*En México decimos choros a las mentiras, a las mentiras largas (chorizos), a las falsedades, a la intención de engaño.
La Jornada
México SA
Carlos Fernández-Vega cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
Legado retórico desde Los Pinos
Entre floridos discursos el crecimiento promedió apenas 2.4% en 25 años
Felicidades, chiquillos y chiquillas, porque México “está llamado a ser una de las economías más importantes del mundo”, y lo mejor del caso es que tal “convocatoria” se anunció desde el sexenio de Miguel de la Madrid, se reiteró en cada uno de los tres subsiguientes, y ahora se repite en plena bonanza de la “continuidad”, es decir, el quinto en la orden del bat, y siempre con bombo y platillo.
Qué bueno, porque en estos tiempos no es regular recibir buenas noticias, como la que ayer ofreció el inquilino en turno de Los Pinos, quien al divulgar la buena nueva –que se canta desde hace 25 años– destacó que para que México alcance ese honor “tenemos que actuar hoy”, tal cual lo prometieron sus cuatro antecesores en la residencia oficial.
Y como esa cuarteta, palabras más o menos, Calderón puso el dedo en la llaga de la envidiosa comunidad de naciones, porque “mientras en otras regiones del mundo hay incertidumbre, en México hay confianza en lo que estamos haciendo” (de inmediato se escuchó la sentida ovación que de pie le brindaron 50 millones de pobres, el creciente ejército de migrantes y desempleados, y los asalariados con poder adquisitivo de clase mundial).
Calderón dice estar “convencido” de que la mexicana se contará entre “las más importantes del mundo”, y para eso “las mexicanas y los mexicanos nos estamos preparando para hacer del nuestro, un país ganador a la altura de nuestras aspiraciones y de la dignidad de los mexicanos” Eso sí, “tenemos que seguir transformando al país, tenemos que sostener un camino de transformación y de cambio que haga de nuestra economía una economía competitiva, altamente generadora de empleos y capaz de brindarle a las mexicanas y a los mexicanos crecimiento equitativo y sostenido”.
Aunque en los hechos ha demostrado exactamente lo contrario, Calderón tiene esa “certidumbre” desde que se instaló en Los Pinos. Apenas unos días después de la mudanza, en unos de sus primeros viajes internacionales (España, en este caso), el michoacano consultó su bola de cristal y a los mortales hizo saber que para el año 2040 México “puede ser la quinta economía del mundo, siempre contando con el apoyo y la colaboración de las empresas extranjeras”.
Estas últimas, de acuerdo con cifras oficiales, le “inyectaron al país” más de 23 mil millones de dólares en 2007 (en realidad 10 mil 400 millones, porque el resto correspondió a reinversión de utilidades, obtenidas en México, y cuentas entre compañías) y lamentablemente México ni por aproximación avanzó algunas posiciones en el ranking mundial, siempre con miras a ocupar la quinta posición.
Milagrosamente, también de acuerdo con las cifras oficiales, la economía mexicana a duras penas “creció” 3.3 por ciento el año en el que el pitoniso michoacano vislumbró el venturoso futuro mexicano en 2040. Lo cierto es que Calderón es más ambicioso, en el discurso, que su predecesor, Vicente Fox, quien para México sólo adivinaba la octava posición en el contexto económico mundial.
Es maravilloso observar cómo la clase gobernante intenta “tapar” su notoria incapacidad para resolver los ingentes problemas actuales del país con discursos y sueños a futuro (casi tres décadas en el caso de Calderón) que pronostican oro y nirvana para los mexicanos que, pasados los años, sobrevivan.
Y como el ocio es la madre de todas las notas, va un rápido recorrido por el espléndido legado retórico de los cuatro inquilinos de Los Pinos que antecedieron a Calderón y que al igual que el pitoniso michoacano, escucharon el referido “llamado”:
Miguel de la Madrid, que de la cartomancia hizo política de gobierno, previó que “la sociedad igualitaria a que aspiramos no puede lograrse en una economía débil y enferma; que el requisito para obtener mejores niveles de vida es sanear la economía y recuperar las bases de un crecimiento firme y sostenido. Nos hemos impuesto el camino del realismo económico porque es la vía apropiada de la solución efectiva y duradera de los problemas y en consecuencia, deber elemental de honestidad política”.
Cartomántico como pocos, Carlos Salinas de Gortari prometió las mieles del primer mundo y fue un convencido de que “los retos que impone la reinserción en el mercado mundial constituye una oportunidad para hacer de la nuestra una economía competitiva y sólida, con un desarrollo estable, suficiente y justo; pero también para contribuir a ese nuevo orden internacional. La economía de México es más sana y tiene mayor capacidad de dar respuesta al reclamo de los mexicanos por más empleos y mejor remunerados… La economía mexicana está ya despetrolizada”.
El somnoliento, pero no por ello menos pitoniso, Ernesto Zedillo, recetaba que “gracias a las medidas aplicadas, gracias a la voluntad y el esfuerzo de todos los mexicanos, desde 1996 la economía ha venido creciendo sostenidamente”, con las mieles del progreso a la vuelta de la esquina.
Para rematar, Vicente Fox, cartomántico de lujo, decía que “frente a la incertidumbre global, quedó demostrada la solidez de nuestra economía. En el mundo de hoy muy pocas economías pueden decir lo mismo. Conducir la economía responsablemente ha redituado beneficios concretos a la nación. La mayor fortaleza de nuestra economía se manifiesta en la confianza de los inversionistas”.
Florido discurso, pero en esos 25 años la tasa anual promedio de “crecimiento” económico es de 2.4 por ciento, lo que parece no ayudar mucho para llegar a la quinta posición mundial, así sea en el 2040.
Las rebanadas del pastel
Dice Juan Camilo Mouriño, ahora secretario calderonista de Gobernación, que desde hace cinco lustros su familia tiene una relación de negocios con Petróleos Mexicanos, cuando él apenas tenía 14 años de edad (El Universal). Sí, pero cuando, como apoderado de la empresa familiar, firmó uno de los convenios de prestación de servicios con la paraestatal, el 29 de diciembre de 2003, no sólo tenía 34 años, sino que despachaba como subsecretario de Energía, la dependencia pública que en ese entonces estaba a cargo de Felipe Calderón.
viernes, febrero 29, 2008
martes, febrero 26, 2008
Petróleo. "Ahí está el detalle"
La Jornada
Con un ingreso histórico de 108 mil mdd, sólo se creció 3.3% en 2007, según el BdeM
Exportación petrolera “sin precedente” por 43 mil mdd
Las importaciones de derivados del crudo mermaron en 17 mil 200 mdd el ingreso de divisas
La importación de gasolinas se comió 39% de esos recursos
Como principal fuente de recursos externos figuraron las remesas, apunta la balanza de pagos
Juan Antonio Zúñiga y Antonio Castellanos
La economía mexicana dispuso de 108 mil millones de dólares en
ingresos netos del exterior durante 2007, cantidad sin precedente de ahorro externo, pese a lo cual se tuvo un crecimiento de apenas 3.3 por ciento, indican informes del Banco de México (BdeM).
Al dar a conocer los resultados del intercambio comercial y financiero de México con el mundo en 2007, contenidos en la balanza de pagos, el banco central apuntó que el ingreso de divisas por la venta externa de productos petroleros alcanzó en 2007 “un monto sin precedente” de 42 mil 886 millones de dólares.
Aclaró que “el ritmo de expansión anual de las exportaciones petroleras fue superado por el que presentaron las importaciones de tales productos, y ello implicó que el saldo superavitario de la balanza comercial de productos petroleros se redujera de 19 mil millones de dólares en 2006 a 17 mil 200 millones en 2007”.
Explicó que las divisas del exterior provinieron de la inversión extranjera, las remesas, el superávit de la balanza petrolera, el saldo a favor de la actividad turística, el financiamiento de proyectos Pidiregas y del endeudamiento externo de empresas privadas que operan en el país.
Este ha sido el mayor monto de divisas de que ha dispuesto el país en su historia para su desenvolvimiento interno, el cual fue 18 por ciento superior al ahorro externo obtenido en 2006 y sirvió para impulsar un crecimiento económico de apenas 3.3 por ciento durante el primer año de esta administración gubernamental.
De acuerdo con informes oficiales de Petróleos Mexicanos (Pemex), en realidad el superávit de la balanza comercial petrolera disminuyó de 27 mil 378 millones de dólares en 2006 a 25 mil 635 millones en 2007, debido a un incremento de 50.3 por ciento en la importación de gasolinas y otros derivados del crudo, que el año pasado implicaron la salida de casi 17 mil millones de dólares.
Aun así, los resultados de la balanza de pagos revelan que durante el primer año de la actual administración gubernamental, la economía mexicana dispuso del mayor monto histórico de divisas procedentes del ahorro externo para impulsar su crecimiento.
En orden de importancia por su flujo, la principal fuente de divisas de la economía mexicana en 2007 fue la industria petrolera nacional. Pero por su monto figuró a la cabeza el envío de remesas de los trabajadores mexicanos en el exterior a sus familiares en el país, el cual fue de 23 mil 979 millones de dólares, uno por ciento más que en 2006, en medio de crecientes dificultades para mantener su empleo y eludir su expulsión de Estados Unidos.
El Banco de México destacó que los ingresos de divisas por remesas “fueron equivalentes a 140 por ciento del saldo superavitario de la balanza comercial de productos petroleros y ligeramente superiores al flujo de IED que recibió el país”.
Por parte de la inversión extranjera directa llegaron 23 mil 230 millones de dólares al país, y por la bursátil o de cartera se registraron 8 mil 574 millones. En total, por ambas vías arribaron 31 mil 804 millones de dólares a la economía mexicana durante 2007.
A través del mecanismo de los “Proyectos de infraestructura con impacto diferido en el gasto” (Pidiregas) ingresaron al país 13 mil 225 millones de dólares, reportó el banco central, lo que representó un incremento de 88 por ciento sobre los 7 mil 26 millones registrados en 2006.
El aporte de divisas de la balanza turística fue de 4 mil 604 millones de dólares, 3.2 por ciento menor al observado en 2006, el cual fue de 4 mil 758 millones de dólares, según el Banco de México.
Además, el sector privado que opera en México salió en 2007 al exterior en busca de financiamientos y obtuvo 8 mil 805 millones de dólares que ingresaron como deuda privada externa en 2007
Con un ingreso histórico de 108 mil mdd, sólo se creció 3.3% en 2007, según el BdeM
Exportación petrolera “sin precedente” por 43 mil mdd
Las importaciones de derivados del crudo mermaron en 17 mil 200 mdd el ingreso de divisas
La importación de gasolinas se comió 39% de esos recursos
Como principal fuente de recursos externos figuraron las remesas, apunta la balanza de pagos
Juan Antonio Zúñiga y Antonio Castellanos
La economía mexicana dispuso de 108 mil millones de dólares en
ingresos netos del exterior durante 2007, cantidad sin precedente de ahorro externo, pese a lo cual se tuvo un crecimiento de apenas 3.3 por ciento, indican informes del Banco de México (BdeM).
Al dar a conocer los resultados del intercambio comercial y financiero de México con el mundo en 2007, contenidos en la balanza de pagos, el banco central apuntó que el ingreso de divisas por la venta externa de productos petroleros alcanzó en 2007 “un monto sin precedente” de 42 mil 886 millones de dólares.
Aclaró que “el ritmo de expansión anual de las exportaciones petroleras fue superado por el que presentaron las importaciones de tales productos, y ello implicó que el saldo superavitario de la balanza comercial de productos petroleros se redujera de 19 mil millones de dólares en 2006 a 17 mil 200 millones en 2007”.
Explicó que las divisas del exterior provinieron de la inversión extranjera, las remesas, el superávit de la balanza petrolera, el saldo a favor de la actividad turística, el financiamiento de proyectos Pidiregas y del endeudamiento externo de empresas privadas que operan en el país.
Este ha sido el mayor monto de divisas de que ha dispuesto el país en su historia para su desenvolvimiento interno, el cual fue 18 por ciento superior al ahorro externo obtenido en 2006 y sirvió para impulsar un crecimiento económico de apenas 3.3 por ciento durante el primer año de esta administración gubernamental.
De acuerdo con informes oficiales de Petróleos Mexicanos (Pemex), en realidad el superávit de la balanza comercial petrolera disminuyó de 27 mil 378 millones de dólares en 2006 a 25 mil 635 millones en 2007, debido a un incremento de 50.3 por ciento en la importación de gasolinas y otros derivados del crudo, que el año pasado implicaron la salida de casi 17 mil millones de dólares.
Aun así, los resultados de la balanza de pagos revelan que durante el primer año de la actual administración gubernamental, la economía mexicana dispuso del mayor monto histórico de divisas procedentes del ahorro externo para impulsar su crecimiento.
En orden de importancia por su flujo, la principal fuente de divisas de la economía mexicana en 2007 fue la industria petrolera nacional. Pero por su monto figuró a la cabeza el envío de remesas de los trabajadores mexicanos en el exterior a sus familiares en el país, el cual fue de 23 mil 979 millones de dólares, uno por ciento más que en 2006, en medio de crecientes dificultades para mantener su empleo y eludir su expulsión de Estados Unidos.
El Banco de México destacó que los ingresos de divisas por remesas “fueron equivalentes a 140 por ciento del saldo superavitario de la balanza comercial de productos petroleros y ligeramente superiores al flujo de IED que recibió el país”.
Por parte de la inversión extranjera directa llegaron 23 mil 230 millones de dólares al país, y por la bursátil o de cartera se registraron 8 mil 574 millones. En total, por ambas vías arribaron 31 mil 804 millones de dólares a la economía mexicana durante 2007.
A través del mecanismo de los “Proyectos de infraestructura con impacto diferido en el gasto” (Pidiregas) ingresaron al país 13 mil 225 millones de dólares, reportó el banco central, lo que representó un incremento de 88 por ciento sobre los 7 mil 26 millones registrados en 2006.
El aporte de divisas de la balanza turística fue de 4 mil 604 millones de dólares, 3.2 por ciento menor al observado en 2006, el cual fue de 4 mil 758 millones de dólares, según el Banco de México.
Además, el sector privado que opera en México salió en 2007 al exterior en busca de financiamientos y obtuvo 8 mil 805 millones de dólares que ingresaron como deuda privada externa en 2007
domingo, febrero 24, 2008
Petróleo. Asociaciones ventajosas.
La Jornada
Mario Di Costanzo *
La verdad son los hechos y no su explicación
No cabe duda de que si algo ha sobrado a Felipe Calderón y a su equipo son las explicaciones y justificaciones de la situación por la que atraviesa el país, así como los anuncios de grandes proyectos que llevarán a México al tan anhelado crecimiento económico.
Y señalo lo anterior en virtud de que durante la semana que termina el autodenominado “presidente de la estabilidad y el empleo” anunció con bombo y platillo la asociación de Petróleos Mexicanos (Pemex) con la empresa Industrias Derivadas de Etileno (Idesa) para la construcción de una planta petroquímica que producirá etileno.
A decir de Felipe Calderón, el proyecto requerirá una inversión de mil millones de dólares y generará aproximadamente 6 mil quinientos empleos; sin embargo, omitió señalar que el anuncio no es más que la redición del malogrado Proyecto Fénix, el cual fue cancelado durante la administración de Vicente Fox.
Hay que recordar que el 13 de noviembre de 1996 se reformó la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, quedando especificados aquellos productos considerados como petroquímicos básicos, los cuales sólo podían ser producidos por la nación, y los secundarios, que podían ser producidos por particulares.
El etileno es un petroquímico que quedó definido como secundario, por lo que desde ese entonces está permitida su elaboración por parte de particulares.
Así fue como a Vicente Fox se le ocurrió que, dado que la ley permitía la elaboración privada de este petroquímico, fuese Pemex en asociación con particulares los que elaboraran dicho compuesto, el cual vale decir es el principal insumo para la elaboración de plásticos y otros petroquímicos.
Por ello, en mayo de 2003 Pemex Petroquímica inició la promoción del Proyecto Fénix, durante la cual identificó a 20 empresas potencialmente interesadas en ese proceso, y la culminó el 21 de octubre de 2004 con la selección de tres socios estratégicos en ese momento: Grupo Idesa, Indelpro y Nova Chemicals Corporation.
El proyecto no se concretó, entre otras cosas, porque Idesa e Indelpro nunca se pudieron poner de acuerdo sobre la ubicación del futuro complejo, ya que el primero pretendía desarrollarlo en Coatzacoalcos, Veracruz, mientras el segundo (filial de ALFA) proponía Altamira, Tamaulipas.
Sin embargo, gracias a esas discusiones trascendió que el principal obstáculo fue que entonces la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se negó a subsidiar el precio del gas que sería vendido al Proyecto Fénix para producir el etileno, porque se trataba de un subsidio de casi 300 millones de dólares anuales que recaería finalmente sobre los contribuyentes.
Por eso resulta lógico preguntarse por qué razón, si desde 1993 está permitida la elaboración de etileno para los particulares, ninguna empresa privada ha entrado a producirlo. Más aún, en la actualidad Petróleos Mexicanos es el único productor de etileno, controla el 100 por ciento del mercado y, a pesar de ello, Pemex Petroquímica cerró desde 2006 dos plantas productoras de etileno, una en Pajaritos y otra en Poza Rica.
Esto suena por demás absurdo, no sólo para muchos mexicanos, sino también para muchos ingenieros de Pemex que se preguntan las razones que llevan a una empresa a cerrar dos plantas productoras de un petroquímico que es insumo para fabricar plástico y del que son los únicos productores en el país.
¿Será que la verdadera razón de la asociación anunciada por Felipe Calderón entre Pemex e Idesa no es la creación de empleos o el desarrollo de infraestructura, sino más bien el interés de la empresa privada por obtener la materia prima (gas natural) para la producción de etileno a precios subsidiados, robarle el mercado a Petróleo Mexicanos y con ello continuar acabando con el potencial de ingresos en materia de petroquímica en el país?
En otras palabras, la asociación de Pemex con Idesa garantizará a ésta última la obtención gratuita del gas natural; o mejor dicho, la paraestatal pone el gas natural e Idesa se lleva las utilidades de la venta del etileno.
Peor aún si consideramos que Pemex cuenta con recursos suficientes para invertirlos en una nueva planta productora de etileno y que si acaso no los tuviera puede obtenerlos a través de financiamientos, ya que el mercado de su producto está garantizado, además de que no existen barreras de tecnología como se aduce en el caso de la perforación profunda.
Así, el proyecto anunciado por Felipe Calderón es en sí mismo el ejemplo más actual de lo que ha venido sucediendo en los últimos años en el sector energético del país: la materialización de una asociación delictuosa entre empresas privadas y gobierno contra el patrimonio de la nación. Es, en pocas palabras, la transferencia de la renta petrolera a los particulares, con el argumento de que se hace en beneficio de los mexicanos, olvidando que la verdad son los hechos y no las explicaciones.
Por ello debemos preguntarnos quién será el mayor beneficiario de esa asociación: ¿Pemex y los mexicanos o Idesa y sus accionistas?
* Secretario de la hacienda pública del “gobierno legítimo”
Mario Di Costanzo *
La verdad son los hechos y no su explicación
No cabe duda de que si algo ha sobrado a Felipe Calderón y a su equipo son las explicaciones y justificaciones de la situación por la que atraviesa el país, así como los anuncios de grandes proyectos que llevarán a México al tan anhelado crecimiento económico.
Y señalo lo anterior en virtud de que durante la semana que termina el autodenominado “presidente de la estabilidad y el empleo” anunció con bombo y platillo la asociación de Petróleos Mexicanos (Pemex) con la empresa Industrias Derivadas de Etileno (Idesa) para la construcción de una planta petroquímica que producirá etileno.
A decir de Felipe Calderón, el proyecto requerirá una inversión de mil millones de dólares y generará aproximadamente 6 mil quinientos empleos; sin embargo, omitió señalar que el anuncio no es más que la redición del malogrado Proyecto Fénix, el cual fue cancelado durante la administración de Vicente Fox.
Hay que recordar que el 13 de noviembre de 1996 se reformó la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, quedando especificados aquellos productos considerados como petroquímicos básicos, los cuales sólo podían ser producidos por la nación, y los secundarios, que podían ser producidos por particulares.
El etileno es un petroquímico que quedó definido como secundario, por lo que desde ese entonces está permitida su elaboración por parte de particulares.
Así fue como a Vicente Fox se le ocurrió que, dado que la ley permitía la elaboración privada de este petroquímico, fuese Pemex en asociación con particulares los que elaboraran dicho compuesto, el cual vale decir es el principal insumo para la elaboración de plásticos y otros petroquímicos.
Por ello, en mayo de 2003 Pemex Petroquímica inició la promoción del Proyecto Fénix, durante la cual identificó a 20 empresas potencialmente interesadas en ese proceso, y la culminó el 21 de octubre de 2004 con la selección de tres socios estratégicos en ese momento: Grupo Idesa, Indelpro y Nova Chemicals Corporation.
El proyecto no se concretó, entre otras cosas, porque Idesa e Indelpro nunca se pudieron poner de acuerdo sobre la ubicación del futuro complejo, ya que el primero pretendía desarrollarlo en Coatzacoalcos, Veracruz, mientras el segundo (filial de ALFA) proponía Altamira, Tamaulipas.
Sin embargo, gracias a esas discusiones trascendió que el principal obstáculo fue que entonces la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se negó a subsidiar el precio del gas que sería vendido al Proyecto Fénix para producir el etileno, porque se trataba de un subsidio de casi 300 millones de dólares anuales que recaería finalmente sobre los contribuyentes.
Por eso resulta lógico preguntarse por qué razón, si desde 1993 está permitida la elaboración de etileno para los particulares, ninguna empresa privada ha entrado a producirlo. Más aún, en la actualidad Petróleos Mexicanos es el único productor de etileno, controla el 100 por ciento del mercado y, a pesar de ello, Pemex Petroquímica cerró desde 2006 dos plantas productoras de etileno, una en Pajaritos y otra en Poza Rica.
Esto suena por demás absurdo, no sólo para muchos mexicanos, sino también para muchos ingenieros de Pemex que se preguntan las razones que llevan a una empresa a cerrar dos plantas productoras de un petroquímico que es insumo para fabricar plástico y del que son los únicos productores en el país.
¿Será que la verdadera razón de la asociación anunciada por Felipe Calderón entre Pemex e Idesa no es la creación de empleos o el desarrollo de infraestructura, sino más bien el interés de la empresa privada por obtener la materia prima (gas natural) para la producción de etileno a precios subsidiados, robarle el mercado a Petróleo Mexicanos y con ello continuar acabando con el potencial de ingresos en materia de petroquímica en el país?
