Los caminos del viento

Los caminos del viento Silvia Ribeiro* Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa, más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo: hasta luego. Eduardo Galeano Apenas consumado el asalto legal más tremendo de la historia reciente de México, la privatización del petróleo, cuando van las trasnacionales por otro de sus tesoros: el maíz. El 19 de diciembre, Agrobio (asociación "civil" de las trasnacionales Monsanto, Syngenta, Pioneer, Dow y Bayer) emitió un boletín celebrando que el juzgado que en septiembre ordenó la suspensión de la liberación de maíz transgénico en tanto dirimía las demandas de una acción civil colectiva, ahora había rechazado la demanda en su totalidad y por tanto ya se podía autorizar la siembra transgénica. Les duró poco el festejo, porque el Tribunal Unitario aceptó la apelación de los demandantes y se reafirmó la suspensión en la misma semana. (Angélica Enciso, La Jornada, 24/12/13). El saqueo de los recursos de México ha sido brutal en las últimas décadas: los sistemas hídricos han sido privatizados, directa o indirectamente, por contaminación, represas y concesiones absurdamente beneficiosas para grandes empresas, al igual que en minería, donde las concesiones ocupan más de la cuarta parte del territorio nacional, con un saldo de enorme devastación ambiental y saqueo impune por las mineras trasnacionales. Todo acompañado de un proceso de urbanización salvaje, nuevamente a favor del lucro empresarial, que contamina y roba territorios campesinos e indígenas dejando en su lugar casuchas que parecen celdas, grandes basureros, autopistas para acelerar la devastación. Y mucho más, como lo ha documentado la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. En muchas iniciativas cunde la ilegalidad (pese a decisiones contrarias de tribunales, se procede con obras de alto impacto), pero la mayoría son supuestamente legales, aprobadas por gobiernos y aparatos legislativos, en los que al igual que en petróleo, maíz, minería y agua, así como en la contrarreforma indígena de 2001, contaron con la participación de todos los partidos políticos. A contrapelo, la resistencia de comunidades y organizaciones de base, rurales y urbanas, sindicatos democráticos, está presente en todos los casos, pese a la represión que no cesa y al cerco mediático mayoritario que oscila entre el silencio y la calumnia. Ante esta devastación, silenciamiento y farsa legal y de representación, se comenzó a tejer desde abajo una acusación internacional ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, por desvío de poder: el uso del aparato del Estado y los diversos recursos públicos para favorecer a una minoría empresarial contra los intereses de la mayoría de la población. En sus primeras sentencias temáticas en noviembre 2013, este Tribunal Iinternacional dictaminó, entre otros puntos, que los delitos presentados (más de 300 casos en tres audiencias) son "encuadrables en la categoría de crímenes de lesa humanidad, como están definidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en tanto se verifican en el marco de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil mexicana" (afectadosambientales.org). El Tribunal señaló la responsabilidad de la degradación y represión progresiva de los sucesivos gobiernos de México desde el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz en la década de 1960, así como su agravamiento a partir de la firma del TLCAN. Por todo ello, es aún más notable y digno de reconocimiento que se cumplan 20 años del levantamiento zapatista y muchos más de la organización desde abajo y en las comunidades de este territorio chiapaneco donde "el pueblo manda y el gobierno obedece". Tal como declaraban en 1994, son "producto de más de 500 años de luchas" y también por ello, sus tiempos y formas son muy diferentes y van más allá de "caídas, traiciones y derrotas", aunque las conocen y reconocen. Hace 20 años, el levantamiento zapatista cambió el escenario político de México y de muchas partes del mundo, inspirando a millones de jóvenes y organizaciones de base con un discurso y una forma diferente, comunitaria y autogestionaria de organizarse, una huella viva que sigue marcando. En estas décadas, mientras el país ha sido asolado por la privatización, con el consiguiente aumento de la pobreza y la devastación económica, social y ambiental, las comunidades zapatistas han construido sus propios sistemas de educación, de salud, de autogobierno. La "trampa" de las comunidades zapatistas que no entienden los de arriba, es que cada paso, cada día, cada construcción de autogestión y resistencia, tiene sentido en sí misma. No pide la aprobación o migajas de los que se arrogan el poder, no espera ni se desespera, sigue caminando. Muchos mensajes nos han legado los zapatistas pero quizá este es el más importante. Un mensaje que también nos llega de las muchas luchas permanentes de pueblos, campesinos, comunidades urbanas, en la defensa del maíz, de los territorios, del agua, del derecho a decidir sobre sus vidas, de la dignidad. Por eso, antes tantas traiciones y saqueos, es bueno recordar que muchas veces las urbes impiden ver el horizonte y tampoco nos dejan ver lo que crece desde abajo, tenaz como flor que rompe el asfalto y ofrece su polen al viento. La historia que se construye así, como nos recuerda Galeano, sólo dice hasta luego. *Grupo ETC

REFORMA O DEFORMA ENERGETICA?

Sesión en el Congreso, donde la mayoría de Senadores de los partidos PRI Y PAN se exhiben como entes antidemocráticos al no utilizar el escenario parlamentario para responder ante la nación los cuestionamientos claros y objetivos de Senadores de izquierda a las modificaciones de los articulos 25,27 y 28 Constitucionales.

Carta abierta al presidente Enrique Peña Nieto

Carta abierta al presidente Enrique Peña Nieto Enrique Calderón Alzati Distinguido señor Presidente: Por medio de esta carta me permito hacer de su conocimiento el grave peligro que se cierne hoy sobre el país que preside, que es también el nuestro, considerando que usted no cuenta con la información que doy a continuación. Resulta que siendo Estados Unidos una nación cuidadosa en extremo en el cumplimiento de sus leyes, hace poco tiempo que los archivos de la CIA dirigida por Allen Dulles, siendo John Foster Dulles secretario de Estado (1952-1960), una vez concluido el periodo de 50 años en que deben permanecer clasificados, han quedado abiertos al público, en la Biblioteca Nacional del Congreso (estadunidense), para ser consultados por periodistas e investigadores sociales y políticos, así como para cualquier persona interesada en conocer los contenidos de esos archivos. De los datos que ahora se conocen, resalta el hecho de que durante la década de 1950 a 1960, de 50 por ciento de todos los atentados terroristas que se cometieron en el mundo, más de la mitad fueron financiados o realizados por agentes de la CIA, que en esa época iniciaba sus operaciones. En esos años, nuestro país fue tratado como buen vecino y ningún daño tuvimos que lamentar; sin embargo, algunas de las cosas que sucedieron en otras partes del mundo se relacionarían después con nuestro país, de acuerdo con lo que esos documentos revelan. El más importante y al cual dedico ahora mi atención es el caso de Irán, cuyo príncipe heredero al trono, Mohammed Shah Reza Pahlevi, fue invitado en 1949 por la firma de abogados Sullivan and Cromwell, en nombre de un grupo de importantes empresas consultoras, a realizar una visita a Estados Unidos, en la que fue objeto de atenciones diplomáticas y agasajado maravillosamente con fiestas en compañía de mujeres hermosas, al paralelo que le eran presentados proyectos de ingeniería impresionantes para modernizar su país de manera tal que pronto la ciudad de Teherán fuese más moderna y maravillosa incluso que la ciudad de Nueva York, mientras que el país entero disfrutaría de un bienestar único en el mundo. Lo más asombroso para él, era que toda aquella aventura prácticamente no tendría ningún costo para su reino, pues sería pagado con una concesión para explotar el petróleo del subsuelo, similar a la que ya habían dado a los ingleses, la cual les permitía tener una renta importante, que en este caso sería utilizada para pagar los costos de inversión necesarios para la extracción del petróleo, así como para la modernización del país. El maravilloso proyecto sería financiado por el banco Chase Manhattan del magnate estadunidense Nelson Rockefeller, dueño también de una de las más ricas empresas petroleras de Estados Unidos. Ya se imaginará usted el entusiasmo con el que el nuevo soberano tomó el maravilloso proyecto que le ofrecían estas buenas personas. Sin embargo, había un pequeño detalle que resolver: el primer ministro Mohammed Mossadegh era un acérrimo nacionalista que, sin pensarlo mucho, rechazó aquel proyecto, en virtud de que, por el contrario, lo que él proponía era la nacionalización, quitando a los ingleses los derechos para seguir extrayendo el petróleo. Ante la imposibilidad de convencerlo por las buenas, la CIA entró en operación en 1952 con la llegada de Eisenhower a la presidencia. Curiosamente, los abogados de la firma Sullivan & Cromwell que habían invitado al sha eran los mismísimos John Foster Dulles y Allen Dulles, que habían sido nombrados por el nuevo presidente como secretario de Estado el primero, y como director de la CIA el segundo. En los seis meses siguientes, Irán fue sacudido por numerosos atentados terroristas, que la prensa local adjudicaba a los comunistas, protegidos por el propio primer ministro, que no era, según la misma especie, otra cosa que un operador del Kremlin. A los atentados siguió una campaña de desinformación que terminó llevando al país al caos y a un golpe de Estado consumado el 19 agosto de 1953, del cual surgió un nuevo gobierno dictatorial del sha, totalmente afín a los intereses estadunidenses, el cual gobernó el país los siguientes 25 años sustentado en el engaño, el miedo, la corrupción y la explotación sin límite de las reservas petroleras más grandes del planeta, hasta que una nueva revolución, esta vez convocada por un líder religioso islámico, logró deponer a ese gobierno, suspendiendo todas las relaciones con Estados Unidos y clausurando los pozos petroleros para detener el saqueo. El movimiento revolucionario de liberación tuvo una cuota de sangre y de muertos, que desde luego fue el precio que los iraníes tuvieron que pagar para recuperar sus recursos. Hoy sabemos por los archivos recientemente hechos públicos que la CIA jamás informó al gobierno de Eisenhower, ni al Congreso de Estados Unidos, sobre las acciones subversivas que había realizado, y menos aún sobre las astronómicas utilidades de las empresas estadunidenses durante los años que duró la explotación de los recursos iraníes. Cuando aquello se les vino abajo, el protegido de la CIA fue enviado a nuestro país, donde vivió varios meses, con el lujo y los sirvientes acordes a su investidura. La memoria que dejó en su patria es fácil de imaginar. Desde esos años, varias empresas estadunidenses han tenido puestos sus ojos en nuestro país, y si desean nuestros recursos del subsuelo, seguramente es porque saben más que usted, y que el pueblo de México, las verdaderas dimensiones del botín del que están por apropiarse, en el caso de que la iniciativa que usted envió al Congreso se convierta en ley, modificando la Constitución, misma que usted juró respetar y hacer respetar. Una vez que esa reforma se consume, llevarla hacia atrás costará muchas vidas, de lo cual será usted el principal responsable, al igual que de los daños patrimoniales que se ocasionen. Hoy todavía está usted a tiempo de meditar al respecto y de retraer esa reforma. Atenta y respetuosamente.

