Revolución 2010. Contra Dependencia Alimentaria

México SA

Se incrementará la importación de alimentos

La producción nacional sigue a la baja

Carlos Fernández-Vega

En los últimos 10 años México ha gastado unos 150 mil millones de dólares en la compra de alimentos al exterior. En la imagen, una bodega de arroz y frijol de la Central de Abasto del Distrito Federal

Tres organismos internacionales (Cepal, FAO e IICA) advierten tristemente que en este año de la recuperación, México incrementará aún más la importación de alimentos (léase aumentará su dependencia alimentaria) por la sencilla razón de que la producción nacional en este renglón se mantiene a la baja, mientras la autodenominada autoridad se mantiene en la fiesta y tan delicada proyección no le quita el sueño. Y como muestra un botón documentado por el Inegi: en el primer trimestre de 2010, México erogó 4 mil 291 millones de dólares para comprar alimentos en el mercado internacional (fundamentalmente en Estados Unidos), lo que representa un crecimiento de 14 por ciento respecto de igual periodo de 2009, y equivale, en ese lapso, a un gasto de 2 millones de dólares por hora.

El sábado pasado, en este espacio, se comentó el informe Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2010, elaborado por la Cepal, la FAO y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en el que se advierte que México, que ya era uno de los principales importadores netos de la región, ahora depende aún más de las importaciones, y no precisamente de artículos suntuarios, sino de los prioritarios. El estómago nacional, pues, depende en grado sumo de lo que se produzca, de lo que cueste y de lo que en la materia se decide fuera del país.

Pues bien, entre el barullo de las matracas y los silbatos que festejan el regreso a la normalidad, porque la crisis ya se acabó, el Inegi informa que de enero a marzo, por ejemplo, la importación de pescado fresco o refrigerado se incrementó casi 50 por ciento, para abastecer a un país con más de 10 mil kilómetros de litorales; que la de café reportó un crecimiento de 105 por ciento, justo para un país con uno de los mejores granos del mundo; que, para no variar, la compra de maíz en los mercados internacionales avanzó alrededor de 20 por ciento, precisamente en un país cuya dieta fundamental se basa en ese cereal, y que, en fin, la de azúcar registró un crecimiento de casi 260 por ciento, en un país que no hace mucho exportaba grandes cantidades del dulce.

Qué peligroso regresar a la normalidad, porque, como se ha comentado en este espacio, desde hace muchos años –con mayor intensidad desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte– la dependencia alimentaria registra un avance igual de sostenido que de peligroso. El estómago nacional cada día depende más de los abastecedores externos, y sólo en situaciones de crisis –la del catarrito, por ejemplo– se observan descensos relativos en el volumen y valor adquirido en el mercado externo –el estadunidense, fundamentalmente–, pero al primer signo de lo que algunos llaman reactivación económica dichos indicadores repuntan alegremente para seguir la escala ascendente.

Para dar una idea más amplia de cuál es el delicado problema, vale subrayar que en la última década México ha gastado algo así como 150 mil millones de dólares (40 por ciento de ellos en el calderonato) para adquirir alimentos en el exterior y comercializarlos en un país en el que se producía prácticamente todo lo que ahora se compra allende nuestras fronteras y a precios cada día más elevados.

El sexenio calderonista arrancó con severos aumentos de precios en los alimentos; esta situación se agravó en 2007 y 2008; aún más con el catarrito, pero el inquilino de Los Pinos asegura que se trata de una coyuntura alimentaria, la cual, dicho sea de paso, acumula varias décadas. En el recuento, vale recordar que 30 años atrás el entonces presidente José López Portillo anunció con bombo y platillo el llamado Sistema Alimentario Mexicano (SAM), que establecía metas de consumo alimentario y medios para satisfacerlas desde dos vertientes fundamentales: un rápido aumento en la producción de alimentos básicos y apoyos múltiples al consumo de las mayorías empobrecidas de México, y advertía que el país tiene todas las posibilidades históricas y materiales para tomar un rumbo que revierta vigorosamente tendencias que, en estos momentos de graves definiciones internacionales, nos pueden conducir a la desnacionalización por la vía de la dependencia económica y tecnológica... (estamos ante) la quizá irrepetible y única posibilidad de satisfacer sin concesiones innecesarias nuestro gran potencial de crecimiento, ampliando la base productiva y el mercado interno, sentando así bases sólidas de soberanía y de una economía eficiente y poderosa.

