de 2 millones de nuevos empleos anuales, de los cuales: a) 900 mil se enfocarían a ocupar a los jóvenes que cada año se incorporan al mercado laboral; b) 400 mil a arraigar en México al mayor número posible de emigrantes potenciales, con énfasis en los altamente calificados, y c) 700 mil para absorber productivamente a cuando menos 10 de los 19 millones de personas que actualmente están en la informalidad improductiva.
2. Realizar en paralelo, a bajo costo, una transformación a la formalidad del resto de las ocupaciones (9-10 millones) que siendo actualmente informales son productivas.
Según las estadísticas de inversión y empleo de los años recientes, el costo promedio de crear un empleo en México gira en torno a los 3.7 millones de pesos, cifra muy elevada para una economía como la nuestra. Este alto costo se corresponde con los inapropiados patrones de inversión, intensivos en capital. que se han impuesto al país, y explica también por qué sin alterar esos patrones nunca podremos generar los empleos necesarios sino sólo seguir acumulando rezagos, expulsando mano de obra, y esperando a que explote la caldera.
Al respecto, si elevamos la inversión productiva del país a 30-35% del PIB, como hemos sostenido, fortalecemos el mercado interno e impulsamos una política efectiva de reintegración, fomento y protección para las empresas y unidades productivas del país que sean intensivas en mano de obra y en el uso de tecnologías apropiadas de generación interna, el país podría alcanzar con realismo las metas propuestas de creación de empleos a partir de un patrón de inversión promedio de 1 millón 250 mil pesos actuales por empleo.
Desde luego que estas reflexiones no tienen ninguna expectativa de materialización con el actual gobierno inercial, son simplemente para la conciencia social que tarde o temprano cambiará al país.

¿LEGITIMAR LO ILEGITIMABLE? JAMÁS

¡VOTAMOS POR ELLOS PARA QUE NOS REPRESENTARAN, NO PARA QUE NOS TRAICIONARAN!
Todo legislador o dirigente perredista que le haga el juego al pelele y sus compinches en contra de los intereses del pueblo, será condenado
!AL BASURERO DE LA HISTORIA!

LA JORNADA

Luis Javier Garrido

El proyecto
En el inicio del siglo, México ha entrado a un periodo crítico, pues se está fraguando no sólo la entrega de recursos básicos al exterior y la cancelación de los derechos sociales del pueblo, sino la consolidación de un nuevo autoritarismo.

1. El régimen presidencialista del México actual, que no pasa de ser una caricatura del que plantea la teoría constitucional sometiendo a los poderes a contrapesos y controles, se sigue caracterizando como en los años del priísmo por tener un Ejecutivo (que ahora es de facto) que actúa por encima de la legalidad, repartiendo contratos y concesiones como miembro prominente de una mafia y brindando impunidad a quienes lo respaldan, aunque a diferencia del de aquellos años no cuenta con una mayoría legislativa. Fox y Calderón son, sin embargo, tan impunes al delinquir como lo fueron Díaz Ordaz o Salinas.

2. Una cuestión central se está soslayando además, ante la desesperación de Felipe Calderón por cumplirle a Washington con “la contrarreforma estratégica”, y es que en los años del priísmo los presidentes podían negociar con los sectores del PRI y los poderes fácticos, en el marco del régimen (que no era el semitotalitario que inventan en su imaginario los panistas), por haber un consenso en aspectos fundamentales del proyecto nacional plasmado en la Constitución, el que no existe ahora, por la posición de los extremistas en el poder, que defienden intereses antinacionales y antipopulares.

3. La añoranza de la derecha mexicana por un presidencialismo autoritario, que nunca existió con los rasgos que ahora le dan los panistas en su fantasía, es lo que los hace promover la difusión de tesis sobre “la gobernabilidad” y los “gobiernos compartidos” y negar el papel histórico y constitucional del Congreso, que ha sido y debería ser el de frenar al Ejecutivo y oponerse a éste cuando se halla en manos de la oposición, como fue el caso durante mucho tiempo en Estados Unidos en el pasado.

4. El punto central es empero que en el México actual no existe ese acuerdo “en lo fundamental”, del que hablaban Otero y los liberales mexicanos en el siglo XIX, por dos razones fundamentales. La alianza de grupos mafiosos que se han enquistado en el poder desde los años 80, encabezados por Carlos Salinas de Gortari, que sigue siendo “el hombre fuerte de México”, y que usan a Felipe Calderón como su pelele, ha hecho del poder público un botín y establecido una democracia simulada, y lo ha hecho para desmantelar a la nación, en función de los intereses trasnacionales y del gobierno estadunidense, lo que los ha llevado a restringir los derechos individuales y a cancelar los derechos sociales, como lo ordenan los programas neoliberales, todo lo cual es contrario a la Constitución y al sentir de millones de mexicanos.

