La Jornada
Acumulación o justicia
Luis Linares Zapata
Después de varios decenios de ser aplicado sin mayores respingos por las diversas sociedades afectadas, el modelo de acumulación salvaje encuentra serias oposiciones en sus últimas derivaciones. Las manifestaciones de repudio se iniciaron en el seno de las naciones periféricas y ahora encienden a las desarrolladas. En Francia han sido las más ruidosas, larvadas y están a punto de conseguir su meta de reversar o, al menos, detener algunas de sus aplicaciones llamadas de última generación. En España se montó una huelga general para evidenciar el desagrado por el deterioro en su estado de bienestar y, después de ella, el aprecio por el gobierno socialista de Joseé Luis Rodríguez Zapatero ha caído en picada entre los electores. En Alemania las protestas han sido esporádicas, menores, y no han podido articularse en defensa efectiva de sus apreciadas prestaciones colectivas. En Estados Unidos apenas hace unas cuantas semanas pudieron coordinar sus esfuerzos por hacer oír sus voces de alarma, pero, con posterioridad, han caído en aparente pasividad.
Donde se ha llegado a tener un efecto profundo ha sido en Bolivia y Ecuador, dos países fuera de la esfera de atención mundial. En Bolivia el descontento por las privatizaciones ventajosas y su costo en privaciones para las mayorías, por cierto ya muy depauperadas, ocasionaron reales insurrecciones que terminaron por llevar a Evo Morales al poder. En Ecuador, después de varios intentos de estabilizar al sistema por gobiernos entreguistas y alocados, por fin se eligió al presidente Correa. A partir de esos tiempos empezaron, en ambas naciones, una serie de cambios que han llegado a minar los cimientos del modelo de acumulación aplicado sin miramientos humanos. El desagrado en las cúspides de las pirámides socio-económicas dominantes locales no se ha hecho esperar. En ambas naciones se intentaron golpes de Estado que fueron frustrados por su inoperancia, tontería o por acciones coordinadas de sus vecinos.
Países antes dominados por elites golpistas y ejércitos de clase, Brasil y Argentina han ido moviéndose con cuidado hacia limitar, al menos, los efectos más nocivos del modelo que, en ellos se aplicó hasta con violencia.
Brasil ha sido más exitoso en introducir modificaciones que, además de empujar el crecimiento económico con base en el impulso de su enorme mercado interno, han ido construyendo un aparato exportador que se diversifica de manera acelerada. Por esa vía se ha logrado sacar de la pobreza a millones de sus compatriotas. En Argentina, también, aunque con menores resultados a pesar de sus muchas riquezas y poca población, se desea avanzar hacia un Estado que se preocupe, en primera y postrera instancia, por su población. Por lo pronto, reversaron las privatizaciones pensionarias y las ubicaron en el sector público. El caso más ruidoso ha sido el de la Venezuela de Chávez. Sus altercados con su entorno y, en especial, con quien ha sido su protector y usufructuario de sus riquezas mineras, son ya referencias mundiales. Los avances de su gobierno, elegido en repetidas ocasiones con creciente popularidad, se dan a retazos y dependientes por completo de sus ingresos petroleros. Sus altibajos son constantes mas, aún así, prosigue una ruta de independencia clara y determinada.
En México el modelo de acumulación ha sido, sin duda alguna, cruento y prolongado. Como si se viviera en el siglo XVII o el XVIII, cuando todos los beneficios eran para el lejano rey y su gran corte. El aderezo local es la cabalgante, la cínica corrupción y el entreguismo dadivoso de las elites gobernantes extendible, por contagio obligado, a las burocracias de sustento. Así, los mandatos derivados del famoso consenso de Washington fueron adoptados con fervor por los cuerpos directivos locales: privados y públicos. La famosa frase, “no hay otra alternativa”, de la dama de hierro inglesa, Margaret Thatcher, se recogió como caída del cielo o, más allá aún, del fondo mismo del universo. El coro difusor que acompaña a la plutocracia mexicana ha sido abrumador en su apoyo monocorde.
Académicos de renombre o de medio pelo incluso, analistas colonizados, conferenciantes de relleno, columneros de consigna o cabilderos siempre tan presentes como huidizos, han remachado, con dogmática insistencia, la imperiosa necesidad de concluir todas y cada una de las reformas estructurales. Todas y cada una de ellas diseñadas para exprimirle, tanto a los trabajadores como al gobierno, hasta el último céntimo de sus recursos disponibles. Para cumplimentar tal empresa no hay contemplación alguna que valga ni medida de control humanitaria factible: hay que ir, con la dureza requerida en los menesteres de los grandes intereses coaligados, hasta el mero final si es necesario. Los motivos para tal cometido son múltiples y todos tienen que ver con la globalidad, ya sea la asumida en la forma de apertura total a los flujos financieros o en aras de la inasible y siempre disputable libertad de los mágicos mercados.
La lucha es frontal por estos días de definiciones múltiples. En Francia se libra una batalla que puede ser crucial. La parte más afectada de la sociedad, a través de sus organismos gremiales y sindicatos, ha declarado la guerra al gobierno de Sarkozy. Intentan bloquear la propuesta que pretende ampliar la edad para jubilarse y para recibir la pensión completa. A esa porción de protestantes se han sumado, en explosiva mezcla, estudiantes de bachillerato. Precisamente esos que habitan en las afueras citadinas y que fueron protagonistas de pasadas insurrecciones incendiarias. Los grandes intereses en juego y la presión de los famosos mercados ha de estar cargada con inmensos decibeles de poder como para obligar al gobierno a resistir el embate de unos 3 o 4 millones de ciudadanos que han tomado la calle. Dos de cada tres franceses apoyan la protesta, a pesar de las enormes molestias que les acarrean los paros y bloqueos. Aun así, Sarkozy tratará de seguir adelante. Hay, sin embargo, otras opciones y los modelos de bienestar pueden continuar perfeccionándose. La resistencia francesa y un eventual triunfo de la calle con los de abajo, servirá de referencia mundial. Se mostrará que se puede derrotar a las compañías de seguros, a los bancos, las calificadoras, los mercados, los fondos de riesgo y a la mentalidad entreguista. Es decir, a los causantes de la crisis y a los gobiernos que han sido doblegados por ellos.
miércoles, octubre 20, 2010
sábado, octubre 16, 2010
"Minería y Asalto a la Nación"
La Jornada
México SA
">Desmemoria senatorial
">¿Neurona pasmada?