Petróleo. Peña Nieto: un retorcido aniversario.

Alejandro Nadal Llegó a la Presidencia por medio de una enorme lista de irregularidades. Se instaló en el poder con un discurso demagógico. Transcurrió su primer año de gobierno con un saldo negativo en todos los temas, en especial en el económico y en materia de seguridad. Y ahora busca por todos los medios imponerle al país una de las reformas más trágicas de toda su historia, la entrega del petróleo a los intereses transnacionales. Un análisis imparcial de los planteamientos del gobierno sobre su reforma energética demuestra que sí conlleva la privatización de los hidrocarburos. Puede disfrazarse todo lo que se quiera, pero Peña Nieto y su secretario Joaquín Coldwell estarán entregando estos recursos estratégicos de la nación al dominio extranjero. El gobierno dice en su campaña publicitaria que permitir a Petróleos Mexicanos firmar contratos de utilidad compartida no es privatizar y que el petróleo "seguirá siendo de los mexicanos" porque la Constitución así lo dispone en su artículo 27. Pero eso esconde un hecho fundamental. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) define (Capítulo XI, artículo 1139) a la inversión extranjera como aquella en la que existe propiedad de un inversionista en territorio de una de las partes del tratado o cuando la remuneración depende sustancialmente de la producción, ingresos o ganancias de una empresa. Y ese es precisamente el objetivo explícito de la reforma energética: permitir a empresas transnacionales invertir en exploración, extracción, refinación y petroquímica, y mantener esquemas de remuneración como los mencionados en TLCAN. Eso significa abrir el sector petrolero a la inversión extranjera directa y eso tiene graves implicaciones pues el citado Capítulo XI del TLCAN otorga más protección a las empresas que a los gobiernos. Para muestra véase el apartado B del capítulo XI. Se podría pensar que la Constitución está por encima de los tratados internacionales porque el artículo 133 establece que, en caso de contradicción, prevalecerán los preceptos constitucionales. Pero precisamente lo que busca la reforma energética es eliminar cualquier contradicción entre la Constitución y el TLCAN, al permitir los contratos de utilidad compartida en el sector energético. La eliminación de la restricción contenida en el artículo 27 constitucional adaptaría la Constitución a los preceptos del TLCAN sobre inversión extranjera. Se acabó el conflicto: la inversión extranjera puede entrar al sector energético por la puerta grande. Esta es la médula de la reforma energética. El régimen sobre inversiones extranjeras establecido en el capítulo XI del TLCAN prohíbe el empleo de instrumentos clave de política industrial. Para muestra de lo anterior, véase el artículo 1106 del TLCAN sobre requisitos de desempeño. La construcción de eslabonamientos con proveedores de la industria es uno de los instrumentos de política de industrialización más eficaces y han sido utilizados con éxito por muchos países que se industrializaron. El TLCAN prohíbe usar este instrumento y de ahora en adelante México no podrá recurrir a él en lo que concierne al sector energético. Por esa razón, con la reforma, las empresas petroleras podrán operar en México bajo un esquema de enclave económico y sin eslabonamientos con la industria nacional. El capítulo VI del TLCAN busca liberalizar el mercado de productos energéticos. Pero México incluyó algunas reservas dado su actual marco constitucional. Esas reservas en materia energética perderán sentido con las reformas propuestas por el gobierno de Peña Nieto. Al permitir la inversión extranjera directa en el sector energético será difícil imponer y mantener controles para aplicar dichas reservas porque las empresas transnacionales podrían argumentar violaciones al capítulo XI y el gobierno mexicano tendría que ceder. No sería la primera vez que esto sucede (véase el litigio de la empresa Metalclad contra el gobierno federal), sólo que ahora tendremos la circunstancia agravante de que Estados Unidos podrá presionar más y México se encontrará en posición de debilidad. Las inversiones tienen su manera de imponerse, como bien sabemos. El argumento de que la reforma energética generará crecimiento es falso. El modelo neoliberal que se aplica en México desde hace veinticinco años no favorece el crecimiento debido a sus propias contradicciones. Precisamente la prohibición de requisitos de desempeño en el TLCAN es uno de los obstáculos que impedirán la transmisión de impulsos dinámicos para la economía mexicana de la inversión extranjera en este sector (de la misma manera que las maquiladoras están desconectadas de la industria nacional). Además, el marco macroeconómico seguirá subordinado al capital financiero y los cambios propuestos no cambiarán eso. En síntesis, la reforma energética de Peña Nieto no modifica el marco de política económica que viene fracasando desde hace más de dos décadas. Lo único que hará es cerrar todavía más las opciones para México. Twitter: @anadaloficial

¡NO ES NO! AL ATRACO DEL PETRÓLEO

Una ofensa más de la reforma energética: el shale gas Claudia Sheinbaum Pardo Además de entregar la riqueza petrolera a las empresas trasnacionales y de avanzar aún más en la privatización de la generación eléctrica, otro de los objetivos de la reforma constitucional en materia energética que pretenden aprobar próximamente el PRI y el PAN es aumentar la producción nacional de gas natural a partir de la explotación del llamado shale gas, con inversión de empresas principalmente estadunidenses. La "urgencia" con la que el gobierno presenta la necesidad de que empresas privadas extranjeras exploten este hidrocarburo se basa en dos argumentos principales: hay una crisis nacional de abastecimiento de gas natural y Pemex no tiene la capacidad ni la experiencia para la extracción de shale gas. Veamos el primer tema. A partir de mediados de los 90, el gobierno mexicano (PRI y PAN sin distinción) decidió emprender una política de sustitución del combustóleo (un derivado del crudo) por el gas natural, principalmente para la generación de energía eléctrica y en menor medida para la industria. El argumento central era que el gas natural permitía usar una de las tecnologías más eficientes de generación eléctrica, el ciclo combinado, lo que repercutía en menores costos y ahorros de energía. De esta forma entre 1996 y 2012, el consumo de gas natural para generación eléctrica creció siete veces. El único problema que no previeron nuestros brillantes gobernantes (o no les importó) fue el de asegurar la producción y aprovechamiento de gas natural que se requería para hacer funcionar dichas plantas. De esta forma, para el mismo periodo, la importación de este combustible aumentó 13 veces, de 84 a mil 89 millones de pies cúbicos diarios. El crecimiento de las plantas de ciclo combinado ha sido principalmente privado a partir de la figura de productores independientes de electricidad. Hoy por hoy, prácticamente todo el gas que se importa se destina a la operación de las plantas de electricidad privadas1. Para la importación de gas se construyeron tres plantas (también operadas por privados) para recibir gas natural licuado proveniente de diferentes regiones del mundo como Qatar (45 por ciento), Nigeria (28 por ciento), Perú (16), Indonesia (6 por ciento) y Yemén (5 por ciento), con contratos millonarios de transporte a empresas como Repsol. Sin embargo, lo más absurdo de esta historia no se ha contado aún. Al mismo tiempo que se compraba gas en el exterior cada vez más caro, se quemaba en la atmósfera de nuestro país casi la misma cantidad que se importaba (en algunos años fue el doble), por no hacer las inversiones necesarias en la recuperación de gas en los pozos asociados del sureste mexicano2. Producto de esta aberrante política, el año pasado y éste, México registró una crisis de abasto de gas natural que obligó incluso, a aumentar las importaciones de combustóleo para la industria (sí de ese combustible que decidimos dejar de producir). Mientras esta situación ocurre en nuestro país, Estados Unidos con Obama, decidió promover una política de seguridad energética más agresiva que la de Bush. De esta forma, ha aumentado su producción de crudo y de gas natural y ha promovido con mayor intensidad el desarrollo de otras fuentes de energía, entre ellas, las renovables. En el caso del gas, la orientación fue a la explotación en formaciones llamadas no convencionales a partir del llamado shale gas. El shale gas es gas natural que se encuentra en formaciones geológicas profundas y dispersas, donde abundan las lutitas o el esquisto (entre otras). Dado que estas rocas tienen baja permeabilidad, es necesario fracturar la roca hidráulicamente para permitir que el gas ascienda a la superficie. La fractura requiere, por cada pozo, cerca de 20 mil litros de agua, la cual a su vez, se mezcla con agentes tóxicos. Para deshacerse del agua contaminada, ésta se inyecta a kilómetros de profundidad. La extracción de shale gas, además de intensiva en uso de agua y contaminante, requiere de grandes extensiones para su extracción, ya que deben hacerse una enorme cantidad de pozos para poder obtener suficiente gas. Esto ha hecho que países como Francia hayan impuesto una moratoria en la fractura hidráulica (fracking) hasta no conocer los alcances de los impactos ambientales. De acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos, México tiene grandes reservas prospectivas de shale gas principalmente en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, justamente en aquellos estados en donde hay carencias en el abastecimiento de agua. La apuesta del shale gas para México es un verdadero absurdo, sería el colofón de una triste historia y un anunciado desastre ecológico. La crisis del gas natural es el mejor momento para orientar al país a un verdadero programa de uso eficiente y fuentes renovables de energía, en una visión de integración y participación de la sociedad y las comunidades locales. Para ello no se requiere ninguna modificación a la Constitución y menos la entrega de nuestros recursos a las empresas trasnacionales. 1Los datos provienen de la Secretaría de Energía, del Sistema de Información Energética y la prospectiva de gas natural. 2Recientemente se han hecho ajustes para reinyectar el gas natural disminuyendo la quema.

