La Jornada
México SA
Saqueo a los trabajadores avalado por la Corte
Garantiza pensiones quien dio por seguras las instalaciones de la guardería ABC
Carlos Fernández-Vega
La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió mutilar (de 25 a 10 salarios mínimos) el límite superior para fijar las pensiones por vejez, muerte, cesantía en edad avanzada e invalidez de los trabajadores que cotizan bajo el régimen previsto en la Ley del Seguro Social de 1973, de tal suerte que alrededor de un millón 200 mil próximos a jubilarse han sido asaltados con el mayor descaro, tomando como base un pleito judicial promovido por el propio IMSS (es decir la institución del Estado mexicano encargada, por ley, de proteger los derechos de –entre otros– los jubilados y pensionados del país) y utilizando la tesis presentada por el ministro Sergio Valls, ex director jurídico del mismo instituto, con el voto mayoritario de sus colegas.
Con extrema lentitud y los dedos en la puerta, como ya es costumbre, el director general del IMSS, Daniel Karam, ha salido a “explicar” de qué se trata la decisión de la tremenda corte, aunque para ello se haya tomado una larga semana tras la denuncia que sobre el particular hizo pública La Jornada el pasado 22 de julio. Ayer este triste personaje aseguró que el instituto “siempre actuará de acuerdo con lo que establece la ley”, por mucho que la misma ley que dice acatar señala explícitamente que el límite superior para fijar las pensiones por vejez, muerte, cesantía en edad avanzada e invalidez de los trabajadores es de 25 salarios mínimos.
¿Qué vueltas tenía que darle el lerdo señor Karam a la ley que dice respetar? ¿Qué interpretaciones a una legislación más clara que el agua? Dada su inquebrantable fe en las leyes vigentes, según dice, ¿por qué recurrió a desenterrar artículos derogados para mutilar, en lo oscurito y en contubernio con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho de los trabajadores a una jubilación o pensión digna? Que no le digan, que no le cuenten. Se trata del mismo personaje tragicómico que poco más de un año atrás aseguraba que la Guardería ABC de Hermosillo cumplía “con los lineamientos en materia de seguridad”, que contaba con salidas de emergencia y que la estancia infantil “aparentemente está dentro de lo que señala la normatividad correspondiente”. El mismo que prometió un rotundo “no a la impunidad” por el incendio en aquel local de la capital sonorense, y el mismo, en fin, que la propia SCJN descaradamente exoneró, junto a Juan Molinar Horcasitas y demás arpías relacionadas con el caso, de cualquier responsabilidad en el incendio en que murieron 49 niños y más de 70 resultaron gravemente lesionados.
El lerdo cuan desacreditado Daniel Karam (que ya le debe dos a los ya tristemente célebre ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) tomó el micrófono para decir que “aunque se ha generado mucha inquietud al respecto, los pensionados pueden estar seguros que en ningún momento está en riesgo su pensión, ni hoy ni después; esto es bien importante señalarlo, que tengan la tranquilidad los pensionados que hoy reciben su pensión que la seguirán cobrando en los términos, con la cuantía, el próximo lunes, en los meses que vienen y en los años subsecuentes (porque) no hay ningún aspecto de retroactividad en ningún escenario”.
Nada dijo, eso sí, sobre el futuro de los trabajadores por pensionarse, porque “no quisiera pronunciarme en este momento hasta que no tengamos todos los elementos para poder emitir un mensaje con respecto a este tema en particular… el IMSS está analizando con mucho detenimiento la implicaciones que tendrá (la decisión de la SCJN), insisto, en su caso, para los nuevos jubilados”. Nada explicó sobre el punto que precisamente ha generado no sólo mucha inquietud, sino profunda indignación. Nada detalló sobre el punto toral de la nueva maniobra calderonista (como antes foxista y zedillista) en contra del ahorro de los trabajadores y su derecho a una pensión digna, tras muchos años de trabajo. Nada. ¿A qué salió, entonces, a dar una conferencia?
