La Jornada
Alejandro Nadal
Maíz transgénico en el Distrito Federal
El maíz transgénico llegó al Distrito Federal. Es una noticia alarmante, cargada de implicaciones negativas: un paso más en la ofensiva de las corporaciones productoras de organismos genéticamente modificados (OGM) para invadir, por la vía de los hechos, el campo nacional con esos productos. Su objetivo es claro: hacer irreversible la difusión de sus OGM y asegurarles así la apertura de nuestro mercado. Desde el punto de vista ecológico, la mala noticia es que la integridad del germoplasma maicero de México está amenazada. Desde el punto de vista social, los productores mexicanos pueden perder uno de sus principales activos: los recursos genéticos que han estado desarrollando desde hace siglos.
La presencia de maíz transgénico en el suelo de conservación del Distrito Federal es el principal hallazgo de una importante investigación del científico mexicano Antonio Serratos, publicada este año en la revista especializada Frontiers of Ecology and the Environment (órgano de la Sociedad Estadunidense de Ecología). El estudio incluyó trabajo de campo realizado en el suelo de conservación en las delegaciones de Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Magdalena Contreras. La técnica utilizada consistió esencialmente en pruebas de inmunoensayo sobre muestras de maíces que revelaron la presencia de dos proteínas transgénicas distintas: la proteína CP4 EPSPS (que produce tolerancia al herbicida Glifosato) y Cry1Ab/c (que confiere resistencia a insectos lepidópteros en maíz).
Aunque la investigación no detecta la frecuencia estadística, ni la frecuencia completa del transgen utilizado, desde el punto de vista legal el análisis es determinante y no hace falta un examen a nivel molecular más detallado. Si un estudio análogo sobre la parcela de un productor orgánico en el Distrito Federal arrojara el mismo resultado, ese productor perdería ipso facto su registro y el acceso al mercado de productos orgánicos, independientemente de la frecuencia o del tipo de transgen que hubiera sido detectado por el estudio: bastaría una sola planta contaminada para eliminar del registro de productos orgánicos toda la parcela. Además, bajo la legislación vigente en materia de bioseguridad, ese productor carecería de recursos legales para reparar el daño causado. Bajo estas condiciones, cualquier plan para desarrollar la agricultura orgánica peligra con la difusión de los transgénicos.
Esta revelación contradice las afirmaciones repetidas del secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, de que sólo hay rumores sobre la presencia de transgénicos. Evidentemente el titular de la Sagarpa ha sido muy mal informado y debiera poner atención, pues está comprometida su responsabilidad en este asunto tan grave.
Después de los hallazgos reportados por Chapela y Quist en la revista Nature (2001), de los estudios realizados por INE-Conabio (2001) y por un grupo de organizaciones civiles y de productores del campo (2003), informando sobre la presencia de maíz trangénico, así como la confesión reciente de grupos de agricultores en Chihuahua que afirman estarlo sembrando, el trabajo de Serratos viene a corroborar la gran dispersión del maíz transgénico en México.
Una buena noticia es que el mismo científico ha liderado una red de investigadores de cinco universidades y centros de investigación para diseñar un proyecto dirigido a transformar el suelo de conservación del Distrito Federal en un refugio para el rescate del germoplasma de los maíces nativos del altiplano mexicano. El proyecto tiene tres componentes principales. Primero, permitirá la detección de material transgénico en los maíces sembrados en el suelo de conservación. Esta actividad de monitoreo es vital para poder preservar localmente la constitución genética de las razas nativas del altiplano. Segundo, el proyecto propone desarrollar alternativas agroecológicas, sustentables, económicamente benéficas para los productores. Estas líneas de producción pueden competir ventajosamente frente a maíces híbridos convencionales o los transgénicos en los mercados de productos alimenticios de gran valor agregado. El tercer componente innovador del proyecto del doctor Serratos y sus colaboradores es el enfoque revolucionario de fusionar la biotecnología con los principios de la agroecología. Eso permitirá avanzar hacia un nuevo paradigma científico y una nueva trayectoria para la biotecnología molecular, con efectos benéficos para la producción de millones de campesinos pobres en el mundo.
Los principales objetivos del proyecto ya fueron recogidos en el Plan Verde del Gobierno del Distrito Federal, reconociendo así la relevancia de este estudio para el mantenimiento y la sustentabilidad del suelo de conservación, así como para el régimen de bioseguridad.
En el contexto internacional se está produciendo un viraje. Francia acaba de anunciar una moratoria indefinida sobre los cultivos transgénicos por los riesgos que implica su utilización y dio a conocer planes ambiciosos para promover la agricultura orgánica. Se une así a Alemania, Hungría, Polonia, Austria y Grecia, al reconocer la importancia de vincular la producción agroecológica con el rechazo a los transgénicos.
En nuestro país, el proyecto del doctor Antonio Serratos y su equipo es la clave para el futuro del germoplasma maicero mesoamericano, la seguridad alimentaria y el bienestar de los productores del campo.
miércoles, octubre 31, 2007
lunes, octubre 29, 2007
"De olvidos y traiciones"
La Jornada
Bernardo Bátiz V.
jusbbv@hotmail.com
De olvidos y traiciones
El gobierno encabezado por Felipe Calderón, surgido de un fraude electoral ampliamente documentado, (quizás por lo mismo) es olvidadizo tanto de la doctrina del partido que lo sostuvo como candidato como de principios fundamentales de la Constitución mexicana.
En los últimos días han quedado postergados preceptos básicos de nuestra ley fundamental por actos de una autoridad que toma decisiones coyunturales y desesperadas, para hacer algo, lo que sea, y al mismo tiempo quedar bien con el gobierno de Estados Unidos echando por la borda dignidad y patriotismo; se olvidan, por ejemplo, de que según el artículo 27 constitucional sólo podrán conceder derechos a los extranjeros, similares a los que tenemos los mexicanos en materia de tierras, aguas y concesiones, siempre que convengan con la llamada “cláusula Calvo”, que para quienes la hayan olvidado, les recuerdo: establece que los extranjeros que inviertan en el país deben convenir ante la Secretaría de Relaciones (SRE), el considerarse como nacionales respecto de los bienes que adquieren y no invocar protección de sus gobiernos, bajo la pena de perder lo adquirido en beneficio de la nación . Esto es, se les permite ganar aquí, pero sólo a cambio de que corran la misma suerte que los nacionales mexicanos.
Contraviniendo el espíritu del precepto y en un acto abiertamente discriminatorio en contra de los mexicanos, el gobierno de hoy se compromete a otorgar un blindaje o garantía a las inversiones extranjeras en México, si se ven en problemas con motivo de movimientos sociales; este blindaje es sin duda discriminatorio, sólo se otorga a empresas extranjeras y no a mexicanos, y es absurdo porque el gobierno no puede garantizar en contra de riesgos posibles, que se corren en todas partes del mundo, a quienes, como los grandes inversionistas, quieren abundantes ganancias, pero sin arriesgar nada. ¿No es precisamente el riesgo una premisa del sistema de libre empresa?
Pero no, en México quieren ir súper blindados y no correr el mínimo peligro, no se conforman con la evasión fiscal y con las corruptelas habituales, sino que ahora buscan la protección gubernamental a sus inversiones. El gobierno obsecuente se apresura a servirles, ignorando u olvidando que durante todo el siglo XIX los grandes problemas del país se derivaron de la exigencia de inversionistas extranjeros buscadores del auxilio de sus gobiernos; recordemos la guerra de los pasteles y la intervención de las potencias europeas en tiempos de Juárez.
Otro olvido o franca ignorancia es el de la exigencia constitucional de que sea el Senado el que apruebe el convenio, tratado o compromiso político que el Ejecutivo pretende celebrar con el gobierno estadunidense, supuestamente en contra del terrorismo y el narcotráfico. La SRE responde a la exigencia del senador Ricardo Monreal de que entregue a los senadores el documento de ese acuerdo, diciendo que no es un tratado ni una convención internacional, sino un “compromiso político”.
¿Qué es eso? ¿Qué es un tratado si no compromisos recíprocos entre dos estados? El maestro Modesto Seara Vázquez, reconocido tratadista de derecho internacional, dice: “Un tratado es un acuerdo concluido entre dos o más sujetos de derecho internacional” (Derecho internacional público, Editorial Porrúa, México). Un “compromiso político” lo llamó, en forma ambigua y elusiva, doña Patricia Espinoza, ¿no es acaso un acuerdo?; una de las partes, Estados Unidos, se compromete a donar a México mil 400 millones de dólares, ¿Cuál será la contraprestación? ¿Cuál será el compromiso de México?
Ciertamente no puede dejar de haberlo, aun cuando sólo fuera el de la gratitud, pero ya sabemos que nuestros vecinos, según su propia confesión, “no tienen amigos sino intereses”, ¿o es que se volvieron de pronto desinteresados? Claro que no; tal como exigió el senador Monreal, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe entregar el documento en que conste el compromiso político para que sea el Senado quien lo acepte o rechace.
El equipo panista que ejerce el poder, y el mismo Calderón, se olvidan también de la doctrina de su propio partido al echarse en brazos de nuestros vecinos del norte, en contra del principio número uno de su documento fundacional, denominado precisamente Principios de Doctrina, aprobado en 1939, que declaró en un texto elegante, hoy abandonado, que la nación mexicana esta “ligada esencialmente a la gran comunidad de historia y cultura que forman las naciones hispánicas”.
OTRO SÍ DIGO: Recomiendo ampliamente la película Sicko, del cineasta heterodoxo estadunidense Michael Moore, en la que se muestran las entrañas del injusto, desigual, discriminatorio y voraz sistema de salud de Estados Unidos, y se le compara con los sistemas de otros países, en los que la salud es un derecho universal a cargo del Estado, como Canadá, Inglaterra, Francia o Cuba. Especialmente deben ver esta cinta quienes están empeñados en privatizar y, por tanto, encarecer más en México los servicios de salud.
Bernardo Bátiz V.
jusbbv@hotmail.com
De olvidos y traiciones
El gobierno encabezado por Felipe Calderón, surgido de un fraude electoral ampliamente documentado, (quizás por lo mismo) es olvidadizo tanto de la doctrina del partido que lo sostuvo como candidato como de principios fundamentales de la Constitución mexicana.
En los últimos días han quedado postergados preceptos básicos de nuestra ley fundamental por actos de una autoridad que toma decisiones coyunturales y desesperadas, para hacer algo, lo que sea, y al mismo tiempo quedar bien con el gobierno de Estados Unidos echando por la borda dignidad y patriotismo; se olvidan, por ejemplo, de que según el artículo 27 constitucional sólo podrán conceder derechos a los extranjeros, similares a los que tenemos los mexicanos en materia de tierras, aguas y concesiones, siempre que convengan con la llamada “cláusula Calvo”, que para quienes la hayan olvidado, les recuerdo: establece que los extranjeros que inviertan en el país deben convenir ante la Secretaría de Relaciones (SRE), el considerarse como nacionales respecto de los bienes que adquieren y no invocar protección de sus gobiernos, bajo la pena de perder lo adquirido en beneficio de la nación . Esto es, se les permite ganar aquí, pero sólo a cambio de que corran la misma suerte que los nacionales mexicanos.
Contraviniendo el espíritu del precepto y en un acto abiertamente discriminatorio en contra de los mexicanos, el gobierno de hoy se compromete a otorgar un blindaje o garantía a las inversiones extranjeras en México, si se ven en problemas con motivo de movimientos sociales; este blindaje es sin duda discriminatorio, sólo se otorga a empresas extranjeras y no a mexicanos, y es absurdo porque el gobierno no puede garantizar en contra de riesgos posibles, que se corren en todas partes del mundo, a quienes, como los grandes inversionistas, quieren abundantes ganancias, pero sin arriesgar nada. ¿No es precisamente el riesgo una premisa del sistema de libre empresa?
Pero no, en México quieren ir súper blindados y no correr el mínimo peligro, no se conforman con la evasión fiscal y con las corruptelas habituales, sino que ahora buscan la protección gubernamental a sus inversiones. El gobierno obsecuente se apresura a servirles, ignorando u olvidando que durante todo el siglo XIX los grandes problemas del país se derivaron de la exigencia de inversionistas extranjeros buscadores del auxilio de sus gobiernos; recordemos la guerra de los pasteles y la intervención de las potencias europeas en tiempos de Juárez.
Otro olvido o franca ignorancia es el de la exigencia constitucional de que sea el Senado el que apruebe el convenio, tratado o compromiso político que el Ejecutivo pretende celebrar con el gobierno estadunidense, supuestamente en contra del terrorismo y el narcotráfico. La SRE responde a la exigencia del senador Ricardo Monreal de que entregue a los senadores el documento de ese acuerdo, diciendo que no es un tratado ni una convención internacional, sino un “compromiso político”.
¿Qué es eso? ¿Qué es un tratado si no compromisos recíprocos entre dos estados? El maestro Modesto Seara Vázquez, reconocido tratadista de derecho internacional, dice: “Un tratado es un acuerdo concluido entre dos o más sujetos de derecho internacional” (Derecho internacional público, Editorial Porrúa, México). Un “compromiso político” lo llamó, en forma ambigua y elusiva, doña Patricia Espinoza, ¿no es acaso un acuerdo?; una de las partes, Estados Unidos, se compromete a donar a México mil 400 millones de dólares, ¿Cuál será la contraprestación? ¿Cuál será el compromiso de México?
Ciertamente no puede dejar de haberlo, aun cuando sólo fuera el de la gratitud, pero ya sabemos que nuestros vecinos, según su propia confesión, “no tienen amigos sino intereses”, ¿o es que se volvieron de pronto desinteresados? Claro que no; tal como exigió el senador Monreal, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe entregar el documento en que conste el compromiso político para que sea el Senado quien lo acepte o rechace.
