La Jornada
Contra el Establishment
En respaldo a Julian Assange
Michael Moore *
Amigos: este lunes, en la corte de magistrados de Westminster, en Londres, los abogados del fundador de Wikileaks, Julian Assange, presentaron un documento enviado por mí, el cual expresa que he aportado 20 mil dólares para la libertad bajo fianza de Assange.
Además, públicamente ofrezco el apoyo de mi sitio web, mis servidores, mis nombres de dominio y cuanto más pueda hacer para que Wikileaks siga vivo y floreciente y continúe su labor de exponer los crímenes urdidos y cometidos en secreto en nuestro nombre y con el dinero de nuestros impuestos.
Con una mentira nos llevaron a la guerra en Irak. Hoy, cientos de miles están muertos. Imaginemos lo que habría pasado si los hombres que planeaban esta guerra en 2002 hubieran tenido que enfrentarse a un Wikileaks. Tal vez no habrían logrado ponerla en marcha. La única razón por la que creyeron salirse con la suya fue porque tenían un velo de secreto garantizado. Hoy esa garantía se ha desgarrado, y espero que jamás puedan volver a operar en secreto.
¿Y entonces por qué, luego de prestar tan importante servicio público, está hoy bajo un ataque tan virulento? Porque ha destapado y avergonzado a quienes han ocultado la verdad. Los denuestos e imprecaciones han rebasado los límites:
El senador Joe Lieberman dice que Wikileaks “ha violado la Ley de Espionaje”.
George Packer, de The New Yorker, llama a Assange “supersigiloso, de pellejo delgado y megalómano”.
Sarah Palin sostiene que es “un agente antiestadunidense con las manos manchadas de sangre”, a quien habría que perseguir “con la misma urgencia con que perseguimos a Al Qaeda y los líderes del talibán”.
El demócrata Bob Beckel (director de la campaña de Walter Mondale en 1984) declaró en Fox acerca de Assange: “Un muerto no puede andar filtrando cosas… sólo hay una forma de hacerlo: meterle un plomazo ilegalmente al hijo de puta”.
La republicana Mary Matalin afirma: “Es un sicópata, un sociópata… un terrorista”.
El representante Peter A. King califica a Wikileaks de “organización terrorista”.
¡Y vaya que lo es! Existe para aterrorizar a los mentirosos y belicosos que han llevado a la ruina a nuestra nación y a otras. Tal vez la próxima guerra no será tan fácil porque se ha volteado la mesa y hoy el Gran Hermano es el vigilado… ¡por nosotros!
Wikileaks merece nuestra gratitud por arrojar una gran luz sobre todo esto. Pero parte de la prensa corporativa ha minimizado su importancia (“poco de lo que ha revelado es nuevo”) o lo retrata como un sitio anarquista (“lo que hace es simplemente publicar todo sin ningún control editorial”). Wikileaks existe, en parte, porque los medios dominantes no han cumplido su responsabilidad. Las corporaciones que son sus propietarias han diezmado las redacciones e impedido que los buenos periodistas hagan su trabajo. Ya no hay tiempo ni dinero para el periodismo de investigación. Expresado en términos sencillos, los inversionistas no quieren que esas noticias se revelen. Les gusta que sus secretos se mantengan… en secreto.
Les pido imaginar cuán diferente sería nuestro mundo si Wikileaks hubiera existido hace 10 años. Hay una foto en la que se ve a George Bush a punto de recibir un documento “secreto”, el 6 de agosto de 2001. El encabezado dice: “Bin Laden, decidido a golpear a EU”. Y en esas páginas se indicaba que la FBI había descubierto “actividad sospechosa en este país, consistente con preparativos para aerosecuestros”. Bush decidió hacer caso omiso y siguió de pesca cuatro semanas más.
Pero, si ese documento se hubiera filtrado, ¿cómo habríamos reaccionado? ¿Qué habrían hecho el Congreso o la federación de aeronáutica? ¿No habría habido una probabilidad mayor de que alguien hubiera hecho algo si todos hubiéramos sabido del inminente ataque de Bin Laden usando aviones comerciales?
Pero en ese tiempo sólo unos cuantos tuvieron acceso al documento. Porque el secreto se mantuvo, un instructor de vuelo de San Diego que observó que dos estudiantes sauditas no mostraban interés por el despegue y el aterrizaje no hizo nada. Si se hubiera enterado por el periódico de la amenaza de Bin Laden, ¿tal vez habría llamado a la FBI? (La ex agente de la FBI Coleen Rowley, distinguida por la revista Time como una de las personas del año 2002, escribió un artículo en Los Angeles Times en el que señala que si Wikileaks hubiera existido en 2001, se pudo haber evitado el 11-S.)
¿Y si en 2003 el público hubiera leído los memorandos “secretos” en los que Dick Cheney presionaba a la CIA para que le diera “hechos” que le permitieran construir su argumentación falsa a favor de la guerra? Si un Wikileaks hubiera revelado en ese tiempo que en verdad no existían armas de destrucción masiva, ¿creen ustedes que se habría lanzado la guerra? ¿O más bien habría habido un clamor para que se arrestara a Cheney?
Apertura, transparencia: ésas son de las pocas armas con que cuenta el pueblo para protegerse de los poderosos y los corruptos. ¿Qué hubiera pasado si en los días posteriores al 4 de agosto de 1964 –luego que el Pentágono fabricó la mentira de que un barco nuestro fue atacado por norvietnamitas en el golfo de Tonkin– un Wikileaks nos hubiera dicho que todo fue un invento? Supongo que tal vez 58 mil de nuestros soldados (y dos millones de vietnamitas) hoy estarían vivos. En cambio, los secretos los mataron.
Para quienes creen que está mal apoyar a Julian Assange por las acusaciones de ataque sexual que lo tienen sujeto a proceso, todo lo que pido es que no sean ingenuos respecto de los ardides de un gobierno cuando decide ir tras su presa. Por favor, nunca crean la “historia oficial”. Y, al margen de que Assange sea culpable o inocente (entérense de la extraña naturaleza de las acusaciones), tiene derecho a presentar una fianza y defenderse. Me he unido a los cineastas Ken Loach y John Pilger y a la escritora Jemima Khan para reunir el dinero, y espero que el juez acepte la fianza y lo ponga en libertad este martes.
¿Podría Wikileaks causar algún daño imprevisto a las negociaciones diplomáticas de Washington en todo el mundo? Tal vez. Pero ése es el precio que se paga cuando un gobierno lleva a sus ciudadanos a la guerra con base en una mentira. Su castigo es que alguien encienda las luces de la habitación para ver qué se trae entre manos. No se puede confiar en él. Así pues, ahora todo cable, todo correo que escriba está abierto al escrutinio. Lo sentimos, pero eso quiso. Ahora nadie puede esconderse de la verdad. Nadie puede maquinar la próxima gran mentira si sabe que tal vez sea expuesta.
Y eso es lo mejor que Wikileaks ha hecho. Dios lo bendiga por salvar vidas con sus acciones. Y quien se sume al esfuerzo por apoyar a Wikileaks realiza un verdadero acto de patriotismo. Punto.
Hoy estaré en ausencia al lado de Julian Assange en Londres y pido al juez que le conceda la libertad. Estoy dispuesto a garantizar su retorno al tribunal con el dinero de la fianza que he enviado. No permitiré que esta injusticia quede sin respuesta.
Sinceramente, Michael Moore.
* Tomado del portal de Internet:
http://michaelmoore.com
miércoles, diciembre 15, 2010
martes, diciembre 07, 2010
Wikileaks. Que miedo da verse al espejo
La Jornada
Pascual sobre Wikileaks
Pedro Miguel
Hace unos días el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, publicó en El Universal un artículo (“WikiLeaks en contexto”, http://bit.ly/fx6GOC) dedicado a justificar los actos de su gobierno puestos al descubierto por el sitio que preside el perseguido Julian Assange. El diplomático pone empeño en ganarse su salario mediante contorsiones conceptuales dignas del Cirque du Soleil y mentiras tan graciosas como que para Estados Unidos la relación más importante en el mundo es la que tiene con México. Buena palmada en el hombro a quienes quieran recibirla, de entre los habitantes de esto que –se confirma en los cables difundidos– Washington considera su patio trasero.
Sí: los “canales de comunicación confidenciales” son un instrumento aceptado y de uso cotidiano por todas las diplomacias del mundo. Valga, pues, la hipocresía, porque el oficio diplomático la requiere. Pero las revelaciones de Wikileaks van más allá de los chismorreos digitales entre, pongamos por caso, Pascual y Hillary Clinton: refiere el espionaje personal a altos funcionarios de la ONU, conspiraciones para proteger a criminales de guerra, connivencias lamentables con regímenes podridos (el que encabeza Calderón es sólo uno de la larga nómina), empeños depravados (no se me ocurre otra palabra) por mantener en la más absoluta indefensión a los infelices que se encuentran secuestrados en Guantánamo, conspiraciones para ocultar los vuelos “secretos” de la CIA en los que se llevó a incontables personas a centros de tortura o al matadero, mantenimiento de gobiernos títeres, como en Irak y Afganistán o, si nos remontamos un poco atrás en el tiempo, la agresión contra Panamá en la que los gringos asesinaron a miles de civiles inermes. En suma, lo grave no es que Washington y sus misiones diplomáticas intercambien secretitos al oído, sino que el gobierno de Estados Unidos sea tan irremediablemente inmoral y canalla (el que comete o es capaz de cometer acciones viles contra otros, dice María Moliner) en su trato con el resto del mundo.
Valga la hipocresía, pero es de una vileza sin límites que Pascual pretenda poner a Wikileaks y a Assange como “traidores a la transparencia” y como amenazas contra “los activistas en pro de la democracia, las mujeres valerosas que combaten para terminar el flagelo de la trata con fines de explotación sexual, los científicos de buena conciencia que buscan detener la proliferación nuclear, la policía y los juristas que trabajan para mantener el imperio de la ley”.
Las revelaciones del acosado sitio internético no afectan la imagen ni la tarea diplomática de las personas ni de los gobernantes que actúan con apego a la ética. Son devastadoras, en cambio, para los regímenes que, como los de Estados Unidos y México, ejercen el poder mediante la mentira, la infracción de las leyes, la traición sistemática a los intereses de sus respectivas poblaciones y el sometimiento a los designios de las corporaciones empresariales.