¿Qué sucedió? La importación de alimentos se incrementó y el sucesor de JLP, Miguel de la Madrid, quiso revertir esa tendencia con otro programa: el Nacional de Alimentación (Pronal), que prometía lo mismo que el SAM (autosuficiencia alimentaria para resguardar la soberanía nacional y elevar el nivel de vida de los campesinos), con el añadido de reducir en cuando menos 30 por ciento la compra de alimentos en el exterior. Logró exactamente lo contrario, y aumentó aún más la adquisición de alimentos en los mercados internacionales. Llegaron Salinas, Zedillo y Fox, cada cual con su oferta de gobierno, y la importación de alimentos creció y creció, a grado tal que alrededor de la mitad de lo que los mexicanos comen proviene del extranjero, principalmente del norte, mientras el campo produce pobres y migrantes al por mayor, que ya no migran a las grandes ciudades, sino directamente al mismo norte que nos abastece.

¿Y con Calderón? Lo mismo, con idéntico discurso (la seguridad alimentaria es un asunto de Estado). Se comprometió a paliar la situación financiera de los mexicanos ante el incremento de los precios de los alimentos a escala mundial y a facilitar el abasto y el acceso de los consumidores mexicanos a los mejores precios de los alimentos en el mercado internacional; impulsar la producción de alimentos y aumentar la productividad del campo mexicano. Nada de eso sucedió. El Inegi documenta que sólo en 2009, el año de la gran crisis y de la astringencia de divisas, salieron de México alrededor de 16 mil 235 millones de dólares para adquirir alimentos, 22 por ciento menos que en 2008 (casi 21 mil millones), pero no por el incremento interno de la producción, sino, precisamente, por la crisis.

Las rebanadas del pastel

Con todo y el creciente gasto en importación de alimentos, en 2006, 14.42 millones de mexicanos se encontraban en condición de pobreza alimentaria, y para 2008 sumaban 19.46 millones. De acuerdo con el Coneval, 46 por ciento de la población registra algún grado de inseguridad alimentaria (de leve a severo). Y van por más.

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx

Revolución 2010. Contra la Miseria Política.

La contrarrevolución en el poder

Gilberto López y Rivas

Paradójicamente para México, las celebraciones del bicentenario de los inicios del movimiento por la Independencia y el centenario del proceso revolucionario más importante en el ámbito mundial de principios del siglo XX –junto con la Revolución Rusa de 1917– están marcadas por el derrumbe de la credibilidad y legitimidad de las instituciones de la República surgidas de este movimiento armado, una violencia que en buena parte proviene del Estado y mantiene en permanente zozobra a la sociedad, una crisis económica profunda que afecta severamente a la mayoría de los mexicanos y la incertidumbre generalizada sobre la viabilidad del país hacía el futuro.

Entre 2006 y 2008 aumentó la pobreza extrema en México. En dos años, la cantidad de personas que no pudieron comprar alimentos básicos (pobreza alimentaria) pasó de 14.4 millones a 19.5 millones, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de Política Social (Coneval). Se trata de individuos cuyos ingresos son menores a 65 dólares mensuales, que es el valor de una canasta básica, como se define a la lista de alimentos indispensables para la salud. La crisis económica afecta más, obviamente, a la población más pobre. Según el Coneval, prácticamente la mitad de los mexicanos son pobres. A quienes padecen pobreza alimentaria se suman otros 31 millones cuyos ingresos no alcanzan para satisfacer otras necesidades básicas, como transporte, vivienda o servicios médicos, en lo que se denomina pobreza patrimonial, que según el consejo alcanza a 47.4 por ciento de los mexicanos, esto es, 50.6 millones de personas.