El equipo panista que ejerce el poder, y el mismo Calderón, se olvidan también de la doctrina de su propio partido al echarse en brazos de nuestros vecinos del norte, en contra del principio número uno de su documento fundacional, denominado precisamente Principios de Doctrina, aprobado en 1939, que declaró en un texto elegante, hoy abandonado, que la nación mexicana esta “ligada esencialmente a la gran comunidad de historia y cultura que forman las naciones hispánicas”.
OTRO SÍ DIGO: Recomiendo ampliamente la película Sicko, del cineasta heterodoxo estadunidense Michael Moore, en la que se muestran las entrañas del injusto, desigual, discriminatorio y voraz sistema de salud de Estados Unidos, y se le compara con los sistemas de otros países, en los que la salud es un derecho universal a cargo del Estado, como Canadá, Inglaterra, Francia o Cuba. Especialmente deben ver esta cinta quienes están empeñados en privatizar y, por tanto, encarecer más en México los servicios de salud.
domingo, octubre 28, 2007
El petróleo en manos de administraidores
La Jornada
José Antonio Rojas Nieto
rojasags@yahoo.com.mx
La renta petrolera de 2007
Una vez más, las cotizaciones internacionales del petróleo alcanzaron un máximo histórico en moneda corriente. Sin duda se acercan ya a los altos valores constantes de 1980 y 1981. Tanto en términos de precio, como del peso o significación de lo pagado anualmente por el petróleo consumido respecto al valor anual del producto mundial.
Lo sorprendente –acaso ya no tanto– es que este viernes 26, el barril del marcador West Texas Intermediate (WTI) cerró a 91.86 dólares. Y el de nuestra nezcla mexicana de exportación en 76.95. Mucho movimiento de compra y venta de futuros explica estos últimos ascensos.
Los Fondos de Pensiones que compraron mucho crudo hace dos o tres años, toman utilidades. Pero también restringen sus ventas cuando el mercado reacciona la baja, como sucedió los días 17 y 23 de octubre.
Ya habrá ocasión de tratar un poco más ampliamente eso que en inglés denominan open interest, se trata de la expresión del número de contratos y el volumen de crudo que día a día se comercializa, en nuestro caso en el mercado spot de Nueva York.
Y, para ejemplificar con lo comercializado este viernes, para las entregas a un mes, a dos meses, a tres meses y así sucesivamente hasta diciembre de 2015. Los primeros comentarios hacen pensar en que este viernes se registró un récord de contratos negociados. Sería expresión de un ascenso en el volumen de crudo negociado en la bolsa y que da precio a los contratos de suministro de todo el mundo. Pero ya comentaremos eso en otra ocasión.
Lo cierto es que con el alto precio del viernes, el promedio del mes de octubre se acerca a los 85 dólares para el caso del WTI. Y a los 72 dólares para el caso de nuestra mezcla. Recordemos que el precio presupuestal para este año fue de 42.80, con una plataforma de exportación de mil 648 millones de barriles al día. Y que el tipo de cambio presupuestal para convertir los ingresos petroleros a moneda nacional fue de 11.10 pesos por dólar.
Pues bien, si en noviembre y diciembre se conservaran los precios al nivel del mes de octubre, el WTI cerraría en 71 dólares. Y nuestra mezcla en cerca 60 dólares por barril. Ahora bien, si el volumen de crudo exportado en todo 2007, fuera similar al del promedio de los primeros 10 meses del año, los resultados serían los siguientes. Un precio medio de nuestra mezcla mexicana de 59.38 dólares por barril, 16.58 dólares por barril superior al presupuestado. Y un volumen de crudo exportado superior en 58 mil barriles al día, también al presupuestado (un millón 648 mil al día).
Esto arrojaría ingresos por estas exportaciones superiores en cerca de 11 mil 700 millones de dólares a lo presupuestado. Un poquito menos en pesos considerando un leve ajuste a la baja del tipo de cambio. Pero, pero… los ingresos por petróleo del gobierno federal –básicamente los derechos de extracción de hidrocarburos– no se reducen a los captados por el volumen de crudo exportado. Internamente Pemex Exploración y Producción (PEP) destina cerca de un millón 400 mil barriles diarios a la refinación interna. Este petróleo también fue presupuestado, con una cotización casi dos dólares arriba de la de exportaciones. ¿Por qué? Por el mayor contenido de ligeros que exigen nuestras refinerías. Un ligero cálculo mostraría que ese precio fue de 44.56 dólares por barril, correspondientes a los 42.80 presupuestales del crudo exportado.
Termino diciendo que el mercado petrolero de 2007 ubicará esta cotización del curdo consumido internamente en 17.26 dólares por barril por encima del precio presupuestal. Y con ello, el precio presupuestal general de 43.76 dólares por barril –con 54 por ciento de crudo exportado y 46 por ciento de crudo consumido internamente– resultará ser 16.95 dólares inferior al estimado para el cierre del 2007. ¿Qué significa esto? Que pese al lamentable decaimiento de Cantarell, la renta petrolera de este año no será de 43 mil millones de dólares (incluso dejándole a Pemex su mismo costo del año anterior). Será levemente superior a los 63 mil millones de dólares, ni más ni menos que 20 mil millones de dólares más.
Una vez más digo algo que debo decir. Nunca antes, gobierno alguno recibió tanto dinero por concepto de renta petrolera. Nunca. Y entonces…. ¿por qué sucede lo que sucede? Ya no sólo digo Pidiregas, sino el lamentable y doloroso accidente en la Sonda de Campeche. ¿Por qué?
José Antonio Rojas Nieto
rojasags@yahoo.com.mx
La renta petrolera de 2007
Una vez más, las cotizaciones internacionales del petróleo alcanzaron un máximo histórico en moneda corriente. Sin duda se acercan ya a los altos valores constantes de 1980 y 1981. Tanto en términos de precio, como del peso o significación de lo pagado anualmente por el petróleo consumido respecto al valor anual del producto mundial.
Lo sorprendente –acaso ya no tanto– es que este viernes 26, el barril del marcador West Texas Intermediate (WTI) cerró a 91.86 dólares. Y el de nuestra nezcla mexicana de exportación en 76.95. Mucho movimiento de compra y venta de futuros explica estos últimos ascensos.
Los Fondos de Pensiones que compraron mucho crudo hace dos o tres años, toman utilidades. Pero también restringen sus ventas cuando el mercado reacciona la baja, como sucedió los días 17 y 23 de octubre.
Ya habrá ocasión de tratar un poco más ampliamente eso que en inglés denominan open interest, se trata de la expresión del número de contratos y el volumen de crudo que día a día se comercializa, en nuestro caso en el mercado spot de Nueva York.
Y, para ejemplificar con lo comercializado este viernes, para las entregas a un mes, a dos meses, a tres meses y así sucesivamente hasta diciembre de 2015. Los primeros comentarios hacen pensar en que este viernes se registró un récord de contratos negociados. Sería expresión de un ascenso en el volumen de crudo negociado en la bolsa y que da precio a los contratos de suministro de todo el mundo. Pero ya comentaremos eso en otra ocasión.
Lo cierto es que con el alto precio del viernes, el promedio del mes de octubre se acerca a los 85 dólares para el caso del WTI. Y a los 72 dólares para el caso de nuestra mezcla. Recordemos que el precio presupuestal para este año fue de 42.80, con una plataforma de exportación de mil 648 millones de barriles al día. Y que el tipo de cambio presupuestal para convertir los ingresos petroleros a moneda nacional fue de 11.10 pesos por dólar.
Pues bien, si en noviembre y diciembre se conservaran los precios al nivel del mes de octubre, el WTI cerraría en 71 dólares. Y nuestra mezcla en cerca 60 dólares por barril. Ahora bien, si el volumen de crudo exportado en todo 2007, fuera similar al del promedio de los primeros 10 meses del año, los resultados serían los siguientes. Un precio medio de nuestra mezcla mexicana de 59.38 dólares por barril, 16.58 dólares por barril superior al presupuestado. Y un volumen de crudo exportado superior en 58 mil barriles al día, también al presupuestado (un millón 648 mil al día).
Esto arrojaría ingresos por estas exportaciones superiores en cerca de 11 mil 700 millones de dólares a lo presupuestado. Un poquito menos en pesos considerando un leve ajuste a la baja del tipo de cambio. Pero, pero… los ingresos por petróleo del gobierno federal –básicamente los derechos de extracción de hidrocarburos– no se reducen a los captados por el volumen de crudo exportado. Internamente Pemex Exploración y Producción (PEP) destina cerca de un millón 400 mil barriles diarios a la refinación interna. Este petróleo también fue presupuestado, con una cotización casi dos dólares arriba de la de exportaciones. ¿Por qué? Por el mayor contenido de ligeros que exigen nuestras refinerías. Un ligero cálculo mostraría que ese precio fue de 44.56 dólares por barril, correspondientes a los 42.80 presupuestales del crudo exportado.
Termino diciendo que el mercado petrolero de 2007 ubicará esta cotización del curdo consumido internamente en 17.26 dólares por barril por encima del precio presupuestal. Y con ello, el precio presupuestal general de 43.76 dólares por barril –con 54 por ciento de crudo exportado y 46 por ciento de crudo consumido internamente– resultará ser 16.95 dólares inferior al estimado para el cierre del 2007. ¿Qué significa esto? Que pese al lamentable decaimiento de Cantarell, la renta petrolera de este año no será de 43 mil millones de dólares (incluso dejándole a Pemex su mismo costo del año anterior). Será levemente superior a los 63 mil millones de dólares, ni más ni menos que 20 mil millones de dólares más.
Una vez más digo algo que debo decir. Nunca antes, gobierno alguno recibió tanto dinero por concepto de renta petrolera. Nunca. Y entonces…. ¿por qué sucede lo que sucede? Ya no sólo digo Pidiregas, sino el lamentable y doloroso accidente en la Sonda de Campeche. ¿Por qué?
Nuestra realidad caciquil y retrograda.
La Jornada
Recibe denuncia en Caxhuacan, Puebla, sobre prácticas caciquiles de candidato priísta
Encara López Obrador a agentes del Cisen que lo espían en todo el país
Reprueba que se usen recursos públicos como hizo el PRI contra los opositores al régimen
Ciro Pérez (Enviado)
Huehuetla, Pue,. 27 de octubre. Andrés Manuel López Obrador denunció aquí a los miembros del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que lo siguen en su recorrido por todo el país, y lamentó que el gobierno federal continúe utilizando a los equipos de inteligencia del país “para vigilar a los opositores”, además de que para actividades injustificadas como ésta demanden al Congreso mayor presupuesto.
“¿Usted es del Cisen?”, preguntó López Obrador a uno de los jóvenes que a bordo de un jeep verde de modelo reciente lo sigue en su recorrido por la sierra poblana y que tiene información precisa sobre la ruta de la gira del ex candidato presidencial y se da el lujo de informar sobre los caminos que están en mejores condiciones, los atajos y los múltiples derrumbes que hay en esta zona. “Si, señor, soy del Cisen”, respondió el joven sorprendido por la pregunta directa del perredista.
“Pues los vamos a tener que denunciar, no es posible que se utilicen los recursos públicos ahora, de la misma forma en que los utilizó el PRI toda la vida, para espiar a los opositores al régimen, para informar de las actividades de los que pensamos distinto para perseguir a un movimiento por todo el país”, le soltó López Obrador al agente del Cisen, sin saber éste qué responder.
“No es culpa de ustedes”, le dijo el perredista, “pero eso no se justifica; eso es algo que no debe hacer un organismo serio”, apuntó.
El tabasqueño continuó este sábado su gira por la sierra de Puebla y a pesar de la advertencia, los miembros del Cisen continuaron detrás de él. Y a esta denuncia siguió otra que hicieron habitantes del municipio de Caxhuacan, distrito judicial de Zacatlán, en este estado.
Allí los habitantes le entregaron una carta notariada por el juzgado de lo civil en el que el profesor Alidet Bonilla Domínguez, entonces presidente del PRI en ese municipio y hoy candidato a la presidencia municipal, condiciona y amenaza a los pobladores a afiliarse a este partido y no sólo ellos, sino toda su descendencia.
En el documento Alidet Bonilla “cede” una fracción de terreno ejidal de su propiedad para que los indígenas de esta zona construyan vivienda, aunque esta “bondad” será bajo ciertas condiciones. En la cláusula cuarta se establece que “están obligados a pertenecer al Partido Revolucionario Institucional de este municipio y en todo tiempo, así mismo sus descendientes”. En el siguiente apartado se establece que “quien se desligue de este partido, automáticamente perderá sus derechos”.
En la cláusula novena “queda estrictamente prohibido el alquiler, donación o venta del predio –que en teoría es propiedad de quienes lo habitan– sin previo aviso al presidente del PRI quien esté en función (sic) válido la herencia a sus hijos” (sic).
Y en el décimo tercero apartado se advierte a los beneficiados que si alguien es sorprendido en reuniones clandestinas a favor de otro partido, inmediatamente será destituido del predio y sin aviso alguno”.
Éste, le dijeron a López Obrador, es apenas una muestra del nivel de presión al que las administraciones priístas, y ahora las del PAN, han sometido a los pobladores “abusando de la necesidad de la gente. ¿Usted cree que no se ha cobrado ya ese terreno que supuestamente regaló? ¿Sería bueno que nos dijera de dónde salió el dinero para la residencia que tiene en Zacatlán?, luego de que ha pasado por todos los cargos públicos en el municipio”, dijeron.
En su discurso López Obrador les dijo que por esas razones y por muchas otras más debe cambiarse la forma de hacer política. Se llega al extremo de que a Felipe Calderón lo tienen amenazado “porque no habla de toda la corrupción y los fraudes de Vicente Fox; el pelele tiene miedo de que Fox hable y diga lo que sabe, de cómo llegó ese pelele a la Presidencia, quizá ahora sería conveniente que hablara la chachalaca”, dijo el tabasqueño.