En otras palabras, la asociación de Pemex con Idesa garantizará a ésta última la obtención gratuita del gas natural; o mejor dicho, la paraestatal pone el gas natural e Idesa se lleva las utilidades de la venta del etileno.
Peor aún si consideramos que Pemex cuenta con recursos suficientes para invertirlos en una nueva planta productora de etileno y que si acaso no los tuviera puede obtenerlos a través de financiamientos, ya que el mercado de su producto está garantizado, además de que no existen barreras de tecnología como se aduce en el caso de la perforación profunda.
Así, el proyecto anunciado por Felipe Calderón es en sí mismo el ejemplo más actual de lo que ha venido sucediendo en los últimos años en el sector energético del país: la materialización de una asociación delictuosa entre empresas privadas y gobierno contra el patrimonio de la nación. Es, en pocas palabras, la transferencia de la renta petrolera a los particulares, con el argumento de que se hace en beneficio de los mexicanos, olvidando que la verdad son los hechos y no las explicaciones.
Por ello debemos preguntarnos quién será el mayor beneficiario de esa asociación: ¿Pemex y los mexicanos o Idesa y sus accionistas?
* Secretario de la hacienda pública del “gobierno legítimo”
sábado, febrero 23, 2008
El verdadero poder."Exigencia civil y social"
La Jornada
Miguel Concha
Exigencia civil y social
Como un signo más de que los medios electrónicos ya no controlan a la opinión pública nacional, y como prueba de la madurez política alcanzada por la sociedad en pocos años, el pasado miércoles 47 organizaciones civiles y sociales independientes de radiodifusores, periodistas, cineastas, dramaturgos, actores, comunicólogos, defensoras y defensores de derechos humanos, escritores, obreros, estudiantes, campesinos e indígenas en toda la República dieron a conocer e iniciaron formalmente la conformación de un frente nacional, para exigir al Congreso una nueva y única ley de radio, televisión y telecomunicaciones en este periodo de sesiones.
Dicha ley debe garantizar a cabalidad los derechos indisociables a la información y a la libertad de expresión de todos los mexicanos, como elemento sustantivo de un Estado democrático y de derecho. Por ello avalan en todos sus términos la propuesta que el 7 de noviembre del año pasado presentó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información al grupo plural para la reforma de las leyes de radio y televisión y Telecomunicaciones del Senado, pues toma responsablemente en cuenta los preceptos constitucionales sobre la rectoría del Estado en la gestión de los bienes públicos, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de la llamada ley Televisa, así como las observaciones y recomendaciones al Estado mexicano de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos sobre la materia, así como las exigencias de la ciudadanía en contra de la concentración de medios y el sectarismo con el que actúa el gobierno en el otorgamiento de concesiones y permisos.
Con ello, estas organizaciones, cuyo número ha venido creciendo cada día, se hacen en efecto eco del reclamo de millones de ciudadanos, centenas de organizaciones y decenas de movimientos sociales en todo el país, que piden con urgencia una nueva y única ley de medios electrónicos y telecomunicaciones que combata los monopolios, regule el funcionamiento de los medios electrónicos como servicio público, garantice los derechos de las audiencias e incluya el otorgamiento de un sistema adecuado de concesiones de radio y televisión a las organizaciones civiles, sociales, e instituciones de educación y cultura.
Prueba de ello es que el pasado 31 de enero, durante la megamarcha del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Públicas, que reunió en el Zócalo de la ciudad de México a alrededor de 200 mil personas provenientes de todo el país, se expresó de manera contundente que la comunicación de la sociedad a través de los medios “es un derecho que no puede ponerse por abajo de los negocios”.
“Antes que los derechos de los monopolios –se dijo– están los derechos de las audiencias (...) Requerimos una nueva ley de medios electrónicos y telecomunicaciones, que sea garantía de las modernas libertades democráticas.”
Y las centenas de organizaciones campesinas, sindicales y ciudadanas que convocaron a esa marcha, más otras que en el trayecto se han venido asociando, firmarán el próximo lunes por la mañana un pacto político, en el que también se incluye una reforma estructural del funcionamiento de los medios electrónicos y las telecomunicaciones en el país. Por ello, el Frente Nacional por la Reforma de los Medios Electrónicos de Comunicación exige que en la nueva ley de medios –para el pueblo, de obvia e inmediata resolución– se garanticen al menos los siguientes aspectos: 1) los derechos de los ciudadanos a una comunicación democrática; 2) los derechos de las audiencias y el servicio público que deben prestar los medios electrónicos; 3) la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, propiedad de la nación; 4) el aprovechamiento a plenitud de la convergencia digital para todos los sectores de la sociedad; 5) una sola ley en radio, televisión y telecomunicaciones, congruente con la convergencia digital; 6) un órgano regulador de Estado con atribuciones suficientes y responsabilidades precisas, que asegure eficientemente su autonomía frente a las intromisiones políticas del gobierno y los poderes fácticos; 7) acceso universal y conectividad a los beneficios de la convergencia digital, anteponiendo el desarrollo social a los intereses empresariales; 8) diversidad en contenidos y promoción de la producción nacional independiente; 9) libertad, pluralidad, responsabilidad, de acuerdo con estándares democráticos de libertad de expresión, así como diversidad en la operación de los medios de comunicación privada-comercial, pública-estatal y comunitaria-sin fines de lucro; 10) derecho de réplica; 11) integridad de los contenidos, que eviten la censura; 12) promoción de medios auténticamente públicos, comunitarios y para pueblos y comunidades indígenas, y 13) defensa de intereses nacionales y transparencia de la inversión extranjera en medios electrónicos.
Si por cálculos partidistas, que ya son inútiles y no vienen a cuento, los legisladores en su autoritarismo se niegan a atender estas sensibles demandas, allí está ya también la moderna sociedad mexicana y sus organizaciones para seguirlas exigiendo, castigando a sus representantes.
Miguel Concha
Exigencia civil y social
Como un signo más de que los medios electrónicos ya no controlan a la opinión pública nacional, y como prueba de la madurez política alcanzada por la sociedad en pocos años, el pasado miércoles 47 organizaciones civiles y sociales independientes de radiodifusores, periodistas, cineastas, dramaturgos, actores, comunicólogos, defensoras y defensores de derechos humanos, escritores, obreros, estudiantes, campesinos e indígenas en toda la República dieron a conocer e iniciaron formalmente la conformación de un frente nacional, para exigir al Congreso una nueva y única ley de radio, televisión y telecomunicaciones en este periodo de sesiones.
Dicha ley debe garantizar a cabalidad los derechos indisociables a la información y a la libertad de expresión de todos los mexicanos, como elemento sustantivo de un Estado democrático y de derecho. Por ello avalan en todos sus términos la propuesta que el 7 de noviembre del año pasado presentó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información al grupo plural para la reforma de las leyes de radio y televisión y Telecomunicaciones del Senado, pues toma responsablemente en cuenta los preceptos constitucionales sobre la rectoría del Estado en la gestión de los bienes públicos, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de la llamada ley Televisa, así como las observaciones y recomendaciones al Estado mexicano de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos sobre la materia, así como las exigencias de la ciudadanía en contra de la concentración de medios y el sectarismo con el que actúa el gobierno en el otorgamiento de concesiones y permisos.
Con ello, estas organizaciones, cuyo número ha venido creciendo cada día, se hacen en efecto eco del reclamo de millones de ciudadanos, centenas de organizaciones y decenas de movimientos sociales en todo el país, que piden con urgencia una nueva y única ley de medios electrónicos y telecomunicaciones que combata los monopolios, regule el funcionamiento de los medios electrónicos como servicio público, garantice los derechos de las audiencias e incluya el otorgamiento de un sistema adecuado de concesiones de radio y televisión a las organizaciones civiles, sociales, e instituciones de educación y cultura.
Prueba de ello es que el pasado 31 de enero, durante la megamarcha del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Públicas, que reunió en el Zócalo de la ciudad de México a alrededor de 200 mil personas provenientes de todo el país, se expresó de manera contundente que la comunicación de la sociedad a través de los medios “es un derecho que no puede ponerse por abajo de los negocios”.
“Antes que los derechos de los monopolios –se dijo– están los derechos de las audiencias (...) Requerimos una nueva ley de medios electrónicos y telecomunicaciones, que sea garantía de las modernas libertades democráticas.”
Y las centenas de organizaciones campesinas, sindicales y ciudadanas que convocaron a esa marcha, más otras que en el trayecto se han venido asociando, firmarán el próximo lunes por la mañana un pacto político, en el que también se incluye una reforma estructural del funcionamiento de los medios electrónicos y las telecomunicaciones en el país. Por ello, el Frente Nacional por la Reforma de los Medios Electrónicos de Comunicación exige que en la nueva ley de medios –para el pueblo, de obvia e inmediata resolución– se garanticen al menos los siguientes aspectos: 1) los derechos de los ciudadanos a una comunicación democrática; 2) los derechos de las audiencias y el servicio público que deben prestar los medios electrónicos; 3) la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, propiedad de la nación; 4) el aprovechamiento a plenitud de la convergencia digital para todos los sectores de la sociedad; 5) una sola ley en radio, televisión y telecomunicaciones, congruente con la convergencia digital; 6) un órgano regulador de Estado con atribuciones suficientes y responsabilidades precisas, que asegure eficientemente su autonomía frente a las intromisiones políticas del gobierno y los poderes fácticos; 7) acceso universal y conectividad a los beneficios de la convergencia digital, anteponiendo el desarrollo social a los intereses empresariales; 8) diversidad en contenidos y promoción de la producción nacional independiente; 9) libertad, pluralidad, responsabilidad, de acuerdo con estándares democráticos de libertad de expresión, así como diversidad en la operación de los medios de comunicación privada-comercial, pública-estatal y comunitaria-sin fines de lucro; 10) derecho de réplica; 11) integridad de los contenidos, que eviten la censura; 12) promoción de medios auténticamente públicos, comunitarios y para pueblos y comunidades indígenas, y 13) defensa de intereses nacionales y transparencia de la inversión extranjera en medios electrónicos.
Si por cálculos partidistas, que ya son inútiles y no vienen a cuento, los legisladores en su autoritarismo se niegan a atender estas sensibles demandas, allí está ya también la moderna sociedad mexicana y sus organizaciones para seguirlas exigiendo, castigando a sus representantes.
miércoles, febrero 20, 2008
Petróleo. "Nuestros Gobernantes" un peligro para México
Luis Linares Zapata
Pemex: la presa sitiada
Las elites decisorias del país han llegado a un acuerdo para la apertura de Pemex a la inversión privada. Por tal referencia se entiende, en verdad, la entrada del capital externo que, se alega, portan las empresas de energía internacionales que por años le han dado la vuelta a la noria de las presiones, los consejos y hasta los sobornos con tal de hacerse con una parte de la jugosa renta petrolera. El PAN y el gobierno federal, auxiliados por un conjunto de gobernadores ávidos de meterle el diente a los remanentes petroleros, han jalado a los dirigentes cupulares del PRI a este tinglado de intereses. Juntos, quieren modernizar a Pemex, eufemismo que trata de ocultar, ante los mexicanos de banqueta, las crudas intenciones que los empujan a trastocar o darle la tramposa vuelta a la misma Constitución.
Frente a ellos se mueve una fuerza popular de la magnitud suficiente para detener tan inicuo proyecto. Es la fuerza de los clasificados, con la malicia de los colmilludos, como duros, intransigentes, los trasnochados nacionalistas, los opositores irredentos. Pero lo que estos mexicanos sienten, saben por negativa y hasta trágica experiencia, es que sin el total control de los energéticos, tal como hoy ordena la Constitución en su artículo 27, México perderá la capacidad de decidir su destino. Sin el apego al espíritu nacionalizador que rescató los hidrocarburos nacionales de manos extranjeras, allá por el lejano 38 del siglo pasado, el futuro económico, tecnológico, industrial y hasta cultural del país entrará en un túnel sin salida. La cruzada para evitar la catástrofe planeada desde el poder no se detendrá hasta lograr el propósito que la anima. Se cuenta, para ello, con la lucidez de muchos mexicanos que van aportando análisis, estudios, experiencia pero, sobre todo por la creciente movilización del pueblo.
La compulsión privatizadora, entreguista, de esa elite burocrática es entendible. Lo es porque las personas que la integran cuidan, en primerísimo lugar, sus propias biografías. Carreras políticas que pretenden sean de éxitos continuos, asegurados desde las cúspides. Son hombres y mujeres timoratos, con muy pocos arrestos para enfrentar dificultades, para defender lo que los de abajo requieren. Siempre están atentos a los que sucede arriba de ellos, a veces voltean a sus lados pero sólo en raras ocasiones atisban abajo, menos aún hacia adelante para otear un futuro que siempre está plagado de incógnitas e inseguridades. Carecen de grandeza para emprender aventuras transformadoras, las de gran aliento que exigen la imaginación de la que carecen, duras luchas que esquivan a toda costa, desgastes y, en especial, solicitan perseverancia y trabajos múltiples difíciles de adoptar como cotidiana práctica.
Por estos días de pasiones e ilegitimidades angustiantes, las presiones de sus patrocinadores se han robustecido. Sostienen que el momento ha llegado. No se puede esperar más. Alegan que las reservas se agotan, los recursos escasean, la tecnología no se domina, la administración es deficiente, el sindicato asfixia, la necedad de algunos estorba y se alienta la resistencia al cambio. Han estudiado con detenimiento el tiempo preciso para actuar. Las encuestas de opinión les dicen que, a pesar de que la mayoría de los mexicanos no quieren abrir Pemex al capital trasnacional, la conciencia de la muchedumbre es débil, puede afectarse con una efectiva campaña publicitaria. Una donde se diga que no se puede aguantar más el declive de la empresa, que las alianzas no son contratos de riesgo, que no se privatizará ni un tornillo. Llegan a citar, con toda la alarma del enterado, que los estadunidenses recurrirán al estúpido método del popote para chuparse los veneros de chapopote de este lado de la frontera marítima. Y esto lo anuncia, con voz de salvador, un hombrecito del priísmo más decadente (Labastida) que pretende salvar a Pemex. Sin verse como un simple favorecido por la gracia de amistades, por la ayuda de subordinados encumbrados para terminar con una carrera sin lustre, sin logros, llena de escaladas inmerecidas y sonadas derrotas, ayuna de aportaciones a favor del pueblo o de cualquier causa noble.
La interesada compulsión privatizadora de esa clase de personajes que integran la elite oficialista actual sigue adelante, ahora con ímpetu renovado por las fuertes presiones que reciben de aquellos empresarios de gran calado que, para hacer negocios, para incrementar sus enormes fortunas, requieren del manto gubernamental. O por aquellas empresas y hasta gobiernos a los que les urge asegurar sus atentos proveedores confiables. Trasnacionales que desean, con ahínco, aprovechar los altos precios de los energéticos para engrosar sus obscenas utilidades a costa de los desprevenidos mexicanos que no saben cuidar y defender sus tesoros. Los legisladores del PRIAN, el presidente formal, con sus asesores y demás acompañantes de los medios, no pueden resistir las ambiciones del gran capital, ya sea éste local o foráneo. Es un peso enorme sobre sus timoratos espíritus.
El capital insaciable es la palanca que mueve al aparato establecido y no, como se sostiene con fingida veracidad, las intenciones de mejorar a la más importante empresa de los mexicanos, tal como difunden los preclaros líderes del momento burocrático. Pero tampoco se pueden descartar las complicidades individuales de los que intervienen en el diseño de la ruta privatizadora.
Las ambiciones de los que extienden sombras y tratan de ocultar las reales intensiones de la reforma energética y suavizan sus consecuencias flotan inocultables. Se trasluce el cinismo de los proponentes, los apoyos repletos de malicia sorprenden, la enjundia difusiva y las opiniones de enterados que ponen sus prestigios en la balanza abundan sólo para caer después en el vacío de los extraviados. El petróleo y la energía en general (eléctrica) es un tesoro que debe quedar bajo el dominio de la nación sin injerencia externa o privada. Se trata, en última instancia, de decidir quién manda: el capital externo o los mexicanos
Pemex: la presa sitiada
Las elites decisorias del país han llegado a un acuerdo para la apertura de Pemex a la inversión privada. Por tal referencia se entiende, en verdad, la entrada del capital externo que, se alega, portan las empresas de energía internacionales que por años le han dado la vuelta a la noria de las presiones, los consejos y hasta los sobornos con tal de hacerse con una parte de la jugosa renta petrolera. El PAN y el gobierno federal, auxiliados por un conjunto de gobernadores ávidos de meterle el diente a los remanentes petroleros, han jalado a los dirigentes cupulares del PRI a este tinglado de intereses. Juntos, quieren modernizar a Pemex, eufemismo que trata de ocultar, ante los mexicanos de banqueta, las crudas intenciones que los empujan a trastocar o darle la tramposa vuelta a la misma Constitución.
Frente a ellos se mueve una fuerza popular de la magnitud suficiente para detener tan inicuo proyecto. Es la fuerza de los clasificados, con la malicia de los colmilludos, como duros, intransigentes, los trasnochados nacionalistas, los opositores irredentos. Pero lo que estos mexicanos sienten, saben por negativa y hasta trágica experiencia, es que sin el total control de los energéticos, tal como hoy ordena la Constitución en su artículo 27, México perderá la capacidad de decidir su destino. Sin el apego al espíritu nacionalizador que rescató los hidrocarburos nacionales de manos extranjeras, allá por el lejano 38 del siglo pasado, el futuro económico, tecnológico, industrial y hasta cultural del país entrará en un túnel sin salida. La cruzada para evitar la catástrofe planeada desde el poder no se detendrá hasta lograr el propósito que la anima. Se cuenta, para ello, con la lucidez de muchos mexicanos que van aportando análisis, estudios, experiencia pero, sobre todo por la creciente movilización del pueblo.
La compulsión privatizadora, entreguista, de esa elite burocrática es entendible. Lo es porque las personas que la integran cuidan, en primerísimo lugar, sus propias biografías. Carreras políticas que pretenden sean de éxitos continuos, asegurados desde las cúspides. Son hombres y mujeres timoratos, con muy pocos arrestos para enfrentar dificultades, para defender lo que los de abajo requieren. Siempre están atentos a los que sucede arriba de ellos, a veces voltean a sus lados pero sólo en raras ocasiones atisban abajo, menos aún hacia adelante para otear un futuro que siempre está plagado de incógnitas e inseguridades. Carecen de grandeza para emprender aventuras transformadoras, las de gran aliento que exigen la imaginación de la que carecen, duras luchas que esquivan a toda costa, desgastes y, en especial, solicitan perseverancia y trabajos múltiples difíciles de adoptar como cotidiana práctica.
Por estos días de pasiones e ilegitimidades angustiantes, las presiones de sus patrocinadores se han robustecido. Sostienen que el momento ha llegado. No se puede esperar más. Alegan que las reservas se agotan, los recursos escasean, la tecnología no se domina, la administración es deficiente, el sindicato asfixia, la necedad de algunos estorba y se alienta la resistencia al cambio. Han estudiado con detenimiento el tiempo preciso para actuar. Las encuestas de opinión les dicen que, a pesar de que la mayoría de los mexicanos no quieren abrir Pemex al capital trasnacional, la conciencia de la muchedumbre es débil, puede afectarse con una efectiva campaña publicitaria. Una donde se diga que no se puede aguantar más el declive de la empresa, que las alianzas no son contratos de riesgo, que no se privatizará ni un tornillo. Llegan a citar, con toda la alarma del enterado, que los estadunidenses recurrirán al estúpido método del popote para chuparse los veneros de chapopote de este lado de la frontera marítima. Y esto lo anuncia, con voz de salvador, un hombrecito del priísmo más decadente (Labastida) que pretende salvar a Pemex. Sin verse como un simple favorecido por la gracia de amistades, por la ayuda de subordinados encumbrados para terminar con una carrera sin lustre, sin logros, llena de escaladas inmerecidas y sonadas derrotas, ayuna de aportaciones a favor del pueblo o de cualquier causa noble.
La interesada compulsión privatizadora de esa clase de personajes que integran la elite oficialista actual sigue adelante, ahora con ímpetu renovado por las fuertes presiones que reciben de aquellos empresarios de gran calado que, para hacer negocios, para incrementar sus enormes fortunas, requieren del manto gubernamental. O por aquellas empresas y hasta gobiernos a los que les urge asegurar sus atentos proveedores confiables. Trasnacionales que desean, con ahínco, aprovechar los altos precios de los energéticos para engrosar sus obscenas utilidades a costa de los desprevenidos mexicanos que no saben cuidar y defender sus tesoros. Los legisladores del PRIAN, el presidente formal, con sus asesores y demás acompañantes de los medios, no pueden resistir las ambiciones del gran capital, ya sea éste local o foráneo. Es un peso enorme sobre sus timoratos espíritus.
El capital insaciable es la palanca que mueve al aparato establecido y no, como se sostiene con fingida veracidad, las intenciones de mejorar a la más importante empresa de los mexicanos, tal como difunden los preclaros líderes del momento burocrático. Pero tampoco se pueden descartar las complicidades individuales de los que intervienen en el diseño de la ruta privatizadora.
Las ambiciones de los que extienden sombras y tratan de ocultar las reales intensiones de la reforma energética y suavizan sus consecuencias flotan inocultables. Se trasluce el cinismo de los proponentes, los apoyos repletos de malicia sorprenden, la enjundia difusiva y las opiniones de enterados que ponen sus prestigios en la balanza abundan sólo para caer después en el vacío de los extraviados. El petróleo y la energía en general (eléctrica) es un tesoro que debe quedar bajo el dominio de la nación sin injerencia externa o privada. Se trata, en última instancia, de decidir quién manda: el capital externo o los mexicanos
lunes, febrero 18, 2008
Petróleo: quién manda en México
La Jornada
Adolfo Gilly
Petróleo: quién manda en México
La nacionalización del petróleo fue decidida el 9 de marzo de 1938, caminando por los campos de Morelos, por dos generales del Ejército Mexicano formados en las batallas guerreras de la revolución y en las batallas jurídicas de la Constitución de 1917: Lázaro Cárdenas del Río y Francisco J. Múgica. De esa decisión fue informado el gabinete presidencial en la tarde del 18 de marzo, y la aprobó. Nadie sospechaba hasta la noche de ese día –ni las compañías petroleras ni sus gobiernos– la magnitud y los alcances de la medida expropiatoria.
