La Jornada
La santa alianza
Gustavo Esteva
Comienzan apenas a verse los efectos de la alianza concertada por la Iglesia católica con el PRI, tras tomar posesión del PAN y el gobierno.
El desgarramiento de vestiduras de senadores priístas ante las inauditas declaraciones del secretario de Gobernación respecto de la penalización del aborto no fue mero cinismo. Existe real descontento en el PRI por el abandono de una tradición ideológica bien arraigada.
La alianza se concertó en tiempos de Salinas y formó parte de su empeño por desmantelar el antiguo régimen. No es posible examinar aquí la compleja y misteriosa relación entre neoliberalismo y religión, muy clara en Estados Unidos, pero explica en parte esa decisión política, que en aquella coyuntura pareció extraña e innecesaria.
La alianza actual tiene otro signo: la convergencia de dos voluntades que se encaminan en la misma dirección. Mientras gobiernos del mundo entero intentan por todos los medios aumentar el control de la población, ante la rebelión de los batallones de descontentos creados por el neoliberalismo, el Papa busca algo semejante: prefiere una Iglesia más pequeña, pero más sometida a los cánones tradicionales, más subordinada al control eclesiástico. Le inquietan los vientos modernizadores que ampliaron el margen de libertad de los fieles.
La brutal agresión contra las mujeres que se expresa en la nueva penalización del aborto, realizada por congresos controlados por el PRI que cubren ya la mitad del país, responde a esa lógica de control que se extiende a todas las esferas de la vida cotidiana. La criminalización de los movimientos sociales, los retenes militares, la cédula de identidad, la campaña sobre la influenza porcina, la agresión policiaca y paramilitar en Chiapas y casi todo el país, la permanente intimidación mediática de los ciudadanos, la violación continua de derechos humanos, son expresiones de un mismo afán por destruir legal o ilegalmente el estado de derecho para acostumbrar a todos al estado de excepción.
La irresponsabilidad del PRI al concertar esta alianza es apenas comprensible. En México, la necesidad de mantener una rígida separación entre la iglesia y el Estado y respetar rigurosamente el carácter laico de éste tiene profundas raíces históricas. Todas las encarnaciones del PRI lo reconocieron. Se mantuvo ese apego a uno de sus principios sustantivos hasta que llegó Salinas, quien se dedicó a destruir las bases mismas de existencia del Estado emanado de la Revolución y de su partido, incluyendo instituciones que les resultaban casi sagradas, como el ejido.
La Iglesia nunca quedó satisfecha con la separación. No cejó en su empeño de reconquistar el poder político y material que perdió, pero se había visto obligada a conseguirlo de trasmano, a escondidas, por abajo del agua. Cada intento de mostrar en público lo que lograba en privado provocaba aguda resistencia. Si bien la llegada del neopanismo resolvió en parte esa dificultad, facilitando la violación reiterada de la ley y de las prácticas políticas, no había conseguido llevar su influencia hasta la orientación misma de las políticas públicas. La nueva generación de dirigentes del PRI realiza ahora lo que ni siquiera Salinas pudo intentar.
Quien conoció la trayectoria política e ideológica de Beatriz Paredes puede haberse sorprendido al verla apoyar lo mismo a Ulises Ruiz que al cardenal. Todo parecía explicarse en términos de un pragmatismo sin principios, guiado por el afán de retorno. Así se entendería el comportamiento reciente, para las transas del presupuesto y hasta en la negociación sobre Luz y Fuerza, que se produjo en la mejor tradición de Judas e hizo evidente, como señaló el SME, el carácter reaccionario del Congreso. Pero ¿el aborto?, ¿cómo pudo hacerse cómplice de este atropello brutal a su género sin siquiera chistar?
“La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.” Este artículo cuarto del Acta Constitutiva de la Federación, aprobada el 31 de enero de 1824 por el primer Congreso Constituyente de nuestro país, definiría una aspiración restauradora de algunos católicos conservadores y haría feliz a don Benedicto. Pero es tan imposible como el regreso del antiguo régimen. Vivimos en otro país, en otro mundo, como analicé en este espacio respecto del PRI.
Lo que está pasando, empero, no es regreso ni restauración, sino avance en la construcción cuidadosa del régimen autoritario en que se emplea la ley para destruirla e ingresar al territorio resbaladizo del estado de excepción, en el cual prevalece la lógica del poder por el poder. De eso se trata hoy. De ese tamaño es el peligro.
gustavoesteva@gmail.com
lunes, noviembre 30, 2009
viernes, noviembre 27, 2009
Futuro Inmediato. "La definición"
La Jornada
La definición
Luis Javier Garrido
El momento que vive el país en vísperas de cumplirse 100 años del inicio de la Revolución Mexicana es de una enorme gravedad, pues lo que está en disputa en estos meses y se definirá en 2012 es el proyecto de nación que habrá de ser México en el futuro, y muy difícilmente en el camino que se adopte podrá darse marcha atrás.
1. La división existente en México es ya muy honda a mitad del segundo sexenio panista, y precisamente por el desastre que han sido los dos gobiernos surgido del PAN, el discurso de la ultraderecha mexicana se ha desbocado asumiendo que al haber fracasado la reconversión gradual del Estado mexicano llevada a cabo en los últimos 25 años por la alianza PRI-PAN, es menester forzar los cambios que llevarían a que el país dejase de ser soberano y pudiese uncirse por completo al proyecto trasnacional.
2. Estas mafias se presentan todos los días como decididas a no dejar el poder y a exigir que desde ahora se acelere el proceso de desmantelamiento de la nación y se adopte plenamente el modelo neoliberal, lo que está generando nuevas tensiones.
3. La ofensiva de la extrema derecha mexicana contra las instituciones sociales, económicas y aun políticas del país es desaforada, pero sus ataques no están recibiendo, sin embargo, una respuesta suficientemente vigorosa de las organizaciones democráticas y de izquierda y ello va a ser clave de lo que va a acontecer en los meses por venir.
4. La legitimidad de esta exacerbada campaña para que el gobierno pueda culminar el proyecto de privatización de la nación es inexistente, pues Felipe Calderón no ganó la elección de 2006 y, en consecuencia, no tiene mandato para nada (a no ser de parte de los grupos mafiosos que lo impusieron y manejan) y sabe bien además que Acción Nacional sufrió una contundente derrota en las legislativas de este año, lo que confirma el repudio popular a sus políticas. Y esto se agrava porque del lado del Revolucionario Institucional, por una parte sus documentos básicos se oponen al proyecto entreguista que Salinas impulsa tras bambalinas, y por la otra en la campaña electoral de 2009 los priístas pidieron el respaldo popular precisamente para actuar en contra del proyecto neoliberal de Calderón y no para apoyarlo.
5. La tentativa del gobierno espurio de privatizar Luz y Fuerza del Centro y destruir al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) tras el asalto a las instalaciones de la compañía el 10 de octubre, y de decretar al día siguiente su desaparición, no sólo fue un acto ilegal, sino también ilegítimo. La complicidad de Beatriz Paredes (presidenta del PRI) y de Francisco Rojas (pastor de los diputados priístas) con Calderón, para evitar que la Cámara presentase una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirmaron el martes 24, no es sino un peldaño más en el camino del priísmo hacia su despeñadero en 2012, pues una vez más se confirma que en su mayoría no son desde hace décadas nacionalistas, sino neoliberales y entreguistas, como los panistas.