Aseguró que su crítica no refleja un pleito personal con Calderón, “no es que nos caigamos gordos, es que tenemos dos visiones claramente distintas del país, en lo político y en lo económico”.
Poco antes, en Huehuetla, en zona totonaca, López Obrador dijo a los centenares de campesinos que se reunieron en este municipio que a pesar del dolor y la tristeza que produjo el fraude decidió seguir en la lucha “porque este movimiento depende que podamos sacar al país de la pobreza y la marginación, no hay otra opción, no hay otra alternativa: si queremos que las cosas mejoren tenemos que seguir organizándonos”, les dijo.
Les habló de su visión de país en la que propone que haya justicia y que las riquezas se distribuyan de manera equitativa a efecto que éstas alcancen para todos y no se queden en unas cuantas manos.
“Queremos que haya patria para el humillado” y les recordó que hace 200 años José María Morelos escribió que era necesario moderar la opulencia, “y es una frase que sigue teniendo vigencia, tenemos que cambiar este régimen de privilegios”; esto es un mal que no se remediará con un cambio por encimita, “tiene que haber un cambio a fondo” y reiteró su propuesta de apoyo a los productores del campo, más ahora, subrayó, que está próxima la apertura a la libre importación de maíz y frijol por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; aseguró que ello afectará a millones de mexicanos.
Por la tarde continuó por Tuzamapán, donde advirtió: no nos demos por vencidos, no bajemos los brazos, nunca en la historia de México había habido tanta gente consciente de la necesidad de un cambio, por eso, más temprano que tarde ese cambio se va a dar, aseveró.
viernes, octubre 26, 2007
"Más si osare un extraño enemigo"
La Jornada
Luis Javier Garrido
El Plan
El gobierno espuriete de Felipe Calderón, antes de cumplir un año está entregando el control del territorio mexicano y de nuestros recursos vitales a Estados Unidos.
1. El Plan México, como se le conoce en Washington y en la prensa internacional, conocido desde hace por lo menos seis años, y cuya nueva etapa fue anunciada por George W. Bush el 22 de octubre al incluirlo en el paquete de ayuda solicitado al Congreso estadunidense para la guerra contra Irak, no es otra cosa que una expresión formal más de la estrategia definida por la Casa Blanca en función de los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales ante la crisis energética y financiera que ha gestado el capitalismo neoliberal, y que luego del 11 de septiembre de 2001 se enuncia como una lucha “contra el terrorismo internacional”.
2. El Plan México supone tanto a) el control absoluto por parte de consorcios trasnacionales, en función de los intereses estratégicos de Estados Unidos, de los recursos básicos de México, y en particular de los energéticos (petróleo y electricidad), de la minería y hasta del agua; y b) el control directo de agencias del gobierno estadunidense sobre las fronteras, las costas, el Istmo, el mar territorial y el espacio aéreo mexicano, todo ello con el argumento de que Washington está en guerra permanente contra el terrorismo internacional, de que nuestros recursos son vitales para ellos y de que, por otro lado, los aparatos del Estado mexicano no son confiables y resultan incapaces de generarles la supuesta seguridad que requieren.
3. La administración de Bush busca, en otras palabras, conforme a la nueva doctrina hegemónica de Estados Unidos, establecer en México un más pleno y abierto sistema de dominación, similar al que está buscando en Irak y en Afganistán y pretende hacerlo en Irán, en función también de su petróleo y de su interés geopolítico, nada más que aquí no por la vía de una guerra, sino por la dócil sumisión del gobernante espurio Felipe Calderón ante George W. Bush y por la complicidad de la burocracia gobernante, en este caso de las elites del PAN y el PRI en el poder (y también de un sector del PRD), lo cual les está resultando una tarea mucho más fácil que la que llevan a cabo en Medio Oriente y en Asia.
4. El proceso se había ya profundizado con el primer gobierno panista encabezado por Vicente Fox, que fue permitiendo gradualmente la injerencia de agentes estadunidenses encubiertos en territorio mexicano, en aeropuertos, aduanas y oficinas públicas, hasta culminar con Calderón que, con profunda indignidad, ha puesto abiertamente al Ejército Mexicano a cumplir tareas decididas por la Agencia de Control de Drogas de Washington, la tristemente célebre DEA.
5. La prensa mexicana está teniendo ahora la “misión estratégica” de ocultar las dimensiones de todo, pretendiendo, por una parte, que es un simple plan antinarco cuando en realidad es una cesión de la soberanía nacional y el narco es sólo la cobertura que hace posible la injerencia, y hablando, por la otra, de una supuesta iniciativa “mexicana”, llamándolo de manera eufemística Iniciativa Mérida, cuando en el Congreso estadunidense y en la prensa de todo el mundo se le llama el Plan México.
6. El “acuerdo”, que ya se sabe que no es acuerdo, según El País del domingo 21 es el plan más ambicioso de Estados Unidos en el continente y supone “la participación militar de diversos organismos de seguridad estadunidenses” en México y el entrenamiento futuro de las tropas mexicanas en Fort Bragg (Carolina del Norte) y Fort Benning (Georgia).
7. El engaño de la prensa mexicana no ha durado mucho, pues en todas partes se le reconoce como Plan México y se habla de lo que entraña, porque al comparecer el miércoles 24 ante comisiones del Senado la canciller Patricia Espinosa hubo de reconocer que no conoce el documento que se nos está imponiendo, pero que sabe que lo que se busca es “proteger del terrorismo” a Estados Unidos y porque, poniendo la cereza en el pastel, el subsecretario de Defensa, Stephen Johnson, informó que esa protección de México a Estados Unidos costará a nuestro país 7 mil millones de dólares, lo que confirmó el embajador mexicano Sarukhán, llevándose severa regañada.
8. La gravísima situación que se está produciendo no es más que consecuencia de las políticas entreguistas de Carlos Salinas, que aparece hoy más que nunca como un poder fundamental tras el trono, pues la ex canciller Rosario Green, senadora del PRI, se ha limitado a actuar como comparsa, al igual que sus compañeros de bancada, y a avalar todo.
9. El TLC de Bush padre y Salinas significó en 1993 el desmantelamiento del campo mexicano y de la planta productiva nacional, la migración de millones de campesinos mexicanos a Estados Unidos y la cancelación de una vía propia de desarrollo para el país; el Plan México de Bush hijo y Calderón sienta en 2007 las bases para el desmantelamiento del Estado nacional, convierte al pueblo mexicano en objetivo estratégico en las futuras guerras de Estados Unidos y culmina el distanciamiento de nuestro país con el resto de pueblos de América Latina.
10. La noticia de que Agustín Carstens, titular de Hacienda, había pactado en Washington con el FMI un seguro para proteger a las multinacionales con cargo al pueblo de México en caso de “riesgo político”, generó hace días un escándalo, acrecentado por la información de que varias naciones del continente están por romper con el Fondo. El Plan México, que se pretende apruebe el Senado, debe ser ahora repudiado por todos, sin olvidar que Calderón y sus colaboradores pueden ser enjuiciados, procesados y destituidos por traición a la patria conforme al artículo 108 constitucional.
Luis Javier Garrido
El Plan
El gobierno espuriete de Felipe Calderón, antes de cumplir un año está entregando el control del territorio mexicano y de nuestros recursos vitales a Estados Unidos.
1. El Plan México, como se le conoce en Washington y en la prensa internacional, conocido desde hace por lo menos seis años, y cuya nueva etapa fue anunciada por George W. Bush el 22 de octubre al incluirlo en el paquete de ayuda solicitado al Congreso estadunidense para la guerra contra Irak, no es otra cosa que una expresión formal más de la estrategia definida por la Casa Blanca en función de los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales ante la crisis energética y financiera que ha gestado el capitalismo neoliberal, y que luego del 11 de septiembre de 2001 se enuncia como una lucha “contra el terrorismo internacional”.
2. El Plan México supone tanto a) el control absoluto por parte de consorcios trasnacionales, en función de los intereses estratégicos de Estados Unidos, de los recursos básicos de México, y en particular de los energéticos (petróleo y electricidad), de la minería y hasta del agua; y b) el control directo de agencias del gobierno estadunidense sobre las fronteras, las costas, el Istmo, el mar territorial y el espacio aéreo mexicano, todo ello con el argumento de que Washington está en guerra permanente contra el terrorismo internacional, de que nuestros recursos son vitales para ellos y de que, por otro lado, los aparatos del Estado mexicano no son confiables y resultan incapaces de generarles la supuesta seguridad que requieren.
3. La administración de Bush busca, en otras palabras, conforme a la nueva doctrina hegemónica de Estados Unidos, establecer en México un más pleno y abierto sistema de dominación, similar al que está buscando en Irak y en Afganistán y pretende hacerlo en Irán, en función también de su petróleo y de su interés geopolítico, nada más que aquí no por la vía de una guerra, sino por la dócil sumisión del gobernante espurio Felipe Calderón ante George W. Bush y por la complicidad de la burocracia gobernante, en este caso de las elites del PAN y el PRI en el poder (y también de un sector del PRD), lo cual les está resultando una tarea mucho más fácil que la que llevan a cabo en Medio Oriente y en Asia.
4. El proceso se había ya profundizado con el primer gobierno panista encabezado por Vicente Fox, que fue permitiendo gradualmente la injerencia de agentes estadunidenses encubiertos en territorio mexicano, en aeropuertos, aduanas y oficinas públicas, hasta culminar con Calderón que, con profunda indignidad, ha puesto abiertamente al Ejército Mexicano a cumplir tareas decididas por la Agencia de Control de Drogas de Washington, la tristemente célebre DEA.
5. La prensa mexicana está teniendo ahora la “misión estratégica” de ocultar las dimensiones de todo, pretendiendo, por una parte, que es un simple plan antinarco cuando en realidad es una cesión de la soberanía nacional y el narco es sólo la cobertura que hace posible la injerencia, y hablando, por la otra, de una supuesta iniciativa “mexicana”, llamándolo de manera eufemística Iniciativa Mérida, cuando en el Congreso estadunidense y en la prensa de todo el mundo se le llama el Plan México.
6. El “acuerdo”, que ya se sabe que no es acuerdo, según El País del domingo 21 es el plan más ambicioso de Estados Unidos en el continente y supone “la participación militar de diversos organismos de seguridad estadunidenses” en México y el entrenamiento futuro de las tropas mexicanas en Fort Bragg (Carolina del Norte) y Fort Benning (Georgia).
7. El engaño de la prensa mexicana no ha durado mucho, pues en todas partes se le reconoce como Plan México y se habla de lo que entraña, porque al comparecer el miércoles 24 ante comisiones del Senado la canciller Patricia Espinosa hubo de reconocer que no conoce el documento que se nos está imponiendo, pero que sabe que lo que se busca es “proteger del terrorismo” a Estados Unidos y porque, poniendo la cereza en el pastel, el subsecretario de Defensa, Stephen Johnson, informó que esa protección de México a Estados Unidos costará a nuestro país 7 mil millones de dólares, lo que confirmó el embajador mexicano Sarukhán, llevándose severa regañada.
8. La gravísima situación que se está produciendo no es más que consecuencia de las políticas entreguistas de Carlos Salinas, que aparece hoy más que nunca como un poder fundamental tras el trono, pues la ex canciller Rosario Green, senadora del PRI, se ha limitado a actuar como comparsa, al igual que sus compañeros de bancada, y a avalar todo.
9. El TLC de Bush padre y Salinas significó en 1993 el desmantelamiento del campo mexicano y de la planta productiva nacional, la migración de millones de campesinos mexicanos a Estados Unidos y la cancelación de una vía propia de desarrollo para el país; el Plan México de Bush hijo y Calderón sienta en 2007 las bases para el desmantelamiento del Estado nacional, convierte al pueblo mexicano en objetivo estratégico en las futuras guerras de Estados Unidos y culmina el distanciamiento de nuestro país con el resto de pueblos de América Latina.
10. La noticia de que Agustín Carstens, titular de Hacienda, había pactado en Washington con el FMI un seguro para proteger a las multinacionales con cargo al pueblo de México en caso de “riesgo político”, generó hace días un escándalo, acrecentado por la información de que varias naciones del continente están por romper con el Fondo. El Plan México, que se pretende apruebe el Senado, debe ser ahora repudiado por todos, sin olvidar que Calderón y sus colaboradores pueden ser enjuiciados, procesados y destituidos por traición a la patria conforme al artículo 108 constitucional.
domingo, octubre 21, 2007
El saqueo sigue y sigue...
La Jornada
Mario Di Costanzo*
El Estado miente y la “oposición progresista” lo solapa
Tal parece que el Estado mexicano se acostumbró a mentir y la “oposición progresista” se acostumbró a solapar: sólo basta recordar lo que se ha venido diciendo recientemente sobre diferentes temas de importancia nacional, pues respecto de la reforma fiscal, por ejemplo, Felipe Calderón y Agustín Carstens señalaron que su propuesta aprobada por el PRIAN acabaría con los paraísos fiscales y que ahora pagarían impuestos aquellos empresarios que nunca los habían pagado, pero durante esta semana se aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos para 2008 y en él se puede observar claramente que mientras que la recaudación por el impuesto sobre la renta será de 580 mil millones de pesos, la del famoso IETU será de apenas 69 mil millones de pesos.
Esto, en otras palabras, quiere decir que el impuesto que supuestamente terminaría con los paraísos fiscales recolectará para las arcas nacionales apenas la doceava parte de lo que se recauda con el impuesto que se quiere desaparecer en el futuro.
¿Cómo es posible que los legisladores hayan exigido transparencia y legalidad al IPAB en el proceso de venta de Aeroméxico y, sin embargo, hayan permanecido callados y quietos mientras que esta aerolínea era vendida a un grupo de empresarios representados por Banamex que de pronto presentaron una oferta pública de acciones (OPA Hostil) por la empresa, aun cuando la propia ley del IPAB establece que no podrán adquirir bienes del IPAB aquellas personas o empresas que hayan sido apoyadas por el Fobaproa, y que los procesos de venta de bienes del IPAB tendrán que hacerse mediante subasta pública o licitación?
