Porfirio Muñoz Ledo
El Universal.
La celeridad con que ocurren todo género de desgracias, ejecuciones, protestas, críticas y torpes reacciones de una autoridad acorralada hacen pensar en el estertor del gobierno. La tragedia es que nada hay previsto para reemplazarlo y que la escasa esperanza disponible comienza a depositarse en dudosas elecciones intermedias.
La autoestima nacional ha llegado tan bajo, que sólo se ofrece a la población confiar en instancias que notoriamente desprecia: la clase política coagulada en partidos. A pesar de los “vividores”, “con esos bueyes hay que arar”, expresó el empresario ultramontano Lorenzo Servitje, e hizo votos porque una “copiosa votación” saque al Ejecutivo del atolladero.
Como éste “no tiene el apoyo de la ciudadanía y la labor del Congreso va a ser mínima”, apela a una suerte de plebiscito inspirado en la caridad cristiana. Afirma con sabor a presagio: “El pobre señor Presidente está a punto de terminar su mandato —digo algo muy serio—, lo va a terminar de hecho, no de derecho, es muy probable”.
El pobreteo, que no la confianza en el liderazgo, como salida de la crisis. Y lo más agudo: el pronóstico de un minisexenio ante la impensable eventualidad de que la ciudadanía aclame en las urnas al mandatario menguante. La aceptación de que México está a punto de ser una nación descabezada y a merced de la voracidad de políticos feudales reciclados, intereses privados insolentes y criminales regocijados por el hundimiento del PANtanic.
Da pena ajena escuchar las mentiras y gracejos pueriles con que Calderón y sus corifeos pretenden evadir realidades inocultables. Igual se trate de la respuesta visceral a Carlos Slim —que confirmó presagios advertidos por las agencias internacionales—, del exorcismo cotidiano contra “todos los catastrofismos” o de la metáfora del “infarto en el corazón financiero”, según la cual nuestro país sería sólo un entramado de venas periféricas.
Azora el páramo intelectual del Ejecutivo para ponderar incluso problemas de origen anterior a su ejercicio. Así, los efectos de la adhesión servil al Consenso de Washington, reconocidos hoy por sus mismos promotores, o la corrupción acumulativa que ha corroído el aparato del gobierno y capturado sus decisiones. Ello explica que culpe a la ciudadanía, esto es, a “la tolerancia de la sociedad”, la “penetración de la barbarie en pueblo y gobierno”.
El país vive un tiempo de concentración histórica del que depende la viabilidad del Estado-nación. Es preciso ser rigurosos en el juicio y creativos en la propuesta. Distinguir los niveles y causas de la degradación de las instituciones públicas, la disolución del tejido social y el naufragio de nuestra economía, para poder atacarlos a la vez de manera específica y concatenada.
Rechazar sin análisis la expresión Estado fallido es propio de avestruz amedrentada. Ciertamente, su empleo desde el exterior tiene resonancias intervencionistas, pero no así su connotación técnica. En el índice de la Fundación por la Paz se clasifican así los países “con mayor riesgo de colapso por sus problemas sociales, económicos, militares y políticos”.
Noam Chomsky, en el libro de ese título, considera estados fallidos “aquellos que carecen de capacidad para proteger a sus ciudadanos de la violencia, se consideran más allá del alcance del derecho y padecen un grave déficit democrático que priva a sus instituciones de auténtica sustancia”. Un anillo para nuestro dedo.
La definición de Foreign Policy, usual en el lenguaje estratégico, dice “un Estado que fracasa es aquel en que el gobierno no tiene control real de su territorio, no es reconocido como legítimo por parte importante de la población, no ofrece seguridad interna y servicios públicos esenciales a sus ciudadanos y no tiene el monopolio del uso de la fuerza”. Es esta descripción la que nítidamente nos enmarca.
A partir de ella se han elaborado 12 indicadores, casi todos aplicables a México: éxodo crónico de la población, altos índices de desigualdad, declinación económica severa, pérdida de legitimidad del gobierno, deterioro de los servicios públicos, aplicación arbitraria del estado de derecho, extensas violaciones a los derechos humanos, aparato de seguridad independiente del poder público, preeminencia de élites sobre el Estado e intervención de actores políticos externos.
En abono de esa decadencia conspiran inercias ancestrales, debilitamiento estructural del Estado, inadecuado diseño institucional y mediocre desempeño de los dirigentes. Todos confluyen en la vulnerabilidad extrema, pero ninguno es resoluble sin el reemplazo de los gobernantes fallidos y la emergencia de nuevos paradigmas. Ese es el desafío inmediato.
