El sendero de la derecha en México.

La Jornada

El frenesí
Luis Javier Garrido

La contrarreforma oficial en materia de seguridad nacional” de Felipe Calderón, tendiente a “legitimar” el establecimiento en México de un Estado policiaco-militar, no haría otra cosa que agudizar la escalada de la violencia y llevar a los mexicanos a una mayor inseguridad, pero no está descartada en definitiva, a pesar de los llamados a la cordura hechos al gobierno desde dentro y fuera del país, advirtiéndole que de aprobarse se hundiría a México en el más absoluto desprestigio, y sigue constituyendo una amenaza para todos los mexicanos.

1. El gobierno de facto calderonista, empeñado como se halla en este 2011 en mantener a un panista en la silla presidencial a fin de que prosiga el desmantelamiento de la nación y la entrega del control de las decisiones estratégicas del país a Washington, escucha menos que nunca a las voces del disenso y se halla inmerso en un monólogo que bien puede calificarse de fascistoide, en el que repite hasta la saciedad una misma cantaleta de barbaridades pretendiendo que está luchando contra el mal y señalando que las fuerzas armadas no retornarán a los cuarteles.

2. La marcha silenciosa por la paz convocada por el poeta Javier Sicilia, de Cuernavaca a la capital, tras la ejecución de su hijo Juan Francisco y otras personas el 28 de marzo (5 al 8 de mayo), lejos de ser escuchada ha suscitado por lo mismo la cólera oficial, en particular luego del fracaso de los operadores de Los Pinos para cooptar a los organizadores de este movimiento, que han rechazado someterse a la lógica de violencia del gobierno panista, y más aún al manifestar Javier Sicilia y sus compañeros su oposición al proyecto de “ley de seguridad”. Las demandas de la caminata-marcha de esclarecer el multihomicidio de Morelos y de poner fin a la militarización del país están siendo de tal manera respondidas por el gobierno panista de la manera más torpe: por una parte haciendo detenciones absurdas de presuntos culpables, que nadie les cree, y luego desarrollando un discurso de intolerancia, insistiendo en la sinrazón de la militarización.

3. El berrinche –y la cerrazón– de Calderón ante el movimiento que partió ayer de Cuernavaca se evidenció al lanzar un nuevo y patético mensaje televisado la noche del miércoles, en el que ya onubilado insistió presa de un frenesí de violencia en su rechazo a las demandas de la marcha, y luego al aprovechar ayer la ceremonia del 5 de mayo y acusar a Sicilia de pretender “dividir a los mexicanos”, como si no estuviera la gran mayoría unida en contra de sus políticas

4. Los móviles de los grupos minoritarios que respaldan la ley que busca militarizar México son facciosos, pero tienen un denominador común: avalan todos de manera irresponsable, consciente o inconscientemente, el creciente control de Washington sobre las instituciones mexicanas. Un sector de altos oficiales del Ejército exige la nueva ley pretendiendo que se hagan legales e impunes las acciones policiales que anticonstitucionalmente llevan a cabo, y al mismo tiempo exige un inadmisible papel de decisión en los asuntos de Estado, pero no parece preocuparles su subordinación al Pentágono. Los seudoempresarios o traficantes de influencias que se han apoderado de espacios privilegiados en el país creen que un Estado policiaco-militar abaratará el costo de la mano de obra, pero no se dan cuenta de que sus días estarán contados al tomar Washington el control de la situación.

5. El escollo principal para frenar la militarización del país y la puesta en vigor de algunos de los principios aberrantes de la ley lo constituyen por lo mismo los compromisos de los panistas en este sexenio, primero con Bush hijo y luego con Obama. Estados Unidos ha hecho el objetivo fundamental de sus políticas al sur de la frontera el de hacer de México un Estado policiaco-militar, ya que el incremento de la violencia y la intensificación de la guerra contra el narco “justificarían”, según ellos, su intervención militar abierta; de ahí que tienen a Calderón sometido en esa dirección, alentándolo a seguir destruyendo en desbocado frenesí las instituciones surgidas de la Revolución Mexicana.

6. La firma de Felipe Calderón el pasado 29 de abril de un “acuerdo” con los gobiernos ultraderechistas de Colombia, Chile y Perú para enfrentar a la iniciativa de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) –con la que los gobiernos más dignos del continente están buscando romper el dominio del capitalismo neoliberal– constituye una vergüenza para México, pero es una señal de la sumisión absoluta de Calderón a Washington y de su traición a las causas de Latinoamérica.

7. Washington definió desde los años 80 este proyecto de intervención creciente en México, pero no había sido hasta ahora, con el gobierno sumiso de Calderón, que le ha brindado con particular entreguismo todas las facilidades para ello, que se instauró de manera clara el proceso intervencionista en México, que urge detener.

8. Una legislación moderna en “seguridad nacional” –que no es la que quiere Calderón, empeñado en “colombianizar” a México– tiene que sustentarse en el respeto a una serie de principios constitucionales fundamentales que son hoy de observancia universal: a) el anteponer a cualquier política los derechos de los individuos conforme al artículo primero constitucional; b) el reconocer que estos derechos no puede suspenderlos más que el Congreso mediante una ley, como lo dispone el artículo 29; c) el reconocer que las fuerzas armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) no pueden en ningún caso, ni siquiera como excepción, ejercer funciones policiales o de Ministerio Público, tal y como lo establecen los artículos 21 y 129; d) el respetar el principio de que las fuerzas armadas y policiales mexicanas no pueden en ningún caso subordinarse a agencias extranjeras, como Calderón las ha obligado a hacerlo, ni mucho menos integrar misiones de intervención en otros países, ni siquiera de la ONU, que está hoy subordinada a Washington; y, desde luego, e) el reconocer que la investigación y persecución de los delitos debe correr a cargo de las policías judiciales o ministeriales, federal y locales, y con respeto irrestricto al sistema federal y a las autonomías municipales.
9. La seguridad nacional del país puede garantizarse con las instituciones actuales y el marco legal vigente. Por eso el reclamo que está uniendo a los mexicanos va dirigido a todos, pero sobre todo a quien ha generado y está alentando con sus políticas esa escalada de la violencia con fines sectarios y de grupo: el gobierno entreguista de Felipe Calderón, al que el pueblo no se cansará una y otra vez de decirle: “¡Ya basta!”