Etanol de maíz transgénico: peligro inminente
Alejandro Nadal
Mientras prosigue la desintegración del sistema financiero internacional, las amenazas sobre el medio ambiente se hacen más peligrosas. Ambos procesos van de la mano. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció en noviembre pasado que tiene la intención de considerar libre de riesgos a un maíz genéticamente modificado generado por la empresa Syngenta para la producción de etanol. El plazo para recibir comentarios sobre esta postura acaba de expirar. La desregulación que podría decretar la USDA en estos días daría luz verde a la primera siembra a escala comercial de un maíz genéticamente modificado para fines industriales.
Syngenta desarrolló este maíz para reducir el costo de producir etanol. El maíz ha sido modificado insertando un transgen ensamblado con materiales de microorganismos que proliferan en aguas con muy altas temperaturas. Ese maíz no está destinado al consumo humano. La planta así transformada puede producir en gran cantidad la enzima termoestable alfa-amilasa, que permite romper la cadena de almidón del maíz a las altas temperaturas que intervienen en la producción de etanol. El nuevo proceso evita usar la enzima como insumo exógeno y supuestamente reducirá costos, haciendo al bio-etanol de maíz más competitivo. En plena crisis, a Syngenta eso le parece muy atractivo.
Esta trasnacional es una de las empresas que más se benefició con la crisis de precios de productos agrícolas. El año pasado su facturación creció 26 por ciento y sus ganancias superaron los mil 400 millones de dólares. Pero en el ramo de biocombustibles los números indican claramente que el etanol de maíz no puede competir con los combustibles fósiles. El subsidio que reciben los productores de etanol sólo les permite sobrevivir si el petróleo cuesta 80 dólares por barril. Como los precios del crudo se mantienen deprimidos, los que apostaron a favor del etanol maicero están tronando. Frente a una pelea incierta por más subsidios, la reducción de costos es vista por Syngenta como la solución.
La producción de etanol de maíz es un proceso industrial rudimentario, ineficiente y el balance energético final es malo. El ahorro en emisiones de gases invernadero del etanol no es evidente. El maíz transgénico no alterará esto. Pero las dificultades no se detienen aquí. Ahora el problema es que un maíz dotado de una proteína para fines industriales será sembrado en millones de hectáreas colindantes con campos de maíz para consumo humano. La contaminación de toda la cadena alimenticia será inmediata y más temprano que tarde, llegará a México, centro de origen del maíz.
Los efectos sobre la salud y los ecosistemas no han sido bien analizados, pero las consecuencias económicas y legales negativas se multiplicarán ad nauseam. Los productores de maíz orgánico verán sus campos invadidos por materiales transgénicos, perderán su certificación y sufrirán pérdidas multimillonarias. Además, será más difícil la consolidación de un proyecto agrícola distinto, más productivo y amigable con el medio ambiente. El sacrificio de la agricultura sustentable se acompañará de una reforzada tendencia a usar los cultivos básicos de la humanidad como activos en la especulación financiera, algo que le ha dado pingües ganancias a las trasnacionales como Syngenta.
Esta noticia coincide con la reunión en México de un comité sobre responsabilidad y reparación de daños en el marco del Protocolo de Cartagena (PC). Es irónico porque ni ese instrumento de derecho internacional, ni la legislación mexicana, contienen un marco legal sólido que garantice el principio de que el que contamina paga. De hecho, el caso más grave de contaminación con materiales transgénicos que se ha presentado hasta hoy (transgénicos en maíces mexicanos) ni siquiera está cubierto por el Protocolo de Cartagena. Y mientras este tipo de eventos no estén considerados en ese tratado, es ocioso hablar de reglas sobre responsabilidad y reparación como manda el PC. El pequeño comité que se reúne en estos días en nuestro país ya podría hacer una fuerte recomendación para ampliar los alcances del Protocolo de Cartagena.
¿Qué hace la delegación mexicana en esta reunión? El secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad (Cibiogem), Ariel Álvarez, amanuense de Víctor Villalobos, coordinador de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, se esfuerza por debilitar el régimen sobre responsabilidad y reparación de daños. Seguramente, como cabilderos de las trasnacionales siguen preparando la desregulación para la siembra de maíz transgénico en nuestro país.
El gobierno mexicano sigue haciendo todo al revés. Hoy mismo habría que preparar una bien redactada nota diplomática dirigida al gobierno de Barack Obama, pidiendo que la USDA rechace la solicitud de Syngenta y que, en el futuro, la siembra de maíz transgénico para fines industriales o farmacéuticos sólo se autorice en condiciones de confinamiento. En lugar de esto, los funcionarios mexicanos seguro están preparando el próximo comunicado de prensa sobre la inexistencia de materiales transgénicos en los maíces mexicanos.
miércoles, febrero 25, 2009
sábado, febrero 21, 2009
Minisexenio
Porfirio Muñoz Ledo
El Universal.
La celeridad con que ocurren todo género de desgracias, ejecuciones, protestas, críticas y torpes reacciones de una autoridad acorralada hacen pensar en el estertor del gobierno. La tragedia es que nada hay previsto para reemplazarlo y que la escasa esperanza disponible comienza a depositarse en dudosas elecciones intermedias.
La autoestima nacional ha llegado tan bajo, que sólo se ofrece a la población confiar en instancias que notoriamente desprecia: la clase política coagulada en partidos. A pesar de los “vividores”, “con esos bueyes hay que arar”, expresó el empresario ultramontano Lorenzo Servitje, e hizo votos porque una “copiosa votación” saque al Ejecutivo del atolladero.
Como éste “no tiene el apoyo de la ciudadanía y la labor del Congreso va a ser mínima”, apela a una suerte de plebiscito inspirado en la caridad cristiana. Afirma con sabor a presagio: “El pobre señor Presidente está a punto de terminar su mandato —digo algo muy serio—, lo va a terminar de hecho, no de derecho, es muy probable”.
El pobreteo, que no la confianza en el liderazgo, como salida de la crisis. Y lo más agudo: el pronóstico de un minisexenio ante la impensable eventualidad de que la ciudadanía aclame en las urnas al mandatario menguante. La aceptación de que México está a punto de ser una nación descabezada y a merced de la voracidad de políticos feudales reciclados, intereses privados insolentes y criminales regocijados por el hundimiento del PANtanic.