No es necesario contar con mucha información sobre Julian Assange y lo que él representa para ver en él y en Wikileaks un esfuerzo heroico de transparencia y de control social sobre gobiernos desbocados. Indigna, pero no sorprende, que miembros prominentes de la clase política de Estados Unidos y de Canadá llamen públicamente (¿qué dirán en privado?) a asesinar al australiano; se comprende, aunque resulte escandalosa, la furia judicial, propagandística y diplomática de Washington contra el sitio internético y su director. Los ciudadanos honestos y de buena voluntad de todo el mundo tenemos el deber de dar un apoyo efectivo a Assange y a Wikileaks (http://bit.ly/htWa7n) difundiendo sus revelaciones, pero también mediante donaciones de dinero. Si los grandes poderes políticos, mediáticos y económicos lograran acallarlos, la transparencia y la democracia en el planeta sufrirían una derrota devastadora y una regresión terrible a la oscuridad del poder totalitario, inescrutable e impune.
navegaciones@yahoo.com - http://navegaciones.blogspot.com - http://Twitter.com/Navegaciones
Pascual sobre Wikileaks
Pedro Miguel
Hace unos días el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, publicó en El Universal un artículo (“WikiLeaks en contexto”, http://bit.ly/fx6GOC) dedicado a justificar los actos de su gobierno puestos al descubierto por el sitio que preside el perseguido Julian Assange. El diplomático pone empeño en ganarse su salario mediante contorsiones conceptuales dignas del Cirque du Soleil y mentiras tan graciosas como que para Estados Unidos la relación más importante en el mundo es la que tiene con México. Buena palmada en el hombro a quienes quieran recibirla, de entre los habitantes de esto que –se confirma en los cables difundidos– Washington considera su patio trasero.
Sí: los “canales de comunicación confidenciales” son un instrumento aceptado y de uso cotidiano por todas las diplomacias del mundo. Valga, pues, la hipocresía, porque el oficio diplomático la requiere. Pero las revelaciones de Wikileaks van más allá de los chismorreos digitales entre, pongamos por caso, Pascual y Hillary Clinton: refiere el espionaje personal a altos funcionarios de la ONU, conspiraciones para proteger a criminales de guerra, connivencias lamentables con regímenes podridos (el que encabeza Calderón es sólo uno de la larga nómina), empeños depravados (no se me ocurre otra palabra) por mantener en la más absoluta indefensión a los infelices que se encuentran secuestrados en Guantánamo, conspiraciones para ocultar los vuelos “secretos” de la CIA en los que se llevó a incontables personas a centros de tortura o al matadero, mantenimiento de gobiernos títeres, como en Irak y Afganistán o, si nos remontamos un poco atrás en el tiempo, la agresión contra Panamá en la que los gringos asesinaron a miles de civiles inermes. En suma, lo grave no es que Washington y sus misiones diplomáticas intercambien secretitos al oído, sino que el gobierno de Estados Unidos sea tan irremediablemente inmoral y canalla (el que comete o es capaz de cometer acciones viles contra otros, dice María Moliner) en su trato con el resto del mundo.
Valga la hipocresía, pero es de una vileza sin límites que Pascual pretenda poner a Wikileaks y a Assange como “traidores a la transparencia” y como amenazas contra “los activistas en pro de la democracia, las mujeres valerosas que combaten para terminar el flagelo de la trata con fines de explotación sexual, los científicos de buena conciencia que buscan detener la proliferación nuclear, la policía y los juristas que trabajan para mantener el imperio de la ley”.
Las revelaciones del acosado sitio internético no afectan la imagen ni la tarea diplomática de las personas ni de los gobernantes que actúan con apego a la ética. Son devastadoras, en cambio, para los regímenes que, como los de Estados Unidos y México, ejercen el poder mediante la mentira, la infracción de las leyes, la traición sistemática a los intereses de sus respectivas poblaciones y el sometimiento a los designios de las corporaciones empresariales.
No es necesario contar con mucha información sobre Julian Assange y lo que él representa para ver en él y en Wikileaks un esfuerzo heroico de transparencia y de control social sobre gobiernos desbocados. Indigna, pero no sorprende, que miembros prominentes de la clase política de Estados Unidos y de Canadá llamen públicamente (¿qué dirán en privado?) a asesinar al australiano; se comprende, aunque resulte escandalosa, la furia judicial, propagandística y diplomática de Washington contra el sitio internético y su director. Los ciudadanos honestos y de buena voluntad de todo el mundo tenemos el deber de dar un apoyo efectivo a Assange y a Wikileaks (http://bit.ly/htWa7n) difundiendo sus revelaciones, pero también mediante donaciones de dinero. Si los grandes poderes políticos, mediáticos y económicos lograran acallarlos, la transparencia y la democracia en el planeta sufrirían una derrota devastadora y una regresión terrible a la oscuridad del poder totalitario, inescrutable e impune.
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lunes, diciembre 06, 2010
Oaxaca. Derrota de la tiranía
La Jornada
Recuento de los daños
Gustavo Esteva
Hay ambiente de fiesta en Oaxaca. No es para menos. La pesadilla terminó. Pero la celebración es confusa, tensa y contradictoria. Oaxaca es zona de desastre. No podrá emprenderse la regeneración sin el recuento de los daños.
Hay daños aparatosos y evidentes. Las ideas modernizadoras de Ulises Ruiz mezclaban incompetencia con arbitrariedad, corrupción y mal gusto. Para convertir el centro de Oaxaca en una especie de encementada estación del Metro derribó árboles centenarios y elevó en varios grados la temperatura. Instaló un bodrio sin terminar en el auditorio de la Guelaguetza. Arruinó fuentes, monumentos, cerros, vialidades… Para recorridos permanentes de policías y militares, dedicados a proteger a gatilleros profesionales que asesinaron a líderes sociales en el centro de la ciudad.
El recuento es interminable. No hay área de la realidad oaxaqueña que no sufra las consecuencias de esa desastrosa administración. Pero en ninguna la situación es tan grave como en el desgarramiento del tejido social y la ruptura del marco institucional.
En septiembre de 2006 traté de describir en este espacio lo que ocurría:
“C. P. Snow preguntó a Mao qué se necesitaba para gobernar. ‘Un ejército popular, alimento suficiente y confianza del pueblo en sus gobernantes’, respondió Mao. ‘Si sólo tuviera una de las tres cosas, ¿cuál preferiría?’, preguntó Snow. ‘Puedo prescindir del ejército. La gente puede apretarse los cinturones por un tiempo. Pero sin su confianza no es posible gobernar’. Por algún tiempo más Ulises Ruiz podría seguir abusando de la paciencia del pueblo oaxaqueño. Pero ya nunca podrá gobernarlo. Ha perdido su confianza.”
Pienso que no me equivoqué. Ruiz nunca pudo volver a gobernar. Siguió usando los recursos públicos para su beneficio y el de sus allegados, para realizar cualquier cantidad de destrozos y para una apabullante campaña de comunicación que intentaba crear la apariencia de que gobernaba con éxitos innumerables. Pero dejó de cumplir la función de gobierno. Ya nadie le creyó.
Al comentar de qué manera caía a pedazos la estructura del poder, agregué en aquel artículo:
“El desvanecimiento del poder político aviva la amenaza de represión. Existe el prejuicio de que la gobernabilidad puede crearse o restablecerse recurriendo al monopolio estatal de la violencia. Es un equívoco propio de aficionados. Dos hombres de inmenso poder, Mao y Napoleón, lo sabían por experiencia. Mao prefería la confianza al ejército. Napoleón fue más contundente: ‘Las bayonetas sirven para muchas cosas, pero no para sentarse en ellas’. Descalificaba así a los aprendices de dictador que pretendían gobernar con el ejército o la policía. Las armas pueden hacer mucho daño, hasta destruir un país –como acaba de verse en Irak o Líbano. Pero con ellas no se puede gobernar (La Jornada 11/9/06).”
Calderón comete cada día ese error de aficionado, cuyas limitaciones se hicieron enteramente evidentes en el caso de Oaxaca.
El poder político es una relación, no una cosa; no es algo que tengan los gobernantes y puedan usar cuando quieran. Esa relación, que supone credibilidad y confianza, es el aglutinante de todo gobierno. Decía Monsi que la permanencia de Ulises Ruiz era un enigma y una ofensa a la República. Tenía razón. Las clases políticas, desde el Presidente y el Congreso hasta los dirigentes partidarios y los caciques, respaldaron abiertamente a Ulises Ruiz hasta el último día de su mandato. Por la medida en que despreciaron profundamente a la gente y la sustancia misma del poder político lo destruyeron.
Se dice con fundamento que padecimos en julio una elección de Estado. Todos los recursos públicos fueron empleados en apoyo del guardaespaldas de Ulises Ruiz: dineros, cooptaciones, coerción, asesinatos, intimidaciones… La sociedad derrotó al Estado.
Es preciso tomar seriamente en cuenta que la gente votó contra esa mafia política, más que en favor de Gabino Cué Monteagudo, aunque éste tenga credibilidad y simpatía en un sector importante de la población. Mal haría el nuevo gobernador en apoyarse solamente en ese sector y dar por sentado que su legitimidad le permitirá gobernar. El poder político que lo permitiría ha sido destruido. No puede contar con él. No lo adquirió al tomar protesta.
Tanto Cué como buena parte de su gabinete tienen escasa o nula experiencia administrativa. Eso puede ser una ventaja, porque no traen consigo la carga del lodo criminal que caracteriza hace años al gobierno de Oaxaca. Pero se volverá contra ellos si se pierden en los entresijos burocráticos y sus laberintos sin salida, en vez de optar por el único camino viable: escuchar a la gente, encontrar formas de servirla y atender sus exigencias, empezando por la que clama por hacer justicia y poner fin a la impunidad.
gustavoesteva@gmail.com
Recuento de los daños
Gustavo Esteva
Hay ambiente de fiesta en Oaxaca. No es para menos. La pesadilla terminó. Pero la celebración es confusa, tensa y contradictoria. Oaxaca es zona de desastre. No podrá emprenderse la regeneración sin el recuento de los daños.
Hay daños aparatosos y evidentes. Las ideas modernizadoras de Ulises Ruiz mezclaban incompetencia con arbitrariedad, corrupción y mal gusto. Para convertir el centro de Oaxaca en una especie de encementada estación del Metro derribó árboles centenarios y elevó en varios grados la temperatura. Instaló un bodrio sin terminar en el auditorio de la Guelaguetza. Arruinó fuentes, monumentos, cerros, vialidades… Para recorridos permanentes de policías y militares, dedicados a proteger a gatilleros profesionales que asesinaron a líderes sociales en el centro de la ciudad.
