¿DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS?, Ó ATRACO A LA NACIÓN.

La Jornada

Mario Di Costanzo

Los diputados y la ASF, obligados a actuar
La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y el auditor superior de la Federación están obligados a presentar las denuncias administrativas y penales correspondientes contra los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los servicios de Administración Tributaria (SAT) y de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Fobaproa-IPAB y cualquier otra dependencia que haya sido objeto de irregularidades e ilegalidades detectadas durante la revisión de la cuenta pública de 2005.
De no hacerlo así, estarían incurriendo en una falta grave a su responsabilidad como funcionarios públicos y se podrían hacer acreedores a juicio político.
Lo anterior en virtud de que los artículos 45 y 52 de la Ley de Fiscalización Superior facultan y obligan a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a presentar las denuncias y querellas penales a que haya lugar, si sus observaciones no son corregidas en 45 días.
Es claro que en muchos casos las observaciones del auditor superior de la Federación no podrán ser solventadas por las dependencias fiscalizadas, en virtud de que éstas son prácticamente "contundentes acusaciones", en las que no existe margen de aclaración por parte de las dependencias revisadas.
Para ello únicamente basta mencionar algunas conclusiones de las auditorías llevadas a cabo. En el caso de la devolución del impuesto al valor agregado por más de 12 mil millones de pesos a Transportación Ferroviaria Mexicana (empresa de TMM), el auditor concluyó:
El SAT, la Tesorería de la Federación (Tesofe), la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y tampoco los órganos internos de control de estas entidades actuaron oportunamente en el ámbito de su competencia, y después de ocho años, el 26 de enero de 2005, se emitió la resolución definitiva e inatacable del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito del Distrito Federal, en la cual se ordenó al gobierno federal emitir el certificado de devolución por 2 mil 111 millones de pesos más actualizaciones e intereses, monto que ascendió a 12 mil 965 millones.
Es evidente que el señalamiento anterior es una acusación formal por no actuar en tiempo y forma en contra del SAT, la Tesofe, la PFF y demás instancias. Esas dependencias del Ejecutivo federal poco podrán hacer para solventar en 45 días tan grave imputación.
Sobre el resto de las devoluciones de impuestos, la ASF establece que de 2000 a 2005 el monto de éstas, pagadas por el gobierno federal, se incrementó notablemente, ya que pasó de 75 mil 300 millones de pesos a 149 mil 849 millones; sólo en 2005 fueron equivalentes a 15 por ciento de la recaudación tributaria efectiva. Con esos recursos se pudo haber financiado 84.6 por ciento de pensiones y jubilaciones pagadas por el sector público presupuestado en ese año. Luego entonces, el sistema pensionario no estaría en quiebra si se recaudara bien.
Pero en ese sentido, lo más grave es que la ASF está señalando que la SHCP no cuenta con una propuesta de reforma fiscal que concentre los impuestos dispersos para ampliar la base de recaudación y eliminar situaciones de privilegio, lo que repercute en un alto número y monto de devoluciones por saldos en favor de los contribuyentes, en perjuicio del Estado, su hacienda pública federal, la equidad fiscal y la eficiencia recaudatoria del país.
Es evidente que esas observaciones no podrán solventarse en 45 días.
Por lo que respecta al rescate bancario (Fobaproa), el auditor superior asevera que "se observó discrecionalidad y exceso de atribuciones del Fobaproa y de su comité técnico". Esa situación es otra grave acusación que difícilmente solventarán las autoridades hacendarias, por lo que es una obligación aplicar la ley y fincar las responsabilidades a que haya lugar.
De igual manera, en el caso del SAE la ASF asegura que muchos inmuebles fueron vendidos a un precio inferior a su valor de mercado, causando un daño patrimonial por poco más de 10 mil millones de pesos.
Así, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y el auditor superior de la Federación deben empezar a actuar para que ello no nada más se quede en una serie de hallazgos que se han vuelto comunes cada vez que la ASF entrega sus informes, sin que los funcionarios sean castigados.