Los chavitos
Pedro Miguel
Son un grupo pequeñito y aguerrido. Infligieron un grave daño al desorden mundial imperante, y lo saben. Se han hecho detestables para un puñado de poderosos –para los más poderosos del mundo, de seguro– y se han ganado la admiración, la solidaridad y la gratitud de millones de personas. Nada parecido a una organización ni a un tejido. Es, simplemente, un estado de ánimo fundado en la recuperación de la verdad. Nos habíamos acostumbrado a que un montón de hipócritas y de maleantes –hipócrita, Obama, aunque hable con ritmo de rap; maleante, Bush, con su acento de predicador analfabeto– nos devaluaran esa palabra hasta el grado de suponer que su contenido era inexistente. Y gracias a este puñado de chavales locos y delirantes, nos reencontramos con ella, redescubrimos su sabor ácido y amargo y dulce al mismo tiempo, y caempos en la cuenta de cuánto y por cuántos años nos ha sido escamoteada.
Había sido tan eficiente ese secuestro de la verdad que nos habíamos habituado a remplazarla por la sospecha. Atábamos cabos y concluíamos, de manera indirecta, que son minoría los gobernantes honestos; que Washington gira órdenes a los presidentes sumisos y trastoca las soberanías; que en Occidente se gobierna en función de los intereses del capital –por muy demócratas y hasta socialdemócratas que se digan los gobernantes– y no para satisfacer las necesidades de la gente. Analizábamos. Especulábamos. Ahora estamos confirmando nuestras hipótesis, una a una, sopeándolas en el caldo agridulce, balsámico y doloroso de la verdad.
Ellos, chavas y chavos audaces, responsables hasta la exageración, y perseguidos por los máximos poderes planetarios, se dan cuenta de lo que han hecho y actúan en consecuencia. Ninguno supera la cuarentena; parece ser que pocos de ellos llegan a la treintena. Viven a salto de mata, escondidos hasta de su aliento, huyendo de un peligro más que real. No duermen. Actúan con la prisa que les falta a los condenados a muerte porque ellos están, en cambio, condenados a vivir. Van a fondo. Se esmeran en hacer lo que está más allá de sus energías y más allá de las mezquinas 24 horas. Saben que en cualquier momento puede caerles encima un enjambre formado por las agrupaciones policiales de una docena de países. Están al tanto de la furia que han causado. Saben que las maquinarias del poder trabajan para forzar las ideas, la lógica y el sentido de las palabras hasta lograr que el esclarecimiento y la transparencia se vuelvan sinónimos de terrorismo.
¿Y por qué? Pues porque han infligido al poderío estadunidense el mayor da- ño desde septiembre de 2001. La arrogancia del imperio no se había cimbrado así desde hace muchos años, o más bien desde nunca. Y peor: los ataques terroristas contra Nueva York y Washington dieron a Bush el pretexto que requería para restaurar la dominación militar planetaria.
Las revelaciones sobre la ruindad institucional de la diplomacia gringa, en cambio, sólo les aporta vergüenza, y ningún motivo de orgullo, recuerdo u homenaje. Estos chavos no han hecho correr la sangre ni han provocado la destrucción material para lograr sus objetivos. Ellos, para realizar su labor genial, teclean en unas macs baratas, codifican y decodifican su información con la destreza del marinero que acomoda las velas para aprovechar el viento del norte y avanzar al oeste. Por ejemplo.
Se han organizado en guardias, discuten entre ellos a profundidad y en superficialidad, permanecen horas y horas atentos al pulso de Internet, se movilizan en sigilo y en total silenco radio para no llamar la aención de la jauría. Y mientras desnudan ante el mundo el orden criminal, inescrupuloso y desastroso de los gobiernos, toman turnos para cocinar, barrer, ir de compras y lavar platos.
Ninguno de ellos ha llegado a los cuarenta, pero todos tienen miles de horas de vuelo acumuladas. Ya podrán narrar a sus hijos, a sus nietos y a sus bznietos, la forma en la que pusieron a temblar al mundo establecido.
Bien administrada en Hollywood, cada una de esas vidas valdría millones. Pero, mientras avanzan en el armado del rompecabezas de horror del que sólo conocemos las primeras piezas, ellos prefieren distribuirse las tareas domésticas en alguna casa de esa Europa desgastada que, con ellos y desde ellos, se mira joven; siguen escapando de la oscuridad y de la turbiedad, y esa huída permanente nos ilumina a todos, aunque no queramos. Merecen nuestra solidaridad y también, y sobre todo, nuestro afecto.
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martes, enero 25, 2011
viernes, enero 21, 2011
México. Degradación Política.
Glosario de la “guerra contra el narcotráfico” en México
Gilberto López y Rivas
El gobierno de Felipe Calderón ha trascendido en el ámbito noticioso mundial a partir de su anunciada guerra contra el narcotráfico”. Como además resulta que recientemente anunció que no anunció lo que anunció, considero conveniente ofrecer un glosario de términos claves para mayor comprensión de los analistas extranjeros que frecuentemente se interrogan sobre la escalofriante y trágica realidad mexicana.