5. El gobierno de Calderón no representa los intereses de México cuando asiste a una reunión con Bush y Harper como la de Montebello (20-21 de agosto), en la que al igual que Fox actúa como una marioneta de Washington, y en esto no podría tener respaldo de la oposición, sino su señalamiento de que actúa como un traidor a México. Muy grave es, por ejemplo, que a cambio del apoyo de los republicanos siga comprometiendo a México en la llamada Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que amenaza la independencia del país.

6. Y si no existe “un acuerdo en lo fundamental”, los acuerdos en lo particular sobre aspectos nimios, que no cambian las estructuras económicas y sociales, y que promueve el gobierno espuriete de Calderón, no buscan sino el aval del PRD a su gestión ilegítima y dar una imagen de pluralidad y de supuesta “normalidad democrática”, como lo ha visto todo mundo, menos algunos dirigentes del PRD.

7. El papel de la oposición en un régimen republicano y democrático es el de oponerse al gobierno, mucho más cuando éste es espurio y producto del fraude, y todavía más como cuando en el caso de Calderón actúa en la ilegalidad y contra la Constitución. Y en este escenario, es su obligación hacer fracasar las iniciativas gubernamentales tendientes a comprometer al país y a los derechos del pueblo.

8. El proyecto de Los Pinos para someter al perredismo, lograr la aprobación de la contrarreforma y marginar a López Obrador, que fracasó tras el congreso del PRD, no se ha ocultado, pues los propios actores políticos lo han dejado entrever y la prensa de la derecha lo ha impulsado. Este supone que tras la aprobación de la llamada “reforma del Estado” (que no pasa de ser una serie de modificaciones a las leyes electorales), Calderón reorganizaría su gabinete para invitar a perredistas, asumiéndose así más cerca del modelo de la ultraderecha “moderna” del francés Sarkozy que de la oscurantista de los neofranquistas españoles Aznar y Rajoy. El senador Carlos Navarrete advirtió en ese sentido a los reporteros que acusaban a Nueva Izquierda de echarse para atrás luego del congreso (en el que habían logrado abrir la vía al encuentro con Calderón) diciéndoles: “esperen la reforma del Estado” (Milenio Diario del 21 de agosto).

9. Los que van en esa dirección estarían llevando al PRD en 2007, casi 20 años después de su nacimiento, a una claudicación total que negaría por completo su razón de ser: a hacer suya la antidemocrática tesis panista de 1988, esgrimida por Luis H. Alvarez, de que un gobernante “con ilegitimidad de origen” –Salinas entonces, como hoy Calderón– se podría legitimar por el aval de la oposición. A cambio de que vivales miembros de una elite política corrupta que se asumen como “de izquierda” ocupen cargos públicos o se enriquezcan, se apuntalaría por décadas el dominio de la ultraderecha en la vida nacional, cancelándole de paso derechos históricos al pueblo.

10. El régimen autoritario del siglo XXI que el salinismo y el panismo aliados intentan edificar puede tener el aval de muchos miembros de la que ahora se dice “la oposición”, pero va en contra de los derechos del pueblo y está, por lo mismo, destinado al fracaso.

Hambreadores con nombre y apellido.

Silvia Ribeiro*
Nueva ley de semillas contra los campesinos

Una nueva Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas entró en vigor el pasado 14 de agosto. Manuel Oyervides, director de investigación de Monsanto, manifestó a la prensa su entusiasmo y declaró que están "ansiosos porque se libere el uso de la biotecnología, así [sus] inversiones se podrían hasta duplicar", lo que deja muy claro quién se beneficia con esta ley, que, agregó, por fin "sancionará a quienes piratean la tecnología" (Reforma, 15/08/07). Curiosas palabras viniendo de boca de una trasnacional biopirata por excelencia, ya que la totalidad de las semillas que usa (y abusa) provienen de la creatividad colectiva de campesinos de todo el mundo, lo cual -igual que sucede con las otras grandes semilleras como Bayer, Syngenta, Dupont, Dow- no las ha inhibido patentarlas para impedir que esos mismos campesinos puedan volver a utilizarlas sin pagarles.

Ahora, gracias al Congreso y al gobierno mexicanos, podrán continuar su biopiratería histórica con total impunidad y al mismo tiempo demandar a cualquier campesino o agricultor que no les pague (o se contamine, si son transgénicos). De paso, se hicieron de un lugar privilegiado para seguir influyendo en las políticas sobre semillas en nuestro país y, por si fuera poco, financiados con dinero público.

Por eso Seedquest, central de información de la industria global de semillas, aplaudió la nueva ley, cuyo logro atribuyó a sus miembros y a selectos personajes del gobierno mexicano: "Durante todo este tiempo, asociados y miembros de la Asociación Mexicana de Semilleros AC, en cuyo consejo directivo figuran Monsanto, Syngenta y Pioneer/Dupont (como 'comité de honor y justicia') trabajaron fuertemente y realizaron actividades conjuntas [para sacar esta ley] con el Consejo Nacional Agropecuario (centro de los grandes distribuidores y productores agroindustriales nacionales y trasnacionales) y la Dirección de Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS/ Sagarpa)".