6. La extrema derecha, sin tener legitimidad alguna para ello, concibió el golpe ilegal contra Luz y Fuerza del Centro como un paso fundamental para poder imponer por completo el modelo neoliberal en México, pues hace realidad varios de sus postulados: a) constituyó la manera más expedita para entregar otra parte del sector eléctrico a las trasnacionales como vía para propiciar el control total de Washington, sobre todo el estratégico sector energético, b) le permitió desbrozar el camino para destruir el sindicato obrero más combativo del país y con ello hacer ver a los sindicatos que aún se pretendan independientes que no tienen cabida en el neoliberalismo, opuesto a ellas, y que sus días están contados, c) hizo posible el envío a los mexicanos del mensaje de que la Constitución de 1917, aparentemente en vigor, no tiene vigencia en el país y que lo que vale son los programas neoliberales de los organismos financieros internacionales, d) les va a permitir tanto a panistas como a priístas, junto con las corporaciones extranjeras asociadas a ellos, hacer enormes negocios poniendo en práctica el principio neoliberal de “la sinergia”, y por último, e) les da pie para insistir en que el desmantelamiento total de la nación, tal como se concibió ésta tras la Revolución Mexicana, es su objetivo, como ahora lo hacen sus corifeos, f) por lo que, según insisten, el proceso de privatizaciones debe proseguir tras el que creen es un impulso recibido durante el conflicto con el SME.
7. El festejo oficial del 99 aniversario del inicio de la Revolución de 1910, presidido por Calderón, fue, como era de suponerse, la ocasión para festejar sin pudor alguno su muerte y el desmantelamiento de la nación al seguirse entregando riquezas estratégicas de los mexicanos a las trasnacionales y el control de las áreas estratégicas del Estado a Washington, como están festejando los académicos asociados al modelo neoliberal.
8. La andanada que se está dando al concluir 2009 no es nada más, por lo mismo, contra “la Revolución Mexicana”, sino también contra la Constitución de 1917 y las instituciones surgidas de ella, por lo que estos grupos minoritarios lo que celebran es desde el fin de México como un país soberano hasta la cancelación de los derechos sociales a la tierra, al trabajo, a la educación laica y gratuita, a la salud, a la seguridad social, y la desaparición de los organismos destinados a procurar su satisfacción.
9. La ultraderecha mexicana ha perdido ya toda vergüenza y exige, a contracorriente de lo que acontece en la mayor parte de los países de América Latina, que México se vaya de bruces a los brazos del neoliberalismo (aunque éste haya fracasado), y lo mismo en la explanada de Los Pinos el sociólogo Roger Bartra preconizó el día 20, ante los aplausos de Felipe y de sus amigos, que hay que destruir por completo el legado de la Revolución, que Jorge G. Castañeda y Héctor Aguilar Camín sostienen, en el número más reciente de Nexos (noviembre), que mirar al futuro es abrazar con fuerza el ya viejo y fracasado modelo neoliberal, por lo que hay que arrojar al cesto de la basura a la soberanía, al nacionalismo, al sindicalismo y a las instituciones sociales: lo mismo que llevan años diciendo los locutores de Tv Azteca y Televisa.
10. El debate sobre el futuro del país está abierto y debe darse, por consiguiente, desde los sectores populares con argumentos, pero también con acciones, pasando de una actitud defensiva hacia una postura congruente con las luchas históricas del pasado.
La definición
Luis Javier Garrido
El momento que vive el país en vísperas de cumplirse 100 años del inicio de la Revolución Mexicana es de una enorme gravedad, pues lo que está en disputa en estos meses y se definirá en 2012 es el proyecto de nación que habrá de ser México en el futuro, y muy difícilmente en el camino que se adopte podrá darse marcha atrás.
1. La división existente en México es ya muy honda a mitad del segundo sexenio panista, y precisamente por el desastre que han sido los dos gobiernos surgido del PAN, el discurso de la ultraderecha mexicana se ha desbocado asumiendo que al haber fracasado la reconversión gradual del Estado mexicano llevada a cabo en los últimos 25 años por la alianza PRI-PAN, es menester forzar los cambios que llevarían a que el país dejase de ser soberano y pudiese uncirse por completo al proyecto trasnacional.
2. Estas mafias se presentan todos los días como decididas a no dejar el poder y a exigir que desde ahora se acelere el proceso de desmantelamiento de la nación y se adopte plenamente el modelo neoliberal, lo que está generando nuevas tensiones.
3. La ofensiva de la extrema derecha mexicana contra las instituciones sociales, económicas y aun políticas del país es desaforada, pero sus ataques no están recibiendo, sin embargo, una respuesta suficientemente vigorosa de las organizaciones democráticas y de izquierda y ello va a ser clave de lo que va a acontecer en los meses por venir.
4. La legitimidad de esta exacerbada campaña para que el gobierno pueda culminar el proyecto de privatización de la nación es inexistente, pues Felipe Calderón no ganó la elección de 2006 y, en consecuencia, no tiene mandato para nada (a no ser de parte de los grupos mafiosos que lo impusieron y manejan) y sabe bien además que Acción Nacional sufrió una contundente derrota en las legislativas de este año, lo que confirma el repudio popular a sus políticas. Y esto se agrava porque del lado del Revolucionario Institucional, por una parte sus documentos básicos se oponen al proyecto entreguista que Salinas impulsa tras bambalinas, y por la otra en la campaña electoral de 2009 los priístas pidieron el respaldo popular precisamente para actuar en contra del proyecto neoliberal de Calderón y no para apoyarlo.
5. La tentativa del gobierno espurio de privatizar Luz y Fuerza del Centro y destruir al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) tras el asalto a las instalaciones de la compañía el 10 de octubre, y de decretar al día siguiente su desaparición, no sólo fue un acto ilegal, sino también ilegítimo. La complicidad de Beatriz Paredes (presidenta del PRI) y de Francisco Rojas (pastor de los diputados priístas) con Calderón, para evitar que la Cámara presentase una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirmaron el martes 24, no es sino un peldaño más en el camino del priísmo hacia su despeñadero en 2012, pues una vez más se confirma que en su mayoría no son desde hace décadas nacionalistas, sino neoliberales y entreguistas, como los panistas.
6. La extrema derecha, sin tener legitimidad alguna para ello, concibió el golpe ilegal contra Luz y Fuerza del Centro como un paso fundamental para poder imponer por completo el modelo neoliberal en México, pues hace realidad varios de sus postulados: a) constituyó la manera más expedita para entregar otra parte del sector eléctrico a las trasnacionales como vía para propiciar el control total de Washington, sobre todo el estratégico sector energético, b) le permitió desbrozar el camino para destruir el sindicato obrero más combativo del país y con ello hacer ver a los sindicatos que aún se pretendan independientes que no tienen cabida en el neoliberalismo, opuesto a ellas, y que sus días están contados, c) hizo posible el envío a los mexicanos del mensaje de que la Constitución de 1917, aparentemente en vigor, no tiene vigencia en el país y que lo que vale son los programas neoliberales de los organismos financieros internacionales, d) les va a permitir tanto a panistas como a priístas, junto con las corporaciones extranjeras asociadas a ellos, hacer enormes negocios poniendo en práctica el principio neoliberal de “la sinergia”, y por último, e) les da pie para insistir en que el desmantelamiento total de la nación, tal como se concibió ésta tras la Revolución Mexicana, es su objetivo, como ahora lo hacen sus corifeos, f) por lo que, según insisten, el proceso de privatizaciones debe proseguir tras el que creen es un impulso recibido durante el conflicto con el SME.
7. El festejo oficial del 99 aniversario del inicio de la Revolución de 1910, presidido por Calderón, fue, como era de suponerse, la ocasión para festejar sin pudor alguno su muerte y el desmantelamiento de la nación al seguirse entregando riquezas estratégicas de los mexicanos a las trasnacionales y el control de las áreas estratégicas del Estado a Washington, como están festejando los académicos asociados al modelo neoliberal.
8. La andanada que se está dando al concluir 2009 no es nada más, por lo mismo, contra “la Revolución Mexicana”, sino también contra la Constitución de 1917 y las instituciones surgidas de ella, por lo que estos grupos minoritarios lo que celebran es desde el fin de México como un país soberano hasta la cancelación de los derechos sociales a la tierra, al trabajo, a la educación laica y gratuita, a la salud, a la seguridad social, y la desaparición de los organismos destinados a procurar su satisfacción.