NO M BOLITO Ike & Tina Turner - Proud Mary live on Italian TV 1971

Pacto por México: inconsecuencias

La Jornada Pacto por México: inconsecuencias El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, anunció ayer que ese instituto se retira del Pacto por México porque no está conforme con la reforma política que buscan el gobierno peñista y el Partido Acción Nacional (PAN) ni con el "albazo" con el que se pretende aprobar la privatización de la industria petrolera. A decir de Zambrano, la negociación para el segundo de esos propósitos se lleva a cabo fuera del Senado. La decisión perredista fue de imediato replicada por el presidente Enrique Peña Nieto, quien desde Ojinaga, Chihuahua, dijo que si bien las voces minoritarias "merecen ser escuchadas", en el seno del Pacto por México "no necesariamente debiéramos encontrar siempre unanimidad, pero sí el consenso suficiente, el respaldo mayoritario a aquello que debemos cambiar y en lo que coincidimos". Por principio de cuentas, llama la atención que, una vez aprobadas la mayoría de las nocivas reformas propugnadas por la actual administración federal, la dirigencia perredista se llame sorprendida por un mecanismo de negociación que ella misma aprobó y en el que ha participado en la medida en que ha obtenido beneficios de él; es significativo, además, el súbito descontento de Zambrano con los contenidos de esa agenda de reformas, la cual era conocida desde un principio. Resulta, asimismo, paradójico que se extrañe ante los procedimientos de negociación cupulares y opacos que caracterizan al Pacto por México. Cabe recordar que ese cónclave, anómalo en términos institucionales, fue concebido y firmado a contrapelo del espíritu republicano justamente para escamotear al Senado de la República y a la Cámara de Diputados las negociaciones que habrían debido realizarse en los cuerpos legislativos, para imponer la profundización del programa neoliberal del grupo gobernante en un contexto de representatividad precaria y cuestionada, y para dar cierta legitimidad democrática al actual gobierno, afectado desde su surgimiento por las irregularidades de la elección presidencial del año pasado y por el desprestigio histórico del priísmo. Todo ello era conocido por la dirigencia perredista, la cual, sin embargo, aceptó jugar en ese terreno y con esas reglas. El que ahora decida retirarse parece, más que consecuencia de un genuino desacuerdo con los métodos y contenidos del Pacto por México, producto de un cálculo político orientado a restañar, en la medida de lo posible, el grave daño que la participación en tal instancia negociadora le ha causado a la imagen del partido; da la impresión, en concreto, de que Zambrano y sus correligionarios han caído en la cuenta de que si el PRD sigue en ese pacto en el momento en que el PRI y el PAN aprueben la privatización de la industria petrolera, ello podría resultarle desastroso en términos electorales. La respuesta de Peña Nieto no fue más afortunada que la resolución perredista: si de formar mayorías se trata, éstas deberían conformarse de cara a la sociedad, en las instancias legislativas correspondientes, y como resultado de una negociación transparente, y no como producto de intercambios de trastienda, que es como se han conseguido, hasta ahora, los votos necesarios para la aprobación de las reformas peñistas. En suma, los movimientos políticos de ayer confirman que el Pacto por México ha sido, en realidad, un pacto por el beneficio de los partidos que lo firmaron y por la legitimidad del actual gobierno. Esa manera de suplantar el genuino trabajo legislativo en interés de los electores por actos y aparatos de simulación explica, en buena medida, la sima de desprestigio en que se encuentran las instituciones y la clase política y la creciente ingobernabilidad en el país.

Petróleo: atraco y avalancha anti-frack

Petróleo: atraco y avalancha anti-frack John Saxe-Fernández El diputado texano Michael McCaul, republicano entusiasta de los subsidios, la desregulación y la apertura de tierras públicas, todo a favor de la industria del gas y del petróleo, opositor de energías renovables como la solar y de las reformas migratorias, vino a apoyar, junto al diseño geopolítico de Washington para "América del Norte", el atraco petrolero de Wall Street y las grandes petroleras articulado por EPN. Presidente del House Committee on Homeland Security (Comité de Seguridad del Suelo Patrio de la Cámara Baja), McCaul dijo que el grupo que encabezó en la interparlamentaria de la semana pasada, está por la "independencia y seguridad energética en EU" y por "los acuerdos transfronterizos de hidrocarburos" y que “México tiene tremendos recursos, todos los recursos shale (gas) en la parte norte de México y todo esto puede tener un efecto positivo” (La Jornada, 23/11/13). No aclaró para quién "todo esto" es positivo porque su misión fue encubrir bajo la "seguridad energética de América del Norte" la incautación de la renta petrolera mexicana a favor de las "Exxon/Chevron" de allá y de una codiciosa camarilla de acá. El asalto a la nación es tan vasto, sus efectos fiscales e impositivos tan profundos, que requiere de firmas bancarias e inversión too big to fail –como las impolutas Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, etcétera– y de la creación de más espacios de desregulación, opacidad y discrecionalidad, para articular otro festín privatizador que esta vez hace añicos la soberanía y debilita todavía más la ya precaria base económica de la estabilidad y paz social al conjuntar mecanismos de facto de represión antipopular y antinacional (Iniciativa Mérida/contrainsurgencia) con el fomento del shale y de la fractura hidráulica o frack que inflige a México una vorágine de perforación vertical/horizontal que acarrea gran devastación sobre la salud de la población, de la biota, las cuencas hídricas, el territorio y la atmósfera. (detalles) Aunque a cargo del Comité de seguridad del "suelo patrio" no se oyó de McCaul y su comitiva ni una palabra sobre la marea social contra el frack en EU. De California a Nueva York y de Illinois hasta Texas, ya son 400 las entidades que promueven o han formalizado la suspensión, moratoria y/o prohibición del frack. Es una avalancha que crece entre legislaturas de estados, condados, ciudades y consejos de ciudad, de distrito, comunales, vecinales: Nueva York, Detroit, Princeton, Buffalo, Pittsburg etc., (ver foodandwaterwatch.org). Fue un silencio sonoro porque desde hace tiempo la cúpula petrolera, desde Houston, difunde, más que alarma, pánico, ante el creciente rechazo social al desastre médico y ambiental de la explotación del gas y petróleo de lutitas (shale). A tal punto llega la inquietud de los que plantean trasladar el desastre –y el negocio– al sur del Bravo, que ven a la protesta como una "insurgencia" ante la cual procede, como en la periferia, el uso de la represión y el manejo militar. Recuérdese que eso se ventiló en una junta privada justo en Houston, Texas, tierra natal del diputado McCaul. El uso de tácticas y personal militar en comunidades de EU, aunque ilegal, se generaliza como lo indica la acumulación de tags en línea sobre el tema. Las observaciones del gerente de una petrolera son reveladoras y concisas por lo que se refiere a la actitud de la cúpula del ramo y sus voceros. Un funcionario de Kellog Brown and Root, ex subsidiaria de Halliburton, que según Los Angeles Times (4/7/07) en algún momento estuvo a cargo del manejo de 15 mil mercenarios desplegados en Irak y ahora se encarga de la comunicación social de una conocida firma shale, recomendó a los gerentes de la industria, que "bajen el Manual de Contrainsurgencia del Cuerpo de Marinos/Ejército de EU" porque contiene "gran cantidad de lecciones". Les aconsejó "tomar un curso ofrecido por Harvard y el MIT dos veces al año", sobre "El Manejo de un público enojado" ("Dealing with an angry Public"). "Tomen ese curso y vinculenlo al Manual de Campo en Contrainsurgencia...muchos de nuestros gerentes están tomando ese curso... Les ofrece las herramientas en los medios de comunicación y cómo lidiar con tanta controversia como la que nosotros, como industria tenemos que enfrentar...Consigan el Manual Rumsfeld. Todos Uds están familiarizados con Donald Rumsfeld. Es mi Biblia." La cúpula de la industria del gas y petróleo sabe, por sus propias evaluaciones y estudios internos, lo riesgoso y hambriento de territorio que es la explotación shale. Van a países donde las leyes y el estado de derecho son frágiles y pueden, bajo amparo del Pentágono, hacer sus atracos y desastres ambientales junto a sus alcahuetes locales. Conocen lo devastador que es el frack para la vida, el agua y el medio ambiente. Y porque la resistencia civil al frack en EU, crece día a día. jsaxef.blogspot.com