La ley de semillas es un complemento ideal de la ley de bioseguridad (ley Monsanto) porque otorga "certidumbre" a las trasnacionales semilleras de que podrán perseguir legalmente a cualquier agricultor que ellas consideren que usa sus "invenciones" sin pagarles (sean semillas híbridas o transgénicas). Este era un punto neurálgico de la ley para las trasnacionales, pero hay más: la ley establece un Sistema Nacional de Semillas, como organismo de coordinación del sector, pero, sobre todo, como "instrumento consultivo" para definir políticas relacionadas con las semillas. De sus 16 integrantes, nueve fueron asignados al sector empresarial, con lo que tienen garantizada cualquier decisión al respecto.

Este Sistema Nacional de Semillas quedó ligado a un instrumento financiero: el Fondo de Apoyos e Incentivos, que en este contexto será una vía más para sangrar recursos públicos y subsidiar a las trasnacionales. El secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, reveló que ya había dispuesto invertir 19 millones de pesos para producción de semillas certificadas (o sea, de las empresas), además de 50 millones para la "generación, difusión y transferencia de tecnologías". Asimismo defiende el maíz transgénico, por si a alguien le quedaban dudas de a qué "tecnología" se refiere (Emir Olivares, La Jornada, 8/6/07).

Como cereza del pastel que autoridades y congresistas regalan a las trasnacionales, la nueva ley establece que la certificación de semillas la harán empresas privadas. Paralelamente, abre la puerta para sancionar a quien no use semillas certificadas o registradas. Así obligan a certificar y avanzan hacia la criminalización de cualquier intercambio "no certificado". Por ejemplo, si un agricultor produce su propia semilla y la intercambia o vende a sus vecinos. También crea un catálogo para variedades "comunes", pretendiendo que los campesinos registren sus variedades, lo cual significará que en cierto plazo quien use cualquier semilla no registrada estará en infracción.

Esta peligrosísima e injusta tendencia de las nuevas leyes de semillas, que atenta contra 10 mil años de agricultura colectiva para el bien público, basada en el libre intercambio de semillas, no es privativa de México, tal como denuncia Grain (La sagrada privatización, www.grain.org): son lineamientos de la Federación Internacional de Semilleros para monopolizar y obligar a todos los agricultores y campesinos a que en cada país tengan que comprarles sus semillas industriales. Introducir transgénicos acelera este proceso mediante la contaminación inevitable que conlleva. Por eso las mismas empresas y sus amigos del Congreso y el gobierno, junto a unos pocos agricultores industriales, insisten en la inmoralidad de plantar maíz transgénico en México, donde el daño al país y a los campesinos sería brutal, poque se trata del centro originario del cultivo.

No sorprende que Monsanto, que tiene el virtual monopolio global de las semillas transgénicas (casi 90 por ciento) y la mayoría del mercado global de otras semillas -junto con Syngenta y Dupont-Pioneer controlan 44 por ciento de las semillas patentadas a escala global- presione por todos los medios para lograr leyes como la recientemente aprobada y legalizar la contaminación transgénica, comenzando por "experiencias piloto". Lo aberrante, aunque tampoco sorprende, es que el gobierno y los parlamentarios colaboren con este crimen contra los campesinos y la soberanía alimentaria de su propio país.

* Investigadora del Grupo ETC

"La encrucijada perredista"