9. La ultraderecha mexicana ha perdido ya toda vergüenza y exige, a contracorriente de lo que acontece en la mayor parte de los países de América Latina, que México se vaya de bruces a los brazos del neoliberalismo (aunque éste haya fracasado), y lo mismo en la explanada de Los Pinos el sociólogo Roger Bartra preconizó el día 20, ante los aplausos de Felipe y de sus amigos, que hay que destruir por completo el legado de la Revolución, que Jorge G. Castañeda y Héctor Aguilar Camín sostienen, en el número más reciente de Nexos (noviembre), que mirar al futuro es abrazar con fuerza el ya viejo y fracasado modelo neoliberal, por lo que hay que arrojar al cesto de la basura a la soberanía, al nacionalismo, al sindicalismo y a las instituciones sociales: lo mismo que llevan años diciendo los locutores de Tv Azteca y Televisa.
10. El debate sobre el futuro del país está abierto y debe darse, por consiguiente, desde los sectores populares con argumentos, pero también con acciones, pasando de una actitud defensiva hacia una postura congruente con las luchas históricas del pasado.
miércoles, noviembre 25, 2009
"El ocaso de un sistema"
La Jornada
El ocaso de un sistema
Luis Linares Zapata
La plutocracia encaramada en la cúspide del sistema decisorio imperante en México ha entrado en una fase de franco deterioro. Expuesta a feroz escrutinio por el movimiento que conduce López Obrador, sus dañinos efectos se han ido clarificando con inusual rapidez. Al exponer a la crítica a tan compacto grupo de mandarines, va adquiriendo forma y contenidos un diagnóstico implacable y de consecuencias aún inapresables en su totalidad. Pero las consecuencias ya exploradas, sin embargo, los sitúa en el epicentro de la decadencia que traba la marcha del país. Junto con esa clase de plutócratas, el entramado completo de gobierno marca una segura ruta hacia su sorda implosión. La dramática, cruenta y anquilosada forma de conducir los asuntos públicos por parte del oficialismo que los oye y obedece, lo conduce al aislamiento: esfuma el consentimiento ciudadano y deshace los indispensables apoyos populares, requisitos para la continuidad y perfeccionamiento de tan sitiado sistema.
La saga para desenmascarar tan dañina formación no ha sido fácil, menos aun exenta de estigmas, desprecios y burlas. López Obrador (y con él quienes lo han acompañado en esta aventura predicante durante tres años) ha pagado, en carne propia, una elevada cuota que ningún otro político de los tiempos actuales podría soportar. Y, al parecer, el golpeteo seguirá con ahínco. ¡Faltaba más! “Bien merecido se lo tiene por provocador”, le gritan desde sus estudios reforzados con megáfonos de gran alcance. El transgresor a los cánones establecidos, al buen decir, a las normas consagradas y lo políticamente correcto exigirán mayores penares. AMLO se ha atrevido a desenmascarar lo que debió permanecer oculto, los secretos inconfesables, en el trasiego propio de los iniciados. Destapar, ante la mirada de atónitos ciudadanos, el cúmulo, creciente además, de los inmensos privilegios que usufructúan los beneficiados de siempre es intolerable. Siguen afirmando, según dicen sus conspicuos oficiantes y difusores, merecimientos ganados en el campo de las batallas por el progreso, por afianzar los negocios de alto calibre que crean riqueza, siempre amparada en el poder. Una ruta, la mejor, para posibilitar la justicia distributiva, concluyen orondos sus beneficiarios. Pero, en realidad, son amasijos que se funden en un continuo manoseo de normas y procedimientos o en el trafique más descarado de influencias. Los plutócratas mexicanos se sienten los insignes guardianes del bien común y nadie, más que ellos, deberá entrar al reparto del botín rellenado con haberes colectivos.
Pero la labor de denuncia ha sido fructífera, ¡qué duda cabe! La voz de alarma se ha esparcido por todos los confines. La plutocracia que ahorca a México no es como otras que pululan por el ancho mundo. En otros lugares hay aceptables reglas del juego que moderan su actuación, salvaguardas efectivas del interés colectivo que pulen sus filos depredadores, contrapesos que actúan y cumplen su cometido para permitir el flujo de la competencia. Pero, sobre todo, poderes autónomos que las someten a controles de ley. La que rige por estos aciagos días y desde alargados tiempos en este país se afianza sobre toda mesura. La plutocracia autóctona se piensa intocable, protegida con atalayas y armas que van desde la compra de conciencias, hasta la rampante y grosera amenaza. Han subyugado a partidos políticos (PRIAN) y manipulan a casi la totalidad de las instituciones creadas para el funcionamiento de la República. Dominan el espacio público con los medios de comunicación a su servicio. Se han atrancado en un pensamiento donde todo abuso lo ven como inherente a sus derechos. Las precede un santo temor entre los que deberían actuar para regular sus ambiciones. Las leyes se estiran y deforman como charamuscas en sus ávidas manos. Las libertades sólo tienen cabida si rellenan sus alforjas.
Como otras muchas concepciones, ya casi de aprehensión generalizada, el papel desempeñado por la plutocracia a la mexicana ocupa ya lugar preponderante en el horizonte colectivo. Es un logro de la crítica ejercida, con la reciedumbre y constancia suficiente, por el gobierno legítimo que conduce AMLO. El valor de tal postura aún no se aquilata, pero se continuará dando la pelea por que sea bien asimilado por las mayorías. Junto con este fenómeno aleccionador va quedando el testimonio de los privilegios fiscales de que disfrutan: a través de la llamada consolidación fiscal. Un agujero por el que cuelan cientos de miles de millones y que van a engrosar las cuentas crecientes de los billonarios locales para que, con bombo y cursis fotografías, sean incluidos en las publicaciones donde retozan los famosos del mundo.
Es por eso que, dentro del reciente catálogo en pos de una transformación del México decadente, se halla incluido, como punto central del discurso para la acción futura, rescatar al Estado. Una pretensión reformadora básica ante la República simulada que se padece. El proceso que aguarda será complicado y con claros rasgos de amenazante violencia. Por ello es indispensable reafirmar la fe pacífica y la búsqueda constante de rutas democráticas que armonicen las tensiones. Un asunto adicional, crucial en la marcha hacia un Estado democrático y de bienestar, será la reforma al aparato completo de comunicación social. No se puede dejar en manos de una sola clase (el empresariado) la conducción informativa, el entretenimiento o la educación masiva complementaria que los medios implican. Un balance interclases donde los varios componentes del Estado jueguen su propio papel se levanta como estricta necesidad. Es, por varias y múltiples razones, una real cuestión de seguridad nacional para preservar la paz y asegurar el respeto a los derechos humanos. Pero el tratamiento de tan espinoso tema exige valentía, imaginación, soporte popular y arrojo poco comunes. Sobre todo frente a una vida institucional congestionada por la injerencia desmedida, impositiva y degradante de los poderes fácticos: la industria de la radiotelevisión como su avanzada.
El ocaso de un sistema
Luis Linares Zapata
La plutocracia encaramada en la cúspide del sistema decisorio imperante en México ha entrado en una fase de franco deterioro. Expuesta a feroz escrutinio por el movimiento que conduce López Obrador, sus dañinos efectos se han ido clarificando con inusual rapidez. Al exponer a la crítica a tan compacto grupo de mandarines, va adquiriendo forma y contenidos un diagnóstico implacable y de consecuencias aún inapresables en su totalidad. Pero las consecuencias ya exploradas, sin embargo, los sitúa en el epicentro de la decadencia que traba la marcha del país. Junto con esa clase de plutócratas, el entramado completo de gobierno marca una segura ruta hacia su sorda implosión. La dramática, cruenta y anquilosada forma de conducir los asuntos públicos por parte del oficialismo que los oye y obedece, lo conduce al aislamiento: esfuma el consentimiento ciudadano y deshace los indispensables apoyos populares, requisitos para la continuidad y perfeccionamiento de tan sitiado sistema.
