Petróleo: la gran transa

La Jornada Petróleo: la gran transa John Saxe-Fernández En medio de titulares en Estados Unidos sobre el "fin del monopolio estatal" (artículos 27 , 28 y Pemex) o que "ya era hora de que llegara la muerte, del monopolio de 75 años" (en Forbes México se anunció que "las petroleras... ya se frotan las manos"), Enrique Ochoa, subsecretario de Energía, que parece cabildero de esas petroleras, confirmó a los reporteros extranjeros en la ciudad de México que, literal: "(El plan de Peña Nieto) permite a firmas privadas como Exxon Mobil y Chevron extraer crudo por primera vez desde 1938, cambiando los artículos 27 y 28 de la Constitucion". Para calmar dudas de que el "plan" va en serio y, en efecto, aniquila la nacionalización petrolera, agregó que "aunque el gobierno retiene la propiedad del petróleo", el plan es “suspender (lift) las restricciones para que las firmas registren el valor de sus contratos ante la Securities and Exchange Commission (SEC)”. Ochoa fue claro: "(Según la propuesta las compañías recibirían una porción de las ganancias en un modelo de riesgo compartido que también les permitiría registrarlas como un porcentaje de las reservas bajo las normas de la SEC" a través de "contratos de riesgo o de utilidades compartidas (que) contienen un interés económico de largo plazo, por lo que la SEC los incluye para definir el porcentaje que la compañía puede usar para registrar las reservas de un proyecto dado". Mientras Bloomberg destacaba que para Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, los contratos propuestos son similares a los usados en Ecuador e Irán ¿para aplacar la crítica ya que ambos son integrantes de la OPEP? El orden de magnitud de la "transa/acción" lo calibró Citigroup (dueño de Banamex y de un importante bloque accionario de Exxon Mobil) asi: "permitir a las firmas registrar algunas reservas les facilita financiarse", pero quitar esas restricciones es algo secundario. Lo importante es "la propuesta del gobierno (mexicano) de modificar la Constitución para que los privados desarrollen campos (petroleros) por primera vez desde 1938". Bloomberg agregó que si hasta ahora "el petróleo y toda la cadena productiva, refinación y distribución ha sido la propiedad legal del pueblo mexicano desde 1938" eso cambiaría. Ahora otras firmas podrían hacerlo "corriente arriba" (exploración y extracción) hasta agotar el recurso, interviniendo además "corriente abajo", en la inmensa cadena de transformación, distribución y comercialización. La meta es que las grandes firmas le entren a todo, hasta a la combinación "petroeléctrica" que, aseguran especialistas, tiene mayor potencial para las ganancias que cada actividad por separado, algo que ha venido practicándose en México como actividad nacional desde tiempos de Cárdenas en petróleo y de López Mateos en electricidad. Lo que ahora se busca es terminar de desactivar y luego extranjerizar, las "sinergias" y ganancias petroeléctricas. La "apertura" es estación de paso a más extranjerización y descontrol nacional, como en Ferrocarriles, agroindustrias, banca, etcétera. Dar curso a la "competencia internacional" significa que las refinerías y gasolineras de estas firmas, se desplazarían –como CocaCola– por todo México (hasta el último rincón) –un negociazo con nuestro gas petróleo– alimentando y enviando fuera un enorme flujo de riqueza. Es todo un saqueo "integral" articulado paso a paso de tiempo atrás; una gran transa cuyo diseño por el Banco Mundial cumple la tecnocracia desde 1983, paso a paso, permitiendo: 1) contratos de riesgo, 2) que exista inversión extranjera mayoritaria en petroquímica, 3) dividir a Pemex en filiales separadas, 4) la competencia interna e internacional frente a Pemex y 5): privatizar Pemex. En Brasil los resultados de un "recetario" similar los sintetizó Fernando Siqueira, de la Asociación de Ingenieros de Petrobras en entrevista con Carmen Aristegui: "el cambio de la ley fue malo para Petrobras y pésimo para Brasil". "Brasil, que tenía ciento por ciento de la propiedad del petróleo pasó a tener 10 por ciento de impuestos". Por ser el sector tan estratégico y redituable, "una vez que se abre no se tiene más control. La apertura tiende a crecer cada vez más, las compañías, muy poderosas, presionan a la prensa, a la sociedad, presionan de tal forma que es difícil controlar (y) aunque esta apertura sea gradual, no tiene control". Ya Lázaro Cárdenas advirtió a la nación que "la presencia de las compañías petroleras en México ha hecho mucho daño al país. La serie de crímenes y asesinatos dirigidos por los directivos de las empresas para asegurar sus instalaciones, su actitud altanera frente a las autoridades del país y su provocación constante para crear conflictos en el interior y en el exterior, son dolorosa experiencia de la nación mexicana, que ha pagado muy caro su vieja política de facilitar la inversión de capitales extranjeros para el desarrollo del país que habían usado algunos gobiernos anteriores como el de Calles y, por supuesto, el de Porfirio Díaz". jsaxef.blogspot.com