El gobierno del general Cárdenas supo escoger el terreno del enfrentamiento con las compañías extranjeras y tomarlas por sorpresa. No planteó la nacionalización como cuestión de beneficios económicos o de derechos laborales, sino como un dilema sobre quién manda en México: el gobierno de la nación o los dueños del petróleo.
Se debe recordar, recordar bien, que el presidente Cárdenas decretó la nacionalización cuando las empresas petroleras se negaron a acatar un laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el contrato colectivo con sus trabajadores. No era una argucia legal para tener el apoyo del movimiento obrero, que de antemano estaba asegurado. Fue utilizar lo que las empresas creían un incidente jurídico menor para plantear una cuestión de fondo: quién manda, quién decide sobre los cielos, el suelo y el subsuelo de este territorio que se llama República Mexicana, si un grupo de empresas extranjeras subsidiarias de sus gobiernos, que prestos salieron en defensa de ellas, o si los poderes del gobierno de la República elegido y apoyado por su pueblo.
Los tiempos son otros, los gobiernos mexicanos y su relación con el pueblo de esta República también. Pero ante la amenaza de privatizar Pemex en todo o en parte, con capital extranjero o nacional pero siempre capital privado –es decir, que en tanto capital no puede por definición responder al interés de la nación sino al suyo propio, si no dejaría de ser capital–, los fundamentos de la disputa deben plantearse sobre el mismo terreno: quién manda en México.
Es absurdo, para no usar palabras mayores, plantear la cuestión de Pemex como un problema económico o tecnológico, aunque hoy en ambos aspectos la situación de la empresa flaquee. Aceptar la discusión en ese terreno es perderla de antemano.
Por la contigüidad territorial con Estados Unidos, en México, más que en cualquier otra nación del continente, la propiedad estatal del petróleo es una cuestión geopolítica que hace al mando y a la soberanía sobre el territorio nacional. La continuidad del territorio y por ende del subsuelo de ambos países es marca indeleble en la historia mexicana. Hoy más que nunca Estados Unidos, su mando político en la Casa Blanca y su mando militar en el Pentágono, necesitan asegurar el petróleo mexicano como un componente indispensable de su estrategia militar global, tanto hacia los poderes que están al otro lado del Atlántico como hacia aquellos al otro lado del Pacífico.
Estados Unidos necesita –necesitó siempre– subordinar las fuerzas armadas mexicanas a sus fines estratégicos, a sus tecnologías, a su entrenamiento y a sus doctrinas militares y de seguridad, que son lo mismo. Hasta la Segunda Guerra Mundial no lo había logrado. Después vino el largo y paulatino cedimiento y por fin, desde Salinas de Gortari en adelante, las cesiones y concesiones en cascada.
Estados Unidos se ha propuesto, y en buena medida lo ha logrado, recorrer hasta el Canal de Panamá lo que considera su frontera geográfica de seguridad. El Plan Puebla-Panamá, como es bien sabido, es parte de esa vasta operación geopolítica, para la cual ha contado con la colaboración de los gobiernos mexicanos al menos desde Carlos Salinas hasta el presente. Pero no le basta recorrer de hecho esa frontera. Necesita la sumisión de los gobiernos nacionales de esos territorios y el control de sus recursos naturales y económicos –no la propiedad total, por supuesto, sí el control y la subordinación. Frente a las potencias asiáticas y a las potencias europeas, cualesquiera sean sus relaciones con ellas en cada momento, ésta es su zona de seguridad continental, su territorio amurallado. Esa doctrina no sólo no ha cambiado con la globalización. Por el contrario, se ha fortalecido con razones y exigencias nuevas, antes inexistentes.
Esa estrategia histórica de dominación y subordinación (que no de simple dependencia económica) tiene hoy componentes materiales e ideales que en conjunto conforman una renovada operación de ablandamiento de las resistencias nacionales mexicanas y latinoamericanas en nombre del libre comercio y la libre circulación de capitales (que no de personas, como debería ser el corolario).
Uno de esos componentes es haber logrado que el narcotráfico pasara a ser asumido por las autoridades mexicanas, ya no como una cuestión policial de primera importancia, que lo es, sino como una supuesta cuestión de seguridad nacional; mientras en modo alguno lo es tal para el ejército y el gobierno del país receptor y consumidor de la droga, Estados Unidos. Cualquiera sea su origen, una evidente operación de desestabilización política se esconde en los vericuetos y las guerras del narcotráfico, una buena parte de cuyos capitales y mandos, como diversos estudios lo han mostrado, están al otro lado de la frontera norte de México. En este contexto la Iniciativa Mérida es una de las varias facetas de la operación general de ablandamiento de las resistencias y las defensas de esta nación.
El 12 de febrero pasado Pedro Miguel escribía en estas páginas: “La Iniciativa Mérida es un acuerdo para que un gobierno incapaz de acabar con el trasiego de estupefacientes reciba asistencia de otro que tampoco puede o quiere erradicar el narcotráfico. [...] El hecho es que los gobernantes gringos no han podido o no han querido acabar con el narcotráfico. Con todos sus radares, sus satélites, tan precisos que pueden discernir a la distancia la marca de un bolígrafo; con sus aparatos de intercepción de conversaciones, sus sensores de infrarrojos, sus bases de datos y sus sistemas en tiempo real; con sus Hummers artillados con calibres de guerra, sus aviones espía, sus efectivos de la DEA, el FBI, y la Migra, sus marines, sus boinas verdes, sus rangers, sus mercenarios, sus portaviones, sus guardacostas, sus cárceles concesionadas a empresas de excelencia y su sistema judicial que presumen como si fuera eficiente y bueno, los centenares de toneladas de cocaína siguen fluyendo sin problemas hacia las fosas nasales de los consumidores”.
Aparte de los grandes intereses económicos involucrados en la industria de la droga, la estrategia del llamado combate al narcotráfico asume los rasgos de una redición de lo sucedido en Colombia, con las funestas consecuencias allá registradas para la soberanía nacional y la democracia. En un mundo de estados nacionales como en el que vivimos pese a todas las teorizaciones acerca de la disolución o el desvanecimiento de dichos estados, pocas cosas convienen tanto a las ambiciones de dominación de un vecino poderoso sobre uno de esos estados como el que las fuerzas armadas de tal nación se vean envueltas en tareas policiales –y además, en tareas de represión contra su propio pueblo, llámese éste Chiapas, Guerrero o Oaxaca.
¿Es que este cuento va a proseguir? ¿Es que se va a insistir en discutir la cuestión de Pemex y del petróleo como un problema exclusivo de recursos económicos y tecnológicos? ¿Es que no es evidente la operación de dominación emprendida sobre México –y su timing preciso– por una nación hoy desequilibrada por su propio poderío y por la ineptitud patológica de sus actuales gobernantes junto a la desmesura de sus obsesiones y ambiciones? ¿Es que no se ve el peligro que significa hoy, precisamente hoy, la dinámica geopolítica de ese país vecino?
¿Y las ambiciones de privatizar Pemex, de un modo u otro, en todo o en parte, con uno u otro subterfugio legal, con capital nacional o extranjero, nada tienen que ver con esa situación?
Es además insensato, absolutamente insensato, entrar a discutir y resolver con inusitada premura una cuestión vital de soberanía y geopolítica de la nación mexicana precisamente en los momentos en que ese vecino, Estados Unidos, componente ineludible de las decisiones sobre dicha cuestión, está envuelto en su controvertido y cercano cambio de gobierno; atrapado militarmente en Irak y Afganistán; desbalanceado por las crisis de su economía; y habiendo descubierto por fin que la globalización no significa su dominación mundial indiscutida, sino también el ascenso de las ambiciones y los desafíos de las grandes potencias de Europa y de Asia.
Es preciso cambiar de raíz el terreno y los tiempos de la cuestión petrolera mexicana. No es sino en segundo nivel una de financiamiento y tecnología. Tanto lo han dicho que fatiga repetirlo: si se modifica el régimen impositivo que succiona todos los recursos de Pemex y le impide financiar su crecimiento tecnológico, la empresa petrolera nacional tiene amplio campo de afirmación, exploración y crecimiento. Ese régimen por el cual Pemex es el sostén principal del presupuesto del Estado tiene un solo beneficiario: el capital privado. Gracias a Pemex, los niveles impositivos sobre los capitales privados están entre los más bajos que hoy existan. No es verdad que si se permite a Pemex capitalizarse no habría recursos en el presupuesto para los rubros de salud, educación, infraestructura y otros. Esto es chantaje puro. Esos recursos deben salir de los impuestos normales a las ganancias del capital, terminando con la condición de semiparaíso fiscal que se le ha impuesto al territorio nacional. Tampoco es verdad que habría fuga de capitales. Demasiado codiciado para la inversión es este país, por razones similares a las que lo hacen codiciable para las ambiciones de la nación del Norte.
El debate y las decisiones sobre el estatuto jurídico de Pemex y los recursos para su eficiencia y su modernización tienen que partir de esta plataforma. No es una cuestión ante todo económica y técnica. Es una cuestión de geopolítica y de soberanía nacional: quién manda en México.
En caso contrario, el gobierno nacional –y gobierno son los tres poderes, no sólo el Ejecutivo– se vería colocado en la paradójica situación de cumplir con la consigna zapatista: mandar obedeciendo. Pero obedeciendo al mando establecido en el Pentágono, la Casa Blanca y Wall Street, dueños una vez más, por sí mismos o por interpósitos capitales privados mexicanos, del control de los recursos petroleros de la República Mexicana.
Adolfo Gilly
Petróleo: quién manda en México
La nacionalización del petróleo fue decidida el 9 de marzo de 1938, caminando por los campos de Morelos, por dos generales del Ejército Mexicano formados en las batallas guerreras de la revolución y en las batallas jurídicas de la Constitución de 1917: Lázaro Cárdenas del Río y Francisco J. Múgica. De esa decisión fue informado el gabinete presidencial en la tarde del 18 de marzo, y la aprobó. Nadie sospechaba hasta la noche de ese día –ni las compañías petroleras ni sus gobiernos– la magnitud y los alcances de la medida expropiatoria.
El gobierno del general Cárdenas supo escoger el terreno del enfrentamiento con las compañías extranjeras y tomarlas por sorpresa. No planteó la nacionalización como cuestión de beneficios económicos o de derechos laborales, sino como un dilema sobre quién manda en México: el gobierno de la nación o los dueños del petróleo.
Se debe recordar, recordar bien, que el presidente Cárdenas decretó la nacionalización cuando las empresas petroleras se negaron a acatar un laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el contrato colectivo con sus trabajadores. No era una argucia legal para tener el apoyo del movimiento obrero, que de antemano estaba asegurado. Fue utilizar lo que las empresas creían un incidente jurídico menor para plantear una cuestión de fondo: quién manda, quién decide sobre los cielos, el suelo y el subsuelo de este territorio que se llama República Mexicana, si un grupo de empresas extranjeras subsidiarias de sus gobiernos, que prestos salieron en defensa de ellas, o si los poderes del gobierno de la República elegido y apoyado por su pueblo.
Los tiempos son otros, los gobiernos mexicanos y su relación con el pueblo de esta República también. Pero ante la amenaza de privatizar Pemex en todo o en parte, con capital extranjero o nacional pero siempre capital privado –es decir, que en tanto capital no puede por definición responder al interés de la nación sino al suyo propio, si no dejaría de ser capital–, los fundamentos de la disputa deben plantearse sobre el mismo terreno: quién manda en México.
Es absurdo, para no usar palabras mayores, plantear la cuestión de Pemex como un problema económico o tecnológico, aunque hoy en ambos aspectos la situación de la empresa flaquee. Aceptar la discusión en ese terreno es perderla de antemano.
Por la contigüidad territorial con Estados Unidos, en México, más que en cualquier otra nación del continente, la propiedad estatal del petróleo es una cuestión geopolítica que hace al mando y a la soberanía sobre el territorio nacional. La continuidad del territorio y por ende del subsuelo de ambos países es marca indeleble en la historia mexicana. Hoy más que nunca Estados Unidos, su mando político en la Casa Blanca y su mando militar en el Pentágono, necesitan asegurar el petróleo mexicano como un componente indispensable de su estrategia militar global, tanto hacia los poderes que están al otro lado del Atlántico como hacia aquellos al otro lado del Pacífico.
Estados Unidos necesita –necesitó siempre– subordinar las fuerzas armadas mexicanas a sus fines estratégicos, a sus tecnologías, a su entrenamiento y a sus doctrinas militares y de seguridad, que son lo mismo. Hasta la Segunda Guerra Mundial no lo había logrado. Después vino el largo y paulatino cedimiento y por fin, desde Salinas de Gortari en adelante, las cesiones y concesiones en cascada.
Estados Unidos se ha propuesto, y en buena medida lo ha logrado, recorrer hasta el Canal de Panamá lo que considera su frontera geográfica de seguridad. El Plan Puebla-Panamá, como es bien sabido, es parte de esa vasta operación geopolítica, para la cual ha contado con la colaboración de los gobiernos mexicanos al menos desde Carlos Salinas hasta el presente. Pero no le basta recorrer de hecho esa frontera. Necesita la sumisión de los gobiernos nacionales de esos territorios y el control de sus recursos naturales y económicos –no la propiedad total, por supuesto, sí el control y la subordinación. Frente a las potencias asiáticas y a las potencias europeas, cualesquiera sean sus relaciones con ellas en cada momento, ésta es su zona de seguridad continental, su territorio amurallado. Esa doctrina no sólo no ha cambiado con la globalización. Por el contrario, se ha fortalecido con razones y exigencias nuevas, antes inexistentes.
Esa estrategia histórica de dominación y subordinación (que no de simple dependencia económica) tiene hoy componentes materiales e ideales que en conjunto conforman una renovada operación de ablandamiento de las resistencias nacionales mexicanas y latinoamericanas en nombre del libre comercio y la libre circulación de capitales (que no de personas, como debería ser el corolario).
Uno de esos componentes es haber logrado que el narcotráfico pasara a ser asumido por las autoridades mexicanas, ya no como una cuestión policial de primera importancia, que lo es, sino como una supuesta cuestión de seguridad nacional; mientras en modo alguno lo es tal para el ejército y el gobierno del país receptor y consumidor de la droga, Estados Unidos. Cualquiera sea su origen, una evidente operación de desestabilización política se esconde en los vericuetos y las guerras del narcotráfico, una buena parte de cuyos capitales y mandos, como diversos estudios lo han mostrado, están al otro lado de la frontera norte de México. En este contexto la Iniciativa Mérida es una de las varias facetas de la operación general de ablandamiento de las resistencias y las defensas de esta nación.
El 12 de febrero pasado Pedro Miguel escribía en estas páginas: “La Iniciativa Mérida es un acuerdo para que un gobierno incapaz de acabar con el trasiego de estupefacientes reciba asistencia de otro que tampoco puede o quiere erradicar el narcotráfico. [...] El hecho es que los gobernantes gringos no han podido o no han querido acabar con el narcotráfico. Con todos sus radares, sus satélites, tan precisos que pueden discernir a la distancia la marca de un bolígrafo; con sus aparatos de intercepción de conversaciones, sus sensores de infrarrojos, sus bases de datos y sus sistemas en tiempo real; con sus Hummers artillados con calibres de guerra, sus aviones espía, sus efectivos de la DEA, el FBI, y la Migra, sus marines, sus boinas verdes, sus rangers, sus mercenarios, sus portaviones, sus guardacostas, sus cárceles concesionadas a empresas de excelencia y su sistema judicial que presumen como si fuera eficiente y bueno, los centenares de toneladas de cocaína siguen fluyendo sin problemas hacia las fosas nasales de los consumidores”.
Aparte de los grandes intereses económicos involucrados en la industria de la droga, la estrategia del llamado combate al narcotráfico asume los rasgos de una redición de lo sucedido en Colombia, con las funestas consecuencias allá registradas para la soberanía nacional y la democracia. En un mundo de estados nacionales como en el que vivimos pese a todas las teorizaciones acerca de la disolución o el desvanecimiento de dichos estados, pocas cosas convienen tanto a las ambiciones de dominación de un vecino poderoso sobre uno de esos estados como el que las fuerzas armadas de tal nación se vean envueltas en tareas policiales –y además, en tareas de represión contra su propio pueblo, llámese éste Chiapas, Guerrero o Oaxaca.
¿Es que este cuento va a proseguir? ¿Es que se va a insistir en discutir la cuestión de Pemex y del petróleo como un problema exclusivo de recursos económicos y tecnológicos? ¿Es que no es evidente la operación de dominación emprendida sobre México –y su timing preciso– por una nación hoy desequilibrada por su propio poderío y por la ineptitud patológica de sus actuales gobernantes junto a la desmesura de sus obsesiones y ambiciones? ¿Es que no se ve el peligro que significa hoy, precisamente hoy, la dinámica geopolítica de ese país vecino?
¿Y las ambiciones de privatizar Pemex, de un modo u otro, en todo o en parte, con uno u otro subterfugio legal, con capital nacional o extranjero, nada tienen que ver con esa situación?
Es además insensato, absolutamente insensato, entrar a discutir y resolver con inusitada premura una cuestión vital de soberanía y geopolítica de la nación mexicana precisamente en los momentos en que ese vecino, Estados Unidos, componente ineludible de las decisiones sobre dicha cuestión, está envuelto en su controvertido y cercano cambio de gobierno; atrapado militarmente en Irak y Afganistán; desbalanceado por las crisis de su economía; y habiendo descubierto por fin que la globalización no significa su dominación mundial indiscutida, sino también el ascenso de las ambiciones y los desafíos de las grandes potencias de Europa y de Asia.
Es preciso cambiar de raíz el terreno y los tiempos de la cuestión petrolera mexicana. No es sino en segundo nivel una de financiamiento y tecnología. Tanto lo han dicho que fatiga repetirlo: si se modifica el régimen impositivo que succiona todos los recursos de Pemex y le impide financiar su crecimiento tecnológico, la empresa petrolera nacional tiene amplio campo de afirmación, exploración y crecimiento. Ese régimen por el cual Pemex es el sostén principal del presupuesto del Estado tiene un solo beneficiario: el capital privado. Gracias a Pemex, los niveles impositivos sobre los capitales privados están entre los más bajos que hoy existan. No es verdad que si se permite a Pemex capitalizarse no habría recursos en el presupuesto para los rubros de salud, educación, infraestructura y otros. Esto es chantaje puro. Esos recursos deben salir de los impuestos normales a las ganancias del capital, terminando con la condición de semiparaíso fiscal que se le ha impuesto al territorio nacional. Tampoco es verdad que habría fuga de capitales. Demasiado codiciado para la inversión es este país, por razones similares a las que lo hacen codiciable para las ambiciones de la nación del Norte.
El debate y las decisiones sobre el estatuto jurídico de Pemex y los recursos para su eficiencia y su modernización tienen que partir de esta plataforma. No es una cuestión ante todo económica y técnica. Es una cuestión de geopolítica y de soberanía nacional: quién manda en México.
En caso contrario, el gobierno nacional –y gobierno son los tres poderes, no sólo el Ejecutivo– se vería colocado en la paradójica situación de cumplir con la consigna zapatista: mandar obedeciendo. Pero obedeciendo al mando establecido en el Pentágono, la Casa Blanca y Wall Street, dueños una vez más, por sí mismos o por interpósitos capitales privados mexicanos, del control de los recursos petroleros de la República Mexicana.
viernes, febrero 15, 2008
Petróleo."Dar la lucha en serio y de frente"
La Jornada
También aeropuertos y congresos, afirma Esteva
Se bloquearán carreteras en defensa del petróleo
El coordinador del FAP propone una parálisis legislativa
Listas, 16 brigadas que participarán en el movimiento
Alma E. Muñoz
A partir de las consultas realizadas a varios sectores de la sociedad, en el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y en el Frente Amplio Progresista (FAP) ya se comienzan a perfilar acciones de resistencia civil pacífica contra la privatización del sector petrolero.
Entre éstas destacan, de acuerdo con información del diputado por Convergencia Alberto Esteva, bloqueos en carreteras y en accesos de terminales aéreas, así como en órganos legislativos.
En tanto, el coordinador nacional del FAP, Porfirio Muñoz Ledo, propuso una “parálisis legislativa”.
La medida, sostuvo, “no es nada más el día que pongan la iniciativa; no se trata de jugar a que no permitimos, ni vamos a replantonizar la ciudad”, en alusión al megaplantón sobre avenida Reforma después del fraude electoral. Tenemos que convocar a una “actitud más radical”, porque hay una intención clara y concreta del gobierno de Felipe Calderón de introducir reformas legales que permitan entregar el petróleo a manos extranjeras.
Mientras, durante una reunión convocada por la coordinación política del FAP, el diputado Alberto Esteva informó que, coordinadas por el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, Arturo Bertín, se tomó protesta a 16 brigadas en el Distrito Federal para informar a la ciudadanía respecto de esas intenciones y realizar acciones de protesta.
“Pero también quiero decirles que huelga legislativa –una de las primeras acciones acordadas– no es otra cosa que irrumpir en el Senado, en la Junta de Coordinación Política todas las organizaciones sociales, obreras y de la sociedad civil organizada, para exigir que se cambie el modelo de interlocución con la sociedad en el país.”
Se trata, insistió, de realizar activismo total, de tiempo completo. De “dar la cara y hacer uso del fuero constitucional que tenemos diputados y senadores para estar al frente de los cercos ciudadanos que habremos de instalar en aeropuertos internacionales y en más de 50 puntos estratégicos de las carreteras del país, porque no vamos a permitir siquiera que se discuta el tema”.
Muñoz Ledo manifestó que hasta el momento “se ha hablado de cercos a instalaciones estratégicas en el país; de brigadas de información y de parálisis legislativa”, y convocó a “ir en esto hasta donde se pueda; si se va Calderón, mejor. Tenemos que dar la lucha en serio y de frente”, remarcó.
También aeropuertos y congresos, afirma Esteva
Se bloquearán carreteras en defensa del petróleo
El coordinador del FAP propone una parálisis legislativa
Listas, 16 brigadas que participarán en el movimiento
Alma E. Muñoz
A partir de las consultas realizadas a varios sectores de la sociedad, en el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y en el Frente Amplio Progresista (FAP) ya se comienzan a perfilar acciones de resistencia civil pacífica contra la privatización del sector petrolero.
Entre éstas destacan, de acuerdo con información del diputado por Convergencia Alberto Esteva, bloqueos en carreteras y en accesos de terminales aéreas, así como en órganos legislativos.
