John Saxe-Fernández
Energía: ¿cábalas privatizadoras?
Hace poco un diputado del PRI acusó al gobierno de propiciar en el Congreso “un debate clandestino” a favor de privatizar y extranjerizar Pemex, y agregó: “estaríamos ante un acto de insensatez, cuando los demás países guardan y cuidan su petróleo, porque sirve de instrumento de desarrollo, 90 por ciento del petróleo a nivel mundial está controlado por los Estados, estaríamos actuando a contracorriente” (emequis, 21-I-08, p. 37). Y es que las cábalas privatizadoras se propagan de Washington a Madrid y de “Baja” a Tabasco, en proporción directa al ascenso de la tasa de ganancia del sector petroeléctrico: uno que se posiciona como nodal en México y en el mundo del siglo XXI, que ya enfrenta límites geológicos y ambientales en torno a la disposición y quema de combustibles fósiles baratos y de fácil acceso.
En una atmósfera de impunidad, a pocos asombra que el Ejecutivo y el PAN actúen, por la vía de una “reforma energética”, como “cabilderos” de consorcios nacionales y extranjeros, que andan tras el sector de energía del país –sometido ya a una ilegal privatización de facto–. La iniciativa “privatizadora” (término que no le gusta a Rubén Camarillo, que impulsa en el Senado esos intereses bajo la rúbrica de la “modernización”) fue endosada por el senador Francisco Labastida, del PRI, presidente de la Comisión de Energía, adoptando términos y argumentos usados por el Banco Mundial en los sexenios de Salinas, Zedillo y Fox.
Samuel Aguilar, siguiendo aquel guión que desembocó en la “reforma integral” de bancos y ferrocarriles, ahora nos asegura que se procederá “sin tocar ni el artículo 27 constitucional” o “los derechos de los trabajadores y su sindicato”, para gran consuelo de todos los que atestiguamos cómo Fox y ahora Calderón, al tiempo que intensifican la agresión fiscal contra Pemex, abren puertas a grandes firmas contratistas tipo Halliburton, Shell y su subsidiaria P/GSI, que “ahorita” codician el activo integral Ku Maloob Zaap.
Es cierto que las cúpulas partidistas en el Congreso hacen cuanta reunión privada tengan a bien. Pero la cábala por el petróleo es tan secreta que, se dice, la mayoría de diputados y senadores del PRI, poco inclinados a la “reforma” porque va contra los principios básicos de su partido, desconocen el contenido de una propuesta avalada por Labastida, conocedor junto a Emilio Gamboa –otro impulsor de la “modernización” de Pemex–, de que el asunto es delicado: saben que entre un debate clandestino y una maquinación contra la normatividad constitucional vigente no hay más que un giro lingüístico.
Cabe recordar que Carlos Rojas, del PRI, dijo que “el señor Labastida estará haciendo las cosas a nombre del señor Labastida. Él no tiene mayor representación más que ser un legislador. Al senador le he escuchado meras ideas, ocurrencias, pero no he visto una sola propuesta seria, contundente y formalmente presentada”. (Ibídem).
Igual que en los pasillos del Potomac, acá los promotores de esos intereses empresariales de Estados Unidos, encabezados por Calderón (a los que se agregan los de empresas eléctricas y petroleras españolas) también operan en lo oscurito y desde las oficinas de la cúpula gubernamental. El modus operandi es conocido: se trata de una acción conjunta que va del “centro” (la casa matriz) a la “periferia” (la sucursal o subsidiaria), vía instrumentos “de facto” como la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte: es decir, de la Casa Blanca a “su” aparato político y de “inteligencia” que opera desde Reforma, Los Pinos y Bucarelli.
Las redes de complicidad entre empresas y funcionarios se amplían a San Lázaro, para “legalizar” y amarrar más licitaciones en ductos, refinerías, petroquímica, viejos y nuevos yacimientos: el “diseño” privatizador, que considera el uso de “beneficios colaterales” para su impulso, fue planteado por el Consejo de la Competitividad de América del Norte (CCAN) a fines de 2007, en el cónclave secreto de la ASPAN, en Montebello, Canadá, con asistencia de Calderón, Harper y Bush, este último en calidad más de comandante en jefe de las operaciones clandestinas que de presidente constitucional y además, de cabildero –con Cheney– de las grandes empresas petroleras.
Los lineamientos sobre el sector energético de México los presentó el CCAN, integrado por empresarios de los tres países como Claudio X. González. La dimensión de seguridad policial-militar, de espionaje y de “reajuste” del sistema judicial respectivo fue contemplada como “blindaje” ante la resistencia popular a estos diseños empresariales en pos de la “competitividad” –léase despojo– de Pemex-CFE.
Un diagnóstico requiere determinar si existe justificación financiera y técnica para la apertura de Pemex al capital privado. Sólo se ha explorado 25 por ciento de las zonas susceptibles de tener petróleo. Para tratar esto, el 13 de febrero se realizará en la UNAM una conferencia de prensa con ingenieros, abogados y expertos.
jsaxef.blogspot.com
jueves, enero 31, 2008
lunes, enero 28, 2008
Petróleo. Hacer valer la Constitución Mexicana.
En defensa del petróleo
Simulando estar en contra de la privatización de Pemex, el gobierno de Calderón consensa en el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a leyes secundarias para abrir la explotación del petróleo a la inversión del capital privado. Lo interesante del asunto es reflexionar si el marco constitucional vigente permite que leyes secundarias vulneren la primacía del concepto de exclusividad de la nación en materia petrolera y eléctrica que establece el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución. Por lo mismo, aunque a los neoliberales les desagrade, es inevitable volver los ojos a la génesis del artículo 27 constitucional en materia de petróleo para reconocer que la Constitución puede ser reformada siempre y cuando no se trastoquen sus principios básicos. Por ende, cualquier reforma en leyes secundarias que atente contra la parte dogmática de la Constitución –como la que pretende Calderón– es de origen inconstitucional.
Como se sabe, 10 meses después de la expropiación petrolera, el 22 de diciembre de 1938, el presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 27, con el propósito de elevar a rango constitucional la exclusividad de la nación en materia petrolera, eliminando el régimen de concesiones. Lo que poco se conoce son los considerandos que fundamentaron dicha reforma constitucional, omitidos en la Gaceta Parlamentaria en razón de las condiciones político-militares de la época, que en la parte que nos interesa estableció: “La experiencia de todos conocida, relacionada con esta misma materia del petróleo, obliga al gobierno a obrar en lo sucesivo con gran cautela, máxime cuando según se reconoce ya que a través de las concesiones sobre los recursos naturales se crean con mayor facilidad vínculos cuya terminación constituye después un problema para el país que otorgó dichas concesiones, pues entonces inclusive sus buenas relaciones con otros pueblos se ponen en peligro.
“A esto obedece el propósito del Ejecutivo de que termine el régimen de las concesiones. En rigor, y dado el carácter discrecional que para la entrega de la explotación a los particulares ha consagrado hasta hoy el texto expreso del artículo 27, carácter discrecional que la Suprema Corte en reiteradas ocasiones ha reconocido así, jurídicamente habría podido en ley secundaria fijarse el nuevo principio.
“Sin embargo, no se ha decidido el gobierno por este camino en virtud de que él admite que, según testimonios autorizados, los autores del artículo 27 no quisieron que el dominio directo del petróleo se ejercitase excluyendo a los particulares. Y aunque es bien sabido que los textos de la Constitución como los de cualesquiera otras leyes son susceptibles de interpretaciones renovadas de acuerdo con las exigencias que sus autores no pudieron tener en cuenta en la época en que actuaron, piensa el Ejecutivo que una medida de la importancia de la que se proyecta no debe quedar sujeta a las controversias que los interesados muy probablemente provocarían apoyándose en aquellos testimonios. Esto independientemente de que incorporando al texto constitucional el principio de la explotación directa del petróleo que a la nación corresponde se le da una mayor fijeza y autoridad.”
Por supuesto que la historia no concluyó aquí. Vendría después la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, en materia de petróleo de diciembre de 1939; la contrarreforma de Ávila Camacho de mayo de 1941 que la derogó y abrió las puertas al capital privado en el ramo del petróleo; la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, promulgada por el presidente Ruiz Cortines en noviembre de 1958, que derogó la contrarreforma de Ávila Camacho y restituyó la legalidad constitucional, y finalmente la reforma constitucional de enero de 1960 que enriqueció el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, para quedar como sigue:
“Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva.”
Lo hasta aquí asentado es suficiente para que los privatizadores se den de topes contra la pared, pues la razón constitucional deja en claro que cualquier iniciativa de reforma en leyes secundarias que pretenda, bajo cualquier modalidad, abrir la participación del capital privado en la explotación del petróleo, de origen sería inconstitucional, pues estaría contradiciendo el artículo 27 de la Carta Magna y los criterios de interpretación contenidos en los considerandos que le dieron origen.
miércoles, enero 23, 2008
Crisis del capitalismo y de la civilización monetarista
Bajo la Lupa
Crisis del capitalismo y de la civilización monetarista
En medio del desplome global bursátil, ya muy anunciado sobre el cual hasta da pereza ahondar, la reunión anual del delirante cuan hilarante Foro Económico (sic) de Davos, que de por sí se encontraba en agonía, ha exhibido su patética irrelevancia.
Por lo menos Davos seguirá siendo un centro de esquí, mientras las otras plazas de la “globalización pirata” –es decir, la desregulada “globalización financiera” (que no “económica”) israelí-anglosajona de la parasitaria plutocracia neofeudal y su “contabilidad invisible” en los “paraísos fiscales”–, como Wall Street, la City y Francfort (para citar las relevantes; no vamos a perder el tiempo con las cómicas “bolsas” de Madrid y de la ciudad de México), no servirán para realizar ningún deporte que no sea la excavación de sus ruinas de “papel-chatarra” acumulado en casi dos décadas de alquimia impuesta por sus sicóticos brujos-aprendices a cargo de sus bancos centrales monetaristas, hoy en plena desintegración.
No se trata de una “crisis” ordinaria (el punto de inflexión entre la vida y la muerte) a la que nos tiene acostumbrado el “mercado” capitalista monetarista, sino del “fin de una era” –el imperio del dolarcentrismo– que ha puesto en la picota a su piratería global que se expresó en la más radical de sus excrecencias centralbanquistas: la globalización financiera israelí-anglosajona.
El problema no proviene del manicomio monetarista fiscalista (¿qué de peor se podía esperar de gente tan ignorantemente ahistórica y fanáticamente ultrarreduccionista?), sino de la irresponsable cuan inexistente clase política “global” que se esfumó alarmantemente frente a las alucinantes “leyes (sic)” esotéricas del sicótico “mercado”.
Gran parte de la culpa recae en los irresponsables multimedia “globales” –lo cual obliga a repensar la posesión, uso y abuso de las “concesiones” como el nuevo frente de batalla de la democracia ciudadana del siglo XXI–, quienes engañaron hasta el cansancio a una población valetudinaria cuan ignara para propiciar artificialmente el efecto borrego de los “mercados” controlados por la banca israelí-anglosajona, hoy en plena putrefacción.
Los portavoces de la globalización pirata, como Martin Wolf, editor en jefe de la sección económica de The Financial Times (15/1/08), y Anatole Kaletsky (The Times, 17/1/08) repercuten en sus escritos los estertores del modelo capitalista.
Más profundo, por ser menos financierista que Wolf, Kaletsky verifica las exequias de los dos gigantes del capitalismo bancario estadunidense, Citigroup y Merrill Lynch, “universalmente reconocidos como los mayores y desvergonzados (sic) símbolos de la hegemonía financiera de EU y el triunfo del capitalismo de mercado en cada rincón del planeta”, rescatados en el pasado trimestre con más de 100 mil millones de dólares provenientes de los “fondos soberanos de riqueza” (¡estatales!) de la OPEP, China y Asia.