Da pena ajena escuchar las mentiras y gracejos pueriles con que Calderón y sus corifeos pretenden evadir realidades inocultables. Igual se trate de la respuesta visceral a Carlos Slim —que confirmó presagios advertidos por las agencias internacionales—, del exorcismo cotidiano contra “todos los catastrofismos” o de la metáfora del “infarto en el corazón financiero”, según la cual nuestro país sería sólo un entramado de venas periféricas.
Azora el páramo intelectual del Ejecutivo para ponderar incluso problemas de origen anterior a su ejercicio. Así, los efectos de la adhesión servil al Consenso de Washington, reconocidos hoy por sus mismos promotores, o la corrupción acumulativa que ha corroído el aparato del gobierno y capturado sus decisiones. Ello explica que culpe a la ciudadanía, esto es, a “la tolerancia de la sociedad”, la “penetración de la barbarie en pueblo y gobierno”.
El país vive un tiempo de concentración histórica del que depende la viabilidad del Estado-nación. Es preciso ser rigurosos en el juicio y creativos en la propuesta. Distinguir los niveles y causas de la degradación de las instituciones públicas, la disolución del tejido social y el naufragio de nuestra economía, para poder atacarlos a la vez de manera específica y concatenada.
Rechazar sin análisis la expresión Estado fallido es propio de avestruz amedrentada. Ciertamente, su empleo desde el exterior tiene resonancias intervencionistas, pero no así su connotación técnica. En el índice de la Fundación por la Paz se clasifican así los países “con mayor riesgo de colapso por sus problemas sociales, económicos, militares y políticos”.
Noam Chomsky, en el libro de ese título, considera estados fallidos “aquellos que carecen de capacidad para proteger a sus ciudadanos de la violencia, se consideran más allá del alcance del derecho y padecen un grave déficit democrático que priva a sus instituciones de auténtica sustancia”. Un anillo para nuestro dedo.
La definición de Foreign Policy, usual en el lenguaje estratégico, dice “un Estado que fracasa es aquel en que el gobierno no tiene control real de su territorio, no es reconocido como legítimo por parte importante de la población, no ofrece seguridad interna y servicios públicos esenciales a sus ciudadanos y no tiene el monopolio del uso de la fuerza”. Es esta descripción la que nítidamente nos enmarca.
A partir de ella se han elaborado 12 indicadores, casi todos aplicables a México: éxodo crónico de la población, altos índices de desigualdad, declinación económica severa, pérdida de legitimidad del gobierno, deterioro de los servicios públicos, aplicación arbitraria del estado de derecho, extensas violaciones a los derechos humanos, aparato de seguridad independiente del poder público, preeminencia de élites sobre el Estado e intervención de actores políticos externos.
En abono de esa decadencia conspiran inercias ancestrales, debilitamiento estructural del Estado, inadecuado diseño institucional y mediocre desempeño de los dirigentes. Todos confluyen en la vulnerabilidad extrema, pero ninguno es resoluble sin el reemplazo de los gobernantes fallidos y la emergencia de nuevos paradigmas. Ese es el desafío inmediato.
El Universal.
La celeridad con que ocurren todo género de desgracias, ejecuciones, protestas, críticas y torpes reacciones de una autoridad acorralada hacen pensar en el estertor del gobierno. La tragedia es que nada hay previsto para reemplazarlo y que la escasa esperanza disponible comienza a depositarse en dudosas elecciones intermedias.
La autoestima nacional ha llegado tan bajo, que sólo se ofrece a la población confiar en instancias que notoriamente desprecia: la clase política coagulada en partidos. A pesar de los “vividores”, “con esos bueyes hay que arar”, expresó el empresario ultramontano Lorenzo Servitje, e hizo votos porque una “copiosa votación” saque al Ejecutivo del atolladero.
Como éste “no tiene el apoyo de la ciudadanía y la labor del Congreso va a ser mínima”, apela a una suerte de plebiscito inspirado en la caridad cristiana. Afirma con sabor a presagio: “El pobre señor Presidente está a punto de terminar su mandato —digo algo muy serio—, lo va a terminar de hecho, no de derecho, es muy probable”.
El pobreteo, que no la confianza en el liderazgo, como salida de la crisis. Y lo más agudo: el pronóstico de un minisexenio ante la impensable eventualidad de que la ciudadanía aclame en las urnas al mandatario menguante. La aceptación de que México está a punto de ser una nación descabezada y a merced de la voracidad de políticos feudales reciclados, intereses privados insolentes y criminales regocijados por el hundimiento del PANtanic.
Da pena ajena escuchar las mentiras y gracejos pueriles con que Calderón y sus corifeos pretenden evadir realidades inocultables. Igual se trate de la respuesta visceral a Carlos Slim —que confirmó presagios advertidos por las agencias internacionales—, del exorcismo cotidiano contra “todos los catastrofismos” o de la metáfora del “infarto en el corazón financiero”, según la cual nuestro país sería sólo un entramado de venas periféricas.
Azora el páramo intelectual del Ejecutivo para ponderar incluso problemas de origen anterior a su ejercicio. Así, los efectos de la adhesión servil al Consenso de Washington, reconocidos hoy por sus mismos promotores, o la corrupción acumulativa que ha corroído el aparato del gobierno y capturado sus decisiones. Ello explica que culpe a la ciudadanía, esto es, a “la tolerancia de la sociedad”, la “penetración de la barbarie en pueblo y gobierno”.
El país vive un tiempo de concentración histórica del que depende la viabilidad del Estado-nación. Es preciso ser rigurosos en el juicio y creativos en la propuesta. Distinguir los niveles y causas de la degradación de las instituciones públicas, la disolución del tejido social y el naufragio de nuestra economía, para poder atacarlos a la vez de manera específica y concatenada.
Rechazar sin análisis la expresión Estado fallido es propio de avestruz amedrentada. Ciertamente, su empleo desde el exterior tiene resonancias intervencionistas, pero no así su connotación técnica. En el índice de la Fundación por la Paz se clasifican así los países “con mayor riesgo de colapso por sus problemas sociales, económicos, militares y políticos”.
Noam Chomsky, en el libro de ese título, considera estados fallidos “aquellos que carecen de capacidad para proteger a sus ciudadanos de la violencia, se consideran más allá del alcance del derecho y padecen un grave déficit democrático que priva a sus instituciones de auténtica sustancia”. Un anillo para nuestro dedo.
La definición de Foreign Policy, usual en el lenguaje estratégico, dice “un Estado que fracasa es aquel en que el gobierno no tiene control real de su territorio, no es reconocido como legítimo por parte importante de la población, no ofrece seguridad interna y servicios públicos esenciales a sus ciudadanos y no tiene el monopolio del uso de la fuerza”. Es esta descripción la que nítidamente nos enmarca.