La saga para desenmascarar tan dañina formación no ha sido fácil, menos aun exenta de estigmas, desprecios y burlas. López Obrador (y con él quienes lo han acompañado en esta aventura predicante durante tres años) ha pagado, en carne propia, una elevada cuota que ningún otro político de los tiempos actuales podría soportar. Y, al parecer, el golpeteo seguirá con ahínco. ¡Faltaba más! “Bien merecido se lo tiene por provocador”, le gritan desde sus estudios reforzados con megáfonos de gran alcance. El transgresor a los cánones establecidos, al buen decir, a las normas consagradas y lo políticamente correcto exigirán mayores penares. AMLO se ha atrevido a desenmascarar lo que debió permanecer oculto, los secretos inconfesables, en el trasiego propio de los iniciados. Destapar, ante la mirada de atónitos ciudadanos, el cúmulo, creciente además, de los inmensos privilegios que usufructúan los beneficiados de siempre es intolerable. Siguen afirmando, según dicen sus conspicuos oficiantes y difusores, merecimientos ganados en el campo de las batallas por el progreso, por afianzar los negocios de alto calibre que crean riqueza, siempre amparada en el poder. Una ruta, la mejor, para posibilitar la justicia distributiva, concluyen orondos sus beneficiarios. Pero, en realidad, son amasijos que se funden en un continuo manoseo de normas y procedimientos o en el trafique más descarado de influencias. Los plutócratas mexicanos se sienten los insignes guardianes del bien común y nadie, más que ellos, deberá entrar al reparto del botín rellenado con haberes colectivos.
Pero la labor de denuncia ha sido fructífera, ¡qué duda cabe! La voz de alarma se ha esparcido por todos los confines. La plutocracia que ahorca a México no es como otras que pululan por el ancho mundo. En otros lugares hay aceptables reglas del juego que moderan su actuación, salvaguardas efectivas del interés colectivo que pulen sus filos depredadores, contrapesos que actúan y cumplen su cometido para permitir el flujo de la competencia. Pero, sobre todo, poderes autónomos que las someten a controles de ley. La que rige por estos aciagos días y desde alargados tiempos en este país se afianza sobre toda mesura. La plutocracia autóctona se piensa intocable, protegida con atalayas y armas que van desde la compra de conciencias, hasta la rampante y grosera amenaza. Han subyugado a partidos políticos (PRIAN) y manipulan a casi la totalidad de las instituciones creadas para el funcionamiento de la República. Dominan el espacio público con los medios de comunicación a su servicio. Se han atrancado en un pensamiento donde todo abuso lo ven como inherente a sus derechos. Las precede un santo temor entre los que deberían actuar para regular sus ambiciones. Las leyes se estiran y deforman como charamuscas en sus ávidas manos. Las libertades sólo tienen cabida si rellenan sus alforjas.
Como otras muchas concepciones, ya casi de aprehensión generalizada, el papel desempeñado por la plutocracia a la mexicana ocupa ya lugar preponderante en el horizonte colectivo. Es un logro de la crítica ejercida, con la reciedumbre y constancia suficiente, por el gobierno legítimo que conduce AMLO. El valor de tal postura aún no se aquilata, pero se continuará dando la pelea por que sea bien asimilado por las mayorías. Junto con este fenómeno aleccionador va quedando el testimonio de los privilegios fiscales de que disfrutan: a través de la llamada consolidación fiscal. Un agujero por el que cuelan cientos de miles de millones y que van a engrosar las cuentas crecientes de los billonarios locales para que, con bombo y cursis fotografías, sean incluidos en las publicaciones donde retozan los famosos del mundo.
Es por eso que, dentro del reciente catálogo en pos de una transformación del México decadente, se halla incluido, como punto central del discurso para la acción futura, rescatar al Estado. Una pretensión reformadora básica ante la República simulada que se padece. El proceso que aguarda será complicado y con claros rasgos de amenazante violencia. Por ello es indispensable reafirmar la fe pacífica y la búsqueda constante de rutas democráticas que armonicen las tensiones. Un asunto adicional, crucial en la marcha hacia un Estado democrático y de bienestar, será la reforma al aparato completo de comunicación social. No se puede dejar en manos de una sola clase (el empresariado) la conducción informativa, el entretenimiento o la educación masiva complementaria que los medios implican. Un balance interclases donde los varios componentes del Estado jueguen su propio papel se levanta como estricta necesidad. Es, por varias y múltiples razones, una real cuestión de seguridad nacional para preservar la paz y asegurar el respeto a los derechos humanos. Pero el tratamiento de tan espinoso tema exige valentía, imaginación, soporte popular y arrojo poco comunes. Sobre todo frente a una vida institucional congestionada por la injerencia desmedida, impositiva y degradante de los poderes fácticos: la industria de la radiotelevisión como su avanzada.
lunes, noviembre 23, 2009
México. "A Tres Años De Resistencia"
Ciro Pérez y Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada
Lunes 23 de noviembre de 2009, p. 3
Pensando en la transformación del país y con miras a 2012, Andrés Manuel López Obrador llamó a elaborar un proyecto alternativo de nación para enfrentar “a la mafia del poder, enferma de codicia, dispuesta a conspirar contra la paz pública y la estabilidad social. Muchos coincidimos en que éste es el principal problema de México”.
Al conmemorar en el Zócalo capitalino “tres años de resistencia y trabajo para salvar al país”, López Obrador advirtió a más de 100 mil dirigentes, representantes y simpatizantes del “gobierno legítimo” que no deben confiarse, pues habrán de combatir al grupo que empezó a conformarse en el sexenio de Carlos Salinas.
“Son siniestros, pero no son tontos; tienen estrategias y mantienen a su servicio a una caterva de analistas e intelectuales de derecha”, añadió.
El tabasqueño sostuvo que la transición democrática pregonada por el PAN en 2000 sólo fue una mascarada, una simple operación de recambio para mantener una política de pillaje y continuar con las llamadas reformas estructurales, que en esencia son el traslado de bienes de la nación a particulares, nacionales y extranjeros.
“En 2006 esta mafia se sintió amenazada y no dudó en echar abajo lo poco que se había construido para establecer la democracia. Insisten en mantener su política de saqueo, aunque terminen de arruinar al país y de desgraciarnos a todos.”
Un ejemplo es la aprobación de los aumentos de impuestos, “para repartirse lo obtenido como si fuese un botín”. O la decisión de despedir a 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) con el propósito de seguir privatizando esta industria.
Ese grupo, apuntó, ya decidió que el PAN no les funciona y lo dejaron de patrocinar. Convirtieron a Calderón “de pelele en chivo expiatorio. Toda su apuesta es al PRI y a Enrique Peña Nieto. Salinas actúa como su jefe de campaña y Televisa lo ha venido proyectando como se introduce al mercado un producto chatarra o como actor de telenovela.
“Ellos saben que este movimiento es lo único que puede detenerlos. A eso se debe que no han parado de atacarnos.
“No sólo es el bloqueo informativo o que repitan, una y mil veces, que ya no representamos nada. Es la guerra sucia, la calumnia, las campañas de desprestigio, las vulgaridades, o de plano decir que estamos locos. Sin embargo, es un orgullo que a pesar de que han querido destruirnos, no lo han logrado ni lo lograrán.”
En estos tres años, agregó, el movimiento no ha dejado de luchar en favor de los pobres, indígenas, campesinos, trabajadores, ancianos, discapacitados, madres solteras y jóvenes, así como de los derechos humanos, la economía popular, la educación pública, el petróleo y la industria eléctrica.
Informó que cuentan ya con 2 millones 300 mil representantes del “gobierno legítimo” y con comités municipales en todo el país.