Se desprenden dos consecuencias nodales a juicio de Kaletesky: “un giro decisivo del centro de gravedad de la economía mundial opera en favor de Asia después de cinco siglos de dominio financiero, económico y por consiguiente (sic) político por Europa y EU”.
No es gratuito que la explosión de la burbuja bursátil global haya sucedido mientras el primer británico Gordon Brown se encontraba en un periplo por China e India, los dos nuevos gigantes emergentes euroasiáticos.
La dupla anglosajona empieza a desacoplarse desde el punto de vista financiero y el premier británico Brown intenta seducir los capitales chinos –específicamente a la estatal CIC, que cuenta con más de 200 mil millones de dólares en “fondos de riqueza soberana”– para atraer su colocación en la bolsa londinense (donde sólo cotizan seis empresas chinas frente a las 39 que operan en Wall Street) con el fin de adoptar a la City como su centro de operaciones fuera de China.
Es notoria la hambruna por los capitales chinos de parte de los descendientes de Adam Smith, mientras en EU se ha vuelto una moda maligna denostar el éxito mercantil de Pekín.
Dicho sea con humildad de rigor, pero desde la primavera pasada en los foros de Casa Lamm-La Jornada ya habíamos advertido sobre el poderoso ascenso de los “fondos soberanos de riqueza” (¡estatales!), cuando propusimos varias medidas para enderezar a Pemex, entre ellas el uso de las Afore y las reservas del parasitario Banco de México, por desgracia en manos de un fundamentalista monetarista: el cordobista-zedillista Ortiz Martínez, quien no cesa de hacer el ridículo por su sometimiento esclavista a la Reserva Federal, en detrimento del interés nacional que le ha costado al país una fortuna por mantener (y subsidiar) las reservas en “dólares-chatarra” en lugar de otras divisas más solventes (v. gr. euro, oro, plata, etcétera) como le venimos aconsejando desde hace un buen tiempo.
Más allá de la penetración de la OPEP y los asiáticos estatistas en las entrañas del minotauro de Wall Street, a juicio de Kaletsky la segunda consecuencia del “rescate” de los principales bancos capitalistas por las entidades gubernamentales de los “fondos soberanos de riqueza” rompen con las leyes del libre mercado capitalista lo que implica que la “actual crisis financiera global no puede ser resuelta por las fuerzas privadas del mercado”.
¿Dónde quedará el “capitalismo de libre-mercado” con tanta intervención estatal? La pelota está del lado de los gobernantes y los reguladores, quienes se encuentran frente a un dilema desgarrador según Kaletsky: “o aceptan un largo (sic) periodo de parálisis financiera, lo que lleva inevitablemente a una profunda recesión global y quizá a una década de depresión al estilo japonés, o bien tendrán que adoptar un plan B que involucra la intervención de algún tipo del sector público que supera el juicio (¡súper sic!) de las fuerzas del mercado”.
La muy acertada publicación europea GEAB (número 21, 15/1/08) desglosa la “Muy (sic) Gran Depresión de EU” que sería “más grave que la de 1929” a nivel local y global: “todos los fundamentos sobre los cuales descansa la economía desde 1945 se vinieron abajo”, cuyo paroxismo se expondrá en el curso de este año, y uno de sus “catalizadores” será la “crisis socio-económica sin precedente en EU que afecta severamente a los hogares” y la credibilidad de los operadores financieros que ha paralizado las inversiones.
Los efectos de la “Muy Gran Depresión de EU” serán contrastantes en Europa, Asia y los países emergentes y se caracterizará por la recesión de EU, la estanflación global y la captura de las instituciones financieras privadas occidentales por las entidades estatales provistas de su poderosos “fondos de riqueza soberana”.
Tampoco hay que exagerar, como el megaespeculador George Soros, que se trata de una crisis de la civilización “occidental (sic)”. Más que una crisis civilizatoria, padecemos, mejor dicho, el triple fin del mercantilismo al estilo Manchester de la globalización financiera al estilo Davos, hoy en la insolvencia crediticia y moral, y de la piratería anglosajona global. No está mal. ¿No será más bien todo lo contrario: que ahora pueda pervivir la verdadera quintaesencia civilizatoria “occidental” tan estropeada, de corte neorrenacentista humanista, donde el ser humano vuelva a colocarse por encima del mercado?
Petróleo. Halliburton Negocio de ganar ganar,Pemex perder perder
Le asignó 160 convenios por 2 mil mdd; cerró cuantiosa transacción esta semana
Halliburton obtiene los contratos más jugosos de Petróleos Mexicanos
Entre 2003 y 2006 la paraestatal le dio 65 contratos, que llegaron a 127 en igual lapso
De prisiones para migrantes a pozos petroleros en México. Halliburton, una de las empresas emblemáticas del aparato de seguridad y defensa de Estados Unidos, se ha convertido en el principal contratista extranjero de Petróleos Mexicanos (Pemex), posición en la que ha ido avanzando desde la administración pasada y que reforzó en el actual gobierno, al cerrar esta semana una de las transacciones más cuantiosas que ha obtenido en el país.
Datos de Pemex revelan que Halliburton ha obtenido de la petrolera estatal 160 contratos, por un monto que alcanza ya 2 mil millones de dólares, lo cual equivale a una quinta parte de la inversión que Petróleos Mexicanos realizó en los últimos cinco años con recursos presupuestales.
Pemex Exploración y Producción (PEP), la principal subsidiaria de la paraestatal petrolera mexicana, concedió a Halliburton, entre junio de 2003 y marzo del año pasado, 65 contratos para trabajos de perforación y mantenimientos de pozos en las principales regiones productoras de crudo, ubicadas en las zonas del Golfo de México y la sonda de Campeche, de acuerdo con información oficial obtenida por este diario. Esos 65 contratos originales fueron objeto de otros 127 contratos de modificación de obra, celebrados durante el mismo periodo entre Pemex y la empresa extranjera.
La decisión del gobierno federal de permitir una mayor participación de Halliburton en la industria energética mexicana constituye un paso hacia la incorporación del país a los intereses del aparato de seguridad y defensa de Estados Unidos, según el experto John Saxe-Fernández, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Ninguno de los anteriores gobiernos había llegado a tanto”, lo que es más grave cuando se trata, como con el actual, de un gobierno sobre el que existen dudas respecto de su legitimidad, abunda John Saxe-Fernández, especialista en temas energéticos y estratégicos.
El lunes pasado, Halliburton anunció en su cuartel general en Houston, Texas, que obtuvo del gobierno del presidente Felipe Calderón un contrato a tres años para perforar y finalizar 58 pozos en la región sur de México, donde se encuentra el grueso de la reserva petrolera del país. A cambio de ese contrato, Pemex pagará a la firma estadunidense 683 millones de dólares, el contrato más jugoso de los firmados hasta ahora entre ambas compañías.
La puerta circular
Halliburton es por varias razones una firma controvertida. Recientemente fue señalada en Estados Unidos de proveer comida descompuesta a las tropas estadunidenses que ocupan Irak, donde la firma ha obtenido contratos de la administración estadunidense por 18 mil millones de dólares desde que ese país fue invadido en 2003.
El vicepresidente de Estados Unidos, Richard Cheney, fue presidente de la empresa y, antes, en un curioso movimiento como de puerta circular en el que se confunde lo público con lo privado, había ocupado, durante la primera guerra del Golfo Pérsico, la cartera de secretario de Defensa.
En 2006 Halliburton obtuvo del gobierno estadunidense un contrato para construir una prisión para migrantes, en el marco de un programa gubernamental para contener el flujo de personas que buscan un trabajo en Estados Unidos.
El año pasado Halliburton dio una muestra de cómo habían crecido sus negocios en México y de lo que esperaba para el futuro. El 19 de marzo de 2007 anunció que abriría una fábrica en Monterrey, Nuevo León, para satisfacer la creciente demanda de productos y equipo para exploración, producción y transporte de petróleo.
Un paso adelante para responder a expectativas de una mayor participación en México. En febrero de 2005, durante un foro realizado en Boca del Río, Veracruz, Lew Watts, vicepresidente de estrategia de mercados de Halliburton, dijo que su empresa “estaría más que contenta” de lograr una alianza estratégica con Pemex. “La apertura (al capital privado) sería una oportunidad, pero de no darse no sería tan malo”, agregó.
Información publicada por La Jornada el 4 de agosto de 2002 reveló que los planes de Halliburton para tomar posiciones ante una eventual apertura del sector energético al capital privado se fortalecieron en el primer gobierno del Partido Acción Nacional, si bien la empresa ha operado en el país durante siete décadas.
Documentos del gobierno estadunidense obtenidos por este diario y citados en un reporte de agosto de 2002 dieron cuenta de que Halliburton Corporation recibió de la administración federal de Estados Unidos cientos de millones de dólares en subsidios y apoyos para lograr contratos con Pemex.
“Somos el principal proveedor de tecnología de punta para Pemex”, declaró en 2002 Manuel Palomo, entonces vicepresidente de Halliburton en México. Consultas realizadas ayer por este diario arrojaron que actualmente esa empresa provee 80 por ciento de la tecnología que adquiere Pemex de firmas extranjeras.
Para expertos como Saxe-Fernández, las operaciones de Halliburton en México no deben ser vistas como meras transacciones comerciales. Mencionó que Halliburton y su subsidiaria Kellog, Brown and Root han protagonizado varios de los mayores casos de corrupción corporativa dentro y fuera de Estados Unidos. “Se trata de una compañía con fuertes vínculos con el aparato de seguridad y defensa de Estados Unidos”, afirma.
“Ya resultaba un escándalo que el anterior director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, planteara en público que México debería participar en garantizar la seguridad energética de sus socios comerciales de América del Norte, pero eso se queda corto con lo que está haciendo el actual gobierno”, señaló. Insistió en que es “absolutamente innecesario e injustificado” que Pemex recurra a firmas extranjeras para realizar trabajos de exploración o perforaciódomingo, enero 20, 2008
War on Democracy
En este documental John Pilger sugiere que, más allá de llevar la democracia a todo el mundo, como siempre proclama el Gobierno de los EUA, ... todos » en realidad éste está haciendo todo lo posible para obstaculizar su avance. John Pilger realiza entrevistas exclusivas con oficiales del gobierno americanos, incluyendo agentes que revelan por primera vez como la CIA ha desplegado y está desplegando su guerra particular en Latino América. Pilger argumenta que la verdadera democracia popular se encuentra más bien entre los países más pobres de Latino América, cuyos movimientos y avances son ignorados por los medios.
sábado, enero 19, 2008
Petróleo. Gana Pemex 432 mil 789 millones de pesos(enero-sep.-o7)
La Jornada
Editorial
Pemex: privatizar no es necesario
De acuerdo con cifras reveladas en un informe sobre los resultados financieros de Petróleos Mexicanos (Pemex), la paraestatal obtuvo, hasta finales de septiembre del año pasado, una renta –que es la diferencia entre el costo de extracción del crudo y su precio de venta– de 432 mil 789 millones de pesos, un monto sumamente importante si se toma en cuenta que, por ejemplo, equivale a casi cuatro veces el presupuesto de la capital del país.
El dato cobra relevancia con respecto a la viabilidad financiera de la paraestatal, sobre todo en un año en que se espera que el titular del Ejecutivo federal presente una iniciativa de reforma energética que acaso plantee la entrega de Pemex al capital privado. Ciertamente, las acciones del gobierno federal en lo que toca al manejo de Pemex apuntan en ese sentido: a últimas fechas se ha afirmado insistentemente que se trata de una empresa depreciada, económicamente inviable y prácticamente en quiebra, que requiere de enormes cantidades de recursos económicos y tecnológicos para explorar nuevos yacimientos ante el inminente agotamiento de las reservas probadas, con lo que se pretende justificar su venta total o parcial. El gobierno niega sistemáticamente que sus intenciones estén orientadas en ese sentido, pero ha salido a la luz la existencia de acuerdos confidenciales entre Pemex y empresas trasnacionales, supuestamente de carácter “no comercial” y limitados a la investigación científica y tecnológica.