El arreglo sobre el petróleo

El arreglo sobre el petróleo Arnaldo Córdova Que el PRI y el PAN han estado negociando el destino que tendrá la reforma energética es un secreto a voces. Desde el principio pudo verse que compartían el mismo designio: abrir Pemex a la iniciativa privada para que ésta se encargara del desarrollo de la industria petrolera y la empresa nacional dejara de ser una carga para el Estado. Sus perspectivas variaban, como es natural: los priístas querían una apertura gradual; los panistas querían que todo se resolviera en un solo acto. Lo que no se ha ventilado públicamente es qué tipo de acuerdos son los que se están alcanzando por parte de los dos partidos derechistas. El pasado miércoles, The Wall Street Journal hizo públicos algunos de esos acuerdos hasta ahora en secreto. El diario informó que “altos representantes del gobierno y miembros importantes del PAN se encuentran en negociaciones avanzadas para sellar un acuerdo que permitiría al Estado mexicano compartir la producción petrolera, así como conceder contratos de licencia diseñados para acceder a depósitos de gas esquisto y crudo en aguas profundas, según tres personas que participan en las conversaciones, si bien advirtieron que sigue habiendo obstáculos en el camino” ( La Jornada, 7/11/2013, subrayado mío). Qué podrán ser o en qué podrán consistir esos contratos de licencia, finalmente se aclara en la información proporcionada. No parecen tener sólo que ver con los llamados "contratos de ganancias compartidas" de la propuesta de Peña Nieto, y llegan a parecerse más a lo que los panistas identifican como "concesiones". En derecho internacional, una "licencia" se acerca a lo que es una "concesión", y es de suponer que una vez aprobada la reforma no haya dificultad alguna para identificarlas. En todo caso, según la información del Journal, no se trataría de un tipo unívoco de contratos, sino de varios tipos, uno de los cuales podrían ser los contratos propuestos por Peña Nieto y se referirían a la explotación en campos petroleros de bajo riesgo (lo que quiere decir que se incluirían los campos convencionales que la iniciativa del gobierno reserva para Pemex); esos contratos, como se recordará, sólo se refieren a ganancias y no a producción. Se compartirían los beneficios y los riesgos, pero nada más. Según esto, habría un segundo tipo de contratos que, ahora sí, estarían dirigidos a compartir la producción. Queda claro que por medio de este tipo de contratos no se compartirían las ganancias, sino que habría una distribución del crudo entre el Estado y las empresas privadas favorecidas por los contratos. Aquí, según el diario neoyorquino, se trataría exclusivamente de campos de alto riesgo o de los llamados no convencionales, en aguas profundas. En todo caso, el objetivo es compartir la producción de crudo. Hay, empero, un tercer tipo de contratos de licencia que estarían dirigidos a los campos de aguas profundas e incluiría también la explotación del gas esquisto. Aquí se trata de una auténtica concesión porque no se comparte nada, ni ganancias ni producción. A la empresa contratante se le autoriza llevar a cabo todos los procesos de explotación, prácticamente sin la intervención de Pemex. Por su cuenta y riesgo, se haría cargo de todo el proceso y, al final, controlaría el petróleo sin otra obligación que pagar regalías e impuestos. Es lo más cercano a la propuesta del PAN. Que la negociación está en curso, nadie lo puede dudar; además, los mismos priístas han aclarado que se está negociando. Según el curso de ese arreglo, lo que de verdad está pasando es que el PRI se está olvidando de su propuesta original para adoptar como propia la del PAN. Si esa diferenciación de los contratos "de licencia" que revela el periódico estadunidense es cierta, puede afirmarse, sin lugar a dudas, que la propuesta del gobierno es ya la misma que la del PAN y que, finalmente, tendremos de nuevo la figura de la concesión que es tan cara a los blanquiazules. Que los priístas están doblando las manos, parece más que evidente. Justo el mismo miércoles pasado, David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía del Senado, declaró que, en aras de alcanzar un acuerdo con el PAN para aprobar la reforma, el gobierno y su partido están dispuestos a que la propuesta sea modificada y, entre otras cosas, reveló que la iniciativa panista de la producción compartida está en la mesa y el PRI no le hace el feo. Nada dijo del tercer tipo de contratos que salió a relucir en la información del Journal. Para mayores aclaraciones, Penchyna afirmó: “Somos conscientes y sabemos muy bien que nuestra iniciativa, tal como fue planteada, es imposible que salga por sí sola, igual que las de PAN y PRD… la negociación implica aceptar cambios. Ninguna fuerza política por sí sola puede aprobar reformas, y mucho menos constitucionales, porque ninguna fuerza tiene una representación de mayoría relativa [sic]” ( Reforma, 7/11/2013). Hay que agradecer a los priístas que, por lo menos, se hayan vuelto más modestos y humildes. El que parece no aprender es su líder, César Camacho, tan servil del presidente como siempre. En su peculiar estilo, Camacho rechazó, contra toda evidencia, que exista una negociación entre el gobierno federal y el PAN para compartir la producción de hidrocarburos con petroleras privadas. “El planteamiento –dijo– es el mismo que presentó el presidente Enrique Peña Nieto y que de origen hemos difundido… No hay letra chiquita ni nada porque la letra es del mismo tamaño. Hemos mantenido este diálogo no sólo con el PAN, sino con todas las fuerzas políticas” (misma fuente). Si estamos a su dicho, nada hay de nuevo y Peña Nieto sostiene su propuesta. Eso, sin embargo, ya nadie lo cree. Por lo que puede verse, tenemos ya una idea más fina de lo que significa la reforma energética y de los objetivos e instrumentos que le son esenciales: se reformarán los artículos 27, para eliminar la prohibición de los contratos, y 28, para eliminar el concepto de sectores estratégicos de la economía. El objetivo central eran y siguen siendo los contratos, hasta hace poco denominados en la iniciativa de Peña Nieto como contratos de ganancias y riesgos compartidos. Ahora diversificados en tres categorías: 1) contratos de ganancias compartidas; 2) contratos de producción compartida, y, 3) contratos de cesión del proceso productivo y comercial a los privados, equivalente en todo a la concesión y por la que los empresarios sólo pagarán regalías e impuestos. Priístas y panistas, finalmente, vuelven a encontrarse: la derecha en pleno en el asalto a la nación. La información del periódico estadunidense consigna también que las propuestas finales, ya con el acuerdo de priístas y panistas, estarán listas para fines de noviembre. Eso quiere decir que se está trabajando a marchas forzadas y que ya ni hacen falta distractores en torno al sentido y al significado de la reforma. Las decisiones, al parecer, ya están tomadas. Sólo queda esperar que la sociedad organizada sea lo suficientemente fuerte para parar el golpe.

>Maíz transgénico

Alejandro Nadal Los promotores de cultivos transgénicos dicen que la demanda futura de alimentos sólo podrá enfrentarse con ayuda de la biotecnología molecular. En México se utiliza el mismo argumento para justificar la liberación del maíz transgénico. Mucha gente está confundida ante la propaganda de las empresas de biotecnología molecular (Monsanto, Syngenta y Dupont a la cabeza). Un análisis serio permite correr su velo de mentiras. La demanda mundial de alimentos seguirá aumentando en los próximos años. La oferta tendrá que incrementarse, ya sea aumentando la superficie cultivada o los rendimientos, o ambas cosas. La superficie cultivada puede incrementarse pero cada vez más ese aumento afecta otros ecosistemas (bosques, humedales, etc.). Por ese motivo los rendimientos constituyen el factor más importante para elevar la oferta de alimentos. Y aquí es donde entra la propaganda de las compañías productoras de cultivos genéticamente modificados. El lobby en favor de los transgénicos sostiene que los cultivos genéticamente modificados permiten aumentos espectaculares en los rendimientos (la cantidad producida por unidad de tierra cultivada, por ejemplo, toneladas por hectárea). Los datos recientes no permiten validar ese alegato. Otros sostienen que los rendimientos en cultivos genéticamente modificados podrían aumentar hasta 50 por ciento en las próximas décadas. Un análisis sobre la evolución futura de esta tecnología tampoco permite aceptar este argumento. En un artículo publicado en la revista International Journal of Agricultural Sustainability, Jack Heinemann y colegas analizan la evolución de los rendimientos en la producción de maíz, colza (canola), soya y algodón en Estados Unidos, Canadá y Europa occidental. La comparación es interesante porque Estados Unidos y Canadá permitieron los transgénicos en esos cultivos, mientras Europa mantuvo muchas restricciones y esa tecnología no es utilizada comercialmente. Para el caso del maíz en Estados Unidos y Canadá, Heinemann et al encuentran que la introducción de los transgénicos no alteraron significativamente las tendencias existentes. Es decir, el crecimiento de los rendimientos se mantuvo sin cambios. Además, el modelo estadístico de Heinemann revela que entre 1985 y 2010 los rendimientos crecieron más en Europa que en Estados Unidos: esa es la prueba de que los transgénicos no son necesarios para aumentar rendimientos. La conclusión es que los cultivos transgénicos no han generado un incremento importante en los rendimientos y tampoco son necesarios para aumentarlos. Adicionalmente, los transgénicos están socavando la capacidad de la agricultura estadunidense para mantener los aumentos en rendimientos. Este es un punto de gran importancia (sobre todo para el caso de México) que merece una explicación. Aún en una planta transgénica la estructura genética proviene de años de manejo por campesinos experimentados o por fito-mejoradores utilizando técnicas convencionales. Su ADN es lo que permite a la planta tener un sistema radicular, tallo, hojas y frutos. Sólo unos cuantos genes han sido introducidos por manipulación genética y por eso la evolución de los rendimientos todavía proviene de las técnicas convencionales de fito-mejoramiento. El éxito de las cruzas y combinaciones que realizan los fito-mejoradores depende crucialmente de la agro-biodiversidad. Pero la agro-biodiversidad se ha ido reduciendo dramáticamente en Estados Unidos. Hace 60 años los agricultores conservaban e intercambiaban semillas de manera rutinaria. La concentración en el mercado de productores comerciales de semillas, el cambio en la propiedad agrícola típica y la introducción de derechos de propiedad intelectual (patentes) han alterado radicalmente esta situación. Hoy el sistema de mejoramiento de semillas ha pasado a depender de grandes compañías y su ejército de abogados de propiedad intelectual. Esos factores han provocado la reducción del germoplasma disponible para el trabajo convencional de fito-mejoramiento, lo que afecta el crecimiento en los rendimientos por hectárea. Este estudio debería activar la alarma en nuestro país. México es el centro de origen del maíz. La diversidad genética del maíz es una pieza clave de su agricultura. Los productores mexicanos han resistido todo tipo de infortunios, además de una guerra económica desatada por múltiples gobiernos. A pesar de todo han seguido su trabajo cotidiano conservando y mejorando el germoplasma maicero. Pero la liberación del maíz transgénico terminaría subvirtiendo este trabajo. Las compañías productoras de transgénicos no están interesadas en "alimentar al mundo", como dice su publicidad. Lo que les mueve es el afán de control del proceso productivo en el campo para transformarlo en espacio de rentabilidad privada. Su tecnología es una de las peores amenazas para el futuro de la agricultura mexicana. Hoy la liberación del maíz transgénico se encuentra suspendida por orden judicial, gracias a un trabajo colectivo ejemplar. Vergüenza y cobardía serán el sello del gobierno si procede a la liberación del maíz transgénico. Twitter: @anadaloficial