¿Qué tendríamos que celebrar los mexicanos de bicentenarios y centenarios si el actual gobierno lleva al país al despeñadero en el que independencia y revolución pierden todo significado real y sólo se vuelven retórico ritual oficialista, mascarada y burla? ¿De qué regocijarnos si el Ejército Mexicano surgido de esa revolución se despliega por todo el territorio nacional, como en el porfiriato, como tropas de ocupación y sus rurales trastocados en paramilitares atacan a las autonomías indígenas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero? Todo ello, mientras los neocientíficos pontifican a favor del régimen desde los medios de comunicación y las sometidas academias.

En retrospectiva, si bien es cierto que la Revolución Mexicana establece plenamente los principios de la modernidad capitalista que el porfiriato inició y da cauce a la construcción de un Estado-nación hegemonizado por la burguesía mestizocrática, también lo es que en la Constitución de 1917 quedan plasmados muchos de los anhelos y las reivindicaciones por los cuales lucharon los ejércitos de campesinos e indígenas del norte y del sur, como balance de la acumulación de fuerzas militares y políticas con las que llegó el bloque popular revolucionario al Congreso Constituyente. Más tarde, el general Lázaro Cárdenas –con la expropiación petrolera– pone en práctica el artículo 27 constitucional, en ejercicio de soberanía y autodeterminación nacional frente a la constante injerencia y pretensiones de dominio extranjero, particularmente de Estados Unidos sobre México.

Por ello, la imagen de Felipe Calderón rindiendo homenaje en el cementerio de Arlington a los soldados de nuestro buen vecino caídos en sus guerras coloniales y típicamente imperialistas, incluyendo la llevada a cabo en contra de la República Mexicana en 1845-1848, que cercenó poco menos de la mitad de su territorio, y las invasiones al puerto de Veracruz en 1914 y a Chihuahua en 1916, constituye simbólicamente el cierre del círculo de la traición nacional del actual grupo gobernante frente a las estrategias de dominación de Estados Unidos. Calderón, con su ofrenda en Arlington vilipendió a quienes en México y América Latina murieron defendiendo el decoro y la dignidad de nuestras soberanías frente a ese norte revuelto y brutal que nos desprecia, como afirmaría Martí.

Este país ya no requiere del envío de sus soldados, el emplazamiento de flotas aéreas y marítimas y el control militar del territorio por que cuenta con este sector de la elite política que habla español pensando en inglés, tiene su corazón en America, y cumple con el papel que le asigna la actual trasacionalización del Estado: el control de la fuerza de trabajo, la criminalización de las resistencias y la guerra social desplegada contra quienes se opongan al orden capitalista, contra los desechables por este sistema y aun contra las opositores simplemente democráticos.

Ha ocurrido ya lo que vislumbró Gastón García Cantú, quien consideraba que la Revolución Mexicana se expresa en la autodeterminación de nuestro país, mientras la contrarrevolución se significa especialmente en su dependencia del mayor poder mundial (Idea de México. Contrarrevolución. México, Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 13). Para este autor, el dominio de la contrarrevolución ocurre también a partir de las reformas salinistas al artículo 27 constitucional que pretenden despojar a los campesinos de sus ejidos y tierras comunales, y que fueron la esencia reivindicativa de la Revolución en sus ámbitos agrarios liderada por Zapata, así como con el vaciamiento de los contenidos del artículo 123 constitucional que lleva a cabo la trasnacionalización neoliberal y que deja sin efecto las conquistas laborales obtenidas en 1917. Con el cierre de Luz y Fuerza del Centro y el desconocimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, Felipe Calderón culmina el esfuerzo contrarrevolucionario por revertir en favor del capital todos los avances alcanzados por el movimiento armado que costó al país más de un millón de muertos, cuando su población era de 16 millones. En realidad, este año de bicentenarios y centenarios es de luto nacional.