A partir de ella se han elaborado 12 indicadores, casi todos aplicables a México: éxodo crónico de la población, altos índices de desigualdad, declinación económica severa, pérdida de legitimidad del gobierno, deterioro de los servicios públicos, aplicación arbitraria del estado de derecho, extensas violaciones a los derechos humanos, aparato de seguridad independiente del poder público, preeminencia de élites sobre el Estado e intervención de actores políticos externos.
En abono de esa decadencia conspiran inercias ancestrales, debilitamiento estructural del Estado, inadecuado diseño institucional y mediocre desempeño de los dirigentes. Todos confluyen en la vulnerabilidad extrema, pero ninguno es resoluble sin el reemplazo de los gobernantes fallidos y la emergencia de nuevos paradigmas. Ese es el desafío inmediato.
jueves, febrero 19, 2009
¿CRISIS?. "Danza de los millones"
La Jornada
México SA
Danza de los millones
Partidos ricos, pobres resultados
Impunidad
Carlos Fernández-Vega
En este año de crisis, por muy externa que sea (Calderón dixit), y en el que el dinero escasea, según la versión oficial, resulta alentador conocer que el aparato político-electoral (que incluye al IFE, Trife, FEPADE y los partidos políticos con registro) cuesta a los mexicanos cerca de 50 millones de pesos por día, sin que a cambio reciban prácticamente nada. A lo largo de este agitado 2009, pues, estas agrupaciones se comerán una nada despreciable canasta de recursos públicos cercana a 18 mil millones de pesos, sin considerar lo que esos mismos partidos se engullen en el Congreso.
El costo del financiamiento público de ese aparato político-electoral sería más que justificable, si a cambio ofreciera a los mexicanos, cada integrante en su ámbito de responsabilidad, resultados tangibles, garantías en el cumplimiento de la ley, acciones concretas en contra de quienes la violan, avance económico y social, mejoría en el nivel de vida, candidatos que en los hechos respondan a las necesidades y urgencias de la ciudadanía y no a los intereses de grupo, y, en fin, que sirviera al país.
Obvio es que no ha sido así, y la confianza ciudadana en esa estructura, en la que sobresalen los partidos políticos, sus representantes y las instancias de gobierno, desciende constantemente. La supuesta reconstrucción del IFE tras la catástrofe de 2006, no ha servido para mayor cosa, y en el caso de los partidos políticos la encuesta Latinobarómetro 2008 nos ilustra: tan sólo 33 de cada 100 mexicanos consideran que el trabajo de dichos partidos es muy bueno o bueno, ubicando a México en el octavo escalón a nivel regional. Sin embargo, la situación empeora cuando se habla de confianza ciudadana en ellos: apenas 17 de cada 100 mexicanos confía en los partidos políticos (contra 22 de cada 100 en 2006), lo que lleva al país al escalón número 12, de 19 posibles.
En 2009, casi 40 de los 50 millones de pesos que cotidianamente le cuesta a los mexicanos el aparato político-electoral se los engullen IFE, Trife y, en menor medida, FEPADE. Los partidos políticos los 10 millones restantes: 2.77 millones diarios correspondes al PAN; 1.94 millones al PRI; 1.66 millones al PRD; 833 mil pesos al niño muerde y al PVEM; 789 mil pesos al PT; 746 mil pesos a Convergencia; 699 mil pesos a Elba Esther y el PNA, y 520 mil pesos a la banda que se quedó con el PASC. Se supone que con esos dineros públicos nuestros gloriosos partidos políticos y las vigilantes instituciones electorales podrán hacer frente a los gastos de operación y a los de la elección intermedia, con candidatos surgidos por obra y gracia de las cúpulas.
Las cifras citadas no provienen de fuentes catastrofistas ni de los muy avinagrados medios de comunicación. Por el contrario, son de la propia Cámara de Diputados y su Centro de Documentación, Información y Análisis, el cual nos ilustra con la siguiente numeralia. En 2009, el financiamiento público federal para los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión suma 3 mil 633.07 millones de pesos, repartidos de la siguiente forma: PAN, mil 10.57 millones; PRI, 705.9 millones; PRD, 607.23 millones; PVEM, 304.1 millones; PT, 288.1 millones; CD, 272.3 millones; PNA, 255 millones, y PASC, 189.9 millones. Con todo y crisis, y ante la escasez de recursos que se presume en el ámbito oficial, ni uno sólo de los partidos políticos ha hecho el mínimo esfuerzo para reducir el voluminoso presupuesto con el que cuentan, en el entendido, dicen, que se abarató el costo electoral, “producto de la reforma electoral en materia de financiamiento aprobado por el Congreso de la Unión en 2007.
En los últimos 10 años (2000-2009), el presupuesto público para el IFE arroja un acumulado de 81 mil 690.53 millones de pesos; en igual lapso se canalizaron 10 mil 900 millones al Trife y cerca de 950 millones a la FEPADE, para sumar alrededor de 93 mil 500 millones. Sin considerar los dineros públicos destinados a estas instancias, en el mismo lapso de las arcas nacionales salieron alrededor de 30 mil millones de pesos para financiar las actividades de 16 partidos políticos que permanente y eventualmente obtuvieron registro. De ese monto, casi 96 por ciento (28 mil 350.38 millones) se canalizaron a las ocho agrupaciones que han mantenido dicho registro, las cuales, en el periodo citado, a los mexicanos han costado 7.77 millones de pesos por día, en promedio.
En esa década los ocho partidos que no alcanzaron o perdieron su representación en el Congreso de la Unión fueron: del Centro Democrático (PCD), de la Sociedad Nacionalista (PSN), Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Alianza Social (PAS), Democracia Social (DS), Liberal Mexicano (PLM), México Posible (MP) y Fuerza Ciudadana (FC), lo que no evitó, sin mayor contribución a la patria, que entre ellos se engulleran mil 327.83 millones de pesos de financiamiento público, o lo que es lo mismo, dineros propiedad de los mexicanos.
Y ante lo que muchos pronostican para las elecciones intermedias del próximo 5 de julio, el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados presenta sus estadísticas. Así, al conjugar el gasto público federal para las actividades electorales y el número de integrantes que conforman el padrón electoral, es posible acercarse al costo promedio por voto: si en dichos comicios vota el 10 por ciento del padrón electoral, el costo promedio por sufragio será de mil 836.44 pesos; si lo hace el 30 por ciento, el costo baja a 612.15 pesos y si milagrosamente participa el 50 por ciento, entonces se reduce a 367.29 pesos.