El problema de Pemex no es precisamente el riesgo inminente de una bancarrota, sino el constante saqueo al que se le somete, tanto por la confiscación fiscal de la mayor parte de sus ganancias –que representan 40 por ciento del total de los ingresos públicos– como por la corrupción que impera en la administración de la paraestatal. Para colmo de males, la confiscación de las ganancias de la paraestatal no se ha traducido en un mejoramiento de los servicios públicos en beneficio de la población, sino en el medio de sustento de una administración federal sumamente costosa e inoperante.
A la luz de los ingresos así obtenidos por Pemex, ha quedado en claro que la situación financiera de la empresa no pasa por su falta de capacidad, pues aun en la situación actual ha podido sacar adelante la producción necesaria y generar cuantiosas ganancias. Si se toma en cuenta que sus costos de producción por barril –alrededor de 8 dólares– son muy inferiores en relación con el precio de venta de crudo –que ronda los 80 dólares–, es de suponer que la paraestatal pudiera representar una fuente aún mayor de riqueza y beneficios para la nación si se hiciera un manejo más justo, limpio y responsable de sus finanzas. De hecho, si la situación de Pemex fuera tan acuciante e insostenible como se afirma, no podría explicarse el creciente interés y la insistencia de los capitales privados por hacerse de la empresa.
Es innegable que la paraestatal carece de los recursos necesarios para desempeñar de manera eficiente sus funciones en rubros como la exploración, la explotación o la refinación. Entre otras cosas, tal situación ha llevado al país a la inverosímil necesidad de importar 40 por ciento de la gasolina que consume, a pesar de ser el sexto productor mundial de crudo. Sin embargo, en vista del amplio margen de ganancia obtenido por Pemex, todo parece indicar que esos fondos podrían salir de la propia paraestatal si fuera colocada en un régimen de autonomía fiscal, si su administración fuera sometida a una limpia profunda para acabar con la corrupción, y si el gobierno federal implementara auténticas políticas de austeridad para reducir gastos e hiciera más eficientes sus mecanismos de recaudación fiscal. Es una obviedad, pero hay que reiterarlo: la viabilidad económica de la empresa –y de la nación entera– depende, más que de inyecciones de capital privado, de decisiones de carácter político.
Editorial
Pemex: privatizar no es necesario
De acuerdo con cifras reveladas en un informe sobre los resultados financieros de Petróleos Mexicanos (Pemex), la paraestatal obtuvo, hasta finales de septiembre del año pasado, una renta –que es la diferencia entre el costo de extracción del crudo y su precio de venta– de 432 mil 789 millones de pesos, un monto sumamente importante si se toma en cuenta que, por ejemplo, equivale a casi cuatro veces el presupuesto de la capital del país.
El dato cobra relevancia con respecto a la viabilidad financiera de la paraestatal, sobre todo en un año en que se espera que el titular del Ejecutivo federal presente una iniciativa de reforma energética que acaso plantee la entrega de Pemex al capital privado. Ciertamente, las acciones del gobierno federal en lo que toca al manejo de Pemex apuntan en ese sentido: a últimas fechas se ha afirmado insistentemente que se trata de una empresa depreciada, económicamente inviable y prácticamente en quiebra, que requiere de enormes cantidades de recursos económicos y tecnológicos para explorar nuevos yacimientos ante el inminente agotamiento de las reservas probadas, con lo que se pretende justificar su venta total o parcial. El gobierno niega sistemáticamente que sus intenciones estén orientadas en ese sentido, pero ha salido a la luz la existencia de acuerdos confidenciales entre Pemex y empresas trasnacionales, supuestamente de carácter “no comercial” y limitados a la investigación científica y tecnológica.
El problema de Pemex no es precisamente el riesgo inminente de una bancarrota, sino el constante saqueo al que se le somete, tanto por la confiscación fiscal de la mayor parte de sus ganancias –que representan 40 por ciento del total de los ingresos públicos– como por la corrupción que impera en la administración de la paraestatal. Para colmo de males, la confiscación de las ganancias de la paraestatal no se ha traducido en un mejoramiento de los servicios públicos en beneficio de la población, sino en el medio de sustento de una administración federal sumamente costosa e inoperante.
A la luz de los ingresos así obtenidos por Pemex, ha quedado en claro que la situación financiera de la empresa no pasa por su falta de capacidad, pues aun en la situación actual ha podido sacar adelante la producción necesaria y generar cuantiosas ganancias. Si se toma en cuenta que sus costos de producción por barril –alrededor de 8 dólares– son muy inferiores en relación con el precio de venta de crudo –que ronda los 80 dólares–, es de suponer que la paraestatal pudiera representar una fuente aún mayor de riqueza y beneficios para la nación si se hiciera un manejo más justo, limpio y responsable de sus finanzas. De hecho, si la situación de Pemex fuera tan acuciante e insostenible como se afirma, no podría explicarse el creciente interés y la insistencia de los capitales privados por hacerse de la empresa.
Es innegable que la paraestatal carece de los recursos necesarios para desempeñar de manera eficiente sus funciones en rubros como la exploración, la explotación o la refinación. Entre otras cosas, tal situación ha llevado al país a la inverosímil necesidad de importar 40 por ciento de la gasolina que consume, a pesar de ser el sexto productor mundial de crudo. Sin embargo, en vista del amplio margen de ganancia obtenido por Pemex, todo parece indicar que esos fondos podrían salir de la propia paraestatal si fuera colocada en un régimen de autonomía fiscal, si su administración fuera sometida a una limpia profunda para acabar con la corrupción, y si el gobierno federal implementara auténticas políticas de austeridad para reducir gastos e hiciera más eficientes sus mecanismos de recaudación fiscal. Es una obviedad, pero hay que reiterarlo: la viabilidad económica de la empresa –y de la nación entera– depende, más que de inyecciones de capital privado, de decisiones de carácter político.
jueves, enero 17, 2008
En Bucareli un secretario ilegal
PLAZA PÚBLICA
En Bucareli, un secretario ilegal
Miguel Ángel Granados Chapa
17 Ene. 2008
El comentario de abajo entrecomillado y en letras rojas apareció "misteriosamente", alterando el artículo publicado en Plaza Pública por Miguel Angel Granados Chapa el 17 de enero de 2008. ¿Estarán preocupados? ¡ARZA!
"consta(¿a quien le consta, al acta de naturalización apócrifa?) que la señora madre del nuevo secretario de Gobernación se naturalizó mexicana antes del 1o. de agosto de 1971, en que nació en Madrid Juan Camilo Mouriño, téngase por no dicho lo que aquí se dice sobre la nacionalidad del número dos del gobierno"
Pareció que un mínimo rubor había condicionado el cargo recibido por Juan Camilo Mouriño de su amigo Felipe Calderón el 4 de diciembre de 2006: se le hizo jefe de la Oficina de la Presidencia y se le dotó de mayor poder que a los secretarios de Estado porque no podía ser uno de ellos, ya que no es mexicano por nacimiento.
Y sin embargo, al asumir ayer la Secretaría de Gobernación, pasando por alto ese impedimento, Calderón y Mouriño infringen la ley, por más que el funcionario nacido en Madrid haya buscado tender una cortina de humo sobre su origen.Mouriño nació en Madrid el 1o. de agosto de 1971, hijo de Carlos Mouriño y María de los Ángeles Terrazo Blanco, ambos naturales de Galicia.
Ella nació en Avión, el mismo pueblo de donde son originarios los Vázquez Raña. Sin embargo, fue presentada por su ahora muy conocido hijo menor como mexicana, al optar por la nacionalidad del país al que llegó a los 7 años de edad.
El 2 de octubre de 1989 Mouriño obtuvo el certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento por ser "hijo de madre mexicana". Para efecto de su registro como candidato a diputado federal, Mouriño hizo certificar notarialmente ese documento, el 7 de abril de 1997.
Ni ante la Secretaría de Relaciones Exteriores ni ante la autoridad electoral mostró el certificado de naturalización de su señora madre, si lo hay, indispensable para saber si fue expedido cuando la familia residía en España o si fue obtenido tras llegar a México en 1978.
La opción que hizo Mouriño en 1989, dos meses después de cumplir 18 años de edad, no fue óbice para que se ostentara como súbdito español. El diario campechano El Sur mostró que en agosto de 1996 Mouriño ingresó a territorio mexicano mediante el pasaporte 8800581 expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España a través de su consulado en Miami, y obtenido en la época en que el ahora secretario de Gobernación estudiaba en la Universidad de Tampa.
Se diría que la actual redacción del artículo 30 de la Constitución valida el status jurídico de Mouriño para ingresar en el gabinete formal. La fracción III de ese precepto extiende la condición de mexicanos por nacimiento (requisito para ser secretario de Estado, según el artículo 91 de la propia carta constitucional) a los hijos de padres mexicanos por naturalización, o de padre o madre en esa circunstancia.
Pero el texto data apenas del 20 de marzo de 1997, y por lo tanto no es aplicable a quienes nacieron en fecha anterior. Al decidir obtener la nacionalidad mexicana en 1989 Mouriño partió del supuesto de que no la tenía.A mayor abundamiento, el artículo 32, reformado también hace 11 años, establece que "el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad".
La portación de un pasaporte español mostró que en su momento, si no es que actualmente aún, Mouriño había adquirido otra nacionalidad, lo que también lo inhabilita para el cargo.Es probable, en consecuencia, que la actuación del nuevo huésped principal del ministerio de Bucareli esté afectada por la ilegalidad, por una suerte de incompetencia de origen.
El refrendo que el nuevo titular de Gobernación otorgue a los decretos presidenciales, y cada uno de los actos que realice a partir de ayer miércoles puede ser impugnado porque no satisface uno de los requisitos constitucionales para ser secretario de Estado.
Al designarlo no obstante esa fragilidad jurídica, y convertirse con él en infractor de la Constitución, Calderón ha mostrado que las proclamas cotidianas por el Estado de derecho son mera palabrería. Mostró también que por encima de la ley está su interés en que la política interior, deficientemente gestionada por el secretario depuesto, quede a cargo de su mano derecha, la persona de mayor confianza entre quienes lo rodean.
Al retirarse contra su voluntad de Bucareli, el ex gobernador de Jalisco Francisco Ramírez Acuña no se ahorró recordar a quien lo nombró y ahora lo despide la antigüedad de su apoyo a su aspiración presidencial. En efecto, en mayo de 2004 el ahora político en desgracia presentó al entonces secretario de Energía -que lo fue sólo por 48 horas más después de aquel lance- como su candidato a la Presidencia de la República, en un rumboso mitin efectuado en el rancho de Abraham González, que seguramente a esta hora habrá dejado de ser subsecretario de Gobernación.
En aquel momento, Mouriño era subsecretario de Electricidad en el ministerio que Calderón encabezó por sólo unos meses. Se aducía entonces como razón para que ejerciera ese cargo su experiencia legislativa. En efecto, como diputado en la LVIII Legislatura, había encabezado la Comisión de Energéticos pero no hay en esos años registro de alguna iniciativa o dictamen que mostrara las capacidades del legislador en esa materia.
Más bien se le había asignado ese cargo por la presencia de su familia en el mercado de combustibles en la península de Yucatán, donde el Grupo Energético del Sureste, fundado por Carlos Mouriño Atanés, pionero de la reconquista española de la economía mexicana, era ya una presencia dominante.El tránsito de Mouriño a un cargo en el gabinete tiene un ángulo positivo.
Como secretario de Gobernación ejercerá atribuciones sobre las que rendirá cuentas, a diferencia del privilegio que lo acompañaba como virtual vicepresidente de la República.