Revolución 2010. "Mercados y saqueo "

La Jornada




Mercados y saqueo

Luis Linares Zapata



La confianza en la capacidad de los llamados mercados para autorregularse y para asignar recursos de manera eficiente raya, para sus muchos difusores y oficiantes, en el más rampante de los fanatismos. Fanatismo rellenado con acríticas consignas aceptadas sin mediar dilación alguna: las reformas estructurales, arguyen hasta raspar cualquier oído rejego, son tan impostergables como necesarias. La inserción (cualquiera, hasta la subordinada) en la globalidad es presentada como remedio para todo mal del crecimiento. Los rumores, que ellos mismos desatan a fuerza de la cansina repetición que los medios a su servicio recetan al cautivo auditorio, forman parte esencial del reducido arsenal de la hegemonía derechista.

Las preconcepciones que apoyan la vigencia de los múltiples paradigmas diseminados desde los centros de poder se vuelven así densa cotidianidad. Aparece por doquier la palabra competencia seguida de su inevitable correlato de productividad. La eficiencia a conseguir es siempre elusiva, renovable, e integra el sólido material infaltable de los discursos y las muchas descalificaciones de opositores. Los datos (empleo creado, costos comparados, lugares logrados, etcétera), aunque sean parciales, trucados y en no pocas ocasiones inconexos, se magnifican mediante el simple expediente de apoyarlos con suaves voces consagradas.

Los rituales que practican con seriedad sin par los señores rectores de los ubicuos mercados son preparados con sumo cuidado, hasta el nimio detalle es patentado. Ello redondea el propósito último de trasmitir certezas instantáneas. Estos rituales, que sólo ejecutan algunos de sus operadores más calificados, son el sustituto primordial de la realidad corriente. Mientras los pedestres mortales otean las señales emitidas, allá, en las cumbres de Wall Street, nerviosos e intemperantes consejeros de inmensos bancos de inversión y conductores de insondables fondos de riesgo, planean sus saqueos a corto y mediano plazos. No tienen otro deseo que atascar sus amplios bolsillos con los frutos de su desatada especulación. Y lo hacen de manera por demás grotesca. La succión de riqueza que le extraen al resto del incauto planeta cimienta los lujos y dispendios al tiempo que ensancha la desbocada avaricia que rodea a los centros de poder central. Nada los detiene; irán hasta el crimen, causarán miseria o la misma guerra con tal de avanzar sus ambiciones.

Esos lejanos y admirados personajes de la especulación cuentan, para sus continuas tropelías, con la inocencia, ignorancia y, en variadas ocasiones, con la complicidad de otros muchos de sus subordinados desplegados por eso que llaman, con voz engolada, el espacio globalizado. Tales personajes, ya legendarios, son los que imponen las más actualizadas y atractivas visiones de la modernidad y el éxito en los negocios. Son los que marcan las pautas de conductas aceptables y premian a los escogidos. Enfocan su energía ahí donde huelen carne nueva y fresca que triturar, rendimientos inmejorables o gobiernos a punto del colapso que ellos mismos inducen o aceleran. Pero, de manera especial, atisban, vigilan con ojo frío, pero siempre avizor, las posibles consecuencias, tanto para sus masivos intereses como para favorecer las condiciones que impondrán a sus inermes contrapartes.

En sus cuartos traseros y desde los observatorios de información privilegiada, ordenan y seleccionan las consiguientes acciones de sus calificadoras de riesgo (Moodys, S&Poors, Ficht) para que les despejen y trapeen el camino. Sobre sus pronósticos y evaluaciones fincarán apuestas. Irán por ambos canales, unos para vender sus bonos, sapiencia o sus coberturas chatarra; y otros para cubrirse por las caídas que, más temprano que tarde, provocarán. Grecia, y con ella, la misma vieja Europa están sufriendo las consecuencias de su inacabada integración y poco control sobre la especulación. España lucha, con sus menguadas fuerzas, por escapar a la depredación de sus recursos recién adquiridos. Portugal es una cáscara a la deriva. Irlanda ya cedió y ahora trata de madrugar y se lame las heridas de su derrota. Italia se muestra nerviosa y, hasta cierto punto, indefensa por su liderazgo torpe y frívolo que acumuló enorme deuda, bastante mayor a su PIB. Francia voltea a revisar los enormes huecos que le ocasionaría a sus bancos cualesquiera de esas tambaleantes economías. Alemania se piensa ajena a la posible hecatombe que le amenaza, a pesar de su dependencia de las cuantiosas exportaciones que dirige a sus vecinos. La demolición puede no tener fin: el euro, el empleo, las quiebras bancarias sucesivas, la seguridad social y la consecuente inestabilidad.