Movimiento Socio- Político

La Jornada El reto de Morena Arnaldo Córdova La lucha política, ni duda cabe, es dura y sumamente fatigosa cuando se hace desde la oposición de izquierda. Y eso es más relevante cuando se refiere a un movimiento como el de Regeneración Nacional, que no solamente cumple con sus objetivos de oposición de izquierda, sino que enfrenta la enorme tarea de crear un nuevo partido y, ante todo, de legitimarlo en un muy corto plazo. Luchar políticamente desde Morena requiere, por lo mismo, de un doble esfuerzo. Desde luego, aunque se trata de dos objetivos distintos, éstos se resuelven en un mismo campo: construir el partido mientras se lucha por la transformación de México. De hecho, los grandes objetivos de lucha, por ejemplo, contra la reforma energética privatizadora y contra la reforma hacendaria y el aumento de impuestos, se están logrando cada vez más a través del esfuerzo organizativo de Morena como partido y ya no solamente debido a los llamamientos de Andrés Manuel López Obrador. La asistencia a las grandes concentraciones es ahora obra en lo fundamental de la nueva organización partidista en vías de creación. Cuando hace ya más de un año se planteó la conversión de Morena en partido, el entusiasmo fue desbordante y esta doble tarea no apareció muy clara. El tiempo nos ha enseñado que la edificación del partido es mucho más ardua de lo que cualquiera hubiera imaginado, que se ha requerido de una enorme paciencia con métodos de lucha extraños y la casi nula militancia partidista de la mayoría de sus integrantes y también con el modo de actuar de grupos que provienen de otras formaciones políticas en las que las cosas se hacen de una manera que en el nuevo partido se trata de erradicar. Por otro lado, también se ha aprendido que la organización de este nuevo partido no puede llevarse a cabo si no es mediante la movilización por las grandes causas nacionales. La organización del partido sólo será posible en la medida en que haya una movilización permanente por la defensa del petróleo, en contra de la expoliación fiscal de los mismos contribuyentes de siempre (dejando intactos los grandes intereses monopólicos que no pagan impuestos) y en la solidaridad con los pueblos y comunidades afectados por los fenómenos meteorológicos. Ya no se trata, como pareció verse al principio, de la simple tarea de montar mesas de afiliación en los lugares públicos y enlistar a los nuevos adherentes. Se trata de su formación en la misma lucha política, de movilizarlos por objetivos políticos que van más allá, pero que acompañan a la formación del partido. López Obrador ha logrado imbuir esta idea fundadora en todos los militantes y simpatizantes de Morena. Su indiscutible poder de convocatoria no se ha limitado a que se ingrese a la nueva organización, sino que ha sido constante su llamado a luchar por la nación y las causas populares para formar al partido. El resultado aparente han sido las enormes concentraciones que, lejos de disminuir en número, se ven acrecentadas cada vez que se invoca la lucha la transformación del país. El resultado real es el incremento de quienes se suman a esta causa. Cada concentración es más grande porque hay cada vez más adherentes a la misma. Para muchos eso no es suficiente. Se quisieran mayores resultados. Esos pequeños logros no parecen frenar con eficacia la derechización de México. A veces cunde la decepción y la desesperación hace estragos. ¿Para qué todo esto? Se preguntan. Así no se logra nada. Es un modo de atarse las manos. La lucha por la nación, como también lo ha expresado López Obrador, es la lenta pero segura formación de un gran consenso que, a la larga, tiene que llevar a la reforma moral y política de México. En el pasado, las grandes transformaciones del país se dieron por la vía revolucionaria. No hubo otra manera de cambiar. Las grandes reformas en las que se plasmó el cambio fueron fruto de las sucesivas revoluciones que se operaron a lo largo de la historia. ¿Estamos en condiciones de seguir cambiando sólo a través del cataclismo de la revolución? El líder tabasqueño se ha planteado la cuestión con toda seriedad y toda responsabilidad. Si hay hoy una revolución posible es la revolución de las conciencias, no la de las armas. La divisa es sumar voluntades y utilizar sólo los caminos que nos abren la política y la vía legal. Hay que llegar a crear una mayoría moral, ha dicho López Obrador, que haga posible cerrar el camino a la derechización de México, que es equivalente a su disolución definitiva como país y como nación. Crear esa mayoría es tarea de todos los días. La vía es la lucha pacífica y legal y de ninguna manera la violencia. La violencia es la vía de la derecha incrustada en todas las instituciones del Estado y de la sociedad. No puede ser nuestro camino no sólo porque no nos conduciría a ningún lado, sino porque a nosotros no nos ofrece nada como movimiento. Nuestras armas son las de la razón no las vías de hecho. La tarea es convencer a un vecino, a cualquier ciudadano, de que pase a formar parte de esa mayoría en gestación que un día logre corregir el rumbo de la nación. Es el convencimiento del prójimo para que se una a nuestro esfuerzo. “Vamos creciendo –dijo López Obrador el domingo pasado-. Somos muchos y seremos más, porque así lo exigen las circunstancias… Debemos construir entre todos una voluntad colectiva para que seamos cada vez más y más y, de esa manera, se pueda triunfar y se pueda tener buenos resultados”. Las concentraciones son sólo una muestra. No es lo que se busca, pero a través de ellas se va construyendo ese nuevo consenso. A los que se decepcionan y se desesperan no se les puede dar otra razón: tenemos que llegar a ser una mayoría para decidir el futuro de este país. Los que exigen medidas más radicales, como por ejemplo un paro nacional (que nadie ha sabido explicar en qué consistiría o cómo se llevaría a cabo) o huelgas de pagos, tienen todo el derecho de hacerlo. Lo único que el dirigente de Morena les pide es que lo planteen de cara a la ciudadanía y, si ésta decide que se haga, se hará. Pero se debe poner atención en el hecho de que a la vuelta de la esquina, cuando se plantean medidas de lucha, acecha la violencia y ése no es nuestro camino. Con el consenso de los ciudadanos, bienvenidas sean todas las propuestas, pero respetando nuestra opción por la vía pacífica. López Obrador lo dijo en su discurso con toda claridad: “… tenemos un ideal que es construir aquí en la tierra el reino de la justicia y eso implica que vamos a luchar toda la vida, sin decepcionarnos, sin entristecernos, sin perder la fe y las esperanzas. El principio de la no violencia, sostenido con autenticidad, con perseverancia, sin desbordamientos ni traiciones, es más eficaz… que cualquier acción extremista o supuestamente radical. La violencia es la vía de ellos, es su vía, no la nuestra. Nosotros queremos transformar a México por la vía pacífica y lo vamos a lograr”.

miriam makeba

Defensa del Petróleo

DIPUTADOS Y SENADORES DEL PRI Y DEL PAN (PRIANISTAS) SI EN SUS MENTIRAS PROPAGANDISTICAS SE DICEN REPRESENTANTES DE LA CIUDADANIA, DEL PUEBLO ¿PORQUE NO LO QUIEREN ESCUCHAR? SE GOBIERNA Y SE LEGISLA OBEDECIENDO EL MANDATO DEL PUEBLO. LO EVIDENTE ES TRAGICO, USTEDES REPRESENTAN A LAS GRANDES TRANSNACIONALES Y AL VECINO DEL NORTE. RECUERDEN LA FUERZA DE LA HISTORIA Y DEL PUEBLO LO IMPEDIRAN

DEFENSA DEL PETROLEO

Defensa del petróleo Elena Poniatowska A los 51 años, Claudia Sheinbaum parece una jovencita. Será porque la inteligencia y el compromiso rejuvenecen. En nuestro país, son pocas las científicas y menos aún las que participan directamente en la vida política de México. Desde el año 2000, Claudia Sheinbaum Pardo, doctora en ingeniería energética del Lawrence Berkeley Laboratory, caminó al lado de Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas como secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. De ganar "el Peje", la investigadora galardonada con el Premio Jesús Silva Herzog en Problemas del Desarrollo habría sido secretaria de Medio Ambiente. Las innumerables publicaciones académicas sobre energía, electricidad, emisiones de carbono, la industria del hierro y el efecto de los cambios climáticos avalan su sorprendente trayectoria y la decisión poco común de poner su ciencia al servicio de la causa lopezobradorista y, sobre todo, la defensa del petróleo. El 8 de septiembre, en el mitin de "Morena", Claudia fue oradora al lado de Martí Batres, Damián Alcázar y López Obrador, y aseguró que la reforma que propone el gobierno de Peña Nieto es una traición y que mienten quienes la defienden. “Mienten deliberadamente cuando dicen que Pemex no tiene recursos para seguir aprovechando el petróleo y el gas natural. Con todo y la enorme corrupción, Pemex es hoy por hoy la segunda empresa petrolera más importante del mundo en utilidades antes de impuestos. Si fuera tan mal negocio el petróleo mexicano, ¿por qué tienen tantas ansias de venir las trasnacionales? “(…) Mienten cuando dicen que Pemex no puede desarrollar tecnología. No sólo es una afirmación patética, sino que es una falta de respeto a instituciones

México. Crisis de Salud Política

La Jornada Despojo laboral docente Manuel Fuentes Muñiz* La apresurada aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) en medio de vallas y cercos policiacos pretende consumar una de las mayores atrocidades en contra de los trabajadores de nuestro país: convertir los derechos laborales magisteriales en un despojo. Borrar en esa ley conceptos como: trabajador, sindicato, condiciones generales de trabajo, estabilidad en el empleo, bilateralidad y dignidad es la muestra de que en este gobierno se aborrecen los derechos laborales. La sola mención en esa legislación de los tribunales y las leyes del trabajo no basta; es sólo un engaño para justificar la anulación de los derechos sociales para en su lugar imponer el autoritarismo. En temas como el ingreso, promoción y reconocimiento en el servicio, los docentes ya no tendrán injerencia alguna; serán simples "sujetos administrativos", algo así como objetos inertes sin derecho a opinar: "calla, obedece y acata" será la norma a seguir. La estabilidad en el empleo ha sido anulada. En la nueva ley cuando la autoridad decida el cese éste se aplicará de inmediato; ya no habrá juicio previo ni resolución de las autoridades laborales para autorizar la separación. Primero se mandará a la calle al docente y luego se investigará por el tribunal laboral si el despido fue correcto. La autoridad patrón dirá: –Te corro y luego investigamos. Ya no existirán las "actas administrativas" con presencia sindical donde la autoridad en su carácter de patrón esté obligada a demostrar "cara a cara", con testigos y documentos a la vista, la causal del cese. En su lugar existirá un procedimiento sumario y privado. En un escrito se le notificarán al afectado las presuntas irregularidades cometidas para que las responda en no más de 10 días y en un plazo igual la autoridad dé a conocer su resolución definitiva. Si a criterio de ésta procede la separación, el docente al instante de la notificación estará impedido de ingresar al centro de trabajo. El profesor afectado deberá someterse sin remedio, ya en la calle, a la insufrible burocracia de los tribunales laborales durante siete y hasta diez años. ¿De qué servirá a los maestros acudir a los tribunales laborales si antes les fueron cancelados sus derechos básicos de estabilidad en el empleo? Esas instancias de la llamada "justicia laboral" están carcomidas intencionalmente al no suministrarles el Estado ni recursos económicos ni personal suficiente. En estos tiempos y con este tipo de legislaciones se pretenden desaparecer los derechos laborales por decreto simple. Que los libros y estudios de derecho laboral sean cosa del pasado. Que en las universidades ya no se enseñe derecho del trabajo, como en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde se pretende desaparecer la especialidad laboral porque "no es de utilidad". En la LGSPD impera la razón de un solo hombre. El secretario de educación pública federal podrá a través de lineamientos imponer criterios hasta a los gobiernos de los estados. Podrá autorizar "parámetros e indicadores" en el ingreso, promoción, reconocimiento y hasta para la permanencia en el empleo (artículo 7 VII). Es un engaño de los legisladores mencionar que en la iniciativa se rescató el nombramiento definitivo cuando la permanencia en el empleo de los docentes será menos definitiva que nunca. La separación de los profesores será discrecional en todo momento. La autoridad determinará las causas, los procedimientos, validará las pruebas acusatorias en contra de un docente y hasta podrá interpretar unilateralmente la LGSPD para estar por encima de cualquier instancia. Será un jurado de una persona: el mismo patrón acusará y condenará. Ella misma se dirá a sí misma: –yo tengo la razón y yo soy la justicia. En las 12 causales de separación, previstas en la nueva ley, se otorgan facultades ilimitadas a la autoridad para dar por terminados los efectos del nombramiento siempre sin su "responsabilidad". Que haga lo que le plazca, que no tenga contrapesos porque los derechos laborales le estorban. Debe saberse que los derechos laborales no son concesión de ninguna autoridad; son derechos históricos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Por más que los conspicuos legisladores traten de borrar esos derechos no podrán desaparecer. El derecho laboral como un derecho social fue creado para lograr salarios decorosos, empleos estables, condiciones de trabajo dignas con respeto a la vida e integridad física y moral. Cuando se llevan acciones legislativas y de gobierno para derogar derechos humanos de cualquier manera es la prueba que vivimos en el autoritarismo. * Doctor en derecho, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos Twitter: @Manuel_FuentesM

