La CND y los pueblos indígenas

La Jornada
Magdalena Gómez

La CND y los pueblos indígenas
Mientras Ulises Ruiz alardea "la gobernabilidad" y los presos continúan padeciendo arbitrariedades sin que se muestre real voluntad política para conducir este conflicto por la vía democrática, hago un paréntesis para compartir una reflexión sobre el vínculo de la convención nacional democrática (CND) y los pueblos indígenas.

En cuanto al mecanismo que se promueve para firmar una carta en la que cada persona que lo desee se comprometa a ser representante del presidente legítimo y acudir a las reuniones nacionales que se convoquen, diría que al margen de las consideraciones que tal propuesta suscita, sobre todo en términos de la articulación colectiva de una organización, en materia indígena ese mecanismo puede funcionar para la adhesión de líderes indígenas, sobre todo los que se mueven de manera autónoma respecto de su pueblo y comunidad, pero está fuera de lógica para la organización social y política de estos pueblos.

Ciertamente es complejo acercarse a las autoridades indígenas y proponer que se discuta la adhesión a la CND y a su presidente legítimo; sin embargo, por principio debe intentarse. Si se van a realizar giras por el total de municipios en el país, la de Oaxaca es muy factible, ya que es eminentemente indígena: hay más de 500 municipios y en lo general corresponden a las comunidades; es más difícil en Chihuahua, donde los rarámuris están agrupados en rancherías y no se reconocen de manera alguna en la estructura municipal.

Un ejemplo reciente es el Foro de los Pueblos Indígenas de Oaxaca, realizado el 28 y 29 de noviembre pasado, al que asistieron cerca de 500 autoridades municipales y comunales, representantes de organizaciones comunitarias y regionales. Este foro surgió de la reunión constitutiva de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (la APPO de hoy), cuando los líderes indígenas señalaron que no podían comprometerse sin la decisión de sus pueblos y lo realizaron en un clima de alta tensión por los sucesos violentos del 25 de noviembre.

Esta posición se ve reflejada en la gran mayoría de las organizaciones que integran el Congreso Nacional Indígena (CNI), el cual, por cierto, no participa como tal de la CND y comparte las posturas de la otra campaña. Se ha dicho que este tipo de organizaciones políticas no agotan el universo de los pueblos indígenas ni de sus comunidades, y algo de razón hay en ello, pero es constante la organización colectiva y la toma de decisiones comunitaria. De manera que habría que considerar esta implicación. Por ejemplo, ignoramos si los delegados y representantes de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, participantes en la CNI, que se reunieron en la Cámara de Diputados el pasado 15 de septiembre, vinieron precedidos del acuerdo comunitario.

Por otra parte, también es necesario que abordemos las implicaciones del compromiso asumido con las demandas de los pueblos indígenas. Después de 10 años de incumplimiento y distorsión debemos preguntarnos si es viable cumplir los acuerdos de San Andrés. Estamos lejos de aquel momento, cuando aparecieron como una alternativa seria para que por fin se incluyera plenamente a los pueblos indígenas, de entrada en la Constitución, en el marco de una auténtica reforma del Estado.

Obviamente partimos de la base muy probada de que el Estado con sus tres poderes dio la espalda a la palabra empeñada. En el pasado proceso electoral sólo figuró el propósito de cumplir los históricos acuerdos de San Andrés: Andrés Manuel López Obrador los incluyó en el primer compromiso. A los otros candidatos les resultó más cómoda la política del avestruz, no sabemos si porque asumen que "ya se cumplieron" o simplemente no les interesa.

A cinco años de la contrarreforma indígena de 2001 asistimos al reforzamiento de la privatización mediante leyes que afectan los territorios indígenas y están centradas en la biodiversidad; con ellas se perfila paulatinamente la desaparición del espacio propio del derecho público para dejar todo el espacio jurídico sujeto a las leyes del mercado. Lo que se observa es la continuidad con la también contrarreforma del artículo 27 constitucional.

Con este panorama observamos que no basta remitir de nueva cuenta la iniciativa Cocopa al Congreso; ya lo hicieron en 2002 un grupo de 160 diputados y no pasó nada. Se requiere, además, acompañar la iniciativa constitucional con un paquete de reformas legislativas que deshagan los entuertos del actual sexenio, particularmente en lo relativo a recursos naturales, genéticos y conocimiento tradicional. Toda una labor de desmontaje de la oleada privatizadora que amenaza seriamente la vida de los pueblos indígenas.

Quedan así planteadas las cautelas y las implicaciones de la relación del gobierno legítimo y la CND con los pueblos indígenas.