En tanto, el coordinador nacional del FAP, Porfirio Muñoz Ledo, propuso una “parálisis legislativa”.
La medida, sostuvo, “no es nada más el día que pongan la iniciativa; no se trata de jugar a que no permitimos, ni vamos a replantonizar la ciudad”, en alusión al megaplantón sobre avenida Reforma después del fraude electoral. Tenemos que convocar a una “actitud más radical”, porque hay una intención clara y concreta del gobierno de Felipe Calderón de introducir reformas legales que permitan entregar el petróleo a manos extranjeras.
Mientras, durante una reunión convocada por la coordinación política del FAP, el diputado Alberto Esteva informó que, coordinadas por el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, Arturo Bertín, se tomó protesta a 16 brigadas en el Distrito Federal para informar a la ciudadanía respecto de esas intenciones y realizar acciones de protesta.
“Pero también quiero decirles que huelga legislativa –una de las primeras acciones acordadas– no es otra cosa que irrumpir en el Senado, en la Junta de Coordinación Política todas las organizaciones sociales, obreras y de la sociedad civil organizada, para exigir que se cambie el modelo de interlocución con la sociedad en el país.”
Se trata, insistió, de realizar activismo total, de tiempo completo. De “dar la cara y hacer uso del fuero constitucional que tenemos diputados y senadores para estar al frente de los cercos ciudadanos que habremos de instalar en aeropuertos internacionales y en más de 50 puntos estratégicos de las carreteras del país, porque no vamos a permitir siquiera que se discuta el tema”.
Muñoz Ledo manifestó que hasta el momento “se ha hablado de cercos a instalaciones estratégicas en el país; de brigadas de información y de parálisis legislativa”, y convocó a “ir en esto hasta donde se pueda; si se va Calderón, mejor. Tenemos que dar la lucha en serio y de frente”, remarcó.
Petróleo. Plantón frente a Halliburton
Realizan plantón frente a la sede de Halliburton
Israel Rodríguez
Ayer al mediodía, trabajadores de Luz y Fuerza, de Petróleos Mexicanos y estudiantes integrantes de las Brigadas Universitarias por la Soberanía y el Petróleo realizaron una manifestación pacífica a las afueras de Halliburton –en Paseo de la Reforma y Río Nilo–, empresa petrolera vinculada al vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, que ha sido beneficiada con multimillonarios contratos para la perforación y extracción de crudo en México.
Jorge López Islas, del Frente de Trabajadores de la Energía; Ebricaz Vázquez, del Movimiento Nacional Petrolero; Francisco Martínez Marcué y Erika Choperena, de las Brigadas Universitarias, e Ismael Hernández Lujano, del Grupo Democracia Revolucionaria, entregaron una carta dirigida al vicepresidente estadunidense en la que señalan: “Es evidente que (Felipe) Calderón está pagando con esto el respaldo que usted, el Departamento de Estado y la Casa Blanca le dieron para consumar el fraude de 2006”.
La misiva señala además que “la multifraudulenta empresa de la que usted es propietario, ha sido invitada por el gobierno usurpador de Felipe Calderón para instalarse en nuestro país con el objetivo de saquearlo”.
Israel Rodríguez
Ayer al mediodía, trabajadores de Luz y Fuerza, de Petróleos Mexicanos y estudiantes integrantes de las Brigadas Universitarias por la Soberanía y el Petróleo realizaron una manifestación pacífica a las afueras de Halliburton –en Paseo de la Reforma y Río Nilo–, empresa petrolera vinculada al vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, que ha sido beneficiada con multimillonarios contratos para la perforación y extracción de crudo en México.
Jorge López Islas, del Frente de Trabajadores de la Energía; Ebricaz Vázquez, del Movimiento Nacional Petrolero; Francisco Martínez Marcué y Erika Choperena, de las Brigadas Universitarias, e Ismael Hernández Lujano, del Grupo Democracia Revolucionaria, entregaron una carta dirigida al vicepresidente estadunidense en la que señalan: “Es evidente que (Felipe) Calderón está pagando con esto el respaldo que usted, el Departamento de Estado y la Casa Blanca le dieron para consumar el fraude de 2006”.
La misiva señala además que “la multifraudulenta empresa de la que usted es propietario, ha sido invitada por el gobierno usurpador de Felipe Calderón para instalarse en nuestro país con el objetivo de saquearlo”.
jueves, febrero 14, 2008
Petróleo. "La derecha antinacional"
La Jornada
John Saxe-Fernández
http://jsaxef.blogspot.com
Pemex: tejiendo su democratización
Todo en la política tiene sus tiempos, sean acciones electorales, financieras o mediáticas, en especial si son iniciativas legislativas que acarrean fabulosos beneficios para algunos grupos de interés: tal es el caso de los esfuerzos dirigidos a “legalizar” –por la vía de 18 ordenamientos legales– la privatización del patrimonio petrolero y eléctrico de la nación. En este caso esos tiempos están imbricados con el “escudo” que Los Pinos ofrece a las complejas gestiones de ingeniería financiera de este magno despojo. Es toda una hazaña anti-nacional y anti-popular en la que se juega el destino nacional. El sector energético es el principal eje de acumulación y además, la primordial fuente de recursos fiscales del gobierno, en porcentajes cercanos a 50 por ciento del presupuesto federal.
Dado que el llamado “capital político” del calderonismo se agota velozmente ante la desaceleración económica, las calamidades de la temeraria militarización de la campaña contra el crimen organizado –en detrimento de los derechos humanos, legales y políticos de la población–, así como por el brutal asalto del modelo vigente contra la economía familiar, los tiempos para tejer redes financieras se acortan rápido.
Los costos políticos de la iniciativa son muy altos y el calendario electoral legislativo, en 2009, acecha. Por lo que PRI-AN y Prisa tienen prisa para que se abra el sector y se dé cubierta legal a los negocios y contratos en curso. Al inicio mismo de 2008 Prisa sentó las bases del “escenario de línea dura” en radio y televisión en torno al debate “energético” mediante el despido “preventivo” de Carmen Aristegui. Seguro que en la disputa por el petróleo se contempló la necesidad de que imperara la unanimidad de opinión a favor de los privatizadores por lo que los valores, la agudeza analítica y el profesionalismo de Aristegui, expresado en su apertura a un amplio espectro de opiniones sobre cualquier tema, simplemente no “calzara” y les resultó estorboso. La actuación drástica de Prisa es porque en Washignton, Madrid y Los Pinos-Bucareli quieren el negocio “hoy, hoy, hoy”.
El PRI también tiene urgencias. En los albores del año Emilio Gamboa Patrón, su coordinador en la Cámara de Diputados, se apresuró a remachar las argucias usadas por el gobierno y las empresas interesadas en el desvalijamiento: “que por falta de recursos y tecnología era necesario abrir a la participación privada las operaciones de exploración y explotación de petróleo en aguas profundas, y también en la generación de energía eléctrica”, agregando que “no se trata de modificar la Constitución”. No sería una “privatización plena”, sino una “reforma integral”.
En la argumentación de la derecha antinacional, de sus aliados en el PRI y unos adeptos vergonzantes del PRD, se reproduce lo que Carlos Montemayor ve como expresión –patente y patética– del “realismo mágico”, ya que se nos informa, con toda la cara dura del caso, que además de “modernizar”, la “iniciativa” no privatiza sino que “democratiza” a Pemex-CFE, “bursatilizándolas”.
Los registros de intentos similares, realizados en el último tramo del gobierno de Zedillo, indican que es un proceso “democratizador” complejo y poco transparente en el que participa la International Finance Corporation y la Agencia Internacional de Acuerdos Multilaterales, ambas orgánicamente vinculadas al Banco Mundial. Un diseño de ingeniería financiera planteados para Pemex, a cargo de la empresa Agincourt se realizaría por medio del Investors Guaranty Fund LTD (IGF). En La compra-venta de México (Plaza & Janés, 2002, p 353 y ss) describo un diseño de 1997 para crear el Programa Mexicano de Desarrollo por medio de la inversión directa de IGF. El capital se generaría colocando títulos conocidos como “Mexico Energy and Export Development Series Adjustable Rate Guaranteed Investment Agreements” o MEXDS GIA en dólares, con la participación de bancos internacionales e inversionistas institucionales bajo liderazgo de empresas de solvencia moral, contable y técnica –como Enron–, otras tipo Halliburton y varias de acá.
Siguiendo sus costumbres Agincourt seleccionó a las Bermudas como base jurisdiccional de operación por “su estable medio ambiente económico, su excelente infraestructura tecnológica y profesional y su compromiso, no superado, a favor de los negocios internacionales y en especial de los servicios financieros” de Wall Street. Estos son los paraísos financieros –y fiscales– escogidos en el pasado reciente como ideales para “democratizar” a Pemex y tejer la ingeniería financiera-especulativa que le permita a los gobernantes, legisladores, sus socios y cabilderons, “flexibilidad” para hacer sus negocios: los impulsores de la iniciativa deben informar desde cuál paraíso fiscal van a “no-privatizar” y “democratizar” a Pemex, arrojando la renta petrolera y el futuro de la nación, al piso de remates de Wall Street. Esperaríamos que nos recuerden desde sus villas en la Costa Azul. Como diría Roberto Hernández, “allá los mexicanos que se hagan bolas”.
John Saxe-Fernández
http://jsaxef.blogspot.com
Pemex: tejiendo su democratización
Todo en la política tiene sus tiempos, sean acciones electorales, financieras o mediáticas, en especial si son iniciativas legislativas que acarrean fabulosos beneficios para algunos grupos de interés: tal es el caso de los esfuerzos dirigidos a “legalizar” –por la vía de 18 ordenamientos legales– la privatización del patrimonio petrolero y eléctrico de la nación. En este caso esos tiempos están imbricados con el “escudo” que Los Pinos ofrece a las complejas gestiones de ingeniería financiera de este magno despojo. Es toda una hazaña anti-nacional y anti-popular en la que se juega el destino nacional. El sector energético es el principal eje de acumulación y además, la primordial fuente de recursos fiscales del gobierno, en porcentajes cercanos a 50 por ciento del presupuesto federal.
Dado que el llamado “capital político” del calderonismo se agota velozmente ante la desaceleración económica, las calamidades de la temeraria militarización de la campaña contra el crimen organizado –en detrimento de los derechos humanos, legales y políticos de la población–, así como por el brutal asalto del modelo vigente contra la economía familiar, los tiempos para tejer redes financieras se acortan rápido.
Los costos políticos de la iniciativa son muy altos y el calendario electoral legislativo, en 2009, acecha. Por lo que PRI-AN y Prisa tienen prisa para que se abra el sector y se dé cubierta legal a los negocios y contratos en curso. Al inicio mismo de 2008 Prisa sentó las bases del “escenario de línea dura” en radio y televisión en torno al debate “energético” mediante el despido “preventivo” de Carmen Aristegui. Seguro que en la disputa por el petróleo se contempló la necesidad de que imperara la unanimidad de opinión a favor de los privatizadores por lo que los valores, la agudeza analítica y el profesionalismo de Aristegui, expresado en su apertura a un amplio espectro de opiniones sobre cualquier tema, simplemente no “calzara” y les resultó estorboso. La actuación drástica de Prisa es porque en Washignton, Madrid y Los Pinos-Bucareli quieren el negocio “hoy, hoy, hoy”.
El PRI también tiene urgencias. En los albores del año Emilio Gamboa Patrón, su coordinador en la Cámara de Diputados, se apresuró a remachar las argucias usadas por el gobierno y las empresas interesadas en el desvalijamiento: “que por falta de recursos y tecnología era necesario abrir a la participación privada las operaciones de exploración y explotación de petróleo en aguas profundas, y también en la generación de energía eléctrica”, agregando que “no se trata de modificar la Constitución”. No sería una “privatización plena”, sino una “reforma integral”.
En la argumentación de la derecha antinacional, de sus aliados en el PRI y unos adeptos vergonzantes del PRD, se reproduce lo que Carlos Montemayor ve como expresión –patente y patética– del “realismo mágico”, ya que se nos informa, con toda la cara dura del caso, que además de “modernizar”, la “iniciativa” no privatiza sino que “democratiza” a Pemex-CFE, “bursatilizándolas”.
Los registros de intentos similares, realizados en el último tramo del gobierno de Zedillo, indican que es un proceso “democratizador” complejo y poco transparente en el que participa la International Finance Corporation y la Agencia Internacional de Acuerdos Multilaterales, ambas orgánicamente vinculadas al Banco Mundial. Un diseño de ingeniería financiera planteados para Pemex, a cargo de la empresa Agincourt se realizaría por medio del Investors Guaranty Fund LTD (IGF). En La compra-venta de México (Plaza & Janés, 2002, p 353 y ss) describo un diseño de 1997 para crear el Programa Mexicano de Desarrollo por medio de la inversión directa de IGF. El capital se generaría colocando títulos conocidos como “Mexico Energy and Export Development Series Adjustable Rate Guaranteed Investment Agreements” o MEXDS GIA en dólares, con la participación de bancos internacionales e inversionistas institucionales bajo liderazgo de empresas de solvencia moral, contable y técnica –como Enron–, otras tipo Halliburton y varias de acá.
Siguiendo sus costumbres Agincourt seleccionó a las Bermudas como base jurisdiccional de operación por “su estable medio ambiente económico, su excelente infraestructura tecnológica y profesional y su compromiso, no superado, a favor de los negocios internacionales y en especial de los servicios financieros” de Wall Street. Estos son los paraísos financieros –y fiscales– escogidos en el pasado reciente como ideales para “democratizar” a Pemex y tejer la ingeniería financiera-especulativa que le permita a los gobernantes, legisladores, sus socios y cabilderons, “flexibilidad” para hacer sus negocios: los impulsores de la iniciativa deben informar desde cuál paraíso fiscal van a “no-privatizar” y “democratizar” a Pemex, arrojando la renta petrolera y el futuro de la nación, al piso de remates de Wall Street. Esperaríamos que nos recuerden desde sus villas en la Costa Azul. Como diría Roberto Hernández, “allá los mexicanos que se hagan bolas”.
miércoles, febrero 13, 2008
Petróleo. 25 Años de una lógica de "política" entreguista.
México SA
Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
Veinticinco años tras la privatización de Pemex
¿A quién beneficiará la reforma energética, a los inversionistas o a los ciudadanos?
En los últimos 25 años, cada uno de los cinco inquilinos que se han sentado en Los Pinos ha hecho su luchita para concretar la “reforma” energética, siempre con el pretexto de que “no hay dinero”, ergo privatización a la vista. Entre otras acciones, De la Madrid “reclasificó” la petroquímica, Salinas partió Pemex en cuatro para facilitar su “desincorporación” y abrió el sector eléctrico, Zedillo hizo lo propio, “creó” los Pidiregas, abrió el gas natural e inició los permisos de “cogeneración”, Fox “reinventó” los contratos de servicios múltiples y metió el acelerador en el otorgamiento de dichos permisos, y Calderón pugna por dar “seguridad jurídica” a los inversionistas privados y habla de “transición energética”.
Todos enfocaron sus baterías a favor de la privatización. Que no lo lograran a plenitud es otra cosa, pero por intentos no pararon. Incluso, en el sexenio foxista uno de los cuatro supuestos secretarios de Energía, Fernando Canales Clariond (los otros fueron Martens, Calderón y Elizondo), se aventó la puntada de proponer una suerte de privatización hormiga: “que el sector privado explote pozos petroleros abandonados por Pemex; se requiere un marco legal para que particulares exploten esos pozos que Pemex ha dejado por incosteables, pero que ciertamente serían costeables para la nación en su conjunto”.
Entonces, si alguien no ve hacia dónde se enfocan los intereses gubernamentales, que a todas luces no corresponden con los nacionales, tendrá que ir al oculista. Mientras eso sucede, el maestro José Luis Apodaca Villarreal, experto en cuestiones energéticas, llama a realizar un debate nacional sobre Petróleos Mexicanos, y reseña que en 2007 sus ingresos sumaron 100 mil millones de dólares y representaron 12.5 por ciento del PIB; de ese monto, la paraestatal gastó 40 mil millones: 11 mil en operación; una cantidad igual en gastos de inversión, para amortizar obras y pagar intereses sobre créditos recibidos; y 18 mil en importación de gasolinas. Los 60 mil millones restantes se transfirieron al gobierno federal para cubrir gasto social y nómina de la burocracia.
En los últimos 10 años, Pemex ha otorgado contratos de inversión a empresas privadas nacionales y extranjeras por 70 mil millones de dólares. El esquema utilizado es el denominado Pidiregas, cuyos gastos de amortización e intereses se realizan a mediano y largo plazo. Es así como en los próximos 25 años, la paraestatal deberá pagar más de 150 mil millones de dólares por los créditos recibidos.
Las reservas nacionales de petróleo crudo equivalente son de 45 mil millones de barriles, y se clasifican de la siguiente manera: probadas, probables y posibles, con 15 mil millones de barriles, 750 mil millones de dólares de valor y un plazo de 10 años para cada uno de esos renglones, lo que da un valor total 2 billones 250 mil millones de dólares para 30 años.
Las reservas probadas tienen certidumbre total para su extracción; las probables sólo 50 por ciento, y las posibles 10 por ciento. Mediante recursos de inversión suficientes dedicados a la exploración es factible incrementar las reservas, convertir las reservas probables en probadas y las posibles en probables.
Es necesario invertir en refinerías (la más “joven” de las existentes en el país tiene 27 años de antigüedad), porque agregan valor, generan cadenas productivas y empleo. Actualmente se vende petróleo crudo a casi 80 dólares el barril y se compran gasolinas a más de 102 dólares. Con los remanentes se puede cubrir el costo de una refinería por año. Pemex debe invertir directamente y sustituir los Pidiregas, que además de ser muy caros en sus costos unitarios y su financiamiento, es muy difícil transparentar su administración. Los costos operativos se podrían administrar mejor: Incrementar la competitividad de 140 mil trabajadores debe ser el objetivo principal.
Mayores recursos de inversión a la exploración para incrementar constantemente las reservas probadas de crudo. Entre 2000 y 2006 solamente se dedicaron a este renglón mil millones de dólares. Una política agresiva en este sentido implicaría destinar 10 mil millones anuales, hasta duplicar las reservas probadas (hace algunos años, no era tanto el remanente que se transfería al gobierno federal). La paraestatal debe invertir en la industria petroquímica, que le agrega valor al crudo en más de 10 veces, y además genera cadenas productivas y empleos.
En México cuesta cuatro dólares extraer un barril de petróleo y se vende en cerca de 80. “Todos los mexicanos debemos preguntar: ¿cuál es la nueva forma de participación privada que se propone? ¿Es la mejor opción para el país o para los inversionistas? ¿Qué proporción de las ganancias sería para los inversionistas? Si participan en la exploración, ¿las reservas que se agreguen serán para ellos? y ¿en qué proporción? La explotación de los recursos petroleros de la nación debe hacerse para beneficiar a todos los ciudadanos mexicanos”.
Las rebanadas del pastel
Propuesta de la lectoría para combatir a los acaparadores: “compremos nosotros el maíz blanco directamente. Creo que podremos lograrlo, aunque no sean las toneladas, algo podríamos hacer. ¿O soy muy ilusa? Se podría ir logrando con organización entre ciudadanos y pequeños comerciantes. Lo que se debió formar cuando el plantón poselectoral son redes efectivas para contrarrestar esas políticas hiperliberales (el neoliberalismo quedó atrás). Algo debemos hacer. El maíz es nuestro, para el mundo y se está perdiendo todo” (Marilú Caballero, marilu_caballero@hotmail.com)... También sobre el tema, pero con otro enfoque: “ofrezco una fotografía con el tema del maíz para tratar de financiar un proyecto de foto y video sobre las consecuencias que va a provocar el capítulo agropecuario en México. La fotografía es de una planta de maíz en uno de los edificios de la zona arqueológica de Palenque, cerca del Templo de las Inscripciones. El proyecto no tiene ningún fin lucrativo” (Heriberto Rodríguez, rodriguezcheri@aim.com).
Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
Veinticinco años tras la privatización de Pemex
¿A quién beneficiará la reforma energética, a los inversionistas o a los ciudadanos?
En los últimos 25 años, cada uno de los cinco inquilinos que se han sentado en Los Pinos ha hecho su luchita para concretar la “reforma” energética, siempre con el pretexto de que “no hay dinero”, ergo privatización a la vista. Entre otras acciones, De la Madrid “reclasificó” la petroquímica, Salinas partió Pemex en cuatro para facilitar su “desincorporación” y abrió el sector eléctrico, Zedillo hizo lo propio, “creó” los Pidiregas, abrió el gas natural e inició los permisos de “cogeneración”, Fox “reinventó” los contratos de servicios múltiples y metió el acelerador en el otorgamiento de dichos permisos, y Calderón pugna por dar “seguridad jurídica” a los inversionistas privados y habla de “transición energética”.
Todos enfocaron sus baterías a favor de la privatización. Que no lo lograran a plenitud es otra cosa, pero por intentos no pararon. Incluso, en el sexenio foxista uno de los cuatro supuestos secretarios de Energía, Fernando Canales Clariond (los otros fueron Martens, Calderón y Elizondo), se aventó la puntada de proponer una suerte de privatización hormiga: “que el sector privado explote pozos petroleros abandonados por Pemex; se requiere un marco legal para que particulares exploten esos pozos que Pemex ha dejado por incosteables, pero que ciertamente serían costeables para la nación en su conjunto”.
Entonces, si alguien no ve hacia dónde se enfocan los intereses gubernamentales, que a todas luces no corresponden con los nacionales, tendrá que ir al oculista. Mientras eso sucede, el maestro José Luis Apodaca Villarreal, experto en cuestiones energéticas, llama a realizar un debate nacional sobre Petróleos Mexicanos, y reseña que en 2007 sus ingresos sumaron 100 mil millones de dólares y representaron 12.5 por ciento del PIB; de ese monto, la paraestatal gastó 40 mil millones: 11 mil en operación; una cantidad igual en gastos de inversión, para amortizar obras y pagar intereses sobre créditos recibidos; y 18 mil en importación de gasolinas. Los 60 mil millones restantes se transfirieron al gobierno federal para cubrir gasto social y nómina de la burocracia.