1) Guerra contra el narcotráfico. Eufemismo con el que se pretende ocultar: a) la estrategia de un usurpador para afianzarse en el poder; b) el emplazamiento del Ejército en todo el territorio como fuerza de ocupación represiva; c) el apoyo a uno de los cárteles frente a sus rivales a través de una carnicería sin fin; d) el incremento del enriquecimiento inexplicable de una buena parte de la jerarquía castrense, policiaca, judicial, religiosa y de la clase política en general; e) el afianzamiento de la injerencia y control de Estados Unidos sobre México; f) la criminalización de los movimientos sociales; g) la guerra social contra jóvenes y pobres y la guerra sucia contra los opositores. 2) Guerra sucia. Crimen de Estado que al margen de la Constitución tiene como propósito el aniquilamiento de los considerados “enemigos internos” por medio de su localización, seguimiento, captura, interrogatorio a través de la tortura, mantenimiento en cárceles clandestinas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas, agentes policiacos, de inteligencia y grupos paramilitares que actúan bajo las órdenes –usualmente– de la sección segunda del Ejército. 3) Estado fallido: a) término utilizado para describir a los gobiernos trasnacionalizados y colaboracionistas que fallan en todas sus tareas sociales, mientras fortalecen sus aparatos y estrategias privatizadoras, desnacionalizadoras y represivas; b) también es utilizado para justificar la ocupación militar de países, obviamente humanitaria y democratizadora, de Estados Unidos, cuyos ejemplos más recientes son Irak y Afganistán.
4) Crimen organizado: a) empresa diversificada y floreciente que constituye la faceta clandestina y delincuencial del sistema –también organizado– de explotación imperante; b) corporación paralela que retroalimenta la economía formal a través de una constante circulación o flujo de efectivo; c) modus vivendi de al menos 500 mil familias mexicanas. 5) Comandante supremo. Grado que recurrentemente ostenta Felipe Calderón a través de casacas militares de tallas grandes, quepis de cinco estrellas y una águila, en ceremonias, ejercicios y desfiles marciales en los que expresa su vocación frustrada o su trauma por no haber jugado de niño con soldaditos de plomo. 6) Búnker presidencial. Costoso y supuestamente secretísimo espacio donde juega Felipillo a la guerra.
7) “Vamos ganando la guerra”. Estribillo repetido por el ocurrente comandante supremo ante el incremento anual en el número de muertes que hasta ahora ofrece más de 34 mil bajas en lo que va de su sexenio; esta declaración puede variar con otras frases igualmente ingeniosas y originales como “la violencia viene de los violentos”, “haremos retroceder a la delincuencia”, “los mexicanos estamos en pie”, etcétera. 8) Retén militar. Bloqueo en calles y carreteras del país utilizado por el Ejército para asesinar a civiles indefensos, a quienes sin excepción se culpa de ser parte del “crimen organizado”. 9) Daño colateral. Otro sarcasmo manejado por los voceros de Sedena y los medios desinformativos para justificar los asesinatos de civiles inocentes y desarmados, que incluyen una alta proporción de mujeres y niños y que son perpetrados por fuerzas militares o policiacas en enfrentamientos armados diarios.
10) Fuero militar. Permiso para matar; protección ilegal e inconstitucional para garantizar la impunidad de los militares en los numerosos casos de abusos y asesinatos de población civil. 11) Recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Documentos siempre condenatorios que las autoridades civiles y militares mexicanas tiran al cesto de la basura sin haberlos leído. 12) Iniciativa Mérida: a) negocio redondo de Estados Unidos y sus socios menores mexicanos en el que se otorga dinero al gobierno mexicano para que lo gaste comprando equipos, servicios y armas a empresas casualmente estadunidenses; b) medio a través del cual agentes de todos los servicios de inteligencia de Estados Unidos se establecen en México con funciones operativas sancionadas por la Constitución pero apoyadas abierta o solapadamente por el gobierno colaboracionista de Felipe Calderón.
13) Armada de México. Cuerpo castrense –los marines mexicanos– afín a Estados Unidos, cuyos comandos operan cuando en una plaza en pugna el Ejército está tan involucrado con los chicos malos que no resulta confiable; se espera que en poco tiempo este grupo de elite tampoco sea confiable. 14) Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública y Agencia Federal de Investigación. Organismos costosos e inservibles para contener el avance del crimen organizado, las ejecuciones de los cárteles de la droga en México y garantizar una seguridad pública efectiva, profesional y respetuosa de los derechos humanos de los ciudadanos; por esta razón, el comandante supremo utiliza a las fuerzas armadas que –como se ha demostrado en estos cuatro años– tampoco pueden con la delincuencia organizada, incrementan en gran número las ejecuciones sumarias, no garantizan la seguridad pública de extensas regiones del país y, sobre todo, no respetan los derechos humanos. 15) Estadística aplicada. Incremento sostenido en: a) la cantidad mensual de muertos por violencia en México; b) los ingresos irrestrictos de la industria y el comercio de armas en Estados Unidos.
¡No más sangre!