Petróleo: la gran transa

La Jornada Petróleo: la gran transa John Saxe-Fernández En medio de titulares en Estados Unidos sobre el "fin del monopolio estatal" (artículos 27 , 28 y Pemex) o que "ya era hora de que llegara la muerte, del monopolio de 75 años" (en Forbes México se anunció que "las petroleras... ya se frotan las manos"), Enrique Ochoa, subsecretario de Energía, que parece cabildero de esas petroleras, confirmó a los reporteros extranjeros en la ciudad de México que, literal: "(El plan de Peña Nieto) permite a firmas privadas como Exxon Mobil y Chevron extraer crudo por primera vez desde 1938, cambiando los artículos 27 y 28 de la Constitucion". Para calmar dudas de que el "plan" va en serio y, en efecto, aniquila la nacionalización petrolera, agregó que "aunque el gobierno retiene la propiedad del petróleo", el plan es “suspender (lift) las restricciones para que las firmas registren el valor de sus contratos ante la Securities and Exchange Commission (SEC)”. Ochoa fue claro: "(Según la propuesta las compañías recibirían una porción de las ganancias en un modelo de riesgo compartido que también les permitiría registrarlas como un porcentaje de las reservas bajo las normas de la SEC" a través de "contratos de riesgo o de utilidades compartidas (que) contienen un interés económico de largo plazo, por lo que la SEC los incluye para definir el porcentaje que la compañía puede usar para registrar las reservas de un proyecto dado". Mientras Bloomberg destacaba que para Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, los contratos propuestos son similares a los usados en Ecuador e Irán ¿para aplacar la crítica ya que ambos son integrantes de la OPEP? El orden de magnitud de la "transa/acción" lo calibró Citigroup (dueño de Banamex y de un importante bloque accionario de Exxon Mobil) asi: "permitir a las firmas registrar algunas reservas les facilita financiarse", pero quitar esas restricciones es algo secundario. Lo importante es "la propuesta del gobierno (mexicano) de modificar la Constitución para que los privados desarrollen campos (petroleros) por primera vez desde 1938". Bloomberg agregó que si hasta ahora "el petróleo y toda la cadena productiva, refinación y distribución ha sido la propiedad legal del pueblo mexicano desde 1938" eso cambiaría. Ahora otras firmas podrían hacerlo "corriente arriba" (exploración y extracción) hasta agotar el recurso, interviniendo además "corriente abajo", en la inmensa cadena de transformación, distribución y comercialización. La meta es que las grandes firmas le entren a todo, hasta a la combinación "petroeléctrica" que, aseguran especialistas, tiene mayor potencial para las ganancias que cada actividad por separado, algo que ha venido practicándose en México como actividad nacional desde tiempos de Cárdenas en petróleo y de López Mateos en electricidad. Lo que ahora se busca es terminar de desactivar y luego extranjerizar, las "sinergias" y ganancias petroeléctricas. La "apertura" es estación de paso a más extranjerización y descontrol nacional, como en Ferrocarriles, agroindustrias, banca, etcétera. Dar curso a la "competencia internacional" significa que las refinerías y gasolineras de estas firmas, se desplazarían –como CocaCola– por todo México (hasta el último rincón) –un negociazo con nuestro gas petróleo– alimentando y enviando fuera un enorme flujo de riqueza. Es todo un saqueo "integral" articulado paso a paso de tiempo atrás; una gran transa cuyo diseño por el Banco Mundial cumple la tecnocracia desde 1983, paso a paso, permitiendo: 1) contratos de riesgo, 2) que exista inversión extranjera mayoritaria en petroquímica, 3) dividir a Pemex en filiales separadas, 4) la competencia interna e internacional frente a Pemex y 5): privatizar Pemex. En Brasil los resultados de un "recetario" similar los sintetizó Fernando Siqueira, de la Asociación de Ingenieros de Petrobras en entrevista con Carmen Aristegui: "el cambio de la ley fue malo para Petrobras y pésimo para Brasil". "Brasil, que tenía ciento por ciento de la propiedad del petróleo pasó a tener 10 por ciento de impuestos". Por ser el sector tan estratégico y redituable, "una vez que se abre no se tiene más control. La apertura tiende a crecer cada vez más, las compañías, muy poderosas, presionan a la prensa, a la sociedad, presionan de tal forma que es difícil controlar (y) aunque esta apertura sea gradual, no tiene control". Ya Lázaro Cárdenas advirtió a la nación que "la presencia de las compañías petroleras en México ha hecho mucho daño al país. La serie de crímenes y asesinatos dirigidos por los directivos de las empresas para asegurar sus instalaciones, su actitud altanera frente a las autoridades del país y su provocación constante para crear conflictos en el interior y en el exterior, son dolorosa experiencia de la nación mexicana, que ha pagado muy caro su vieja política de facilitar la inversión de capitales extranjeros para el desarrollo del país que habían usado algunos gobiernos anteriores como el de Calles y, por supuesto, el de Porfirio Díaz". jsaxef.blogspot.com

Degradante. Atraco a la nación

La Jornada Reforma energética Pemex esconde utilidades Calderón creó en 2010 una "tesorería paralela" Operan en el extranjero 39 filiales de la paraestatal de forma "extralegal" La IP hace inmensos negocios con cargo al erario, denuncia Padierna

Periódico La Jornada Domingo 18 de agosto de 2013, p. 2 El gobierno de Felipe Calderón creó en 2010 una tesorería paralela de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la que se depositan las ganancias de las 39 empresas filiales de la paraestatal que operan en el extranjero y que, de acuerdo con una muestra elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante 2011 obtuvieron ingresos por cerca de 434 mil millones de pesos que no reportaron al erario. En la revisión de la Cuenta Pública 2011, la ASF señaló que los activos de las filiales de Pemex en diversos países suman 92 mil 144 millones de pesos. Las ganancias que obtienen las filiales extranjeras de Pemex no pueden ser auditadas por el Congreso ya que las empresas no están sujetas a la Constitución, ni a la Ley de Petróleos Mexicanos, ni a la legislación que regula a las empresas de participación estatal mayoritaria. La decisión de Calderón de crear "una tesorería falsa", paralela a la Pemex, permite que los recursos generados por las filiales se manejen al margen del Congreso. "De esa forma no rinden cuentas de sus ingresos, de sus activos ni de sus excedentes. Esas filiales han servido para desincorporar gran parte de la infraestructura de Pemex y para negocios multimillonarios poco claros", afirmó la senadora Dolores Padierna, del PRD. Explicó que desde 2007 la ASF ha venido señalando la existencia de esas empresas "extralegales", pero fue en 2011 cuando llevó a cabo una muestra auditable, de la que resultó que los ingresos de las 39 filiales de Pemex fueron de 433 mil 419 millones de pesos. Se trata sólo de lo que pudo investigar la ASF; las utilidades deben ser mucho mayores, pero al operar en el extranjero es difícil auditarlas porque se rigen por leyes de los países donde están asentadas. “De todas formas –agregó– si se suman esos ingresos con los activos que también detectó la ASF, resulta que Pemex tiene ahí 525 mil millones de pesos, cifra muy superior a los más de 200 mil millones que según los promotores de la reforma energética de Enrique Peña Nieto requiere de inversión privada la paraestatal.” La vicecoordinadora del PRD en el Senado expuso que la privatización del petróleo comenzó en 1988, con un esquema ideado por Carlos Salinas de Gortari, vía la creación de holdings, con la denominación PMI, a fin de que pudieran operar con discrecionalidad y abrirse al capital privado sin estar reguladas por la legislación nacional. Mal negocio, refinería en Texas Detalló que la refinería Deer Park, establecida en Houston, Texas, es otro ejemplo de la asociación de la paraestatal con una empresa privada, Shell Oil Company, que sólo arroja deudas y resultados muy comprometedores para el erario. Esa refinería, explicó, fue constituida durante el sexenio de Salinas de Gortari con 50 por ciento de capital de Pemex y otro tanto de Shell Oil Company, pero no representa ninguna ventaja para la paraestatal, ya que el crudo mexicano regresa como gasolina al país a precios del mercado internacional. Además, la ASF detectó infinidad de irregularidades en su operación desde 2010, entre ellas, la compra de crudo no mexicano. Recalcó que historias similares se han dado en las demás filiales, en la industria petroquímica y en otras actividades. Con la inversión privada sólo se hacen inmensos negocios con cargo a Pemex. Por tanto, "antes de querer desnacionalizar por completo Pemex hay que evaluar el resultado de lo ya privatizado, que es un desastre". Padierna solicitó a la Comisión Permanente que se pida a Pemex información sobre las filiales extranjeras, pero la propuesta está congelada por PRI y PAN.