¿Acaso los legisladores ya se olvidaron que el rescate de Banamex le costó al erario aproximadamente 73 mil millones de pesos y actualmente Banamex-Citigroup recibe cuantiosos intereses de los pagarés del Fobaproa-IPAB, a cargo de los contribuyentes?
También olvidaron, al parecer, que la venta de Banamex fue un “cruce protegido de acciones” que permitió que no se pagara impuestos en la operación financiera más grande de la historia económica moderna del país.
No es posible que esto haya sucedido sin el menor pronunciamiento del presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que por cierto es perredista y que según cuentan estaba de viaje; otros, sin embargo, ahora sí, cuando la transacción ya se consumó, gritan a los cuatro vientos la necesidad de revisar la operación. Un poco tarde, ¿no cree?
Por su parte, Vicente Fox se quiere exhibir en Estados Unidos como un mártir de la honestidad y la transparencia, cuando su inexplicable riqueza está a la vista de todos los mexicanos y de la revisión de sus propias declaraciones patrimoniales se observa, por ejemplo, que cobró dos veces (en 2005 y 2006) esa prebenda denominada Seguro de Separación Individualizado: en suma, de sus propias declaraciones patrimoniales se desprende que violentó gravemente la Constitución Política de nuestro país.
Y mientras esto sucede, la Cámara de Diputados ha constituido mañosamente una “Comisión para dar Seguimiento” a las denuncias presentadas contra el ex presidente, en vez de tomar una acción legal clara y contundente ante la PGR.
Aquí conviene mencionar que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece en su artículo 84, textualmente:
“Cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público, la Secretaría podrá ordenar, fundando y motivando su acuerdo, la práctica de visitas de inspección y auditoría. Cuando estos actos requieran orden de autoridad judicial, la Secretaría hará ante ésta la solicitud correspondiente”.
Más aún, el artículo 86 de la ley en comento agrega que: Serán sancionados en los términos que disponga el Código Penal los servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito.
De esta manera, todo lo anterior nos debe recordar el refrán que reza: “No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”, y que si bien el Estado se acostumbró a mentir, la “oposición progresista”, también se ha acostumbrado a solapar.
¿Será acaso ésta la nueva izquierda o la izquierda que necesita este país?
*Secretario de la hacienda pública del gobierno legítimo
Mario Di Costanzo*
El Estado miente y la “oposición progresista” lo solapa
Tal parece que el Estado mexicano se acostumbró a mentir y la “oposición progresista” se acostumbró a solapar: sólo basta recordar lo que se ha venido diciendo recientemente sobre diferentes temas de importancia nacional, pues respecto de la reforma fiscal, por ejemplo, Felipe Calderón y Agustín Carstens señalaron que su propuesta aprobada por el PRIAN acabaría con los paraísos fiscales y que ahora pagarían impuestos aquellos empresarios que nunca los habían pagado, pero durante esta semana se aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos para 2008 y en él se puede observar claramente que mientras que la recaudación por el impuesto sobre la renta será de 580 mil millones de pesos, la del famoso IETU será de apenas 69 mil millones de pesos.
Esto, en otras palabras, quiere decir que el impuesto que supuestamente terminaría con los paraísos fiscales recolectará para las arcas nacionales apenas la doceava parte de lo que se recauda con el impuesto que se quiere desaparecer en el futuro.
¿Cómo es posible que los legisladores hayan exigido transparencia y legalidad al IPAB en el proceso de venta de Aeroméxico y, sin embargo, hayan permanecido callados y quietos mientras que esta aerolínea era vendida a un grupo de empresarios representados por Banamex que de pronto presentaron una oferta pública de acciones (OPA Hostil) por la empresa, aun cuando la propia ley del IPAB establece que no podrán adquirir bienes del IPAB aquellas personas o empresas que hayan sido apoyadas por el Fobaproa, y que los procesos de venta de bienes del IPAB tendrán que hacerse mediante subasta pública o licitación?
¿Acaso los legisladores ya se olvidaron que el rescate de Banamex le costó al erario aproximadamente 73 mil millones de pesos y actualmente Banamex-Citigroup recibe cuantiosos intereses de los pagarés del Fobaproa-IPAB, a cargo de los contribuyentes?
También olvidaron, al parecer, que la venta de Banamex fue un “cruce protegido de acciones” que permitió que no se pagara impuestos en la operación financiera más grande de la historia económica moderna del país.
No es posible que esto haya sucedido sin el menor pronunciamiento del presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que por cierto es perredista y que según cuentan estaba de viaje; otros, sin embargo, ahora sí, cuando la transacción ya se consumó, gritan a los cuatro vientos la necesidad de revisar la operación. Un poco tarde, ¿no cree?
Por su parte, Vicente Fox se quiere exhibir en Estados Unidos como un mártir de la honestidad y la transparencia, cuando su inexplicable riqueza está a la vista de todos los mexicanos y de la revisión de sus propias declaraciones patrimoniales se observa, por ejemplo, que cobró dos veces (en 2005 y 2006) esa prebenda denominada Seguro de Separación Individualizado: en suma, de sus propias declaraciones patrimoniales se desprende que violentó gravemente la Constitución Política de nuestro país.
Y mientras esto sucede, la Cámara de Diputados ha constituido mañosamente una “Comisión para dar Seguimiento” a las denuncias presentadas contra el ex presidente, en vez de tomar una acción legal clara y contundente ante la PGR.
Aquí conviene mencionar que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece en su artículo 84, textualmente:
“Cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público, la Secretaría podrá ordenar, fundando y motivando su acuerdo, la práctica de visitas de inspección y auditoría. Cuando estos actos requieran orden de autoridad judicial, la Secretaría hará ante ésta la solicitud correspondiente”.
Más aún, el artículo 86 de la ley en comento agrega que: Serán sancionados en los términos que disponga el Código Penal los servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito.
De esta manera, todo lo anterior nos debe recordar el refrán que reza: “No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”, y que si bien el Estado se acostumbró a mentir, la “oposición progresista”, también se ha acostumbrado a solapar.
¿Será acaso ésta la nueva izquierda o la izquierda que necesita este país?
*Secretario de la hacienda pública del gobierno legítimo
viernes, octubre 19, 2007
"Gobierno" mexicano enmarcado en el fraude.
La Jornada
Luis Javier Garrido
Las facturas
El pueblo de México, además de sufrir la imposición de un gobierno ilegítimo, está teniendo que pagar ahora las facturas del fraude electoral de 2006.
1. El panista Felipe Calderón, impuesto en la silla presidencial por la vía del fraude, no ha sido capaz de gobernar y se ha pasado casi un año pagando las facturas a aquellos que lo impusieron, otorgándoles cuotas de poder político o contratos y concesiones, con un costo incalculable para la nación, que ha entrañado además un deterioro institucional sin precedente en la vida del país.
2. El saldo inmediato de la supuesta gestión de 11 meses de quien es un gobernante ilegítimo está a la vista: compromisos inconfesables con la administración republicana de Washington, que lo han llevado a entregar parcelas de la soberanía nacional a agencias del gobierno estadunidense y ante el desastre de su administración de facto a hacerle nuevas concesiones, negocios y prebendas tanto a quienes lo financiaron ilegalmente como a aquellos que implementaron el fraude. Es decir, el pago de facturas con cargo, desde luego, al pueblo de México, como se está haciendo con el Fobaproa, con las carreteras y los ingenios, y todo aquello que se privatiza.
3. Las consecuencias políticas de la imposición fraudulenta no son menos graves, pues el caos administrativo que se ha creado evidencia una incapacidad manifiesta del gobierno espurio para asumir sus funciones, ya que está dejando el ejercicio de muchas de sus responsabilidades a los poderes fácticos (de la seguridad pública hasta la educación, la salud o la seguridad social) o al Congreso, todo lo cual ha traído en consecuencia un desastre gubernamental marcado por la corrupción y la incompetencia y, sobre todo, por un caos institucional, como acontece en el caso de las fuerzas armadas, usadas primero inconstitucionalmente en tareas de seguridad pública y más tarde puestas a las órdenes de policías estadunidenses, y cuyo desprestigio nunca había estado tan abajo.
4. La intervención abierta de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por sus siglas en inglés) y de otras agencias del gobierno de Bush en territorio mexicano no había sido nunca tan abierta, y el Ejército Mexicano, que en la propaganda oficial “lucha contra el narco”, en los hechos obedece a órdenes de Washington, por la decisión de Calderón de actuar como “un pelele” en la materia, como se ha visto con la extradición de ciudadanos mexicanos a Estados Unidos y en el “descubrimiento” del caso del chino Zhenli Ye Gong o, como se ha documentado ahora, con las capturas de El tigre y de La reina del Pacífico (La Jornada, 15/10/07).
5. El riesgo de que el gobierno de facto, encabezado por un individuo carente de patriotismo, siga entregando como un pago de facturas no sólo los recursos estratégicos de la nación a trasnacionales, sino el control del territorio nacional a Washington es muy grande, en especial luego de la Cumbre de Seguridad y Prosperidad de Montebello (Canadá), realizada del 20 al 21 de agosto, y ante el anuncio de la exigencia de Bush de que se acepte ya abiertamente el control estadunidense del territorio mexicano en un Plan México, que se elabora en la sombras y que la Cámara de Representantes discutirá el 25 de octubre.
6. El pago de facturas no ha conducido únicamente, en consecuencia, a que exista en el país un vacío de poder institucional o a que Calderón haga el ridículo ante Vicente Fox –quien ocupa espacios periodísticos mucho mayores que aquel a quien impuso por el fraude y que está obligado a aguantar los desplantes de su predecesor y a protegerlo–, o ante Elba Esther Gordillo –a quien ha cedido como pago espacios claves de la administración al haberle agenciado más de un millón de votos fraudulentos–, sino a que se comprometa por mucho tiempo el futuro de México como país soberano e independiente.
7. Desbordado estos meses por el pago de cuotas y por tratar de controlar a su administración y apoderarse del aparato del PAN, Calderón ha tenido que enfrentar además a su peor preocupación: Andrés Manuel López Obrador, que con terca voluntad republicana está tratando de demostrar que se puede desde abajo, por la voluntad popular, detener medidas impopulares y frenar a un gobierno ilegítimo. De ahí la obsesión calderoniana por cooptar a dirigentes del PRD que lo avalen.
8. A este Ejecutivo de facto, en manos (formalmente) de un individuo sin autoridad moral ni política, que llegó por la vía del fraude y que está confiscando la soberanía nacional y entregando el control de los recursos estratégicos de la nación al extranjero, es al que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sin ningún argumento jurídico ni político, ni mucho menos ético, exige que se le reconozca porque, afirma, “él es el que gobierna” (La Jornada, 18/10/07). Según esta lógica, los liberales hubiesen tenido que reconocer a Santa-Anna en 1853 o los revolucionarios a Victoriano Huerta en 1913.
9. Dos días antes, el gobernador michoacano Lázaro Cárdenas Batel había dado su razonamiento: el PRD debía reconocer a Calderón porque de lo contrario, dijo, se estaría aislando (Milenio Diario, 15/10/07), aunque no precisó de quién o de qué.
10. El costo que ha tenido para la nación la imposición fraudulenta de Felipe Calderón es incalculable, pero ese hecho histórico ha tenido al menos un beneficio para el país: ha deslindado los terrenos y obligado a las definiciones, colocando a cada quien en el lugar que le corresponde
Luis Javier Garrido
Las facturas
El pueblo de México, además de sufrir la imposición de un gobierno ilegítimo, está teniendo que pagar ahora las facturas del fraude electoral de 2006.
1. El panista Felipe Calderón, impuesto en la silla presidencial por la vía del fraude, no ha sido capaz de gobernar y se ha pasado casi un año pagando las facturas a aquellos que lo impusieron, otorgándoles cuotas de poder político o contratos y concesiones, con un costo incalculable para la nación, que ha entrañado además un deterioro institucional sin precedente en la vida del país.
2. El saldo inmediato de la supuesta gestión de 11 meses de quien es un gobernante ilegítimo está a la vista: compromisos inconfesables con la administración republicana de Washington, que lo han llevado a entregar parcelas de la soberanía nacional a agencias del gobierno estadunidense y ante el desastre de su administración de facto a hacerle nuevas concesiones, negocios y prebendas tanto a quienes lo financiaron ilegalmente como a aquellos que implementaron el fraude. Es decir, el pago de facturas con cargo, desde luego, al pueblo de México, como se está haciendo con el Fobaproa, con las carreteras y los ingenios, y todo aquello que se privatiza.
3. Las consecuencias políticas de la imposición fraudulenta no son menos graves, pues el caos administrativo que se ha creado evidencia una incapacidad manifiesta del gobierno espurio para asumir sus funciones, ya que está dejando el ejercicio de muchas de sus responsabilidades a los poderes fácticos (de la seguridad pública hasta la educación, la salud o la seguridad social) o al Congreso, todo lo cual ha traído en consecuencia un desastre gubernamental marcado por la corrupción y la incompetencia y, sobre todo, por un caos institucional, como acontece en el caso de las fuerzas armadas, usadas primero inconstitucionalmente en tareas de seguridad pública y más tarde puestas a las órdenes de policías estadunidenses, y cuyo desprestigio nunca había estado tan abajo.
4. La intervención abierta de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por sus siglas en inglés) y de otras agencias del gobierno de Bush en territorio mexicano no había sido nunca tan abierta, y el Ejército Mexicano, que en la propaganda oficial “lucha contra el narco”, en los hechos obedece a órdenes de Washington, por la decisión de Calderón de actuar como “un pelele” en la materia, como se ha visto con la extradición de ciudadanos mexicanos a Estados Unidos y en el “descubrimiento” del caso del chino Zhenli Ye Gong o, como se ha documentado ahora, con las capturas de El tigre y de La reina del Pacífico (La Jornada, 15/10/07).