En los últimos 10 años, Pemex ha otorgado contratos de inversión a empresas privadas nacionales y extranjeras por 70 mil millones de dólares. El esquema utilizado es el denominado Pidiregas, cuyos gastos de amortización e intereses se realizan a mediano y largo plazo. Es así como en los próximos 25 años, la paraestatal deberá pagar más de 150 mil millones de dólares por los créditos recibidos.
Las reservas nacionales de petróleo crudo equivalente son de 45 mil millones de barriles, y se clasifican de la siguiente manera: probadas, probables y posibles, con 15 mil millones de barriles, 750 mil millones de dólares de valor y un plazo de 10 años para cada uno de esos renglones, lo que da un valor total 2 billones 250 mil millones de dólares para 30 años.
Las reservas probadas tienen certidumbre total para su extracción; las probables sólo 50 por ciento, y las posibles 10 por ciento. Mediante recursos de inversión suficientes dedicados a la exploración es factible incrementar las reservas, convertir las reservas probables en probadas y las posibles en probables.
Es necesario invertir en refinerías (la más “joven” de las existentes en el país tiene 27 años de antigüedad), porque agregan valor, generan cadenas productivas y empleo. Actualmente se vende petróleo crudo a casi 80 dólares el barril y se compran gasolinas a más de 102 dólares. Con los remanentes se puede cubrir el costo de una refinería por año. Pemex debe invertir directamente y sustituir los Pidiregas, que además de ser muy caros en sus costos unitarios y su financiamiento, es muy difícil transparentar su administración. Los costos operativos se podrían administrar mejor: Incrementar la competitividad de 140 mil trabajadores debe ser el objetivo principal.
Mayores recursos de inversión a la exploración para incrementar constantemente las reservas probadas de crudo. Entre 2000 y 2006 solamente se dedicaron a este renglón mil millones de dólares. Una política agresiva en este sentido implicaría destinar 10 mil millones anuales, hasta duplicar las reservas probadas (hace algunos años, no era tanto el remanente que se transfería al gobierno federal). La paraestatal debe invertir en la industria petroquímica, que le agrega valor al crudo en más de 10 veces, y además genera cadenas productivas y empleos.
En México cuesta cuatro dólares extraer un barril de petróleo y se vende en cerca de 80. “Todos los mexicanos debemos preguntar: ¿cuál es la nueva forma de participación privada que se propone? ¿Es la mejor opción para el país o para los inversionistas? ¿Qué proporción de las ganancias sería para los inversionistas? Si participan en la exploración, ¿las reservas que se agreguen serán para ellos? y ¿en qué proporción? La explotación de los recursos petroleros de la nación debe hacerse para beneficiar a todos los ciudadanos mexicanos”.
Las rebanadas del pastel
Propuesta de la lectoría para combatir a los acaparadores: “compremos nosotros el maíz blanco directamente. Creo que podremos lograrlo, aunque no sean las toneladas, algo podríamos hacer. ¿O soy muy ilusa? Se podría ir logrando con organización entre ciudadanos y pequeños comerciantes. Lo que se debió formar cuando el plantón poselectoral son redes efectivas para contrarrestar esas políticas hiperliberales (el neoliberalismo quedó atrás). Algo debemos hacer. El maíz es nuestro, para el mundo y se está perdiendo todo” (Marilú Caballero, marilu_caballero@hotmail.com)... También sobre el tema, pero con otro enfoque: “ofrezco una fotografía con el tema del maíz para tratar de financiar un proyecto de foto y video sobre las consecuencias que va a provocar el capítulo agropecuario en México. La fotografía es de una planta de maíz en uno de los edificios de la zona arqueológica de Palenque, cerca del Templo de las Inscripciones. El proyecto no tiene ningún fin lucrativo” (Heriberto Rodríguez, rodriguezcheri@aim.com).
lunes, febrero 11, 2008
Petróleo. "Exxon y Banco Mundial, asalto a Venezuela"
México SA
Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
Exxon y Banco Mundial, asalto a Venezuela
La petrolera exige 1,600% más de lo que invirtió
¿Para qué queremos gobierno?
El viejo truco de litigar en “países amigos” con juzgados “amables” que sentencien favorablemente a los intereses trasnacionales quiere aplicarse en contra de Venezuela y su riqueza petrolera. En esta ocasión, es el gigante estadunidense Exxon-Mobil el que recurre a esta añeja práctica del capital extranjero salvaje para sacar raja de los negocios que le fueron acotados, como acto soberano, por el gobierno del país sudamericano.
Días atrás la trasnacional estadunidense afirmó que obtuvo “varias órdenes judiciales internacionales para congelar hasta 12 mil millones de dólares en activos de Petróleos de Venezuela (la estatal PDVSA) en todo el mundo”, y tales mandatos fueron obsequiados por tribunales del Reino Unido, Holanda y las Antillas Holandesas, países y juzgados que nada tienen que ver con la relación comercial entre el gobierno venezolano y la Exxon-Mobil.
Como buena trasnacional, la Exxon-Mobil, que obtuvo 40 mil millones de dólares en utilidades netas durante 2007, exige que el gobierno venezolano la “indemnice” con 12 mil millones de dólares, algo por demás inflado, pues el “motivo” del litigio no sobrepasó los 750 millones de billetes verdes, por mucho que algunas empresas consultoras (como la venezolana Ecoanalítica), normalmente proclives a los intereses de ese tipo de consorcios, eleven el “daño” a mil 400 millones. En cualquiera de los casos, la diferencia entre el “reclamo” del gigante estadunidense y la realidad es de 8.5 a 16 veces superior a la supuesta causa que motivó el litigio.
Todo comenzó con la decisión soberana del gobierno venezolano de nacionalizar varios proyectos relacionados con la explotación de hidrocarburos en la riquísima Faja Petrolífera del Orinoco, originalmente concesionada, durante los 90, a un grupo de trasnacionales: las estadunidenses Chevron Corporation, Exxon-Mobil y Conoco Phillips; la británica BP-PLC; la francesa Total y la noruega Statoil.
Chávez denunció convenios petroleros con las trasnacionales, otorgados en gobiernos anteriores, que constituían un asalto a la nación, que permitían a esas empresas el pago de regalías al Estado por apenas uno por ciento de lo obtenido (ahora pagan más de 33 por ciento de regalías), en una zona como la Faja Petrolífera del Orinoco, considerada uno de los mayores depósitos de hidrocarburos del mundo, con cerca de 236 mil millones de barriles.
Hugo Chávez decidió, en mayo pasado, echar para atrás la concesión, retomar el control estatal de la Faja e indemnizar, sin comillas, a todas las trasnacionales involucradas, mismas que reclamaron, pero tras una intensa negociación, aceptaron los términos del gobierno venezolano y se convirtieron en socios minoritarios. Todas excepto Exxon Mobil y Conoco Phillips, que recurrieron a los “tribunales internacionales” en “países amigos”.
Adicionalmente, Exxon Mobil de inmediato recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), un supuesto “árbitro” en las “controversias” entre gobiernos y empresas de este tipo, dependiente del “amigable” Banco Mundial, controlado por Estados Unidos, para que le “devolvieran” el negocio o cuando menos el gobierno venezolano le pagara su “indemnización”, que ahora estima en 12 mil millones de dólares, por inversiones no superiores a 750 millones en la Faja Petrolífera del Orinoco.
La CIADI es un organismo que difícilmente falla favorablemente a los intereses de una nación. Por el contrario, su historial es rico en “acuerdos” que benefician a las trasnacionales (éstas han ganado 230 de 232 casos presentados), por mucho que sus exigencias sean verdaderamente descabelladas. De estos resolutivos Argentina los ha padecido todos, producto de la política privatizadora de Carlos Menem en los 90) y Bolivia no se queda atrás, porque al gobierno de Evo Morales le heredaron “reclamos” por “indemnización” como la estadunidense Bechtel Corporation, un consorcio que exigía una “compensación” por “lucro cesante” (ganancias proyectadas, pero no obtenidas) de 25 millones de dólares, con ganas de llegar a 100 millones, no obstante que su inversión real para el proyecto de agua en Cochabamba no superó el medio millón de dólares. Pero el gobierno de Evo no se doblegó y la trasnacional se quedó con las ganas de atracar a los bolivianos. Finalmente, vendió en dos dólares todas sus acciones al gobierno del país sudamericano y el caso fue cerrado, y Bolivia dejó de ser miembro de la CIADI.
En este contexto, Exxon Mobil exige al gobierno venezolano una “indemnización” por 12 mil millones de dólares que en la “lógica” descrita se traduciría así: 750 millones por sus inversiones a momento de cancelar la concesión, y 11 mil 250 millones por “lucro cesante”, es decir la utilidades que la trasnacional proyectó en los siguientes 20 años. Un asalto, pues, que para eso está la CIADI.
Como era de esperarse, Hugo Chávez reaccionó a la intentona de Exxon-Mobil de obtener una “indemnización” mil 600 por ciento mayor a la que le corresponde, y amenaza con suspender el suministro petrolero a Estados Unidos “si continúa su guerra económica contra Venezuela”, de la que forma parte la actitud de la trasnacional. “Sigan y ustedes, y verán que no les enviaremos una gota de petróleo. Si ustedes nos congelan, si llegan de verdad a congelar, si nos hacen daño, nosotros les vamos a hacer daño”.
Las rebanadas del pastel
Frenéticos, también van a redondear la privatización del agua: “la iniciativa privada tendrá abiertas las puertas a la operación y construcción de infraestructura de agua, tanto en la dotación del servicio de agua potable, y la construcción de drenaje como en la instalación de plantas de tratamiento, señaló el titular de la Semarnat, Juan Elvira Quesada” (La Jornada). Entonces, si todo es para el capital privado, ¿para qué se necesita un gobierno, que por lo demás resulta carísimo?
Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
Exxon y Banco Mundial, asalto a Venezuela
La petrolera exige 1,600% más de lo que invirtió
¿Para qué queremos gobierno?
El viejo truco de litigar en “países amigos” con juzgados “amables” que sentencien favorablemente a los intereses trasnacionales quiere aplicarse en contra de Venezuela y su riqueza petrolera. En esta ocasión, es el gigante estadunidense Exxon-Mobil el que recurre a esta añeja práctica del capital extranjero salvaje para sacar raja de los negocios que le fueron acotados, como acto soberano, por el gobierno del país sudamericano.
Días atrás la trasnacional estadunidense afirmó que obtuvo “varias órdenes judiciales internacionales para congelar hasta 12 mil millones de dólares en activos de Petróleos de Venezuela (la estatal PDVSA) en todo el mundo”, y tales mandatos fueron obsequiados por tribunales del Reino Unido, Holanda y las Antillas Holandesas, países y juzgados que nada tienen que ver con la relación comercial entre el gobierno venezolano y la Exxon-Mobil.
Como buena trasnacional, la Exxon-Mobil, que obtuvo 40 mil millones de dólares en utilidades netas durante 2007, exige que el gobierno venezolano la “indemnice” con 12 mil millones de dólares, algo por demás inflado, pues el “motivo” del litigio no sobrepasó los 750 millones de billetes verdes, por mucho que algunas empresas consultoras (como la venezolana Ecoanalítica), normalmente proclives a los intereses de ese tipo de consorcios, eleven el “daño” a mil 400 millones. En cualquiera de los casos, la diferencia entre el “reclamo” del gigante estadunidense y la realidad es de 8.5 a 16 veces superior a la supuesta causa que motivó el litigio.
Todo comenzó con la decisión soberana del gobierno venezolano de nacionalizar varios proyectos relacionados con la explotación de hidrocarburos en la riquísima Faja Petrolífera del Orinoco, originalmente concesionada, durante los 90, a un grupo de trasnacionales: las estadunidenses Chevron Corporation, Exxon-Mobil y Conoco Phillips; la británica BP-PLC; la francesa Total y la noruega Statoil.
Chávez denunció convenios petroleros con las trasnacionales, otorgados en gobiernos anteriores, que constituían un asalto a la nación, que permitían a esas empresas el pago de regalías al Estado por apenas uno por ciento de lo obtenido (ahora pagan más de 33 por ciento de regalías), en una zona como la Faja Petrolífera del Orinoco, considerada uno de los mayores depósitos de hidrocarburos del mundo, con cerca de 236 mil millones de barriles.
Hugo Chávez decidió, en mayo pasado, echar para atrás la concesión, retomar el control estatal de la Faja e indemnizar, sin comillas, a todas las trasnacionales involucradas, mismas que reclamaron, pero tras una intensa negociación, aceptaron los términos del gobierno venezolano y se convirtieron en socios minoritarios. Todas excepto Exxon Mobil y Conoco Phillips, que recurrieron a los “tribunales internacionales” en “países amigos”.
Adicionalmente, Exxon Mobil de inmediato recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), un supuesto “árbitro” en las “controversias” entre gobiernos y empresas de este tipo, dependiente del “amigable” Banco Mundial, controlado por Estados Unidos, para que le “devolvieran” el negocio o cuando menos el gobierno venezolano le pagara su “indemnización”, que ahora estima en 12 mil millones de dólares, por inversiones no superiores a 750 millones en la Faja Petrolífera del Orinoco.
La CIADI es un organismo que difícilmente falla favorablemente a los intereses de una nación. Por el contrario, su historial es rico en “acuerdos” que benefician a las trasnacionales (éstas han ganado 230 de 232 casos presentados), por mucho que sus exigencias sean verdaderamente descabelladas. De estos resolutivos Argentina los ha padecido todos, producto de la política privatizadora de Carlos Menem en los 90) y Bolivia no se queda atrás, porque al gobierno de Evo Morales le heredaron “reclamos” por “indemnización” como la estadunidense Bechtel Corporation, un consorcio que exigía una “compensación” por “lucro cesante” (ganancias proyectadas, pero no obtenidas) de 25 millones de dólares, con ganas de llegar a 100 millones, no obstante que su inversión real para el proyecto de agua en Cochabamba no superó el medio millón de dólares. Pero el gobierno de Evo no se doblegó y la trasnacional se quedó con las ganas de atracar a los bolivianos. Finalmente, vendió en dos dólares todas sus acciones al gobierno del país sudamericano y el caso fue cerrado, y Bolivia dejó de ser miembro de la CIADI.
En este contexto, Exxon Mobil exige al gobierno venezolano una “indemnización” por 12 mil millones de dólares que en la “lógica” descrita se traduciría así: 750 millones por sus inversiones a momento de cancelar la concesión, y 11 mil 250 millones por “lucro cesante”, es decir la utilidades que la trasnacional proyectó en los siguientes 20 años. Un asalto, pues, que para eso está la CIADI.
Como era de esperarse, Hugo Chávez reaccionó a la intentona de Exxon-Mobil de obtener una “indemnización” mil 600 por ciento mayor a la que le corresponde, y amenaza con suspender el suministro petrolero a Estados Unidos “si continúa su guerra económica contra Venezuela”, de la que forma parte la actitud de la trasnacional. “Sigan y ustedes, y verán que no les enviaremos una gota de petróleo. Si ustedes nos congelan, si llegan de verdad a congelar, si nos hacen daño, nosotros les vamos a hacer daño”.
Las rebanadas del pastel
Frenéticos, también van a redondear la privatización del agua: “la iniciativa privada tendrá abiertas las puertas a la operación y construcción de infraestructura de agua, tanto en la dotación del servicio de agua potable, y la construcción de drenaje como en la instalación de plantas de tratamiento, señaló el titular de la Semarnat, Juan Elvira Quesada” (La Jornada). Entonces, si todo es para el capital privado, ¿para qué se necesita un gobierno, que por lo demás resulta carísimo?
domingo, febrero 10, 2008
Petróleo. "¡Ay de nosotros si permitimos este colosal atraco!"
La Jornada
Arnaldo Córdova
La ley contra la Constitución
Durante los días de la represión del movimiento ferrocarrilero en el primer año de gobierno de López Mateos, Manuel Moreno Sánchez, líder priísta del Senado, acuñó una frase célebre: “La ley es legal aunque sea anticonstitucional”, ante la evidencia de que el gobierno estaba violando la Constitución en la represión indiscriminada de los trabajadores. El concepto es lo que hoy interesa, aunque la frase haya sido dicha en otras circunstancias. Ningún constitucionalista ni ningún otro jurista afirmarían que la ley puede estar por encima de nuestra Carta Magna. Pero, ante la embestida derechista orquestada desde el gobierno para privatizar los hidrocarburos, el espectáculo que estamos viendo es una virtual derogación de la Constitución mediante leyes secundarias.
Es un dogma constitucional inexcusable que toda ley deriva de la Constitución y que ninguna legislación puede estar en su contra y, menos aún, derogarla en sus principios. Que la ley es legal es una tautología tan idiota como sería también que la Constitución es constitucional. Lo que Moreno Sánchez quiso decir fue que la ley se imponía sobre la Constitución, lo aclaró él mismo, “por la fuerza de las circunstancias”. La misma frase era una monstruosidad jurídica. Pero es algo que se ha venido haciendo: poner una ley, generalmente cocinada al vapor, por encima de la Constitución. Toño Gershenson, en su artículo del domingo anterior, citó un caso que nos viene desde el salinismo: el de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que en su artículo tercero permite la generación de energía eléctrica por particulares para su “autoabastecimiento”.
Gershenson pone en evidencia lo que ya es evidente por sí mismo: que la generación de energía es un servicio público según el artículo 27 constitucional, pero señala, con acierto, que el resto de lo generado va, de todas formas, al servicio público pues lo compra la CFE y ésta lo usa para venderlo a los usuarios. El hecho es que la misma generación de energía para el “autoabastecimiento” es, ya de por sí, un servicio público que se deja en manos de particulares. Yo no podría alegar que extraigo petróleo en el patio de mi casa (si lo hubiera) sólo “para autoconsumo”. Es todo un hallazgo: mediante una ley secundaria se pueden establecer excepciones a la letra de la Carta Magna que ésta, en su propio espíritu, jamás admitiría. Así, se puede burlar cualquier institución constitucional, basta una ley que marque una excepción.
Que el Legislativo haya aprobado semejante clase de leyes absolutamente contrarias al espíritu y, sobre todo, a la letra de la Constitución, es un baldón en su cuenta. Y no se puede acusar al Poder Judicial de la Federación de responsabilidad alguna al respecto, al menos que haya habido un caso de particulares puesto a su consideración, cosa que ignoro. Y no se trata sólo de la reforma energética. El viernes pasado, el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, en carta a El Correo Ilustrado, denuncia el cinismo de la Secretaría del Trabajo que sostiene que no se tocará el 123 en materia laboral, cuando en los hechos se promueven y aprueban leyes contrarias a la Constitución.
Las derechas panista (en el gobierno) y priísta están convirtiendo a la Constitución en un miserable cascarón que cada vez nos dice menos. Creo que están pensando que cerca de cien millones de mexicanos somos unos perfectos asnos. Cuando Beltrones y Gamboa se lavan la cara diciéndonos que la Constitución no se tocará, que queda inviolada y que todas las reformas se harán mediante leyes secundarias, pretenden decirnos que están haciendo un juego totalmente inocente y que no nos preocupemos. Ellos juran que sólo desean modernizar nuestro sector energético y, tan inocentes y castos que son, alegan que sólo tratan de agregar los dineritos de los privados (extranjeros, sobre todo) para ayudar a nuestras pobres industrias energéticas que ya no pueden con el paquete.
Se ha dicho, por ejemplo, que 49 por ciento de la propiedad de Pemex, convertido en acciones, se pondrá a la venta en el mercado bursátil. Los economistas y los juristas financieros lo dirían de otra manera, pero yo lo quiero hacer comprensible. Ese porcentaje de una propiedad fundamental de la nación pasará a manos de privados (extranjeros, en especial), vía la propiedad privada de acciones. Y tan sólo por una ley secundaria que violaría el espíritu y la letra de la Constitución que establecen que esos bienes son propiedad exclusiva de la nación. Es increíble, pero los que están cocinando estas propuestas no son los panistas en el gobierno, que en la materia son unos ignaros sin remedio. No.
Son los priístas los que han inventado el método, desde Salinas. Y ahora la Constitución está siendo violada, anulada o derogada y abrogada, mediante leyes cuyo fin es imponer excepciones a los mandatos constitucionales. Ahora ya ni se necesita justificar esas leyes. Basta con señalar la urgencia de la excepción. Por eso Calderón llamó a su gabinete al experto en este oficio: Luis Téllez, que era el geniecillo que le organizaba a Salinas todos los equipos de expertos que le hacían ese tipo de leyes. Él fue el que organizó el grupo que cambió el artículo 27 en materia de propiedad agraria y que elaboró su legislación secundaria. Que ni Beltrones ni Gamboa nos vengan con el cuento de que sólo se trata de cambiar la legislación secundaria pues nuestra Carta Magna permanecerá incólume.
Ellos son los verdaderos orquestadores de este nuevo despojo a la nación y a su pueblo. Los panistas en el gobierno no han dicho nada, ante todo, porque no tienen nada más que decir sino que la industria petrolera y energética debe privatizarse (es su credo inconmovible). Son los priístas los que pueden remover ese punto fijo que es la propiedad nacional sobre el subsuelo, porque tienen experiencia en el asunto (lo vienen haciendo desde la época de Alemán) y, también, porque ya se saben el juego estratégico de la nueva política nacional: poner toda la riqueza de la nación y de su pueblo en manos de la oligarquía.
Gamboa Patrón no es más que un inescrupuloso palero de la derecha de todos los signos. El que quiere hacerla de chico genial y malilla es Beltrones. Él nos está queriendo dar gato por liebre: una reforma política que todavía deberemos ver si funciona bien, a cambio de que todos podamos aceptar tranquilamente que lo más importante, el destino de la propiedad de la nación, que la derecha desea ardientemente poner a subasta a disposición de los privados, desaparezca mediante leyes fraudulentas y anticonstitucionales. ¡Ay de nosotros si permitimos este colosal atraco!
Arnaldo Córdova
La ley contra la Constitución
Durante los días de la represión del movimiento ferrocarrilero en el primer año de gobierno de López Mateos, Manuel Moreno Sánchez, líder priísta del Senado, acuñó una frase célebre: “La ley es legal aunque sea anticonstitucional”, ante la evidencia de que el gobierno estaba violando la Constitución en la represión indiscriminada de los trabajadores. El concepto es lo que hoy interesa, aunque la frase haya sido dicha en otras circunstancias. Ningún constitucionalista ni ningún otro jurista afirmarían que la ley puede estar por encima de nuestra Carta Magna. Pero, ante la embestida derechista orquestada desde el gobierno para privatizar los hidrocarburos, el espectáculo que estamos viendo es una virtual derogación de la Constitución mediante leyes secundarias.