Gilberto López y Rivas
El gobierno de Felipe Calderón ha trascendido en el ámbito noticioso mundial a partir de su anunciada guerra contra el narcotráfico”. Como además resulta que recientemente anunció que no anunció lo que anunció, considero conveniente ofrecer un glosario de términos claves para mayor comprensión de los analistas extranjeros que frecuentemente se interrogan sobre la escalofriante y trágica realidad mexicana.
1) Guerra contra el narcotráfico. Eufemismo con el que se pretende ocultar: a) la estrategia de un usurpador para afianzarse en el poder; b) el emplazamiento del Ejército en todo el territorio como fuerza de ocupación represiva; c) el apoyo a uno de los cárteles frente a sus rivales a través de una carnicería sin fin; d) el incremento del enriquecimiento inexplicable de una buena parte de la jerarquía castrense, policiaca, judicial, religiosa y de la clase política en general; e) el afianzamiento de la injerencia y control de Estados Unidos sobre México; f) la criminalización de los movimientos sociales; g) la guerra social contra jóvenes y pobres y la guerra sucia contra los opositores. 2) Guerra sucia. Crimen de Estado que al margen de la Constitución tiene como propósito el aniquilamiento de los considerados “enemigos internos” por medio de su localización, seguimiento, captura, interrogatorio a través de la tortura, mantenimiento en cárceles clandestinas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas, agentes policiacos, de inteligencia y grupos paramilitares que actúan bajo las órdenes –usualmente– de la sección segunda del Ejército. 3) Estado fallido: a) término utilizado para describir a los gobiernos trasnacionalizados y colaboracionistas que fallan en todas sus tareas sociales, mientras fortalecen sus aparatos y estrategias privatizadoras, desnacionalizadoras y represivas; b) también es utilizado para justificar la ocupación militar de países, obviamente humanitaria y democratizadora, de Estados Unidos, cuyos ejemplos más recientes son Irak y Afganistán.
4) Crimen organizado: a) empresa diversificada y floreciente que constituye la faceta clandestina y delincuencial del sistema –también organizado– de explotación imperante; b) corporación paralela que retroalimenta la economía formal a través de una constante circulación o flujo de efectivo; c) modus vivendi de al menos 500 mil familias mexicanas. 5) Comandante supremo. Grado que recurrentemente ostenta Felipe Calderón a través de casacas militares de tallas grandes, quepis de cinco estrellas y una águila, en ceremonias, ejercicios y desfiles marciales en los que expresa su vocación frustrada o su trauma por no haber jugado de niño con soldaditos de plomo. 6) Búnker presidencial. Costoso y supuestamente secretísimo espacio donde juega Felipillo a la guerra.
7) “Vamos ganando la guerra”. Estribillo repetido por el ocurrente comandante supremo ante el incremento anual en el número de muertes que hasta ahora ofrece más de 34 mil bajas en lo que va de su sexenio; esta declaración puede variar con otras frases igualmente ingeniosas y originales como “la violencia viene de los violentos”, “haremos retroceder a la delincuencia”, “los mexicanos estamos en pie”, etcétera. 8) Retén militar. Bloqueo en calles y carreteras del país utilizado por el Ejército para asesinar a civiles indefensos, a quienes sin excepción se culpa de ser parte del “crimen organizado”. 9) Daño colateral. Otro sarcasmo manejado por los voceros de Sedena y los medios desinformativos para justificar los asesinatos de civiles inocentes y desarmados, que incluyen una alta proporción de mujeres y niños y que son perpetrados por fuerzas militares o policiacas en enfrentamientos armados diarios.
10) Fuero militar. Permiso para matar; protección ilegal e inconstitucional para garantizar la impunidad de los militares en los numerosos casos de abusos y asesinatos de población civil. 11) Recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Documentos siempre condenatorios que las autoridades civiles y militares mexicanas tiran al cesto de la basura sin haberlos leído. 12) Iniciativa Mérida: a) negocio redondo de Estados Unidos y sus socios menores mexicanos en el que se otorga dinero al gobierno mexicano para que lo gaste comprando equipos, servicios y armas a empresas casualmente estadunidenses; b) medio a través del cual agentes de todos los servicios de inteligencia de Estados Unidos se establecen en México con funciones operativas sancionadas por la Constitución pero apoyadas abierta o solapadamente por el gobierno colaboracionista de Felipe Calderón.
13) Armada de México. Cuerpo castrense –los marines mexicanos– afín a Estados Unidos, cuyos comandos operan cuando en una plaza en pugna el Ejército está tan involucrado con los chicos malos que no resulta confiable; se espera que en poco tiempo este grupo de elite tampoco sea confiable. 14) Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública y Agencia Federal de Investigación. Organismos costosos e inservibles para contener el avance del crimen organizado, las ejecuciones de los cárteles de la droga en México y garantizar una seguridad pública efectiva, profesional y respetuosa de los derechos humanos de los ciudadanos; por esta razón, el comandante supremo utiliza a las fuerzas armadas que –como se ha demostrado en estos cuatro años– tampoco pueden con la delincuencia organizada, incrementan en gran número las ejecuciones sumarias, no garantizan la seguridad pública de extensas regiones del país y, sobre todo, no respetan los derechos humanos. 15) Estadística aplicada. Incremento sostenido en: a) la cantidad mensual de muertos por violencia en México; b) los ingresos irrestrictos de la industria y el comercio de armas en Estados Unidos.