Entonces, ante esta espectacular danza de los millones, lo menos que la ciudadanía debe exigir es respeto a quienes pagan la fiesta y resultados concretos, no de discurso.
Las rebanadas del pastel
Con cambio, continuidad y plena impunidad para los responsables (Germán Larrea a la cabeza), se cumple el tercer aniversario de la evitable tragedia en Pasta de Conchos. Y en el exceso, el PAN a punto está de otorgar la candidatura a la presidencia municipal de San Luis Potosí a uno de esos responsables: Francisco X. Salazar, ex secretario yunquista del Trabajo en tiempos de Fox. Vergüenza debería darles a los blanquiazules.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
México SA
Danza de los millones
Partidos ricos, pobres resultados
Impunidad
Carlos Fernández-Vega
En este año de crisis, por muy externa que sea (Calderón dixit), y en el que el dinero escasea, según la versión oficial, resulta alentador conocer que el aparato político-electoral (que incluye al IFE, Trife, FEPADE y los partidos políticos con registro) cuesta a los mexicanos cerca de 50 millones de pesos por día, sin que a cambio reciban prácticamente nada. A lo largo de este agitado 2009, pues, estas agrupaciones se comerán una nada despreciable canasta de recursos públicos cercana a 18 mil millones de pesos, sin considerar lo que esos mismos partidos se engullen en el Congreso.
El costo del financiamiento público de ese aparato político-electoral sería más que justificable, si a cambio ofreciera a los mexicanos, cada integrante en su ámbito de responsabilidad, resultados tangibles, garantías en el cumplimiento de la ley, acciones concretas en contra de quienes la violan, avance económico y social, mejoría en el nivel de vida, candidatos que en los hechos respondan a las necesidades y urgencias de la ciudadanía y no a los intereses de grupo, y, en fin, que sirviera al país.
Obvio es que no ha sido así, y la confianza ciudadana en esa estructura, en la que sobresalen los partidos políticos, sus representantes y las instancias de gobierno, desciende constantemente. La supuesta reconstrucción del IFE tras la catástrofe de 2006, no ha servido para mayor cosa, y en el caso de los partidos políticos la encuesta Latinobarómetro 2008 nos ilustra: tan sólo 33 de cada 100 mexicanos consideran que el trabajo de dichos partidos es muy bueno o bueno, ubicando a México en el octavo escalón a nivel regional. Sin embargo, la situación empeora cuando se habla de confianza ciudadana en ellos: apenas 17 de cada 100 mexicanos confía en los partidos políticos (contra 22 de cada 100 en 2006), lo que lleva al país al escalón número 12, de 19 posibles.
En 2009, casi 40 de los 50 millones de pesos que cotidianamente le cuesta a los mexicanos el aparato político-electoral se los engullen IFE, Trife y, en menor medida, FEPADE. Los partidos políticos los 10 millones restantes: 2.77 millones diarios correspondes al PAN; 1.94 millones al PRI; 1.66 millones al PRD; 833 mil pesos al niño muerde y al PVEM; 789 mil pesos al PT; 746 mil pesos a Convergencia; 699 mil pesos a Elba Esther y el PNA, y 520 mil pesos a la banda que se quedó con el PASC. Se supone que con esos dineros públicos nuestros gloriosos partidos políticos y las vigilantes instituciones electorales podrán hacer frente a los gastos de operación y a los de la elección intermedia, con candidatos surgidos por obra y gracia de las cúpulas.
Las cifras citadas no provienen de fuentes catastrofistas ni de los muy avinagrados medios de comunicación. Por el contrario, son de la propia Cámara de Diputados y su Centro de Documentación, Información y Análisis, el cual nos ilustra con la siguiente numeralia. En 2009, el financiamiento público federal para los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión suma 3 mil 633.07 millones de pesos, repartidos de la siguiente forma: PAN, mil 10.57 millones; PRI, 705.9 millones; PRD, 607.23 millones; PVEM, 304.1 millones; PT, 288.1 millones; CD, 272.3 millones; PNA, 255 millones, y PASC, 189.9 millones. Con todo y crisis, y ante la escasez de recursos que se presume en el ámbito oficial, ni uno sólo de los partidos políticos ha hecho el mínimo esfuerzo para reducir el voluminoso presupuesto con el que cuentan, en el entendido, dicen, que se abarató el costo electoral, “producto de la reforma electoral en materia de financiamiento aprobado por el Congreso de la Unión en 2007.
En los últimos 10 años (2000-2009), el presupuesto público para el IFE arroja un acumulado de 81 mil 690.53 millones de pesos; en igual lapso se canalizaron 10 mil 900 millones al Trife y cerca de 950 millones a la FEPADE, para sumar alrededor de 93 mil 500 millones. Sin considerar los dineros públicos destinados a estas instancias, en el mismo lapso de las arcas nacionales salieron alrededor de 30 mil millones de pesos para financiar las actividades de 16 partidos políticos que permanente y eventualmente obtuvieron registro. De ese monto, casi 96 por ciento (28 mil 350.38 millones) se canalizaron a las ocho agrupaciones que han mantenido dicho registro, las cuales, en el periodo citado, a los mexicanos han costado 7.77 millones de pesos por día, en promedio.
En esa década los ocho partidos que no alcanzaron o perdieron su representación en el Congreso de la Unión fueron: del Centro Democrático (PCD), de la Sociedad Nacionalista (PSN), Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Alianza Social (PAS), Democracia Social (DS), Liberal Mexicano (PLM), México Posible (MP) y Fuerza Ciudadana (FC), lo que no evitó, sin mayor contribución a la patria, que entre ellos se engulleran mil 327.83 millones de pesos de financiamiento público, o lo que es lo mismo, dineros propiedad de los mexicanos.
Y ante lo que muchos pronostican para las elecciones intermedias del próximo 5 de julio, el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados presenta sus estadísticas. Así, al conjugar el gasto público federal para las actividades electorales y el número de integrantes que conforman el padrón electoral, es posible acercarse al costo promedio por voto: si en dichos comicios vota el 10 por ciento del padrón electoral, el costo promedio por sufragio será de mil 836.44 pesos; si lo hace el 30 por ciento, el costo baja a 612.15 pesos y si milagrosamente participa el 50 por ciento, entonces se reduce a 367.29 pesos.