Degradante. Atraco a la nación

La Jornada Reforma energética Pemex esconde utilidades Calderón creó en 2010 una "tesorería paralela" Operan en el extranjero 39 filiales de la paraestatal de forma "extralegal" La IP hace inmensos negocios con cargo al erario, denuncia Padierna

Periódico La Jornada Domingo 18 de agosto de 2013, p. 2 El gobierno de Felipe Calderón creó en 2010 una tesorería paralela de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la que se depositan las ganancias de las 39 empresas filiales de la paraestatal que operan en el extranjero y que, de acuerdo con una muestra elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante 2011 obtuvieron ingresos por cerca de 434 mil millones de pesos que no reportaron al erario. En la revisión de la Cuenta Pública 2011, la ASF señaló que los activos de las filiales de Pemex en diversos países suman 92 mil 144 millones de pesos. Las ganancias que obtienen las filiales extranjeras de Pemex no pueden ser auditadas por el Congreso ya que las empresas no están sujetas a la Constitución, ni a la Ley de Petróleos Mexicanos, ni a la legislación que regula a las empresas de participación estatal mayoritaria. La decisión de Calderón de crear "una tesorería falsa", paralela a la Pemex, permite que los recursos generados por las filiales se manejen al margen del Congreso. "De esa forma no rinden cuentas de sus ingresos, de sus activos ni de sus excedentes. Esas filiales han servido para desincorporar gran parte de la infraestructura de Pemex y para negocios multimillonarios poco claros", afirmó la senadora Dolores Padierna, del PRD. Explicó que desde 2007 la ASF ha venido señalando la existencia de esas empresas "extralegales", pero fue en 2011 cuando llevó a cabo una muestra auditable, de la que resultó que los ingresos de las 39 filiales de Pemex fueron de 433 mil 419 millones de pesos. Se trata sólo de lo que pudo investigar la ASF; las utilidades deben ser mucho mayores, pero al operar en el extranjero es difícil auditarlas porque se rigen por leyes de los países donde están asentadas. “De todas formas –agregó– si se suman esos ingresos con los activos que también detectó la ASF, resulta que Pemex tiene ahí 525 mil millones de pesos, cifra muy superior a los más de 200 mil millones que según los promotores de la reforma energética de Enrique Peña Nieto requiere de inversión privada la paraestatal.” La vicecoordinadora del PRD en el Senado expuso que la privatización del petróleo comenzó en 1988, con un esquema ideado por Carlos Salinas de Gortari, vía la creación de holdings, con la denominación PMI, a fin de que pudieran operar con discrecionalidad y abrirse al capital privado sin estar reguladas por la legislación nacional. Mal negocio, refinería en Texas Detalló que la refinería Deer Park, establecida en Houston, Texas, es otro ejemplo de la asociación de la paraestatal con una empresa privada, Shell Oil Company, que sólo arroja deudas y resultados muy comprometedores para el erario. Esa refinería, explicó, fue constituida durante el sexenio de Salinas de Gortari con 50 por ciento de capital de Pemex y otro tanto de Shell Oil Company, pero no representa ninguna ventaja para la paraestatal, ya que el crudo mexicano regresa como gasolina al país a precios del mercado internacional. Además, la ASF detectó infinidad de irregularidades en su operación desde 2010, entre ellas, la compra de crudo no mexicano. Recalcó que historias similares se han dado en las demás filiales, en la industria petroquímica y en otras actividades. Con la inversión privada sólo se hacen inmensos negocios con cargo a Pemex. Por tanto, "antes de querer desnacionalizar por completo Pemex hay que evaluar el resultado de lo ya privatizado, que es un desastre". Padierna solicitó a la Comisión Permanente que se pida a Pemex información sobre las filiales extranjeras, pero la propuesta está congelada por PRI y PAN.