Pareció que un mínimo rubor había condicionado el cargo recibido por Juan Camilo Mouriño de su amigo Felipe Calderón el 4 de diciembre de 2006: se le hizo jefe de la Oficina de la Presidencia y se le dotó de mayor poder que a los secretarios de Estado porque no podía ser uno de ellos, ya que no es mexicano por nacimiento.
Y sin embargo, al asumir ayer la Secretaría de Gobernación, pasando por alto ese impedimento, Calderón y Mouriño infringen la ley, por más que el funcionario nacido en Madrid haya buscado tender una cortina de humo sobre su origen.Mouriño nació en Madrid el 1o. de agosto de 1971, hijo de Carlos Mouriño y María de los Ángeles Terrazo Blanco, ambos naturales de Galicia.
Ella nació en Avión, el mismo pueblo de donde son originarios los Vázquez Raña. Sin embargo, fue presentada por su ahora muy conocido hijo menor como mexicana, al optar por la nacionalidad del país al que llegó a los 7 años de edad.
El 2 de octubre de 1989 Mouriño obtuvo el certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento por ser "hijo de madre mexicana". Para efecto de su registro como candidato a diputado federal, Mouriño hizo certificar notarialmente ese documento, el 7 de abril de 1997.
Ni ante la Secretaría de Relaciones Exteriores ni ante la autoridad electoral mostró el certificado de naturalización de su señora madre, si lo hay, indispensable para saber si fue expedido cuando la familia residía en España o si fue obtenido tras llegar a México en 1978.
La opción que hizo Mouriño en 1989, dos meses después de cumplir 18 años de edad, no fue óbice para que se ostentara como súbdito español. El diario campechano El Sur mostró que en agosto de 1996 Mouriño ingresó a territorio mexicano mediante el pasaporte 8800581 expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España a través de su consulado en Miami, y obtenido en la época en que el ahora secretario de Gobernación estudiaba en la Universidad de Tampa.
Se diría que la actual redacción del artículo 30 de la Constitución valida el status jurídico de Mouriño para ingresar en el gabinete formal. La fracción III de ese precepto extiende la condición de mexicanos por nacimiento (requisito para ser secretario de Estado, según el artículo 91 de la propia carta constitucional) a los hijos de padres mexicanos por naturalización, o de padre o madre en esa circunstancia.
Pero el texto data apenas del 20 de marzo de 1997, y por lo tanto no es aplicable a quienes nacieron en fecha anterior. Al decidir obtener la nacionalidad mexicana en 1989 Mouriño partió del supuesto de que no la tenía.A mayor abundamiento, el artículo 32, reformado también hace 11 años, establece que "el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad".
La portación de un pasaporte español mostró que en su momento, si no es que actualmente aún, Mouriño había adquirido otra nacionalidad, lo que también lo inhabilita para el cargo.Es probable, en consecuencia, que la actuación del nuevo huésped principal del ministerio de Bucareli esté afectada por la ilegalidad, por una suerte de incompetencia de origen.
El refrendo que el nuevo titular de Gobernación otorgue a los decretos presidenciales, y cada uno de los actos que realice a partir de ayer miércoles puede ser impugnado porque no satisface uno de los requisitos constitucionales para ser secretario de Estado.
Al designarlo no obstante esa fragilidad jurídica, y convertirse con él en infractor de la Constitución, Calderón ha mostrado que las proclamas cotidianas por el Estado de derecho son mera palabrería. Mostró también que por encima de la ley está su interés en que la política interior, deficientemente gestionada por el secretario depuesto, quede a cargo de su mano derecha, la persona de mayor confianza entre quienes lo rodean.
Al retirarse contra su voluntad de Bucareli, el ex gobernador de Jalisco Francisco Ramírez Acuña no se ahorró recordar a quien lo nombró y ahora lo despide la antigüedad de su apoyo a su aspiración presidencial. En efecto, en mayo de 2004 el ahora político en desgracia presentó al entonces secretario de Energía -que lo fue sólo por 48 horas más después de aquel lance- como su candidato a la Presidencia de la República, en un rumboso mitin efectuado en el rancho de Abraham González, que seguramente a esta hora habrá dejado de ser subsecretario de Gobernación.
En aquel momento, Mouriño era subsecretario de Electricidad en el ministerio que Calderón encabezó por sólo unos meses. Se aducía entonces como razón para que ejerciera ese cargo su experiencia legislativa. En efecto, como diputado en la LVIII Legislatura, había encabezado la Comisión de Energéticos pero no hay en esos años registro de alguna iniciativa o dictamen que mostrara las capacidades del legislador en esa materia.
Más bien se le había asignado ese cargo por la presencia de su familia en el mercado de combustibles en la península de Yucatán, donde el Grupo Energético del Sureste, fundado por Carlos Mouriño Atanés, pionero de la reconquista española de la economía mexicana, era ya una presencia dominante.El tránsito de Mouriño a un cargo en el gabinete tiene un ángulo positivo.
Como secretario de Gobernación ejercerá atribuciones sobre las que rendirá cuentas, a diferencia del privilegio que lo acompañaba como virtual vicepresidente de la República.
Decisiones "Políticas", ¡ ver para creer !
EL factor Ñ
La iglesia (política y económica) en manos de Mouriño
La iglesia (política y económica) en manos de Mouriño
Nacionalidad (y nacionalismo) al estilo Fox
“Madrileño y gallego, pero mexicanísimo”
A su propia carga de ilegitimidad, Felipe Calderón ha agregado el nombramiento como secretario de Gobernación de un personaje sin carrera ni experiencia política suficientes para llegar a ese cargo y que, además, nacido en Madrid y abundante y reiteradamente ligado a intereses económicos y políticos españoles, ahora se revela jurídicamente mexicano por nacimiento y se abre el camino para ser candidato presidencial de los partidos Popular (de España) y Acción Nacional (de México) a la sucesión de 2012. La iglesia (política y económica) en manos de Juan Camilo: financista de campañas presidenciales del PRI y el PAN, el campechano Grupo Empresarial del Sureste (GES), de la familia Mouriño, estará en mejores condiciones de participar en próximos negocios energéticos liberados y de apuntalar los proyectos del patriarca, Carlos Mouriño Atanes, quien hizo meteórica fortuna en México (siempre en relación con el poder político) y ahora diversifica en España el portafolio familiar de inversiones (entre escándalos de tráfico de influencias y corrupción política).
El depositario del factor Ñ (nació en España, se apellida Mouriño y suple a Ramírez Acuña) plantea tempranamente un boceto de nacionalidad formal y nacionalismo ínfimo parecido al que usó Vicente Fox para hacerse de manera oscura de la Presidencia de México, siendo el guanajuatense hijo de madre española y de padre que se dijo jurídicamente mexicano aunque también reivindicó su nacionalidad estadunidense, por lo cual a quien entonces usaba botas no lo habrían beneficiado ni siquiera las reformas salinistas que permiten ser candidato presidencial a quien sea hijo de padre “o” madre mexicanos y no obligatoriamente de mexicanos ambos. Mouriño se apunta para repetir el esquema de mentalidad y conducta desnacionalizada de Fox, y no sólo en caso de que fuese candidato panista en 2012 sino en el ejercicio de la cartera de Gobernación, desde la que se convertirá en gestor, promotor, socio y garante de los negocios de trasnacionales que pretende instaurar el calderonismo, sobre todo en el ramo de los energéticos. El hijo de estadunidense convenencieramente registrado como mexicano, Vicente Fox, terminó su sexenio declarándose amantísimo admirador del norteño país vecino; el madrileño Mouriño terminará su paso por el Palacio de Covián cerrando negocios con sus paisanos peninsulares que están en plena Reconquista de México (grandes negocios familiares, por ejemplo, en los ámbitos turístico e inmobiliario en las costas del sureste mexicano, sobre todo en la heroica y romántica Campeche).
El nuevo secretario de Goberñación apareció como personaje principal de esta columna el 17 de julio de 2007 bajo el título “Deudor de su pasado” y los sumarios “Iván el Fino, factor de la Reconquista” y “Madrileño y gallego, pero mexicanísimo”. En esa entrega se reprodujeron párrafos de una entrevista ofrecida por el virrey de México al diario El Faro de Vigo (el terruño familiar), en la que el periodista F. Franco le planteó el asunto de sus fidelidades nacionales: “Madrileño de nacimiento, gallego de origen, mexicano de nacionalidad, ¿cómo lleva usted esa mezcla de querencias?”, a lo que el pluricultural personaje respondió: “Sin duda que cada una de esas partes hace de mí lo que hoy soy. Uno es deudor de su pasado. Y es verdad que mi infancia se inicia en Madrid (nota del Registro Civil del Astillero: no es que uno nazca en un lugar, sino que su infancia se inicia allí), adonde mi padre fue por razones de trabajo, con largas estancias en Vigo durante los veranos”. El antedicho deudor de su pasado hispano escuchó al reportero decirle “Pronto entró México en su vida”, a lo que el entrevistado respondió: “Tenía seis o siete años cuando nos fuimos a México, Distrito Federal, para pasar luego a Campeche, donde terminé mis estudios tras licenciarme en economía por la Universidad de Tampa, en Florida. En Campeche se desarrolló mi familia empresarialmente. No es que tenga la nacionalidad mexicana, es que me siento mexicano hasta la médula”. Difícil es que algún mexicano sin conflicto de nacionalidad diga “me siento mexicano” en lugar de “soy mexicano”, pero luego así resultan algunas médulas inseguras.
Sin embargo, y a contrapelo de las voces que de inmediato denunciaron su nombramiento como una violación a la regla constitucional que obliga a los secretarios de Estado a ser mexicanos por nacimiento, Mouriño ha esgrimido la fracción II del apartado A del artículo 30 de la Carta Magna (de México, desde luego) que reconoce como mexicanos por nacimiento a quienes “nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional” (esta fracción fue reformada, para quedar así, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997). La mexicanidad formal de Mouriño fue asentada el 2 de octubre de 1989 en Tlatelolco, mediante el “certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento” 5419 que expidió la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues el solicitante “comprobó haber nacido en Madrid, España, el primero de agosto de 1971, de madre mexicana”. Ayer se dio difusión también al acta de nacimiento levantada en la sección consular del Servicio Exterior Mexicano en Madrid el 16 de enero de 1979 para dar cuenta de lo sucedido ocho años atrás.
Con tal documentación se pretende acallar las críticas al origen madrileño del nuevo jefe virtual del gabinete federal y, de una vez, allanar el camino para una eventual candidatura presidencial panista (que pelearía con otros miembros del círculo íntimo de Los Pinos: Germán Martínez, secretario de asuntos panistas, y el recién llegado Ernesto Cordero, al que pretenden inflar por su arribo a Sedeso). Según eso, Mouriño sería el hombre mejor colocado para participar en una contienda de guapuras, promovidas desde el erario, frente a Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard. ¡Hasta mañana, rediez!
martes, enero 15, 2008
"El restaurante “la continuidad” prepara banquete".
La Jornada
México S. A.
México S. A.
Voraces, los mismos políticos y empresarios de siempre se reparten la nación
En el horno se cocina el platillo más esperado de los últimos 25 años: la privatización del petróleo mexicano. Sentados en la mesa esperan los comensales de siempre y, de una u otra forma, los cocineros son los mismos que despachan desde hace cinco lustros, ayer en calidad de pinches, hoy como una suerte de chefs, aunque lo primero que se aprende nunca se olvida.
Ante la insistencia de los comensales, los chefs ya pusieron fecha al banquete: febrero próximo, mes en el que pretenden sacar el platillo del horno y, calientito, suculento, servirlo en la mesa de los patrones, quienes están felices por la excelente atención recibida en el restaurante “la continuidad”.