Entonces, ante esta espectacular danza de los millones, lo menos que la ciudadanía debe exigir es respeto a quienes pagan la fiesta y resultados concretos, no de discurso.
Las rebanadas del pastel
Con cambio, continuidad y plena impunidad para los responsables (Germán Larrea a la cabeza), se cumple el tercer aniversario de la evitable tragedia en Pasta de Conchos. Y en el exceso, el PAN a punto está de otorgar la candidatura a la presidencia municipal de San Luis Potosí a uno de esos responsables: Francisco X. Salazar, ex secretario yunquista del Trabajo en tiempos de Fox. Vergüenza debería darles a los blanquiazules.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
domingo, febrero 15, 2009
México.IFE ¿Institución Fallida?
La Jornada
John M. Ackerman
http://johnackerman.blogspot.com
Los ociosos de Viaducto Tlalpan
Con el inexcusable e ilegal indulto a las televisoras, queda claro que los consejeros electorales no toman las decisiones en el Instituto Federal Electoral (IFE). Aquel IFE que representaba una voz ciudadana, plural y valiente, comprometida con la defensa del espacio público y la democracia, ya es historia. La entidad que organizará las elecciones de 2009 se encuentra al servicio de Felipe Calderón y Manlio Fabio Beltrones, y sus respectivos partidos políticos, quienes fungen como mayordomos del duopolio televisivo.
De la misma forma en que el IFE antes se subordinaba a los mandatos de Carlos Salinas y Diego Fernández de Cevallos, hoy el organismo electoral se ha convertido de nuevo en un terreno para dirimir negociaciones y pactos entre las cúpulas del gobierno y los personajes más oscuros de la “oposición”. Tal como el IFE de Luis Carlos Ugalde se doblegara ante los poderes fácticos y se negara a ejercer sus facultades legales, el instituto de Leonardo Valdés hoy negocia la ley de manera vergonzosa y sacrifica su autonomía constitucional.
Lo que une a los cinco consejeros que votaron en favor del “sobreseimiento” del proceso sancionador en contra de Televisa y Tv Azteca es su irrestricta lealtad a personajes políticos del PRI y el PAN. Recordemos que Marco Baños y Benito Nacif son incondicionales de Manlio Fabio Beltrones y Felipe Calderón, respectivamente. Francisco Guerrero mantiene esa misma relación de complicidad con Emilio Gamboa. Arturo Sánchez pertenece al “equipo” de Juan Molinar Horcasitas, actual director general del IMSS. Marco Gómez, el consejero “verde”, le ofreció la luna y las estrellas al PRI y al PAN con tal de no ser incluido en la lista de consejeros despedidos el año pasado.
Los cinco personajes que conforman este nuevo pentágono de la impunidad deben sus puestos actuales y su futuro político de manera directa a los políticos que los nombraron. Por ello, a nadie debe sorprenderle que el viernes pasado hubieran fungido como simples correas de transmisión del pacto que sus verdaderos jefes y las televisoras acordaron el día anterior. Todavía el jueves, los consejeros Sánchez y Gómez declararon que el nuevo convenio entre la CIRT y el IFE no tenía relación con los procedimientos sancionadores ya iniciados. Menos de 24 horas después, justificarían su voto en favor del indulto precisamente porque este convenio supuestamente garantizaba el cumplimiento de las televisoras con la ley. Salvo que los consejeros sufran de algún grave trastorno mental, un viraje tan evidente solamente se puede explicar por evidentes variables políticas.
Al desechar el proceso iniciado contra las televisoras, los consejeros cometieron una franca violación de la ley. El proyecto aprobado, presentado de manera sorpresiva ni más ni menos que por el consejero Baños, alfil de Beltrones, recurre a un artículo de la norma electoral que simplemente no aplica al procedimiento que estaba en curso. El artículo 263 se encuentra dentro del capítulo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que regula los procedimientos sancionadores ordinarios, no los procedimientos sancionadores extraordinarios, como era el caso. Asimismo es absurdo afirmar que las quejas se habían quedado sin materia. Aun si nos creyéramos el cuento de que de aquí en adelante Televisa y Tv Azteca acatarán la ley, la evidente manipulación y distorsión de la propaganda electoral ya ocurrió y el daño es irreparable.
El proyecto de Baños no es otra cosa que un engendro legal cuyo único propósito fue congraciarse con los poderes fácticos. Incluso la consejera Macarita Elizondo, quien de forma abierta se había pronunciado en contra de sancionar a las televisoras, tuvo la dignidad de votar en contra del proyecto de sobreseimiento. Ya veremos si algún partido tiene las agallas para impugnar la resolución. Veremos también si la ex socia de Baños, María del Carmen Alanís, y sus colegas del tribunal electoral se atreven a rectificar esta flagrante ilegalidad.
También es notorio el doble rasero del IFE. A la hora de multar al PRD por los bloqueos de Reforma y los intentos de impedir el informe de Vicente Fox y la toma de posesión de Calderón, los consejeros presumían ser implacables con la imposición de sanciones ejemplares que pudieran prevenir este tipo de acciones en el futuro. Hoy en cambio, las televisoras han encontrado de buenas a los señores consejeros, quienes ya se cansaron de dar castigos ejemplares y se conforman con la “buena voluntad” de los medios electrónicos de comunicación y un convenio que no cuenta con ninguna fuerza legal. Tal como ocurrió en 2006, la autoridad electoral demuestra su fiel compromiso con la máxima de Porfirio Díaz y Getulio Vargas: “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”.
Paradójicamente, uno de los responsables principales de esta situación es el PRD y su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. En el contexto de la renovación de los consejeros electorales del año pasado, el PRD tuvo la oportunidad de transformar de manera integral el perfil del Consejo General. El gobierno necesitaba forzosamente incorporar a la izquierda en las negociaciones para evitar la repetición de un escenario como el de 2003 en que de entrada el árbitro estuviera deslegitimado. Sin embargo, en vez de apalancar esta posición de fuerza, el PRD simplemente abdicó. El resultado es un Consejo General carente de una visión plural, ciudadana o independiente.
John M. Ackerman
http://johnackerman.blogspot.com
Los ociosos de Viaducto Tlalpan
Con el inexcusable e ilegal indulto a las televisoras, queda claro que los consejeros electorales no toman las decisiones en el Instituto Federal Electoral (IFE). Aquel IFE que representaba una voz ciudadana, plural y valiente, comprometida con la defensa del espacio público y la democracia, ya es historia. La entidad que organizará las elecciones de 2009 se encuentra al servicio de Felipe Calderón y Manlio Fabio Beltrones, y sus respectivos partidos políticos, quienes fungen como mayordomos del duopolio televisivo.