La Jornada

Editorial
La encrucijada perredista
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) llega a su décimo congreso nacional extraordinario con lastres inocultables: el corporativismo que se ha desarrollado en sus filas en 18 años de vida, la consiguiente falta de disciplina, el extremado pragmatismo electoral de muchas de sus decisiones, los extravíos de sus grupos parlamentarios y el alejamiento de los movimientos sociales que buscan la transformación del país. En aras de ganar votos y procesos electorales, el PRD ha postulado candidatos impresentables, ha realizado alianzas con sus enemigos naturales y ha atropellado sus propios estatutos. Tales prácticas, lejos de redituarle sufragios, le han significado descrédito y desconfianza.
A lo largo de estos 18 años ha sido perceptible la cooptación de las estructuras partidistas por intereses clientelares corruptos y oportunistas que no ven al PRD como instrumento de transformación nacional sino como vía de acceso a cuotas de poder, a privilegios y a beneficios económicos. En contraparte, el partido ha retrocedido en su vinculación natural con los movimientos ciudadanos, las organizaciones sociales y los ámbitos progresistas académicos y artísticos.
La candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador tuvo sobre el instituto político un efecto paradójico y contradictorio: lo impulsó al mejor nivel de votación de su historia y lo ubicó, en las elecciones de julio del año pasado, como la segunda fuerza política del país; pero el turbio desenlace de la elección, con la cuestionada proclamación oficial del triunfo de Felipe Calderón, colocó al PRD en una situación extremadamente difícil: por una parte, el sol azteca salió con la más numerosa representación parlamentaria de cuantas ha obtenido desde su fundación, pero por la otra se ha visto colocado, en tanto que fuerza legislativa y gobernante en varias entidades, ante la necesidad de insertarse en una institucionalidad ciertamente descompuesta y corruptora, y de articular sus posiciones en ella con los movimientos de resistencia cívica, particularmente con aquellos en los que se encauzó la exasperación generada por el desaseo electoral y por el linchamiento oligárquico de López Obrador.
Esa tarea -vincular los movimientos horizontales de oposición al régimen con las bancadas y las gubernaturas- será posible sólo en la medida en que el perredismo consiga recuperar el rumbo marcado por sus documentos constitutivos y por sus estatutos, contener la desenfrenada rebatiña entre corrientes y cacicazgos regionales y disciplinar a sus protagonistas.
El PRD se debe al pueblo de México, no a los intereses de camarillas y burocracias. Ese instituto político, cuya génesis, fundación e implantación ha costado muchas vidas, sacrificios y esfuerzos incuantificables de miles de ciudadanos honestos de varias generaciones, no fue concebido para encumbrar ni para enriquecer a nadie, sino para combatir las desigualdades lacerantes, corregir las injusticias estructurales, llevar al país a una democracia que hasta la fecha sigue siendo simulada, erradicar la corrupción como práctica regular de gobierno, restaurar la soberanía nacional, gravemente vulnerada por dos décadas de entreguismo neoliberal, y dar una patria real y efectiva a los millones de mexicanos que sólo la tienen en los discursos oficiales. Ojalá que los delegados al congreso que se desarrolla en estos días tengan en cuenta estas consideraciones.

La Jornada

Guillermo Almeyra

Oaxaca: no a Ruiz, no al sistema

La abstención récord en Oaxaca, por decisión individual de los electores o por decisión colectiva de comunidades indígenas que no permitieron la instalación de las urnas, es un golpe terrible no sólo contra Ulises Ruiz, el dictadorzuelo local, sino también contra el gobierno y todo el sistema. En efecto, la votación no sólo refleja el aislamiento y la ilegitimidad del "gobernador", sino también el rechazo al gobierno federal ilegítimo y espurio, contra el cual Oaxaca ya había votado masivamente en 2006 y, sobre todo, el repudio a todos los que, de una u otra forma, querían encarrilar la protesta popular hacia las instituciones para arrojar por la borda el lastre del dictador estatal y ocupar el lugar que éste dejaría libre, gobernando siempre dentro del sistema ilegal, corrupto y represivo que los oaxaqueños -y buena parte de los mexicanos- repudian.

Si el movimiento de la APPO y de los pueblos indígenas hubiera extraído de su seno, en asambleas, democráticamente a los candidatos de oposición, no sólo se habría organizado, sino que habría logrado una votación importante. El intento de una parte de la dirección central de la APPO y del movimiento magisterial -con el llamado al voto de castigo al PRI-PAN- intentó, en cambio, negociar políticamente la fuerza del movimiento con el PRD, el PT y Convergencia, una vez que estos partidos, pensando sólo en sus intereses de aparato, se negaron a ser lo que deberían haber sido: un instrumento electoral ocasional de quienes luchaban contra el régimen. El resultado para los "calculadores" y los oportunistas hambrientos de votos ajenos que no habían sabido conquistar fue tan desastroso como el que tuvieron los partidos masacradores, PRI y PAN. Parece que, desde la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo de Tehuantepec, nadie ha aprendido que los votos no son dados de una vez para siempre y que es necesaria una esperanza para conseguirlos. Parece que en todos los años transcurridos en el miserable mundo político que trata de sobrevivir en la tormenta nadie ha aprendido a apreciar la capacidad política y la voluntad de acción de los ciudadanos oaxaqueños.

Es cierto que la abstención no es una alternativa y que es posible abstenerse por diferentes motivos, que van de la emigración de quien figura en el padrón hasta la enfermedad, el desinterés e incluso la apatía. Pero esta abstención viene después de una enorme y constante movilización, y coincide con el heroísmo de un pueblo que enfrenta violaciones, desapariciones, asesinatos y torturas con sus constantes manifestaciones. No hay pues desinterés por la política en general, sino por esta política y por estos políticos. Y el PRD, que espera que la manzana madura le caiga en la boca mientras está sentado a la vera de las luchas, debería comenzar a hacer un balance de sus ilusiones y de sus perspectivas, pues nadie lo ve como factor del cambio que todos reclaman. También se equivocarían los grupos ultras reales si ante las abstenciones creyesen maduro el momento para tomar las armas, en movimientos que serían funcionales para la represión de Ruiz y del gobierno central, porque una cosa es la ruptura con las ilusiones en el sistema y en las instituciones, y otra, muy diferente, la decisión de acabar con unos y otros y de remplazarlos por gobiernos populares en autogestión. Que la otra campaña -que no estuvo sino muy tangencialmente en los largos meses de importantísima lucha de la APPO- no se llame tampoco a engaño ni pretenda que el resultado electoral es un espaldarazo para ella (como hace en todos los casos de abstención masiva), porque el repudio a unos no significa, automáticamente, el apoyo a otros, que además están empeñados en giras lejanas o en encuentros galácticos sin relación con lo que pasa con la gente que lucha y sufre en su enfrentamiento con los caciques oaxaqueños y el poder central.