Quienes de ninguna manera están contentos son los mexicanos que, fuera del restaurante y pegados a la vitrina, estupefactos registran que los chefs que ahora avanzan en la elaboración del suculento platillo son prácticamente los mismos, con igual libro de recetas, privatizadores de banca, carreteras, satélites, aerolíneas, ingenios azucareros, ferrocarriles y demás empresas otrora propiedad de la nación, mismas que en no pocas ocasiones fueron “rescatadas” por el erario y terminaron en manos extranjeras.
Por lo mismo, el atónito auditorio, que nunca ha tenido acceso al restaurante (el cual, dicho sea de paso, ha cambiado de nombre a lo largo de los años –“renovación moral”, “solidaridad”, “bienestar para la familia”, “el cambio” y ahora “la continuidad”– pero no de mañas), que observa el proceso privatizador de la joya de la corona, exige –así sea por única vez– que los chefs no sean salvajes, porque un asunto tan delicado como éste, de innegable seguridad nacional, no puede dejarse en manos de las cúpulas políticas, de las mafias internas y externas, que han destrozado a la nación en sólo cinco lustros.
Es pedir peras al olmo, pero la decisión de privatizar el petróleo y terminar de “abrir” el sector eléctrico al capital privado requiere inteligencia y seriedad, amén de un análisis profundo con un amplio debate nacional, incluso un referéndum, porque lo que esa cúpula quiere “modernizar” (léase entregar al capital privado, extranjero y nacional, en ese orden) no es el Grupo Textil Cadena o Bicicletas Cóndor, sino un recurso natural que pertenece a la nación y que ha sido inamovible puntal de la precaria economía mexicana.
Ese grupo voraz –integrado por políticos y empresarios– ya cometió todo tipo de errores y excesos con la “modernización” y “desincorporación” (léase privatización) de muchos otros sectores estratégicos para el país; permanentemente acuerda en lo oscurito, concertacesiona descaradamente, trafica influencias hasta la ignominia, se ha hinchado de plata, ha desmantelado la infraestructura productiva del Estado y esquilmado al erario, entre otras tantas gracias, pero no tiene llenadero.
Desde el sexenio de Adolfo López Mateos se llamó Secretaría del Patrimonio Nacional, y José López Portillo le añadió el Fomento Industrial, que prevaleció hasta 1982. Con la llegada de la tecnocracia a Los Pinos, Miguel de la Madrid le cambió el nombre a Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, pero fue tal la “modernización” (léase privatización) del aparato productivo del Estado que en el sexenio de Zedillo ese kilométrico nombre simplemente quedó en Secretaría de Energía, que prevalece. Todo lo demás (minas e industria paraestatal) fue “modernizado”. Ahora ese mismo grupo, con algunas altas y unas cuantas bajas en su nómina, pretende que nombre y dependencia simple y sencillamente se borren del mapa político y administrativo mexicano.
Andrés Manuel López Obrador ayer denunció que los principales promotores de la privatización petrolera son “Felipe Calderón Hinojosa, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Santiago Creel Miranda, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Emilio Gamboa Patrón, Francisco Labastida Ochoa y Jesús Reyes Heroles González Garza”, y “desde este momento propongo que se les considere como candidatos a ocupar el sitio de traidores a la patria y llamo al pueblo de México a darle un puntual seguimiento a todos sus actos”.
Algunos más deben anotarse en la relación ofrecida por AMLO, pero en dicho inventario aparecen tres ex secretarios de Energía: Labastida, con Miguel de la Madrid; Reyes Heroles González Garza, con Zedillo, y Calderón, con Fox. El primero de ellos lo fue no sólo de Energía sino de Minas e Industria Paraestatal, o lo que es lo mismo el comienzo del desmantelamiento (“modernización”) de la industria del Estado.
Hoy, Francisco Labastida encabeza la Comisión de Energía del Senado, y es uno de los operadores de la privatización petrolera. Jesús Reyes Heroles González Garza es el director general de Pemex, y Felipe Calderón es el inquilino de Los Pinos, y junto a él Juan Camilo Mouriño, cuya familia, en menos que canta un gallo, armó uno de los principales grupos de gasolineras en el sureste (aún) mexicano. A su lado Emilio (artífice de la privatización carretera en el salinismo, entre otras estrellas) y Manlio, siempre en línea con las mejores causas (mercantiles). Por allí aparece la cabeza de Santiago Creel, quien trabajó en aquel despacho de abogados al lado del cuñado de Pedro Aspe (hoy “promotor de proyectos energéticos para la inversión privada en México”, por medio de su empresa Protego) y asesoraba al gobierno salinista en la privatización de empresas.
Y en el rincón, como la muñeca fea, Beatriz Paredes, “líder nacional del PRI”, quien “advierte” que “las bancadas de mi partido en el Congreso deberán consultar con la dirigencia cualquier reforma de las que se prevé sean promovidas este año”. Claro que sí.
Las rebanadas del pastel
En síntesis, los mismos de antes, los mismos de ahora, dedicados a jugar con fuego, en nombre de los “consensos necesarios”. Hasta que el país les estalle en la boca.
lunes, enero 14, 2008
CANANEA HOY. Visión "política" retrógrada.
El conflicto minero confirma quiénes son los que mandan
Cananea, un siglo después
Cananea, un siglo después
El caritativo Larrea
El espectáculo ofrecido por el gobierno federal en favor del zar del cobre, Germán Larrea, es digno de inicios del siglo pasado. Un conflicto minero en Cananea de nueva cuenta se utiliza para confirmar, por si alguien no estaba enterado, quiénes son los que mandan y al servicio de quién está la “autoridad”.
Es vergonzoso observar cómo un “gobierno” se hinca frente al gran capital, actúa como su cancerbero y procede como rompe huelgas, mientras el gobernador sonorense, Eduardo Bours, por instrucciones del centro, opera la pandilla; el secretario del Trabajo, el pianista Javier Lozano Alarcón, promueve la contratación de esquiroles para “acabar con el conflicto”; la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje da el visto bueno para la irrupción de las policías federal y estatal en la mina de Cananea antes de declarar “inexistente” la huelga y notificar su decisión a la parte sindical, y, en fin, la empresa, Grupo México, pretende “solucionar” el entuerto a golpe de chequera, como lo hizo en Pasta de Conchos.
Germán Larrea y su siempre caritativo Grupo México ordenó a sus operadores (entre ellos una docena de ex funcionarios públicos de primer nivel en gobiernos pasados) ofrecer a los trabajadores en huelga, entre otras cosas, lo siguiente: un bono de 15 mil pesos y otras prestaciones ordinarias y extraordinarias a los trabajadores que se reincorporen a las labores en Mexicana de Cananea antes de 72 horas; los mineros que acepten se sumarán a los trabajos “sin problemas, con prestaciones y sueldo íntegro”; otorgará un subsidio de gas doméstico en enero y febrero, además de 68 por ciento del sueldo, mientras no se tenga producción, ya que en ese periodo se restaurará el equipo; “bono de asistencia perfecta a partir del reinicio de labores (siempre y cuando sea hoy) y una foto a color del patrono Germán Larrea Mota Velasco sobándose las manos y acariciando las testas de Felipe Calderón, Eduardo Bours y Javier Lozano Alarcón.
En vía de mientras, va el siguiente comentario, que al final de cuentas 100 años no han sido nada: “No sabemos si los elocuentes hechos de Cananea habrán convencido al fin a los que, ciegos, no han podido ver el peligro que entraña el fenomenal incremento del capital americano en nuestra patria. Embrutecidos por las mentiras que propalan los periódicos de la dictadura, no reflexionamos, no nos tomamos el trabajo de pensar –puesto que el gobierno piensa por nosotros– lo peligroso que es para una nación débil como la nuestra, situada al alcance de la mano de otra nación poderosa y ambiciosa, esa prodigiosidad de franquicias que, puede decirse, pone nuestros intereses y aun la soberanía nacional a merced de la ambición del coloso americano.
“(El dictador) no ha encontrado otra cosa para hacerse el bombo a que está tan acostumbrado y que tanto necesita para que se le crea necesario por los bobos, que abrir los brazos a los negociantes extranjeros que, agradecidos, propalan en el exterior la grandeza de un gobierno en la que no creen los mexicanos. Bien convencido nuestro dictador de que el pueblo detesta su largo reinado, busca en el exterior el prestigio de que aquí carece, y tanto a eso como a los turbios negocios a que se entregan muchos de sus favoritos con quienes no quiere ni podría reñir, porque son su único apoyo interior, se debe esa invasión espantosa del capital americano que ya preludia el futuro desastre de nuestra nacionalidad.
“Nuestro porvenir, de continuar esa política de servilismo para el yanqui que ha dado tan triste fama a nuestro gobierno entre el pueblo, y ha despreciado tanto a nuestra nación en el exterior, porque las adulaciones interesadas que se hacen de Porfirio Díaz en el extranjero trascienden a mercenarismo, nuestro porvenir es ya bien claro: la esclavitud y la conquista.
“Sigamos fomentando el capital americano, si es que ya no queremos ser mexicanos; veamos impasibles la invasión yanqui a nuestro territorio, si es que nos conformamos con ser vasallos de un soberano extranjero, si en nuestras venas ya no corre aquella sangre con que los héroes escribieron sus nombres en la historia, si estamos tan degradados que poco nos importa vivir como ganado que todos pueden atropellar y del cual todos pueden disponer. Entonces seremos más degradados que las bestias, porque éstas defienden el cubil donde guardan sus cachorros.
“Creemos que todavía es tiempo de volver sobre nuestros pasos hasta el lugar en que dejamos el honor por seguir la senda torcida que nos marcó el despotismo y en la cual ya comenzamos a tropezar con los más serios obstáculos. Si seguimos por el mismo camino, después de andar un poco más ya no podremos buscar el bueno, el camino amplio y limpio que despreciamos por la admiración que nos causaron las lentejuelas del (dictador). Todavía es tiempo, conciudadanos; todavía es tiempo...”
Lo anterior es tan actual como la denuncia misma, hecha por Ricardo Flores Magón, alias Anakreón, quien publicó esos comentarios en el periódico El Colmillo Público (número 146) del 24 de junio de 1906, en el que relata “los hechos acaecidos en el mineral de Cananea en días anteriores”.
Las rebanadas del pastel:
Beneficios, aunque no existan: el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, dependiente del Consejo Coordinador Empresarial, asegura que de 1994 a 2007 “el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha contribuido a crear casi cinco millones de empleos”, lo cual resulta por demás dudoso, por no decir falso. En ese periodo la estadística oficial registra 4 millones 800 mil empleos (eventuales 40 por ciento de ellos) en toda la actividad económica nacional, que incluye a los sectores no relacionados con el TLCAN, es decir, a la mayoría. Ahora resulta que todo es gracias al trilateral. Sí, como no.
domingo, enero 13, 2008
CANANEA DE NUEVO
Han transcurrido más de 100 años, pero el mismo espíritu fascista que iluminó, antes del fascismo, el gobierno de Porfirio Díaz sigue vivo en nuestro país, aunque hoy procure manifestarse como simple gobierno de derecha. Lo que ocurrió en Cananea entre el 31 de mayo y el 3 de junio de 1906 se vuelve a producir ahora. Tal vez no intervengan los Rangers, pero sí autoridades federales y, por supuesto, los súbditos del señor Bours, el empresario gobernador de Sonora, aliado indiscutible, tal vez socio, del dueño de Minera México, el tal Larrea.
Los hechos son simples y expresan la clase de autoridades que padecemos en México. A mediados del año pasado, con motivo de las múltiples violaciones cometidas por la empresa dueña de la mina, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, planteó un emplazamiento a huelga fundado en una serie de violaciones cometidas por la empresa.
A pesar de haber cubierto todos los requisitos de ley, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró la inexistencia de la huelga, en virtud de que no había empezado a la hora anunciada; no se había cumplido el requisito de recabar la opinión mayoritaria de los trabajadores y no eran fundados los motivos del paro.