5. El riesgo de que el gobierno de facto, encabezado por un individuo carente de patriotismo, siga entregando como un pago de facturas no sólo los recursos estratégicos de la nación a trasnacionales, sino el control del territorio nacional a Washington es muy grande, en especial luego de la Cumbre de Seguridad y Prosperidad de Montebello (Canadá), realizada del 20 al 21 de agosto, y ante el anuncio de la exigencia de Bush de que se acepte ya abiertamente el control estadunidense del territorio mexicano en un Plan México, que se elabora en la sombras y que la Cámara de Representantes discutirá el 25 de octubre.
6. El pago de facturas no ha conducido únicamente, en consecuencia, a que exista en el país un vacío de poder institucional o a que Calderón haga el ridículo ante Vicente Fox –quien ocupa espacios periodísticos mucho mayores que aquel a quien impuso por el fraude y que está obligado a aguantar los desplantes de su predecesor y a protegerlo–, o ante Elba Esther Gordillo –a quien ha cedido como pago espacios claves de la administración al haberle agenciado más de un millón de votos fraudulentos–, sino a que se comprometa por mucho tiempo el futuro de México como país soberano e independiente.
7. Desbordado estos meses por el pago de cuotas y por tratar de controlar a su administración y apoderarse del aparato del PAN, Calderón ha tenido que enfrentar además a su peor preocupación: Andrés Manuel López Obrador, que con terca voluntad republicana está tratando de demostrar que se puede desde abajo, por la voluntad popular, detener medidas impopulares y frenar a un gobierno ilegítimo. De ahí la obsesión calderoniana por cooptar a dirigentes del PRD que lo avalen.
8. A este Ejecutivo de facto, en manos (formalmente) de un individuo sin autoridad moral ni política, que llegó por la vía del fraude y que está confiscando la soberanía nacional y entregando el control de los recursos estratégicos de la nación al extranjero, es al que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sin ningún argumento jurídico ni político, ni mucho menos ético, exige que se le reconozca porque, afirma, “él es el que gobierna” (La Jornada, 18/10/07). Según esta lógica, los liberales hubiesen tenido que reconocer a Santa-Anna en 1853 o los revolucionarios a Victoriano Huerta en 1913.
9. Dos días antes, el gobernador michoacano Lázaro Cárdenas Batel había dado su razonamiento: el PRD debía reconocer a Calderón porque de lo contrario, dijo, se estaría aislando (Milenio Diario, 15/10/07), aunque no precisó de quién o de qué.
10. El costo que ha tenido para la nación la imposición fraudulenta de Felipe Calderón es incalculable, pero ese hecho histórico ha tenido al menos un beneficio para el país: ha deslindado los terrenos y obligado a las definiciones, colocando a cada quien en el lugar que le corresponde
lunes, octubre 15, 2007
"La derecha en el poder"
La Jornada
Javier Oliva Posada javierolivaposada@gmail.com
La derecha en el poder
Nuevamente nos encontramos en uno de esos momentos en los que el debate por la definición y contenido de ideologías anuncia profundos cambios tanto en los objetivos de los programas de los partidos políticos como de gobiernos en funciones. En particular, luego de los comicios en Francia, del proceso prelectoral en Estados Unidos, del renacimiento del nacionalismo en Rusia y los planes de Vladimir Putin, sin olvidar las elecciones generales en España para marzo de 2008, muchos temas habrán de ser revisados y discutidos. Por otra parte, en Latinoamérica el ambiente no es menos intenso.
La Asamblea Constituyente en Ecuador, los gobiernos de Evo Morales y Hugo Chávez, el proceso electoral en Argentina, así como las constantes sacudidas políticas en el Partido de los Trabajadores de Brasil nos aportan gran cantidad de elementos para alimentar una polémica que en México comienza a darse. En efecto, ante la contienda interna del PRD por la dirigencia nacional, la emergencia de movimientos sociales y de protesta en distintas partes del país anuncia lo que puede convertirse en el debate más fructífero y útil para los siguientes años.
Definirse ideológicamente significa adoptar una posición ante los demás contendientes. A la derecha nunca le ha gustado definirse como derecha. Centro, centro-derecha, neoliberal, demócrata cristiana, pero la asociación al conservadurismo, a la predilección por mantener los privilegios de la situación prevaleciente, con políticas fiscales que benefician la acumulación y al capital en deterioro de los trabajadores y empleados son evidencias de una posición ideológica que pretende marcar los límites a la movilización popular.
Recientemente Samuel Huntington expresó: “No me considero neoconservador. Siempre he sido conservador” (“Les droites au povoir”, Le Monde). Es decir, la derecha, como la que gobierna en México, a pesar de los aspectos cronológicos, de los avances tecnológicos y de la capacidad de influencia de los medios comunicación, o de la irrupción de nuevas generaciones en el escenario social, busca anteponer el orden a la justicia social, o bien pretende resolver la problemática social desde el promontorio aséptico de medidas macroeconómicas, lo que demuestra la identidad de los compromisos que la llevó al poder. A juzgar por los muy discutidos y dudosos resultados electorales de julio de 2006, los aliados fueron pocos y difíciles de convencer.
Con estas referencias el debate por venir de las fuerzas progresistas, identificadas con una agenda en la cual las necesidades sociales son la base de medidas y programas, se situará en la convergencia de acciones específicas; sólo así podrá sobrepasar el largo y estéril alegato que termina por dividir y fragmentar esfuerzos. Lamentablemente, la historia así lo demuestra. Una izquierda dividida es involuntariamente el mejor aliado de la derecha gobernante. La falta de cohesión de las posiciones de vanguardia social con frecuencia es el referente para abrir las puertas a la entronización de programas que al final del día perjudican a todos esos segmentos que presumen de altos niveles de conciencia y organización.
Ya vienen los debates acerca de la propiedad de la nación sobre los energéticos y el petróleo en primer lugar; se acerca el momento de analizar si por estar al día o dejar atrás otras épocas de la diplomacia, México formará parte de operaciones militares conjuntas. La identidad con los valores de la nación tal vez sería un punto de arranque importante a defender, al menos marcar un límite al desmantelamiento del Estado, ahora desde la perspectiva de su naturaleza. Eso es lo que estará en juego.
Javier Oliva Posada javierolivaposada@gmail.com
La derecha en el poder
Nuevamente nos encontramos en uno de esos momentos en los que el debate por la definición y contenido de ideologías anuncia profundos cambios tanto en los objetivos de los programas de los partidos políticos como de gobiernos en funciones. En particular, luego de los comicios en Francia, del proceso prelectoral en Estados Unidos, del renacimiento del nacionalismo en Rusia y los planes de Vladimir Putin, sin olvidar las elecciones generales en España para marzo de 2008, muchos temas habrán de ser revisados y discutidos. Por otra parte, en Latinoamérica el ambiente no es menos intenso.
La Asamblea Constituyente en Ecuador, los gobiernos de Evo Morales y Hugo Chávez, el proceso electoral en Argentina, así como las constantes sacudidas políticas en el Partido de los Trabajadores de Brasil nos aportan gran cantidad de elementos para alimentar una polémica que en México comienza a darse. En efecto, ante la contienda interna del PRD por la dirigencia nacional, la emergencia de movimientos sociales y de protesta en distintas partes del país anuncia lo que puede convertirse en el debate más fructífero y útil para los siguientes años.
Definirse ideológicamente significa adoptar una posición ante los demás contendientes. A la derecha nunca le ha gustado definirse como derecha. Centro, centro-derecha, neoliberal, demócrata cristiana, pero la asociación al conservadurismo, a la predilección por mantener los privilegios de la situación prevaleciente, con políticas fiscales que benefician la acumulación y al capital en deterioro de los trabajadores y empleados son evidencias de una posición ideológica que pretende marcar los límites a la movilización popular.
Recientemente Samuel Huntington expresó: “No me considero neoconservador. Siempre he sido conservador” (“Les droites au povoir”, Le Monde). Es decir, la derecha, como la que gobierna en México, a pesar de los aspectos cronológicos, de los avances tecnológicos y de la capacidad de influencia de los medios comunicación, o de la irrupción de nuevas generaciones en el escenario social, busca anteponer el orden a la justicia social, o bien pretende resolver la problemática social desde el promontorio aséptico de medidas macroeconómicas, lo que demuestra la identidad de los compromisos que la llevó al poder. A juzgar por los muy discutidos y dudosos resultados electorales de julio de 2006, los aliados fueron pocos y difíciles de convencer.
Con estas referencias el debate por venir de las fuerzas progresistas, identificadas con una agenda en la cual las necesidades sociales son la base de medidas y programas, se situará en la convergencia de acciones específicas; sólo así podrá sobrepasar el largo y estéril alegato que termina por dividir y fragmentar esfuerzos. Lamentablemente, la historia así lo demuestra. Una izquierda dividida es involuntariamente el mejor aliado de la derecha gobernante. La falta de cohesión de las posiciones de vanguardia social con frecuencia es el referente para abrir las puertas a la entronización de programas que al final del día perjudican a todos esos segmentos que presumen de altos niveles de conciencia y organización.
Ya vienen los debates acerca de la propiedad de la nación sobre los energéticos y el petróleo en primer lugar; se acerca el momento de analizar si por estar al día o dejar atrás otras épocas de la diplomacia, México formará parte de operaciones militares conjuntas. La identidad con los valores de la nación tal vez sería un punto de arranque importante a defender, al menos marcar un límite al desmantelamiento del Estado, ahora desde la perspectiva de su naturaleza. Eso es lo que estará en juego.
domingo, octubre 14, 2007
¿EL Estado Mexicano tocando fondo?
La Jornada
Rolando Cordera Campos
De emergencia
Preguntarse por la viabilidad de México parecía una ocupación fútil. Con democracia y apertura al mundo, se decía, el país tenía todo para no repetir los descalabros que marcaron el fin del ciclo de la Revolución e impedir que en su horizonte apareciera el espectro de otra ruptura violenta.
Hoy, sin embargo, acosado por una improductividad pasmosa, México encara la evidencia de sus limitaciones y pierde lugares en el ranking mundial del desarrollo, mientras los profetas anuncian que el fin llega, con el agotamiento de las reservas petroleras y la emigración masiva creciente, mientras los ductos que quedan sirven para prácticas de demolición de los bomberos que hayan decidido no irse p’al norte.
La pregunta por su futuro no es por esto trivial, ni la respuesta a ella puede darse por sabida. Las certezas que nos ofrecía la combinatoria de mercado abierto y democracia dejan paso a la incertidumbre sobre las virtudes del mercado realmente existente, en tanto que la democracia camina desnuda a la vista de todos, exhibe sus fallas y hace evidentes los abusos que su diseño, considerado como definitivo y por tanto inamovible, ha propiciado.
La reforma del Estado podría ser la brújula para empezar a salir del laberinto, pero sin dar muestras fehacientes de que eso tan veleidoso como la voluntad política en efecto está detrás de los empeños de partidos y legisladores por cumplir con su ley reformista. Una vez pasado el primer tramo, más amargo que lo que se esperaba debido a la inaudita reacción de los concesionarios de la radio y la televisión y otros empresarios, parece obligado admitir que se abrió el camino pero que éste tendrá que hacerse al andar, sin plan maestro a la mano y frente a mil y una adversidades, casi todas pesadillas de nuestros propios despropósitos.
Poner en el centro de la mesa política las carencias de la sociedad debía ser el principio de toda deliberación destinada a producir decisiones de Estado, pero si se queda en un reconocimiento rutinario y cínico de la pobreza que nos embarga no servirá de nada, ni siquiera de acicate para que la caridad cristiana sea retomada como virtud cardinal. Guste o no, el resbaloso tema de la forma de desarrollo, adoptada a finales del milenio y la política económica diseñada para concretarla en estrategia e instituciones, debe ponerse también sobre la mesa.
No hay foros institucionales adecuados para intentar revisiones como éstas. El Congreso vive al día y los partidos se sumergen en la disputa de trincheras por un poder efímero que el imperio de la inercia vuelve virtual. De aquí la facilidad con que se impone la costumbre sobre la sensibilidad y el reconocimiento de la emergencia, y se adopta como lema fúnebre la fórmula de Juan Gabriel: “pero qué necesidad, para qué tanto problema”.
La falta de crecimiento no es un accidente de la globalización sino una elección hecha por las elites del acomodo, cuya “preferencia revelada” es la mediocridad productiva en aras de la ganancia financiera. Ahora se le edulcora con la oferta navideña de que con la reforma fiscal la economía producirá, agárrense, ¡50 mil empleos adicionales!
Demostrar al país, a sus dirigencias y fuerzas principales que más que una preferencia por la estabilidad es una apuesta por la inviabilidad de la nación y su transmutación en territorio de señores de la guerra y narcotráfico, es tarea urgente que debía ocupar al Congreso y los partidos. Y a las universidades, de nuevo asediadas por los señores de la tijera presupuestal y sus consejeros parisinos de la OCDE.
Frente a esto urge recuperar la iniciativa de un consejo económico y social y otras mediaciones similares para modular el conflicto social y dar cauce a iniciativas de reforma y revisión de la política económica. Una conferencia económica nacional, convocada por el Congreso y las universidades, por ejemplo, permitiría devolver al presupuesto su dignidad clásica y rescatarlo de los grotescos juegos del maquillaje hacendario o de las ocurrencias desveladas de los diputados sobre los precios futuros del crudo. Podríamos acercarnos con seriedad al tema urgente del seguro del desempleo o a la renta básica sin caer en las supercherías financieras que todo lo descuentan para empezar la posibilidad de cambiar cuando en ello nos va no el futuro sino el presente.