Para que la decisión masiva de abstenerse no sea como el estallido de un enorme e inocuo fuego de artificio es necesario luchar masivamente, en todo el territorio nacional, por arrancar al ilegítimo gobierno oaxaqueño y al espurio gobierno nacional la libertad de los presos y el fin de la represión. Sólo así recuperarán su prestigio los dirigentes de la APPO, que se desgastaron en una ma-niobra electorera y podrán conquistar algo de él los que en la lucha de muchos meses tuvieron, cuando mucho, un papel subordinado o de figurantes y, en lo esencial, miraron para otros lados.

O sea, hay que afirmar frente a los gobiernos y el sistema ilegítimos, en un trabajo tenaz y a mediano plazo, la legitimidad de las asambleas populares, de las redes de comunidades, de la unión de las luchas por los problemas locales con el combate por la justicia, la libertad, la legalidad y contra la represión. Es decir, extender la autonomía, la autorganización, la democracia de base, la autogestión en la lucha por una asamblea constituyente oaxaqueña, con delegados elegidos directamente por los pueblos para restaurar la legalidad en Oaxaca. En ese camino adquiriría gran importancia la realización de asambleas de análisis y balances de la situación poselectoral para discutir y eliminar las debilidades del pasado y unir fuerzas para el futuro. Oaxaca, con la APPO, ha sido el punto más alto en muchos años de luchas del pueblo mexicano, no solamente por la magnitud de los combates y las movilizaciones, sino por los avance políticos realizados en la construcción de gérmenes de poder popular. Sigue siéndolo, porque las experiencias y lazos construidos en la lucha allí están, frescos, sino también porque un gobierno que representa a menos de una décima parte de la población no puede gobernar y, otro, el nacional, que finge que todo es legal y que apoya a Ruiz, sólo rubrica su propia ilegitimidad y prepara grandes explosiones sociales.

Política Tradicional Mexicana.

La Jornada

Continuar el apoyo a AMLO, otro punto de coincidencia entre las corrientes

Buscará PRD la unidad partidista en el congreso nacional de la próxima semana

Las fracciones, ligadas a corrupción y sometimiento político: Ramírez Cuéllar

ROBERTO GARDUÑO

De cara a la coyuntura que les impone su congreso nacional, a celebrarse la semana próxima, las corrientes mayoritarias del PRD restañan heridas y pretenden llegar a ese cónclave con aparente compostura de unidad, con el objeto de fortalecer a su instituto político frente al proceso interno para elegir una nueva directiva en marzo del próximo año.

Los grupos que conforman al perredismo también manifestaron coincidencia para mantenerse al lado de Andrés Manuel López Obrador y rechazar cualquier intento perverso para alejarlos de su ex candidato presidencial.

No obstante tales posturas, Alfonso Ramírez Cuéllar dibujó con dureza el rostro actual de su partido:

"En el mundo real del PRD, las fracciones están asociadas y son inseparables de fenómenos de corrupción y clientelismo, abuso de poder, desvío de recursos públicos; dinero, sometimiento político a gobiernos y poderes adversarios y manipulación de programas sociales".

Durante un inédito foro denominado Congreso para la unidad, donde se vieron juntos los representantes de todas las corrientes perredistas, Jesús Zambrano, de la corriente Nueva Izquierda, dijo estar convencido de la actitud de unidad de absolutamente todos los integrantes del PRD, y por tal razón impulsará el diálogo respetuoso, franco y constructivo, ausente de descalificaciones sin fundamento, durante la celebración de su congreso nacional.

Entre lo inédito del caso está el que Ifigenia Martínez obligó a sus compañeros a respetar el tiempo designado a cada uno de ellos con objeto de no caer en los tradicionales discursos que agotaban a los oyentes. Con esa medida, el dirigente de Nueva Izquierda -junto con Jesús Ortega- enumeró ocho lineamientos que su corriente seguirá durante el congreso:

"Vamos con una clara y convencida actitud de unidad; el PRD es el principal partido de izquierda que ha construido el pueblo y hoy más que nunca debe postular su definición de izquierda; evitar la consolidación del proyecto conservador de la derecha encabezada por Calderón; construir un bloque democrático y popular progresista.