¿POLÍTICOS? no MERCENARIOS

La Jornada ...Y EPN dice... el petróleo soy yo Claudia Sheinbaum Pardo. La propuesta de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución en materia de energía establece la posibilidad de que empresas privadas nacionales y extranjeras puedan extraer, procesar, transportar y comercializar petróleo y gas natural. Además, plantea la apertura de un mercado eléctrico para la generación y habilita la participación privada mediante contratos con la CFE, en la trasmisión y distribución de electricidad. Aun cuando los detalles de la propuesta se harán más explícitos en las leyes secundarias, la exposición de la reforma propuesta contiene ya la mayor parte de lo que el PRI visualiza como el nuevo modelo de la industria energética nacional. Para exponer sus alcances, vale la pena recordar la situación actual. Veamos el caso del petróleo y el gas natural. En la actualidad, por mandato constitucional, la cadena productiva de los hidrocarburos (desde la extracción hasta su comercialización) le corresponde exclusivamente a Pemex. Sin embargo, desde 2004 con los llamados contratos de servicios múltiples y a partir de 2010, con los "contratos integrales", Pemex ha contratado empresas privadas para la extracción de hidrocarburos, pagándoles una cantidad fija y una variable que no es más que el equivalente en efectivo de un porcentaje de la producción. Esto, como lo hemos dicho en diversos foros, significa entregar una parte de la renta petrolera a los privados y representa una violación a la Constitución y a las limitaciones a este tipo de contratos que lograron establecerse en la reforma de 2008 (prohibición explícita tanto a la asociación de Pemex con empresas privadas como el pago asociado a la producción). Por otro lado, hasta ahora Pemex mantiene la exclusividad para importar, exportar, refinar, transportar y vender el crudo y la mayor parte de los petrolíferos (gasolina, diesel, turbosinas, principalmente, ya que la distribución y comercialización de GLP también está concesionada). En el caso del gas natural, Pemex mantiene hasta ahora la exclusividad para procesarlo y transportarlo, pero desde 1995 está privatizada su distribución y comercialización para venta directa. Aun con todo el problema de compartición de renta que implican este tipo de contratos, es Pemex (al menos en teoría con base en su experiencia, planeación, decisión del consejo de administración, proceso de licitación, etcétera) quien decide si se contrata, a quién y bajo qué condiciones, o si es Pemex mismo quien realiza determinada actividad. La propuesta que manda EPN al Senado presenta una situación completamente distinta. Si es aprobada la propuesta, será el Ejecutivo federal y no Pemex quien otorgue los contratos de extracción de gas y petróleo, con pago posible en especie, es decir, en petróleo o gas. Además, le da también al Ejecutivo federal la facultad para otorgar permisos de refinación, transporte y comercialización. Por si esto fuera poco, obliga a Pemex a tener contratos y permisos con el Ejecutivo Federal para llevar a cabo sus tareas. Veamos la redacción tal cual (página 12 del documento disponible en Internet) "...el Ejecutivo Federal celebrará contratos con organismos y empresas del Estado y con los sectores social y privado"... (párrafo 3); "...contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en los que puedan pactarse mecanismos de pago en función de los recursos que se obtengan, mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los mismos" (párrafo 2)…. "...dar certeza a nivel Constitucional para que las actividades de la industria petrolera, tales como el procesamiento de gas natural y la refinación del petróleo, así como el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de dichos productos y sus derivados, puedan ser realizadas tanto por organismos del Estado, como por los sectores social y privado, a través de permisos que otorgue el Ejecutivo Federal" (último párrafo). Esto significa que el Ejecutivo decidirá, frente a una reserva de petróleo o de gas natural, a quién le da el contrato para explorar y explotar: si a Exxon, o a Shell, o a BP o a Slim o a Pemex. Y definirá también las condiciones de dicho contrato: si lo pagan en petróleo o en su equivalente en efectivo y qué porcentaje. Asimismo, el Ejecutivo federal decidirá si le otorga a Pemex o a cualquier otra empresa privada el permiso para refinar, transportar, distribuir e incluso comercializar las gasolinas o el diesel. Es decir, Pemex pierde la exclusividad de extraer, procesar, transportar, distribuir, comercializar y aún no sabemos, pero probablemente también la de exportar e importar hidrocarburos, y sólo podrá hacerlo si tiene un contrato o un permiso con el Ejecutivo federal. Aun cuando nombren una comisión para realizar la tarea de otorgar contratos y permisos (probablemente usen a la recién creada Comisión Nacional de Hidrocarburos), ésta dependerá directamente del Secretario de Energía y del Presidente ¡Vaya poder! Por eso decimos que esta reforma está hecha a petición de las grandes petroleras, a quienes no les interesa ser contratadas por medio de Pemex, sino directamente por el gobierno federal para llevarse una parte de la renta, compartir el mercado de los petrolíferos con Pemex y probablemente exportar petróleo. En los hechos, aun cuando no lo nombren así, son concesiones con cara de contratos de toda la cadena de hidrocarburos que enajenan la riqueza nacional y de paso la soberanía. Por si fuera poco, la decisión de a quién, cómo y por cuánto tiempo tendrán estos contratos y permisos será decidido por su alteza serenísima. Esto recuerda al viejo estilo del autócrata Luis XIV. EPN nos dice: El petróleo soy yo. O sea, más corrupción, menos riqueza para la nación generada con recursos de la nación y pérdida de soberanía. No debemos permitirlo.

México y la gota de petróleo que...

Trunca, incoherente, errada, falaz... Jorge Eduardo Navarrete Por fin, después de no escasos titubeos y anuncios en falso, se remitió al Senado la iniciativa gubernativa de reformas constitucionales en materia de petróleo y electricidad. Se decidió rodearla de una intensa turbonada publicitaria que quizá tendría algún sentido si se previese someterla a referendo, lo que, desde luego, no corresponde a la intención oficial. La publicidad tiene por objetivo implantar en la opinión pública una serie de lemas simplistas y engañosos, que ayuden a tragar la rueda de molino. Un buen ejemplo de esta estrategia de medios se halla en el mensaje presidencial del propio lunes 12, cuyas frases prefiguran el alud de comerciales de radio, televisión y desplegados de prensa que desde la mañana siguiente abruma a escuchas y lectores. Los dos discursos matinales, el mensaje nocturno y el texto de la iniciativa de reforma constitucional son el material que debe ser analizado para formular un juicio sobre la propuesta. Mínimamente, corresponde considerarla trunca, incoherente, errada y falaz. Trunca, en primer término, porque se limita a proponer la reforma de dos artículos constitucionales pero no contiene las iniciativas de las otras leyes que es indispensable establecer o enmendar para construir el edificio de una reforma energética digna de tal nombre. Es cierto que los discursos y la exposición de motivos de la iniciativa aluden a algunos de los elementos que informarán las propuestas ahora faltantes, pero lo hacen de manera selectiva, insuficiente e incompleta. De hecho, se solicita al Congreso expedir la carta blanca de una reforma constitucional sin dar a conocer el andamiaje legal completo del que dependerá su verdadera dimensión y alcance. Sería una acción irresponsable del Legislativo aprobar reformas constitucionales sin saber cómo y cuándo va a integrarse el conjunto de disposiciones legales necesario para ponerlas en práctica. La iniciativa no contiene los usuales artículos transitorios que definen qué disposiciones secundarias y complementarias deberán expedirse y dentro de qué plazos tendrá que hacerse. En otras palabras, se pide aprobar un salto al vacío. De acuerdo con la iniciativa, en materia de petróleo y otros carburos de hidrógeno, el texto constitucional, además de establecer que "no se expedirán concesiones", sólo indica que "la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos". En la Constitución no quedaría establecida limitación alguna, todo dependería de la ley reglamentaria y de disposiciones de menor jerarquía. En su curioso discurso de anuncio de la iniciativa, Peña Nieto identificó a los "contratos de utilidad compartida" como primer elemento fundamental de la propuesta. Entonces, ¿por qué la iniciativa no hace referencia a esta figura? Señalar en el discurso que se preferirán los contratos de utilidad compartida sobre, por ejemplo, los contratos de producción compartida, no garantiza que no termine por acudirse a éstos. Si se decidió establecer en el texto constitucional que no se expedirán concesiones, ¿por qué no estatuir que no se celebrarán contratos de producción compartida? En realidad se desea dejar abierta esta forma de compartir con par­ticulares la renta petrolera, pero se prefiere hacerlo en forma tácita. La iniciativa también queda trunca en cuanto al régimen fiscal de Pemex. La exposición de motivos se limita a señalar que un nuevo régimen "se propondrá como parte de la Reforma Hacendaria" y adoptará una "perspectiva amplia y de largo plazo". Se requería precisión, era indispensable abordar a fondo este tema, pues se parte de un historial lamentable de expoliación fiscal del organismo, que no puede paliarse con una vaga promesa de superar la visión estrecha de Pemex como generador de ingresos públicos en el corto plazo. Es claro que la alteración del régimen impositivo de Pemex debe conectarse con una reforma hacendaria (sin mayúsculas) amplia y progresiva. Nada garantiza, por desgracia, que así vaya a ser la reforma ni que incluya un trato fiscal adecuado para el petróleo. Incoherente, al plantear el fortalecimiento y la modernización de Pemex y, al mismo tiempo, abrir la posibilidad de que empresas privadas extranjeras –a las que se reconoce la posesión de recursos técnicos, organizativos y financieros de los que la entidad mexicana carece– contraten con el gobierno la explotación de los recursos petrolíferos de la nación. No es difícil prever un desplazamiento progresivo de Pemex por los contratistas privados, pues los contratos se establecerán de preferencia en las zonas más promisorias, aún no explotadas (aguas profundas y ultraprofundas), o explotables si se desprecian las consideraciones ambientales (aceite y gas de lutitas). ¿Qué corporación petrolera o qué empresa de servicios querrá contratar con Pemex si se le abre la opción de ir sola (o con sus partners habituales), mediante un contrato otorgado por el gobierno o por la espectral Comisión Nacional de Hidrocarburos? Errada, en tercer lugar, porque persiste en el rumbo equivocado que se impuso al sector desde la segunda parte de los años 70 del siglo pasado. Desde entonces se le apartó de su misión prístina de actuar como palanca del desarrollo nacional, por la vía de la industrialización, para sujetarla a diversos objetivos cortoplacistas que han ido desde enjugar los desequilibrios de las balanzas comercial y de pagos hasta actuar como caja chica del gobierno federal, proveyéndole recursos para el financiamiento de sus urgencias cotidianas. Se propone que México produzca más petróleo y gas, sin precisar para qué. ¿Para sustituir importaciones de gasolinas y gas? No se anuncian proyectos de nuevas refinerías o plantas de procesamiento ni, mínimamente, métodos de recuperación que reduzcan la quema en la atmósfera. Prever la reducción progresiva de las exportaciones de crudo, para participar como exportadores en los mercados emergentes de petrolíferos y los bien establecidos de petroquímicos, es algo que no imaginan los autores de la iniciativa. Falaz, finalmente, por su proclamada fijación cardenista. Ésta se presta más al examen siquiátrico que al análisis económico. Reproducir "palabra por palabra" un texto legal de 1940 y pasar por alto lo que ocurrió después conforma un sofisma monumental. Ya quedó aclarado –por la fuente más autorizada– que el general Lázaro Cárdenas expresó por escrito su convicción de que el espíritu nacionalista de la reforma constitucional del 9 de noviembre de 1940 fue violado en la ley reglamentaria de 1941 que permitió contratos lesivos a la nación. Ese es precisamente el riesgo que ahora se corre.

