Privatizaciones ó el despojo de la riqueza Nacional

La Jornada

Claudia Sheinbaum Pardo

Privatización energética: ¿por qué y para quién?

El gobierno de facto que encabeza Felipe Calderón, en alianza con dirigentes del PRI, se apresta a modificar diversas leyes, entre ellas la reglamentaria del artículo 27 constitucional para permitir la inversión privada en almacenamiento, transporte y explotación de petróleo en aguas profundas. Hablan de la necesidad de recursos privados en el sector petrolero, sin siquiera hacer una evaluación de cuáles han sido los resultados de la apertura al capital privado en el sector eléctrico, producidos por la reforma de 1992, a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica.

De acuerdo con la información de la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE), 30 por ciento de la generación total de electricidad es producida por privados. Los efectos de esta privatización, además de la pérdida de soberanía, son los siguientes:

1. La electricidad que generan los privados es más cara que la generada por CFE. Esto es así, porque todos los kilovatios hora que generan los privados los adquiere CFE a un precio que tiene incluido los costos de endeudamiento, construcción, operación, mantenimiento y ganancias de los privados. Además de la ganancia, la triangulación de recursos vía los privados, resulta más cara para el país, pues el costo del financiamiento obtenido por ellos en el mercado internacional es mayor que el que obtendría la CFE. En realidad no son más que un intermediario costoso e innecesario.

2. El porcentaje de reserva de generación de electricidad ha llegado a representar más de 50 por ciento, cuando lo óptimo es 27 por ciento. Es decir, se han construido más plantas de las que el país necesita y todas a través de productores privados. Para operarlas, el país está importando gas, generando una electricidad que no necesitamos y que nos cuesta mucho más.

3. Por cumplir con los contratos con las empresas privadas, la CFE ha modificado el llamado despacho de carga, generando costos económicos, ambientales y humanos, como el reciente en el caso de Tabasco. El despacho de carga es en teoría el programa de entrada y salida de las plantas de generación, de acuerdo con la demanda, la disponibilidad y el precio de generación. Pero, por comprar electricidad a los privados, la CFE tiene plantas propias en su capacidad mínima de generación e incluso paradas. De esta forma, por ejemplo, a las hidroeléctricas que producen a menor costo (0.15 pesos el kilovatio-hora vs 0.60 de los privados) y menor contaminación atmosférica se les mantienen generando a un mínimo de capacidad, a pesar de que las presas estén funcionando por encima de su nivel de riesgo. Es decir, que la innecesaria “compra” de electricidad a los privados no sólo es 400 por ciento más cara que la generada por las hidroeléctricas de CFE, sino que además implica poner ese fraudulento negocio, por encima de la seguridad de la población, con las consecuencias que están a la vista.

Cuando promovieron el cambio a la ley eléctrica, el argumento era que “no había recursos para generar electricidad”. El resultado son mayores costos públicos, electricidad más cara y un amarrado negocio multimillonario de unos cuantos. Hoy utilizan el mismo trillado argumento para el petróleo, cuando lo que se propone, con el mismo esquema, es amarrar otro negocio de intermediación financiera que nos saldrá, de nuevo, mucho más caro.
Nos dicen esto cuando a todos los mexicanos les pertenece la segunda empresa petrolera con mayores ganancias del mundo antes de impuestos. No sólo debemos revertir lo que ha sucedido en el sector eléctrico, sino que es imperativo impedir que ocurra en Pemex