">Minería y asalto a la nación
Carlos Fernández-Vega
Con el punto de acuerdo aprobado el pasado jueves en el recinto de Xicoténcatl, de inmediato surge la duda: en el último cuatrienio, ¿dónde estuvieron los integrantes del Senado de la República, que tardíamente se enteraron de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, y que ahora exigen el rescate inmediato” de los cuerpos de los mineros? ¿Dónde, que no saben cuánto pagan las empresas mineras por la explotación de hectárea en el país ni cuántas concesiones se han entregado? Mucho menos ¿cuántos millones de hectáreas amparan esas concesiones y qué beneficios han recibido las comunidades?
Más de cuatro largos años han transcurrido desde la explosión en Pasta de Conchos (alrededor de mil 700 días) y de la oprobiosa actitud asumida por el gobierno foxista (ratificada a plenitud por el calderonista), junto con su mezquina defensa y encubrimiento del empresario Germán Larrea, y apenas el jueves pasado los senadores de la República se acordaron que era necesario “exigir” el “rescate inmediato” de los mineros de Pasta de Conchos, y aclarar paradas sobre los privilegios que gozan los beneficiarios de las concesiones federales en el sector de la minería. ¿Dónde estuvieron todo este tiempo?, porque hay que subrayar que sólo se “acordaron” de Pasta de Conchos luego del exitoso rescate en la mina chilena de San José.
Retomo lo publicado en el México SA del pasado 19 de febrero, cuarto aniversario de la explosión en Pasta de Conchos, para refrescarles la memoria: lo dicho y prometido por Fox y su secretario del Trabajo, el hoy diputado panista Francisco Javier Salazar Sáenz, quedó en el aire; lo dicho y prometido por Calderón, también, y lo propio ha hecho el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira (ya de salida), quien no se ha quedado atrás en eso de ofrecer e incumplir.
El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, declaró que “Industrial Minera México (de Germán Larrea y su Grupo México) tuvo la mayor parte de la responsabilidad en el accidente de Pasta de Conchos, porque estaba obligada por ley a cumplir con condiciones de seguridad… no voy a solapar a ningún servidor público que pudiera estar involucrado, ni taparé a ningún personaje, por más importante que sea”. Nada ha hecho, más que incumplir su palabra.
Pocos días después de tomar posesión como nuevo director general del IMSS, Juan Molinar Horcasitas (hoy en la SCT), denunció que Industrial Minera México (de Larrea) no sólo subcontrató a sus trabajadores, sino que a los mineros de Pasta de Conchos los dio de alta con salarios menores a los realmente cubiertos para pagar menos cuotas patronales, en detrimento de las finanzas de la institución, con lo que se configura el fraude contra el Estado. Lo anterior reconocido ante los integrantes de la comisión legislativa “para dar seguimiento” a las investigaciones por la explosión en Pasta de Conchos. Nunca presentó denuncia legal en contra del consorcio privado.
En 2007, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, denunció que “desde la Presidencia de la República, Vicente Fox Quesada me pidió procesar y enviar a prisión a inocentes por la tragedia en la mina Pasta de Conchos; desde la dirigencia del Partido Acción Nacional me presionan para que no encarcele a los verdaderos responsables de la muerte de 65 trabajadores; hubo otras atrocidades, como cuando Vicente Fox, en mi cara, en Los Pinos, me pidió que hiciera cosas que no tienen moral: que inventara delitos a otras personas, que distrajéramos la atención; soy víctima de una serie de presiones de gente del gobierno o del PAN”. Nada hizo, y nunca presentó denuncia.
El 17 de enero de 2007, Felipe Calderón “mantuvo una entrevista informal” con Maribel Rico Montelongo, familiar de uno de los 65 mineros fallecidos en Pasta de Conchos. De acuerdo con la crónica del momento, el inquilino de Los Pinos aseguró que “la mina no será cerrada, además que se hará todo lo posible para que los cuerpos sean rescatados y tengan cristiana sepultura”. Dos semanas después, Industrial Minera México despidió a 250 trabajadores para “cerrar transitoriamente” la mina (sin perder la concesión federal), y la “cristiana sepultura” se mantiene en lista de espera. Cuatro años después de la tragedia, todo sigue igual: plena impunidad. Entonces, si se atiende el punto de acuerdo del pasado jueves, los senadores no estaban enterados de todo eso.
Tampoco recordaron que en septiembre de 2009 un grupo de sus colegas en Xicoténcatl presentó una iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversos artículos legales y obligar a las grandes empresas mineras que explotan esta riqueza nacional a enterar al fisco cantidades suculentamente mayores a las que hasta ahora aportan –si es que en realidad lo hacen–, dada las voluminosas utilidades que obtienen. Propuso el cobro de un derecho de 4 por ciento sobre el valor de los bienes sujetos a extracción, “cuantificado en el lugar donde se dan estas actividades, independientemente del domicilio fiscal de las empresas o particulares, titulares de la concesión o asignación minera correspondiente… Con el 4 por ciento se facilitaría el cálculo por tratarse de una tasa única, aplicable a todas las sustancias y minerales sujetos a la ley de referencia, y de paso se cumpliría con el principio constitucional de generalidad al dar trato igual a todos los sujetos afectos al gravamen”. ¿Cuál fue la respuesta de los que hoy exigen, vía punto de acuerdo, que se aclaren los privilegios de los consorcios mineros? Los senadores de la República desecharon la citada iniciativa y mantuvieron intocado el paraíso fiscal para dichos consorcios.