Imaginar espacios como éstos, para llenarlos de actividad intelectual con ambición de largo plazo, debía ser vista también como tarea de una reforma del Estado que asume que su origen está en la crisis del propio Estado, que va rumbo a una catástrofe social y económica. No se trata de hacerla de Casandra tropical, pero el tiempo pasa y corre contra nosotros.
Rolando Cordera Campos
De emergencia
Preguntarse por la viabilidad de México parecía una ocupación fútil. Con democracia y apertura al mundo, se decía, el país tenía todo para no repetir los descalabros que marcaron el fin del ciclo de la Revolución e impedir que en su horizonte apareciera el espectro de otra ruptura violenta.
Hoy, sin embargo, acosado por una improductividad pasmosa, México encara la evidencia de sus limitaciones y pierde lugares en el ranking mundial del desarrollo, mientras los profetas anuncian que el fin llega, con el agotamiento de las reservas petroleras y la emigración masiva creciente, mientras los ductos que quedan sirven para prácticas de demolición de los bomberos que hayan decidido no irse p’al norte.
La pregunta por su futuro no es por esto trivial, ni la respuesta a ella puede darse por sabida. Las certezas que nos ofrecía la combinatoria de mercado abierto y democracia dejan paso a la incertidumbre sobre las virtudes del mercado realmente existente, en tanto que la democracia camina desnuda a la vista de todos, exhibe sus fallas y hace evidentes los abusos que su diseño, considerado como definitivo y por tanto inamovible, ha propiciado.
La reforma del Estado podría ser la brújula para empezar a salir del laberinto, pero sin dar muestras fehacientes de que eso tan veleidoso como la voluntad política en efecto está detrás de los empeños de partidos y legisladores por cumplir con su ley reformista. Una vez pasado el primer tramo, más amargo que lo que se esperaba debido a la inaudita reacción de los concesionarios de la radio y la televisión y otros empresarios, parece obligado admitir que se abrió el camino pero que éste tendrá que hacerse al andar, sin plan maestro a la mano y frente a mil y una adversidades, casi todas pesadillas de nuestros propios despropósitos.
Poner en el centro de la mesa política las carencias de la sociedad debía ser el principio de toda deliberación destinada a producir decisiones de Estado, pero si se queda en un reconocimiento rutinario y cínico de la pobreza que nos embarga no servirá de nada, ni siquiera de acicate para que la caridad cristiana sea retomada como virtud cardinal. Guste o no, el resbaloso tema de la forma de desarrollo, adoptada a finales del milenio y la política económica diseñada para concretarla en estrategia e instituciones, debe ponerse también sobre la mesa.
No hay foros institucionales adecuados para intentar revisiones como éstas. El Congreso vive al día y los partidos se sumergen en la disputa de trincheras por un poder efímero que el imperio de la inercia vuelve virtual. De aquí la facilidad con que se impone la costumbre sobre la sensibilidad y el reconocimiento de la emergencia, y se adopta como lema fúnebre la fórmula de Juan Gabriel: “pero qué necesidad, para qué tanto problema”.
La falta de crecimiento no es un accidente de la globalización sino una elección hecha por las elites del acomodo, cuya “preferencia revelada” es la mediocridad productiva en aras de la ganancia financiera. Ahora se le edulcora con la oferta navideña de que con la reforma fiscal la economía producirá, agárrense, ¡50 mil empleos adicionales!
Demostrar al país, a sus dirigencias y fuerzas principales que más que una preferencia por la estabilidad es una apuesta por la inviabilidad de la nación y su transmutación en territorio de señores de la guerra y narcotráfico, es tarea urgente que debía ocupar al Congreso y los partidos. Y a las universidades, de nuevo asediadas por los señores de la tijera presupuestal y sus consejeros parisinos de la OCDE.
Frente a esto urge recuperar la iniciativa de un consejo económico y social y otras mediaciones similares para modular el conflicto social y dar cauce a iniciativas de reforma y revisión de la política económica. Una conferencia económica nacional, convocada por el Congreso y las universidades, por ejemplo, permitiría devolver al presupuesto su dignidad clásica y rescatarlo de los grotescos juegos del maquillaje hacendario o de las ocurrencias desveladas de los diputados sobre los precios futuros del crudo. Podríamos acercarnos con seriedad al tema urgente del seguro del desempleo o a la renta básica sin caer en las supercherías financieras que todo lo descuentan para empezar la posibilidad de cambiar cuando en ello nos va no el futuro sino el presente.
Imaginar espacios como éstos, para llenarlos de actividad intelectual con ambición de largo plazo, debía ser vista también como tarea de una reforma del Estado que asume que su origen está en la crisis del propio Estado, que va rumbo a una catástrofe social y económica. No se trata de hacerla de Casandra tropical, pero el tiempo pasa y corre contra nosotros.
sábado, octubre 13, 2007
"Edad oscura americana"
La Jornada
Morris Berman
Edad oscura americana
El nuevo libro del pensador estadunidense Morris Berman es, en palabras de Gore Vidal, una sombría mirada a la situación actual de Estados Unidos, que de manera acelerada y vertiginosa ha entrado en la fase final del imperio estadunidense. “Basándose en un minucioso análisis histórico que muestra cómo desde sus orígenes esta nación albergaba las semillas individualista, imperialista y maniquea, plasmadas en un pensamiento y discurso binarios de “buenos” (los estadunidenses) y “malos” (los que son distintos), el autor se extiende y profundiza en las ideas abordadas en El crepúsculo de la cultura americana para demostrar que la masacre cultural, social, urbana, política y económica es el colofón de un proyecto imperial empeñado en exportar su visión y su modo de vida a todos los rincones del planeta”. Con autorización de la Editorial Sexto Piso ofrecemos a los lectores de La Jornada el inicio de este libro imprescindible
El ominoso título Edad oscura americana muy probablemente será incomprensible para la mayoría de mis compatriotas, especialmente para aquellos que religieron a George W. Bush en 2004. En realidad, para muchos de ellos, casi no cabe duda de que Estados Unidos se encuentra en el cenit de su poderío militar, de que es capaz de transformar el mundo a su antojo y de que es el encargado de llevar la luz de la democracia a los más oscuros rincones del planeta. ¿Tiene sentido, se preguntarán sin duda, hablar de una nueva Edad Oscura, cuando el poder americano se extiende por todas partes?
Sin embargo, puede ser que para algunos miembros de esta sociedad el título no sea tan descabellado. Para ellos, el futuro parece potencialmente peligroso; piensan que no está tan claro hacia dónde nos dirigimos como civilización o si podemos iluminar a otros pueblos, ya no digamos a nosotros mismos. Estos individuos están muy nerviosos, o incluso abatidos, por la decadencia terminal americana. Para ellos, la espiral descendente de nuestra cultura y el crecimiento exponencial, incluso fanático, de las fuerzas que amenazan nuestros ancestrales valores seculares y humanísticos son causas de creciente alarma. Así, es probable que para este segmento de la población el título Edad oscura americana no sea tan anómalo como podría parecer en primera instancia.
Por supuesto, parece una gran exageración equiparar la fase actual (y, en mi opinión, final) de la historia americana con la Edad Oscura o Media, pero mi intención no es dramatizar. Los imperios y las civilizaciones se levantan y caen y en el proceso pasan por una serie de etapas. Ya estábamos en la fase crepuscular cuando Ronald Reagan, con la perspicacia de un avestruz, declaró que estábamos en “el amanecer de los Estados Unidos”; veinte extraños años después, bajo el mando del “niño emperador” George W. Bush (como le llama Chalmers Johnson), hemos entrado a una edad oscura en pleno y seguimos un camino que no tiene en cuenta el futuro y que tan sólo puede acelerar nuestro declive. Lo que vemos ahora son claramente las características de Occidente tras la caída de Roma: el triunfo de la religión sobre la razón; la atrofia de la educación y del pensamiento crítico; la integración de la religión, el Estado y el aparato de tortura, una troika que para Voltaire constituía el principal horror del mundo preilustrado y finalmente, la marginación política y económica de nuestra cultura. Desde luego, la Edad Oscura no fue uniforme ni monocromática, como recientes estudios han demostrado; pero tampoco lo es Estados Unidos hoy. Lo importante es que en ambos casos la palabra clave es “oscuro”.
Para comprender a qué nos referimos con el término, necesitamos ver, históricamente, qué constituyó la luz. En su famoso ensayo de 1784, ¿Qué es la Ilustración?, el filósofo alemán Immanuel Kant escribió: “La Ilustración es la liberación del hombre de su tutelaje autoimpuesto”, que definió como su “incapacidad para hacer uso de su razón sin la dirección de otro”, Sapere aude!, clamó Kant; “¡ten el valor de usar tu razón!; ese es el lema de la Ilustración”.
Estas palabras son fabulosas, y los ideales que encarnan inspiraron a los fundadores de la nación y la constitución americanas. Con respecto al clamor kantiano a favor de la razón, el historiador israelí Shmuel Feiner escribe:
“La naturaleza explosiva de esta breve definición radica en su arrolladora crítica del ‘viejo’ mundo en el que el hombre, por pesimismo y pasividad, permite que el orden existente dicte su vida y que aquellos que poseen autoridad religiosa y espiritual determinen por él lo que es verdad. En cambio, el hombre ilustrado es una persona autónoma, racional y escéptica que tiene el poder de liberarse de las ataduras del pasado y de la autoridad y de sentar las bases de nuevas y mejores formas para sí mismo y para toda la humanidad.”
Mi pregunta al lector es ésta: con toda seriedad, ¿hacia qué dirección cree que se dirige Estados Unidos en este momento? Supongo que la mayoría se dará cuenta de que esto es algo muy sencillo de responder; pero para abordar el asunto de forma más detallada, puede ser útil considerar el grado en que las cuatro características post Imperio Romano se aplican a nuestra situación actual.
El triunfo de la religión sobre la razón
Con la relección de George W. Bush y ante el panorama de una hegemonía republicana de largo plazo en la política americana, parece plausible que la civilización americana esté pasando de la fase crepuscular que describí hace años en El crepúsculo de la cultura americana a una verdadera edad oscura. De hecho, el historiador británico Charles Freeman publicó una extensa deliberación sobre la transición que tuvo lugar durante el Imperio Romano tardío, cuyo título puede ser como resumen emblemático de nuestro presidente actual: The Closing of the Western Mind. El señor Bush, Dios lo sabe, no es ningún San Agustín; pero Freeman señala a este último como el arquetipo de un proceso más general que se desarrolló en el siglo IV, a saber: “la gradual sumisión de la razón ante la fe y la autoridad”. Esto es lo que vemos hoy, y es un proceso que ninguna sociedad puede experimentar si quiere seguir siendo libre. Sin embargo, es un proceso del que los funcionarios gubernamentales, junto con buena parte de la población americana, están muy orgullosos. Al entrevistar tanto a varios asesores políticos como a gente que ha conocido o que ha estado cerca del presidente Bush, el periodista Ron Suskind halló un consenso: sentían que el presidente –junto con su base evangélica– cree que está cumpliendo una misión divina y que la fe aplasta a la evidencia empírica. “Un mandato de infalibilidad (...) guía la vida interior de la Casa Blanca”, escribe Suskind. De este modo, un asesor de Bush dijo que la Casa Blanca considera que gente como Suskind vive en “la comunidad apegada a la realidad”, es decir, entre gente que “cree que las soluciones emergen de un juicioso estudio de la realidad discernible”. Pero, prosigue,“así ya no es como funciona el mundo. Ahora somos un imperio y cuando actuamos, creamos nuestra propia realidad”.
Morris Berman
Edad oscura americana
El nuevo libro del pensador estadunidense Morris Berman es, en palabras de Gore Vidal, una sombría mirada a la situación actual de Estados Unidos, que de manera acelerada y vertiginosa ha entrado en la fase final del imperio estadunidense. “Basándose en un minucioso análisis histórico que muestra cómo desde sus orígenes esta nación albergaba las semillas individualista, imperialista y maniquea, plasmadas en un pensamiento y discurso binarios de “buenos” (los estadunidenses) y “malos” (los que son distintos), el autor se extiende y profundiza en las ideas abordadas en El crepúsculo de la cultura americana para demostrar que la masacre cultural, social, urbana, política y económica es el colofón de un proyecto imperial empeñado en exportar su visión y su modo de vida a todos los rincones del planeta”. Con autorización de la Editorial Sexto Piso ofrecemos a los lectores de La Jornada el inicio de este libro imprescindible
El ominoso título Edad oscura americana muy probablemente será incomprensible para la mayoría de mis compatriotas, especialmente para aquellos que religieron a George W. Bush en 2004. En realidad, para muchos de ellos, casi no cabe duda de que Estados Unidos se encuentra en el cenit de su poderío militar, de que es capaz de transformar el mundo a su antojo y de que es el encargado de llevar la luz de la democracia a los más oscuros rincones del planeta. ¿Tiene sentido, se preguntarán sin duda, hablar de una nueva Edad Oscura, cuando el poder americano se extiende por todas partes?
Sin embargo, puede ser que para algunos miembros de esta sociedad el título no sea tan descabellado. Para ellos, el futuro parece potencialmente peligroso; piensan que no está tan claro hacia dónde nos dirigimos como civilización o si podemos iluminar a otros pueblos, ya no digamos a nosotros mismos. Estos individuos están muy nerviosos, o incluso abatidos, por la decadencia terminal americana. Para ellos, la espiral descendente de nuestra cultura y el crecimiento exponencial, incluso fanático, de las fuerzas que amenazan nuestros ancestrales valores seculares y humanísticos son causas de creciente alarma. Así, es probable que para este segmento de la población el título Edad oscura americana no sea tan anómalo como podría parecer en primera instancia.