¿POLÍTICOS? no MERCENARIOS

La Jornada ...Y EPN dice... el petróleo soy yo Claudia Sheinbaum Pardo. La propuesta de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución en materia de energía establece la posibilidad de que empresas privadas nacionales y extranjeras puedan extraer, procesar, transportar y comercializar petróleo y gas natural. Además, plantea la apertura de un mercado eléctrico para la generación y habilita la participación privada mediante contratos con la CFE, en la trasmisión y distribución de electricidad. Aun cuando los detalles de la propuesta se harán más explícitos en las leyes secundarias, la exposición de la reforma propuesta contiene ya la mayor parte de lo que el PRI visualiza como el nuevo modelo de la industria energética nacional. Para exponer sus alcances, vale la pena recordar la situación actual. Veamos el caso del petróleo y el gas natural. En la actualidad, por mandato constitucional, la cadena productiva de los hidrocarburos (desde la extracción hasta su comercialización) le corresponde exclusivamente a Pemex. Sin embargo, desde 2004 con los llamados contratos de servicios múltiples y a partir de 2010, con los "contratos integrales", Pemex ha contratado empresas privadas para la extracción de hidrocarburos, pagándoles una cantidad fija y una variable que no es más que el equivalente en efectivo de un porcentaje de la producción. Esto, como lo hemos dicho en diversos foros, significa entregar una parte de la renta petrolera a los privados y representa una violación a la Constitución y a las limitaciones a este tipo de contratos que lograron establecerse en la reforma de 2008 (prohibición explícita tanto a la asociación de Pemex con empresas privadas como el pago asociado a la producción). Por otro lado, hasta ahora Pemex mantiene la exclusividad para importar, exportar, refinar, transportar y vender el crudo y la mayor parte de los petrolíferos (gasolina, diesel, turbosinas, principalmente, ya que la distribución y comercialización de GLP también está concesionada). En el caso del gas natural, Pemex mantiene hasta ahora la exclusividad para procesarlo y transportarlo, pero desde 1995 está privatizada su distribución y comercialización para venta directa. Aun con todo el problema de compartición de renta que implican este tipo de contratos, es Pemex (al menos en teoría con base en su experiencia, planeación, decisión del consejo de administración, proceso de licitación, etcétera) quien decide si se contrata, a quién y bajo qué condiciones, o si es Pemex mismo quien realiza determinada actividad. La propuesta que manda EPN al Senado presenta una situación completamente distinta. Si es aprobada la propuesta, será el Ejecutivo federal y no Pemex quien otorgue los contratos de extracción de gas y petróleo, con pago posible en especie, es decir, en petróleo o gas. Además, le da también al Ejecutivo federal la facultad para otorgar permisos de refinación, transporte y comercialización. Por si esto fuera poco, obliga a Pemex a tener contratos y permisos con el Ejecutivo Federal para llevar a cabo sus tareas. Veamos la redacción tal cual (página 12 del documento disponible en Internet) "...el Ejecutivo Federal celebrará contratos con organismos y empresas del Estado y con los sectores social y privado"... (párrafo 3); "...contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en los que puedan pactarse mecanismos de pago en función de los recursos que se obtengan, mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los mismos" (párrafo 2)…. "...dar certeza a nivel Constitucional para que las actividades de la industria petrolera, tales como el procesamiento de gas natural y la refinación del petróleo, así como el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de dichos productos y sus derivados, puedan ser realizadas tanto por organismos del Estado, como por los sectores social y privado, a través de permisos que otorgue el Ejecutivo Federal" (último párrafo). Esto significa que el Ejecutivo decidirá, frente a una reserva de petróleo o de gas natural, a quién le da el contrato para explorar y explotar: si a Exxon, o a Shell, o a BP o a Slim o a Pemex. Y definirá