El recuento es interminable. No hay área de la realidad oaxaqueña que no sufra las consecuencias de esa desastrosa administración. Pero en ninguna la situación es tan grave como en el desgarramiento del tejido social y la ruptura del marco institucional.
En septiembre de 2006 traté de describir en este espacio lo que ocurría:
“C. P. Snow preguntó a Mao qué se necesitaba para gobernar. ‘Un ejército popular, alimento suficiente y confianza del pueblo en sus gobernantes’, respondió Mao. ‘Si sólo tuviera una de las tres cosas, ¿cuál preferiría?’, preguntó Snow. ‘Puedo prescindir del ejército. La gente puede apretarse los cinturones por un tiempo. Pero sin su confianza no es posible gobernar’. Por algún tiempo más Ulises Ruiz podría seguir abusando de la paciencia del pueblo oaxaqueño. Pero ya nunca podrá gobernarlo. Ha perdido su confianza.”
Pienso que no me equivoqué. Ruiz nunca pudo volver a gobernar. Siguió usando los recursos públicos para su beneficio y el de sus allegados, para realizar cualquier cantidad de destrozos y para una apabullante campaña de comunicación que intentaba crear la apariencia de que gobernaba con éxitos innumerables. Pero dejó de cumplir la función de gobierno. Ya nadie le creyó.
Al comentar de qué manera caía a pedazos la estructura del poder, agregué en aquel artículo:
“El desvanecimiento del poder político aviva la amenaza de represión. Existe el prejuicio de que la gobernabilidad puede crearse o restablecerse recurriendo al monopolio estatal de la violencia. Es un equívoco propio de aficionados. Dos hombres de inmenso poder, Mao y Napoleón, lo sabían por experiencia. Mao prefería la confianza al ejército. Napoleón fue más contundente: ‘Las bayonetas sirven para muchas cosas, pero no para sentarse en ellas’. Descalificaba así a los aprendices de dictador que pretendían gobernar con el ejército o la policía. Las armas pueden hacer mucho daño, hasta destruir un país –como acaba de verse en Irak o Líbano. Pero con ellas no se puede gobernar (La Jornada 11/9/06).”
Calderón comete cada día ese error de aficionado, cuyas limitaciones se hicieron enteramente evidentes en el caso de Oaxaca.
El poder político es una relación, no una cosa; no es algo que tengan los gobernantes y puedan usar cuando quieran. Esa relación, que supone credibilidad y confianza, es el aglutinante de todo gobierno. Decía Monsi que la permanencia de Ulises Ruiz era un enigma y una ofensa a la República. Tenía razón. Las clases políticas, desde el Presidente y el Congreso hasta los dirigentes partidarios y los caciques, respaldaron abiertamente a Ulises Ruiz hasta el último día de su mandato. Por la medida en que despreciaron profundamente a la gente y la sustancia misma del poder político lo destruyeron.
Se dice con fundamento que padecimos en julio una elección de Estado. Todos los recursos públicos fueron empleados en apoyo del guardaespaldas de Ulises Ruiz: dineros, cooptaciones, coerción, asesinatos, intimidaciones… La sociedad derrotó al Estado.
Es preciso tomar seriamente en cuenta que la gente votó contra esa mafia política, más que en favor de Gabino Cué Monteagudo, aunque éste tenga credibilidad y simpatía en un sector importante de la población. Mal haría el nuevo gobernador en apoyarse solamente en ese sector y dar por sentado que su legitimidad le permitirá gobernar. El poder político que lo permitiría ha sido destruido. No puede contar con él. No lo adquirió al tomar protesta.
Tanto Cué como buena parte de su gabinete tienen escasa o nula experiencia administrativa. Eso puede ser una ventaja, porque no traen consigo la carga del lodo criminal que caracteriza hace años al gobierno de Oaxaca. Pero se volverá contra ellos si se pierden en los entresijos burocráticos y sus laberintos sin salida, en vez de optar por el único camino viable: escuchar a la gente, encontrar formas de servirla y atender sus exigencias, empezando por la que clama por hacer justicia y poner fin a la impunidad.
gustavoesteva@gmail.com
Estado fallido.Fallos de la Suprema Corte.
La Jornada
Lamentable sentencia
Bernardo Bátiz V.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad, resolvió la controversia constitucional que el Congreso interpuso contra un reglamento del Poder Ejecutivo que permite a Petróleos Mexicanos (Pemex) firmar con la iniciativa privada los llamados contratos incentivados”. La resolución en mi opinión es lamentable por varios conceptos.
En primer lugar, y únicamente en cuanto a la forma, da en que pensar el hecho de que Juan José Suárez Coppel, director de la paraestatal, haya anunciado públicamente el pasado martes 30 de noviembre que la empresa que dirige se asociará a consorcios privados a través de los citados contratos, cuando aún no se sabía si la Corte los avalaría; en efecto, fue dos días después cuando el alto tribunal resolvió que el reglamento que los autoriza no es anticonstitucional.
El señor Coppel ¿es adivino?, ¿cómo supo que podría celebrar los tan controvertidos contratos incentivados, si el martes el asunto aún no se resolvía? O bien, como con malicia podemos imaginarlo, sus cabilderos y abogados ya conocían el sentido de la resolución de la Suprema Corte. Esta coincidencia entre las opiniones del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no tendría nada de sospechosa si el responsable de Pemex no hubiera festejado una resolución aún no dictada.
El otro punto que debe preocuparnos es la confusión que hay entre el concepto de rectoría del Estado y el de control y propiedad nacional sobre los hidrocarburos. En efecto, la resolución consideró válido el reglamento, pero agregó que para evitar que en el acto de aplicación del mismo se ponga en entredicho “la rectoría del Estado”, y para que por ningún motivo se comprometa la propiedad y control sobre los hidrocarburos, en la misma resolución delimitaron las facultades que tiene el consejo de administración para suscribir convenios con particulares.
El ministro José Ramón Cossío, por su parte, se preocupó por que la resolución “respete el espíritu del artículo 27 constitucional sobre rectoría del Estado en hidrocarburos”; tanto él como el presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y la ministra ponente se preocuparon más por los detalles que por el fondo del problema, que radica en determinar si el reglamento contradice disposiciones constitucionales.
Veamos sí o no. El artículo 28 de la Constitución dice textualmente: “Las comunicaciones vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional”, y agrega enseguida: “El Estado ejercerá en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación”.
En cambio, respecto de las áreas estratégicas definidas por los artículos 25 y 28 no hay posibilidad de otorgar ni concesiones ni permisos, ni siquiera la de compartir actividades con otras entidades que no sean las del Estado mismo.
Sobre el petróleo, la nación mexicana no ejerce rectoría alguna, porque sobre el petróleo la intervención del Estado mexicano es directa y ejerce la propiedad y el control de manera exclusiva sobre los organismos que en su caso se establezcan y que no son otros que Pemex y sus subsidiarias. El Estado ejerce rectoría sobre otros, sobre personas y empresas distintas al Estado, sujetas a su jurisdicción, no sobre sí mismo.
Para mayor claridad en cuanto a la diferencia entre áreas estratégicas y prioritarias, transcribo los siguientes párrafos del artículo 25 constitucional: “El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 párrafo cuarto de la Constitución (hidrocarburos y otros), manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan”.
En el siguiente párrafo se dispone: “Asimismo podrá participar (el sector público) por sí o con los sectores social y privado de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo”.
La distinción constitucional es nítida: en las áreas estratégicas, entre las que está el petróleo, el gobierno federal tiene a su cargo, de manera exclusiva, la propiedad y el control; en cambio, en las áreas prioritarias podrá participar por sí o con los sectores social y privado, y tendrá la rectoría.
Los señores ministros olvidaron la diferencia entre áreas prioritarias y áreas estratégicas y lamentablemente olvidaron también lo que significa estrategia, que es en primer término un concepto militar y también el arte de dirigir asuntos o negocios en los que hay contrarios o competidores. En el mundo globalizado y complicado de hoy los estados soberanos están obligados a defenderse, a reservarse el manejo de los sectores de la economía que les permitan conservar y afianzar su soberanía. Los contratos por los que se entregan franjas del territorio mexicano para ser exploradas y explotadas por empresas extranjeras son sin duda medidas estratégicas, sólo que de nuestros competidores; no son nuestras estrategias: son las de ellos. La estrategia mexicana debiera ser preservar para sí esas áreas y sectores y no entregarlos en manos de quienes compiten con nuestro país en el extranjero y en el comercio mundial por conducto de las empresas que, precisamente, son las rivales de Pemex en el agitado mundo de las ambiciones desatadas del capitalismo actual y del sistema de competencia sin freno ni medida.
jusbbv@hotmail.com
Lamentable sentencia
Bernardo Bátiz V.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad, resolvió la controversia constitucional que el Congreso interpuso contra un reglamento del Poder Ejecutivo que permite a Petróleos Mexicanos (Pemex) firmar con la iniciativa privada los llamados contratos incentivados”. La resolución en mi opinión es lamentable por varios conceptos.
En primer lugar, y únicamente en cuanto a la forma, da en que pensar el hecho de que Juan José Suárez Coppel, director de la paraestatal, haya anunciado públicamente el pasado martes 30 de noviembre que la empresa que dirige se asociará a consorcios privados a través de los citados contratos, cuando aún no se sabía si la Corte los avalaría; en efecto, fue dos días después cuando el alto tribunal resolvió que el reglamento que los autoriza no es anticonstitucional.
El señor Coppel ¿es adivino?, ¿cómo supo que podría celebrar los tan controvertidos contratos incentivados, si el martes el asunto aún no se resolvía? O bien, como con malicia podemos imaginarlo, sus cabilderos y abogados ya conocían el sentido de la resolución de la Suprema Corte. Esta coincidencia entre las opiniones del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no tendría nada de sospechosa si el responsable de Pemex no hubiera festejado una resolución aún no dictada.
El otro punto que debe preocuparnos es la confusión que hay entre el concepto de rectoría del Estado y el de control y propiedad nacional sobre los hidrocarburos. En efecto, la resolución consideró válido el reglamento, pero agregó que para evitar que en el acto de aplicación del mismo se ponga en entredicho “la rectoría del Estado”, y para que por ningún motivo se comprometa la propiedad y control sobre los hidrocarburos, en la misma resolución delimitaron las facultades que tiene el consejo de administración para suscribir convenios con particulares.