Menos recordarán que alrededor de 25 millones de hectáreas del territorio nacional han sido concesionadas por el gobierno federal para la explotación minera, de lo que el pueblo de México no recibe beneficio económico directo. Tampoco que las cuotas a pagar por los consorcios mineros son prácticamente simbólicas (en 2010 por hectárea: 5.08 pesos, la mínima, y 111.27 pesos, la máxima), sin impacto significativo en la recaudación fiscal, a pesar de las voluminosas utilidades obtenidas por los particulares del ramo; que la base para el pago de derechos “es una aberración económica”, porque la ley vigente no considera a los minerales producidos en función de su valor de comercialización, sino solamente de la superficie del terreno sobre el cual se otorga una concesión o asignación correspondiente.
De ese tamaño es el “olvido” de los senadores de la República, que en cuatro años tampoco hicieron nada.
Las rebanadas del pastel
Si hubiera alguna duda, en la propuesta calderonista de Ley de Ingresos 2011 se lee: “regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras, cero pesos, cero centavos”.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx • http://twitter.com/cafevega
México SA
">Desmemoria senatorial
">¿Neurona pasmada?
">Minería y asalto a la nación
Carlos Fernández-Vega
Con el punto de acuerdo aprobado el pasado jueves en el recinto de Xicoténcatl, de inmediato surge la duda: en el último cuatrienio, ¿dónde estuvieron los integrantes del Senado de la República, que tardíamente se enteraron de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, y que ahora exigen el rescate inmediato” de los cuerpos de los mineros? ¿Dónde, que no saben cuánto pagan las empresas mineras por la explotación de hectárea en el país ni cuántas concesiones se han entregado? Mucho menos ¿cuántos millones de hectáreas amparan esas concesiones y qué beneficios han recibido las comunidades?
Más de cuatro largos años han transcurrido desde la explosión en Pasta de Conchos (alrededor de mil 700 días) y de la oprobiosa actitud asumida por el gobierno foxista (ratificada a plenitud por el calderonista), junto con su mezquina defensa y encubrimiento del empresario Germán Larrea, y apenas el jueves pasado los senadores de la República se acordaron que era necesario “exigir” el “rescate inmediato” de los mineros de Pasta de Conchos, y aclarar paradas sobre los privilegios que gozan los beneficiarios de las concesiones federales en el sector de la minería. ¿Dónde estuvieron todo este tiempo?, porque hay que subrayar que sólo se “acordaron” de Pasta de Conchos luego del exitoso rescate en la mina chilena de San José.
Retomo lo publicado en el México SA del pasado 19 de febrero, cuarto aniversario de la explosión en Pasta de Conchos, para refrescarles la memoria: lo dicho y prometido por Fox y su secretario del Trabajo, el hoy diputado panista Francisco Javier Salazar Sáenz, quedó en el aire; lo dicho y prometido por Calderón, también, y lo propio ha hecho el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira (ya de salida), quien no se ha quedado atrás en eso de ofrecer e incumplir.
El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, declaró que “Industrial Minera México (de Germán Larrea y su Grupo México) tuvo la mayor parte de la responsabilidad en el accidente de Pasta de Conchos, porque estaba obligada por ley a cumplir con condiciones de seguridad… no voy a solapar a ningún servidor público que pudiera estar involucrado, ni taparé a ningún personaje, por más importante que sea”. Nada ha hecho, más que incumplir su palabra.
Pocos días después de tomar posesión como nuevo director general del IMSS, Juan Molinar Horcasitas (hoy en la SCT), denunció que Industrial Minera México (de Larrea) no sólo subcontrató a sus trabajadores, sino que a los mineros de Pasta de Conchos los dio de alta con salarios menores a los realmente cubiertos para pagar menos cuotas patronales, en detrimento de las finanzas de la institución, con lo que se configura el fraude contra el Estado. Lo anterior reconocido ante los integrantes de la comisión legislativa “para dar seguimiento” a las investigaciones por la explosión en Pasta de Conchos. Nunca presentó denuncia legal en contra del consorcio privado.
En 2007, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, denunció que “desde la Presidencia de la República, Vicente Fox Quesada me pidió procesar y enviar a prisión a inocentes por la tragedia en la mina Pasta de Conchos; desde la dirigencia del Partido Acción Nacional me presionan para que no encarcele a los verdaderos responsables de la muerte de 65 trabajadores; hubo otras atrocidades, como cuando Vicente Fox, en mi cara, en Los Pinos, me pidió que hiciera cosas que no tienen moral: que inventara delitos a otras personas, que distrajéramos la atención; soy víctima de una serie de presiones de gente del gobierno o del PAN”. Nada hizo, y nunca presentó denuncia.
El 17 de enero de 2007, Felipe Calderón “mantuvo una entrevista informal” con Maribel Rico Montelongo, familiar de uno de los 65 mineros fallecidos en Pasta de Conchos. De acuerdo con la crónica del momento, el inquilino de Los Pinos aseguró que “la mina no será cerrada, además que se hará todo lo posible para que los cuerpos sean rescatados y tengan cristiana sepultura”. Dos semanas después, Industrial Minera México despidió a 250 trabajadores para “cerrar transitoriamente” la mina (sin perder la concesión federal), y la “cristiana sepultura” se mantiene en lista de espera. Cuatro años después de la tragedia, todo sigue igual: plena impunidad. Entonces, si se atiende el punto de acuerdo del pasado jueves, los senadores no estaban enterados de todo eso.