El sindicato promovió juicio de amparo en contra de esa resolución, manteniéndose entre tanto el estado de huelga gracias a la suspensión otorgada por el juez de distrito que conoció del asunto. Al resolverlo, el juzgador declaró improcedentes los motivos de inexistencia, particularmente la supuesta exigencia de acreditar mayorías antes del emplazamiento, y consideró fundados los motivos de la huelga.
El recurso de revisión promovido por la empresa fue desechado por el tribunal colegiado competente, que ordenó a la JFCA que dictara una nueva resolución.
La JFCA, organismo sumiso por naturaleza a las decisiones del secretario de Trabajo y, a mayor abundamiento, a las empresas, dictó un acuerdo en el que, contradictoriamente, expresando en el primer punto resolutivo que se trataba de una huelga iniciada a la hora anunciada –fundándose en una certificación notarial en el sentido de que había personas en el interior de la mina después de su iniciación, por supuesto sin definir si se trataba de auténticos trabajadores y si eran empleados de planta o de confianza, ni cuáles eran las labores que supuestamente realizaban–, declaró incumplido el requisito del estallido oportuno. Curiosamente, en el punto PRIMERO del resolutivo dijo textualmente: “Se declara inexistente la huelga estallada por el Sindicato Nacional… a las 12:00 horas, tiempo local del estado de Sonora del 30 de julio de 2007…”
La desvergüenza del presidente de la JFCA no es, por supuesto, la causa principal de la resolución. Hay que remontarse más arriba e incluir, en lugar preponderante, al secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, quien ha demostrado absoluta parcialidad en favor de la empresa. Sin olvidar que en nuestro sistema político una decisión de esa naturaleza es fundamentalmente imputable al Presidente de la República.
La resolución de la junta concedió 24 horas a los mineros para que se reintegren a su trabajo. Dentro de ese término se promovió juicio de amparo con solicitud de suspensión, que fue remitido al juez sexto de distrito en materia de trabajo, en el DF, que lo recibió alrededor de las siete u ocho de la noche del viernes. A esa hora, el juez no se encontraba en su lugar. Los sábados y domingos son horas inhábiles en materia de amparo laboral, por lo que el acuerdo de suspensión deberá ser dictado el lunes.
Como ha señalado la prensa, y de manera importante La Jornada, desde mucho antes de la notificación al sindicato se encontraban concentrados miembros del Ejército y de la Policía Preventiva. A las 10 de la mañana se inició el ataque contra los mineros, en plena vigencia del estado de huelga.
No hay disposición alguna que autorice el uso de la fuerza pública para romper una huelga. Hacerlo no es más que una muestra de la falta de escrúpulos de nuestras autoridades y una demostración de su espíritu fascista. Se ha violado la garantía constitucional prevista en la fracción XVIII del apartado “A” del art. 123.
Cananea, de 1906, se repite con la misma intensidad en 2008.
Néstor de BuenLAS DERECHAS EN EL PODER
Si muchos no lo ven es sólo porque no quieren verlo, pero los hechos están a la vista: las derechas en el poder son desastrosas. Su espíritu oligárquico no les permite gobernar más que de un modo: favorecer los intereses de los dueños de la riqueza sacrificando los intereses populares y del conjunto de la nación. Las derechas tampoco saben gobernar sino abusando del poder. Entre más poder tienen, mejor se desempeñan. Las derechas priístas tenían un poder indisputado y daban la impresión de que sabían gobernar, pero nos llevaron durante treinta años de una tragedia a otra sin solución de continuidad. La derecha panista (o, ¿las derechas?) ha resultado todavía más incompetente para gobernar, sobre todo, porque ya no cuenta con ese poder omnímodo de que gozaban las priístas.
Alguien ha dicho recientemente que los panistas son más cínicos en el ejercicio del poder que nuestros antiguos gobernantes priístas. Siendo cierto eso, yo agregaría que son, con toda evidencia, más irresponsables. Han olvidado por completo las enseñanzas de su fundador, don Manuel Gómez Morín, quien, influido por las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia, creía de verdad en la justicia social. Todo el que lea sus escritos tiene que admitir que muchos de sus argumentos e incluso muchas de sus propuestas podrían compartirse. Los panistas de hoy crecen ideológicamente con un odio visceral hacia lo que consideran de izquierda y, como la izquierda quiere siempre hablar a nombre del pueblo, en el fondo odian al pueblo, que para ellos es siempre el pueblo naco.
Cuando llegan al poder, actúan en consecuencia. Ellos están convencidos, como lo estuvieron los priístas derechistas que nos gobernaron durante decenios, que los únicos que pueden desarrollar la economía y construir el nuevo país en el que ellos piensan (tan confuso como todo lo que se alberga en sus mentes) son los que tienen el poder de la riqueza y de lo que ellos consideran es la cultura. Hay que gobernar para ellos cuando se tiene el poder. El pueblo es una noción que muy pocas veces aparece en el ideario panista y, para ellos, es el pueblo que trabaja con éxito empresarial y prospera y logra un buen nivel de vida. Los jodidos que viven de su trabajo, como asalariados o de la tierra, tan sólo con sus manos, o los comerciantes informales, ésos no son el pueblo en el que ellos piensan. Su pueblo es esencialmente clasemediero y tan proyanqui como lo son ellos mismos.
Gobernar para el pueblo y realizar la justicia social no está en el ideario de la derecha. El pueblo de los jodidos es, simplemente, un estorbo que prefieren dejar a las izquierdas para se entretengan con sus discursos demagógicos y vacíos. Si ese pueblo se alebresta queda siempre la fuerza represora del Estado y contra ella no tiene con qué responder. Están convencidos de ello. Para los panistas ultramontanos y yunquistas, la verdadera sociedad es la sociedad bonita a la que ellos piensan que pertenecen. La que nos dio el gran espectáculo en las bodas del panista Jorge Zermeño y del priísta Humberto Moreira, en las que el poder económico y el poder político se dieron la mano en el típico modo de ser de la derecha (panista y priísta).
Las derechas no tienen ideología, tienen intereses y a ellos responden siempre. Las ideas descerebradas con las que gobiernan siempre están referidas a sus intereses. El hacer promesas en las campañas electorales les parece que es sólo un recurso para ganar votos y no se ruborizan cuando, ya llegados al poder, se olvidan tranquilamente de las mismas. Sienten y piensan que los votantes les dieron el poder para que hicieran con él lo que les dé la gana. Saquear un erario público que hoy, a pesar de los pésimos sistemas de recaudación, es más rico que nunca, y dar a manos llenas el dinero de la nación a los empresarios, sus verdaderos héroes o apropiárselo ellos mismos, les parece la cosa más natural del mundo.
No hace muchos años, echábamos la culpa a los tecnócratas dogmáticos y obsesivos por el mal gobierno. Es algo que requiere ser revisado. No era, en el fondo, por ser tecnócratas que cometían tantos y tan flagrantes errores; era porque eran unos derechistas consumados. Sus errores no eran sólo técnicos o instrumentales; eran propósitos abiertamente derechistas y reaccionarios. Todavía no entiendo por qué muchos les llamaban “neo liberales” cuando debieron haberlos llamado por su verdadero nombre: derechistas. Nadie sabe a ciencia cierta lo que es un “neo liberal”, pero todos podemos entender lo que es un derechista.
Ciertamente, la derecha, como la izquierda o el centro mismo, cambian continuamente de signo. Yo, de Gómez Morín e incluso del ultramontano González Luna, no veo nada en los actuales panistas. Por sus intereses podemos conocerlos y nos han dado sobradas muestras de lo que son. Es en sus intereses que se diferencian, pero coincidiendo todos. Yo ya no veo mucha diferencia (excepto de siglas) entre la derecha priísta y la derecha panista (y hasta la derecha perredista). Todos buscan lo mismo: congraciarse con los dueños del capital y abrirles todos los caminos para que se enriquezcan sin medida. ¿Qué diferencia hay entre el presidente de México que a un hombre que no tenía más que inversiones sin ser todavía un empresario le entregó la varita mágica del enriquecimiento sin medida que se llamó Telmex y los que luego nos han gobernado haciendo de Televisa y de Tv Azteca un poder decisorio en la política nacional?
En política internacional, los gobiernos panistas han sido un fracaso total. Los priístas, que luego se volvieron derechistas, sabían hacer mucho mejor las cosas. Los panistas no tienen ni idea del mundo en que viven. La peor experiencia con ellos ha sido la tragedia de nuestros compatriotas que se han visto forzados a abandonar el país para buscar un mejor futuro en Estados Unidos. No les importa un bledo. No es su asunto. Es asunto de los jodidos de siempre que no saben hacer negocios ni ganarse la vida. Nos han dicho siempre que quieren un nuevo trato con la potencia receptora. Pero todo lo que hacen favorece el modo en el que las autoridades norteamericanas tratan a nuestros connacionales. Los yanquis saben que los panistas en el gobierno no tienen ningún interés en ello.
Que Felipe Calderón quiere privatizar Pemex, es un hecho. Nuestra compañía petrolera no necesita de inversión privada como lo sugirió varias veces el mismo Cuauhtémoc Cárdenas. Bastaría con que se le tratara como una verdadera compañía y no se le quitara el noventa por ciento de sus colosales ingresos para financiar a políticos y empresarios. Con ello le bastaría para ser una empresa modelo, como Petrobras de Brasil, que no cuenta con los cuantiosos recursos naturales de la nuestra. La inversión privada debería ser estrictamente complementaria y bien controlada. Que no le interesa el negocio, bueno, pues que no entre en él. Y es sólo un ejemplo de lo que la derecha hace en el poder.
Con la derecha en el poder, nuestro país va directo al destazadero y, si los demás no reaccionamos, un día no muy lejano nos encontraremos con que ya no tenemos país o, como dice Carlos Fernández-Vega, es un “México SA”, sin otra identidad que la de los buenos negocios para los ricos y los extranjeros.
Arnaldo Cordova.sábado, enero 12, 2008
CANANEA. Explotación y Represión a Mineros. 1906-2008
800 agentes de seguridad se enfrentan con trabajadores; hay 40 heridos y 5 desaparecidos
Disuelven huelga en Cananea con apoyo policiaco y militar
La JFCA declaró ayer “inexistente” el paro
Representantes del gremio tramitan amparo
Ulises Gutiérrez Ruelas (Corresponsal)
Ampliar la imagen Llegada de las fuerzas federales a la mina de Cananea Llegada de las fuerzas federales a la mina de Cananea Foto: Miriam Villavicencio, cortesía de Canal 12, de Sonora
Hermosillo, Son., 11 de enero. Al menos 800 agentes de seguridad, entre militares y policías federales y estatales, se enfrentaron a cientos de trabajadores que custodiaban los tres accesos principales de la empresa Minera de Cananea, a quienes desalojaron de las instalaciones una vez que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró inexistente la huelga iniciada en el 30 de julio pasado.
Sergio Tolano Lizárraga, se-cretario general de la sección 65 del sindicato minero, informó que el desalojo dejó un saldo de 40 mineros heridos –cinco requirieron hospitalización–; cinco detenidos, quienes fueron liberados a las 17 horas, e igual número de desaparecidos, incluida la esposa de un obrero.
“Las autoridades aventaron el papel (la notificación) por una puerta de la mina; yo no estaba presente. Ahora dicen que no quise recibirlo”, denunció el dirigente, quien reprobó la actitud de los gobiernos federal y estatal de no entregar debidamente los documentos, lo que hubiera evitado el enfrentamiento.
“Todo el tiempo hemos actuado conforme a derecho, incluso ahora que el gobierno determinó que la huelga es ilegal. En la ciudad de México estamos tramitando un amparo que debe salir este viernes (ayer) a nuestro favor”, dijo Tolano Lizárraga. Hasta el cierre de esta edición no se conocía dicho resolutivo.