“¿Qué es lo que sigue? Debemos mantener el compromiso de defender al pueblo y a la nación, luchar para frenar el deterioro de la economía popular y no dejar solos a los trabajadores del SME. Su causa es justa y es de todos.”
La elaboración del nuevo proyecto alternativo de nación quedó a cargo de Ignacio Marván, Luciano Concheiro, Rogelio Ramírez de la O, Héctor Díaz Polanco, José María Pérez Gay, Víctor Manuel Toledo y Bolívar Echeverría.
El documento definitivo se tendrá en junio de 2010 y deberá abordar 10 postulados:
1. Rescatar al Estado. México es una república aparente, simulada. Hay poderes constitucionales, pero en los hechos un grupo los ha confiscado todos. Una vez logrado este propósito, reintegrar las riquezas y los bienes públicos que han sido entregados o concesionados ilegalmente, fundamentalmente la minería, la industria eléctrica y el petróleo.
2. Democratizar los medios de comunicación. Es inaceptable que un pequeño grupo posea el control de la televisión y de la radio, y administre la ignorancia en función de sus intereses. Que quede claro: no hablamos de expropiación y mucho menos de censura, sino de que el Estado cumpla el mandato constitucional de garantizar el derecho a la información.
3. Cambiar la actual política económica, que no ha dado resultados. México es uno de los países del mundo con menor crecimiento en los años recientes.
4. Combatir las prácticas monopólicas que encarecen bienes y servicios. Es inaceptable que paguemos por el cemento gris 146 por ciento más que los estadunidenses, 17 por ciento más por teléfono de línea fija, 240 más por llamadas de larga distancia nacional, y 256 por ciento más por electricidad residencial de alto consumo. Todo ello a pesar de que el salario mínimo en México es nueve veces menor que en Estados Unidos.
5. Abolir los privilegios fiscales. Luis Echeverría celebró un pacto secreto con el poder económico, que consiste en conceder a los grandes empresarios y banqueros el privilegio de no pagar o de devolverles los impuestos.
6. Ejercer la política como imperativo ético y llevar a la práctica la austeridad republicana. Hoy la política es sinónimo de engaño, arreglos cupulares y corrupción.
7. Fortalecer al sector energético para detener la terrible crisis que se avecina por la caída en la producción petrolera y la salida de divisas para comprar gasolinas y otros derivados en el extranjero.
8. Alcanzar la soberanía alimentaria. Desde 1983 se optó absurdamente por comprar en el exterior los alimentos que consumimos. Este año se destinarán para ello 16 mil millones de dólares.
9. Establecer el Estado de bienestar. Hay que proteger a los pobres ante la desigualdad social. Debe garantizarse el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la alimentación y a la vivienda.
10. Promover una nueva corriente de pensamiento sustentada en la cultura de nuestro pueblo, añadiendo valores como tolerancia, solidaridad y la protección del medio ambiente. Impedir el predominio del dinero, del engaño y la corrupción.
Periódico La Jornada
Lunes 23 de noviembre de 2009, p. 3
Pensando en la transformación del país y con miras a 2012, Andrés Manuel López Obrador llamó a elaborar un proyecto alternativo de nación para enfrentar “a la mafia del poder, enferma de codicia, dispuesta a conspirar contra la paz pública y la estabilidad social. Muchos coincidimos en que éste es el principal problema de México”.
Al conmemorar en el Zócalo capitalino “tres años de resistencia y trabajo para salvar al país”, López Obrador advirtió a más de 100 mil dirigentes, representantes y simpatizantes del “gobierno legítimo” que no deben confiarse, pues habrán de combatir al grupo que empezó a conformarse en el sexenio de Carlos Salinas.
“Son siniestros, pero no son tontos; tienen estrategias y mantienen a su servicio a una caterva de analistas e intelectuales de derecha”, añadió.
El tabasqueño sostuvo que la transición democrática pregonada por el PAN en 2000 sólo fue una mascarada, una simple operación de recambio para mantener una política de pillaje y continuar con las llamadas reformas estructurales, que en esencia son el traslado de bienes de la nación a particulares, nacionales y extranjeros.
“En 2006 esta mafia se sintió amenazada y no dudó en echar abajo lo poco que se había construido para establecer la democracia. Insisten en mantener su política de saqueo, aunque terminen de arruinar al país y de desgraciarnos a todos.”
Un ejemplo es la aprobación de los aumentos de impuestos, “para repartirse lo obtenido como si fuese un botín”. O la decisión de despedir a 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) con el propósito de seguir privatizando esta industria.
Ese grupo, apuntó, ya decidió que el PAN no les funciona y lo dejaron de patrocinar. Convirtieron a Calderón “de pelele en chivo expiatorio. Toda su apuesta es al PRI y a Enrique Peña Nieto. Salinas actúa como su jefe de campaña y Televisa lo ha venido proyectando como se introduce al mercado un producto chatarra o como actor de telenovela.
“Ellos saben que este movimiento es lo único que puede detenerlos. A eso se debe que no han parado de atacarnos.
“No sólo es el bloqueo informativo o que repitan, una y mil veces, que ya no representamos nada. Es la guerra sucia, la calumnia, las campañas de desprestigio, las vulgaridades, o de plano decir que estamos locos. Sin embargo, es un orgullo que a pesar de que han querido destruirnos, no lo han logrado ni lo lograrán.”
En estos tres años, agregó, el movimiento no ha dejado de luchar en favor de los pobres, indígenas, campesinos, trabajadores, ancianos, discapacitados, madres solteras y jóvenes, así como de los derechos humanos, la economía popular, la educación pública, el petróleo y la industria eléctrica.
Informó que cuentan ya con 2 millones 300 mil representantes del “gobierno legítimo” y con comités municipales en todo el país.
“¿Qué es lo que sigue? Debemos mantener el compromiso de defender al pueblo y a la nación, luchar para frenar el deterioro de la economía popular y no dejar solos a los trabajadores del SME. Su causa es justa y es de todos.”
La elaboración del nuevo proyecto alternativo de nación quedó a cargo de Ignacio Marván, Luciano Concheiro, Rogelio Ramírez de la O, Héctor Díaz Polanco, José María Pérez Gay, Víctor Manuel Toledo y Bolívar Echeverría.
El documento definitivo se tendrá en junio de 2010 y deberá abordar 10 postulados:
1. Rescatar al Estado. México es una república aparente, simulada. Hay poderes constitucionales, pero en los hechos un grupo los ha confiscado todos. Una vez logrado este propósito, reintegrar las riquezas y los bienes públicos que han sido entregados o concesionados ilegalmente, fundamentalmente la minería, la industria eléctrica y el petróleo.
2. Democratizar los medios de comunicación. Es inaceptable que un pequeño grupo posea el control de la televisión y de la radio, y administre la ignorancia en función de sus intereses. Que quede claro: no hablamos de expropiación y mucho menos de censura, sino de que el Estado cumpla el mandato constitucional de garantizar el derecho a la información.
3. Cambiar la actual política económica, que no ha dado resultados. México es uno de los países del mundo con menor crecimiento en los años recientes.
4. Combatir las prácticas monopólicas que encarecen bienes y servicios. Es inaceptable que paguemos por el cemento gris 146 por ciento más que los estadunidenses, 17 por ciento más por teléfono de línea fija, 240 más por llamadas de larga distancia nacional, y 256 por ciento más por electricidad residencial de alto consumo. Todo ello a pesar de que el salario mínimo en México es nueve veces menor que en Estados Unidos.
5. Abolir los privilegios fiscales. Luis Echeverría celebró un pacto secreto con el poder económico, que consiste en conceder a los grandes empresarios y banqueros el privilegio de no pagar o de devolverles los impuestos.
6. Ejercer la política como imperativo ético y llevar a la práctica la austeridad republicana. Hoy la política es sinónimo de engaño, arreglos cupulares y corrupción.
