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Editorial. La Jornada
Oaxaca: urge resolver abusos cometidos por las autoridades
Con declaraciones tramposas y campañas de radio y tv que promueven Oaxaca como destino turístico seguro, las autoridades buscan tapar la verdadera situación en la ciudad capital de la entidad durante la movilización social que estremeció a México y al mundo en los meses recientes. La apariencia de normalidad choca con la cruda realidad: en ese estado, en el contexto de las protestas encabezadas por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y parte del magisterio del estado, las fuerzas policiacas federales y estatales cometieron innumerables violaciones a los derechos humanos que han dañado irremediablemente el orden constitucional, hechos documentados rigurosamente por organizaciones humanitarias locales, nacionales e internacionales.
Las investigaciones realizadas en Oaxaca por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), la Comisión Internacional Independiente de Observación de Derechos Humanos y el Comité 25 de Noviembre, que encabeza el pintor Francisco Toledo, entre otras ONG, no dejan lugar a dudas sobre la gravedad del asunto. A más de un mes del último grave enfrentamiento con la Policía Federal Preventiva (PFP) y con cuerpos policiales oaxaqueños, las organizaciones advirtieron que hay "una gran cantidad de elementos que confirman excesos contra la población".
Iñaki García, vocero de la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos, confirmó que aún quedan 36 personas en prisión, cuyos casos siguen su curso ante las instancias judiciales. Esta organización cuenta con testimonios de personas que aseguraron haber sido torturadas, golpeadas, muchas de las mujeres tocadas con toletes en genitales, amenazados con ser asesinadas o desaparecidas.
La APPO mostró también pruebas sobre los abusos. Su denuncia, conformada por testimonios de decenas de víctimas, fue presentada ayer en la Cámara de Diputados. Entre los excesos documentados llaman la atención las violaciones a 15 jóvenes perpetradas por policías federales y oaxaqueños con saña y crueldad: mientras los obligaban a hacer sexo oral, los amenazaban con asesinarlos o desaparecerlos.
Pese a ello, no existen señales claras que indiquen que las autoridades federales estén dispuestas a encontrar y castigar a los efectivos que cometieron abusos contra activistas, maestros y la ciudadanía en general.
Peor aún, el problema es evadido con facilidad. Ayer, el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Francisco Ramírez Acuña, rechazó responder las preguntas sobre dichos actos. En cambio, eso sí, aseguró que la defensa a las garantías individuales es "parte medular" de la encomienda bajo su cargo. "La aplicación de la ley bajo el respeto a los derechos humanos es una ecuación política sencilla de responder cuando se tiene claro que el bien común debe ser resultado de nuestras acciones de gobierno", enfatizó durante la toma de posesión de Miguel Alessio Robles como subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SG. No parece.
El panorama es aún más grave si se considera que las autoridades no sólo hacen caso omiso de las investigaciones de las ONG y sus recomendaciones. Yésica Sánchez Maya, presidenta de la Limeddh, ha denunciado en diversas ocasiones que los activistas en la materia han sido objeto de intimidaciones, persecución, órdenes de aprehensión, obstáculos para el acceso a penales y ahora difamaciones, "valiéndose del dolor y la desesperación de los familiares y presos políticos", a quienes se les chantajea para hablar mal de los observadores.
Ante tal descomposición del orden constitucional es urgente que las autoridades modifiquen su postura y favorezcan el diálogo con los rebeldes ­la SG canceló las pláticas unilateralmente, lo que habla de su falta de voluntad política para solucionar este conflicto­ y esclarezcan todas y cada una de las violaciones de los derechos humanos cometidas en el contexto de la movilización social en Oaxaca. De otra manera, por más anuncios que paguen en tv y radio, la situación en la entidad empeorará, en perjuicio de los oaxaqueños y del país en su conjunto. Después de todo, ignorar los abusos cometidos podría sentar precedentes lamentables para la nación.