¡No más sangre!
La Marina. "Responsabilidad Criminal"
La Marina
Luis Javier Garrido
El violento rechazo del titular de la Marina y de la prensa oficialista a dos recomendaciones de la CNDH al iniciarse este 2011 abre nuevas amenazas para el futuro del país, al que el régimen calderonista de facto hunde cada vez más en la ilegalidad.
1. Las políticas fundadas en una abierta y permanente violación de la legalidad constitucional de un país, y que en el siglo XXI carecen del mínimo consenso social, no pueden de ninguna manera resolver los grandes problemas de una nación, pero la ultraderecha mexicana, en su obsesión de mantener el poder tras el 2012, no quiere dar marcha atrás en su descabellada “guerra contra el narco”, a pesar de los innumerables casos de violaciones a los derechos fundamentales de los mexicanos que sigue cometiendo en el curso de una guerra perdida de antemano, como acontece ahora con la Marina.
2. El desastre institucional al que ha llevado al país el gobierno de Felipe Calderón ha conducido a que las costas e islas de la República se hallen abandonadas a merced de la marina estadunidense, de las corporaciones trasnacionales y de los piratas pesqueros japoneses, mientras los marinos mexicanos andan desbocados por todo el país disfrazados de policías tras haber recibido una mínima capacitación por agencias de Estados Unidos.
3. La Marina ha estado en el centro de una serie de acusaciones muy graves en los años del panismo, al menos por cuatro motivos fundados: a) por no cumplir con sus tareas constitucionales y legales de salvaguardar la soberanía nacional, vigilando las costas y el mar territorial de México; b) por actuar en “la guerra contra el narco” de Felipe Calderón en absoluta transgresión al marco constitucional, asumiendo tareas que no le competen; c) por haber abandonado, en el marco de esta “guerra” de los panistas, su papel constitucional como una institución de la nación, para actuar en los hechos en abierta subordinación a las agencias de seguridad de Estados Unidos; y d) ahora, más recientemente, por estar cometiendo una serie de violaciones a los derechos humanos de los mexicanos que constituyen delitos de lesa humanidad. La Secretaría de Marina había tenido ante esos señalamientos un elocuente silencio, hasta que en días pasados ha brincado ante las acusaciones que se le han hecho de violaciones a los derechos humanos en ejercicio indebido de funciones que no le corresponden.
4. En el curso de estos años ha sido evidente que la Secretaría de Marina-Armada de México, como ahora le ha dado por llamarse, ha actuado por su indolencia en abierta complicidad con intereses públicos y privados de otros países, dejando desprotegidas las costas, las islas y el mar territorial, lo que evidencia esta colusión de sus altos oficiales con intereses políticos y comerciales de Estados Unidos, Japón y otros países. La vigente Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 17 de junio de 2009 establece, sin embargo, en su artículo 30, fracción IV, que a la Secretaría de Marina compete “ejercer la soberanía en el mar territorial, su espacio aéreo y costas del territorio” y vigilar “las zonas marinas mexicanas”, lo que no hace, dedicándose a lo que por otra parte expresamente le prohíbe hacer el artículo 21 constitucional: investigar los delitos y actuar como cuerpo policiaco.
5. La presunta “guerra” de Felipe Calderón contra el narco, que ahora éste pretende que no lo es, aunque así la llamó durante años, dio un papel relevante a los marinos mexicanos porque, según revelaron los papeles de Wikileaks en 2010, éstos aparecieron mucho más “confiables” que los militares mexicanos a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, relegando así a un Ejército que la administración Obama puso bajo sospecha, aunque quizás debieron decir más “dúctiles” o “entreguistas”. Así aparecieron los marinos mexicanos en escena con toda su barbarie e ilegalidad el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca, ejecutando por órdenes superiores al presunto capo Arturo Beltrán Leyva en un operativo que fue ampliamente condenado por mútilples sectores por los delitos que ahí cometieron elementos de la Secretaría de Marina, que están ya siendo denunciados por la CNDH, y desde entonces no han ocultado su papel como los consentidos de la DEA y el Departamento de Estado.
6. La reacción hace unos días del almirante Francisco Saynez, secretario de Marina, negándose a atender las recomendaciones 72 y 83 de 2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la responsabilidad criminal de varios marinos en la muerte de dos civiles, escudándose en la “razón de Estado”, anteponiendo los privilegios que se otorga a sí mismo a los derechos de los mexicanos, afirmando que “no se pondrá en riesgo a marinos” y exigiendo plena libertad para sus operativos (La Jornada, 19 de enero), así como la campaña subsecuente en los medios oficialistas para descalificar a la CNDH, no son por consiguiente más que nuevos signos ominosos de la fascistización creciente del régimen calderonista.