Tampoco recordaron que en septiembre de 2009 un grupo de sus colegas en Xicoténcatl presentó una iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversos artículos legales y obligar a las grandes empresas mineras que explotan esta riqueza nacional a enterar al fisco cantidades suculentamente mayores a las que hasta ahora aportan –si es que en realidad lo hacen–, dada las voluminosas utilidades que obtienen. Propuso el cobro de un derecho de 4 por ciento sobre el valor de los bienes sujetos a extracción, “cuantificado en el lugar donde se dan estas actividades, independientemente del domicilio fiscal de las empresas o particulares, titulares de la concesión o asignación minera correspondiente… Con el 4 por ciento se facilitaría el cálculo por tratarse de una tasa única, aplicable a todas las sustancias y minerales sujetos a la ley de referencia, y de paso se cumpliría con el principio constitucional de generalidad al dar trato igual a todos los sujetos afectos al gravamen”. ¿Cuál fue la respuesta de los que hoy exigen, vía punto de acuerdo, que se aclaren los privilegios de los consorcios mineros? Los senadores de la República desecharon la citada iniciativa y mantuvieron intocado el paraíso fiscal para dichos consorcios.
Menos recordarán que alrededor de 25 millones de hectáreas del territorio nacional han sido concesionadas por el gobierno federal para la explotación minera, de lo que el pueblo de México no recibe beneficio económico directo. Tampoco que las cuotas a pagar por los consorcios mineros son prácticamente simbólicas (en 2010 por hectárea: 5.08 pesos, la mínima, y 111.27 pesos, la máxima), sin impacto significativo en la recaudación fiscal, a pesar de las voluminosas utilidades obtenidas por los particulares del ramo; que la base para el pago de derechos “es una aberración económica”, porque la ley vigente no considera a los minerales producidos en función de su valor de comercialización, sino solamente de la superficie del terreno sobre el cual se otorga una concesión o asignación correspondiente.
De ese tamaño es el “olvido” de los senadores de la República, que en cuatro años tampoco hicieron nada.
Las rebanadas del pastel
Si hubiera alguna duda, en la propuesta calderonista de Ley de Ingresos 2011 se lee: “regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras, cero pesos, cero centavos”.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx • http://twitter.com/cafevega
viernes, octubre 15, 2010
Lenguaje de "Política" Actual. "Alianzas" ó Complicidades Corruptas.
La Jornada
Las “alianzas” (de nuevo)
Luis Javier Garrido
Las alianzas electorales” del PAN con el PRD con vistas al 2011 (y al 2012), que han suscitado amplio entusiasmo en algunos de los grupos más retardatarios de aquí y del exterior, y un amplio rechazo en los sectores democráticos de México, son antes que nada una estrategia de la ultraderecha mexicana contra el pueblo mexicano para seguirle cancelando sus derechos políticos fundamentales.
1. La estrategia perversa de las alianzas “PRD-PAN”, pactada por el grupo del presidente perredista Jesús Ortega con César Nava y otros personeros de Felipe Calderón, ha buscado de entrada confundir al pueblo de México, pues quiere hacer creer que entre el PAN, que se apoderó del gobierno por la vía del fraude, y el PRD, que fue objeto del despojo, hay una unión, y que, en consecuencia, entre el PRD y Acción Nacional puede existir una propuesta común. Pero no sólo eso, sino que entre el PAN y el PRI, que defienden proyectos afines y que en los últimos años han tenido una abierta complicidad para desmantelar a la nación, habría ahora una oposición irreconciliable, lo que tampoco es cierto.
2. La convergencia dócil del PRD con el PAN busca, además, con una lógica tortuosa, blanquear la imagen del blanquiazul para convalidarlo como un partido democrático. Lo que se pretende en ese sentido es que, tras el fracaso escandaloso de los dos gobiernos panistas, muchos de los votantes perredistas, por ignorancia o por corrupción, acepten contribuir a “limpiar” la imagen del PAN y a “legitimar” la imagen de la derecha mexicana, con el argumento falaz y maniqueo de que el PRI es “la encarnación del mal” y el PAN la del “bien”, sin percatarse de que lo que están haciendo es terminar con una alternativa electoral de izquierda.
3. El modelo político neoliberal, que se ha ido imponiendo al mundo entero, como sustento de una organización económica que privilegia los intereses de las grandes corporaciones por sobre los derechos de los pueblos, supone construir sistemas de partidos (de preferencia bipartidistas) en los que las distintas formaciones políticas no tengan diferencias sustanciales entre sí y avalen el modelo económico dominante plegándose a los dictados de los grandes intereses globales. Ese ha sido un objetivo de las mafias en el poder en México, en el que han estado coludidos los chuchos, y que ahora buscan acelerar: aniquilar al PRD como posible proyecto de izquierda, al no existir ya diferencias programáticas entre los tres principales partidos y carecer los mexicanos de las posibilidades de una verdadera alternancia, por lo que la estrategia de “las alianzas” PAN-PRD cumple un papel significativo en ese proceso.
4. Las “alianzas” entre partidos opuestos constituyen de esta manera un candado de seguridad para proteger los intereses dominantes, y es también con ese objetivo que los grupos mafiosos que controlan el poder económico y político en México las están impulsando. Los partidos que se alían no pueden tener una propuesta común más que en aspectos irrelevantes, pero renuncian además en esta coyuntura a esgrimir sus tesis propias que son encerradas en un cajón, acelerándose el proceso de acceso a cargos públicos… y de claudicaciones.
5. El argumento de que en casos extraordinarios es válido que partidos de izquierda se alíen con partidos de derecha democráticos para terminar con regímenes de excepción y dictatoriales es válido, pero no es el caso de México por una razón sencilla: el PAN no es un partido democrático. En 2006 el PAN instrumentó un descomunal fraude con la colaboración del PRI para robarle la elección presidencial no nada más a Andrés Manuel López Obrador sino al pueblo de México, y sus gobiernos a nivel federal y local han sido más antidemocráticos, corruptos y entreguistas que los del PRI, por lo que aliarse con los panistas con ese argumento, como lo preconizan los chuchos todos los días ante los micrófonos de Televisa, es un acto aberrante y carente de ética, contrario a los intereses del pueblo mexicano. Las alianzas del PRD con el PAN a nivel local parecieron justificarse en el pasado porque el PAN se pretendía democrático y se desconocían los “acuerdos secretos” que tenía con Salinas, pero a la luz de lo acontecido no hay justificación política ni ética alguna para ello.