Es un dogma constitucional inexcusable que toda ley deriva de la Constitución y que ninguna legislación puede estar en su contra y, menos aún, derogarla en sus principios. Que la ley es legal es una tautología tan idiota como sería también que la Constitución es constitucional. Lo que Moreno Sánchez quiso decir fue que la ley se imponía sobre la Constitución, lo aclaró él mismo, “por la fuerza de las circunstancias”. La misma frase era una monstruosidad jurídica. Pero es algo que se ha venido haciendo: poner una ley, generalmente cocinada al vapor, por encima de la Constitución. Toño Gershenson, en su artículo del domingo anterior, citó un caso que nos viene desde el salinismo: el de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que en su artículo tercero permite la generación de energía eléctrica por particulares para su “autoabastecimiento”.
Gershenson pone en evidencia lo que ya es evidente por sí mismo: que la generación de energía es un servicio público según el artículo 27 constitucional, pero señala, con acierto, que el resto de lo generado va, de todas formas, al servicio público pues lo compra la CFE y ésta lo usa para venderlo a los usuarios. El hecho es que la misma generación de energía para el “autoabastecimiento” es, ya de por sí, un servicio público que se deja en manos de particulares. Yo no podría alegar que extraigo petróleo en el patio de mi casa (si lo hubiera) sólo “para autoconsumo”. Es todo un hallazgo: mediante una ley secundaria se pueden establecer excepciones a la letra de la Carta Magna que ésta, en su propio espíritu, jamás admitiría. Así, se puede burlar cualquier institución constitucional, basta una ley que marque una excepción.
Que el Legislativo haya aprobado semejante clase de leyes absolutamente contrarias al espíritu y, sobre todo, a la letra de la Constitución, es un baldón en su cuenta. Y no se puede acusar al Poder Judicial de la Federación de responsabilidad alguna al respecto, al menos que haya habido un caso de particulares puesto a su consideración, cosa que ignoro. Y no se trata sólo de la reforma energética. El viernes pasado, el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, en carta a El Correo Ilustrado, denuncia el cinismo de la Secretaría del Trabajo que sostiene que no se tocará el 123 en materia laboral, cuando en los hechos se promueven y aprueban leyes contrarias a la Constitución.
Las derechas panista (en el gobierno) y priísta están convirtiendo a la Constitución en un miserable cascarón que cada vez nos dice menos. Creo que están pensando que cerca de cien millones de mexicanos somos unos perfectos asnos. Cuando Beltrones y Gamboa se lavan la cara diciéndonos que la Constitución no se tocará, que queda inviolada y que todas las reformas se harán mediante leyes secundarias, pretenden decirnos que están haciendo un juego totalmente inocente y que no nos preocupemos. Ellos juran que sólo desean modernizar nuestro sector energético y, tan inocentes y castos que son, alegan que sólo tratan de agregar los dineritos de los privados (extranjeros, sobre todo) para ayudar a nuestras pobres industrias energéticas que ya no pueden con el paquete.
Se ha dicho, por ejemplo, que 49 por ciento de la propiedad de Pemex, convertido en acciones, se pondrá a la venta en el mercado bursátil. Los economistas y los juristas financieros lo dirían de otra manera, pero yo lo quiero hacer comprensible. Ese porcentaje de una propiedad fundamental de la nación pasará a manos de privados (extranjeros, en especial), vía la propiedad privada de acciones. Y tan sólo por una ley secundaria que violaría el espíritu y la letra de la Constitución que establecen que esos bienes son propiedad exclusiva de la nación. Es increíble, pero los que están cocinando estas propuestas no son los panistas en el gobierno, que en la materia son unos ignaros sin remedio. No.
Son los priístas los que han inventado el método, desde Salinas. Y ahora la Constitución está siendo violada, anulada o derogada y abrogada, mediante leyes cuyo fin es imponer excepciones a los mandatos constitucionales. Ahora ya ni se necesita justificar esas leyes. Basta con señalar la urgencia de la excepción. Por eso Calderón llamó a su gabinete al experto en este oficio: Luis Téllez, que era el geniecillo que le organizaba a Salinas todos los equipos de expertos que le hacían ese tipo de leyes. Él fue el que organizó el grupo que cambió el artículo 27 en materia de propiedad agraria y que elaboró su legislación secundaria. Que ni Beltrones ni Gamboa nos vengan con el cuento de que sólo se trata de cambiar la legislación secundaria pues nuestra Carta Magna permanecerá incólume.
Ellos son los verdaderos orquestadores de este nuevo despojo a la nación y a su pueblo. Los panistas en el gobierno no han dicho nada, ante todo, porque no tienen nada más que decir sino que la industria petrolera y energética debe privatizarse (es su credo inconmovible). Son los priístas los que pueden remover ese punto fijo que es la propiedad nacional sobre el subsuelo, porque tienen experiencia en el asunto (lo vienen haciendo desde la época de Alemán) y, también, porque ya se saben el juego estratégico de la nueva política nacional: poner toda la riqueza de la nación y de su pueblo en manos de la oligarquía.
Gamboa Patrón no es más que un inescrupuloso palero de la derecha de todos los signos. El que quiere hacerla de chico genial y malilla es Beltrones. Él nos está queriendo dar gato por liebre: una reforma política que todavía deberemos ver si funciona bien, a cambio de que todos podamos aceptar tranquilamente que lo más importante, el destino de la propiedad de la nación, que la derecha desea ardientemente poner a subasta a disposición de los privados, desaparezca mediante leyes fraudulentas y anticonstitucionales. ¡Ay de nosotros si permitimos este colosal atraco!
Petróleo. ¿Riqueza Nacional?
La Jornada
Mario Di Costanzo*
La misma gata, pero revolcada: abrir o privatizar Pemex
La renta petrolera se define como la diferencia que existe entre el precio de venta del petróleo y su costo de extracción: si en promedio extraer un barril de petróleo en nuestro país tiene un costo de cuatro a ocho dólares y en los mercados internacionales se vende en aproximadamente 80 dólares, la renta petrolera equivale a 72 dólares por barril.
Luego entonces, esta renta petrolera es la que hasta ahora se ha utilizado como una de las principales fuentes de ingreso de las finanzas públicas y no como una de las principales fuentes de ingreso para la expansión del sector energético o, en todo caso, del sector petrolero nacional.
A lo anterior hay que agregar que en virtud de que el petróleo es un recurso natural no renovable, en la medida en que no se invierta esa misma renta petrolera en el sector energético le seguiremos robando a las futuras generaciones de mexicanos esa riqueza.
Por ello, a pesar de que tanto Felipe Calderón como los legisladores del PRI y del PAN han señalado que la “reforma energética” que se presentará no buscará la privatización de Petróleos Mexicanos, el simple hecho de permitir la inversión privada en los procesos de refinación, exploración, distribución y comercialización del petróleo implicaría la “transferencia o cesión” de buena parte de la renta petrolera, que es de todos los mexicanos, a compañías privadas nacionales o extranjeras.
Más aún si el principal argumento que se ha dado por parte de los grupos que quieren abrir el sector consiste en señalar que el país no cuenta con recursos para financiar la expansión de la industria.
Y para corroborar lo anterior, sólo basta señalar lo siguiente:
De acuerdo con el último informe financiero de Pemex, al 30 de septiembre de 2007 la paraestatal reportó ventas totales por 808 mil 128 millones de pesos (73 mil 927 millones de dólares) y un costo de ventas más gastos generales de 375 mil 339 millones de pesos (34 mil 336 millones de dólares); es decir, que la renta petrolera fue de 432 mil 789 millones de pesos.
Sin embargo, el mismo informe señala que al 30 de septiembre la paraestatal entregó o pagó al fisco (entre impuestos, derechos y aprovechamientos) 457 mil 341 millones de pesos; es decir, tuvo que entregar “la totalidad de la renta petrolera” más 25 mil millones de pesos aproximadamente.
Es obvio que esta situación muestra, entre otras cosas, la elevada carga fiscal que tiene Pemex y que sin lugar a dudas no se mantendría para las empresas privadas que pudieran entrar al negocio del petróleo, en virtud de que ninguna compañía del mundo aceptaría o sería rentable con esa carga fiscal.
De hecho, la inversión o empresas del sector privado que pudieran entrar al “nuevo negocio” no aceptarían hacerlo ante tal carga fiscal, por lo que necesariamente a ellos se les aplicaría una tasa fiscal diferente y más reducida que la que actualmente enfrenta Pemex, lo que les permitiría adueñarse de la renta petrolera.
Cabe señalar que por lo menos sin la apertura se está garantizando que dicha renta petrolera tenga como destino “las arcas nacionales”, pero con la apertura a la inversión privada –aunque esto no implique de fondo una privatización total– se estaría cediendo una buena parte de esa renta petrolera a empresas privadas, que la utilizarían para construir más infraestructura petrolera, lo que les permitiría cada vez más adueñarse de una porción mayor de la renta petrolera nacional.
Por ello, si bien es cierto que aun cuando en el discurso de Calderón y de los legisladores del PRI y del PAN se niega que la “reforma energética” busque la “privatización del petróleo”, la poca o nula inversión gubernamental en Pemex combinada con una apertura al capital privado permitiría que los nuevos inversionistas se adueñaran paulatinamente de la renta petrolera de la nación, que es equivalente a privatizar a la industria del petróleo.
De hecho, esto es lo que ha venido sucediendo, sólo que esta inversión privada se ha dado a través del esquema conocido como Pidiregas, lo que ha evitado –al menos parcialmente– que la renta petrolera nacional se haya privatizado, ya que si revisamos qué ha sucedido durante los últimos 25 años nos damos cuenta de que la inversión pública en Pemex pasó de casi 18 mil millones de dólares en 1981 a sólo 1.6 mil millones de dólares en 2007, mientras la inversión privada a través de Pidiregas pasó de 2 mil millones de dólares en 1998 a 11 mil 440 millones en 2007, lo que significó un crecimiento de 484 por ciento.
Por ello, el verdadero fondo de la discusión es y deber ser quién o quiénes van a controlar la renta petrolera del país. Y en este sentido, para que la nación pueda conservar la renta petrolera como un patrimonio de los mexicanos, tiene que y debe de realizar las inversiones de manera directa, ya que en el contexto actual, privatizar o abrir resultaría ser la misma gata, pero revolcada.
*Secretario de la hacienda pública del gobierno legítimo
Mario Di Costanzo*
La misma gata, pero revolcada: abrir o privatizar Pemex
La renta petrolera se define como la diferencia que existe entre el precio de venta del petróleo y su costo de extracción: si en promedio extraer un barril de petróleo en nuestro país tiene un costo de cuatro a ocho dólares y en los mercados internacionales se vende en aproximadamente 80 dólares, la renta petrolera equivale a 72 dólares por barril.
Luego entonces, esta renta petrolera es la que hasta ahora se ha utilizado como una de las principales fuentes de ingreso de las finanzas públicas y no como una de las principales fuentes de ingreso para la expansión del sector energético o, en todo caso, del sector petrolero nacional.
A lo anterior hay que agregar que en virtud de que el petróleo es un recurso natural no renovable, en la medida en que no se invierta esa misma renta petrolera en el sector energético le seguiremos robando a las futuras generaciones de mexicanos esa riqueza.
Por ello, a pesar de que tanto Felipe Calderón como los legisladores del PRI y del PAN han señalado que la “reforma energética” que se presentará no buscará la privatización de Petróleos Mexicanos, el simple hecho de permitir la inversión privada en los procesos de refinación, exploración, distribución y comercialización del petróleo implicaría la “transferencia o cesión” de buena parte de la renta petrolera, que es de todos los mexicanos, a compañías privadas nacionales o extranjeras.
Más aún si el principal argumento que se ha dado por parte de los grupos que quieren abrir el sector consiste en señalar que el país no cuenta con recursos para financiar la expansión de la industria.
Y para corroborar lo anterior, sólo basta señalar lo siguiente:
De acuerdo con el último informe financiero de Pemex, al 30 de septiembre de 2007 la paraestatal reportó ventas totales por 808 mil 128 millones de pesos (73 mil 927 millones de dólares) y un costo de ventas más gastos generales de 375 mil 339 millones de pesos (34 mil 336 millones de dólares); es decir, que la renta petrolera fue de 432 mil 789 millones de pesos.
Sin embargo, el mismo informe señala que al 30 de septiembre la paraestatal entregó o pagó al fisco (entre impuestos, derechos y aprovechamientos) 457 mil 341 millones de pesos; es decir, tuvo que entregar “la totalidad de la renta petrolera” más 25 mil millones de pesos aproximadamente.
Es obvio que esta situación muestra, entre otras cosas, la elevada carga fiscal que tiene Pemex y que sin lugar a dudas no se mantendría para las empresas privadas que pudieran entrar al negocio del petróleo, en virtud de que ninguna compañía del mundo aceptaría o sería rentable con esa carga fiscal.
De hecho, la inversión o empresas del sector privado que pudieran entrar al “nuevo negocio” no aceptarían hacerlo ante tal carga fiscal, por lo que necesariamente a ellos se les aplicaría una tasa fiscal diferente y más reducida que la que actualmente enfrenta Pemex, lo que les permitiría adueñarse de la renta petrolera.
Cabe señalar que por lo menos sin la apertura se está garantizando que dicha renta petrolera tenga como destino “las arcas nacionales”, pero con la apertura a la inversión privada –aunque esto no implique de fondo una privatización total– se estaría cediendo una buena parte de esa renta petrolera a empresas privadas, que la utilizarían para construir más infraestructura petrolera, lo que les permitiría cada vez más adueñarse de una porción mayor de la renta petrolera nacional.
Por ello, si bien es cierto que aun cuando en el discurso de Calderón y de los legisladores del PRI y del PAN se niega que la “reforma energética” busque la “privatización del petróleo”, la poca o nula inversión gubernamental en Pemex combinada con una apertura al capital privado permitiría que los nuevos inversionistas se adueñaran paulatinamente de la renta petrolera de la nación, que es equivalente a privatizar a la industria del petróleo.
De hecho, esto es lo que ha venido sucediendo, sólo que esta inversión privada se ha dado a través del esquema conocido como Pidiregas, lo que ha evitado –al menos parcialmente– que la renta petrolera nacional se haya privatizado, ya que si revisamos qué ha sucedido durante los últimos 25 años nos damos cuenta de que la inversión pública en Pemex pasó de casi 18 mil millones de dólares en 1981 a sólo 1.6 mil millones de dólares en 2007, mientras la inversión privada a través de Pidiregas pasó de 2 mil millones de dólares en 1998 a 11 mil 440 millones en 2007, lo que significó un crecimiento de 484 por ciento.
Por ello, el verdadero fondo de la discusión es y deber ser quién o quiénes van a controlar la renta petrolera del país. Y en este sentido, para que la nación pueda conservar la renta petrolera como un patrimonio de los mexicanos, tiene que y debe de realizar las inversiones de manera directa, ya que en el contexto actual, privatizar o abrir resultaría ser la misma gata, pero revolcada.
*Secretario de la hacienda pública del gobierno legítimo
Petróleo. "ExxonMobil declara la guerra a Venezuela"
Bajo la Lupa
Alfredo Jalife-Rahme
ExxonMobil declara la guerra a Venezuela
ExxonMobil, primera trasnacional de Estados Unidos, no se iba a quedar imperturbable frente a la audaz nacionalización de junio pasado en la que se vieron afectados sus intereses en la franja del Orinoco, considerada la mayor reserva de petróleo no convencional del mundo.
Como en los tiempos coloniales del siglo XIX, cuando las potencias europeas embargaban a los países de Noráfrica, ahora la pirata trasnacional texana ExxonMobil confiscó precautoriamente los activos foráneos de la estatal PDVSA mediante fallos judiciales controvertidos en las plazas anglosajonas y holandesas de Manhattan, Londres, Holanda y las Antillas Holandesas (¡super sic!); exige una indemnización al elevadísimo precio del “mercado” y el gobierno venezolano desea pagar al valor contable de sus libros.
Tal congelamiento de bienes recuerda los actos similares contra los activos de Irak e Irán en Estados Unidos, pero tampoco se puede soslayar la venganza cruel del viejo amo hacia el esclavo liberado: Venezuela era el “rancho” (literal) de los Rockefeller, los fundadores de ExxonMobil, hasta que llegó su aguafiestas.
¿Se trata de los estertores de las trasnacionales petroleras anglosajonas frente al auge de las empresas estatales de Rusia y la OPEP? ¿O es el inicio de una regionalización geoenergética de los condominios geopolíticos y geoeconómicos de grandes potencias, como Estados Unidos, que persiste en ultrajar a Canadá, México y Venezuela como vulgares súbditos en su pretendida esfera de influencia hemisférica desde el Comando Sur hasta el Comando Norte (el ASPAN), cuando la Doctrina Monroe añeja de casi dos siglos ha sido hecha añicos a raíz de la derrota del unilateralismo bushiano?
A nuestro juicio, la trasnacional texana participa en una guerra multidimensional de Estados Unidos (y de su palafrenero español, quien le ayudó en el fallido golpe de estado de 2002 contra Chávez ) para apoderarse de las mayores reservas de petróleo del planeta (cuando se suma el convencional y el no convencional) que detenta Venezuela.
La “guerra financiera” desatada ha golpeado el precio de los bonos venezolanos en los “mercados”, debido al “riesgo de una quiebra de PDVSA ahogada en deudas”, según Russell Hotten, del The Daily Telegraph (09/02/08), quien califica de “sin precedente” la acción judicial en varios países por ExxonMobil y ubica la verdadera dimensión de la jugada que “está siendo observada estrechamente por las empresas de energía en el mundo que enfrentan la presión creciente de los gobiernos para renunciar al control de sus proyectos y renegociar sus contratos”.
La depredadora texana ExxonMobil pega donde más duele, ya que Venezuela depende enormemente de sus ingresos petroleros: 90 por ciento de sus ganancias por exportaciones, más de 50 por ciento de sus ingresos fiscales, y alrededor de 30 por ciento de su PIB.
La batalla es desigual. El gobierno venezolano, que no sabemos si se transmutará en un David, se enfrenta a un “Goliat”: la primera transnacional petrolera mundial, con una capitalización de mercado de más de 517 mil millones de dólares (¡más de tres veces el PIB nominal de Caracas!) y con ingresos el año pasado por más de 400 mil millones de dólares frente a los más de 110 mil millones de dólares de Venezuela.
La reputación de ExxonMobil es de las peores del mundo; su historial ha sido macabro desde su fundación como Standard & Oil y se ha refocilado en depredar y devastar: sexto lugar entre las 100 empresas más contaminantes de Estados Unidos, según Political Economy Research Institute. Con tales antecedentes se perfila como el caballo de Troya para descuartizar a Venezuela y lubricar una nada improbable invasión militar estadunidense, mientras azuza en la retaguardia al régimen títere de Álvaro Uribe en Colombia.
De las varias empresas afectadas por las medidas de nacionalización, únicamente ExxonMobil se ha rebelado y ha pasado a una feroz contraofensiva judicial que no presagia nada bondadoso. En realidad, la nacionalización no fue total, sino parcial, ya que las trasnacionales solamente se vieron obligadas a devolver 60 por ciento de su capital en sus operaciones con PDVSA.
Los activos europeos de PDVSA corren peligro en Alemania, Finlandia, Gran Bretaña incluso en Estados Unidos, pero, más que nada, en la misma Venezuela, donde el régimen torturador bushiano puede optar por una invasión militar con el pretexto de defender los intereses de su principal trasnacional global.
Stratfor (8/2/08), centro de propaganda texano-israelí, corrige que la orden judicial de embargo precautorio arroja en realidad un total de 36 mil millones de dólares (12 mil millones por plaza judicial), lo que pone en la mira a Citgo, la subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos; “predice” que el recurso judicial en las “cortes internacionales” será imitado por otras trasnacionales (v.gr ConoccoPhillips) que “se sienten engañadas (¡super sic!)”.
¡Para que aprendan los entreguistas “mexicanos” del epílogo que les espera en sus transacciones con las grandes potencias!
Stratfor recalca que, “a diferencia de varias empresas estatales de energía, PDVSA posee numerosos activos foráneos”, siendo la mayor Citgo, la cuarta refinería en Estados Unidos, que refina aproximadamente 1.1 millones de barriles al día. De facto, ExxonMobil embarga esta cuantiosa cantidad de crudo refinado.
También se encuentran en la mira las refinerías de las Islas Vírgenes (EU) y las Antillas Holandesas, donde PDVSA posee fuertes intereses y que se han vuelto “vulnerables a los actos legales” de ExxonMobil.
El asombroso desempeño económico de Venezuela (con sus normales “disonancias”) ha exasperado al régimen torturador bushiano, al haber puesto en ridículo los “logros” del régimen pinochetista-neoliberal con máscara social demócrata de Chile: un peón, desde el punto de vista militar y financiero, de la dupla anglosajona en Sudamérica, que ha sido inventada como “paradigma” a seguir, amén de los fundamentalistas monetaristas de los Chicago Boys (hoy en plena ruina intelectual), por la revista Letras Libres del desinformado y desinformador Enrique Krauze Kleinbort, así como por el eterno ignaro Emilio Gamboa Patrón, un operador de los caños del desagüe del putrefacto “viejo régimen” mexicano.
Con poblaciones y territorios semejantes, Venezuela (25 millones de habitantes y 882 mil 50 km) supera a Chile (16 millones de habitantes y 748 mil 800 kms) en el PIB “nominal” en 60 por ciente: 166 mil millones frente a 107 mil 700 millones de dólares; también prevalece por encima de Chile en 30 por ciento en el “poder de paridad de compra”: 335 mil millones frente a 234 mil 400 millones.
El crecimiento anual de Venezuela ha rebasado los dos dígitos en el último trimestre y representa más del doble de Chile que con sus fondos de pensiones desplomándose anda en 5 por ciento. En reservas de divisas, Venezuela cuenta con 31 mil 630 millones frente a 22 mil 240 de millones de dólares de Chile.
Más aún: Venezuela exhibe un mejor “índice Gini” (que mide la distribución del ingreso familiar) que el ranking patético de Chile, el cual se ubica en niveles africanos, con cifras del año 2003 –que Caracas seguramente habrá mejorado en los pasado cuarto años debido a su fenomenal despegue.