7. No debe olvidarse que el papel de los marinos al actuar como cuerpos policiacos o al intervenir en golpes de Estado en diversos casos en América Latina ha sido con frecuencia mucho más nefasto que el de los ejércitos, como lo evidenció entre otros el caso de Chile, donde en 1973 el almirante Toribio Merino actuó con la misma lógica que tiene hoy el almirante Francisco Saynez, que con razón Julio Hernández llamaba ayer en su columna de La Jornada una variante de las fórmulas de la llamada “obediencia debida”.
8. El origen de la situación cada vez más desastrosa a la que se está llevando al país se halla sin duda en el desprecio que los panistas tienen desde 1939 –año en que se funda su partido– por la Constitución General de la República, que sustentó al régimen político mexicano del siglo XX, el que se hallan empeñados en destruir, sin tener otra propuesta para sustituirlo que la que se observa todos los días: propiciar por un lado que la Iglesia católica acreciente su poderío material e ideológico y por el otro entregar ciegamente a México a la especulación de las grandes corporaciones trasnacionales, lo que los ha llevado a subordinar las instituciones de la República al gobierno de Washington, como es el caso de la Marina-Armada de México.
9. La respuesta del gobierno de Felipe Calderón ante el desastre institucional cada vez mayor en el que hunde a México con sus desastrosas decisiones no ha sido otro que el de seguir exigiendo, por un lado, que en materia de seguridad nacional se expidan leyes que permitan todas sus tropelías: acotando los derechos humanos, cancelando el federalismo y el municipio libre y haciendo viable el funcionamiento de las agencias estadunidenses en México. Y que en materia económica y social se acelere el desmantelamiento de la Constitución de 1917 para hacer inexistentes los derechos originarios de la nación y poder eliminar trabas para que el capital multinacional se apodere del país. Eso y no otra cosa es lo que llaman las “reformas modernizadoras”, que están urgiendo al Congreso aprobar.
10. El retorno del país a la legalidad es por todo esto un presupuesto fundamental para que México pueda iniciar su reconstrucción y esa tarea es la que aguarda al próximo gobierno, que moral y políticamente no puede estar ya en manos de la derecha.
Luis Javier Garrido
El violento rechazo del titular de la Marina y de la prensa oficialista a dos recomendaciones de la CNDH al iniciarse este 2011 abre nuevas amenazas para el futuro del país, al que el régimen calderonista de facto hunde cada vez más en la ilegalidad.
1. Las políticas fundadas en una abierta y permanente violación de la legalidad constitucional de un país, y que en el siglo XXI carecen del mínimo consenso social, no pueden de ninguna manera resolver los grandes problemas de una nación, pero la ultraderecha mexicana, en su obsesión de mantener el poder tras el 2012, no quiere dar marcha atrás en su descabellada “guerra contra el narco”, a pesar de los innumerables casos de violaciones a los derechos fundamentales de los mexicanos que sigue cometiendo en el curso de una guerra perdida de antemano, como acontece ahora con la Marina.
2. El desastre institucional al que ha llevado al país el gobierno de Felipe Calderón ha conducido a que las costas e islas de la República se hallen abandonadas a merced de la marina estadunidense, de las corporaciones trasnacionales y de los piratas pesqueros japoneses, mientras los marinos mexicanos andan desbocados por todo el país disfrazados de policías tras haber recibido una mínima capacitación por agencias de Estados Unidos.
3. La Marina ha estado en el centro de una serie de acusaciones muy graves en los años del panismo, al menos por cuatro motivos fundados: a) por no cumplir con sus tareas constitucionales y legales de salvaguardar la soberanía nacional, vigilando las costas y el mar territorial de México; b) por actuar en “la guerra contra el narco” de Felipe Calderón en absoluta transgresión al marco constitucional, asumiendo tareas que no le competen; c) por haber abandonado, en el marco de esta “guerra” de los panistas, su papel constitucional como una institución de la nación, para actuar en los hechos en abierta subordinación a las agencias de seguridad de Estados Unidos; y d) ahora, más recientemente, por estar cometiendo una serie de violaciones a los derechos humanos de los mexicanos que constituyen delitos de lesa humanidad. La Secretaría de Marina había tenido ante esos señalamientos un elocuente silencio, hasta que en días pasados ha brincado ante las acusaciones que se le han hecho de violaciones a los derechos humanos en ejercicio indebido de funciones que no le corresponden.
4. En el curso de estos años ha sido evidente que la Secretaría de Marina-Armada de México, como ahora le ha dado por llamarse, ha actuado por su indolencia en abierta complicidad con intereses públicos y privados de otros países, dejando desprotegidas las costas, las islas y el mar territorial, lo que evidencia esta colusión de sus altos oficiales con intereses políticos y comerciales de Estados Unidos, Japón y otros países. La vigente Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 17 de junio de 2009 establece, sin embargo, en su artículo 30, fracción IV, que a la Secretaría de Marina compete “ejercer la soberanía en el mar territorial, su espacio aéreo y costas del territorio” y vigilar “las zonas marinas mexicanas”, lo que no hace, dedicándose a lo que por otra parte expresamente le prohíbe hacer el artículo 21 constitucional: investigar los delitos y actuar como cuerpo policiaco.