"La unidad del PRD con los movimientos social y progresista y especialmente con el trabajo de Andrés Manuel López Obrador. Hay quienes en una clara intención perversa atizan a una división o a un distanciamiento del PRD con AMLO y no está en la pretensión de ninguno de nosotros avanzar en esa perspectiva, pues sería un error y un debilitamiento de cualquiera de las partes del movimiento; refrendar la vía electoral como acceso al poder y reformar al partido para que esté a la altura de los retos".

López Obrador, líder del movimiento opositor al régimen

La contraparte de Nueva Izquierda, constituida por la corriente que vio su origen con René Bejarano y hoy sostiene la esposa de éste, Dolores Padierna, convocó a la unidad con objeto de impulsar al PRD como fuerza transformadora de la sociedad y construir, dijo, un poder social que se sustente en acciones estratégicas.

En este tema coincidió en mantener la unidad con Andrés Manuel López Obrador. "En el terreno de la acumulación de fuerzas, AMLO, como líder de un movimiento que significa la posibilidad de terminar con el régimen, es el principal líder opositor a este régimen que combatimos, y por ello el lopezobradorismo tiene el significado de un movimiento político de gran envergadura capaz de acabar con el sistema de dominación y en esta estrategia hace falta el PRD; es la izquierda política más importante, la expresión progresista más sólida, pues tiene un proyecto alternativo".

Al foro asistieron Pablo Franco, Camilo Valenzuela, Carlos Reyes Gámiz, Eloy Vázquez, David Cervantes, Mario Saucedo y Manuel Andrade.

Ramírez Cuéllar advirtió que la crisis del PRD es tal que ya no se resuelve en su seno y con meras regulaciones y acuerdos internos. "Mucho menos bajo el conservadurismo de los cambios que promueve su clase política dirigente".

Destacó que la dinámica al interior del perredismo "ha formado un grupo dirigente cerrado, conservador y que construye una red de protección y un seguro mutuo que se consolida con el intercambio permanente de complicidades. Es un grupo que, consciente del deterioro y la fragilidad partidaria, sólo alcanza a lanzar llamados a nuevos pactos fundacionales, nuevos acuerdos de estabilidad y gobernabilidad".

Al sostener esa idea en el documento que presentó en el foro, Ramírez Cuéllar consideró que los llamados de sus compañeros a la unidad no tienen sustento alguno:

"El nuevo acuerdo al que se convoca es una vulgar cortina de humo para escatimar la fiscalización y el verdadero esquema de controles y contrapesos, de castigos y sanciones. Los escándalos de corrupción, de fraudes y trampas electorales y de trapecismo político nos llegaron y seguirán presentándose con mayor fuerza. Pero esta clase política perredista se protege. Individualiza las condenas, las acusaciones y las acciones. Se somete al partido a una descomposición permanente".

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Astillero

Julio Hernández López

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Simples pleitos de elite

BC: duelo de mapaches

Ulises, ¿foto del adiós?

El candidato de la alianza Para que Vivas Mejor, Jorge Hank Rhon, deposita su voto en una casilla de Tijuana Foto: Ap

Los procesos electorales mexicanos se han convertido en sucias competencias de elite en las que dinero subterráneo, injerencias gubernamentales y tecnologías defraudadoras desalientan, pervierten y sustituyen la voluntad ciudadana para instalar en cargos falsamente representativos a miembros de las bandas de la delincuencia política que así se apropian cíclicamente de un cada vez más desfondado e ilegítimo aparato institucional de poder.

En Baja California, por ejemplo, lo que se ha vivido es un duelo de mapaches electorales. Envalentonada por la mayor impunidad que se derivó del papel decisivamente adulterador que cumplió en los comicios presidenciales de 2006, la profesora Elba Esther San Diegordillo envió a la entidad fronteriza un millar de operadores provenientes de diversas partes del país, a quienes une la especialización en las artes de la defraudación electoral. La demostración impúdica de esa magisterial fuerza timadora en una sola entidad federativa se suma a las evidencias que, sin parar, van aportando los propios actores de la engañifa nacional de 2006. Los afanes tramposos de la mujer dizque autoexiliada en barrios residenciales dorados de California tratan de conservar en el poder a un panismo que durante 18 años ha hecho negocios particulares al por mayor desde el poder y que ha cohabitado redituablemente con los cárteles del narcotráfico asentados sobre todo en Tijuana. Desde luego, la siempre gananciosa mentora tiene lista la cuenta del cobro de sus servicios a nombre de su membrete partidista, el Panal, que ahora tiene entre sus zánganos de vanguardia a un practicante de tongos boxísticos y políticos.