La existencia misma de Venezuela desmiente el modelo neoliberal impuesto por Estados Unidos en Latinoamérica. De allí la necedad y la necesidad de destruir a Venezuela, donde Estados Unidos pretende adueñarse del petróleo que no pudo capturar en Irak
Alfredo Jalife-Rahme
ExxonMobil declara la guerra a Venezuela
ExxonMobil, primera trasnacional de Estados Unidos, no se iba a quedar imperturbable frente a la audaz nacionalización de junio pasado en la que se vieron afectados sus intereses en la franja del Orinoco, considerada la mayor reserva de petróleo no convencional del mundo.
Como en los tiempos coloniales del siglo XIX, cuando las potencias europeas embargaban a los países de Noráfrica, ahora la pirata trasnacional texana ExxonMobil confiscó precautoriamente los activos foráneos de la estatal PDVSA mediante fallos judiciales controvertidos en las plazas anglosajonas y holandesas de Manhattan, Londres, Holanda y las Antillas Holandesas (¡super sic!); exige una indemnización al elevadísimo precio del “mercado” y el gobierno venezolano desea pagar al valor contable de sus libros.
Tal congelamiento de bienes recuerda los actos similares contra los activos de Irak e Irán en Estados Unidos, pero tampoco se puede soslayar la venganza cruel del viejo amo hacia el esclavo liberado: Venezuela era el “rancho” (literal) de los Rockefeller, los fundadores de ExxonMobil, hasta que llegó su aguafiestas.
¿Se trata de los estertores de las trasnacionales petroleras anglosajonas frente al auge de las empresas estatales de Rusia y la OPEP? ¿O es el inicio de una regionalización geoenergética de los condominios geopolíticos y geoeconómicos de grandes potencias, como Estados Unidos, que persiste en ultrajar a Canadá, México y Venezuela como vulgares súbditos en su pretendida esfera de influencia hemisférica desde el Comando Sur hasta el Comando Norte (el ASPAN), cuando la Doctrina Monroe añeja de casi dos siglos ha sido hecha añicos a raíz de la derrota del unilateralismo bushiano?
A nuestro juicio, la trasnacional texana participa en una guerra multidimensional de Estados Unidos (y de su palafrenero español, quien le ayudó en el fallido golpe de estado de 2002 contra Chávez ) para apoderarse de las mayores reservas de petróleo del planeta (cuando se suma el convencional y el no convencional) que detenta Venezuela.
La “guerra financiera” desatada ha golpeado el precio de los bonos venezolanos en los “mercados”, debido al “riesgo de una quiebra de PDVSA ahogada en deudas”, según Russell Hotten, del The Daily Telegraph (09/02/08), quien califica de “sin precedente” la acción judicial en varios países por ExxonMobil y ubica la verdadera dimensión de la jugada que “está siendo observada estrechamente por las empresas de energía en el mundo que enfrentan la presión creciente de los gobiernos para renunciar al control de sus proyectos y renegociar sus contratos”.
La depredadora texana ExxonMobil pega donde más duele, ya que Venezuela depende enormemente de sus ingresos petroleros: 90 por ciento de sus ganancias por exportaciones, más de 50 por ciento de sus ingresos fiscales, y alrededor de 30 por ciento de su PIB.
La batalla es desigual. El gobierno venezolano, que no sabemos si se transmutará en un David, se enfrenta a un “Goliat”: la primera transnacional petrolera mundial, con una capitalización de mercado de más de 517 mil millones de dólares (¡más de tres veces el PIB nominal de Caracas!) y con ingresos el año pasado por más de 400 mil millones de dólares frente a los más de 110 mil millones de dólares de Venezuela.
La reputación de ExxonMobil es de las peores del mundo; su historial ha sido macabro desde su fundación como Standard & Oil y se ha refocilado en depredar y devastar: sexto lugar entre las 100 empresas más contaminantes de Estados Unidos, según Political Economy Research Institute. Con tales antecedentes se perfila como el caballo de Troya para descuartizar a Venezuela y lubricar una nada improbable invasión militar estadunidense, mientras azuza en la retaguardia al régimen títere de Álvaro Uribe en Colombia.
De las varias empresas afectadas por las medidas de nacionalización, únicamente ExxonMobil se ha rebelado y ha pasado a una feroz contraofensiva judicial que no presagia nada bondadoso. En realidad, la nacionalización no fue total, sino parcial, ya que las trasnacionales solamente se vieron obligadas a devolver 60 por ciento de su capital en sus operaciones con PDVSA.
Los activos europeos de PDVSA corren peligro en Alemania, Finlandia, Gran Bretaña incluso en Estados Unidos, pero, más que nada, en la misma Venezuela, donde el régimen torturador bushiano puede optar por una invasión militar con el pretexto de defender los intereses de su principal trasnacional global.
Stratfor (8/2/08), centro de propaganda texano-israelí, corrige que la orden judicial de embargo precautorio arroja en realidad un total de 36 mil millones de dólares (12 mil millones por plaza judicial), lo que pone en la mira a Citgo, la subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos; “predice” que el recurso judicial en las “cortes internacionales” será imitado por otras trasnacionales (v.gr ConoccoPhillips) que “se sienten engañadas (¡super sic!)”.
¡Para que aprendan los entreguistas “mexicanos” del epílogo que les espera en sus transacciones con las grandes potencias!
Stratfor recalca que, “a diferencia de varias empresas estatales de energía, PDVSA posee numerosos activos foráneos”, siendo la mayor Citgo, la cuarta refinería en Estados Unidos, que refina aproximadamente 1.1 millones de barriles al día. De facto, ExxonMobil embarga esta cuantiosa cantidad de crudo refinado.
También se encuentran en la mira las refinerías de las Islas Vírgenes (EU) y las Antillas Holandesas, donde PDVSA posee fuertes intereses y que se han vuelto “vulnerables a los actos legales” de ExxonMobil.
El asombroso desempeño económico de Venezuela (con sus normales “disonancias”) ha exasperado al régimen torturador bushiano, al haber puesto en ridículo los “logros” del régimen pinochetista-neoliberal con máscara social demócrata de Chile: un peón, desde el punto de vista militar y financiero, de la dupla anglosajona en Sudamérica, que ha sido inventada como “paradigma” a seguir, amén de los fundamentalistas monetaristas de los Chicago Boys (hoy en plena ruina intelectual), por la revista Letras Libres del desinformado y desinformador Enrique Krauze Kleinbort, así como por el eterno ignaro Emilio Gamboa Patrón, un operador de los caños del desagüe del putrefacto “viejo régimen” mexicano.
Con poblaciones y territorios semejantes, Venezuela (25 millones de habitantes y 882 mil 50 km) supera a Chile (16 millones de habitantes y 748 mil 800 kms) en el PIB “nominal” en 60 por ciente: 166 mil millones frente a 107 mil 700 millones de dólares; también prevalece por encima de Chile en 30 por ciento en el “poder de paridad de compra”: 335 mil millones frente a 234 mil 400 millones.
El crecimiento anual de Venezuela ha rebasado los dos dígitos en el último trimestre y representa más del doble de Chile que con sus fondos de pensiones desplomándose anda en 5 por ciento. En reservas de divisas, Venezuela cuenta con 31 mil 630 millones frente a 22 mil 240 de millones de dólares de Chile.
Más aún: Venezuela exhibe un mejor “índice Gini” (que mide la distribución del ingreso familiar) que el ranking patético de Chile, el cual se ubica en niveles africanos, con cifras del año 2003 –que Caracas seguramente habrá mejorado en los pasado cuarto años debido a su fenomenal despegue.
La existencia misma de Venezuela desmiente el modelo neoliberal impuesto por Estados Unidos en Latinoamérica. De allí la necedad y la necesidad de destruir a Venezuela, donde Estados Unidos pretende adueñarse del petróleo que no pudo capturar en Irak
sábado, febrero 09, 2008
LLEVAR A CABO ACCIONES CONCRETAS Y DIRECTAS
La Jornada
Koichiro Matsuura *
¿Puede salvarse todavía la humanidad?
Hemos recibido en legado un solo planeta. ¿Qué hemos hecho con él? La Tierra es hoy un patrimonio en peligro, y la propia especie humana corre riesgo.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) acaba de publicar, bajo la dirección de Jérôme Bindé, la tercera antología de los “Coloquios del siglo XXI”, titulada Firmemos la paz con la Tierra (Ediciones Unesco/Icaria). Con la colaboración de 15 científicos y expertos de fama mundial, como Paul Crutzen, Nicolas Hulot, Javier Pérez de Cuéllar, Michel Serres, Mustafá Tolba, Haroldo Mattos de Lemos y Edward O. Wilson, hemos efectuado una radiografía prospectiva de la crisis ecológica mundial, formulando a la vez una serie de propuestas de acción, y lo esencial se resume en dicho artículo.
Después de la Conferencia de Bali y de los últimos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre los Cambios Climáticos (IPCC) debemos preguntarnos si hemos cobrado conciencia de la envergadura de los retos gigantescos que va a tener que afrontar la humanidad en un momento en que el tiempo empieza a faltarnos. No insistiré sobre el diagnóstico, ya que por desgracia el panorama es de sobra conocido: cambio climático, desertización, crisis mundial de los recursos hídricos, deforestación, deterioro de los océanos, erosión acelerada de la biodiversidad y contaminación de aire, suelo, agua dulce y mar.
Las consecuencias económicas y geopolíticas de una situación semejante se han empezado a cuantificar sólo de manera muy reciente. La guerra que hemos declarado a nuestro planeta puede costar tanto como una guerra mundial, tal como se ha señalado en el Informe Stern. Además, después de esa guerra contra la naturaleza corremos el riesgo de desembocar en la guerra de verdad, debido no sólo a la escasez cada vez mayor de energías fósiles y recursos naturales, sino también al desplazamiento de los 150 a 200 millones de “ecorrefugiados” que vaticinan los estudios prospectivos.
Lo que consideramos “problemas” –empezando por el cambio climático– son más bien síntomas de un problema, el del crecimiento material en un mundo finito, cuya existencia ya fue señalada desde 1972 en el informe Los límites del crecimiento, presentado al Club de Roma. Dennis Meadows, coautor de ese texto, nos dice que en ese año “la humanidad estaba por debajo de sus límites, pero ahora está por encima de ellos”. Así lo atestiguan los datos relativos a la huella ecológica de la especie humana, calculados por el equipo de Mathis Wackernagel. En 1972, la utilización humana de los recursos de la Tierra se aproximaba a 85 por ciento del nivel sostenible a largo plazo, mientras hoy día se sitúa en torno a 125 por ciento de ese nivel.
En esas condiciones, ¿puede salvarse todavía la humanidad? Respondemos por la afirmativa a esa interrogante. Sí, la humanidad puede salvarse sin que la especie humana tenga que renunciar al desarrollo y a la lucha contra la pobreza. En vez de contraponer el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, tenemos que armonizarlos.
Para lograr esa armonización necesitamos no sólo más ciencia, más sobriedad, menos materia y más acciones concretas, sino también más ética y política, en contra de lo que algunos puedan creer. Necesitamos, en definitiva, un nuevo contrato natural de la humanidad con la Tierra y una ética del futuro.
En primer lugar, requerimos más ciencia. Muchos creen que el enemigo es la tecnociencia. Sin embargo, la mano que inflige la herida es también la que cura. No conseguiremos salvaguardar nuestro planeta y hacer que se salve su “huésped”, la especie humana, si no logramos construir sociedades del conocimiento que den prioridad a la educación y a la investigación. Los desafíos planteados por el desarrollo sostenible exigen que reforcemos nuestras capacidades en materia de previsión y prospectiva. La Unesco, por su parte, ha venido construyendo una base de conocimientos de importancia mundial sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible desde hace varios decenios, en una época en que eran muy pocos los que habían cobrado conciencia de los problemas. Ya en 1949 la Unesco inició el primer estudio internacional sobre las zonas áridas del mundo, y en 1970 creó el Programa sobre el hombre y la biosfera (MAB). Además, sus programas científicos internacionales relativos a los océanos y las ciencias de la tierra son reconocidos como fuentes de recursos únicos en su género. El IPCC ha recurrido ampliamente a la base de conocimientos de todos esos programas de la Unesco, que será preciso seguir enriqueciendo y completando en el futuro.
En segundo lugar, tenemos que imponer más sobriedad. Va ser necesario inventar formas de consumo menos dispendiosas y más eficaces. No parece que tengamos otra opción, habida cuenta de la creciente propagación del modelo occidental de desarrollo y consumo a las economías emergentes del hemisferio sur. En efecto, la humanidad necesitaría disponer de los recursos naturales de tres o cuatro Tierras si llegan a extenderse por todo el planeta los modos actuales de consumo imperantes en América del Norte.
También debemos utilizar menos materia. Vamos a tener que desmaterializar la economía y el crecimiento. En efecto, es muy probable que no podamos detener el crecimiento económico y, por eso, tendremos que reducir en cada unidad de producción el consumo de recursos naturales y materias primas: energía, metales, minerales, agua, madera. La evolución de la economía hacia la desmaterialización ya se ha iniciado con la sustitución revolucionaria de los átomos por los bits, que es la base del auge de las nuevas tecnologías y las sociedades del conocimiento. La desmaterialización de la economía podrá incluso impulsar el desarrollo de los países del sur, a condición de que los países del norte se comprometan a desmaterializar su crecimiento a un ritmo algo más rápido que los primeros a lo largo de unos 50 años.
No obstante, la mayor transformación de nuestras sociedades ha de consistir en la modificación de nuestras actitudes y conductas. En efecto, ¿cómo podremos desmaterializar la producción si seguimos siendo materialistas? ¿Cómo podremos disminuir el consumo si el consumidor que todos llevamos dentro acaba por devorar nuestra conciencia cívica? La educación para el desarrollo sostenible será la impulsora de la imprescindible modificación de nuestro comportamiento.
Debemos, asimismo, llevar a cabo acciones más concretas, ejecutando proyectos precisos y realistas, incluso a escala internacional, con el fin de suprimir el gran trecho que media entre la utopía y la tiranía impuesta por las miras a corto plazo. Por ejemplo, respecto de la biodiversidad se necesitarían unos 50 mil millones de dólares –esto es, algo menos de 0.1 por ciento del producto interno bruto mundial– para preservar las 34 zonas ecológicas más prioritarias del planeta. Esas áreas, que sólo abarcan 2,3 por ciento de la superficie terrestre, albergan, sin embargo, 50 por ciento de las especies de plantas vasculares conocidas y 42 por ciento de mamíferos, aves, reptiles y anfibios.
Necesitamos, en definitiva, un contrato natural de la humanidad con la Tierra para no ser más los parásitos de ésta. Tenemos que firmar un nuevo tratado de paz con la naturaleza. Al contrato social ya establecido entre los seres humanos hay que añadir ahora el contrato que vincule a éstos con la naturaleza. Esta idea de contrato natural podrá parecer peregrina a algunos, pero es la consecuencia lógica de la toma de conciencia ecológica. Estamos ya protegiendo determinadas especies de la fauna y la flora, y conservando una serie de paisajes con la creación de parques naturales. Eso quiere decir que vamos reconociendo paulatinamente que la naturaleza es un auténtico sujeto de derecho con el que es posible establecer un contrato. La verdadera democracia del futuro tendrá que ser forzosamente prospectiva. La ética del futuro, que exige que leguemos a nuestros hijos un mundo viable, sabrá armonizar la economía y la ecología, el crecimiento y el desarrollo sostenible.
* Director general de la Unesco
Koichiro Matsuura *
¿Puede salvarse todavía la humanidad?
Hemos recibido en legado un solo planeta. ¿Qué hemos hecho con él? La Tierra es hoy un patrimonio en peligro, y la propia especie humana corre riesgo.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) acaba de publicar, bajo la dirección de Jérôme Bindé, la tercera antología de los “Coloquios del siglo XXI”, titulada Firmemos la paz con la Tierra (Ediciones Unesco/Icaria). Con la colaboración de 15 científicos y expertos de fama mundial, como Paul Crutzen, Nicolas Hulot, Javier Pérez de Cuéllar, Michel Serres, Mustafá Tolba, Haroldo Mattos de Lemos y Edward O. Wilson, hemos efectuado una radiografía prospectiva de la crisis ecológica mundial, formulando a la vez una serie de propuestas de acción, y lo esencial se resume en dicho artículo.
Después de la Conferencia de Bali y de los últimos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre los Cambios Climáticos (IPCC) debemos preguntarnos si hemos cobrado conciencia de la envergadura de los retos gigantescos que va a tener que afrontar la humanidad en un momento en que el tiempo empieza a faltarnos. No insistiré sobre el diagnóstico, ya que por desgracia el panorama es de sobra conocido: cambio climático, desertización, crisis mundial de los recursos hídricos, deforestación, deterioro de los océanos, erosión acelerada de la biodiversidad y contaminación de aire, suelo, agua dulce y mar.
Las consecuencias económicas y geopolíticas de una situación semejante se han empezado a cuantificar sólo de manera muy reciente. La guerra que hemos declarado a nuestro planeta puede costar tanto como una guerra mundial, tal como se ha señalado en el Informe Stern. Además, después de esa guerra contra la naturaleza corremos el riesgo de desembocar en la guerra de verdad, debido no sólo a la escasez cada vez mayor de energías fósiles y recursos naturales, sino también al desplazamiento de los 150 a 200 millones de “ecorrefugiados” que vaticinan los estudios prospectivos.
Lo que consideramos “problemas” –empezando por el cambio climático– son más bien síntomas de un problema, el del crecimiento material en un mundo finito, cuya existencia ya fue señalada desde 1972 en el informe Los límites del crecimiento, presentado al Club de Roma. Dennis Meadows, coautor de ese texto, nos dice que en ese año “la humanidad estaba por debajo de sus límites, pero ahora está por encima de ellos”. Así lo atestiguan los datos relativos a la huella ecológica de la especie humana, calculados por el equipo de Mathis Wackernagel. En 1972, la utilización humana de los recursos de la Tierra se aproximaba a 85 por ciento del nivel sostenible a largo plazo, mientras hoy día se sitúa en torno a 125 por ciento de ese nivel.
En esas condiciones, ¿puede salvarse todavía la humanidad? Respondemos por la afirmativa a esa interrogante. Sí, la humanidad puede salvarse sin que la especie humana tenga que renunciar al desarrollo y a la lucha contra la pobreza. En vez de contraponer el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, tenemos que armonizarlos.
Para lograr esa armonización necesitamos no sólo más ciencia, más sobriedad, menos materia y más acciones concretas, sino también más ética y política, en contra de lo que algunos puedan creer. Necesitamos, en definitiva, un nuevo contrato natural de la humanidad con la Tierra y una ética del futuro.
En primer lugar, requerimos más ciencia. Muchos creen que el enemigo es la tecnociencia. Sin embargo, la mano que inflige la herida es también la que cura. No conseguiremos salvaguardar nuestro planeta y hacer que se salve su “huésped”, la especie humana, si no logramos construir sociedades del conocimiento que den prioridad a la educación y a la investigación. Los desafíos planteados por el desarrollo sostenible exigen que reforcemos nuestras capacidades en materia de previsión y prospectiva. La Unesco, por su parte, ha venido construyendo una base de conocimientos de importancia mundial sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible desde hace varios decenios, en una época en que eran muy pocos los que habían cobrado conciencia de los problemas. Ya en 1949 la Unesco inició el primer estudio internacional sobre las zonas áridas del mundo, y en 1970 creó el Programa sobre el hombre y la biosfera (MAB). Además, sus programas científicos internacionales relativos a los océanos y las ciencias de la tierra son reconocidos como fuentes de recursos únicos en su género. El IPCC ha recurrido ampliamente a la base de conocimientos de todos esos programas de la Unesco, que será preciso seguir enriqueciendo y completando en el futuro.
En segundo lugar, tenemos que imponer más sobriedad. Va ser necesario inventar formas de consumo menos dispendiosas y más eficaces. No parece que tengamos otra opción, habida cuenta de la creciente propagación del modelo occidental de desarrollo y consumo a las economías emergentes del hemisferio sur. En efecto, la humanidad necesitaría disponer de los recursos naturales de tres o cuatro Tierras si llegan a extenderse por todo el planeta los modos actuales de consumo imperantes en América del Norte.
También debemos utilizar menos materia. Vamos a tener que desmaterializar la economía y el crecimiento. En efecto, es muy probable que no podamos detener el crecimiento económico y, por eso, tendremos que reducir en cada unidad de producción el consumo de recursos naturales y materias primas: energía, metales, minerales, agua, madera. La evolución de la economía hacia la desmaterialización ya se ha iniciado con la sustitución revolucionaria de los átomos por los bits, que es la base del auge de las nuevas tecnologías y las sociedades del conocimiento. La desmaterialización de la economía podrá incluso impulsar el desarrollo de los países del sur, a condición de que los países del norte se comprometan a desmaterializar su crecimiento a un ritmo algo más rápido que los primeros a lo largo de unos 50 años.
No obstante, la mayor transformación de nuestras sociedades ha de consistir en la modificación de nuestras actitudes y conductas. En efecto, ¿cómo podremos desmaterializar la producción si seguimos siendo materialistas? ¿Cómo podremos disminuir el consumo si el consumidor que todos llevamos dentro acaba por devorar nuestra conciencia cívica? La educación para el desarrollo sostenible será la impulsora de la imprescindible modificación de nuestro comportamiento.
Debemos, asimismo, llevar a cabo acciones más concretas, ejecutando proyectos precisos y realistas, incluso a escala internacional, con el fin de suprimir el gran trecho que media entre la utopía y la tiranía impuesta por las miras a corto plazo. Por ejemplo, respecto de la biodiversidad se necesitarían unos 50 mil millones de dólares –esto es, algo menos de 0.1 por ciento del producto interno bruto mundial– para preservar las 34 zonas ecológicas más prioritarias del planeta. Esas áreas, que sólo abarcan 2,3 por ciento de la superficie terrestre, albergan, sin embargo, 50 por ciento de las especies de plantas vasculares conocidas y 42 por ciento de mamíferos, aves, reptiles y anfibios.
Necesitamos, en definitiva, un contrato natural de la humanidad con la Tierra para no ser más los parásitos de ésta. Tenemos que firmar un nuevo tratado de paz con la naturaleza. Al contrato social ya establecido entre los seres humanos hay que añadir ahora el contrato que vincule a éstos con la naturaleza. Esta idea de contrato natural podrá parecer peregrina a algunos, pero es la consecuencia lógica de la toma de conciencia ecológica. Estamos ya protegiendo determinadas especies de la fauna y la flora, y conservando una serie de paisajes con la creación de parques naturales. Eso quiere decir que vamos reconociendo paulatinamente que la naturaleza es un auténtico sujeto de derecho con el que es posible establecer un contrato. La verdadera democracia del futuro tendrá que ser forzosamente prospectiva. La ética del futuro, que exige que leguemos a nuestros hijos un mundo viable, sabrá armonizar la economía y la ecología, el crecimiento y el desarrollo sostenible.