5. La presunta “guerra” de Felipe Calderón contra el narco, que ahora éste pretende que no lo es, aunque así la llamó durante años, dio un papel relevante a los marinos mexicanos porque, según revelaron los papeles de Wikileaks en 2010, éstos aparecieron mucho más “confiables” que los militares mexicanos a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, relegando así a un Ejército que la administración Obama puso bajo sospecha, aunque quizás debieron decir más “dúctiles” o “entreguistas”. Así aparecieron los marinos mexicanos en escena con toda su barbarie e ilegalidad el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca, ejecutando por órdenes superiores al presunto capo Arturo Beltrán Leyva en un operativo que fue ampliamente condenado por mútilples sectores por los delitos que ahí cometieron elementos de la Secretaría de Marina, que están ya siendo denunciados por la CNDH, y desde entonces no han ocultado su papel como los consentidos de la DEA y el Departamento de Estado.
6. La reacción hace unos días del almirante Francisco Saynez, secretario de Marina, negándose a atender las recomendaciones 72 y 83 de 2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la responsabilidad criminal de varios marinos en la muerte de dos civiles, escudándose en la “razón de Estado”, anteponiendo los privilegios que se otorga a sí mismo a los derechos de los mexicanos, afirmando que “no se pondrá en riesgo a marinos” y exigiendo plena libertad para sus operativos (La Jornada, 19 de enero), así como la campaña subsecuente en los medios oficialistas para descalificar a la CNDH, no son por consiguiente más que nuevos signos ominosos de la fascistización creciente del régimen calderonista.
7. No debe olvidarse que el papel de los marinos al actuar como cuerpos policiacos o al intervenir en golpes de Estado en diversos casos en América Latina ha sido con frecuencia mucho más nefasto que el de los ejércitos, como lo evidenció entre otros el caso de Chile, donde en 1973 el almirante Toribio Merino actuó con la misma lógica que tiene hoy el almirante Francisco Saynez, que con razón Julio Hernández llamaba ayer en su columna de La Jornada una variante de las fórmulas de la llamada “obediencia debida”.
8. El origen de la situación cada vez más desastrosa a la que se está llevando al país se halla sin duda en el desprecio que los panistas tienen desde 1939 –año en que se funda su partido– por la Constitución General de la República, que sustentó al régimen político mexicano del siglo XX, el que se hallan empeñados en destruir, sin tener otra propuesta para sustituirlo que la que se observa todos los días: propiciar por un lado que la Iglesia católica acreciente su poderío material e ideológico y por el otro entregar ciegamente a México a la especulación de las grandes corporaciones trasnacionales, lo que los ha llevado a subordinar las instituciones de la República al gobierno de Washington, como es el caso de la Marina-Armada de México.
9. La respuesta del gobierno de Felipe Calderón ante el desastre institucional cada vez mayor en el que hunde a México con sus desastrosas decisiones no ha sido otro que el de seguir exigiendo, por un lado, que en materia de seguridad nacional se expidan leyes que permitan todas sus tropelías: acotando los derechos humanos, cancelando el federalismo y el municipio libre y haciendo viable el funcionamiento de las agencias estadunidenses en México. Y que en materia económica y social se acelere el desmantelamiento de la Constitución de 1917 para hacer inexistentes los derechos originarios de la nación y poder eliminar trabas para que el capital multinacional se apodere del país. Eso y no otra cosa es lo que llaman las “reformas modernizadoras”, que están urgiendo al Congreso aprobar.
10. El retorno del país a la legalidad es por todo esto un presupuesto fundamental para que México pueda iniciar su reconstrucción y esa tarea es la que aguarda al próximo gobierno, que moral y políticamente no puede estar ya en manos de la derecha.
miércoles, enero 12, 2011
No más sangre
Astillero
No más sangre
Protestas y muerte
Marisela y Susana
Quique, a salvo
Julio Hernández López
Pronto se cumplirá el primer mes de la ejecución de Marisela Escobedo, la madre que armada de su puro valor personal indagó y presionó para que fuera castigado el asesino de su hija, y ya ayer se conoció el caso de otra mujer en lucha contra injusticias que ha sido desprovista de vida, Susana Chávez, activa denunciante de crímenes de género cometidos en Ciudad Juárez y de otros abusos practicados por diversas vertientes de los poderes que rigen el curso de sociedades como la de Chihuahua.
Caída el pasado 16 de diciembre frente al palacio estatal de gobierno, en la ciudad capital, Marisela no cerró con su propia sangre el ciclo de desgracia decretado en su contra por intocables o inalcanzables delincuentes no oficiales –en apariencia, según todos los datos publicados hasta ahora, un miembro de tropa de uno de los cárteles en pugna en aquella región–, pues el resto de su familia y su cercanía afectiva han sido atacados por manos presuntamente relacionadas con el narcotráfico para no dejar en pie ningún ánimo de denuncia o combatividad a cuenta del crimen original, el realizado contra la joven Rubí, o de la pasividad y posible complicidad de funcionarios chihuahuenses y federales para mantener el caso impune. La irritación nacional causada por el asesinato de Marisela, el inmediato ataque a una maderería propiedad de su compañero sentimental y el homicidio de un hermano de éste, además de las amenazas a los hijos sobrevivientes, que luego pedirían asilo en Estados Unidos, duró apenas unas 72 horas antes de ser desplazada por el espectáculo de transmisión en vivo que protagonizó Diego Fernández de Cevallos a título de su reaparición pública.