El ministro José Ramón Cossío, por su parte, se preocupó por que la resolución “respete el espíritu del artículo 27 constitucional sobre rectoría del Estado en hidrocarburos”; tanto él como el presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y la ministra ponente se preocuparon más por los detalles que por el fondo del problema, que radica en determinar si el reglamento contradice disposiciones constitucionales.
Veamos sí o no. El artículo 28 de la Constitución dice textualmente: “Las comunicaciones vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional”, y agrega enseguida: “El Estado ejercerá en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación”.
En cambio, respecto de las áreas estratégicas definidas por los artículos 25 y 28 no hay posibilidad de otorgar ni concesiones ni permisos, ni siquiera la de compartir actividades con otras entidades que no sean las del Estado mismo.
Sobre el petróleo, la nación mexicana no ejerce rectoría alguna, porque sobre el petróleo la intervención del Estado mexicano es directa y ejerce la propiedad y el control de manera exclusiva sobre los organismos que en su caso se establezcan y que no son otros que Pemex y sus subsidiarias. El Estado ejerce rectoría sobre otros, sobre personas y empresas distintas al Estado, sujetas a su jurisdicción, no sobre sí mismo.
Para mayor claridad en cuanto a la diferencia entre áreas estratégicas y prioritarias, transcribo los siguientes párrafos del artículo 25 constitucional: “El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 párrafo cuarto de la Constitución (hidrocarburos y otros), manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan”.
En el siguiente párrafo se dispone: “Asimismo podrá participar (el sector público) por sí o con los sectores social y privado de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo”.
La distinción constitucional es nítida: en las áreas estratégicas, entre las que está el petróleo, el gobierno federal tiene a su cargo, de manera exclusiva, la propiedad y el control; en cambio, en las áreas prioritarias podrá participar por sí o con los sectores social y privado, y tendrá la rectoría.
Los señores ministros olvidaron la diferencia entre áreas prioritarias y áreas estratégicas y lamentablemente olvidaron también lo que significa estrategia, que es en primer término un concepto militar y también el arte de dirigir asuntos o negocios en los que hay contrarios o competidores. En el mundo globalizado y complicado de hoy los estados soberanos están obligados a defenderse, a reservarse el manejo de los sectores de la economía que les permitan conservar y afianzar su soberanía. Los contratos por los que se entregan franjas del territorio mexicano para ser exploradas y explotadas por empresas extranjeras son sin duda medidas estratégicas, sólo que de nuestros competidores; no son nuestras estrategias: son las de ellos. La estrategia mexicana debiera ser preservar para sí esas áreas y sectores y no entregarlos en manos de quienes compiten con nuestro país en el extranjero y en el comercio mundial por conducto de las empresas que, precisamente, son las rivales de Pemex en el agitado mundo de las ambiciones desatadas del capitalismo actual y del sistema de competencia sin freno ni medida.
jusbbv@hotmail.com
miércoles, diciembre 01, 2010
México. Brutal Endeudamiento.
La Jornada
México SA
">¿Que nada crece? ¡Falso!
">¿Y dónde está la deuda?
">Calderón te dirá cómo
Carlos Fernández-Vega
Si alguien cree que en este estancado país nada crece (más allá de los jugosos beneficios de las minorías), está totalmente equivocado. Cierto es que no avanza la economía, la generación de empleo formal ni el bienestar social, pero eso es lo de menos. Por ello, para despejar dudas y enfriar pasiones, la Secretaría de Hacienda documenta uno de los mayores crecimientos en el cuatrienio calderonista: el del débito público, que se ha incrementado casi al mismo ritmo que el número de discursos triunfalistas pronunciados por el inquilino de Los Pinos (alrededor de 3 mil 300 en el periodo).
En dicho cuatrienio, la deuda neta (interna y externa) del sector público federal registra un incremento superior a 10 puntos porcentuales del producto interno bruto, para significar a estas alturas más de 30 por ciento del PIB. El saldo de este débito pasó de un billón 985 mil 730 millones de pesos, el primero de diciembre de 2006, a 4 billones 40 mil 850 millones al cierre de octubre pasado, es decir, un crecimiento de 103.5 por ciento.
Si esta noticia fuera divulgada por el aparato propagandístico del inquilino de Los Pinos, los genios de la comunicación oficial la presumirían como una excelente buena nueva para los mexicanos, y como una muestra irrebatible de que el susodicho cumple sus promesas de campaña, toda vez que, producto de su exitosa política contra cíclica, de su indoblegable determinación de mantener sanas las finanzas públicas y etcétera, etcétera, por fin algo reporta crecimiento en el país. Sin embargo, tales genios sólo le entran a los temas de Wonderland, y el del débito público ni de lejos está incorporado al México rosa que promueven desde Los Pinos.
Cierto es: los maquillistas del aparato propagandístico de Felipe en el gobierno de las maravillas no caben aquí. A más de 2 billones de pesos asciende la nueva deuda contratada por el sector público (gobierno federal, organismos y empresas gubernamentales e instituciones de la banca de desarrollo) durante el cuatrienio calderonista (hasta octubre de 2010) de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda. Lo anterior se traduce en un endeudamiento promedio de mil 407.6 millones por cada día de estancia en Los Pinos de Felipe Calderón, el mismo personaje que en campaña electoral se desgañitó para convencer a propios y extraños sobre el “peligro para México” que significaba endeudarse de forma voluminosa. Pues bien, el desgañitado registra lo que hace suponer un récord nacional: haiga sido como haiga sido, a la deuda pública le ha sumado casi un millón de pesos por minuto de inquilinaje en la residencia oficial.
Allá por los tiempos de su campaña electoral, a mediados de 2006, Calderón, su partido político (léase textual) y el gran capital que lo financió, pregonaban: “si llega a presidente nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador, un peligro para México… López Obrador juega con el futuro de México… sus grandes ideas sólo significan deuda y más deuda para todos… con López Obrador perdemos todos… hay formas de que México avance sin deudas… ¡Felipe Calderón te dirá cómo!”
Pues bien, Felipe Calderón nunca dijo cómo; no demostró que “hay formas de que México avance sin deudas”, y por lo visto, tampoco con deudas; los “grandes planes” y las “grandes ideas de deuda y más deuda” que según él proponían sus contrarios en los hechos no eran más que sus propias “ideas”, sólo que vergonzantes, y para rematar, sin López Obrador, el inquilino de Los Pinos endeudó al país, vino la crisis, la devaluación y el desempleo, de tal suerte que, a un elevadísimo costo, los habitantes de este país ya se dieron cuenta quién resultó ser el verdadero “peligro para México.”
La Secretaría de Hacienda lo explica así: “en lo que corresponde al saldo de la deuda interna neta del sector público federal, al cierre de octubre de 2010 se ubicó en 2 billones 802.1 mil millones de pesos, lo que significa un incremento de 208 mil millones de pesos respecto del saldo registrado al cierre de 2009. Ello obedece a un endeudamiento interno neto durante el periodo de 234.3 mil millones de pesos, a ajustes contables al alza por 26.5 mil millones de pesos y por un incremento en las disponibilidades del sector público federal por 52.9 mil millones de pesos. Por su parte, el saldo de la deuda externa neta del sector público federal fue de 99.1 mil millones de dólares, monto superior en 7 mil 300 millones de dólares al registrado al cierre de 2009. Este resultado se explica por un endeudamiento externo neto de 5 mil 400 millones de dólares, así como por ajustes contables al alza por 400 mil dólares y por una disminución en las disponibilidades del sector público federal por 1.5 mil millones de dólares”.
El primero de diciembre de 2006 el paquete completo de deuda pública sumó un billón 985 mil 730 millones de pesos; al 31 de octubre de 2010, 4 billones 40 mil 850 millones. En la primera de las fechas mencionadas la deuda por habitante ascendió a 18 mil 912 pesos; al 31 de octubre de 2010 cada mexicano (incluidos los recién nacidos) debía 37 mil 415 pesos (casi dos salarios mínimos anuales), prácticamente el doble que cuatro años atrás. Así, se derrumba el mito de que en México nada crece.
Dado el esfuerzo que implica contratar débito a la velocidad de la luz, era de esperar que una deuda pública mayor en 2 billones y pico de pesos tendría algún impacto positivo en el raquítico comportamiento económico del país, en la generación de empleo, en el bienestar de la población (en el desarrollo, pues), pero lamentablemente no se ve por ningún lado. Casi 200 mil millones de dólares adicionales en deuda, bien invertidos, bien canalizados a los sectores productivos, no sólo impulsarían el aparato económico, sino que permitirían generar suficientes excedentes para pagar, tranquilamente, ese mismo endeudamiento. No ha sido así, pero cada mexicano debe más. Entonces, ¿qué ha hecho con ese enorme volumen de recursos? ¿Dónde fueron invertidos? ¿Para qué fue contratado?
Las rebanadas del pastel
La duda ofende: dice Manlio Fabio Beltrones que Felipe Calderón debe definirse, porque “o se es presidente de México o se es presidente de un partido; no puede ser las dos cosas”. ¿Acaso México tiene presidente?
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx • http://twitter.com/cafevega
México SA
">¿Que nada crece? ¡Falso!
">¿Y dónde está la deuda?
">Calderón te dirá cómo
Carlos Fernández-Vega
Si alguien cree que en este estancado país nada crece (más allá de los jugosos beneficios de las minorías), está totalmente equivocado. Cierto es que no avanza la economía, la generación de empleo formal ni el bienestar social, pero eso es lo de menos. Por ello, para despejar dudas y enfriar pasiones, la Secretaría de Hacienda documenta uno de los mayores crecimientos en el cuatrienio calderonista: el del débito público, que se ha incrementado casi al mismo ritmo que el número de discursos triunfalistas pronunciados por el inquilino de Los Pinos (alrededor de 3 mil 300 en el periodo).
En dicho cuatrienio, la deuda neta (interna y externa) del sector público federal registra un incremento superior a 10 puntos porcentuales del producto interno bruto, para significar a estas alturas más de 30 por ciento del PIB. El saldo de este débito pasó de un billón 985 mil 730 millones de pesos, el primero de diciembre de 2006, a 4 billones 40 mil 850 millones al cierre de octubre pasado, es decir, un crecimiento de 103.5 por ciento.
Si esta noticia fuera divulgada por el aparato propagandístico del inquilino de Los Pinos, los genios de la comunicación oficial la presumirían como una excelente buena nueva para los mexicanos, y como una muestra irrebatible de que el susodicho cumple sus promesas de campaña, toda vez que, producto de su exitosa política contra cíclica, de su indoblegable determinación de mantener sanas las finanzas públicas y etcétera, etcétera, por fin algo reporta crecimiento en el país. Sin embargo, tales genios sólo le entran a los temas de Wonderland, y el del débito público ni de lejos está incorporado al México rosa que promueven desde Los Pinos.