también las condiciones de dicho contrato: si lo pagan en petróleo o en su equivalente en efectivo y qué porcentaje. Asimismo, el Ejecutivo federal decidirá si le otorga a Pemex o a cualquier otra empresa privada el permiso para refinar, transportar, distribuir e incluso comercializar las gasolinas o el diesel. Es decir, Pemex pierde la exclusividad de extraer, procesar, transportar, distribuir, comercializar y aún no sabemos, pero probablemente también la de exportar e importar hidrocarburos, y sólo podrá hacerlo si tiene un contrato o un permiso con el Ejecutivo federal. Aun cuando nombren una comisión para realizar la tarea de otorgar contratos y permisos (probablemente usen a la recién creada Comisión Nacional de Hidrocarburos), ésta dependerá directamente del Secretario de Energía y del Presidente ¡Vaya poder! Por eso decimos que esta reforma está hecha a petición de las grandes petroleras, a quienes no les interesa ser contratadas por medio de Pemex, sino directamente por el gobierno federal para llevarse una parte de la renta, compartir el mercado de los petrolíferos con Pemex y probablemente exportar petróleo. En los hechos, aun cuando no lo nombren así, son concesiones con cara de contratos de toda la cadena de hidrocarburos que enajenan la riqueza nacional y de paso la soberanía. Por si fuera poco, la decisión de a quién, cómo y por cuánto tiempo tendrán estos contratos y permisos será decidido por su alteza serenísima. Esto recuerda al viejo estilo del autócrata Luis XIV. EPN nos dice: El petróleo soy yo. O sea, más corrupción, menos riqueza para la nación generada con recursos de la nación y pérdida de soberanía. No debemos permitirlo.

México y la gota de petróleo que...

Trunca, incoherente, errada, falaz... Jorge Eduardo Navarrete Por fin, después de no escasos titubeos y anuncios en falso, se remitió al Senado la iniciativa gubernativa de reformas constitucionales en materia de petróleo y electricidad. Se decidió rodearla de una intensa turbonada publicitaria que quizá tendría algún sentido si se previese someterla a referendo, lo que, desde luego, no corresponde a la intención oficial. La publicidad tiene por objetivo implantar en la opinión pública una serie de lemas simplistas y engañosos, que ayuden a tragar la rueda de molino. Un buen ejemplo de esta estrategia de medios se halla en el mensaje presidencial del propio lunes 12, cuyas frases prefiguran el alud de comerciales de radio, televisión y desplegados de prensa que desde la mañana siguiente abruma a escuchas y lectores. Los dos discursos matinales, el mensaje nocturno y el texto de la iniciativa de reforma constitucional son el material que debe ser analizado para formular un juicio sobre la propuesta. Mínimamente, corresponde considerarla trunca, incoherente, errada y falaz. Trunca, en primer término, porque se limita a proponer la reforma de dos artículos constitucionales pero no contiene las iniciativas de las otras leyes que es indispensable establecer o enmendar para construir el edificio de una reforma energética digna de tal nombre. Es cierto que los discursos y la exposición de motivos de la iniciativa aluden a algunos de los elementos que informarán las propuestas ahora faltantes, pero lo hacen de manera selectiva, insuficiente e incompleta. De hecho, se solicita al Congreso expedir la carta blanca de una reforma constitucional sin dar a conocer el andamiaje legal completo del que dependerá su verdadera dimensión y alcance. Sería una acción irresponsable del Legislativo aprobar reformas constitucionales sin saber cómo y cuándo va a integrarse el conjunto de disposiciones legales necesario para ponerlas en práctica. La iniciativa no contiene los usuales artículos transitorios que definen qué disposiciones secundarias y complementarias deberán expedirse y dentro de qué plazos tendrá que hacerse. En otras palabras, se pide aprobar un salto al vacío. De acuerdo con la iniciativa, en materia de petróleo y otros carburos de hidrógeno, el texto constitucional, además de establecer que "no se expedirán concesiones", sólo indica que "la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos". En la Constitución no quedaría