De la misma forma en que el IFE antes se subordinaba a los mandatos de Carlos Salinas y Diego Fernández de Cevallos, hoy el organismo electoral se ha convertido de nuevo en un terreno para dirimir negociaciones y pactos entre las cúpulas del gobierno y los personajes más oscuros de la “oposición”. Tal como el IFE de Luis Carlos Ugalde se doblegara ante los poderes fácticos y se negara a ejercer sus facultades legales, el instituto de Leonardo Valdés hoy negocia la ley de manera vergonzosa y sacrifica su autonomía constitucional.
Lo que une a los cinco consejeros que votaron en favor del “sobreseimiento” del proceso sancionador en contra de Televisa y Tv Azteca es su irrestricta lealtad a personajes políticos del PRI y el PAN. Recordemos que Marco Baños y Benito Nacif son incondicionales de Manlio Fabio Beltrones y Felipe Calderón, respectivamente. Francisco Guerrero mantiene esa misma relación de complicidad con Emilio Gamboa. Arturo Sánchez pertenece al “equipo” de Juan Molinar Horcasitas, actual director general del IMSS. Marco Gómez, el consejero “verde”, le ofreció la luna y las estrellas al PRI y al PAN con tal de no ser incluido en la lista de consejeros despedidos el año pasado.
Los cinco personajes que conforman este nuevo pentágono de la impunidad deben sus puestos actuales y su futuro político de manera directa a los políticos que los nombraron. Por ello, a nadie debe sorprenderle que el viernes pasado hubieran fungido como simples correas de transmisión del pacto que sus verdaderos jefes y las televisoras acordaron el día anterior. Todavía el jueves, los consejeros Sánchez y Gómez declararon que el nuevo convenio entre la CIRT y el IFE no tenía relación con los procedimientos sancionadores ya iniciados. Menos de 24 horas después, justificarían su voto en favor del indulto precisamente porque este convenio supuestamente garantizaba el cumplimiento de las televisoras con la ley. Salvo que los consejeros sufran de algún grave trastorno mental, un viraje tan evidente solamente se puede explicar por evidentes variables políticas.
Al desechar el proceso iniciado contra las televisoras, los consejeros cometieron una franca violación de la ley. El proyecto aprobado, presentado de manera sorpresiva ni más ni menos que por el consejero Baños, alfil de Beltrones, recurre a un artículo de la norma electoral que simplemente no aplica al procedimiento que estaba en curso. El artículo 263 se encuentra dentro del capítulo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que regula los procedimientos sancionadores ordinarios, no los procedimientos sancionadores extraordinarios, como era el caso. Asimismo es absurdo afirmar que las quejas se habían quedado sin materia. Aun si nos creyéramos el cuento de que de aquí en adelante Televisa y Tv Azteca acatarán la ley, la evidente manipulación y distorsión de la propaganda electoral ya ocurrió y el daño es irreparable.
El proyecto de Baños no es otra cosa que un engendro legal cuyo único propósito fue congraciarse con los poderes fácticos. Incluso la consejera Macarita Elizondo, quien de forma abierta se había pronunciado en contra de sancionar a las televisoras, tuvo la dignidad de votar en contra del proyecto de sobreseimiento. Ya veremos si algún partido tiene las agallas para impugnar la resolución. Veremos también si la ex socia de Baños, María del Carmen Alanís, y sus colegas del tribunal electoral se atreven a rectificar esta flagrante ilegalidad.
También es notorio el doble rasero del IFE. A la hora de multar al PRD por los bloqueos de Reforma y los intentos de impedir el informe de Vicente Fox y la toma de posesión de Calderón, los consejeros presumían ser implacables con la imposición de sanciones ejemplares que pudieran prevenir este tipo de acciones en el futuro. Hoy en cambio, las televisoras han encontrado de buenas a los señores consejeros, quienes ya se cansaron de dar castigos ejemplares y se conforman con la “buena voluntad” de los medios electrónicos de comunicación y un convenio que no cuenta con ninguna fuerza legal. Tal como ocurrió en 2006, la autoridad electoral demuestra su fiel compromiso con la máxima de Porfirio Díaz y Getulio Vargas: “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”.
Paradójicamente, uno de los responsables principales de esta situación es el PRD y su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. En el contexto de la renovación de los consejeros electorales del año pasado, el PRD tuvo la oportunidad de transformar de manera integral el perfil del Consejo General. El gobierno necesitaba forzosamente incorporar a la izquierda en las negociaciones para evitar la repetición de un escenario como el de 2003 en que de entrada el árbitro estuviera deslegitimado. Sin embargo, en vez de apalancar esta posición de fuerza, el PRD simplemente abdicó. El resultado es un Consejo General carente de una visión plural, ciudadana o independiente.
martes, febrero 03, 2009
México. Los responsables del caos.
La Jornada
México SA
Carlos Fernández-Vega
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
■ Zedillo y Calderón aplauden barbaridades cometidas
■ Los Frankenstein del régimen
Sonrientes, plácidos y tomados de la mano (tú y yo somos uno mismo, cantaría Timbiriche), en Davos Ernesto Zedillo y Felipe Calderón compartieron el pan, la sal y las bondades del Fobaproa. El primero presumió el innegable privilegio que concedió a los mexicanos al armar, sin consulta alguna, uno de los “rescates” bancarios más onerosos e ineficientes del planeta. El segundo, convocó al mundo a que siga el ejemplo nacional “para salvar la crisis”. Y ambos aplaudieron las barbaridades cometidas.
Al final de cuentas, ¿qué representa un miserable 20 por ciento del producto interno bruto, frente a la felicidad y orgullo que en los mexicanos provoca el privilegio de “rescatar” a sus barones del dinero y convertir al país en la gran cueva de Ali Babá para las trasnacionales financieras?
Zedillo y Calderón, sin olvidar a Fox, se ríen de mediocres “rescatillos” bancarios, como el francés de mediados de los 90 que a los galos apenas les costó el equivalente a 0.7 por ciento de su producto interno bruto (datos del Fondo Monetario Internacional), es decir, 28 veces menos que el “rescate” mexicano. O el filipino, que en esa década no pasó de 0.6 por ciento de su PIB, el egipcio (0.5 por ciento) o el turco (1.1 por ciento). Estados Unidos tuvo el propio en la década de los 80, con un costo fiscal cercano a 3.2 por ciento del producto; casi 30 años después, en aquel país repiten el numerito, y la dosis crece a 6-8 por ciento.