7. Fortalecer al sector energético para detener la terrible crisis que se avecina por la caída en la producción petrolera y la salida de divisas para comprar gasolinas y otros derivados en el extranjero.
8. Alcanzar la soberanía alimentaria. Desde 1983 se optó absurdamente por comprar en el exterior los alimentos que consumimos. Este año se destinarán para ello 16 mil millones de dólares.
9. Establecer el Estado de bienestar. Hay que proteger a los pobres ante la desigualdad social. Debe garantizarse el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la alimentación y a la vivienda.
10. Promover una nueva corriente de pensamiento sustentada en la cultura de nuestro pueblo, añadiendo valores como tolerancia, solidaridad y la protección del medio ambiente. Impedir el predominio del dinero, del engaño y la corrupción.
sábado, noviembre 21, 2009
México. "Devastación Ambiental"
La Jornada
Cerdos, maíz y resistencia
Silvia Ribeiro*
En Chichicuautla, muy cerca de las porquerías de Granjas Carroll –incubadores de la influenza porcina–, la gente resiste. Resisten la contaminación brutal de tierras, aguas, aire y las enfermedades que les provoca esta carnívora trasnacional, propiedad de Smithfield, la empresa porcícola más grande del globo. Resisten también la represión que contra ellos ejercen los gobiernos estatales en acuerdo con las empresas.
Allí, junto a otras comunidades del Valle de Perote con las que comparten esta lucha, recibieron a principios de noviembre a más de mil delegados y delegadas de la quinta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA). Como tanta veces en el México de abajo, todos colaboraron con lo que podían, ofreciendo comida y abrigo a los que llegaron de todo el país a compartir sus peleas y experiencias. La Asamblea es un crisol de luchas locales y de base contra la devastación ambiental y social que cunde en el país, en campos y ciudades. Convergen aquí pueblos, comunidades y organizaciones que resisten los impactos y el avance de proyectos mineros, represas hidroeléctricas, contaminación petrolera, grandes basureros municipales, hospitalarios, industriales y nucleares; el despojo, sobrexplotación y contaminación de ríos, manantiales y acuíferos; contaminación transgénica del maíz campesino, avance de proyectos “ecoturísticos” que limitan o destruyen formas de vida campesinas e indígenas; la urbanización salvaje y sus impactos. Como explicó Andrés Barreda, todo agravado por 15 años de TLCAN, donde el gobierno ofreció como “ventaja comparativa” de México para las trasnacionales, la libertad de destruir el medio ambiente, dar empleos sucios y mal pagados, y excepciones impositivas.
La quinta ANAA, además de compartir las distintas luchas de sus miembros y trazar estrategias comunes, aprobó tres pronunciamientos específicos: uno en solidaridad con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, contra la privatización y el autoritarismo del gobierno que deja más de 40 mil familias en la calle; otro en apoyo a las comunidades del Valle de Perote, en su justa lucha contra la contaminación de Granjas Carroll y por el “total retiro de cargos y absolución para José Luis Martínez, Margarita Hernández, Bertha Crisóstomo, María Verónica Hernández y Guadalupe Serrano, ciudadanos de La Gloria, defensores de los recursos naturales, quienes siendo inocentes sufren el hostigamiento y persecución judicial promovido en su contra por Granjas Carroll”; y un tercero contra las siembras de maíz transgénico aprobadas por el gobierno en octubre, por ser “un crimen ambiental, cultural y contra la soberanía alimentaria”. Llaman “a todas las organizaciones, pueblos y comunidades a resistir y rechazar la entrega de nuestro maíz nativo a las trasnacionales y a no plantar ni consumir maíz que no sea campesino”.
No es casualidad que la ANAA se pronunciara especialmente contra el maíz transgénico en esta ocasión: las instalaciones de cría industrial de animales como Granjas Carroll están entre los más beneficiados y confabulados con la introducción del maíz transgénico.
Un argumento que esgrimen los promotores de maíz transgénico en México es que el país “necesita” importar maíz porque la producción no alcanza para el consumo interno, y ya que el importado es transgénico, entonces es “mejor” producirlo aquí, porque además –afirman falsamente– tiene mayores rendimientos.
Pero la realidad es que México produce todo el maíz que necesita para consumo humano. El maíz que se importa va para procesamiento industrial y para alimento de animales confinados en grandes instalaciones: cerdos, aves y ganado, que en creciente porcentaje están en manos de trasnacionales y empresas gigantes como Smithfield, Tyson, Cargill, Pilgrim’s Pride, Bachoco. Según datos (muy modestos) de Sagarpa, en la última década siete trasnacionales pasaron a controlar 35 por ciento de la industria porcícola en México. Mucho más altos grados de concentración aquejan todos los rubros pecuarios. Son esas grandes fábricas de carne las que crean alta demanda de maíz industrial –dando piensos con maíz incluso a animales que antes no lo consumían o no en tal cantidad.
Ese proceso de avance de empresas gigantes en el rubro, significó también que muchos criadores pequeños y hasta medianos fueran a la quiebra –lo cual aún continúa. No pueden competir con la oferta masiva –de mucho peor calidad– ni con los subsidios y excepciones impositivas que reciben estas grandes industrias. Si la producción avícola, porcícola y de ganado no estuviera tan centralizada, los forrajes y piensos serían, como lo eran antes, más diversos y mucho más basados en producción local (que también se puede aumentar, sin transgénicos), generando trabajo y alimento a muchas más familias, evitando también la importación de maíz transgénico y los riesgos que conlleva.
No existirían tampoco la devastadora contaminación ambiental y la generación de epidemias que crean estas grandes industrias –debidas al confinamiento y la absurda cantidad de animales hacinados (Granjas Carroll procesa alrededor de un millón de cerdos al año), a los millones de toneladas de excrementos que se desechan sin procesar en suelos y aguas, que también contienen hormonas, antibióticos y plaguicidas administrados a los pobres animales para que sobrevivan en condiciones terribles.
Construir el mapa de la devastación ambiental, revelar sus conexiones y sus causas –como en este caso– es una herramienta importante para enfrentarla. Por allí, desde abajo, va tejiendo camino la ANAA.
*Investigadora del Grupo ETC
Cerdos, maíz y resistencia
Silvia Ribeiro*
En Chichicuautla, muy cerca de las porquerías de Granjas Carroll –incubadores de la influenza porcina–, la gente resiste. Resisten la contaminación brutal de tierras, aguas, aire y las enfermedades que les provoca esta carnívora trasnacional, propiedad de Smithfield, la empresa porcícola más grande del globo. Resisten también la represión que contra ellos ejercen los gobiernos estatales en acuerdo con las empresas.
Allí, junto a otras comunidades del Valle de Perote con las que comparten esta lucha, recibieron a principios de noviembre a más de mil delegados y delegadas de la quinta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA). Como tanta veces en el México de abajo, todos colaboraron con lo que podían, ofreciendo comida y abrigo a los que llegaron de todo el país a compartir sus peleas y experiencias. La Asamblea es un crisol de luchas locales y de base contra la devastación ambiental y social que cunde en el país, en campos y ciudades. Convergen aquí pueblos, comunidades y organizaciones que resisten los impactos y el avance de proyectos mineros, represas hidroeléctricas, contaminación petrolera, grandes basureros municipales, hospitalarios, industriales y nucleares; el despojo, sobrexplotación y contaminación de ríos, manantiales y acuíferos; contaminación transgénica del maíz campesino, avance de proyectos “ecoturísticos” que limitan o destruyen formas de vida campesinas e indígenas; la urbanización salvaje y sus impactos. Como explicó Andrés Barreda, todo agravado por 15 años de TLCAN, donde el gobierno ofreció como “ventaja comparativa” de México para las trasnacionales, la libertad de destruir el medio ambiente, dar empleos sucios y mal pagados, y excepciones impositivas.