Por supuesto, parece una gran exageración equiparar la fase actual (y, en mi opinión, final) de la historia americana con la Edad Oscura o Media, pero mi intención no es dramatizar. Los imperios y las civilizaciones se levantan y caen y en el proceso pasan por una serie de etapas. Ya estábamos en la fase crepuscular cuando Ronald Reagan, con la perspicacia de un avestruz, declaró que estábamos en “el amanecer de los Estados Unidos”; veinte extraños años después, bajo el mando del “niño emperador” George W. Bush (como le llama Chalmers Johnson), hemos entrado a una edad oscura en pleno y seguimos un camino que no tiene en cuenta el futuro y que tan sólo puede acelerar nuestro declive. Lo que vemos ahora son claramente las características de Occidente tras la caída de Roma: el triunfo de la religión sobre la razón; la atrofia de la educación y del pensamiento crítico; la integración de la religión, el Estado y el aparato de tortura, una troika que para Voltaire constituía el principal horror del mundo preilustrado y finalmente, la marginación política y económica de nuestra cultura. Desde luego, la Edad Oscura no fue uniforme ni monocromática, como recientes estudios han demostrado; pero tampoco lo es Estados Unidos hoy. Lo importante es que en ambos casos la palabra clave es “oscuro”.
Para comprender a qué nos referimos con el término, necesitamos ver, históricamente, qué constituyó la luz. En su famoso ensayo de 1784, ¿Qué es la Ilustración?, el filósofo alemán Immanuel Kant escribió: “La Ilustración es la liberación del hombre de su tutelaje autoimpuesto”, que definió como su “incapacidad para hacer uso de su razón sin la dirección de otro”, Sapere aude!, clamó Kant; “¡ten el valor de usar tu razón!; ese es el lema de la Ilustración”.
Estas palabras son fabulosas, y los ideales que encarnan inspiraron a los fundadores de la nación y la constitución americanas. Con respecto al clamor kantiano a favor de la razón, el historiador israelí Shmuel Feiner escribe:
“La naturaleza explosiva de esta breve definición radica en su arrolladora crítica del ‘viejo’ mundo en el que el hombre, por pesimismo y pasividad, permite que el orden existente dicte su vida y que aquellos que poseen autoridad religiosa y espiritual determinen por él lo que es verdad. En cambio, el hombre ilustrado es una persona autónoma, racional y escéptica que tiene el poder de liberarse de las ataduras del pasado y de la autoridad y de sentar las bases de nuevas y mejores formas para sí mismo y para toda la humanidad.”
Mi pregunta al lector es ésta: con toda seriedad, ¿hacia qué dirección cree que se dirige Estados Unidos en este momento? Supongo que la mayoría se dará cuenta de que esto es algo muy sencillo de responder; pero para abordar el asunto de forma más detallada, puede ser útil considerar el grado en que las cuatro características post Imperio Romano se aplican a nuestra situación actual.
El triunfo de la religión sobre la razón
Con la relección de George W. Bush y ante el panorama de una hegemonía republicana de largo plazo en la política americana, parece plausible que la civilización americana esté pasando de la fase crepuscular que describí hace años en El crepúsculo de la cultura americana a una verdadera edad oscura. De hecho, el historiador británico Charles Freeman publicó una extensa deliberación sobre la transición que tuvo lugar durante el Imperio Romano tardío, cuyo título puede ser como resumen emblemático de nuestro presidente actual: The Closing of the Western Mind. El señor Bush, Dios lo sabe, no es ningún San Agustín; pero Freeman señala a este último como el arquetipo de un proceso más general que se desarrolló en el siglo IV, a saber: “la gradual sumisión de la razón ante la fe y la autoridad”. Esto es lo que vemos hoy, y es un proceso que ninguna sociedad puede experimentar si quiere seguir siendo libre. Sin embargo, es un proceso del que los funcionarios gubernamentales, junto con buena parte de la población americana, están muy orgullosos. Al entrevistar tanto a varios asesores políticos como a gente que ha conocido o que ha estado cerca del presidente Bush, el periodista Ron Suskind halló un consenso: sentían que el presidente –junto con su base evangélica– cree que está cumpliendo una misión divina y que la fe aplasta a la evidencia empírica. “Un mandato de infalibilidad (...) guía la vida interior de la Casa Blanca”, escribe Suskind. De este modo, un asesor de Bush dijo que la Casa Blanca considera que gente como Suskind vive en “la comunidad apegada a la realidad”, es decir, entre gente que “cree que las soluciones emergen de un juicioso estudio de la realidad discernible”. Pero, prosigue,“así ya no es como funciona el mundo. Ahora somos un imperio y cuando actuamos, creamos nuestra propia realidad”.
jueves, octubre 11, 2007
Gran debilidad del Estado Mexicano
La Jornada
John Saxe Fernández http://jsaxef.blogspot.com
La entrega de “todo México”
Tony Garza, embajador de Estados Unidos en México, dijo al diputado texano Henry Cuellar que “el presidente Calderón (es) el mandatario más dispuesto a colaborar con Washington, mucho más que todos los anteriores”. Poco después, el Departamento de Estado informó que “Garza está inmerso con Calderón” en “negociaciones serias” y en total sigilo sobre asuntos policial-militares. No es sólo “asistencia”, sino esquemas de “integración” y absorción militar. Según Jeannette Becerra Acosta (Milenio, 24/9/07 p. 6-8), fuentes del Pentágono indican que “desde 2002 México ‘analiza’ su futura integración al Comando del Norte (NorthCom, establecido por Rumsfeld bajo el impacto del 11/9 como instancia vital para la “seguridad y defensa patria”) en un área que incluye a Estados Unidos, Canadá, México, partes del Caribe, el Golfo de México, los estrechos de Florida y las zonas marítimas del Atlántico y el Pacífico hasta 500 millas náuticas de distancia de las costas de EU” (p. 8).
Como la Constitución está vigente, no sorprende que las negociaciones de “integración militar” impulsadas por la Casa Blanca, con Fox y ahora con Calderón, se realicen en “total secreto”. Es un proceso “pasito a pasito”, para “no alborotar el gallinero”. Por ejemplo, desde 2004 Fox autorizó la instalación de cinco radares Wide Area Augmentation Systems (WAAS). Se hizo por medio del Departamento de Transporte de Estados Unidos y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ante la resistencia de la alta oficialidad militar del país. El WAAS estará en total “operación trinacional a más tardar en 2013”. Críticos de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte (ASPAN) indican que se trata de “acelerar la integración total a más tardar en 2020”. Es un anexionismo sui generis que conlleva un brutal apartheid laboral, pero factible por el adormecimiento público ante el “polkismo” de Calderón. (Me refiero al colaboracionismo con el presidente James Polk –1845-1849–, cuando Estados Unidos despojó a México de más de la mitad de su territorio, aunque ambicionaba “todo México”.) Garza dijo a Cuellar que “éste es el momento en que está abierta la ‘ventana de oportunidades’, mientras
Calderón cuenta todavía con un capital político durante su primer año de gobierno en el que podemos ayudarlo en esta difícil guerra contra las drogas” (p. 7).
Bajo la pantalla del antiterrorismo, las drogas o la delincuencia, Estados Unidos despliega plataformas de “asistencia militar” para la expansión e intervención castrense y del aparato de seguridad y espionaje, incluyendo el despliegue de tropas, asesores y “contratistas”, así como el establecimiento de bases militares, siempre en función de los intereses del alto empresariado internacional y local por la explotación de mano de obra barata y de recursos naturales, petróleo, gas, minerales, agua, biodiversidad. Estas operaciones ahora se articulan desde la ASPAN, cuya agenda y reuniones se realizan marginando a los poderes Legislativo y Judicial y a espaldas de la opinión pública de Estados Unidos, México y Canadá: son encuentros secretos entre altos empresarios, embajadores, ministros y comandantes militares, como el que se realizó en Banff, Alberta en septiembre de 2006 –en el que se institucionalizó un esquema que privilegia la participación del sector privado, por medio del Consejo para la Competitividad de América del Norte (CCAN)–, o el más reciente en Montebello, Québec, en agosto pasado, ya bajo la batuta del CCAN. En materia de gas y petróleo el CCAN impulsa, junto a la fusión policial-militar, la “integración energética” en función de “un imperativo estratégico para EU”, porque “Canadá y México han sido bendecidos con abundantes recursos energéticos”. Instigan la “reforma” –privatización– “del sector energético de México” por medio de “iniciativas intermedias” y “la lógica de un mercado integrado” para desde ahí inducir el ritmo para “una reforma fundamental”. El CCAN indicó que los altos mandos empresariales esperan ser “socios” en la protección de “infraestructura vital”, así como en la “administración” de esquemas “tripartitos” prioritarios en caso de “emergencia”, sea por pandemias u otros “eventos” (¿terrorismo, huelgas, desobediencia civil?). Con la excusa de los ataques contra la infraestructura de Pemex, ocurridos antes de la reunión de Montebello, Calderón encargó a SY Coleman Corporation de EU el monitoreo de instalaciones estratégicas petroeléctricas. Es una vigilancia y resguardo que por ley corresponde únicamente al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana. Según el general Roberto Badillo Martínez, secretario de la Comisión de Defensa del Senado, cabe exigir a Calderón “… una explicación pormenorizada del posible ingreso de ex militares estadunidenses para operaciones de vigilancia. Esto es muy grave para la soberanía. Ningún gobierno mexicano durante el siglo XX permitió la entrada de tropas (de Estados Unidos), ni de mercenarios disfrazados, y mucho menos de asesores”. Pero es lo que ocurre en medio de una vasta represión popular y de la entrega de “todo México”.
John Saxe Fernández http://jsaxef.blogspot.com
La entrega de “todo México”
Tony Garza, embajador de Estados Unidos en México, dijo al diputado texano Henry Cuellar que “el presidente Calderón (es) el mandatario más dispuesto a colaborar con Washington, mucho más que todos los anteriores”. Poco después, el Departamento de Estado informó que “Garza está inmerso con Calderón” en “negociaciones serias” y en total sigilo sobre asuntos policial-militares. No es sólo “asistencia”, sino esquemas de “integración” y absorción militar. Según Jeannette Becerra Acosta (Milenio, 24/9/07 p. 6-8), fuentes del Pentágono indican que “desde 2002 México ‘analiza’ su futura integración al Comando del Norte (NorthCom, establecido por Rumsfeld bajo el impacto del 11/9 como instancia vital para la “seguridad y defensa patria”) en un área que incluye a Estados Unidos, Canadá, México, partes del Caribe, el Golfo de México, los estrechos de Florida y las zonas marítimas del Atlántico y el Pacífico hasta 500 millas náuticas de distancia de las costas de EU” (p. 8).
Como la Constitución está vigente, no sorprende que las negociaciones de “integración militar” impulsadas por la Casa Blanca, con Fox y ahora con Calderón, se realicen en “total secreto”. Es un proceso “pasito a pasito”, para “no alborotar el gallinero”. Por ejemplo, desde 2004 Fox autorizó la instalación de cinco radares Wide Area Augmentation Systems (WAAS). Se hizo por medio del Departamento de Transporte de Estados Unidos y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ante la resistencia de la alta oficialidad militar del país. El WAAS estará en total “operación trinacional a más tardar en 2013”. Críticos de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte (ASPAN) indican que se trata de “acelerar la integración total a más tardar en 2020”. Es un anexionismo sui generis que conlleva un brutal apartheid laboral, pero factible por el adormecimiento público ante el “polkismo” de Calderón. (Me refiero al colaboracionismo con el presidente James Polk –1845-1849–, cuando Estados Unidos despojó a México de más de la mitad de su territorio, aunque ambicionaba “todo México”.) Garza dijo a Cuellar que “éste es el momento en que está abierta la ‘ventana de oportunidades’, mientras
Calderón cuenta todavía con un capital político durante su primer año de gobierno en el que podemos ayudarlo en esta difícil guerra contra las drogas” (p. 7).
Bajo la pantalla del antiterrorismo, las drogas o la delincuencia, Estados Unidos despliega plataformas de “asistencia militar” para la expansión e intervención castrense y del aparato de seguridad y espionaje, incluyendo el despliegue de tropas, asesores y “contratistas”, así como el establecimiento de bases militares, siempre en función de los intereses del alto empresariado internacional y local por la explotación de mano de obra barata y de recursos naturales, petróleo, gas, minerales, agua, biodiversidad. Estas operaciones ahora se articulan desde la ASPAN, cuya agenda y reuniones se realizan marginando a los poderes Legislativo y Judicial y a espaldas de la opinión pública de Estados Unidos, México y Canadá: son encuentros secretos entre altos empresarios, embajadores, ministros y comandantes militares, como el que se realizó en Banff, Alberta en septiembre de 2006 –en el que se institucionalizó un esquema que privilegia la participación del sector privado, por medio del Consejo para la Competitividad de América del Norte (CCAN)–, o el más reciente en Montebello, Québec, en agosto pasado, ya bajo la batuta del CCAN. En materia de gas y petróleo el CCAN impulsa, junto a la fusión policial-militar, la “integración energética” en función de “un imperativo estratégico para EU”, porque “Canadá y México han sido bendecidos con abundantes recursos energéticos”. Instigan la “reforma” –privatización– “del sector energético de México” por medio de “iniciativas intermedias” y “la lógica de un mercado integrado” para desde ahí inducir el ritmo para “una reforma fundamental”. El CCAN indicó que los altos mandos empresariales esperan ser “socios” en la protección de “infraestructura vital”, así como en la “administración” de esquemas “tripartitos” prioritarios en caso de “emergencia”, sea por pandemias u otros “eventos” (¿terrorismo, huelgas, desobediencia civil?). Con la excusa de los ataques contra la infraestructura de Pemex, ocurridos antes de la reunión de Montebello, Calderón encargó a SY Coleman Corporation de EU el monitoreo de instalaciones estratégicas petroeléctricas. Es una vigilancia y resguardo que por ley corresponde únicamente al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana. Según el general Roberto Badillo Martínez, secretario de la Comisión de Defensa del Senado, cabe exigir a Calderón “… una explicación pormenorizada del posible ingreso de ex militares estadunidenses para operaciones de vigilancia. Esto es muy grave para la soberanía. Ningún gobierno mexicano durante el siglo XX permitió la entrada de tropas (de Estados Unidos), ni de mercenarios disfrazados, y mucho menos de asesores”. Pero es lo que ocurre en medio de una vasta represión popular y de la entrega de “todo México”.
martes, octubre 09, 2007
Nadie sabe para quien trabaja
La siguiente nota de la calificación de la deuda soberana mexicana es el reflejo fiel de la política económica que han implementado los voraces oligarcas mundiales quienes orientan todo su poder hacia los países ricos en recursos naturales pero con incipientes democracias y por tanto con frágiles estados que con gran facilidad aceptan y siguen las "recomendaciones" de estas entidades "globales",en América Latina países como Venezuela, Argentina, Bolivia han sufrido ya los impactos de este tipo de medidas económicas y han sabido responder reforzando su organización social y política para así rescatar sus facultades como estados soberanos, mostrando con rapidez que cuando los recursos propios de la nación se administran para el desarrollo de sus pueblos la historia es otra, ya que se abren múltiples perspectivas, tomando nuevamente en sus manos, futuro, destino, desarrollo, progreso...