La tragedia de los bajacalifornianos es que, contra la posibilidad de continuidad del cártel blanquiazul en el gobierno, que ahora estaría aderezado con adherencias gordillistas parasitarias, sólo han tenido como alternativa a un priísmo explícitamente ligado al saqueo de los fondos públicos para convertirlos en fortuna personal (no otra cosa hizo el profesor Carlos Hank González, padre del ahora candidato Jorge) y al uso criminal de las técnicas de alta delincuencia para la protección de los intereses propios (familiares y de facción política). A lo largo de su campaña, Hank Rhon se esforzó en demostrar frivolidad e ignorancia, sin proyecto que no pase por sus arcas y sus amigos, y sin conceder a los ciudadanos más opción que aceptarse como desposeídos históricos a la espera de ocurrencias bebestibles, zoológicas o indumentarias. Arropado también por un ejército de defraudadores electorales, financiado entre otras fuentes por las del estado de México que gastan cuanto pueden en apuntalar la presunta candidatura presidencial de Enrique Peña Montiel, perdón, Nieto, el madracista Hank Rhon no ofrece a los habitantes de BC nada sustancialmente nuevo ni distinto, a no ser el tránsito de Guatemala a Guatepeor (ayer mismo había tensión por el apresamiento de decenas de profesores presuntamente dispuestos a ayudar la causa panista-panalista que, sin embargo, tenían entre sus pertenencias camisetas negras de protesta contra la Ley del ISSSTE, lo que hace pensar que preparaban provocaciones o actos violentos disfrazados de "disidencia").

En Oaxaca el distintivo era el alejamiento ciudadano de las urnas, fenómeno al que habría contribuido sensiblemente la detonación de un explosivo en las puertas de un centro comercial días atrás. Pero esa toma de distancia no proviene solamente de eventos recientes, sino de un largo entendimiento colectivo de que la política, los partidos y las elecciones son descaradas formas de simulación institucional que sólo sirven a los intereses de facciones a cual más corruptas. Tal vez el caso más evidente de incumplimiento de expectativas haya sido el del Partido de la Revolución Democrática, que a fin de cuentas actuó contra el sentido del vigoroso movimiento social de protesta que se ha desarrollado allí e incluso acabó -como sucede en la mayoría de estados del país- como mero apéndice del gobierno estatal.

El triunfo electoral ulisista -en caso de confirmarse las tendencias conocidas a la hora de redactar esta columna- será pírrico si a partir de él cree el impugnado mandatario que tiene un aval social suficiente para hacer como que gobierna sin mantenerse virtualmente a salto de mata. Controlar el Congreso estatal con una bancada tricolor que le cuide las espaldas, apruebe las disparatadas y saqueadas cuentas públicas y evite ajusticiamientos políticos en su contra, sería, en cambio, una buena oportunidad para que Ruiz Ortiz preparara su salida de cuadro y el ingreso de un relevo a modo. Si nada en política es coincidencia, habría qué preguntarse cuáles son las razones reales de la ausencia de acciones de protesta en el curso comicial y la concesión a URO de una postal de paz social y buen funcionamiento político que incluiría un zócalo oaxaqueño sin plantón. Con esa fotografía arreglada, sin que nada se mueva, Ulises podría intentar una salida "decorosa" negociada.

Los habitantes de Aguascalientes no tienen como opción más que el espectáculo de los pleitos internos del panismo gobernante. Como sucede a escala nacional, la clase política blanquiazul riñe con especial enjundia a causa de presuntas divergencias entre doctrinarios y pragmáticos, lo que a fin de cuentas no es sino una forma amable de disfrazar el pleito por cargos, presupuestos y privilegios. El gobernador hidrocálido, Luis Armando Reynoso Femat, ha sido acusado por sus compañeros de partido de suficientes causas para retirarle la credencial del blanquiazul, y esas riñas de familia se han trasladado, obviamente, a la batalla electoral de este domingo, en particular en cuanto a la ocupación de la presidencia municipal capitalina.

Como puede verse, el ciclo electoral, conforme a las actuales reglas, está completamente agotado. Sería ingenuo pensar que los propios beneficiarios de ese carrusel de privilegios reformarán el sistema comicial para quitarse ventajas y castigar sus propios abusos. ¡Hasta mañana, mientras F.C. disfruta del carnaval diplomático de izquierda itinerante!

Fax: 56 05 20 99 * juliohdz@jornada.com.mx

La organización ¡ahí va!

La Jornada

Gustavo Iruegas


Del carnet de resistente


Los últimos cinco presidentes de México han gobernado de manera contraria a los intereses populares y nacionales. Tres de ellos, De la Madrid, Zedillo y Fox, recibieron el poder de manera formalmente legal. Salinas fue y Calderón es un usurpador. Uno y otro decidieron hacer nugatoria la democracia y aplicaron meticulosamente la ortodoxia del golpe de Estado. Ante la evidencia de que la voluntad popular les era adversa -y en palmaria contravención a la ley- se actuó desde las más altas esferas del poder, utilizando las instituciones nacionales en contra de los intereses populares para preservar el régimen político y los privilegios oligárquicos. Dicho en plata mexicana: se robaron el poder.