El gobierno calderonista, con Karam de pantalla, puede aducir razones de crisis en las finanzas del Seguro Social, y decir que no hay con qué cubrir las pensiones. Pero el manejo de tales finanzas no es responsabilidad de los trabajadores, tampoco los nefastos resultados. Tal crisis pretende achacársele a las pensiones, cuando es obvio que (independientemente de los malos manejos, de la profunda corrupción, de los acuerdos en lo oscurito con la patronal, de los ya famosos “convenios” que cancelan adeudos de acuerdo con el tamaño del padrino que se tenga), que ha crecido y se ha profundizado por la enclenque respuesta económica y las propias prácticas laborales en el país, que han privilegiado la informalidad, y, en los últimos años, el llamado outsourcing para evadir el pago de las cuotas que por ley le toca a la parte patronal.
Por ejemplo, alrededor de cien mil trabajadores de la banca no existen para efectos del IMSS, porque los barones del dinero los han sacado de la nómina institucional para ahorrarse tales cuotas. Y como este caso, miles a lo largo y ancho de la República. Pero el instituto en esto no se fija. Por si fuera poco, al gobierno federal en lugar de inyectarle recursos, como es su obligación legal, le ha dado por darle pellizcos a las finanzas del instituto y destinarlos a “otras actividades”.
A estas alturas del partido, si fuera atendida la demanda real de empleo formal, el IMSS debería tener registrados a cuando menos 25 millones de trabajadores, sino es que a 30. Pero el inventario no pasa de 14 millones (eventuales incluidos), de tal suerte que existe una espeluznante evasión por la parte patronal con el consentimiento del propio instituto y demás instancias de gobierno, como algunos le llaman. ¿Con 10 o 15 millones de cuotas adicionales, en dónde estarían las finanzas del instituto hoy en crisis? ¿En dónde las reservas para financiar pensiones y jubilaciones? ¿En dónde la calidad y alcance de la seguridad social en el país? No sólo habría viabilidad financiera, sino excedentes.
Lo cierto es que el objetivo sigue siendo cancelar los derechos sociales de los trabajadores, que se rasquen cómo y dónde puedan. En el centro de la atención está el uso del ahorro de los cotizantes. Desde tiempos de Zedillo, con las modificaciones a la ley del IMSS y la creación de las Afore, el objetivo es deshacerse de la para ellos incómoda obligación constitucional de garantizar un México digno para el grueso de su población.
Las rebanadas del pastel
¿Qué el IMSS no tiene dinero? Entonces, que el gobierno federal recurra a las reservas internacionales, y no al ahorro de los trabajadores. ¿Qué no nos volverían a saquear?
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Honor a quien lo merece: algunos jueces de la Suprema Corte de Justicia demostraron ser sensibles y defender las leyes de quienes siempre manejan el aparato judicial como una maza de guerra contra los luchadores sociales y contra las resistencias a las medidas liberticidas. Debo confesar que su fallo me alegró, porque me hizo ver que la densidad cultural histórica de las luchas que construyeron este país y la presión de la sociedad pesan incluso en algunos de los principales organismos estatales de este país, que aunque es capitalista y está gobernado por los representantes directos del capital, ha sido forjado por los grandes y profundos movimientos sociales de la Reforma y de la Revolución Mexicana. En Atenco están, como en tantas otras luchas campesinas y obreras de México, los Emilianos Zapatas de hoy, y alegra ver que no todos en el aparato estatal están dispuestos, como lo están en cambio Enrique Peña Nieto y sus iguales, a cumplir el papel de los Guajardos y los Carranzas.