Contra el maíz nativo. Contra el pueblo.

En el banquillo Gustavo Esteva Acusamos al gobierno de México. No lo acusamos ante tribunales mexicanos, que son cómplices de crímenes que han llegado a extremos de degradación moral y profesional sin precedentes. Lo acusamos ante el más importante de los tribunales, el de la opinión nacional e internacional, a través del más prestigiado de los tribunales morales del mundo, el Tribunal Permanente de los Pueblos. Lo acusamos de muchas cosas: hay siete indagatorias en curso. Pero en la preaudiencia que tuvo lugar en Oaxaca este fin de semana lo acusamos por sus crímenes en relación con el maíz y la soberanía alimentaria. Vandana Shiva fue testigo de honor de un acto muy concurrido, en el que sencillos campesinos e indígenas de diversos estados, al lado de prominentes especialistas, presentaron casos y testimonios de los crímenes que son motivo de la acusación. Camila Montesinos, de Chile, y Joel Aquino y Gustavo Esteva, de Oaxaca, fueron los dictaminadores de esta preaudiencia que es uno más de los pasos que se están dando para llegar a la audiencia formal ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. El dictamen recogió con precisión lo que se presentó en la preaudiencia y formuló algunas recomendaciones específicas. "Enrique Peña Nieto y sus funcionarios" –señaló el dictamen– no son jurídicamente responsables de los crímenes en serie cometidos a lo largo de 60 años. Pero son moral y políticamente responsables, porque fue el partido al que pertenecen el que los cometió. Denunciamos ahora que no solamente continúa esa orientación anticampesina, sino que la actual administración la está profundizando.” Uno de los testimonios señaló: "Que ya no se establezcan programas con la careta de apoyar al campo y que sólo benefician a las empresas agroindustriales amigas de los altos funcionarios. Que no se trate de engañarnos regalándonos comida dizque nutritiva, porque sabemos que lo único que persiguen es despojarnos de los alimentos que producimos localmente". Se trata, muy concretamente, de uno de los programas de la nueva administración. Su campaña contra el hambre no se dirige realmente contra esta vieja enemiga de la humanidad que vuelve a aparecer entre nosotros. Es una campaña contra los campesinos. Una más. En uno de los casos presentados se señaló: "Denunciamos el cinismo, la irresponsabilidad y la perversidad con la que las instituciones gubernamentales han tratado el problema. Los hombres y mujeres oaxaqueños estamos sembrando nuestros maíces aun en contra de un sistema que quiere acabar con el campo oaxaqueño y mexicano". Es un argumento muy sólido. Uno de los crímenes más serios que han cometido los gobiernos mexicanos es el de empeñarse en eliminar a los campesinos. La invasión transgénica forma parte de esa estrategia. En la preaudiencia se desmontó con solidez y fundamento la falacia de que el maíz transgénico ofrezca ventajas a los campesinos o al país y pueda emplearse para combatir el hambre. Es al contrario. Si el país entero quedara contaminado de transgénico, la producción de maíz caería. Por su propia naturaleza la transgenie disminuye la producción. El propósito es muy distinto: entregar a corporaciones privadas el mercado nacional de semillas, que representa un negocio de más de mil millones de dólares. Y controlar la agricultura, destruyendo las bases de la autonomía de los pueblos. Esta operación tendría efectos catastróficos en todos los aspectos de la vida nacional. Hasta la gastronomía se vería afectada: buena parte de los platillos a base de maíz que aún consumen los mexicanos sólo pueden prepararse con maíces nativos. El dictamen, leído la tarde del sábado 27, no deja lugar a dudas. Existe el cuerpo del delito, la materia que se juzgará. Y existen culpables: se dieron nombres y apellidos, además de señalar genéricamente a las instituciones responsables. Los jueces tendrán una sólida base para realizar su trabajo. Se demostró con claridad que ha habido una desviación de poder. Las facultades públicas se han empleado para favorecer intereses privados. Por una parte, se han estado promulgando leyes que benefician directamente a las corporaciones y perjudican a los pequeños productores. Por otra parte, se han implementado programas que atacan directamente todos los aspectos de la vida campesina e indígena. Se hizo ver, con evidencias contundentes, que además de todo eso se están haciendo arreglos que pasan por encima de la Constitución y de las leyes, lo mismo que de los tratados internacionales, en beneficio de esos intereses privados. Los titulares de la soberanía nacional, el pueblo mexicano, se hicieron así presentes para demostrar que la están violando quienes la Constitución señala como sus garantes. Estos criminales en serie han cometido y siguen cometiendo crímenes sin precedentes y sin nombre. No detenerlos es hoy hacerse su cómplice. gustavoesteva@gmail.com

Ecuador Avanza

Ecuador: transformación y enroque John Saxe-Fernández La "reforma estructural" del poderoso sector financiero (SF) que en sentido estricto del término realizó el gobierno de Rafael Correa desde el inicio de su gestión en enero de 2007, amerita especial atención tanto por el papel que ha jugado ese enfoque en el afianzamiento de las bases sociales del régimen, en medio de la mayor crisis económico-financiera registrada desde los 1930, como porque la restructuración del SF mostró a la región y al mundo que hay alternativa –y enroque– ante el recetario macroeconómico, procíclico, desregulador y vulnerabilizante articulado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde sus entes subrogados: FMI-Banco Mundial-BID. Antes de las recientes elecciones una encuesta Gallup informó de la "elevada popularidad" de Correa "por sus logros sociales y económicos". Una gran avalancha de 56% del voto confirmó y rebasó a Gallup. ¿Qué hizo el gobierno de Correa para abatir los efectos de un desplome económico global equiparable a la Gran Depresión y que J. Bellamy Foster y Fred Magdoff llaman La gran crisis financiera (FCE, 2009), fomentar el bienestar, reducir la pobreza y el desempleo en la forma más efectiva registrada en la región? Más aún, ¿cómo enfrentó un país que no cuenta con moneda propia, el gran shock sufrido por la caída en 2008 de 79 por ciento del precio del petróleo que representaba 62 por ciento de las exportaciones y 34 por ciento de los ingresos fiscales? Agréguese que eso ocurrió en medio del desplome de las remesas, vitales a la balanza de cuenta corriente, por el colapso económico y del empleo en EU –y España–, principales destinos migratorios de los ecuatorianos. Respuestas concisas a estos interrogantes son ofrecidos en un sustancioso estudio de M. Weisbrot, J. Johnston y S. Lefebre, del Center for Economic Policy Research, Washington DC (www.cepr.net). Considerando además que la dolarización, anunciada en enero de 2000 por el entonces presidente Jamil Mahuad, conlleva limitaciones en el uso de instrumentos para ajustar la masa monetaria e incidir sobre la recesión y el no contar con una política cambiaria propia, Weisbrot et al aciertan al afirmar que de haber aplicado Correa el recetario fondomonetarista –como lo hicieron los torpes hacendistas de Calderón– Ecuador se habría hundido en el estancamiento y deterioro más profundos. Parte del legado de los hacendistas neoliberales, de los Gurría/Carstens –y Calderones– de este mundo es que a diario 30 mexicanos mueren de hambre. La historia económica está repleta de ejemplos sobre lo crucial de la banca central en la concatenación de eventos que se registran en tiempos de fragilidad económica, de euforias y colapsos bursátiles, como los de hoy. Así lo puede constatar quien lea el magistral Lords of Finance de L. Ahamed (Penguin, 2009) sobre el papel de banqueros y especuladores –como él–, en el torrente de eventos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto vale revisar el papel de Greenspan y sucesores en la Reserva Federal así como el de los encargados del Tesoro, de Robert Rubin al recién nombrado Jack Lew, ambos vinculados a actividades especulativas que desplegaron, con gran beneficio personal, desde Goldman Sachs y Citigroup. Los "hedge funders" proliferan en medio de la "desregulación" y eso lo sabe Carstens en calidad de gobernador del Banco de México (BdeM). Pero mientras acá se mantienen los lineamientos del Tesoro y Calderón procedió a desmantelar todo vestigio de "independencia" del BdeM sustituyendo a un incómodo Ortiz Mena por un "fiable" Carstens, en Ecuador se tomaron medidas para incorporar la banca central al ejecutivo, pero enfatizando su transparencia, rendición de cuentas y desde esa base, regular las tasas de interés. Se colocó la banca central al servicio del interés público nacional y no de la oligarquía. Carstens, en medio de la vulnerabilidad desreguladora y del programa procíclico que apoya, está nervioso por los riesgos especulativos. Dijo que "por ahora" descarta que "se esté formando una burbuja que en su momento pueda presentar una vulnerabilidad importante" (La Jornada 14/2/13 p.31). Ese "por ahora" es de lo más significativo: se pronuncia en medio de gran flujo golondrino. En Singapur reconoció que la entrada masiva de capitales a los mercados financieros de la periferia comenzaba a formar "una tormenta perfecta", y luego agregó que "en México no estamos en esa circunstancia". ¡Menos mal! Luego del patético "catarrito" importa mucho revisar la "reforma estructural" del SF ecuatoriano y tomar medidas: allá se fortaleció el mercado interno, los de mayor ingreso pagan más al fisco, se regulan los flujos de capital al exterior con impuestos, se instituye un fondo de contingencia bancaria sufragado por la misma banca (evitando Fobaproas) y un coeficiente de liquidez doméstica que exige a la banca mantener 60 por ciento de sus activos líquidos en el país. Ante la tormenta que se avecina, es hora de enrocar. jsaxef.blogspot.com