6. La pretensión de los defensores de “las alianzas” de que éstas tienen como objetivo liquidar el caciquismo y la corrupción que, según insisten, serían fundamento del poder del PRI, es absolutamente mentirosa, ya que en los estados gobernados por panistas hay tanto o más narcotráfico, corrupción y caciquismo que en los gobernados por priístas, y porque además “las alianzas” PAN-PRD no tienen afinidad “con las propuestas más progresistas del país”, como sostiene de manera equivocada en su extravío Marcelo Ebrard, partidario de éstas (La Jornada, 12/10/10). Baste ver que en los tres casos donde triunfaron en 2010 postularon a ex priístas, por no insistir en que en Puebla la “alianza” PAN-PRD llevó a la gubernatura al candidato de Elba Esther Gordillo.
7. El argumento de que las “alianzas” entre partidos opuestos facilitan “la gobernabilidad” al propiciar que el Legislativo deje de ser contrapeso del Ejecutivo es, por otra parte, de carácter totalitario. La clave del régimen presidencial es que el Congreso esté en manos de un partido opuesto al del Presidente, como ha sido el caso en Estados Unidos durante la mayor parte de su historia. Esta tesis aberrante la sostuvo el lunes 11 el ex rector De la Fuente, quien tras descalificar a López Obrador por su oposición a estas “alianzas”, las elogió como la vía para alcanzar “mayorías estables”, que según él conducen a una relación “más funcional” entre los poderes, presentándose de paso como el candidato idóneo del aliancismo y “de la sociedad civil” para 2012 (para lo que dice está hablando con los “actores políticos”), según destacaron a ocho columnas varios matutinos (Milenio Diario, 12/10/10), sin parecer darse cuenta este aspirante de que la “alianza” de conservadores y liberales en Gran Bretaña de 2010, que pone como ejemplo, es la de dos partidos de la derecha.
8. Las “alianzas” PAN-PRD fueron delineadas desde 2008 cuando el gobierno calderonista buscó imponer a Ortega al frente del PRD con la finalidad de evitar una candidatura de López Obrador en 2012. Los diferendos crecientes entre el PAN y el PRI en torno a cuál de los dos partidos correspondería la Presidencia de México, evidenciados en la “ponencia” de Carlos Salinas de Gortari al festejarse los 20 años del IFE el 12 de octubre, han llevado sin embargo al gobierno panista, aterrado ante el 2012, a presentarlas como un elemento clave para vencer al PRI: no en 2012 sino desde ahora, en 2011, y por eso busca hacer creer que se idearon para ir contra Enrique Peña Nieto, aunque en la situación actual le sean imprescindibles a Calderón para tratar de doblegar al tricolor.
9. El objetivo fundamental de dichas “alianzas” es, sin embargo, político, y busca por eso no sólo maicear y enquistar en los gobiernos locales a los chuchos sino ofrecerles todo para 2012, a fin de tratar de cerrarle a López Obrador el camino hacia Los Pinos.
10. La extrema derecha busca al aliarse con el PRD confundir a los mexicanos, lavar su imagen, terminar con una alternativa electoral de izquierda, proteger sus intereses, consolidar el régimen, alcanzar un control absoluto del poder, cimentar un presidencialismo más autoritario, liquidar a Peña Nieto y, sobre todo, cerrarle el camino a Andrés Manuel, cancelándole derechos al pueblo. Mucho, para tan mediocres actores políticos.
Las “alianzas” (de nuevo)
Luis Javier Garrido
Las alianzas electorales” del PAN con el PRD con vistas al 2011 (y al 2012), que han suscitado amplio entusiasmo en algunos de los grupos más retardatarios de aquí y del exterior, y un amplio rechazo en los sectores democráticos de México, son antes que nada una estrategia de la ultraderecha mexicana contra el pueblo mexicano para seguirle cancelando sus derechos políticos fundamentales.
1. La estrategia perversa de las alianzas “PRD-PAN”, pactada por el grupo del presidente perredista Jesús Ortega con César Nava y otros personeros de Felipe Calderón, ha buscado de entrada confundir al pueblo de México, pues quiere hacer creer que entre el PAN, que se apoderó del gobierno por la vía del fraude, y el PRD, que fue objeto del despojo, hay una unión, y que, en consecuencia, entre el PRD y Acción Nacional puede existir una propuesta común. Pero no sólo eso, sino que entre el PAN y el PRI, que defienden proyectos afines y que en los últimos años han tenido una abierta complicidad para desmantelar a la nación, habría ahora una oposición irreconciliable, lo que tampoco es cierto.
2. La convergencia dócil del PRD con el PAN busca, además, con una lógica tortuosa, blanquear la imagen del blanquiazul para convalidarlo como un partido democrático. Lo que se pretende en ese sentido es que, tras el fracaso escandaloso de los dos gobiernos panistas, muchos de los votantes perredistas, por ignorancia o por corrupción, acepten contribuir a “limpiar” la imagen del PAN y a “legitimar” la imagen de la derecha mexicana, con el argumento falaz y maniqueo de que el PRI es “la encarnación del mal” y el PAN la del “bien”, sin percatarse de que lo que están haciendo es terminar con una alternativa electoral de izquierda.
3. El modelo político neoliberal, que se ha ido imponiendo al mundo entero, como sustento de una organización económica que privilegia los intereses de las grandes corporaciones por sobre los derechos de los pueblos, supone construir sistemas de partidos (de preferencia bipartidistas) en los que las distintas formaciones políticas no tengan diferencias sustanciales entre sí y avalen el modelo económico dominante plegándose a los dictados de los grandes intereses globales. Ese ha sido un objetivo de las mafias en el poder en México, en el que han estado coludidos los chuchos, y que ahora buscan acelerar: aniquilar al PRD como posible proyecto de izquierda, al no existir ya diferencias programáticas entre los tres principales partidos y carecer los mexicanos de las posibilidades de una verdadera alternancia, por lo que la estrategia de “las alianzas” PAN-PRD cumple un papel significativo en ese proceso.