Cierto es: los maquillistas del aparato propagandístico de Felipe en el gobierno de las maravillas no caben aquí. A más de 2 billones de pesos asciende la nueva deuda contratada por el sector público (gobierno federal, organismos y empresas gubernamentales e instituciones de la banca de desarrollo) durante el cuatrienio calderonista (hasta octubre de 2010) de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda. Lo anterior se traduce en un endeudamiento promedio de mil 407.6 millones por cada día de estancia en Los Pinos de Felipe Calderón, el mismo personaje que en campaña electoral se desgañitó para convencer a propios y extraños sobre el “peligro para México” que significaba endeudarse de forma voluminosa. Pues bien, el desgañitado registra lo que hace suponer un récord nacional: haiga sido como haiga sido, a la deuda pública le ha sumado casi un millón de pesos por minuto de inquilinaje en la residencia oficial.
Allá por los tiempos de su campaña electoral, a mediados de 2006, Calderón, su partido político (léase textual) y el gran capital que lo financió, pregonaban: “si llega a presidente nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador, un peligro para México… López Obrador juega con el futuro de México… sus grandes ideas sólo significan deuda y más deuda para todos… con López Obrador perdemos todos… hay formas de que México avance sin deudas… ¡Felipe Calderón te dirá cómo!”
Pues bien, Felipe Calderón nunca dijo cómo; no demostró que “hay formas de que México avance sin deudas”, y por lo visto, tampoco con deudas; los “grandes planes” y las “grandes ideas de deuda y más deuda” que según él proponían sus contrarios en los hechos no eran más que sus propias “ideas”, sólo que vergonzantes, y para rematar, sin López Obrador, el inquilino de Los Pinos endeudó al país, vino la crisis, la devaluación y el desempleo, de tal suerte que, a un elevadísimo costo, los habitantes de este país ya se dieron cuenta quién resultó ser el verdadero “peligro para México.”
La Secretaría de Hacienda lo explica así: “en lo que corresponde al saldo de la deuda interna neta del sector público federal, al cierre de octubre de 2010 se ubicó en 2 billones 802.1 mil millones de pesos, lo que significa un incremento de 208 mil millones de pesos respecto del saldo registrado al cierre de 2009. Ello obedece a un endeudamiento interno neto durante el periodo de 234.3 mil millones de pesos, a ajustes contables al alza por 26.5 mil millones de pesos y por un incremento en las disponibilidades del sector público federal por 52.9 mil millones de pesos. Por su parte, el saldo de la deuda externa neta del sector público federal fue de 99.1 mil millones de dólares, monto superior en 7 mil 300 millones de dólares al registrado al cierre de 2009. Este resultado se explica por un endeudamiento externo neto de 5 mil 400 millones de dólares, así como por ajustes contables al alza por 400 mil dólares y por una disminución en las disponibilidades del sector público federal por 1.5 mil millones de dólares”.
El primero de diciembre de 2006 el paquete completo de deuda pública sumó un billón 985 mil 730 millones de pesos; al 31 de octubre de 2010, 4 billones 40 mil 850 millones. En la primera de las fechas mencionadas la deuda por habitante ascendió a 18 mil 912 pesos; al 31 de octubre de 2010 cada mexicano (incluidos los recién nacidos) debía 37 mil 415 pesos (casi dos salarios mínimos anuales), prácticamente el doble que cuatro años atrás. Así, se derrumba el mito de que en México nada crece.
Dado el esfuerzo que implica contratar débito a la velocidad de la luz, era de esperar que una deuda pública mayor en 2 billones y pico de pesos tendría algún impacto positivo en el raquítico comportamiento económico del país, en la generación de empleo, en el bienestar de la población (en el desarrollo, pues), pero lamentablemente no se ve por ningún lado. Casi 200 mil millones de dólares adicionales en deuda, bien invertidos, bien canalizados a los sectores productivos, no sólo impulsarían el aparato económico, sino que permitirían generar suficientes excedentes para pagar, tranquilamente, ese mismo endeudamiento. No ha sido así, pero cada mexicano debe más. Entonces, ¿qué ha hecho con ese enorme volumen de recursos? ¿Dónde fueron invertidos? ¿Para qué fue contratado?
Las rebanadas del pastel
La duda ofende: dice Manlio Fabio Beltrones que Felipe Calderón debe definirse, porque “o se es presidente de México o se es presidente de un partido; no puede ser las dos cosas”. ¿Acaso México tiene presidente?
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martes, noviembre 30, 2010
México Ahora."Que se vayan todos"
La Jornada
Tono de despedida
Pedro Miguel
En su homilía por el año X del panismo, Felipe Calderón fue contundente y claro: a Acción Nacional en el poder se le debe todo lo bueno del país; el resto de las facciones políticas son responsables por los males de México. Las treinta y tantas mil muertes que van –según cifras oficiales– en su administración constituyen un medio humanista para alcanzar el bien supremo y, sí, desde ese punto de vista, pues resulta pertinente aplaudirlas y pedir más. Los saldos de miseria, desempleo, desigualdad, corrupción y dependencia generados por el calderonato son consecuencias ínfimas y pasajeras del colapso mundial sin precedente” (de veras, eso dijo) y en nada empañan los resultados de este gobierno glorioso en materia de creación de puestas de trabajo, combate a la marginación y a la pobreza, salubridad, educación, etcétera. Fox y Calderón, en la exégesis del segundo, son un par de humanistas (¿alguien dijo que el humanismo debía ser mínimamente letrado?) y lo que queda fuera de sus respectivas gestiones es desorden y autoritarismo.
Uno comprende que los políticos no anden muy sobrados de espíritu autocrítico, pero las distorsiones de la realidad formuladas por Calderón van un poco demasiado lejos, pues no agravian únicamente a la verdad, sino también son sumamente lesivas para lo que queda de vida política en el país, así se trate de la vida política acanallada, corroída por intereses ilegítimos y disminuida por cacicazgos y cotos de poder antidemocráticos que en estos diez años, lejos de haberse diluido, se han consolidado. O será que Gordillo Morales y Romero Deschamps son apellidos imaginarios, emanados de una pesadilla paranoica. Ah, y eso sin mencionar que si las expresiones de humanismo en el México actual son el foxismo y el calderonato, entonces el país está irremediablemente condenado a algo peor que la barbarie.
Así sea por su mendacidad desmesurada, el canto de Calerón al panismo gobernante tiene un tono de réquiem, de poder que se vuelve insostenible así sea por la extremada incoherencia de su propio discurso. El problema es que algo ha de venir después y que, con una alocución tan maniquea y falaz, Calderón hace más problemático, áspero y amargo el final de su gestión.
Y es que a estas alturas el país ya no está para otorgar legitimidades tardías y ni siquiera para denegarlas: el debate nacional ha de ser, más bien, cómo salir del estado de postración, descomposición y desintegración en el que lo están dejando Fox y Calderón: entre bodas telenoveleras, charcos de sangre y millones de exasperados. Por inclusión, ese mismo debate tendría que desarrollarse hasta en las filas del panismo, en las cúpulas del empresariado legal y en una clase política que está muy próxima a escuchar, de boca de la sociedad, la misma consigna que cimbró a Argentina hace unos años: “que se vayan todos”.
Cuando al calderonato aún le falta, nominalmente, un tercio de periodo que se antoja eterno, el balance del domingo tiene más tono de réquiem que de testamento, porque al grupo gobernante ya se le hizo demasiado tarde para rectificar y, en la medida en que sus estrategias políticas, económicas, sociales y de seguridad han conducido a otros tantos fracasos, ya no tiene capacidad para proponer –y menos, para ejecutar– soluciones: cada acto gubernamental constituye, más bien, la génesis de un problema adicional para un país ya agobiado por ellos.
Se puede mentir en muchos ámbitos y de muchas maneras, y hasta es posible lograr que algunos o muchos se traguen la mentira. Pero faltar a la verdad en un testamento político o en una despedida del poder –y lo que dijo Calderón el domingo tiene mucho de eso, a menos que de veras pretenda aferrarse, más allá del 2010, a la silla presidencial, en una forma tan ilegítima y torcida como llegó a ella– implica despejar toda duda razonable sobre las intenciones con las que se ha ejercido el poder. En el caso del primer presidente panista y de su sucesor impuesto, lo han hecho de mala fe.
navegaciones@yahoo.com - http://navegaciones.blogspot.com - http://twitter.com/@Navegaciones
Tono de despedida
Pedro Miguel
En su homilía por el año X del panismo, Felipe Calderón fue contundente y claro: a Acción Nacional en el poder se le debe todo lo bueno del país; el resto de las facciones políticas son responsables por los males de México. Las treinta y tantas mil muertes que van –según cifras oficiales– en su administración constituyen un medio humanista para alcanzar el bien supremo y, sí, desde ese punto de vista, pues resulta pertinente aplaudirlas y pedir más. Los saldos de miseria, desempleo, desigualdad, corrupción y dependencia generados por el calderonato son consecuencias ínfimas y pasajeras del colapso mundial sin precedente” (de veras, eso dijo) y en nada empañan los resultados de este gobierno glorioso en materia de creación de puestas de trabajo, combate a la marginación y a la pobreza, salubridad, educación, etcétera. Fox y Calderón, en la exégesis del segundo, son un par de humanistas (¿alguien dijo que el humanismo debía ser mínimamente letrado?) y lo que queda fuera de sus respectivas gestiones es desorden y autoritarismo.
Uno comprende que los políticos no anden muy sobrados de espíritu autocrítico, pero las distorsiones de la realidad formuladas por Calderón van un poco demasiado lejos, pues no agravian únicamente a la verdad, sino también son sumamente lesivas para lo que queda de vida política en el país, así se trate de la vida política acanallada, corroída por intereses ilegítimos y disminuida por cacicazgos y cotos de poder antidemocráticos que en estos diez años, lejos de haberse diluido, se han consolidado. O será que Gordillo Morales y Romero Deschamps son apellidos imaginarios, emanados de una pesadilla paranoica. Ah, y eso sin mencionar que si las expresiones de humanismo en el México actual son el foxismo y el calderonato, entonces el país está irremediablemente condenado a algo peor que la barbarie.