Pero los héroes de esta lucha por la justicia, los derechos sociales, las libertades y los derechos humanos son, antes que nada, los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Atenco, que, con doña Trini y sus mujeres a la cabeza, llevaron adelante una valiente e incansable lucha de más de cuatro años, juntando cada vez más fuerzas y voluntades, construyendo alianzas con otros movimientos sociales y sumando paulatinamente a su lucha a los defensores de los derechos humanos y los intelectuales democráticos de México y del mundo. Ellas y ellos, que se unieron a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, a los mineros, a los autonomistas triquis de San Juan Copala, a militantes de izquierda y centroizquierda, sin sectarismos ni otro requisito que exigir la libertad de todos los presos políticos y defender los derechos democráticos pisoteados, fueron construyendo el germen de un siempre creciente frente único, autónomo y democrático.
El temor a emitir un fallo que, ratificando las barbaridades políticas y jurídicas cometidas por el gobernador del estado de México y por sus servidores judiciales, cerrase todo camino legal e institucional para la protesta social y la empujase por el camino de la rebelión legítima y de la radicalización y el temor al crecimiento de una protesta social unida influyó sin duda también en la decisión de la mayoría de la Suprema Corte.
Atenco demostró nuevamente, como antes al oponerse al aeropuerto, que la lucha tiene un alto costo pero paga. Como los zapatistas chiapanecos que en 1994 se arriesgaron a morir de un balazo para no seguir muriendo de diarrea, como los triquis de San Juan Copala que desafían los asesinatos y el asedio de los matones del gobierno priísta, Atenco no fue aplastado y ahí está de pie, altivo y luchador, a pesar de la ferocidad de la represión. La lucha paga, rinde sus frutos, porque los pocos miles o decenas de miles de valientes que pelean con tenacidad, constancia y abnegación tienen detrás de sí la simpatía y el apoyo moral de millones de oprimidos y explotados: esta es la fuerza que quita consenso a la represión, que aísla a los criminales de cuello blanco o de pistola y tolete o machete, esa es la presión que hace grandes a los pequeños y convierte moralmente en diminutos a los que sólo cuentan con el tamaño del aparato estatal.
La victoria legal del FPDT, de doña Trini y sus compañeros, es también la victoria moral de buena parte del pueblo mexicano y de los defensores de los derechos humanos y civiles y es, por eso mismo, una confesión indirecta del temor de las clases gobernantes a la construcción de un frente único de movimientos, organizaciones sociales, sindicatos y fuerzas de izquierda capaz de juntar a todos, sin sectarismo, en torno a un programa común que defienda las libertades democráticas y sociales, exija la libertad de los presos políticos y sociales, impida la destrucción de los sindicatos y otros organismos de resistencia, defienda las conquistas legales de la Revolución, luche por un aumento generalizado de salarios y pensiones, por el sostén a los campesinos, por la creación de fuentes de trabajo, por la defensa de los recursos naturales que el gobierno está intentando entregar a las trasnacionales, por la desmilitarización de los estados, por una economía alternativa basada en la autonomía, la autogestión, la restructuración del territorio. Es cierto que detrás del fallo de la Suprema Corte está también el deseo de un sector de las clases dominantes de cerrarle el camino a la Presidencia al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, quien ahora aparece ante el mundo como mandante de matanzas, violaciones, torturas, falsificación de pruebas judiciales, promotor de métodos fascistas y, por lo tanto, impresentable dentro de pocos meses como candidato a primer mandatario. Pero la agudización de la lucha intercapitalista sólo facilitó el triunfo legal, no lo determinó. El causante del mismo fue la férrea decisión de lucha de doña Trini y sus compañeros del FPDT, que supieron sumar a otros luchadores en todos los demás ámbitos de la sociedad.
Ahora hay que ampliar la brecha abierta. Hay que lograr que se castigue a los culpables de la violenta represión en Atenco y a los prevaricadores, que se indemnice a sus víctimas, que se libere a todos los presos políticos. Hay que imponer una solución justa para los miembros del SME y para los derechos sindicales de los mineros. Hay que parar de raíz los intentos de empeorar las leyes y garantías que sirven para la protección de los trabajadores. Como decían los de 1968 “ce n’est qu’un début!”, esto no es más que el comienzo, y la victoria no es un punto de llegada sino de partida. Alentados, continuemos el combate.