Los remedios que recetan los mercados están disponibles para esos europeos que han insistido en las sociedades igualitarias: los sacrificios de las masas, la austeridad del gasto público, control del déficit fiscal y la elevación de impuestos. Es decir, fórmulas ya bien conocidas y sufridas por los mexicanos. Proletarización del trabajo, estancamiento secular, aumento de la desigualdad y la descalificación del Estado benefactor que tanto halaga a los mercados. Después vendrán las presiones políticas de las potencias acuerpadas por asesores financieros locales. En la serenidad de aquellos bien defendidos contra las emergencias se levantarán de inmediato las voces para mostrar salidas acordes con los intereses centrales. Abran la economía, desgraven importaciones, privaticen y alienten a los particulares. Facilidades para las inversiones, reduzcan gasto corriente del gobierno, combatan la corrupción, en especial la pequeña, ésa que se da entre policías, inspectores de bares o aduaneros de poca monta. La de gran escala, la que permite y aceita los saqueos, la entrega a los extranjeros y los negocios público-privados, bien puede seguir oculta o disfrazada con normas ad hoc.

Por todo eso el ejemplo de Haití no se debe menospreciar. El ex presidente Clinton recientemente pidió perdón por haber forzado, con el poder de su imperio, la desgravación del arroz, crucial cultivo en esa miserable isla. Se trataba de favorecer a los productores (subsidiados) del sur estadunidense. La pobreza haitiana dio un salto inmenso y los dejó a merced de cualquier tragedia posterior.

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Revolución 2010. Contra Traidores a la Patria

La Jornada



La guerra

Luis Javier Garrido

La verdadera guerra que se libra en México no es del gobierno calderonista contra los cárteles del narco, sino contra la clase trabajadora y, por lo mismo, contra los sectores mayoritarios del pueblo.

1. La política en materia laboral del gobierno de Felipe Calderón se ha evidenciado en los hechos con su política de empleo y de precios, al lanzarse de manera desaforada contra los mineros y electricistas y ahora con su intentona de modificar las leyes laborales de la República para terminar con las conquistas obreras del siglo XX, por lo que se puede sintetizar como una verdadera guerra contra la clase trabajadora y contra el pueblo.

2. La iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo presentada por el PAN y El Yunque en la Cámara de Diputados el 18 de marzo, que pretende terminar con los sindicatos como organizaciones de defensa de los trabajadores, hacer nulo el derecho de huelga, establecer en México como regla la práctica de una subcontratación –o outsourcing– al margen de cualquier norma legal, y terminar con todos esos cambios con el derecho colectivo del trabajo, el salario mínimo, la jornada máxima y los contratos colectivos, así como con el derecho de los trabajadores a la salud y a la seguridad social, ha sido repudiada por organismos y organizaciones internacionales, por los principales sindicatos y organizaciones democráticas del país y de manera casi unánime por los especialistas en derecho laboral, y a pesar de ello existe el riesgo de que algunos de sus aberrantes principios sean incorporados al marco legal de México.

3. Esta iniciativa, obra personalísima de Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo, y del propio Felipe Calderón y sus asesores, no es otra cosa, por consiguiente, que una interpretación criolla abusiva de las tesis del capitalismo neoliberal en materia laboral, que se han conocido como el paquete estratégico, y que los panistas-yunquistas buscan a toda costa hacer aprobar pues desde los centros de poder financiero mundial se reclama de manera cada vez más airada a Calderón y a los panistas que no hayan logrado imponerlo, pues culminaría el diseño trasnacional para México: un país que no ha de ser dueño de sus recursos estratégicos, ni tener capacidad soberana para tomar decisiones, quedando convertido en un vasto campo de saqueo de sus recursos y de explotación de la fuerza de sus trabajadores: el modelo Calderón.

