Delincuencia Organizada

La Jornada

México SA
Se aclara el asunto del “boquete” en las finanzas públicas

Desaparición de recursos por medio de los fideicomisos

Carlos Fernández-Vega
Con la mano en la cintura, el gobierno calderonista reportó subejercicios presupuestales cercanos a 120 mil millones de pesos en 2007, su primer año de estadía en Los Pinos, y por la libre transfirió” esa cantidad a distintos fideicomisos y figuras similares –como denunció el auditor Superior de la Federación– sin impedimento de “autoridad” alguna y, lo peor del caso, sin que nadie le finque responsabilidad legal.

Más allá que el citado es un monto equivalente, por ejemplo, al requerido para la construcción de una refinería de buen tamaño y capacidad, los dineros libremente “transferidos” son recursos que no le pertenecen al gobierno, sino a los mexicanos, a quienes, en un mínimo de decoro, los responsables de tal desviación deben explicar las causas por las que a) no se gastaron como lo establecía la ley presupuestal, y b) con qué propósito se canalizaron a distintos fideicomisos y se “sacaron” de circulación.

Tanto que criticaron al tricolor por el oscuro manejo de los recursos públicos, y resulta que en tan sólo ocho años los panistas superaron con creces al maestro. Este tipo de prácticas, si bien añejas, han alcanzado su máxima expresión en los sexenios panistas del “cambio” y “continuidad”. De la “desaparición” de recursos públicos por medio de opacos fideicomisos, Fox hizo gala (y fortuna, por lo visto), y su sucesor promete destacar en esta lucrativa actividad. ¿Dónde quedaron esos 120 mil millones de pesos, más de 11 mil millones de dólares al tipo de cambio de 2007? Nadie sabe, nadie supo y nadie de los que por ley están obligados a saber pretende hacerlo.

Por citar sólo algunos casos, el Fobaproa de ayer hoy se denomina “políticas anticíclicas” y “apoyos de emergencia”; el ISOSA de hace algunos años, ahora se conoce como FACLA, y el costosísimo FARAC actualmente se conoce como “nuevas concesiones carreteras”, pero todos ellos, peso tras peso, han sido onerosa e ilegalmente cubiertos con recursos presupuestales que no se ejercen, pero sí se “transfieren” y “desaparecen”.

Retomo algunos pasajes de Rendición de Cuentas y Fideicomisos: El Reto de la Opacidad Financiera, de Irma Eréndira Sandoval (investigadora del IIS-UNAM y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Transparencia y la Corrupción), libro editado por la ASF, el cual da cuenta de algunas “transferencias” de recursos públicos a oscuros “fideicomisos” que han empeñado el futuro de los mexicanos por obra y gracia de los últimos inquilinos de Los Pinos, sus operadores y el cómplice aval de la clase política que hoy exige el voto ciudadano y se pronuncia en contra de la corriente que pugna por la anulación del sufragio.

Subraya la investigadora que por medio de los fideicomisos, entidades y organismos gubernamentales “han podido disponer de recursos públicos sin vigilancia y supervisión alguna por parte de los órganos de control del Estado. Ello ha provocado múltiples irregularidades en la gestión pública y llegado a generar importantes daños patrimoniales a través de gastos discrecionales, desvío de recursos y conspicuos casos de corrupción”. Por ejemplo, cita, tan sólo en el sexenio foxista el gobierno Federal constituyó más de 150 fideicomisos “que por desgracia, en su gran mayoría, no cuentan ni con el control ni con la supervisión adecuados”. Al cierre de 2007, ya con el nuevo inquilino en Los Pinos, ese número se aproximó a 700.
Destaca, por ejemplo, la dificultad para transparentar el oneroso rescate bancario instrumentado por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa, ahora IPAB). “Con el argumento del secreto bancario, las autoridades financieras a cargo de dar seguimiento a las múltiples denuncias de irregularidades cometidas por los bancos han logrado entorpecer las investigaciones y mantenido al rescate bancario en la opacidad. De la misma forma, la gestión transparente de otros fondos y fideicomisos a cargo de distintas dependencias del gobierno federal ha sido constantemente obstaculizada con el pretexto del secreto fiduciario. El gobierno federal y en particular la Secretaría de Hacienda han esgrimido este argumento en innumerables ocasiones para evitar el escrutinio público. (…) Hoy nadie quiere hablar más del Fobaproa ni de aquellos fideicomisos que, pese a haber sido fundados por altos funcionarios del gobierno, en muchas ocasiones han sido señalados como mecanismos utilizados para la defraudación fiscal. También parecería fuera de lugar empañar el bello discurso de la transparencia para hablar de los rescates carretero, azucarero o de los millonarios ingresos públicos que inundan las arcas privadas de los grandes monopolios de las telecomunicaciones a través de mecanismos no siempre caracterizados por conductas apegadas a la legalidad. (…) El caso del Fobaproa es un buen ejemplo de la maleabilidad a la que se pueden prestar los fideicomisos en nuestro país. Un fondo originalmente establecido para proteger a los ahorradores de instituciones financieras privadas, terminó por servir y socorrer a los banqueros privados precisamente a cuenta de los contribuyentes mexicanos, a quienes les fue cargado el peso del enorme costo fiscal”.

Además, los casos de Integradora de Servicios Operativos (ISOSA, hoy se llama “Fideicomiso Público para Administrar la Contraprestación del artículo 16 de la Ley Aduanera, FACLA), el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (con un “amplio repertorio de irregularidades y violaciones a distintas leyes”), los diversos fideicomisos establecidos por los poderes Judicial y Legislativo y el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo federal (150 millones de pesos a Calderón), que “ejemplifican el uso del secreto fiduciario y estratagemas legales para mantener la opacidad gubernamental en la administración de recursos del erario”.

Qué decir de los varios fideicomisos que soportan prestaciones de lujo para los ministros de la Corte, “llegando al extremo de utilizar esos recursos (públicos) para el pago de sus pensiones, servicios médicos de sus familias y hasta el mantenimiento de sus viviendas (seguros contra riesgos, gastos de mantenimiento, pago del predial, consumo de agua, teléfono, electricidad y gas, así como para la creación de un fondo para la compra de casas nuevas para jueces y magistrados)”.

Entonces, ¿dónde está el “boquete” en las finanzas nacionales?

Las rebanadas del pastel

¡Atrás, ciudadanos léperos y osados! ¿Cómo amenazan con anular su voto para defenestrar a la sacrosanta clase política? ¡Con lo resultona que ha salido! Y si los eficientes partidos políticos quieren contar, que no cuenten con el mío.

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