La quinta ANAA, además de compartir las distintas luchas de sus miembros y trazar estrategias comunes, aprobó tres pronunciamientos específicos: uno en solidaridad con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, contra la privatización y el autoritarismo del gobierno que deja más de 40 mil familias en la calle; otro en apoyo a las comunidades del Valle de Perote, en su justa lucha contra la contaminación de Granjas Carroll y por el “total retiro de cargos y absolución para José Luis Martínez, Margarita Hernández, Bertha Crisóstomo, María Verónica Hernández y Guadalupe Serrano, ciudadanos de La Gloria, defensores de los recursos naturales, quienes siendo inocentes sufren el hostigamiento y persecución judicial promovido en su contra por Granjas Carroll”; y un tercero contra las siembras de maíz transgénico aprobadas por el gobierno en octubre, por ser “un crimen ambiental, cultural y contra la soberanía alimentaria”. Llaman “a todas las organizaciones, pueblos y comunidades a resistir y rechazar la entrega de nuestro maíz nativo a las trasnacionales y a no plantar ni consumir maíz que no sea campesino”.
No es casualidad que la ANAA se pronunciara especialmente contra el maíz transgénico en esta ocasión: las instalaciones de cría industrial de animales como Granjas Carroll están entre los más beneficiados y confabulados con la introducción del maíz transgénico.
Un argumento que esgrimen los promotores de maíz transgénico en México es que el país “necesita” importar maíz porque la producción no alcanza para el consumo interno, y ya que el importado es transgénico, entonces es “mejor” producirlo aquí, porque además –afirman falsamente– tiene mayores rendimientos.
Pero la realidad es que México produce todo el maíz que necesita para consumo humano. El maíz que se importa va para procesamiento industrial y para alimento de animales confinados en grandes instalaciones: cerdos, aves y ganado, que en creciente porcentaje están en manos de trasnacionales y empresas gigantes como Smithfield, Tyson, Cargill, Pilgrim’s Pride, Bachoco. Según datos (muy modestos) de Sagarpa, en la última década siete trasnacionales pasaron a controlar 35 por ciento de la industria porcícola en México. Mucho más altos grados de concentración aquejan todos los rubros pecuarios. Son esas grandes fábricas de carne las que crean alta demanda de maíz industrial –dando piensos con maíz incluso a animales que antes no lo consumían o no en tal cantidad.
Ese proceso de avance de empresas gigantes en el rubro, significó también que muchos criadores pequeños y hasta medianos fueran a la quiebra –lo cual aún continúa. No pueden competir con la oferta masiva –de mucho peor calidad– ni con los subsidios y excepciones impositivas que reciben estas grandes industrias. Si la producción avícola, porcícola y de ganado no estuviera tan centralizada, los forrajes y piensos serían, como lo eran antes, más diversos y mucho más basados en producción local (que también se puede aumentar, sin transgénicos), generando trabajo y alimento a muchas más familias, evitando también la importación de maíz transgénico y los riesgos que conlleva.
No existirían tampoco la devastadora contaminación ambiental y la generación de epidemias que crean estas grandes industrias –debidas al confinamiento y la absurda cantidad de animales hacinados (Granjas Carroll procesa alrededor de un millón de cerdos al año), a los millones de toneladas de excrementos que se desechan sin procesar en suelos y aguas, que también contienen hormonas, antibióticos y plaguicidas administrados a los pobres animales para que sobrevivan en condiciones terribles.
Construir el mapa de la devastación ambiental, revelar sus conexiones y sus causas –como en este caso– es una herramienta importante para enfrentarla. Por allí, desde abajo, va tejiendo camino la ANAA.
*Investigadora del Grupo ETC
viernes, noviembre 06, 2009
México. "El Paro Nacional"
El paro nacional
Luis Javier Garrido
La decisión del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de convocar a un paro cívico nacional para el miércoles 11 constituye una señal más de la crítica situación que se ha creado ante la tentativa del gobierno de facto de Felipe Calderón de destruir contra la ley y por la fuerza la empresa pública Luz y Fuerza del Centro a fin de proseguir la entrega del sector energético del país a las multinacionales, desconociendo de esta manera (una vez más) el orden constitucional de la República.
1. Un número muy importante de juristas ha alertado sobre la gravedad del contexto actual, marcado por la determinación del gobierno espurio de ignorar con su decreto del 11 de octubre las atribuciones del Congreso de la Unión para arrogarse facultades de las cuales carece, cancelando al mismo tiempo de un plumazo los derechos de 44 mil trabajadores y haciendo inexistente el derecho colectivo del trabajo –todo con el fin de atentar contra los derechos de la nación–, lo que lo sitúa abiertamente en la ilegalidad y como una fuerza política en connivencia con fuerzas del exterior. Muy pocos analistas han advertido, por el contrario, sobre la crítica situación política a la que se está llevando al país al situar tanto al PAN como al PRI en la más absoluta ilegalidad y carentes de toda autoridad política y moral con vistas a 2012.
2. El golpe de mano del régimen contra los trabajadores electricistas y los derechos de la nación está dejando sin viabilidad histórica no nada más a Acción Nacional, sino también a sus aliados del PRI, que no parecen haberse dado cuenta del ridículo que hicieron con la discusión del paquete fiscal para 2010 que evidenció una vez más su ausencia de una idea de nación, confirmándolos como lo que han sido en todos estos años: meros cómplices al servicio del poder panista de facto para ayudarlo a atentar contra la nación y la clase trabajadora y mostrando de paso su connivencia con consorcios del extranjero.
3. El gobierno calderonista ha apostado a todas luces para salir del atolladero histórico en el que se encuentra a la firmeza de los acuerdos de Acción Nacional con Carlos Salinas, lo que le supone seguir recibiendo el aval del PRI a sus actos anticonstititucionales, estimando que saldrá adelante del conflicto a la usanza priísta antigua: utilizando en campañas de desinformación a los medios, con la simulación de “diálogo” que lleva a cabo en Bucareli Fernando Gómez Mont con una dirigencia espuria del SME y forzando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ahondar una vez más la situación de ilegalidad en la que se halla el país, negándose a asumir su papel como un órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración pública.
4. El cambio en 2000 de un gobierno del PRI –apoyado por el PAN– a un gobierno del PAN –sostenido por el PRI– no llevó a México a ninguna “transición democrática”, como pretende la versión oficial, sino muy rápidamente a una ruptura del pacto fundamental en que se sustenta la vida colectiva y que se expresa en la Constitución.
5. Este quiebre del orden constitucional de la República culminó en 2006 con la imposición ilegal e ilegítima de Calderón en la silla presidencial –tras unas elecciones que no ganó y en las que sólo un macrofraude electoral le hizo aparecer como supuesto “triunfador” sobre Andrés Manuel López Obrador, quien había triunfado ampliamente, como se debatió ayer durante horas en la sesión de la Cámara de Diputados–, y ahora se hace más amplio en 2009 con el nuevo atentado de Calderón contra la Constitución al desconocer las atribuciones del Legislativo, vulnerar los derechos individuales y sociales de los trabajadores y desconocer la legislación laboral para hacer viable el proyecto de entregar el control energético del país a corporaciones extranjeras.
6. El país se halla, en consecuencia, no tan sólo en un contexto de ruptura del “pacto social” entre los trabajadores y el Estado, como denunció el SME el martes 3, sino del mismo pacto nacional como resultado de la situación de quiebre del orden previsto en la Constitución General al atentarse contra los derechos de la nación. Ya desde ahora, según se ha denunciado, trabajadores contratados por grupos privados están llevando a cabo las tareas que realizaba el SME, sin preocuparse el gobierno panista en lo más mínimo por la legalidad de sus actos.