4. Javier Lozano se ha encargado en estos tres años de violar cínicamente las leyes laborales del país y de pisotear la Constitución para servir a consorcios privados: lo mismo Repsol YPF en el sector eléctrico que el Grupo México de Larrea y Salinas en la minería, olvidándose de que al buscar aplastar de manera tan obvia a los electricistas y mineros, cuyos derechos ha violado cínicamente, ha enardecido a amplios sectores de mexicanos que ya no dudan del carácter fascistoide de la administración de facto de Calderón.

5. En la hipótesis de que estas disposiciones aberrantes, o algunas de ellas, fuesen aprobadas por el Congreso de la Unión, lejos de conducir al objetivo buscado por el capital financiero de lograr hacer de México un paraíso para las trasnacionales, en el que los trabajadores no pudiesen esgrimir derechos (la desregulación) y se estableciese un marco seudojurídico que fortaleciese la vía a una mano de obra casi regalada que compitiese con la de China y otros países asiáticos (la globalización laboral), como lo han pretendido desde el inicio del sexenio Calderón y Lozano, lo que se lograría sería algo muy distinto, pues se hundiría al país en la más absoluta ilegalidad, dándose al traste con cualquier pretensión de seguridad jurídica.

6. La aprobación del engendro seudojurídico de Lozano ahondaría esa especie de esquizofrenia jurídica a la que están llevando al país los neoliberales del PRI y ahora los fanáticos panistas: a) por un lado estarían la Constitución con su artículo 123 y los tratados internacionales suscritos por México en materias laboral y de derechos individuales y sociales (ninguno de los cuales ha sido denunciado por los últimos gobiernos), es decir la legislación vigente, así como la cultura política forjada en el último siglo que ha asumido que las reformas alcanzadas por la clase trabajadora son intocables, y b) por el otro, se hallarían una serie de leyes secundarias (que contravendrían a la Constitución) y las prácticas y usos de las corporaciones trasnacionales, a las que se han acostumbrado en los países asiáticos.

7. Los señuelos que este nuevo marco seudojurídico entraña para las dirigencias corruptas de muchos sindicatos son múltiples, pero uno llama la atención: el de definir a los sindicatos como asociaciones de interés público, misma noción que se estableció en 1977 y se amplió en 1989 en el 41 constitucional para caracterizar a los partidos políticos, que entonces dejaron de ser entidades privadas para convertirse en públicas, pues tienen no sólo derechos y obligaciones sino también prerrogativas: es decir, un financiamiento público, que no debe olvidarse es por encima y por debajo de la mesa. De esta manera se legalizaría el que no sólo los dirigentes corruptos de algunos sindicatos y centrales, como Joaquín Gamboa Pascoe (CTM), Carlos Romero Deschamps (petroleros) o Víctor Flores (ferrocarrileros), recibieran fondos públicos, sino que se intentaría comprar y someter a todos los dirigentes sindicales a fin de que respalden el nuevo marco seudojurídico, presuntamente neoliberal.

8. Baste recordar que durante el gobierno de Marta y Vicente Fox se creó un marco seudojurídico similar para las organizaciones no gubernamentales u ONG que se reconvirtieron en 2004 en organizaciones de la sociedad civil u OSC tras la expedición de la Ley Federal de Fomento a Actividades de Desarrollo Social Realizadas por Organizaciones Civiles (Diario Oficial de la Federación, 9/02/04), que las estimó entidades de interés público susceptibles de un cuantioso financiamiento público, por lo que dejaron de estar financiadas por recursos europeos, como había establecido la UNESCO, para entrarle con singular fruición al dinero del Estado, que en México ya se sabe es del gobierno, y transformarse en auxiliares de éste en sus políticas asistenciales y en la compra del voto, especialmente las vinculadas al clero católico. Desde entonces las grandes corporaciones trasnacionales lanzaron en México y en América Central (donde se establecieron marcos seudolegales similares) vastos programas de apoyo a la sociedad civil, es decir a las OSC.