Policías tempraneros
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer en la ciudad de México que a las 11:30 horas notificó al sindicato minero la declaración de inexistencia de la huelga; sin embargo, desde las 5:24 de la mañana llegaron a la mina ocho camiones con tropas del Ejército y la Policía Federal Preventiva.
De inmediato se corrió la voz por el pueblo. Muchos habitantes decidieron no salir a las calles, los niños no fueron a clases y varios comercios no abrieron. En los tres principales accesos de la mina los trabajadores de guardia se daban ánimos para no rendirse y se alentaban para defender sus derechos.
Pasadas las 7 horas llegaron también camionetas de la policía estatal investigadora y de Seguridad Pública. Las fuerzas sumaban casi 800 elementos, quienes se reunieron en la Casa de la Cultura, a unas cuadras de la principal entrada del socavón.
A las 10 de la mañana ocurrió la primera embestida. Los mineros no pudieron mantener el control de la puerta uno, ante la agresión con gases lacrimógenos, balas de goma y toletes.
“Llegaron repartiendo golpes”, denunció en ese momento Tolano Lizárraga, quien en las siguientes horas confirmó la caída de una de las tres puertas de la mina, además de las áreas de producción y almacenamiento.
A la 13:40 horas se generó el enfrentamiento más violento. Tolano Lizárraga llamó a sus compañeros a no exponer su vida y a reunirse en las oficinas del sindicato, a unas cuadras del lugar, para analizar las acciones que seguirían entonces.
Un comandante de la PFP con rango militar llegó a dichas oficinas e intentó diálogar con los mineros para evitar que retomaran el yacimiento, pero no tuvo éxito. A esas horas estaban reunidos unos 800 trabajadores.
Sobre los desparecidos, Tolano Lizárraga se comprometió “a dar con el paradero de cuatro compañeros y la esposa de uno, ya que no están detenidos en la agencia del Ministerio Público”. La reunión, que comenzó a las 17:30 horas, continuaba al cierre de esta edición.
El gobernador Eduardo Bours sostuvo que la presencia de la policía estatal fue para “permitir la entrada de los trabajadores a la mina”. En tanto, Benjamín Bolaños, vocero de Mexicana de Cananea, expuso que durante los 165 días que duró la huelga la empresa tuvo pérdidas por 500 millones de dólares.
Por la noche, Industrial Minera México informó en un comunicado que recuperó el control de los tres accesos a la mina, y anunció que “cientos de trabajadores” regresaron a laborar a esas instalaciones; sin embargo, esta versión fue desmentida por representantes del sindicato.
El yacimiento se recuperó antes de que se cumplieran las 24 horas que prevé la legislación
Carolina Gómez Mena
A pocas horas de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró por segunda vez inexistente la huelga en la mina de Cananea, Sonora, el Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) promovió un amparo contra esa decisión.
El abogado del gremio, Juan Rivero Legarreta, confió en ob-tener la protección de la justicia, pues la huelga en ese yacimiento propiedad de Grupo México fue “legal”.
A las 11:30 horas de ayer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer en un comunicado la decisión de la JFCA, y recordó que los trabajadores tienen 24 horas para regresar a sus labores, pues de lo contrario la empresa puede rescindir la relación laboral.
Justamente porque ese periodo está previsto en la Ley Federal del Trabajo, el abogado criticó que “fuerzas policiacas federales y locales, además de militares, se hayan apostado en las inmediaciones de la empresa con el fin de romper la huelga”.
El reclamo fue secundado por Juan Luis Zúñiga Velásquez, primer vocal del consejo general de vigilancia y justicia del sindicato minero, y Carlos Pavón, secretario de asuntos políticos, quienes reiteraron que la legislación laboral prevé un mínimo de 24 horas para atender la resolución.
Sin embargo, añadieron que esa actitud de “hostigamiento” hace pensar que la STPS y la empresa buscaron “reventar por la fuerza una huelga legalmente estallada”.
El cese de labores comenzó el 30 de julio pasado. Los mineros de la sección 65 exigieron entonces mejoras en las condiciones de higiene y seguridad; no obstante, el movimiento fue declarado inexistente por la JFCA, pero el gremio interpuso y ganó un amparo en contra de la decisión.
Fue un ataque vil: mineros
Consultado por este diario, Carlos Pavón criticó la resolución de la JFCA, órgano dependiente de la STPS, y calificó de acción “vil” el arribo de agentes federales y estatales.
Según representantes del gremio, a la mina llegaron más de 800 elementos en 80 patrullas. “Esto es un amago represivo y constituye una clara violación a la legalidad y a las garantías constitucionales”, señalaron.
Pavón informó que ayer por la tarde los trabajadores realizaban una asamblea para definir las próximas acciones.
La JFCA justificó su fallo al señalar que lo hizo “en estricto apego” a lo dispuesto por un tribunal colegiado que el 21 de diciembre de 2007 dejó sin efecto una primera resolución.
Por su parte, la STPS consideró que “no fueron satisfechos los requisitos de ley” para declarar la suspensión de labores, y tomó como base actas notariales presentadas por el sindicato y la empresa, en las cuales “se acredita que la huelga no estalló en la hora señalada en el emplazamiento”.
El abogado de los mineros, Juan Rivero Legarreta, precisó que el argumento de la JFCA es que “el día en que se estalló la huelga no estaban todos los trabajadores, pero esa no es una resolución jurídica, sino algo pueril” que no invalida la suspensión de actividades.
Sobre la presencia de policías y soldados en la mina, la STPS señaló que esa determinación se tomó para “facilitarles a los empleados el derecho al trabajo” y garantizar que puedan regresar con absoluta libertad a sus puestos.
El Sindicato Mexicano de Electricistas expresó su solidaridad con los mineros de Cananea, y calificó de “golpe artero e impúdico” el desalojo. Francisco Farina, vocero del Frente Sindical Mexicano, calificó al titular de la STPS, Javier Lozano, de “simple empleado del poder económico”. Por la noche, trabajadores de la sección 65 propusieron promover un paro nacional en el sector en protesta por la inexistencia de la huelga.
Explotación y Represión a Mineros. 1906-2008
Rebelión Minera [editar]
De http://es.wikipedia.org/wiki/Huelga_de_Cananea
El 1 de junio de 1906, más de 2000 trabajadores de origen mexicano en demanda de un salario equitativo al de sus compañeros mineros norteamericanos que también laboraban en la CCCC y jornadas de trabajo más justas, presentaron un pliego petitorio a William C. Greene, quien rechazó las demandas. Entonces los mineros decidieron llamar a Huelga, un acto nunca visto en la historia de México y que vendría a marcar un hito en la época Porfiriana. Los huelguistas portaban como símbolos la bandera de México y un estandarte con un billete de cinco pesos, cantidad demandada como salario mínimo.
El movimiento estaría encabezado por los trabajadores Juan José Ríos, Manuel M. Diéguez y Esteban Baca Calderón, quienes llamarían a sus compañeros mineros al cese de actividades laborales justo al momento de salir de las oficinas de negociación con la negativa de Greene.
Una vez iniciado el movimiento de huelga la masa de trabajadores se dirigía a protestar cuando al pasar a un costado de la maderería de la compañía se empezaron a oír las descargas de fusiles, los trabajadores norteamericanos tomaron armas y atentaron en contra de los huelguistas, en este acto murieron dos de los huelguistas y varios más resultarían heridos. En respuesta a esta agresión los mineros mexicanos atacaron con lo que disponían en el momento y a pedradas matarían a varios mineros estadounidenses, lo que desataría por completo la batalla entre mineros de las dos nacionalidades. Los trabajadores estadounidenses persiguieron a los mexicanos a lo largo del pueblo expulsándolos hacía la serranía de los alrededores, sin embargo en su camino los mexicanos lograron quemar la maderería donde aquellos laboraban.
En protesta por estos actos, Greene acudió al cónsul estadounidense, quien pidió apoyo al gobierno del vecino estado de Arizona, en respuesta a su petición se envió un grupo de rangers para controlar la situación, así el 2 de junio estos entrarían armados a territorio mexicano para custodiar la tienda de raya y las instalaciones de la minera, perseguir y asesinar con el apoyo de la policía rural porfirista, a todo huelguista que opusiera resistencia. Los mineros acudieron al gobernador de Sonora para exponer sus demandas, pero en el trayecto fueron agredidos por los rangers y se extendió el combate en el poblado; por la noche las tropas estadounidenses tuvieron que ser reembarcadas a su país. El 3 de junio se declaró Ley marcial en Cananea y el movimiento quedó casi controlado, los líderes mineros como Baca Calderón y otros integrantes del Partido Liberal Mexicano fueron aprehendidos y enviados a prisión política de San Juan de Ulúa, el saldo que arrojaron las dos jornadas de lucha fue de 23 muertos y 22 heridos, más de 50 personas detenidas y cientos que huyeron por temor.
El 4 de junio las actividades mineras regresarían a su normalidad, los trabajadores fueron sometidos y la incompetencia del entonces gobernador de Sonora Rafael Izábal se dejó ver, sin embargo el primer destello de luz de la Revolución se había dado en un pequeño poblado al norte del Estado de Sonora.
A la Huelga de Cananea la seguirían las insurrecciones que se prepararon para iniciar una Revolución social en México el 16 de septiembre de 1906, que fue descubierta y desactivada por la policía de Porfirio Díaz y detectives norteamericanos. El plan subversivo de Partido Liberal Mexicano, que incluía regresar a Cananea y unirse a los indios yaquis fue postergado.
Pliego Petitorio de la Huelga de Cananea [editar]
"1. Queda el pueblo obrero declarado en manifestación
"2. El pueblo obrero se obliga a trabajar bajo las condiciones siguientes:
I.La destitución del empleo del mayordomo Luis (nivel 19)
II. El mínimo sueldo del obrero será de cinco pesos, con ocho horas de trabajo.
III. En todos los trabajos de "Cananea Consolidated Copper Co.", se emplearán
el 75% de mexicanos y el 25% de extranjeros, teniendo los primeros las
mismas aptitudes que los segundos.
IV. Poner hombres al cuidado de las jaulas que tengan nobles sentimientos para
evitar toda clase de irritación.
V. Todo mexicano, en los trabajos de esta negociación, tendrá derecho al ascenso,
según se lo permitan sus aptitudes".
viernes, enero 11, 2008
Petróleo."Privatizar el petróleo, otro capítulo del saqueo al país"
México SA
Ahora que los coordinadores priístas en San Lázaro y Xicoténcatl reiteran su acuerdo con los panistas para echar toda la carne al asador en pos de la privatización del petróleo mexicano, habría que preguntarles cómo resolverán un episodio que para ellos probablemente sea de menor importancia, pero que para su partido debe ser de la mayor trascendencia.
Lo anterior, porque en su “declaración de principios” el Partido Revolucionario Institucional deja en claro que en materia energética “defiende el principio constitucional de propiedad de la nación, y se pronuncia en contra de todo intento de privatización del patrimonio de los mexicanos”, al tiempo que en su “programa de acción” se compromete a “mantener la rectoría del Estado mexicano, respetando la letra y el espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la soberanía en materia energética y garantizar que el patrimonio de nuestros recursos energéticos sea en beneficio de todos los mexicanos”.
Ante ese panorama, a Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones no les quedaría más que renunciar al PRI y quitarse la máscara para militar abiertamente en el PAN, o en su defecto el tricolor tendría que modificar declaración de principios” y “programa de acción” o incorporarse como un sector más a Acción Nacional.
Ello, porque a Emilio Gamboa –oficialmente coordinador de los diputados priístas– dejó en claro que, de la mano de Manlio Fabio Beltrones, el pastor tricolor en el Senado, van por una “reforma” que permita “la asociación de capitales privados con Pemex”, cuyo objetivo, “es abrir la posibilidad de participación privada en exploración y explotación de petróleo en aguas profundas, así como en generación de energía eléctrica, aunque no se trata de modificar el texto constitucional ni será una privatización plena”.