7. La alianza PRI-PAN pretende así seguir gobernando y beneficiándose de manera patrimonial del poder al margen de las leyes de la República. Lo mismo panistas que priístas se saben en la más absoluta ilegalidad y, por lo mismo, buscan “legitimarse” con una política metalegal de concertacesiones y pactos. Mientras múltiples voces claman por una alianza de las fuerzas democráticas de México que conduzca a otras políticas para sacar al país del atraso en el que lo ha sumido el neoliberalismo, desde Los Pinos se promueve un gran “acuerdo nacional” en torno a las políticas depredadoras de Calderón –ya negociado, entre otros, con los chuchos del PRD–, empresa en la que pretende ignorar el repudio nacional que tiene. ¿Quién podría avalar ese “acuerdo” contra México que exigía el miércoles 4 el líder de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas?
8. El gobierno espurio, de espaldas al pueblo y en la más absoluta inconsciencia, solamente quiere seguir cumpliendo a los dirigentes de las trasnacionales que lo encumbraron, y que desde hace lustros reclaman una clase política estable y ya en connivencia con ellos. De ahí que Calderón fragüe ahora enviar al Congreso el viejo proyecto de contrarreforma constitucional a fin de establecer la relección inmediata e ilimitada, para lo que reunió en Los Pinos a los académicos afines al régimen (Federico Estévez, Denise Dresser, José Woldenberg, Soledad Loaeza, Jesús Silva Herzog-Márquez) en la mira de que convaliden este nuevo atentado a la nación, según informó Milenio Diario (5/11/09).
9. Cuando la Cámara de Diputados se aboque el martes 10 a la cuestión de la controversia constitucional, que a todas luces debería presentarse, el país se hallará, por consiguiente, en la más absoluta división, entre una oposición que defiende a un país de leyes, y la alianza de la “clase política” del PRI y el PAN que de manera tartufa insiste en un México de simulaciones que permita a las mafias que representan seguir prevaleciendo sobre la nación.
10. El respaldo nacional a la lucha del SME es, por consiguiente, una cuestión de supervivencia para el pueblo de México, y este proceso no tiene ya vuelta atrás
Luis Javier Garrido
La decisión del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de convocar a un paro cívico nacional para el miércoles 11 constituye una señal más de la crítica situación que se ha creado ante la tentativa del gobierno de facto de Felipe Calderón de destruir contra la ley y por la fuerza la empresa pública Luz y Fuerza del Centro a fin de proseguir la entrega del sector energético del país a las multinacionales, desconociendo de esta manera (una vez más) el orden constitucional de la República.
1. Un número muy importante de juristas ha alertado sobre la gravedad del contexto actual, marcado por la determinación del gobierno espurio de ignorar con su decreto del 11 de octubre las atribuciones del Congreso de la Unión para arrogarse facultades de las cuales carece, cancelando al mismo tiempo de un plumazo los derechos de 44 mil trabajadores y haciendo inexistente el derecho colectivo del trabajo –todo con el fin de atentar contra los derechos de la nación–, lo que lo sitúa abiertamente en la ilegalidad y como una fuerza política en connivencia con fuerzas del exterior. Muy pocos analistas han advertido, por el contrario, sobre la crítica situación política a la que se está llevando al país al situar tanto al PAN como al PRI en la más absoluta ilegalidad y carentes de toda autoridad política y moral con vistas a 2012.
2. El golpe de mano del régimen contra los trabajadores electricistas y los derechos de la nación está dejando sin viabilidad histórica no nada más a Acción Nacional, sino también a sus aliados del PRI, que no parecen haberse dado cuenta del ridículo que hicieron con la discusión del paquete fiscal para 2010 que evidenció una vez más su ausencia de una idea de nación, confirmándolos como lo que han sido en todos estos años: meros cómplices al servicio del poder panista de facto para ayudarlo a atentar contra la nación y la clase trabajadora y mostrando de paso su connivencia con consorcios del extranjero.
3. El gobierno calderonista ha apostado a todas luces para salir del atolladero histórico en el que se encuentra a la firmeza de los acuerdos de Acción Nacional con Carlos Salinas, lo que le supone seguir recibiendo el aval del PRI a sus actos anticonstititucionales, estimando que saldrá adelante del conflicto a la usanza priísta antigua: utilizando en campañas de desinformación a los medios, con la simulación de “diálogo” que lleva a cabo en Bucareli Fernando Gómez Mont con una dirigencia espuria del SME y forzando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ahondar una vez más la situación de ilegalidad en la que se halla el país, negándose a asumir su papel como un órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración pública.
4. El cambio en 2000 de un gobierno del PRI –apoyado por el PAN– a un gobierno del PAN –sostenido por el PRI– no llevó a México a ninguna “transición democrática”, como pretende la versión oficial, sino muy rápidamente a una ruptura del pacto fundamental en que se sustenta la vida colectiva y que se expresa en la Constitución.
5. Este quiebre del orden constitucional de la República culminó en 2006 con la imposición ilegal e ilegítima de Calderón en la silla presidencial –tras unas elecciones que no ganó y en las que sólo un macrofraude electoral le hizo aparecer como supuesto “triunfador” sobre Andrés Manuel López Obrador, quien había triunfado ampliamente, como se debatió ayer durante horas en la sesión de la Cámara de Diputados–, y ahora se hace más amplio en 2009 con el nuevo atentado de Calderón contra la Constitución al desconocer las atribuciones del Legislativo, vulnerar los derechos individuales y sociales de los trabajadores y desconocer la legislación laboral para hacer viable el proyecto de entregar el control energético del país a corporaciones extranjeras.
6. El país se halla, en consecuencia, no tan sólo en un contexto de ruptura del “pacto social” entre los trabajadores y el Estado, como denunció el SME el martes 3, sino del mismo pacto nacional como resultado de la situación de quiebre del orden previsto en la Constitución General al atentarse contra los derechos de la nación. Ya desde ahora, según se ha denunciado, trabajadores contratados por grupos privados están llevando a cabo las tareas que realizaba el SME, sin preocuparse el gobierno panista en lo más mínimo por la legalidad de sus actos.
7. La alianza PRI-PAN pretende así seguir gobernando y beneficiándose de manera patrimonial del poder al margen de las leyes de la República. Lo mismo panistas que priístas se saben en la más absoluta ilegalidad y, por lo mismo, buscan “legitimarse” con una política metalegal de concertacesiones y pactos. Mientras múltiples voces claman por una alianza de las fuerzas democráticas de México que conduzca a otras políticas para sacar al país del atraso en el que lo ha sumido el neoliberalismo, desde Los Pinos se promueve un gran “acuerdo nacional” en torno a las políticas depredadoras de Calderón –ya negociado, entre otros, con los chuchos del PRD–, empresa en la que pretende ignorar el repudio nacional que tiene. ¿Quién podría avalar ese “acuerdo” contra México que exigía el miércoles 4 el líder de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas?
8. El gobierno espurio, de espaldas al pueblo y en la más absoluta inconsciencia, solamente quiere seguir cumpliendo a los dirigentes de las trasnacionales que lo encumbraron, y que desde hace lustros reclaman una clase política estable y ya en connivencia con ellos. De ahí que Calderón fragüe ahora enviar al Congreso el viejo proyecto de contrarreforma constitucional a fin de establecer la relección inmediata e ilimitada, para lo que reunió en Los Pinos a los académicos afines al régimen (Federico Estévez, Denise Dresser, José Woldenberg, Soledad Loaeza, Jesús Silva Herzog-Márquez) en la mira de que convaliden este nuevo atentado a la nación, según informó Milenio Diario (5/11/09).
9. Cuando la Cámara de Diputados se aboque el martes 10 a la cuestión de la controversia constitucional, que a todas luces debería presentarse, el país se hallará, por consiguiente, en la más absoluta división, entre una oposición que defiende a un país de leyes, y la alianza de la “clase política” del PRI y el PAN que de manera tartufa insiste en un México de simulaciones que permita a las mafias que representan seguir prevaleciendo sobre la nación.
10. El respaldo nacional a la lucha del SME es, por consiguiente, una cuestión de supervivencia para el pueblo de México, y este proceso no tiene ya vuelta atrás
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