Ahora, justamente cuando va prendiendo (mediante una campaña impulsada por los maestros Eduardo del Río, Rius, y Julio Scherer García) una primera forma de masiva protesta pública contra el baño de sangre a que el calderonismo ha sometido a la nación, se conoce del homicidio de alguien que no había optado por la denuncia y la manifestación públicas solamente en función de agravios directos (el asesinato de hijos, por ejemplo) sino en cumplimiento de una visión y un compromiso más amplios, relacionados con la búsqueda de justicia social (no solamente individual) y con plena conciencia de que los males del país tienen una razón estructural que debe combatirse mediante acciones políticas. Susana Chávez defendía a las mujeres en general y denunciaba y exigía justicia en particular en los casos Las Muertas de Juárez. Ella, Susana, a quien algunos atribuyen la creación o el lanzamiento de la frase “Ni una muerta más”, es hoy un agregado numérico a la nómina de la vergüenza institucional: fue torturada y asesinada, con el detalle macabro del cercenamiento de su mano izquierda.
Los casos de Marisela y Susana tienen contextos que se complementan: en el de la madre de la asesinada Rubí asoman claramente los rasgos de la impunidad retadora del narcotráfico y de la manipulación y compra de los sistemas institucionales de procuración e impartición de justicia, a tal grado que hoy el aparato gubernamental pretende condenar a jueces, ministerios públicos y policías con propósitos escenográficos y temporales, concebidos para acallar críticas y enfilar luego el expediente al cementerio del olvido. Los presuntos asesinos de Susana, en cambio, son tres menores de edad, adolescentes homicidas que constituyen una muestra del saldo terrible que dejan las décadas de injusticia social que ahora estallan por las vías de los crímenes aparentemente incomprensibles, las consecuencias monstruosas de un sistema político y económico que ha empujado a parte de su población a la comisión de crímenes como revancha, negocio, u ocurrencia circunstancial.
En el fondo, se está frente a expresiones de la gran descomposición nacional pero, particularmente, del proceso de control social mediante el miedo. Armine Arjona, amiga de Susana, dijo, según reporta en http://bit.ly/g3AisT El Diario de Ciudad Juárez: “Ha habido una especie de persecución en contra de quien levante la voz, por eso en las últimas marchas las mujeres han llevado el rostro cubierto, porque hay un temor real, hay una persecución a lo mejor sutilmente disfrazada, pero sí está habiendo una persecución contra el activismo social y una prueba es el crimen de Marisela tan reciente y el asesinato de Susana”.
En otro extremo del país, el sacerdote católico Alejandro Solalinde, quien ha levantado la voz y ha actuado en defensa de los migrantes centroamericanos rumbo al norte, y que por ello está en la mira de los delincuentes que se mueven de acuerdo con funcionarios regionales, ha demandado que Genaro García Luna, el secretario federal de Seguridad Pública, defina de qué lado está, si con Los Zetas o con los migrantes, pues según el religioso esa instancia nacional no ha hecho nada mientras se multiplican los secuestros de esos viajeros sin documentación legal.
Sin riesgo, en cambio, ha quedado Enrique Peña Nieto, luego que los representantes de estados bajo gobierno priísta, más los de Guerrero y Michoacán (según información de Notimex) impidieron ayer que el Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres formara una comisión investigadora respecto a las agresiones y asesinatos contra mujeres en el estado de México, que estiman han llegado a 900 en los cinco años recientes.
Pero, hoy, protestar y disentir ya es también causa de muerte violenta cuyos autores se confunden en el miasma calderónico en que conviven los delincuentes formalmente así identificados, los miembros de cárteles, los sicarios, y los agentes gubernamentales armados que actúan sin fundamento legal y a partir de llamadas “anónimas”, presuntas o reales, más los segmentos sociales putrefactos frente a los cuales no hay proyecto de rehabilitación ni salvación posible conforme a los lineamientos actuales de ejercicio del poder público. Y, mientras mueren 11 personas en el penal de Gómez Balazos, Durango, ¡hasta mañana, insistiendo en que “no más sangre”, “ya basta de sangre”!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
No más sangre
Protestas y muerte
Marisela y Susana
Quique, a salvo
Julio Hernández López
Pronto se cumplirá el primer mes de la ejecución de Marisela Escobedo, la madre que armada de su puro valor personal indagó y presionó para que fuera castigado el asesino de su hija, y ya ayer se conoció el caso de otra mujer en lucha contra injusticias que ha sido desprovista de vida, Susana Chávez, activa denunciante de crímenes de género cometidos en Ciudad Juárez y de otros abusos practicados por diversas vertientes de los poderes que rigen el curso de sociedades como la de Chihuahua.