Otros “rescatillos” bancarios se registraron en el mundo, al mismo tiempo que el mexicano. En Argentina (1995) representó 1.6 por ciento del PIB; Australia (1989-1992), 1.9 por ciento; Polonia (1992-1995), 3.5; Suiza (1991-1994), 4; Finlandia (1991-1994), 11; Hungría (1991-1995), 10, y Eslovenia (1992-1994), 14.6 por ciento.
Contados son los países que pueden presumir lo mismo que Zedillo y Calderón en Davos. Por ejemplo, en la Venezuela prechavista el “rescate” bancario (1994-1997) representó 22 por ciento del producto interno bruto de esa nación sudamericana; en Tailandia (1997), 32.8; en Corea del Sur (1997), 26.5; en Japón (1992), 20, y en Indonesia (1997), 50 por ciento, el más oneroso de los registrados en esa década. Sin embargo, a cambio de ese costo, mal que bien la banca cumple con su función de intermediación y acicate para el crecimiento, no sin llevarse una buena tajada de utilidades. La diferencia estriba en que ninguno de los países citados entregó la totalidad de sus respectivos sistemas bancarios al capital foráneo, como sí lo hizo México, amén que los aterrizajes de los “rescates” se dieron a corto plazo, mientras aquí lo llevaron a 30 años.
Así, Zedillo y Calderón tienen mucho de qué presumir, porque además de “rescatar” a los banqueros privados con dineros públicos, en los últimos 15 años el régimen procedió de igual forma con los barones del azúcar, de las carreteras, de las aerolíneas, etcétera, etcétera, a quienes los mexicanos, quiéranlo o no, pagan puntualmente, y por muchos años más seguirán haciéndolo, para recibir a cambio una banca usurera, carreteras con peajes elevadísimos, azúcar cada día más cara y con ingenios, al igual que con las aerolíneas, siempre al borde de un nuevo “rescate” público, por sólo citar algunos casos. Y en la tienda de enfrente 50 millones de mexicanos hundidos en la pobreza y la miseria, en el entendido que personajes como los citados tienen sus prioridades.
Lo que ningún involucrado en este asunto ha explicado es cómo fue que el “apoyo transitorio a la banca” promovido a inicios de 1995 derivó en un voluminoso “rescate” superior a 100 mil millones de dólares, o 20 por ciento del PIB. El “juego” comenzó con alrededor de 400 millones de pesos en enero de 1995 (el “apoyo transitorio”); para finales de 1998 el saldo superaba los 552 mil millones, y al 31 de diciembre de 2008 el adeudo superaba los 745 mil millones, no obstante que se han pagado más de 400 mil millones. Los jilgueros oficiales aseguran que cada día “es menor” el débito con respecto al PIB, lo que técnicamente es correcto, pero en realidad tal “reducción” no es porque el débito haya decrecido, sino porque el valor nominal del producto interno bruto se ha incrementado.
Para ejercitar la memoria, hay que recordar que en la primera mitad de enero de 1995, tres semanas después de los “errores de diciembre”, el Banco de México aplicó “un esquema de apoyo transitorio” a la banca privada (“para garantizar sanos niveles de capitalización”), emitiendo obligaciones subordinadas por cerca de 50 millones de dólares (unos 400 millones de pesos al tipo de cambio de entonces). Un mes después, el Fobaproa había canalizado mil 800 millones de dólares a esa misma banca privada. En octubre el monto creció a 3 mil 500 millones, en noviembre a 5 mil 500 millones y en diciembre de ese mismo año a 6 mil 500 millones de dólares. Al concluir 1998, el saldo llegaba a 62 mil millones de billetes verdes, justo cuando los diputados priístas y panistas autorizaron la conversión de dicho saldo en deuda pública y la creación del IPAB, organismo que poco más adelante reconoció que el original “esquema de apoyo transitorio” ya representaba un pasivo cercano a 100 mil millones de dólares al 31 de diciembre de 2000.
También en 1995, Eduardo Fernández García y Miguel Mancera Aguayo, entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y gobernador del Banco de México, respectivamente, con una sonrisa afirmaban que el costo del rescate bancario “no superará el 5 por ciento del PIB”, y al unísono declaraban: “ningún banco irá a la quiebra”.
De cualquier suerte, aún en el hipotético caso de que el saldo del “rescate” ya no se incremente, los mexicanos tardarían algo así como 18 años adicionales para terminar de pagar lo que, sonrientes, plácidos y tomados de la mano, Zedillo y Calderón festejaron en Davos. Ello, claro está, en el también idílico supuesto de que no se presentara la “necesidad” de rescatar de nueva cuenta a la banca o a cualquier otro de los grandes grupos empresariales –nacionales y extranjeros– que de este país han hecho su negocio personal, con la complicidad del inquilino de Los Pinos (léase gerente) en turno, siempre acompañado por “un muy buen equipo económico, probablemente uno de los mejores del mundo”.
Las rebanadas del pastel
El duopolio televisivo se retuerce, presiona, manipula, chantajea. Se niega a perder un solo centavo del exquisito pastel publicitario electoral. Tampoco está en sus planes perder ingresos por anuncios comerciales en horario regular. ¿Qué hacer, entonces? Sencillo: les apesta los partidos a los fanáticos futboleros, y echa a caminar a la teleaudiencia en contra del proceso electoral, los partidos políticos y la autoridad encargada del proceso (unos y otra de por sí apestados). Allí están los Frankenstein del régimen, totalmente fuera de control y aterrorizando al respetable
México SA
Carlos Fernández-Vega
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
■ Zedillo y Calderón aplauden barbaridades cometidas
■ Los Frankenstein del régimen
Sonrientes, plácidos y tomados de la mano (tú y yo somos uno mismo, cantaría Timbiriche), en Davos Ernesto Zedillo y Felipe Calderón compartieron el pan, la sal y las bondades del Fobaproa. El primero presumió el innegable privilegio que concedió a los mexicanos al armar, sin consulta alguna, uno de los “rescates” bancarios más onerosos e ineficientes del planeta. El segundo, convocó al mundo a que siga el ejemplo nacional “para salvar la crisis”. Y ambos aplaudieron las barbaridades cometidas.