El Universal.
La celeridad con que ocurren todo género de desgracias, ejecuciones, protestas, críticas y torpes reacciones de una autoridad acorralada hacen pensar en el estertor del gobierno. La tragedia es que nada hay previsto para reemplazarlo y que la escasa esperanza disponible comienza a depositarse en dudosas elecciones intermedias.
La autoestima nacional ha llegado tan bajo, que sólo se ofrece a la población confiar en instancias que notoriamente desprecia: la clase política coagulada en partidos. A pesar de los “vividores”, “con esos bueyes hay que arar”, expresó el empresario ultramontano Lorenzo Servitje, e hizo votos porque una “copiosa votación” saque al Ejecutivo del atolladero.
Como éste “no tiene el apoyo de la ciudadanía y la labor del Congreso va a ser mínima”, apela a una suerte de plebiscito inspirado en la caridad cristiana. Afirma con sabor a presagio: “El pobre señor Presidente está a punto de terminar su mandato —digo algo muy serio—, lo va a terminar de hecho, no de derecho, es muy probable”.
El pobreteo, que no la confianza en el liderazgo, como salida de la crisis. Y lo más agudo: el pronóstico de un minisexenio ante la impensable eventualidad de que la ciudadanía aclame en las urnas al mandatario menguante. La aceptación de que México está a punto de ser una nación descabezada y a merced de la voracidad de políticos feudales reciclados, intereses privados insolentes y criminales regocijados por el hundimiento del PANtanic.
Da pena ajena escuchar las mentiras y gracejos pueriles con que Calderón y sus corifeos pretenden evadir realidades inocultables. Igual se trate de la respuesta visceral a Carlos Slim —que confirmó presagios advertidos por las agencias internacionales—, del exorcismo cotidiano contra “todos los catastrofismos” o de la metáfora del “infarto en el corazón financiero”, según la cual nuestro país sería sólo un entramado de venas periféricas.
Azora el páramo intelectual del Ejecutivo para ponderar incluso problemas de origen anterior a su ejercicio. Así, los efectos de la adhesión servil al Consenso de Washington, reconocidos hoy por sus mismos promotores, o la corrupción acumulativa que ha corroído el aparato del gobierno y capturado sus decisiones. Ello explica que culpe a la ciudadanía, esto es, a “la tolerancia de la sociedad”, la “penetración de la barbarie en pueblo y gobierno”.
El país vive un tiempo de concentración histórica del que depende la viabilidad del Estado-nación. Es preciso ser rigurosos en el juicio y creativos en la propuesta. Distinguir los niveles y causas de la degradación de las instituciones públicas, la disolución del tejido social y el naufragio de nuestra economía, para poder atacarlos a la vez de manera específica y concatenada.
Rechazar sin análisis la expresión Estado fallido es propio de avestruz amedrentada. Ciertamente, su empleo desde el exterior tiene resonancias intervencionistas, pero no así su connotación técnica. En el índice de la Fundación por la Paz se clasifican así los países “con mayor riesgo de colapso por sus problemas sociales, económicos, militares y políticos”.
Noam Chomsky, en el libro de ese título, considera estados fallidos “aquellos que carecen de capacidad para proteger a sus ciudadanos de la violencia, se consideran más allá del alcance del derecho y padecen un grave déficit democrático que priva a sus instituciones de auténtica sustancia”. Un anillo para nuestro dedo.
La definición de Foreign Policy, usual en el lenguaje estratégico, dice “un Estado que fracasa es aquel en que el gobierno no tiene control real de su territorio, no es reconocido como legítimo por parte importante de la población, no ofrece seguridad interna y servicios públicos esenciales a sus ciudadanos y no tiene el monopolio del uso de la fuerza”. Es esta descripción la que nítidamente nos enmarca.
A partir de ella se han elaborado 12 indicadores, casi todos aplicables a México: éxodo crónico de la población, altos índices de desigualdad, declinación económica severa, pérdida de legitimidad del gobierno, deterioro de los servicios públicos, aplicación arbitraria del estado de derecho, extensas violaciones a los derechos humanos, aparato de seguridad independiente del poder público, preeminencia de élites sobre el Estado e intervención de actores políticos externos.
En abono de esa decadencia conspiran inercias ancestrales, debilitamiento estructural del Estado, inadecuado diseño institucional y mediocre desempeño de los dirigentes. Todos confluyen en la vulnerabilidad extrema, pero ninguno es resoluble sin el reemplazo de los gobernantes fallidos y la emergencia de nuevos paradigmas. Ese es el desafío inmediato.
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