Caída el pasado 16 de diciembre frente al palacio estatal de gobierno, en la ciudad capital, Marisela no cerró con su propia sangre el ciclo de desgracia decretado en su contra por intocables o inalcanzables delincuentes no oficiales –en apariencia, según todos los datos publicados hasta ahora, un miembro de tropa de uno de los cárteles en pugna en aquella región–, pues el resto de su familia y su cercanía afectiva han sido atacados por manos presuntamente relacionadas con el narcotráfico para no dejar en pie ningún ánimo de denuncia o combatividad a cuenta del crimen original, el realizado contra la joven Rubí, o de la pasividad y posible complicidad de funcionarios chihuahuenses y federales para mantener el caso impune. La irritación nacional causada por el asesinato de Marisela, el inmediato ataque a una maderería propiedad de su compañero sentimental y el homicidio de un hermano de éste, además de las amenazas a los hijos sobrevivientes, que luego pedirían asilo en Estados Unidos, duró apenas unas 72 horas antes de ser desplazada por el espectáculo de transmisión en vivo que protagonizó Diego Fernández de Cevallos a título de su reaparición pública.
Ahora, justamente cuando va prendiendo (mediante una campaña impulsada por los maestros Eduardo del Río, Rius, y Julio Scherer García) una primera forma de masiva protesta pública contra el baño de sangre a que el calderonismo ha sometido a la nación, se conoce del homicidio de alguien que no había optado por la denuncia y la manifestación públicas solamente en función de agravios directos (el asesinato de hijos, por ejemplo) sino en cumplimiento de una visión y un compromiso más amplios, relacionados con la búsqueda de justicia social (no solamente individual) y con plena conciencia de que los males del país tienen una razón estructural que debe combatirse mediante acciones políticas. Susana Chávez defendía a las mujeres en general y denunciaba y exigía justicia en particular en los casos Las Muertas de Juárez. Ella, Susana, a quien algunos atribuyen la creación o el lanzamiento de la frase “Ni una muerta más”, es hoy un agregado numérico a la nómina de la vergüenza institucional: fue torturada y asesinada, con el detalle macabro del cercenamiento de su mano izquierda.
Los casos de Marisela y Susana tienen contextos que se complementan: en el de la madre de la asesinada Rubí asoman claramente los rasgos de la impunidad retadora del narcotráfico y de la manipulación y compra de los sistemas institucionales de procuración e impartición de justicia, a tal grado que hoy el aparato gubernamental pretende condenar a jueces, ministerios públicos y policías con propósitos escenográficos y temporales, concebidos para acallar críticas y enfilar luego el expediente al cementerio del olvido. Los presuntos asesinos de Susana, en cambio, son tres menores de edad, adolescentes homicidas que constituyen una muestra del saldo terrible que dejan las décadas de injusticia social que ahora estallan por las vías de los crímenes aparentemente incomprensibles, las consecuencias monstruosas de un sistema político y económico que ha empujado a parte de su población a la comisión de crímenes como revancha, negocio, u ocurrencia circunstancial.
En el fondo, se está frente a expresiones de la gran descomposición nacional pero, particularmente, del proceso de control social mediante el miedo. Armine Arjona, amiga de Susana, dijo, según reporta en http://bit.ly/g3AisT El Diario de Ciudad Juárez: “Ha habido una especie de persecución en contra de quien levante la voz, por eso en las últimas marchas las mujeres han llevado el rostro cubierto, porque hay un temor real, hay una persecución a lo mejor sutilmente disfrazada, pero sí está habiendo una persecución contra el activismo social y una prueba es el crimen de Marisela tan reciente y el asesinato de Susana”.
En otro extremo del país, el sacerdote católico Alejandro Solalinde, quien ha levantado la voz y ha actuado en defensa de los migrantes centroamericanos rumbo al norte, y que por ello está en la mira de los delincuentes que se mueven de acuerdo con funcionarios regionales, ha demandado que Genaro García Luna, el secretario federal de Seguridad Pública, defina de qué lado está, si con Los Zetas o con los migrantes, pues según el religioso esa instancia nacional no ha hecho nada mientras se multiplican los secuestros de esos viajeros sin documentación legal.
Sin riesgo, en cambio, ha quedado Enrique Peña Nieto, luego que los representantes de estados bajo gobierno priísta, más los de Guerrero y Michoacán (según información de Notimex) impidieron ayer que el Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres formara una comisión investigadora respecto a las agresiones y asesinatos contra mujeres en el estado de México, que estiman han llegado a 900 en los cinco años recientes.
Pero, hoy, protestar y disentir ya es también causa de muerte violenta cuyos autores se confunden en el miasma calderónico en que conviven los delincuentes formalmente así identificados, los miembros de cárteles, los sicarios, y los agentes gubernamentales armados que actúan sin fundamento legal y a partir de llamadas “anónimas”, presuntas o reales, más los segmentos sociales putrefactos frente a los cuales no hay proyecto de rehabilitación ni salvación posible conforme a los lineamientos actuales de ejercicio del poder público. Y, mientras mueren 11 personas en el penal de Gómez Balazos, Durango, ¡hasta mañana, insistiendo en que “no más sangre”, “ya basta de sangre”!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
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