La primera “alianza”, explicó, sería con la brasileña Petrobras para la extracción de petróleo, algo que “ya se permite con 49 por ciento de participación de capital privado en energía eléctrica”, de tal suerte que la “reforma sólo la legalizaría” (ergo, se ha hecho de manera ilegal y alguien tendría que hospedarse en un reclusorio).
Semanas atrás, antes de Emilio, lo manifestó el coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones: “después de la reforma de seguridad y justicia (léase el Estado policiaco) vendrá la energética, aunque sin tratarse de “una privatización a ultranza”
Poco antes de Manlio lo dijo el presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta Francisco Labastida Ochoa: “serán nueve las leyes secundarias a replantear” en materia energética.
Y hoy lo reitera el inquilino en turno de Los Pinos: “sabemos que para generar empleos, crecimiento económico, aumentar la producción de México, en este caso para aumentar la producción de petróleo y gas… se requiere inversión. Las medidas de inversión que el gobierno propone para el país son para que la paraestatal (Pemex) sea más productiva, competitiva, orgullosamente mexicana y exclusivamente de mexicanos. Estas medidas llevan a darle más eficiencia al país, más empleo, crecimiento y producción así como crecimiento económico”.
Pero antes de esta temporada, lo dijeron todos los inquilinos que en los últimos 25 años ocuparon Los Pinos, sus secretarios de Energía, algunos legisladores priístas y prácticamente todos los panistas, con el mismo ritmo e iguales palabras: “es por el bien de México; hay que modernizar a Pemex; no se trata de privatizar” y etcétera, etcétera, mientras todos se dedicaron a saquear la paraestatal y a endrogarla hasta niveles de quiebra.
De Miguel de la Madrid a Vicente Fox no ha cambiado el discurso ni la actitud. A coro, y en medio del saqueo, dijeron que las privatizaciones “sirven para generar empleos, para generar crecimiento económico, para aumentar la producción de México…”, y después de 25 años y mil 200 empresas públicas privatizadas, reprivatizadas y extranjerizadas, si algo brilla por su ausencia en el país es el empleo, el crecimiento económico y el aumento de la producción.
Ahora repiten el discurso Felipe Calderón, los panistas y los priístas que reniegan de la “declaración de principios” del que se supone es su partido, para justificar la privatización petrolera
Desde su inicio, 25 años atrás, la venta de garage (léase el desmantelamiento del aparato productivo del Estado) se justificó con distintos términos. Así, Miguel de la Madrid dijo que para “modernizar” al país las privatizaciones eran más que necesarias; Salinas aseguró que con aquellas se alcanzaba el primer mundo y se “democratizaba el capital”, mientras Zedillo las impulsaba “para la plena participación de la sociedad” y Fox… bueno Fox dijo cualquier cantidad de barbaridades. El hecho es que todos hablaron de pagar la deuda social, generar empleo, estimular el crecimiento económico, promover la inversión, hacer un México más justo e igualitario, acabar con el monopolio y demás sarta de mentiras.
Y en ese proceso activamente participó buena parte de la cúpula priísta que hoy va en pos del petróleo, por mucho que Emilio Gamboa diga que no se trata de “una privatización plena”, que Manlio Fabio Beltrones jure que no quieren “una privatización a ultranza” y que Francisco Labastida lo haga tan sencillo como una simple “adecuación de leyes secundarias”, mientras el Salinas blanquiazul asegure que, privatizándola, Pemex se mantendrá “orgullosamente mexicana y exclusivamente de mexicanos”.
Las rebanadas del pastel
Dice el gobierno que la inflación no se ha desbocado ni hay riesgo de que suceda; que no hay escalada de precios y ni razón para aumentarlos. Si ello es correcto, entonces de dónde surge la necesidad y urgencia de firmar un pacto para “la estabilidad de precios y la protección de poder adquisitivo de las familias mexicanas”, el denominado “Programa Apoyo Familiar 2008”… Por cierto, habrá que demandar penalmente a los oculistas que revisan a los jilgueros oficiales, porque ellos aseguran que “no vemos” aumentos de precios; por el contrario, dicen, hay “grandes descuentos y reducción de tarifas”.
Petróleo. "Negociaciones" oscuras.
| Línea Global Una isla que México perdió ante EU La pesquisa sobre esta isla se asoma a las negociaciones secretas que mantuvieron México y Estados Unidos en materia de exploración y explotación del petróleo, así como a la presunta destrucción de los archivos con las actas de esas reuniones desde el Senado de la Republica para no rendir cuentas a la sociedad. La importancia de la isla radica en que establece los lindes marítimos entre Estados Unidos y México en los denominados “hoyos de dona” del Golfo de México, explica el investigador Fabio Barbosa Cano, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional. Estas zonas son dos: una frente a Tamaulipas y Texas –Polígono Occidental– y otra frente a Yucatán, Nuevo Orleáns y Cuba -Polígono Oriental–. Su potencial estimado es de 22 mil 500 millones de barriles de crudo, y al quedar entre los mares territoriales de dos o más países su aprovechamiento depende de los límites que se fijen. Ubicar la isla Bermeja “nos permitiría arrojar la frontera de México más al norte y conquistar una mayor parte para el interés mexicano frente a Estados Unidos, que quería arrojar su frontera más al sur con base en las islas Dernier”, define Barbosa
Pactos secretos
En 1997, durante las negociaciones bilaterales sobre esos lindes, trascendió que compañías estadounidenses perforaron pozos petroleros cercanos a la frontera con México; entonces se precipitaron las denuncias y estudios, así como la búsqueda de la Bemeja. En esos días “el único senador que en ese momento formulaba denuncias y que se quedó en la más absoluta soledad, incluso sufriendo sabotaje de sus colegas y que fue objeto de burlas, visto como un loco extravagante, fue el panista José Angel Conchello”, evoca Barbosa. Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Conchello advertía de los trabajos de perforación en el Golfo por la empresa Reading and Bates Corp., lo que confirmaba su sospecha de negociaciones ocultas con respecto al petróleo en su artículo ¿Entregar el petróleo? de la revista TUXpan (1 de diciembre de 1997). Ahí denunció: “todo parece indicar que el gobierno mexicano cedió ya el usufructo de la enorme riqueza petrolera de esa área a las trasnacionales estadounidenses... e incluso un convenio secreto para entregar el cuarto yacimiento de petróleo y gas más importante del mundo a la voracidad de la Unión Americana''. Pese a tal imputación, al aprobarse en noviembre de 2000 el Tratado sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México, mas allá de las 200 millas náuticas, “el senador había muerto (4 de agosto de 1998) en un extraño accidente nunca aclarado, y su investigación petrolera había desaparecido”, subraya el investigador Fabio Barbosa.
Inicia la pesquisa
En tanto, ya se indagaba sobre la isla mexicana que delimitaría nuestra frontera septentrional. Así lo revela un documento de la Secretaría de Marina del 23 de septiembre de 1997, firmado por el contralmirante Néstor E. Yee Amador, director general de Oceanografía Naval, dirigido al subsecretario de esa institución sobre el reconocimiento efectuado por el buque oceanográfico H-04 “Onjuku”. La inspección, realizada el 5 de septiembre a las 7:00 horas por el buque en la situación geográfica latitud 22º 33' N; longitud 091º22'W fue: “no habiéndose encontrado el supuesto islote Bermeja”, por lo que efectuó en el área un patrón de búsqueda de 322.5 millas náuticas cuadradas con un barrido hidroacústico, con resultados negativos”. El informe describe en el último párrafo de la fracción III: “no habiendo comprobado las de mayor profundidad por limitaciones de ecosonda que rebasan su capacidad de detección”, y anexa mapeo del barrido hidroacústico. Este reconocimiento indica para Fabio Barbosa que el equipo técnico del barco explorador no era suficiente, y aunque debió hacerse otra inspección con mejor tecnología, no hubo interés por localizar la isla de referencia. “¿Qué no hay recursos?”, dijeron. Ante ese resultado, el 14 de noviembre de ese año, Miguel Angel González Félix, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remitió el informe de Marina a Carlos M. Jarque, entonces presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Le solicitaba información “para saber si al norte de Cayo Arenas, Arrecife Alacrán y las islas de Cabo Catoche, existían otros accidentes topográficos”. Una vez más, la respuesta fue escueta: no hubo resultado. La isla no existía más. Al menos en la documentación oficial de fines del siglo XX que se encuentra en las comisiones de Relaciones Extreriores y de Energía del Senado de la República. Barbosa Cano, autor de libros como El petróleo en los Hoyos de Dona y otras áreas desconocidas del Golfo de México, y análisis como Permanencia de cacicazgos petroleros en procesos de modernización, decidió realizar una investigación independiente desde la academia. Acota: “este asunto de una isla desaparecida se presta a un tema de novela o a un tratamiento escandaloso, por lo que debemos ser rigurosos para no perder credibilidad”. Rastreó mapas históricos y encontró que ya en 1570 Abraham Ortelius la situó en su carta titulada en latín, America Nova Mundo Nova descriptio. Igual otro de Antonio de Herrera titulado Description del districto del audiencia de Nueva España. Antonio García Cubas en su Carta general de la República Mexicana y en los años 30 del siglo XX de la Secretaría de Comercio exhiben a la isla. Todos los mapas están accesibles en la Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM. Aún más. El 26 de julio de 1946, la Secretaría de Educación Pública editó el libro de Manuel Muñoz Lumbier “Islas Mexicanas”, de la colección Biblioteca Enciclopedia: ahí la Bermeja está en el catálogo y en su página 110 la ubica en el 22º 33' latitud norte y en el 91º 22`del oeste. La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística por su parte, posee en su Salón principal el Imperial Sheet Atlas que también exhibe a la Bermeja. En México, el catálogo de las islas lo elabora la Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Marina es la encargada de vigilar el territorio marítimo y costero. Sorprendente resulta conocer que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos también localizó a la isla Bermeja y la consigna en su Atlas, en donde aporta fotografías para alimentar el sitio web de la empresa Traveljournals.net. ¿Omisión del Senado? Para Barbosa Cano lo sorprendente es “la irresponsabilidad, incluso la frivolidad del Senado de la República, de la totalidad de sus miembros”, por no poner énfasis en esta cuestión. “Hay un consenso de la clase política para no hacer bulla, es un asunto de seguridad nacional, es un asunto estratégico”. Denuncia el también asesor de Petróleos Mexicanos y del Senado de la República que los participantes en las negociaciones bilaterales “ocultaron sus identidades al pueblo de México y no quisieron dar la cara”. ¿Quiénes fueron? -Algunos de los senadores miembros de las comisiones de Energía y de Relaciones Exteriores. No sólo se ocultan sino que se destruye la información de tal manera que no quede rastro, que no quede ningún vestigio. Estos documentos (la búsqueda de Marina) son oficiales, se destruye información, que no haya archivos sobre esto, puede pasar meses en las oficinas y sólo sale con una irritación espantosa. ¿Por qué se ocultan los responsables? ¿Por qué se destruye la información? -Porque en los países dependientes, subdesarrollados, las élites dominantes subordinadas tienen que ocultar constantemente la negociación que tienen con las metrópolis en las que sufren terribles humillaciones. Ejemplifica el académico el escaso interés del legislativo a informar de la negociación con una nota de prensa que al anunciarse el acuerdo bilateral dio más relevancia a la aprobación de los “autos chocolate que a la negociación; ahí se observa el desdén del Senado por este tema”. “El petróleo sólo les interesa a los miembros de la clase política como una fuente de ingresos y no les interesa perfeccionar los instrumentos para detectarlo, conocerlo, defenderlo. Lo único que quieren es venderlo cuanto antes, incluso sacrificando porciones del territorio nacional”, enfatiza el investigador.
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