4. Las “alianzas” entre partidos opuestos constituyen de esta manera un candado de seguridad para proteger los intereses dominantes, y es también con ese objetivo que los grupos mafiosos que controlan el poder económico y político en México las están impulsando. Los partidos que se alían no pueden tener una propuesta común más que en aspectos irrelevantes, pero renuncian además en esta coyuntura a esgrimir sus tesis propias que son encerradas en un cajón, acelerándose el proceso de acceso a cargos públicos… y de claudicaciones.
5. El argumento de que en casos extraordinarios es válido que partidos de izquierda se alíen con partidos de derecha democráticos para terminar con regímenes de excepción y dictatoriales es válido, pero no es el caso de México por una razón sencilla: el PAN no es un partido democrático. En 2006 el PAN instrumentó un descomunal fraude con la colaboración del PRI para robarle la elección presidencial no nada más a Andrés Manuel López Obrador sino al pueblo de México, y sus gobiernos a nivel federal y local han sido más antidemocráticos, corruptos y entreguistas que los del PRI, por lo que aliarse con los panistas con ese argumento, como lo preconizan los chuchos todos los días ante los micrófonos de Televisa, es un acto aberrante y carente de ética, contrario a los intereses del pueblo mexicano. Las alianzas del PRD con el PAN a nivel local parecieron justificarse en el pasado porque el PAN se pretendía democrático y se desconocían los “acuerdos secretos” que tenía con Salinas, pero a la luz de lo acontecido no hay justificación política ni ética alguna para ello.
6. La pretensión de los defensores de “las alianzas” de que éstas tienen como objetivo liquidar el caciquismo y la corrupción que, según insisten, serían fundamento del poder del PRI, es absolutamente mentirosa, ya que en los estados gobernados por panistas hay tanto o más narcotráfico, corrupción y caciquismo que en los gobernados por priístas, y porque además “las alianzas” PAN-PRD no tienen afinidad “con las propuestas más progresistas del país”, como sostiene de manera equivocada en su extravío Marcelo Ebrard, partidario de éstas (La Jornada, 12/10/10). Baste ver que en los tres casos donde triunfaron en 2010 postularon a ex priístas, por no insistir en que en Puebla la “alianza” PAN-PRD llevó a la gubernatura al candidato de Elba Esther Gordillo.
7. El argumento de que las “alianzas” entre partidos opuestos facilitan “la gobernabilidad” al propiciar que el Legislativo deje de ser contrapeso del Ejecutivo es, por otra parte, de carácter totalitario. La clave del régimen presidencial es que el Congreso esté en manos de un partido opuesto al del Presidente, como ha sido el caso en Estados Unidos durante la mayor parte de su historia. Esta tesis aberrante la sostuvo el lunes 11 el ex rector De la Fuente, quien tras descalificar a López Obrador por su oposición a estas “alianzas”, las elogió como la vía para alcanzar “mayorías estables”, que según él conducen a una relación “más funcional” entre los poderes, presentándose de paso como el candidato idóneo del aliancismo y “de la sociedad civil” para 2012 (para lo que dice está hablando con los “actores políticos”), según destacaron a ocho columnas varios matutinos (Milenio Diario, 12/10/10), sin parecer darse cuenta este aspirante de que la “alianza” de conservadores y liberales en Gran Bretaña de 2010, que pone como ejemplo, es la de dos partidos de la derecha.
8. Las “alianzas” PAN-PRD fueron delineadas desde 2008 cuando el gobierno calderonista buscó imponer a Ortega al frente del PRD con la finalidad de evitar una candidatura de López Obrador en 2012. Los diferendos crecientes entre el PAN y el PRI en torno a cuál de los dos partidos correspondería la Presidencia de México, evidenciados en la “ponencia” de Carlos Salinas de Gortari al festejarse los 20 años del IFE el 12 de octubre, han llevado sin embargo al gobierno panista, aterrado ante el 2012, a presentarlas como un elemento clave para vencer al PRI: no en 2012 sino desde ahora, en 2011, y por eso busca hacer creer que se idearon para ir contra Enrique Peña Nieto, aunque en la situación actual le sean imprescindibles a Calderón para tratar de doblegar al tricolor.
9. El objetivo fundamental de dichas “alianzas” es, sin embargo, político, y busca por eso no sólo maicear y enquistar en los gobiernos locales a los chuchos sino ofrecerles todo para 2012, a fin de tratar de cerrarle a López Obrador el camino hacia Los Pinos.
10. La extrema derecha busca al aliarse con el PRD confundir a los mexicanos, lavar su imagen, terminar con una alternativa electoral de izquierda, proteger sus intereses, consolidar el régimen, alcanzar un control absoluto del poder, cimentar un presidencialismo más autoritario, liquidar a Peña Nieto y, sobre todo, cerrarle el camino a Andrés Manuel, cancelándole derechos al pueblo. Mucho, para tan mediocres actores políticos.
miércoles, octubre 13, 2010
México en el DesPeña...
México SA
El Senado privatiza al país
Otra vez la dupla PRI-PAN
Ortega y su PRD en el éter
Carlos Fernández-Vega
Aunque en los hechos la privatización a ultranza se registra desde hace tres décadas (a partir del gobierno de Miguel de la Madrid), desde ayer (gracias a la propuesta de Felipe Calderón y a su aprobación final por el Senado de la República; sólo falta la ratificación de la Cámara de Diputados) ya no existe pretexto que valga para mantener el nombre oficial del país, de tal suerte que, acorde con la realidad nacional y con los intereses del grupo en el poder, es válida no sólo su modificación, sino su actualización en el marco del sueño neoliberal: de Estados Unidos Mexicanos pasaría, sin más, a México, Sociedad Anónima.