Así sea por su mendacidad desmesurada, el canto de Calerón al panismo gobernante tiene un tono de réquiem, de poder que se vuelve insostenible así sea por la extremada incoherencia de su propio discurso. El problema es que algo ha de venir después y que, con una alocución tan maniquea y falaz, Calderón hace más problemático, áspero y amargo el final de su gestión.
Y es que a estas alturas el país ya no está para otorgar legitimidades tardías y ni siquiera para denegarlas: el debate nacional ha de ser, más bien, cómo salir del estado de postración, descomposición y desintegración en el que lo están dejando Fox y Calderón: entre bodas telenoveleras, charcos de sangre y millones de exasperados. Por inclusión, ese mismo debate tendría que desarrollarse hasta en las filas del panismo, en las cúpulas del empresariado legal y en una clase política que está muy próxima a escuchar, de boca de la sociedad, la misma consigna que cimbró a Argentina hace unos años: “que se vayan todos”.
Cuando al calderonato aún le falta, nominalmente, un tercio de periodo que se antoja eterno, el balance del domingo tiene más tono de réquiem que de testamento, porque al grupo gobernante ya se le hizo demasiado tarde para rectificar y, en la medida en que sus estrategias políticas, económicas, sociales y de seguridad han conducido a otros tantos fracasos, ya no tiene capacidad para proponer –y menos, para ejecutar– soluciones: cada acto gubernamental constituye, más bien, la génesis de un problema adicional para un país ya agobiado por ellos.
Se puede mentir en muchos ámbitos y de muchas maneras, y hasta es posible lograr que algunos o muchos se traguen la mentira. Pero faltar a la verdad en un testamento político o en una despedida del poder –y lo que dijo Calderón el domingo tiene mucho de eso, a menos que de veras pretenda aferrarse, más allá del 2010, a la silla presidencial, en una forma tan ilegítima y torcida como llegó a ella– implica despejar toda duda razonable sobre las intenciones con las que se ha ejercido el poder. En el caso del primer presidente panista y de su sucesor impuesto, lo han hecho de mala fe.
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lunes, noviembre 29, 2010
LAGRIMAS Y RISAS
México SA
">Jelipe y sus borregos
">Qué envidia de país
">Tragedia, que repita
Carlos Fernández-Vega
">Jelipe y sus borregos
">Qué envidia de país
">Tragedia, que repita
Carlos Fernández-Vega
Estaba el inquilino de Los Pinos loco de contento, rodeado de sus 10 mil burócratas en el Auditorio Nacional y duro que te dale con sus grandes logros”, en particular, y los derivados de una década panista en el gobierno federal, en general, cuando alguien le dijo al oído: “ya párale, Jelipe, no seas güey, que las ácidas críticas que haces al ‘régimen del pasado’ en realidad parece un ejercicio autocrítico de tu arrasador paso y el de Vicente por la residencia oficial… ¿Cómo está eso de que ‘el México viejo nunca debe volver’, cuando en realidad nunca se ha ido?; por el contrario, tú y el Chente no han hecho otra cosa que reivindicarlo, sobre todo en aquello que dices de ineficiencia, complicidad, corrupción, impunidad y opacidad. ¡Sensatez, Jelipe, sensatez!”
Pero como el cuentacuentos de Los Pinos de eso no sabe ni le importa, aceleró y se siguió de boca, al más puro estilo foxista, hable que te hable de lo bien que ha hecho las cosas, de su exitoso gobierno y de los incalculables beneficios para los mexicanos, mientras la somnolienta borregada que le reunieron en el Auditorio Nacional (a costillas del erario, desde luego) intentaba desquitar la torta y el chesco garantizados como parte del acarreo, viva muestra del “México viejo que nunca debe volver”.
Felipe Calderón encabezó ayer uno de esos pomposos actos a modo que le fascinan (nadie lo cuestiona, nadie lo interpela, nadie pone en duda sus dichos y sus cifras) denominado “Encuentro ciudadano con motivo del cuarto año de gobierno” (lo “ciudadano” en realidad, no fue otra cosa que el acarreo de 10 mil burócratas cómodamente instalados en el Auditorio Nacional), donde, de acuerdo con el boletín de Los Pinos, “realizó una crónica del recuento de 10 grandes cambios de los gobiernos democráticos, de 2000 a 2010, que hoy permite a los mexicanos vivir mejor. Ellos son: la salud, educación, Desarrollo Social, Reducción de la Pobreza, Igualdad de Oportunidades, Infraestructura, Economía, Medio Ambiente, Seguridad Pública y Democracia” (así, con mayúsculas).
Producto de su idílico cuan inagotable inventario de “éxitos”, “logros” y “visión de futuro”, el inquilino de Los Pinos aseguró que (se respeta sintaxis): “de 2000 a 2010 será recordado en la historia por ser la década de la salud y de los gobiernos humanistas que crearon el Seguro Popular”. Craso error: los gobiernos panistas instalados en Los Pinos durante ese periodo en realidad serán recordados históricamente por ser los causantes de una segunda década perdida para los mexicanos (galardón que compartirán con las administraciones tecnocrático-priístas de los años 80, es decir, del “México viejo que nunca debe volver”). En los hechos, serán recordados por registrar el peor comportamiento económico en los últimos 30 años, el incremento de la pobreza, el mayor desempleo, la mayor expulsión de mano de obra, el decreciente bienestar social, el mayor número de muertos asociados a la psicótica actitud calderonista de “combatir” la inseguridad pública con mayor inseguridad pública, entre tantas otras cosas.
De nada sirvieron las advertencias sobre lo ridículo de su discurso y de que era notorio que a cada frase que pronunciaba le crecía la nariz. Calderón siguió y siguió, aunque también se dio tiempo para amenazar: “vamos por más, vamos por más porque nuestra obra no ha concluido… vamos por más, mexicanos, porque México no se merece quedar varado a la mitad del camino del cambio democrático que hemos emprendido y mucho menos la tragedia de regresar a lo antiguo, lo autoritario a lo irresponsable. Y no se lo merece, porque eso significa pobreza, corrupción, y negación o simulación de la libertad y del derecho”. Afuera del Auditorio Nacional, de pie, Gepetto, 6 millones de nuevos pobres, cerca de 3 millones de desempleados, 3.4 millones de hogares hambrientos en el país y demás beneficiarios de la década panista aplaudieron a rabiar.
He allí el fatuo resumen de cuatro años del cuentacuentos Calderón y diez de panismo, en su “democracia de, para y por los empresarios” (Fox dixit), instalados en Wonderland, mientras el México real se desmorona. Por ello, tragedia, lo que se llama tragedia nacional, sería que el PAN y personajes como Fox y Calderón repitieran en Los Pinos.
Pero no se alegren que aún falta: el inquilino de Los Pinos amenaza con repetir el numerito el primer día de diciembre (fecha en que se cumple su exitoso cuarto aniversario de estancia en la residencia oficial), para satisfacer a los masoquistas.
Las rebanadas del pastel
Desde Monterrey, José Luis Apodaca, especialista en cuestiones energéticas, envía el siguiente apunte: los voceros oficiales y oficiosos del régimen aseguran que “para destruir a Pemex la ruta más sencilla es obligarlo a tener tres refinerías como la planeada en Hidalgo, prohibir a privados transportar y distribuir gas natural y LP, darle el monopolio de los lubricantes y obligarlo a desarrollar plataformas marinas con un mínimo de contenido nacional de 75 por ciento”. Pues bien, “en la última década el gobierno federal ha aplicado una ruta más efectiva para avanzar en el antinacional objetivo de destruir a esta paraestatal: le sustrajo 5 billones de pesos de los ocho que obtuvo de ingresos por ventas, y le dejó recursos solamente para mal operar la empresa; contrató deuda a 20 años por 1.3 billones para atender las inversiones requeridas para incrementar la extracción de crudo, mediante el muy caro esquema Pidiregas que aplica una tasa anual de descuento superior a 10 por ciento en dólares; importó petrolíferos por 22 mil millones de dólares, monto suficiente para cubrir la inversión en dos refinerías de alta tecnología, con capacidad para procesar cada una 300 mil barriles diarios de crudo; con ello se hubiese activado la economía interna, el empleo y la captación de impuestos; designó como directores de la paraestatal a quienes creen que su principal objetivo es privatizar la industria petrolera, y desconocen cómo administrar eficazmente esta macroempresa. Esta falta de dirección ha propiciado un mayor paternalismo sindical que impide el aprovechamiento de 140 mil trabajadores. Y para demostrar que la privatización no necesariamente lleva a mejores resultados, en lo que respecta a la distribución y venta de gas natural en las grandes ciudades mencionaremos el caso de Monterrey, en que la trasnacional que ganó el concurso se comprometió en 1998 a mantener una tarifa de distribución de 40 pesos por gigacaloría y actualmente el precio autorizado es de 331 pesos, equivalente en términos reales a 4.5 veces el máximo original”.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx • http://twitter.com/cafevega
Desde Monterrey, José Luis Apodaca, especialista en cuestiones energéticas, envía el siguiente apunte: los voceros oficiales y oficiosos del régimen aseguran que “para destruir a Pemex la ruta más sencilla es obligarlo a tener tres refinerías como la planeada en Hidalgo, prohibir a privados transportar y distribuir gas natural y LP, darle el monopolio de los lubricantes y obligarlo a desarrollar plataformas marinas con un mínimo de contenido nacional de 75 por ciento”. Pues bien, “en la última década el gobierno federal ha aplicado una ruta más efectiva para avanzar en el antinacional objetivo de destruir a esta paraestatal: le sustrajo 5 billones de pesos de los ocho que obtuvo de ingresos por ventas, y le dejó recursos solamente para mal operar la empresa; contrató deuda a 20 años por 1.3 billones para atender las inversiones requeridas para incrementar la extracción de crudo, mediante el muy caro esquema Pidiregas que aplica una tasa anual de descuento superior a 10 por ciento en dólares; importó petrolíferos por 22 mil millones de dólares, monto suficiente para cubrir la inversión en dos refinerías de alta tecnología, con capacidad para procesar cada una 300 mil barriles diarios de crudo; con ello se hubiese activado la economía interna, el empleo y la captación de impuestos; designó como directores de la paraestatal a quienes creen que su principal objetivo es privatizar la industria petrolera, y desconocen cómo administrar eficazmente esta macroempresa. Esta falta de dirección ha propiciado un mayor paternalismo sindical que impide el aprovechamiento de 140 mil trabajadores. Y para demostrar que la privatización no necesariamente lleva a mejores resultados, en lo que respecta a la distribución y venta de gas natural en las grandes ciudades mencionaremos el caso de Monterrey, en que la trasnacional que ganó el concurso se comprometió en 1998 a mantener una tarifa de distribución de 40 pesos por gigacaloría y actualmente el precio autorizado es de 331 pesos, equivalente en términos reales a 4.5 veces el máximo original”.