Al final de cuentas, ¿qué representa un miserable 20 por ciento del producto interno bruto, frente a la felicidad y orgullo que en los mexicanos provoca el privilegio de “rescatar” a sus barones del dinero y convertir al país en la gran cueva de Ali Babá para las trasnacionales financieras?
Zedillo y Calderón, sin olvidar a Fox, se ríen de mediocres “rescatillos” bancarios, como el francés de mediados de los 90 que a los galos apenas les costó el equivalente a 0.7 por ciento de su producto interno bruto (datos del Fondo Monetario Internacional), es decir, 28 veces menos que el “rescate” mexicano. O el filipino, que en esa década no pasó de 0.6 por ciento de su PIB, el egipcio (0.5 por ciento) o el turco (1.1 por ciento). Estados Unidos tuvo el propio en la década de los 80, con un costo fiscal cercano a 3.2 por ciento del producto; casi 30 años después, en aquel país repiten el numerito, y la dosis crece a 6-8 por ciento.
Otros “rescatillos” bancarios se registraron en el mundo, al mismo tiempo que el mexicano. En Argentina (1995) representó 1.6 por ciento del PIB; Australia (1989-1992), 1.9 por ciento; Polonia (1992-1995), 3.5; Suiza (1991-1994), 4; Finlandia (1991-1994), 11; Hungría (1991-1995), 10, y Eslovenia (1992-1994), 14.6 por ciento.
Contados son los países que pueden presumir lo mismo que Zedillo y Calderón en Davos. Por ejemplo, en la Venezuela prechavista el “rescate” bancario (1994-1997) representó 22 por ciento del producto interno bruto de esa nación sudamericana; en Tailandia (1997), 32.8; en Corea del Sur (1997), 26.5; en Japón (1992), 20, y en Indonesia (1997), 50 por ciento, el más oneroso de los registrados en esa década. Sin embargo, a cambio de ese costo, mal que bien la banca cumple con su función de intermediación y acicate para el crecimiento, no sin llevarse una buena tajada de utilidades. La diferencia estriba en que ninguno de los países citados entregó la totalidad de sus respectivos sistemas bancarios al capital foráneo, como sí lo hizo México, amén que los aterrizajes de los “rescates” se dieron a corto plazo, mientras aquí lo llevaron a 30 años.
Así, Zedillo y Calderón tienen mucho de qué presumir, porque además de “rescatar” a los banqueros privados con dineros públicos, en los últimos 15 años el régimen procedió de igual forma con los barones del azúcar, de las carreteras, de las aerolíneas, etcétera, etcétera, a quienes los mexicanos, quiéranlo o no, pagan puntualmente, y por muchos años más seguirán haciéndolo, para recibir a cambio una banca usurera, carreteras con peajes elevadísimos, azúcar cada día más cara y con ingenios, al igual que con las aerolíneas, siempre al borde de un nuevo “rescate” público, por sólo citar algunos casos. Y en la tienda de enfrente 50 millones de mexicanos hundidos en la pobreza y la miseria, en el entendido que personajes como los citados tienen sus prioridades.
Lo que ningún involucrado en este asunto ha explicado es cómo fue que el “apoyo transitorio a la banca” promovido a inicios de 1995 derivó en un voluminoso “rescate” superior a 100 mil millones de dólares, o 20 por ciento del PIB. El “juego” comenzó con alrededor de 400 millones de pesos en enero de 1995 (el “apoyo transitorio”); para finales de 1998 el saldo superaba los 552 mil millones, y al 31 de diciembre de 2008 el adeudo superaba los 745 mil millones, no obstante que se han pagado más de 400 mil millones. Los jilgueros oficiales aseguran que cada día “es menor” el débito con respecto al PIB, lo que técnicamente es correcto, pero en realidad tal “reducción” no es porque el débito haya decrecido, sino porque el valor nominal del producto interno bruto se ha incrementado.
Para ejercitar la memoria, hay que recordar que en la primera mitad de enero de 1995, tres semanas después de los “errores de diciembre”, el Banco de México aplicó “un esquema de apoyo transitorio” a la banca privada (“para garantizar sanos niveles de capitalización”), emitiendo obligaciones subordinadas por cerca de 50 millones de dólares (unos 400 millones de pesos al tipo de cambio de entonces). Un mes después, el Fobaproa había canalizado mil 800 millones de dólares a esa misma banca privada. En octubre el monto creció a 3 mil 500 millones, en noviembre a 5 mil 500 millones y en diciembre de ese mismo año a 6 mil 500 millones de dólares. Al concluir 1998, el saldo llegaba a 62 mil millones de billetes verdes, justo cuando los diputados priístas y panistas autorizaron la conversión de dicho saldo en deuda pública y la creación del IPAB, organismo que poco más adelante reconoció que el original “esquema de apoyo transitorio” ya representaba un pasivo cercano a 100 mil millones de dólares al 31 de diciembre de 2000.
También en 1995, Eduardo Fernández García y Miguel Mancera Aguayo, entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y gobernador del Banco de México, respectivamente, con una sonrisa afirmaban que el costo del rescate bancario “no superará el 5 por ciento del PIB”, y al unísono declaraban: “ningún banco irá a la quiebra”.
De cualquier suerte, aún en el hipotético caso de que el saldo del “rescate” ya no se incremente, los mexicanos tardarían algo así como 18 años adicionales para terminar de pagar lo que, sonrientes, plácidos y tomados de la mano, Zedillo y Calderón festejaron en Davos. Ello, claro está, en el también idílico supuesto de que no se presentara la “necesidad” de rescatar de nueva cuenta a la banca o a cualquier otro de los grandes grupos empresariales –nacionales y extranjeros– que de este país han hecho su negocio personal, con la complicidad del inquilino de Los Pinos (léase gerente) en turno, siempre acompañado por “un muy buen equipo económico, probablemente uno de los mejores del mundo”.
Las rebanadas del pastel
El duopolio televisivo se retuerce, presiona, manipula, chantajea. Se niega a perder un solo centavo del exquisito pastel publicitario electoral. Tampoco está en sus planes perder ingresos por anuncios comerciales en horario regular. ¿Qué hacer, entonces? Sencillo: les apesta los partidos a los fanáticos futboleros, y echa a caminar a la teleaudiencia en contra del proceso electoral, los partidos políticos y la autoridad encargada del proceso (unos y otra de por sí apestados). Allí están los Frankenstein del régimen, totalmente fuera de control y aterrorizando al respetable
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