Así, México dejará de ser lo que artificialmente se ha intentado mantener como una República “democrática, representativa y federal”, y legalmente pasará, gracias al inquilino de Los Pinos y al voto mayoritario del PAN y del PRI, a funcionar abiertamente como una empresa privada en la que el último lugar en la escala de toma decisiones lo ocupará el gobierno federal (a partir de ahora operará como simple oficialía de partes) y el propio Congreso (en su nuevo carácter de agente colocador de contratos). Todo ello, según el dictamen respectivo, para “impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, incentivar la inversión, atender necesidades sociales e impulsar el empleo y el crecimiento económico de manera más ágil”.
Eso y más promueve la Ley de Asociaciones Público-Privadas que ayer fue aprobada, en lo general y en lo particular por el Senado de la República (85 votos a favor, 8 en contra, cero abstenciones). La nueva legislación (que deberá pasar por el tamiz de San Lázaro, aunque todo indica que el asunto está más que planchado) permite, entre otras tantas cosas, que particulares presten servicios públicos, y que mediante simples concursos, sin licitación, se otorguen y/o asignen las concesiones, permisos, contratos y otras autorizaciones (hasta por 40 años, obviamente renovables) que requiera la iniciativa privada (ya se sabe qué tipo de IP) para explotar servicios hasta ahora constitucionalmente reservados al gobierno federal.
Además, las dependencias del sector público federal podrán asociarse con particulares (incluidos proyectos no solicitados por el gobierno) para construir infraestructura mediante esquemas distintos a los contemplados por la Ley de Obras Públicas y Servicios, así como por la Ley de Adquisiciones. En un arranque de nostalgia, de última hora la bancada tricolor en Xicoténcatl modificó la minuta original para excluir a la industria petrolera (no mencionó a la eléctrica) y a los fideicomisos gubernamentales de este tipo de asociaciones para “evitar una posible privatización”. Sin embargo, la aclaración completa incluye la siguiente leyenda: “tratándose de hidrocarburos, no podrán emplearse en las actividades sustantivas de carácter productivo ni en las de petroquímica distinta a la básica; ello sin perjuicio de mantener la disposición genérica para las demás actividades reservadas en las que se excluye la participación del sector privado”. Lo mejor del caso es que “la interpretación de esta ley queda reservada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, es decir, a la tradicional privatizadora de los bienes nacionales y “rescatista” del gran capital.
El pasado 10 de noviembre Felipe Calderón envió la respectiva iniciativa de ley al Senado de la República. En marzo de 2010 comenzó su discusión, y a finales de abril se aprobó en lo general. Se dejó para el segundo periodo ordinario de sesiones la discusión en lo particular, y ayer se aprobó integralmente con 85 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones. Aquí surge la duda: los senadores del PRI, PAN y PVEM (los que votaron a favor) suman 89, de tal suerte que cuatro de ellos se ausentaron; los del PRD, PT y Convergencia suman 36, pero de estas fracciones parlamentarias sólo se registraron ocho votos en contra, por lo que 28 de ellos no estuvieron presentes en la sesión (tal vez celebrando alianzas); adicionalmente, tres senadores no pertenecen a grupo partidista alguno, pero por lo visto todos ellos tuvieron cosas más importantes que hacer.
Para los fines de esta nueva legislación, los senadores se llevaron varias leyes entre las patas (reformaron, adicionaron o de plano derogaron disposiciones de las leyes de Obras Públicas, de Adquisiciones, de Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de Expropiación, Agraria, General de Bienes Nacionales, y el Código Federal de Procedimientos Civiles) con tal de delegar a la iniciativa privada lo que constitucionalmente le corresponde al gobierno federal, y de hacer jugosos negocios privados con lo que originalmente se concibió como una responsabilidad con objetivos sociales. Entonces, se desmantela al Estado y en su lugar surge, rozagante, el gran capital para hacer jugosos negocios en donde le plazca (de la seguridad pública a la educación; de los servicios de salud a la electricidad, y así por el estilo). Si esto no es igual a México Sociedad Anónima, entonces qué es.
La ley aprobada subraya que “si bien la negociación con los particulares se viene realizando en la práctica (ergo se viene violando la ley), se estima procedente contar con un fundamento jurídico expreso que otorgue certeza a las partes involucradas y regule ciertos aspectos de estos esquemas”. Pues bien, aquí faltó el rigor del análisis, porque el balance de la política privatizadora en el país es verdaderamente desastroso. Desde Miguel de la Madrid se argumentó que al “enflacar” al gobierno el resultado inmediato sería la “liberación de recursos públicos para atender las necesidades sociales” y “promover el crecimiento y el desarrollo”. Lo repitieron hasta el cansancio Salinas y Zedillo (Fox y Calderón ha sido más cínicos), y allí están los desastrosos resultados de tres décadas privatizadoras: la deuda social imparable, a paso veloz, al igual que la concentración de la riqueza y el ingreso, la corrupción a todo galope y el país en el limbo.
Las rebanadas del pastel
En su efímero paso por la Secretaría de Energía, Felipe Calderón exigió a los senadores (17 de noviembre de 2003) otorgar “certeza jurídica” a la inversión privada en sectores exclusivos del Estado, para lo cual insistía en realizar modificaciones constitucionales, porque “a nadie le conviene una legislación que suponga riesgos” (para el capital). Pues bien, no se registraron cambios a la Constitución, pero a partir de ayer ya logró todo lo demás.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx • http://twitter.com/cafevega
El Senado privatiza al país
Otra vez la dupla PRI-PAN
Ortega y su PRD en el éter
Carlos Fernández-Vega
Aunque en los hechos la privatización a ultranza se registra desde hace tres décadas (a partir del gobierno de Miguel de la Madrid), desde ayer (gracias a la propuesta de Felipe Calderón y a su aprobación final por el Senado de la República; sólo falta la ratificación de la Cámara de Diputados) ya no existe pretexto que valga para mantener el nombre oficial del país, de tal suerte que, acorde con la realidad nacional y con los intereses del grupo en el poder, es válida no sólo su modificación, sino su actualización en el marco del sueño neoliberal: de Estados Unidos Mexicanos pasaría, sin más, a México, Sociedad Anónima.