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"El secuestro del IFE".
El secuestro del IFE
John M. Ackerman
Resulta paradójico, pero hasta ahora el atraso en el nombramiento de los nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) es una victoria contundente para la democracia. Los diputados Alejandro Encinas, Javier Corral y Josefina Vázquez Mota han mostrado gran entereza al resistir los embates y regalos envenenados del PRI. Resulta mejor contar con un Consejo General de seis integrantes, tres de los cuales tienen independencia del PRI, que un consejo de nueve miembros dominado por un bloque de cuatro priístas al cual en cualquier momento se le podría sumar el consejero presidente para constituir una mayoría aplastante.
Se equivoca José Woldenberg cuando minimiza esta cuestión al afirmar que ningún partido va a ganar o a perder una elección federal por los consejeros electorales que se sienten en la mesa del consejo del IFE. La victoria de Vicente Fox en 2000 fue posible precisamente porque el PRI no controló el nombramiento de todos los consejeros en 1996. Si no hubiera sido por la inclusión de un bloque mayoritario de cinco consejeros totalmente independientes del PRI, muy probablemente no hubiéramos sido testigos de la alternancia en el año 2000. Hasta la fecha, los priístas todavía acusan de traición al partido a Emilio Chauyffet, quien como secretario de Gobernación en 1996 tuvo a su cargo la negociación.
El resultado de las elecciones de 2006 también dependió de los perfiles de los integrantes del Consejo General. Si Elba Esther Gordillo y el PAN no hubieran controlado la mayoría de los asientos en la herradura de Viaducto Tlalpan, hubiera sido simplemente imposible meterle el pie a López Obrador en la campaña electoral de forma tan cínica e ilegal. También se hubiera complicado sobremanera la imposición del controvertido resultado electoral, que hasta la fecha no ha sido aclarado o transparentado. De acuerdo con El Universal, aún hoy 38 por ciento de la población no confía en los resultados de 2006 y 44 por ciento tampoco en que se respetará la voluntad popular en los comicios de 2012.
Más recientemente, dos consejeros cercanos al PRI, Marco Antonio Baños y Virgilio Andrade, han demostrado el peso de la lealtad política en el seno del IFE. El pasado 14 de octubre ambos consejeros dictaron de manera ilegal y unilateral medidas cautelares en contra de un anuncio del PT que supuestamente denigraba al viejo partido de Estado, porque se señalaba a Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas como integrantes de la mafia que domina el país. La decisión no tiene sustento jurídico, ya que el anuncio no mencionó al PRI en ningún momento y ni Peña Nieto ni Salinas se habían quejado ante el IFE.
El Revolucionario Institucional tiene perfectamente clara la importancia estratégica de asegurar una correlación de fuerzas a su favor en el seno del Consejo General. Hoy, los diputados de este partido, de nuevo bajo la influencia del mismo Chauyffet, no están dispuestos a dejar que se cometa otra traición. De allí viene la terca insistencia en asegurar dos de los tres lugares que se renuevan.
Ahora bien, en esta ocasión los dos sitios por asignar no están siendo pensados para los alfiles o incondicionales de los coordinadores parlamentarios del tricolor, como ocurrió en las renovaciones de 2008, sino para el pago directo por los favores recibidos a los actores y poderes fácticos: uno va a Televisa, para que preste oídos sordos a los coqueteos de Molinar y Calderón, y el otro para la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María de Carmen Alanís, quien recientemente aseguró que las cerradas victorias del PRI en Durango y
Veracruz pudieron ratificarse sin problema en tribunales.
Con respecto a los candidatos que vienen del TEPJF se presenta una irregularidad mayúscula. Los principios más elementales de la ética exigirían a Jacinto Silva, Adriana Favela, Enrique Ochoa, Cecilia Tapia y Roberto Duque que se separen de inmediato de sus cargos si todavía desean participar en el proceso totalmente amañado e ilegítimo con el que se piensa renovar el IFE. Participar en la grilla de San Lázaro simplemente no es compatible con la imparcialidad que debe caracterizar la labor profesional en el TEPJF.
La obsesión del PRI por colocar incondicionales ha llegado al extremo de que ni siquiera está dispuesto a aceptar la razonable propuesta del PRD de realizar una selección aleatoria entre los 17 finalistas, algo que, por cierto, un servidor propuso desde septiembre en su columna en Proceso (http://bit.ly/aK7T5w).
La propuesta, en términos propiamente estadísticos, beneficiaría al tricolor, ya que junto con el PVEM logró colar nueve de los 17 nombres. Pero lo que interesa al PRI no son tanto los nombres de los que entren, sino la manera de ingreso, para después poder cobrar las facturas correspondientes.
Las perspectivas no son nada halagüeñas. Será ingenuo imaginar que los priístas de repente se den cuenta del grave daño que están provocando a la democracia. También se ve difícil que el PRD y el PAN abdiquen y cedan la plaza. Se podría modificar el procedimiento de nombramiento, pero esto también requeriría de la anuencia del viejo partido del Estado. Parece que una vez más tendría que ser la sociedad la que desatore los conflictos de los políticos. La única esperanza sería un levantamiento cívico que haga ver al PRI lo costoso que podría resultar este nuevo secuestro institucional.
A don José Álvarez Icaza, inspiración e inteligencia inagotables,in memoriam
http://www.johnackerman.blogspot.com /Twitter: http://www.twitter.com/@JohnMAckerman
John M. Ackerman
Resulta paradójico, pero hasta ahora el atraso en el nombramiento de los nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) es una victoria contundente para la democracia. Los diputados Alejandro Encinas, Javier Corral y Josefina Vázquez Mota han mostrado gran entereza al resistir los embates y regalos envenenados del PRI. Resulta mejor contar con un Consejo General de seis integrantes, tres de los cuales tienen independencia del PRI, que un consejo de nueve miembros dominado por un bloque de cuatro priístas al cual en cualquier momento se le podría sumar el consejero presidente para constituir una mayoría aplastante.
Se equivoca José Woldenberg cuando minimiza esta cuestión al afirmar que ningún partido va a ganar o a perder una elección federal por los consejeros electorales que se sienten en la mesa del consejo del IFE. La victoria de Vicente Fox en 2000 fue posible precisamente porque el PRI no controló el nombramiento de todos los consejeros en 1996. Si no hubiera sido por la inclusión de un bloque mayoritario de cinco consejeros totalmente independientes del PRI, muy probablemente no hubiéramos sido testigos de la alternancia en el año 2000. Hasta la fecha, los priístas todavía acusan de traición al partido a Emilio Chauyffet, quien como secretario de Gobernación en 1996 tuvo a su cargo la negociación.
El resultado de las elecciones de 2006 también dependió de los perfiles de los integrantes del Consejo General. Si Elba Esther Gordillo y el PAN no hubieran controlado la mayoría de los asientos en la herradura de Viaducto Tlalpan, hubiera sido simplemente imposible meterle el pie a López Obrador en la campaña electoral de forma tan cínica e ilegal. También se hubiera complicado sobremanera la imposición del controvertido resultado electoral, que hasta la fecha no ha sido aclarado o transparentado. De acuerdo con El Universal, aún hoy 38 por ciento de la población no confía en los resultados de 2006 y 44 por ciento tampoco en que se respetará la voluntad popular en los comicios de 2012.
Más recientemente, dos consejeros cercanos al PRI, Marco Antonio Baños y Virgilio Andrade, han demostrado el peso de la lealtad política en el seno del IFE. El pasado 14 de octubre ambos consejeros dictaron de manera ilegal y unilateral medidas cautelares en contra de un anuncio del PT que supuestamente denigraba al viejo partido de Estado, porque se señalaba a Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas como integrantes de la mafia que domina el país. La decisión no tiene sustento jurídico, ya que el anuncio no mencionó al PRI en ningún momento y ni Peña Nieto ni Salinas se habían quejado ante el IFE.
El Revolucionario Institucional tiene perfectamente clara la importancia estratégica de asegurar una correlación de fuerzas a su favor en el seno del Consejo General. Hoy, los diputados de este partido, de nuevo bajo la influencia del mismo Chauyffet, no están dispuestos a dejar que se cometa otra traición. De allí viene la terca insistencia en asegurar dos de los tres lugares que se renuevan.
Ahora bien, en esta ocasión los dos sitios por asignar no están siendo pensados para los alfiles o incondicionales de los coordinadores parlamentarios del tricolor, como ocurrió en las renovaciones de 2008, sino para el pago directo por los favores recibidos a los actores y poderes fácticos: uno va a Televisa, para que preste oídos sordos a los coqueteos de Molinar y Calderón, y el otro para la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María de Carmen Alanís, quien recientemente aseguró que las cerradas victorias del PRI en Durango y
Veracruz pudieron ratificarse sin problema en tribunales.
Con respecto a los candidatos que vienen del TEPJF se presenta una irregularidad mayúscula. Los principios más elementales de la ética exigirían a Jacinto Silva, Adriana Favela, Enrique Ochoa, Cecilia Tapia y Roberto Duque que se separen de inmediato de sus cargos si todavía desean participar en el proceso totalmente amañado e ilegítimo con el que se piensa renovar el IFE. Participar en la grilla de San Lázaro simplemente no es compatible con la imparcialidad que debe caracterizar la labor profesional en el TEPJF.
La obsesión del PRI por colocar incondicionales ha llegado al extremo de que ni siquiera está dispuesto a aceptar la razonable propuesta del PRD de realizar una selección aleatoria entre los 17 finalistas, algo que, por cierto, un servidor propuso desde septiembre en su columna en Proceso (http://bit.ly/aK7T5w).
La propuesta, en términos propiamente estadísticos, beneficiaría al tricolor, ya que junto con el PVEM logró colar nueve de los 17 nombres. Pero lo que interesa al PRI no son tanto los nombres de los que entren, sino la manera de ingreso, para después poder cobrar las facturas correspondientes.
Las perspectivas no son nada halagüeñas. Será ingenuo imaginar que los priístas de repente se den cuenta del grave daño que están provocando a la democracia. También se ve difícil que el PRD y el PAN abdiquen y cedan la plaza. Se podría modificar el procedimiento de nombramiento, pero esto también requeriría de la anuencia del viejo partido del Estado. Parece que una vez más tendría que ser la sociedad la que desatore los conflictos de los políticos. La única esperanza sería un levantamiento cívico que haga ver al PRI lo costoso que podría resultar este nuevo secuestro institucional.