En México se tuvo que implementar un monumental fraude para que el grupo en el poder que responde a estos intereses mezquinos y depredadores pudiera continuar con el atentado contra el país completo.
Este artículo de referencia es aplaudidor y elocuente a las medidas propuestas en la "reforma fiscal", y expresa el discurso desgastado de la "estabilidad macro económica", son curiosos estos agiotistas "modernos" más cuando contrastamos sus prioridades al "calificar" la deuda soberana mexicana con nuestra realidad social , las materias justicia social y pobreza hunden cualquier otra aprobación espuria.
Lluvia de ideas para la democracia.
México 2007.
La Jornada
Se basa en la reforma fiscal, el mejor perfil del débito y la macroeconomía
Eleva Standard&Poor’s la calificación de la deuda soberana de México
Antonio Castellanos y Juan A. Zúñiga
Standard & Poor’s elevó ayer la calificación de la deuda soberana de México en moneda nacional y extranjera, con una perspectiva estable por la aprobación de la reforma fiscal, el mejoramiento del perfil de la deuda y su estabilidad macroeconómica.
Esta es la segunda mejoría en la calificación del país en menos de una semana, porque el pasado 3 de octubre la consultora Fitch hizo lo mismo.
“El alza refleja tanto el fortalecimiento esperado de los ingresos fiscales en los siguientes años, como las señales de un renovado dinamismo político que reduce el temor de paralización de las políticas en México”, afirmó Joydeep Mukherji, el analista crediticio de Standard & Poor’s, responsable de la mejoría en la calificación soberana de México.
La reciente aprobación de la reforma fiscal, dijo, es un paso importante para reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante los volátiles precios del petróleo, y para cubrir las recientes presiones sobre el gasto.
En su evaluación sobre México, la calificadora especificó que “la perspectiva estable incorpora la expectativa de que la incertidumbre actual en los mercados internacionales no tendrá un impacto adverso importante sobre la estabilidad macroeconómica del país, incluso si el crecimiento del producto interno bruto (PIB) se ve limitado por el menor crecimiento potencial de Estados Unidos”.
Sin embargo, advirtió que la trayectoria de la calificación de México dependerá en adelante de la capacidad de la administración del presidente Calderón para “extender el reciente impulso a favor de las reformas, atendiendo en particular los obstáculos para aumentar la inversión y el crecimiento, así como para fortalecer las instituciones públicas del país y profundizar en el ejercicio de la ley”.
El reporte de la mejoría de la calificación de la deuda soberana de México fue retomado inmediatamente por la Secretaría de Hacienda, y a la par fue difundida en la Bolsa Mexicana de Valores.
Según la dependencia, Standard & Poor’s señaló que la aprobación de la reforma hacendaria, posterior a la de la ley del ISSSTE, “se da después de varios años de estancamiento político entre el Poder Ejecutivo y el Congreso respecto de las reformas estructurales. Lo anterior manda una señal positiva acerca de la habilidad del liderazgo político en México, incluyendo partidos políticos, gobiernos federal y estatales, para alcanzar acuerdos en temas clave”.
La decisión de la calificadora se reflejó en la BMV, donde su principal indicador avanzó 0.90 por ciento, para ubicarse en 31 mil 540.94 unidades, 284 más que el cierre de la semana pasada. Esto es importante porque el índice Dow Jones, que regularmente define el comportamiento del mercado en México, cerró con una pérdida de 0.15 por ciento.
"Costa Rica: democracia vulnerada"
La Jornada
Editorial
Costa Rica: democracia vulnerada
Una semana después de que las encuestas de opinión anunciaron un rechazo claramente mayoritario entre la ciudadanía costarricense al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el gobierno de Óscar Arias logró imponer por estrecho margen, en el referendo del domingo, la aprobación del pacto comercial. Los promotores del no han decidido condicionar su reconocimiento de los resultados oficiales a un recuento total de los sufragios y que se aclaren las numerosas irregularidades documentadas durante la jornada electoral. Por vez primera, el funcionamiento de la formalidad democrática costarricense, emblemática del país y excepcional en la historia reciente de Centroamérica y América Latina, se ve cuestionado, y con sobrada razón, por un sector masivo de ciudadanos; por primera ocasión los costarricenses se enfrentan a la posibilidad de no poder superar sus diferencias por medio de las urnas.
Las irregularidades y las inconformidades no empezaron el día de la votación. El referendo fue ensuciado meses atrás por el gobierno de Óscar Arias, el cual concertó un programa de intimidación a los electores, invirtió recursos públicos en el proselitismo por el sí, permitió la descarada intervención de Wa-shington en las campañas, apeló al voto del miedo con el argumento de que el rechazo al acuerdo comercial tendría consecuencias nefastas para el país, y manipuló y engañó, en connivencia con medios de información de propiedad privada e intereses corporativos, a la opinión pública. El día mismo del referendo fueron documentadas numerosas irregularidades –intimidación a los activistas por el no, transporte gratuito a los votantes del oficialismo, sorpresivos cambios de sentido en los resultados electorales de diversas circunscripciones– que, como se ha hecho habitual en otras naciones, pasaron inadvertidas para los observadores electorales. Por si fuera poco, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) toleró tales prácticas y otras, como la violación a la tregua propagandística por los partidarios de la aprobación del tratado comercial. A la postre, éstos ganaron el referendo por una diferencia de 50 mil votos en un universo de más de millón y medio de sufragios. En consecuencia, una porción muy importante del electorado –más de 48 por ciento, según las cifras oficiales– percibe que el proceso se desarrolló en forma tramposa.
Es imposible no ver los paralelismos con la manera en que se realizó en México el proceso electoral del año pasado: un gobierno volcado a denostar –con recursos públicos– al candidato de la oposición; medios informativos, especialmente los electrónicos, alineados con el oficialismo; autoridades electorales que no pudieron o no quisieron poner en orden a los competidores; campañas de amedrentamiento al electorado y, para culminar, un conteo desaseado e inverosímil de los sufragios y una negativa tajante a contarlos de nuevo. El resultado fue catastrófico para todos, pues los perdedores se sintieron despojados del triunfo; los vencedores no han podido, hasta la fecha, remontar el déficit de legitimidad que es su sello de origen, las instituciones están tocadas en su credibilidad y el país no logra superar la grave fractura política en que desembocó la elección.
Significativamente, en uno y otro casos se puso en juego el modelo de país y la orientación general de la economía: en México la subsistencia de la ortodoxia neoliberal dependía del triunfo de Felipe Calderón, y en Costa Rica la aprobación del TLC puede implicar el desmantelamiento definitivo del Estado solidario, el arrasamiento del tejido social en diversos sectores y el fin del sueño de la sustentabilidad.
Da la impresión de que los partidarios del llamado consenso de Washington están dispuestos a navegar con bandera de demócratas sólo cuando están seguros de contar con el respaldo de la voluntad popular mayoritaria, pero cuando ésta amenaza los intereses económicos y geopolíticos que representan, no dudan en trastocar la institucionalidad política.
Si hoy la democracia tica aparece debilitada y cuestionada, no es responsabilidad de quienes apostaron por la libre expresión del voto, sino de quienes jugaron sucio en todo el proceso. La preservación de la institucionalidad y de la convivencia pacífica hace necesario ahora limpiar el referendo, subsanar las irregularidades, despejar las dudas y restituir la credibilidad del organismo electoral. De otra manera, la democracia costarricense, hasta hace poco considerada ejemplar, será colocada en un callejón sin salida.
Editorial
Costa Rica: democracia vulnerada
Una semana después de que las encuestas de opinión anunciaron un rechazo claramente mayoritario entre la ciudadanía costarricense al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el gobierno de Óscar Arias logró imponer por estrecho margen, en el referendo del domingo, la aprobación del pacto comercial. Los promotores del no han decidido condicionar su reconocimiento de los resultados oficiales a un recuento total de los sufragios y que se aclaren las numerosas irregularidades documentadas durante la jornada electoral. Por vez primera, el funcionamiento de la formalidad democrática costarricense, emblemática del país y excepcional en la historia reciente de Centroamérica y América Latina, se ve cuestionado, y con sobrada razón, por un sector masivo de ciudadanos; por primera ocasión los costarricenses se enfrentan a la posibilidad de no poder superar sus diferencias por medio de las urnas.
Las irregularidades y las inconformidades no empezaron el día de la votación. El referendo fue ensuciado meses atrás por el gobierno de Óscar Arias, el cual concertó un programa de intimidación a los electores, invirtió recursos públicos en el proselitismo por el sí, permitió la descarada intervención de Wa-shington en las campañas, apeló al voto del miedo con el argumento de que el rechazo al acuerdo comercial tendría consecuencias nefastas para el país, y manipuló y engañó, en connivencia con medios de información de propiedad privada e intereses corporativos, a la opinión pública. El día mismo del referendo fueron documentadas numerosas irregularidades –intimidación a los activistas por el no, transporte gratuito a los votantes del oficialismo, sorpresivos cambios de sentido en los resultados electorales de diversas circunscripciones– que, como se ha hecho habitual en otras naciones, pasaron inadvertidas para los observadores electorales. Por si fuera poco, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) toleró tales prácticas y otras, como la violación a la tregua propagandística por los partidarios de la aprobación del tratado comercial. A la postre, éstos ganaron el referendo por una diferencia de 50 mil votos en un universo de más de millón y medio de sufragios. En consecuencia, una porción muy importante del electorado –más de 48 por ciento, según las cifras oficiales– percibe que el proceso se desarrolló en forma tramposa.
Es imposible no ver los paralelismos con la manera en que se realizó en México el proceso electoral del año pasado: un gobierno volcado a denostar –con recursos públicos– al candidato de la oposición; medios informativos, especialmente los electrónicos, alineados con el oficialismo; autoridades electorales que no pudieron o no quisieron poner en orden a los competidores; campañas de amedrentamiento al electorado y, para culminar, un conteo desaseado e inverosímil de los sufragios y una negativa tajante a contarlos de nuevo. El resultado fue catastrófico para todos, pues los perdedores se sintieron despojados del triunfo; los vencedores no han podido, hasta la fecha, remontar el déficit de legitimidad que es su sello de origen, las instituciones están tocadas en su credibilidad y el país no logra superar la grave fractura política en que desembocó la elección.
Significativamente, en uno y otro casos se puso en juego el modelo de país y la orientación general de la economía: en México la subsistencia de la ortodoxia neoliberal dependía del triunfo de Felipe Calderón, y en Costa Rica la aprobación del TLC puede implicar el desmantelamiento definitivo del Estado solidario, el arrasamiento del tejido social en diversos sectores y el fin del sueño de la sustentabilidad.
Da la impresión de que los partidarios del llamado consenso de Washington están dispuestos a navegar con bandera de demócratas sólo cuando están seguros de contar con el respaldo de la voluntad popular mayoritaria, pero cuando ésta amenaza los intereses económicos y geopolíticos que representan, no dudan en trastocar la institucionalidad política.
Si hoy la democracia tica aparece debilitada y cuestionada, no es responsabilidad de quienes apostaron por la libre expresión del voto, sino de quienes jugaron sucio en todo el proceso. La preservación de la institucionalidad y de la convivencia pacífica hace necesario ahora limpiar el referendo, subsanar las irregularidades, despejar las dudas y restituir la credibilidad del organismo electoral. De otra manera, la democracia costarricense, hasta hace poco considerada ejemplar, será colocada en un callejón sin salida.
domingo, octubre 07, 2007
lunes, octubre 01, 2007
COSTA RICA NOS PONE EL EJEMPLO
La Jornada lunes 1 de octubre de 2007 Multitudinaria marcha en vísperas del referendo sobre el pacto comercial
Repudian en Costa Rica el TLC con EU
Unas 150 mil personas marcharon por el Paseo Colón, la más larga y ancha avenida de San José, para mostrar su rechazo al Tratado de Libre Comercio para Centroamérica (TLCCA). Ante la tensión social provocada por el pacto, el Tribunal Supremo de Elecciones convocó en mayo a un referendo para evitar la confrontación social. Si el próximo domingo gana el no, Costa Rica sería la primera nación en el mundo en rechazar en las urnas un tratado comercial con Estados Unidos FOTO Ap
Unas 150 mil personas marcharon por el Paseo Colón, la más larga y ancha avenida de San José, para mostrar su rechazo al Tratado de Libre Comercio para Centroamérica (TLCCA). Ante la tensión social provocada por el pacto, el Tribunal Supremo de Elecciones convocó en mayo a un referendo para evitar la confrontación social. Si el próximo domingo gana el no, Costa Rica sería la primera nación en el mundo en rechazar en las urnas un tratado comercial con Estados Unidos FOTO Ap
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