Así, México dejará de ser lo que artificialmente se ha intentado mantener como una República “democrática, representativa y federal”, y legalmente pasará, gracias al inquilino de Los Pinos y al voto mayoritario del PAN y del PRI, a funcionar abiertamente como una empresa privada en la que el último lugar en la escala de toma decisiones lo ocupará el gobierno federal (a partir de ahora operará como simple oficialía de partes) y el propio Congreso (en su nuevo carácter de agente colocador de contratos). Todo ello, según el dictamen respectivo, para “impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, incentivar la inversión, atender necesidades sociales e impulsar el empleo y el crecimiento económico de manera más ágil”.
Eso y más promueve la Ley de Asociaciones Público-Privadas que ayer fue aprobada, en lo general y en lo particular por el Senado de la República (85 votos a favor, 8 en contra, cero abstenciones). La nueva legislación (que deberá pasar por el tamiz de San Lázaro, aunque todo indica que el asunto está más que planchado) permite, entre otras tantas cosas, que particulares presten servicios públicos, y que mediante simples concursos, sin licitación, se otorguen y/o asignen las concesiones, permisos, contratos y otras autorizaciones (hasta por 40 años, obviamente renovables) que requiera la iniciativa privada (ya se sabe qué tipo de IP) para explotar servicios hasta ahora constitucionalmente reservados al gobierno federal.
Además, las dependencias del sector público federal podrán asociarse con particulares (incluidos proyectos no solicitados por el gobierno) para construir infraestructura mediante esquemas distintos a los contemplados por la Ley de Obras Públicas y Servicios, así como por la Ley de Adquisiciones. En un arranque de nostalgia, de última hora la bancada tricolor en Xicoténcatl modificó la minuta original para excluir a la industria petrolera (no mencionó a la eléctrica) y a los fideicomisos gubernamentales de este tipo de asociaciones para “evitar una posible privatización”. Sin embargo, la aclaración completa incluye la siguiente leyenda: “tratándose de hidrocarburos, no podrán emplearse en las actividades sustantivas de carácter productivo ni en las de petroquímica distinta a la básica; ello sin perjuicio de mantener la disposición genérica para las demás actividades reservadas en las que se excluye la participación del sector privado”. Lo mejor del caso es que “la interpretación de esta ley queda reservada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, es decir, a la tradicional privatizadora de los bienes nacionales y “rescatista” del gran capital.
El pasado 10 de noviembre Felipe Calderón envió la respectiva iniciativa de ley al Senado de la República. En marzo de 2010 comenzó su discusión, y a finales de abril se aprobó en lo general. Se dejó para el segundo periodo ordinario de sesiones la discusión en lo particular, y ayer se aprobó integralmente con 85 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones. Aquí surge la duda: los senadores del PRI, PAN y PVEM (los que votaron a favor) suman 89, de tal suerte que cuatro de ellos se ausentaron; los del PRD, PT y Convergencia suman 36, pero de estas fracciones parlamentarias sólo se registraron ocho votos en contra, por lo que 28 de ellos no estuvieron presentes en la sesión (tal vez celebrando alianzas); adicionalmente, tres senadores no pertenecen a grupo partidista alguno, pero por lo visto todos ellos tuvieron cosas más importantes que hacer.
Para los fines de esta nueva legislación, los senadores se llevaron varias leyes entre las patas (reformaron, adicionaron o de plano derogaron disposiciones de las leyes de Obras Públicas, de Adquisiciones, de Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de Expropiación, Agraria, General de Bienes Nacionales, y el Código Federal de Procedimientos Civiles) con tal de delegar a la iniciativa privada lo que constitucionalmente le corresponde al gobierno federal, y de hacer jugosos negocios privados con lo que originalmente se concibió como una responsabilidad con objetivos sociales. Entonces, se desmantela al Estado y en su lugar surge, rozagante, el gran capital para hacer jugosos negocios en donde le plazca (de la seguridad pública a la educación; de los servicios de salud a la electricidad, y así por el estilo). Si esto no es igual a México Sociedad Anónima, entonces qué es.
La ley aprobada subraya que “si bien la negociación con los particulares se viene realizando en la práctica (ergo se viene violando la ley), se estima procedente contar con un fundamento jurídico expreso que otorgue certeza a las partes involucradas y regule ciertos aspectos de estos esquemas”. Pues bien, aquí faltó el rigor del análisis, porque el balance de la política privatizadora en el país es verdaderamente desastroso. Desde Miguel de la Madrid se argumentó que al “enflacar” al gobierno el resultado inmediato sería la “liberación de recursos públicos para atender las necesidades sociales” y “promover el crecimiento y el desarrollo”. Lo repitieron hasta el cansancio Salinas y Zedillo (Fox y Calderón ha sido más cínicos), y allí están los desastrosos resultados de tres décadas privatizadoras: la deuda social imparable, a paso veloz, al igual que la concentración de la riqueza y el ingreso, la corrupción a todo galope y el país en el limbo.
Las rebanadas del pastel
En su efímero paso por la Secretaría de Energía, Felipe Calderón exigió a los senadores (17 de noviembre de 2003) otorgar “certeza jurídica” a la inversión privada en sectores exclusivos del Estado, para lo cual insistía en realizar modificaciones constitucionales, porque “a nadie le conviene una legislación que suponga riesgos” (para el capital). Pues bien, no se registraron cambios a la Constitución, pero a partir de ayer ya logró todo lo demás.
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