establecida limitación alguna, todo dependería de la ley reglamentaria y de disposiciones de menor jerarquía. En su curioso discurso de anuncio de la iniciativa, Peña Nieto identificó a los "contratos de utilidad compartida" como primer elemento fundamental de la propuesta. Entonces, ¿por qué la iniciativa no hace referencia a esta figura? Señalar en el discurso que se preferirán los contratos de utilidad compartida sobre, por ejemplo, los contratos de producción compartida, no garantiza que no termine por acudirse a éstos. Si se decidió establecer en el texto constitucional que no se expedirán concesiones, ¿por qué no estatuir que no se celebrarán contratos de producción compartida? En realidad se desea dejar abierta esta forma de compartir con par­ticulares la renta petrolera, pero se prefiere hacerlo en forma tácita. La iniciativa también queda trunca en cuanto al régimen fiscal de Pemex. La exposición de motivos se limita a señalar que un nuevo régimen "se propondrá como parte de la Reforma Hacendaria" y adoptará una "perspectiva amplia y de largo plazo". Se requería precisión, era indispensable abordar a fondo este tema, pues se parte de un historial lamentable de expoliación fiscal del organismo, que no puede paliarse con una vaga promesa de superar la visión estrecha de Pemex como generador de ingresos públicos en el corto plazo. Es claro que la alteración del régimen impositivo de Pemex debe conectarse con una reforma hacendaria (sin mayúsculas) amplia y progresiva. Nada garantiza, por desgracia, que así vaya a ser la reforma ni que incluya un trato fiscal adecuado para el petróleo. Incoherente, al plantear el fortalecimiento y la modernización de Pemex y, al mismo tiempo, abrir la posibilidad de que empresas privadas extranjeras –a las que se reconoce la posesión de recursos técnicos, organizativos y financieros de los que la entidad mexicana carece– contraten con el gobierno la explotación de los recursos petrolíferos de la nación. No es difícil prever un desplazamiento progresivo de Pemex por los contratistas privados, pues los contratos se establecerán de preferencia en las zonas más promisorias, aún no explotadas (aguas profundas y ultraprofundas), o explotables si se desprecian las consideraciones ambientales (aceite y gas de lutitas). ¿Qué corporación petrolera o qué empresa de servicios querrá contratar con Pemex si se le abre la opción de ir sola (o con sus partners habituales), mediante un contrato otorgado por el gobierno o por la espectral Comisión Nacional de Hidrocarburos? Errada, en tercer lugar, porque persiste en el rumbo equivocado que se impuso al sector desde la segunda parte de los años 70 del siglo pasado. Desde entonces se le apartó de su misión prístina de actuar como palanca del desarrollo nacional, por la vía de la industrialización, para sujetarla a diversos objetivos cortoplacistas que han ido desde enjugar los desequilibrios de las balanzas comercial y de pagos hasta actuar como caja chica del gobierno federal, proveyéndole recursos para el financiamiento de sus urgencias cotidianas. Se propone que México produzca más petróleo y gas, sin precisar para qué. ¿Para sustituir importaciones de gasolinas y gas? No se anuncian proyectos de nuevas refinerías o plantas de procesamiento ni, mínimamente, métodos de recuperación que reduzcan la quema en la atmósfera. Prever la reducción progresiva de las exportaciones de crudo, para participar como exportadores en los mercados emergentes de petrolíferos y los bien establecidos de petroquímicos, es algo que no imaginan los autores de la iniciativa. Falaz, finalmente, por su proclamada fijación cardenista. Ésta se presta más al examen siquiátrico que al análisis económico. Reproducir "palabra por palabra" un texto legal de 1940 y pasar por alto lo que ocurrió después conforma un sofisma monumental. Ya quedó aclarado –por la fuente más autorizada– que el general Lázaro Cárdenas expresó por escrito su convicción de que el espíritu nacionalista de la reforma constitucional del 9 de noviembre de 1940 fue violado en la ley reglamentaria de 1941 que permitió contratos lesivos a la nación. Ese es precisamente el riesgo que ahora se corre.