* Director general de la Unesco
viernes, febrero 08, 2008
IFE. ¡Un aplauso para la traición al ciudadano!
La Jornada
Luis Javier Garrido
El superjueves
La imposición de Leonardo Valdés Zurita, incondicional del PAN y de Felipe Calderón, al frente del IFE confirma que la derecha en el poder no está dispuesta a que en las elecciones de 2012 esté en disputa la Presidencia de la República.
1. La designación que hizo el pleno de la Cámara de Diputados el jueves 7 de febrero de Leonardo Valdés, incondicional de Juan Molinar Horcasitas (director general del IMSS) y de Felipe Calderón, como consejero presidente del Instituto Federal Electoral, junto con el priísta Marco Antonio Baños, gente de confianza de Beltrones, y el académico filopanista de extrema derecha Benito Nacif como consejeros electorales, hunde en las más oscuras sombras el futuro del país.
2. La organización de las elecciones federales, luego de más de 10 meses de cabildeos y negociaciones de los jefes de bancadas de los tres principales partidos, se deja por consiguiente en manos de un equipo mucho más sumiso a Calderón y más descalificado del que encabezaba el deleznable Luis Carlos Ugalde, lo que constituye una afrenta para los mexicanos.
3. La entrega de la organización electoral del país al panismo calderonista es un hecho todavía más grave, porque el nuevo presidente del IFE fue propuesto nada menos que por José Guadalupe Acosta (secretario general del PRD y miembro del grupo de los Chuchos) y el diputado Javier González Garza (jefe de la bancada perredista), quienes le han brindado así un servicio invaluable a Calderón sin importarles traicionar los principios de su propio partido y sobre todo agraviar a los millones de mexicanos que desde 2006 se han pronunciado contra el fraude electoral que abrió una grave crisis política en México al instaurar un gobierno ilegítimo.
4. El proceso oscuro y grotesco de discutir una “nueva” composición del IFE, que entrañó en diciembre la violación a la Constitución por los diputados federales al incumplir su obligación de hacer la designación en un tiempo perentorio, que dejó fuera de la elección a los 15 aspirantes “evaluados” con las calificaciones más importantes, y que implicó el veto de priístas y panistas a la mejor propuesta, que era la de Genaro Góngora, ministro de la Suprema Corte, no tenía, como se ve ahora, más objeto que el de hacer que el PRD, bajo el control de los Chuchos, “legitimara” la elección de consejeros electorales que representan las cuotas de PRI y PAN. Y culminó por eso este jueves, de manera bochornosa, designándose para estos altos cargos a tres individuos sin ningún relieve, sin más méritos que los de su docilidad a la canalla que gobierna a México y que no tienen más mandato que el de mantener un sistema electoral tramposo y hacer inexistentes los derechos políticos de los mexicanos.
5. A nadie pudo sorprender, por lo mismo, que la votación se hiciera en el pleno de la Cámara de Diputados sin discusión alguna, y que como en los regímenes fascistas se votara en una boleta previamente impresa, sin permitírsele a los legisladores discutir los nombres de los aspirantes, pues a pesar de la importancia del asunto, incumpliendo una vez más los diputados su obligación constitucional de discutir lo que era una propuesta de la Junta de Coordinación Política, únicamente cuatro representantes del PRD, disidentes de su jefe de bancada, alzaron su voz para discrepar del grotesco espectáculo y de la manipulación hecha por la presidenta en turno de la Cámara, la diputada Ruth Zavaleta, del grupo de los Chuchos.
6. El proceso de conformación del IFE culmina de manera ilegal e ilegítima y no logrará engañar a los mexicanos, pues la propaganda oficialista –y de los Chuchos– no va a poder convencer que Leonardo Valdés, un tránsfuga del PMS y ex yerno de Heberto Castillo, era una propuesta de “la izquierda” y no como lo es en la realidad una carta firme e incondicional del calderonismo y del régimen ilegítimo, como dio pruebas evidentes durante su desempeño como consejero electoral en el instituto electoral capitalino, en donde evidenció una virulencia constante contra los derechos de Andrés Manuel López Obrador, muy similar a la de los otros dos nombrados. La teoría sicoanalítica ha estudiado ya muy bien el resentimiento patológico de los tránsfugas.
7. El grupo en el poder consigue de tal manera uno de sus objetivos, que era el de controlar plenamente el aparato electoral del Estado y esta vez con la complacencia y el aval del perredismo, al que llevaron al baile con facilidad, lo que conduce a una consolidación del nuevo autoritarismo. El régimen priísta perduró antes que por su fuerza real por la debilidad de las oposiciones que fueron sistemáticamente coptadas o reprimidas y en los años del capitalismo neoliberal el esquema sigue siendo el mismo: el dominio que ejercen unos cuantos sobre las mayorías no podría ser posible si no se corrompiera o reprimiese a las fuerzas de oposición.
8. El modelo neoliberal requiere que la sociedad no pueda organizarse para impedir el despojo que entrañan las privatizaciones, el saqueo de la nación, el abandono del Estado de su papel rector en la economía, la cancelación de los derechos sociales o la supresión de muchas garantías individuales, por lo que le resulta esencial que los partidos políticos acepten en lo esencial los dogmas neoliberales. De ahí que en México sea una prioridad para las fuerzas de derecha que sostienen al gobierno de facto el que el grupo llamado de los Chuchos se apodere plenamente del PRD.
9. La mal llamada “transición mexicana” está conduciendo de tal suerte a un escenario tanto o más despótico que el existente antes de 1988, pues hoy en día el IFE ha quedado de nuevo bajo el control de la derecha en el poder, el escenario de los partidos políticos está siendo reducido a formaciones subordinadas al panismo –entre ellas un PRD domesticado y corrompido–, las ONG están en su mayoría maiceadas por el panismo calderonista y los antiguos sindicatos oficiales, otrora priístas, hoy son funcionales al gobierno de facto del PAN apuntalado por lo que queda del PRI bajo la férula de Salinas.
10. La sinrazón de la “clase política” es, cada vez más, un desafío para la sociedad.
Luis Javier Garrido
El superjueves
La imposición de Leonardo Valdés Zurita, incondicional del PAN y de Felipe Calderón, al frente del IFE confirma que la derecha en el poder no está dispuesta a que en las elecciones de 2012 esté en disputa la Presidencia de la República.
1. La designación que hizo el pleno de la Cámara de Diputados el jueves 7 de febrero de Leonardo Valdés, incondicional de Juan Molinar Horcasitas (director general del IMSS) y de Felipe Calderón, como consejero presidente del Instituto Federal Electoral, junto con el priísta Marco Antonio Baños, gente de confianza de Beltrones, y el académico filopanista de extrema derecha Benito Nacif como consejeros electorales, hunde en las más oscuras sombras el futuro del país.
2. La organización de las elecciones federales, luego de más de 10 meses de cabildeos y negociaciones de los jefes de bancadas de los tres principales partidos, se deja por consiguiente en manos de un equipo mucho más sumiso a Calderón y más descalificado del que encabezaba el deleznable Luis Carlos Ugalde, lo que constituye una afrenta para los mexicanos.
3. La entrega de la organización electoral del país al panismo calderonista es un hecho todavía más grave, porque el nuevo presidente del IFE fue propuesto nada menos que por José Guadalupe Acosta (secretario general del PRD y miembro del grupo de los Chuchos) y el diputado Javier González Garza (jefe de la bancada perredista), quienes le han brindado así un servicio invaluable a Calderón sin importarles traicionar los principios de su propio partido y sobre todo agraviar a los millones de mexicanos que desde 2006 se han pronunciado contra el fraude electoral que abrió una grave crisis política en México al instaurar un gobierno ilegítimo.
4. El proceso oscuro y grotesco de discutir una “nueva” composición del IFE, que entrañó en diciembre la violación a la Constitución por los diputados federales al incumplir su obligación de hacer la designación en un tiempo perentorio, que dejó fuera de la elección a los 15 aspirantes “evaluados” con las calificaciones más importantes, y que implicó el veto de priístas y panistas a la mejor propuesta, que era la de Genaro Góngora, ministro de la Suprema Corte, no tenía, como se ve ahora, más objeto que el de hacer que el PRD, bajo el control de los Chuchos, “legitimara” la elección de consejeros electorales que representan las cuotas de PRI y PAN. Y culminó por eso este jueves, de manera bochornosa, designándose para estos altos cargos a tres individuos sin ningún relieve, sin más méritos que los de su docilidad a la canalla que gobierna a México y que no tienen más mandato que el de mantener un sistema electoral tramposo y hacer inexistentes los derechos políticos de los mexicanos.
5. A nadie pudo sorprender, por lo mismo, que la votación se hiciera en el pleno de la Cámara de Diputados sin discusión alguna, y que como en los regímenes fascistas se votara en una boleta previamente impresa, sin permitírsele a los legisladores discutir los nombres de los aspirantes, pues a pesar de la importancia del asunto, incumpliendo una vez más los diputados su obligación constitucional de discutir lo que era una propuesta de la Junta de Coordinación Política, únicamente cuatro representantes del PRD, disidentes de su jefe de bancada, alzaron su voz para discrepar del grotesco espectáculo y de la manipulación hecha por la presidenta en turno de la Cámara, la diputada Ruth Zavaleta, del grupo de los Chuchos.
6. El proceso de conformación del IFE culmina de manera ilegal e ilegítima y no logrará engañar a los mexicanos, pues la propaganda oficialista –y de los Chuchos– no va a poder convencer que Leonardo Valdés, un tránsfuga del PMS y ex yerno de Heberto Castillo, era una propuesta de “la izquierda” y no como lo es en la realidad una carta firme e incondicional del calderonismo y del régimen ilegítimo, como dio pruebas evidentes durante su desempeño como consejero electoral en el instituto electoral capitalino, en donde evidenció una virulencia constante contra los derechos de Andrés Manuel López Obrador, muy similar a la de los otros dos nombrados. La teoría sicoanalítica ha estudiado ya muy bien el resentimiento patológico de los tránsfugas.
7. El grupo en el poder consigue de tal manera uno de sus objetivos, que era el de controlar plenamente el aparato electoral del Estado y esta vez con la complacencia y el aval del perredismo, al que llevaron al baile con facilidad, lo que conduce a una consolidación del nuevo autoritarismo. El régimen priísta perduró antes que por su fuerza real por la debilidad de las oposiciones que fueron sistemáticamente coptadas o reprimidas y en los años del capitalismo neoliberal el esquema sigue siendo el mismo: el dominio que ejercen unos cuantos sobre las mayorías no podría ser posible si no se corrompiera o reprimiese a las fuerzas de oposición.
8. El modelo neoliberal requiere que la sociedad no pueda organizarse para impedir el despojo que entrañan las privatizaciones, el saqueo de la nación, el abandono del Estado de su papel rector en la economía, la cancelación de los derechos sociales o la supresión de muchas garantías individuales, por lo que le resulta esencial que los partidos políticos acepten en lo esencial los dogmas neoliberales. De ahí que en México sea una prioridad para las fuerzas de derecha que sostienen al gobierno de facto el que el grupo llamado de los Chuchos se apodere plenamente del PRD.
9. La mal llamada “transición mexicana” está conduciendo de tal suerte a un escenario tanto o más despótico que el existente antes de 1988, pues hoy en día el IFE ha quedado de nuevo bajo el control de la derecha en el poder, el escenario de los partidos políticos está siendo reducido a formaciones subordinadas al panismo –entre ellas un PRD domesticado y corrompido–, las ONG están en su mayoría maiceadas por el panismo calderonista y los antiguos sindicatos oficiales, otrora priístas, hoy son funcionales al gobierno de facto del PAN apuntalado por lo que queda del PRI bajo la férula de Salinas.
10. La sinrazón de la “clase política” es, cada vez más, un desafío para la sociedad.
jueves, febrero 07, 2008
Petróleo."La Democratización de Pemex" Carlos Montemayor
La Jornada
Carlos Montemayor
La democratización de Pemex
Por más que tratemos de evitarlo, por menos literario que procuremos hacer el análisis de nuestra vida social, el realismo mágico se filtra por las grandes fisuras de los discursos de viejos y nuevos políticos y por las cuarteaduras cada vez mayores de los desvencijados muros de nuestra economía nacional. La conversión del color negro en color blanco es sorprendente en México: tan fácil como convertir, en la gastronomía popular, un gato en liebre o, en la música popular, un gavilán en paloma.
En efecto, hay que recibir con buen humor, con cierta imaginación literaria, acaso como un homenaje involuntario a Gabriel García Márquez, los acontecimientos de nuestros días. Porque ahora, al proceso de convertir los ingresos públicos en ganancias privadas y las deudas empresariales en deuda pública varios de nuestros políticos lo quieren llamar “democratización”, cosas del realismo mágico que no hubiera imaginado nunca el viejo Aristóteles. Algunos de nuestros políticos tienen la peregrina idea o la ocurrencia exótica de que todos los mexicanos padecemos la insuficiencia cerebral necesaria para confundir al lobo con el cordero y a Dios con el diablo.
Durante una ceremonia de homenaje a los atenienses caídos en la guerra, Pericles explicó que: “… nuestro gobierno se llama democracia, porque la administración de la república no pertenece ni está en pocos sino en muchos”. En otro discurso, también registrado por Tucídides, Pericles agregó otro rasgo: “En cuanto a lo que al bien público toca, pienso que es mucho mejor para los ciudadanos que toda la república esté en buen estado, que no que a cada cual en particular le vaya bien y que toda la ciudad se pierda. Porque si la patria es destruida, el que tiene bienes en particular también queda destruido con ella como los otros. Por el contrario, si a alguno le va mal privadamente, se salva cuando la patria en común está próspera y bien afortunada.”
Aristóteles nos provee de otra aclaración importante para matizar las cosas en aquellos tiempos. En un pasaje no siempre comentado de su Política (Libro IV, 1290b) propone lo siguiente: “Debe decirse más bien que hay democracia cuando son los libres los que tienen la soberanía y oligarquía cuando la tienen los ricos; pero da la coincidencia de que los primeros constituyen la mayoría y los segundos son pocos, pues libres son muchos, pero ricos son pocos… El régimen es una democracia cuando los libres y pobres, siendo los más, ejercen la soberanía, y una oligarquía cuando la ejercen los ricos y nobles, siendo pocos.”
Esta reducción a dos formas de gobierno se antoja más práctica que los matices de la división tripartita, porque refleja dos condiciones categóricas: la movilidad social misma entre ricos y pobres en la alternancia del poder y las condiciones sociales que producen un mayor número de pobres y un menor número de ricos. Esto es, el registro de una “más amplia” o “más reducida” distribución de la riqueza. En nuestro tiempo, cuando todo quiere explicarse por medio de análisis macroeconómicos, la prosperidad de los pocos o de las elites financieras se confunde con la riqueza de la República; no es así. La pobreza extrema de millones de habitantes no puede solucionarse con la riqueza de una elite.
La costumbre de emplear a fondo el realismo mágico en el lenguaje de las políticas económicas comenzó con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Recientemente, en las páginas de La Jornada, Carlos Fernández-Vega recordó que el 2 de mayo de 1990, cuando se anunció la reprivatización bancaria, Salinas la justificó diciendo que había que “democratizar el capital financiero”. Fernández-Vega apuntó que, en los hechos, “el número de accionistas, en el mejor de los casos, no pasó de un par de centenas (0.0002 por ciento de la población de entonces). Lo único que sí se democratizó fue el voluminoso costo del rescate bancario”. Uno de los resultados de esa democratización es que la banca ya no es mexicana.
Difícil creer que el “poder del pueblo” equivale a la desmedida codicia de las elites. Decir que es un proceso de democratización que el lobo se coma los bienes de los corderos es una broma de mal gusto. No digo que debamos tomar las cosas siempre con seriedad. Pero tengamos, al menos, un poco de respeto con el buen humor. Hay límites incluso para las bromas: se requiere decencia, como las “buenas familias” han argumentado siempre.
Convertir ingresos públicos en ganancias privadas de una elite no es democratizar Pemex, sino una capitulación del Estado, una cancelación de responsabilidades públicas, un retroceso nacional. ¿Qué más nos falta ver y vivir en México? Estamos, como diría García Márquez, ante la crónica o historia de un nuevo robo a la nación ya anunciado.
Suele decirse que el político es un hombre de acción y el escritor un hombre de imaginación. Sin embargo, la mayor parte de la actividad del político tiende a imaginar una peculiar reconstrucción de la realidad que justifique las actividades de represión, reorganización, competencia o justicia social que se propone un grupo en el poder en un momento dado. De tal manera que el ejercicio político no es puramente la acción, también la ficción, y muchas veces con un sentido más peligroso que el literario. Es la ficción que da origen a la “versión oficial de la realidad”.
No niego la importancia de la imaginación, por supuesto. Sí, pero ahora los políticos mexicanos abusan y creen que pueden transformarse en ilusionistas. ¿Lo permitirá el país? ¿Da México para eso y más? Qué ganas de imitar a nuestros vecinos distantes y pedir que “Dios bendiga a los Estados Unidos Mexicanos”.
Carlos Montemayor
La democratización de Pemex
Por más que tratemos de evitarlo, por menos literario que procuremos hacer el análisis de nuestra vida social, el realismo mágico se filtra por las grandes fisuras de los discursos de viejos y nuevos políticos y por las cuarteaduras cada vez mayores de los desvencijados muros de nuestra economía nacional. La conversión del color negro en color blanco es sorprendente en México: tan fácil como convertir, en la gastronomía popular, un gato en liebre o, en la música popular, un gavilán en paloma.
En efecto, hay que recibir con buen humor, con cierta imaginación literaria, acaso como un homenaje involuntario a Gabriel García Márquez, los acontecimientos de nuestros días. Porque ahora, al proceso de convertir los ingresos públicos en ganancias privadas y las deudas empresariales en deuda pública varios de nuestros políticos lo quieren llamar “democratización”, cosas del realismo mágico que no hubiera imaginado nunca el viejo Aristóteles. Algunos de nuestros políticos tienen la peregrina idea o la ocurrencia exótica de que todos los mexicanos padecemos la insuficiencia cerebral necesaria para confundir al lobo con el cordero y a Dios con el diablo.
Durante una ceremonia de homenaje a los atenienses caídos en la guerra, Pericles explicó que: “… nuestro gobierno se llama democracia, porque la administración de la república no pertenece ni está en pocos sino en muchos”. En otro discurso, también registrado por Tucídides, Pericles agregó otro rasgo: “En cuanto a lo que al bien público toca, pienso que es mucho mejor para los ciudadanos que toda la república esté en buen estado, que no que a cada cual en particular le vaya bien y que toda la ciudad se pierda. Porque si la patria es destruida, el que tiene bienes en particular también queda destruido con ella como los otros. Por el contrario, si a alguno le va mal privadamente, se salva cuando la patria en común está próspera y bien afortunada.”
Aristóteles nos provee de otra aclaración importante para matizar las cosas en aquellos tiempos. En un pasaje no siempre comentado de su Política (Libro IV, 1290b) propone lo siguiente: “Debe decirse más bien que hay democracia cuando son los libres los que tienen la soberanía y oligarquía cuando la tienen los ricos; pero da la coincidencia de que los primeros constituyen la mayoría y los segundos son pocos, pues libres son muchos, pero ricos son pocos… El régimen es una democracia cuando los libres y pobres, siendo los más, ejercen la soberanía, y una oligarquía cuando la ejercen los ricos y nobles, siendo pocos.”
Esta reducción a dos formas de gobierno se antoja más práctica que los matices de la división tripartita, porque refleja dos condiciones categóricas: la movilidad social misma entre ricos y pobres en la alternancia del poder y las condiciones sociales que producen un mayor número de pobres y un menor número de ricos. Esto es, el registro de una “más amplia” o “más reducida” distribución de la riqueza. En nuestro tiempo, cuando todo quiere explicarse por medio de análisis macroeconómicos, la prosperidad de los pocos o de las elites financieras se confunde con la riqueza de la República; no es así. La pobreza extrema de millones de habitantes no puede solucionarse con la riqueza de una elite.
La costumbre de emplear a fondo el realismo mágico en el lenguaje de las políticas económicas comenzó con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Recientemente, en las páginas de La Jornada, Carlos Fernández-Vega recordó que el 2 de mayo de 1990, cuando se anunció la reprivatización bancaria, Salinas la justificó diciendo que había que “democratizar el capital financiero”. Fernández-Vega apuntó que, en los hechos, “el número de accionistas, en el mejor de los casos, no pasó de un par de centenas (0.0002 por ciento de la población de entonces). Lo único que sí se democratizó fue el voluminoso costo del rescate bancario”. Uno de los resultados de esa democratización es que la banca ya no es mexicana.
Difícil creer que el “poder del pueblo” equivale a la desmedida codicia de las elites. Decir que es un proceso de democratización que el lobo se coma los bienes de los corderos es una broma de mal gusto. No digo que debamos tomar las cosas siempre con seriedad. Pero tengamos, al menos, un poco de respeto con el buen humor. Hay límites incluso para las bromas: se requiere decencia, como las “buenas familias” han argumentado siempre.
Convertir ingresos públicos en ganancias privadas de una elite no es democratizar Pemex, sino una capitulación del Estado, una cancelación de responsabilidades públicas, un retroceso nacional. ¿Qué más nos falta ver y vivir en México? Estamos, como diría García Márquez, ante la crónica o historia de un nuevo robo a la nación ya anunciado.
Suele decirse que el político es un hombre de acción y el escritor un hombre de imaginación. Sin embargo, la mayor parte de la actividad del político tiende a imaginar una peculiar reconstrucción de la realidad que justifique las actividades de represión, reorganización, competencia o justicia social que se propone un grupo en el poder en un momento dado. De tal manera que el ejercicio político no es puramente la acción, también la ficción, y muchas veces con un sentido más peligroso que el literario. Es la ficción que da origen a la “versión oficial de la realidad”.
No niego la importancia de la imaginación, por supuesto. Sí, pero ahora los políticos mexicanos abusan y creen que pueden transformarse en ilusionistas. ¿Lo permitirá el país? ¿Da México para eso y más? Qué ganas de imitar a nuestros vecinos distantes y pedir que “Dios bendiga a los Estados Unidos Mexicanos”.
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