Ahí terminan las semejanzas entre los dos últimos eventos del latrocinio electoral mexicano y se inician las diferencias. Después del fraude de 1988 la población se encontraba agraviada y molesta, pero al mismo tiempo impedida de reaccionar, porque la aceptación del fraude como un hecho consumado inhibió cualquier posibilidad de lucha. En 2006, ni la población ni su dirigencia aceptaron el fraude. Habrá quien lo atribuya al carisma y tenacidad del líder, o al saber hacer en la dirección política, o al hartazgo de la población por los reiterados atropellos a su voluntad y la iniquidad de la mentira. De cualquiera de las maneras, o por todas ellas, lo que aparece es la lección histórica. El pueblo de México aplicó en 2006 lo que aprendió en 1988. Ni mansedumbre ni resignación; resistencia.

No lo esperaban la oligarquía ni sus personeros. Airados, reaccionaban ante la recia protesta popular como ante un acto de infame deslealtad. Se alzaron con la voluntad nacional y se ofendían porque los ciudadanos se tomaron el Paseo de la Reforma. Aún así, soberbios y despectivos, cometieron el despojo. Meses de insistente exigencia, sistemática, generalizada, masiva y permanente para que se volvieran a contar los votos -tan poquito como eso- fueron olímpicamente ignorados. El pueblo, reunido en asamblea, decidió resistir. Pacíficamente, pero resistir. Rechazó como espurio al representante de la oligarquía y ungió con su legitimidad a su propio candidato. Andrés Manuel López Obrador fue designado Presidente Legítimo de México. Cuando se materializó el atraco, el día primero de diciembre de 2006, la masa concentrada en el Zócalo estaba furiosa, pero desorganizada: el lenguaje exacerbado, las consignas temerarias, los ánimos exaltados, la violencia en el aire. Mientras que en el otro lado, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se había levantado una fortaleza. Esa mañana, las armas nacionales no, repito, no se cubrieron de gloria. Andrés Manuel inició la marcha, hacia el otro lado. ¿Cuántas vidas se salvaron ese día? Al final del recorrido un acto maravilloso: la compacta masa de furiosos resistentes escuchó a doña Rosario -la señora Rosario Ibarra de Piedra, senadora de la República- relató lo sucedido en San Lázaro: "He pasado la vergüenza más grande de mi vida. He visto llegar al Congreso de la Unión a un pelele rodeado de soldados. Durante los tres minutos que estuvo en la tribuna le gritamos: ¡espurio!, ¡espurio!, ¡espurio!", y el grito se multiplicaba en las gargantas de los cientos de miles de mexicanos que venían del Zócalo, todavía furiosos pero aún desorganizados.

A primera vista parece difícil imponer un gobierno sobre la voluntad de todo un pueblo, pero no lo es tanto si la imposición proviene del gobierno mismo. La explicación está en que el gobierno dispone de las instituciones del poder nacional, que son formaciones de poder organizado, mucho más eficaces que las manifestaciones espontáneas del poder popular en que, la ciudadanía, aun compartiendo causa y determinación, está desorganizada. Los aparatos coercitivos civiles y militares las aplastan, las detienen, las disuelven y aun las inhiben usando la fuerza o, simplemente, haciéndola patente. Más difícil aún parece escapar a los perversos designios de los ladrones del poder. Pero la solución salta a la vista. Si el conjunto de la voluntad popular es débil, porque está desorganizada, hay que organizarla.

Diciembre y enero transcurrieron mientras se preparaba la operación política más ambiciosa de la historia de México. Organizar al pueblo. En febrero dio inicio el proceso que se ha dado en llamar credencialización. El nombre dice poco. En realidad se trata del compromiso en que de manera voluntaria, libre y consciente los mexicanos expresan su adhesión y apoyo al Gobierno Legítimo de México, cuyos postulados principales son la protección de los derechos del pueblo y la defensa del patrimonio nacional. [1] Al final, dice: "Construir una nueva República para hacer valer la justicia social, la democracia, los derechos humanos, el derecho a la información, y donde las leyes e instituciones estén al servicio de todas y todos los mexicanos. En consecuencia, acepto ser representante del Gobierno Legítimo y acudiré al llamado o convocatoria que haga el Presidente Legítimo de México para defender estas causas". El compromiso es con el Presidente Legítimo de México. Con nadie más. No hay estructuras intermedias. Hay, sí, mucho respaldo, mucho apoyo, mucha solidaridad, pero la pertenencia que acredita el carnet de resistente es personal y directa; va de la base a la cúspide del movimiento. Ya hay un millón 200... y sumando.

La "credencialización" es el fundamento, sólo el fundamento, de la organización popular que se enfrentará a las instituciones viciadas que han servido de estribo para llegar a la silla presidencial espuria. Con esta organización, vale decir, con este poder el pueblo podrá construir un IFE digno de confianza, tribunales que hagan justicia y no favores, y unas fuerzas armadas al servicio de la nación y no del presidente. Así, paso a paso, se construye una nueva república. ...

1 Siguen ocho párrafos que se recomienda leer en:

http://www.gobiernolegitimo.org.mx