9. El nuevo orden neoliberal mundial supone de tal suerte a partidos, OSC y sindicatos de trabajadores sometidos al poder de decisión de las multinacionales, para configurar un totalitarismo no conocido en la historia moderna. No hay, por lo mismo, en las políticas ni en la iniciativa de contrarreforma laboral de Calderón y Lozano, un simple intento visceral y enfermo para coartarles sus derechos individuales y sociales a los trabajadores, destruir a los sindicatos como organizaciones de defensa de la clase trabajadora y abrogar en México el derecho colectivo del trabajo, sino una intentona de dos fanáticos corruptos de la derecha trasnacional ansiosos de servir a intereses corporativos para destruir el orden republicano en México y hacer de este país un protectorado de Washington en el que los trabajadores no sean más que la más barata y prescindible de las mercancías.

10. Los electricistas en huelga de hambre, los mineros de Cananea resistiendo por años, el pueblo empobrecido, los miles de manifestantes del primero de mayo saben empero que la razón está de su lado y que tarde o temprano van a triunfar.

Revolución 2010. Contra Leyes Laborales Regresivas

La Jornada

El sindicato, la contratación colectiva y la huelga

Arnaldo Córdova

A veces, las trilogías no son temáticas diversas, sino una sola. Por ejemplo, no se entendería lo que es el sindicato de trabajadores si no lo pensamos en relación con su objeto, que es el contrato colectivo de trabajo, ni, tampoco, sin su medio de defensa y de presión, que es la huelga. El maestro Mario de la Cueva decía que esta relación podría representarse gráficamente como un triángulo equilátero, cuyos ángulos, todos idénticos en graduación, serían el sindicato, la negociación y contratación colectivas y la huelga, de tal manera que ninguna de las tres figuras de la trilogía podría faltar, porque desaparecería el triángulo (Nuevo derecho del trabajo,

Porrúa, 1986, t. II, pp. 216-217).

Los sindicatos, nos decía el mismo De la Cueva, “son sociedades humanas naturales (…) son cuerpos sociales reales (…) que persiguen fines determinados, que no son una simple suma de intereses individuales” (p. 256). Son personas jurídicas en sí mismas. Cuando se da el sindicato, los individuos dejan de ser entes sueltos para integrar entre todos una nueva persona jurídica. Esta persona jurídica tiene intereses que la identifican como tal, diferentes de los de sus integrantes, porque ahora son los intereses generales de todos. Por eso el maestro definía a la libertad sindical como un derecho político, pues el sindicato viene a ser un auténtico contrato social de los ciudadanos trabajadores asalariados.

Néstor de Buen, a su vez, escribió que “los sindicatos (…) tienen personalidad jurídica y (…) son, por tanto, sujetos de lo que se ha llamado el derecho colectivo” (Derecho del trabajo, Porrúa, 1991, t. I, p. 475). A ese derecho el filósofo alemán del derecho Gustav Radbruch le llamó derecho social. Es un derecho de individuos privados, los trabajadores, que se reconocen por su ser colectivo, justo, en el sindicato que ostenta derechos colectivos. Podrá verse, entonces el despropósito que nos receta la iniciativa panista de reforma a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 356, que define al sindicato como una asociación de interés público. Los tontos que hicieron ese proyecto, como puede verse, equiparan al sindicato con el partido político, que es definido en la Constitución como entidad de interés público.

Fieles a su concepción individualista indeclinable, los panistas insisten en reducir las relaciones de trabajo a la forma individual de relación. No pueden concebir que el sindicato sea una persona única y que, en cuanto aparece, los trabajadores son parte del mismo. Ven en el proceso de contratación sólo a dirigentes sindicales y al conjunto de trabajadores como individuos aislados. Así se observa en varias disposiciones que proponen. En el artículo 364 hablan de una relación de trabajo suspendida. En derecho colectivo de trabajo es una burrada y por eso no aparece en el actual texto de la ley.

Cuando se trata del registro de los sindicatos, el artículo 365 propone que su documentación debe presentarse bajo protesta de decir verdad, requisito innecesario y abusivo que, junto con el que sugiere el siguiente artículo, que exige que esa documentación debe llevar índices actualizados de los sindicatos, ya no es un sistema de información sino de control que puede extremarse hasta llegar a excesos policiacos, pues no hay modo de oponérseles. El 368 de la iniciativa establece que el registro sindical produce efectos ante las autoridades laborales, pero también ante terceros. No se a qué idiota se le habrá ocurrido eso, pero sólo se puede imaginar que esos terceros son sólo sindicatos blancos o similares.

El proyecto panista se esmera puntillosamente en intervenir en las relaciones internas de los sindicatos, sea para su constitución y funcionamiento, sea para el proceso de contratación colectiva. La fracción IX del artículo 371 propone que la elección de directiva sindical sea por voto secreto o votación pública. La actual ley no se mete con esas cosas. En la doctrina del derecho del trabajo el titular del contrato colectivo es el sindicato. El último párrafo del 388 impondría que el titular sea la mayoría de todos los trabajadores. Tal vez así, piensan, se pueden pasar por el arco del triunfo al sindicato. El 395 propuesto elimina el último párrafo del vigente que dice que el patrón separará del trabajo a los miembros que renuncien o sean expulsados del sindicato contratante. Así los esquiroles estarán a salvo.

Con la huelga estamos peor. Aparte la impudicia del pretendido nuevo 48 que limita el pago de salarios caídos a seis meses, por ejemplo, la actual fracción IV del 469, que dice que la huelga terminará por laudo de la junta a petición de los trabajadores, se quiere cambiar por ésta: Por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, sin que medie petición de los trabajadores. El gorila que padecemos en la Secretaría del Trabajo ya lo había expuesto antes.

En el 920 que se propone, el procedimiento se vuelve extremadamente farragoso. No sólo hay que enunciar pormenorizadamente el propósito de la huelga y las violaciones al contrato que se aleguen, antes de que se substancie el juicio, sino que la papelería que debe acompañar al proceso se vuelve una montaña gigantesca que sólo busca imponer un mayor control de los actores, señalándoles los pasos que deben seguir y sólo está destinada a interrumpir una posible negociación en medio del conflicto. El 924 que se sugiere y alegando derechos de terceros propietarios, establece que la junta tome las medidas necesarias para restituir la posesión de bienes afectados. Una junta, que ni siquiera es un auténtico tribunal, no puede tener semejante facultad.

Los abogados derechistas siempre apuntan a un blanco que creen es fácil presa de la chicanería de abogados o de las decisiones corruptas de jueces sin escrúpulos: el demostrar (siempre para la parte más débil) el interés legítimo que se alega y si se tiene personalidad jurídica para alegarlo. Eso es lo que hace el nuevo 927 propuesto. Y en esa vía, lo que se intenta es diluir hasta el infinito la personalidad jurídica del sindicato, para ver más bien a sus afiliados aislados. Esa es la finalidad que se adivina en el 931 de la iniciativa que se extiende en una serie de requisitos a cumplir que tienen siempre que ver con la constatación de la membresía del sindicato y su autenticidad como representante legal.

Es verdad que se establecen algunos controles que, en otras circunstancias, servirían para que los sindicatos actuaran con mayor transparencia. Pero todo va siempre en la misma dirección: aherrojarlos en una telaraña de papeleo, requisitos de trámite, condiciones previas de la acción sindical que fácilmente inhiben el ejercicio de la libertad sindical y de contratación, hasta la anulación de la libre expresión de la voluntad de las partes, por determinaciones autoritarias de las juntas de Conciliación y Arbitraje, que no aparecen en el texto vigente y que incluye el proyecto panista.