A don José Álvarez Icaza, inspiración e inteligencia inagotables,in memoriam
http://www.johnackerman.blogspot.com /Twitter: http://www.twitter.com/@JohnMAckerman
miércoles, octubre 20, 2010
Lucha social en Francia.
La Jornada
Acumulación o justicia
Luis Linares Zapata
Después de varios decenios de ser aplicado sin mayores respingos por las diversas sociedades afectadas, el modelo de acumulación salvaje encuentra serias oposiciones en sus últimas derivaciones. Las manifestaciones de repudio se iniciaron en el seno de las naciones periféricas y ahora encienden a las desarrolladas. En Francia han sido las más ruidosas, larvadas y están a punto de conseguir su meta de reversar o, al menos, detener algunas de sus aplicaciones llamadas de última generación. En España se montó una huelga general para evidenciar el desagrado por el deterioro en su estado de bienestar y, después de ella, el aprecio por el gobierno socialista de Joseé Luis Rodríguez Zapatero ha caído en picada entre los electores. En Alemania las protestas han sido esporádicas, menores, y no han podido articularse en defensa efectiva de sus apreciadas prestaciones colectivas. En Estados Unidos apenas hace unas cuantas semanas pudieron coordinar sus esfuerzos por hacer oír sus voces de alarma, pero, con posterioridad, han caído en aparente pasividad.
Donde se ha llegado a tener un efecto profundo ha sido en Bolivia y Ecuador, dos países fuera de la esfera de atención mundial. En Bolivia el descontento por las privatizaciones ventajosas y su costo en privaciones para las mayorías, por cierto ya muy depauperadas, ocasionaron reales insurrecciones que terminaron por llevar a Evo Morales al poder. En Ecuador, después de varios intentos de estabilizar al sistema por gobiernos entreguistas y alocados, por fin se eligió al presidente Correa. A partir de esos tiempos empezaron, en ambas naciones, una serie de cambios que han llegado a minar los cimientos del modelo de acumulación aplicado sin miramientos humanos. El desagrado en las cúspides de las pirámides socio-económicas dominantes locales no se ha hecho esperar. En ambas naciones se intentaron golpes de Estado que fueron frustrados por su inoperancia, tontería o por acciones coordinadas de sus vecinos.
Países antes dominados por elites golpistas y ejércitos de clase, Brasil y Argentina han ido moviéndose con cuidado hacia limitar, al menos, los efectos más nocivos del modelo que, en ellos se aplicó hasta con violencia.
Brasil ha sido más exitoso en introducir modificaciones que, además de empujar el crecimiento económico con base en el impulso de su enorme mercado interno, han ido construyendo un aparato exportador que se diversifica de manera acelerada. Por esa vía se ha logrado sacar de la pobreza a millones de sus compatriotas. En Argentina, también, aunque con menores resultados a pesar de sus muchas riquezas y poca población, se desea avanzar hacia un Estado que se preocupe, en primera y postrera instancia, por su población. Por lo pronto, reversaron las privatizaciones pensionarias y las ubicaron en el sector público. El caso más ruidoso ha sido el de la Venezuela de Chávez. Sus altercados con su entorno y, en especial, con quien ha sido su protector y usufructuario de sus riquezas mineras, son ya referencias mundiales. Los avances de su gobierno, elegido en repetidas ocasiones con creciente popularidad, se dan a retazos y dependientes por completo de sus ingresos petroleros. Sus altibajos son constantes mas, aún así, prosigue una ruta de independencia clara y determinada.
En México el modelo de acumulación ha sido, sin duda alguna, cruento y prolongado. Como si se viviera en el siglo XVII o el XVIII, cuando todos los beneficios eran para el lejano rey y su gran corte. El aderezo local es la cabalgante, la cínica corrupción y el entreguismo dadivoso de las elites gobernantes extendible, por contagio obligado, a las burocracias de sustento. Así, los mandatos derivados del famoso consenso de Washington fueron adoptados con fervor por los cuerpos directivos locales: privados y públicos. La famosa frase, “no hay otra alternativa”, de la dama de hierro inglesa, Margaret Thatcher, se recogió como caída del cielo o, más allá aún, del fondo mismo del universo. El coro difusor que acompaña a la plutocracia mexicana ha sido abrumador en su apoyo monocorde.
Académicos de renombre o de medio pelo incluso, analistas colonizados, conferenciantes de relleno, columneros de consigna o cabilderos siempre tan presentes como huidizos, han remachado, con dogmática insistencia, la imperiosa necesidad de concluir todas y cada una de las reformas estructurales. Todas y cada una de ellas diseñadas para exprimirle, tanto a los trabajadores como al gobierno, hasta el último céntimo de sus recursos disponibles. Para cumplimentar tal empresa no hay contemplación alguna que valga ni medida de control humanitaria factible: hay que ir, con la dureza requerida en los menesteres de los grandes intereses coaligados, hasta el mero final si es necesario. Los motivos para tal cometido son múltiples y todos tienen que ver con la globalidad, ya sea la asumida en la forma de apertura total a los flujos financieros o en aras de la inasible y siempre disputable libertad de los mágicos mercados.
La lucha es frontal por estos días de definiciones múltiples. En Francia se libra una batalla que puede ser crucial. La parte más afectada de la sociedad, a través de sus organismos gremiales y sindicatos, ha declarado la guerra al gobierno de Sarkozy. Intentan bloquear la propuesta que pretende ampliar la edad para jubilarse y para recibir la pensión completa. A esa porción de protestantes se han sumado, en explosiva mezcla, estudiantes de bachillerato. Precisamente esos que habitan en las afueras citadinas y que fueron protagonistas de pasadas insurrecciones incendiarias. Los grandes intereses en juego y la presión de los famosos mercados ha de estar cargada con inmensos decibeles de poder como para obligar al gobierno a resistir el embate de unos 3 o 4 millones de ciudadanos que han tomado la calle. Dos de cada tres franceses apoyan la protesta, a pesar de las enormes molestias que les acarrean los paros y bloqueos. Aun así, Sarkozy tratará de seguir adelante. Hay, sin embargo, otras opciones y los modelos de bienestar pueden continuar perfeccionándose. La resistencia francesa y un eventual triunfo de la calle con los de abajo, servirá de referencia mundial. Se mostrará que se puede derrotar a las compañías de seguros, a los bancos, las calificadoras, los mercados, los fondos de riesgo y a la mentalidad entreguista. Es decir, a los causantes de la crisis y a los gobiernos que han sido doblegados por ellos.
Acumulación o justicia
Luis Linares Zapata
Después de varios decenios de ser aplicado sin mayores respingos por las diversas sociedades afectadas, el modelo de acumulación salvaje encuentra serias oposiciones en sus últimas derivaciones. Las manifestaciones de repudio se iniciaron en el seno de las naciones periféricas y ahora encienden a las desarrolladas. En Francia han sido las más ruidosas, larvadas y están a punto de conseguir su meta de reversar o, al menos, detener algunas de sus aplicaciones llamadas de última generación. En España se montó una huelga general para evidenciar el desagrado por el deterioro en su estado de bienestar y, después de ella, el aprecio por el gobierno socialista de Joseé Luis Rodríguez Zapatero ha caído en picada entre los electores. En Alemania las protestas han sido esporádicas, menores, y no han podido articularse en defensa efectiva de sus apreciadas prestaciones colectivas. En Estados Unidos apenas hace unas cuantas semanas pudieron coordinar sus esfuerzos por hacer oír sus voces de alarma, pero, con posterioridad, han caído en aparente pasividad.
Donde se ha llegado a tener un efecto profundo ha sido en Bolivia y Ecuador, dos países fuera de la esfera de atención mundial. En Bolivia el descontento por las privatizaciones ventajosas y su costo en privaciones para las mayorías, por cierto ya muy depauperadas, ocasionaron reales insurrecciones que terminaron por llevar a Evo Morales al poder. En Ecuador, después de varios intentos de estabilizar al sistema por gobiernos entreguistas y alocados, por fin se eligió al presidente Correa. A partir de esos tiempos empezaron, en ambas naciones, una serie de cambios que han llegado a minar los cimientos del modelo de acumulación aplicado sin miramientos humanos. El desagrado en las cúspides de las pirámides socio-económicas dominantes locales no se ha hecho esperar. En ambas naciones se intentaron golpes de Estado que fueron frustrados por su inoperancia, tontería o por acciones coordinadas de sus vecinos.
Países antes dominados por elites golpistas y ejércitos de clase, Brasil y Argentina han ido moviéndose con cuidado hacia limitar, al menos, los efectos más nocivos del modelo que, en ellos se aplicó hasta con violencia.
Brasil ha sido más exitoso en introducir modificaciones que, además de empujar el crecimiento económico con base en el impulso de su enorme mercado interno, han ido construyendo un aparato exportador que se diversifica de manera acelerada. Por esa vía se ha logrado sacar de la pobreza a millones de sus compatriotas. En Argentina, también, aunque con menores resultados a pesar de sus muchas riquezas y poca población, se desea avanzar hacia un Estado que se preocupe, en primera y postrera instancia, por su población. Por lo pronto, reversaron las privatizaciones pensionarias y las ubicaron en el sector público. El caso más ruidoso ha sido el de la Venezuela de Chávez. Sus altercados con su entorno y, en especial, con quien ha sido su protector y usufructuario de sus riquezas mineras, son ya referencias mundiales. Los avances de su gobierno, elegido en repetidas ocasiones con creciente popularidad, se dan a retazos y dependientes por completo de sus ingresos petroleros. Sus altibajos son constantes mas, aún así, prosigue una ruta de independencia clara y determinada.
En México el modelo de acumulación ha sido, sin duda alguna, cruento y prolongado. Como si se viviera en el siglo XVII o el XVIII, cuando todos los beneficios eran para el lejano rey y su gran corte. El aderezo local es la cabalgante, la cínica corrupción y el entreguismo dadivoso de las elites gobernantes extendible, por contagio obligado, a las burocracias de sustento. Así, los mandatos derivados del famoso consenso de Washington fueron adoptados con fervor por los cuerpos directivos locales: privados y públicos. La famosa frase, “no hay otra alternativa”, de la dama de hierro inglesa, Margaret Thatcher, se recogió como caída del cielo o, más allá aún, del fondo mismo del universo. El coro difusor que acompaña a la plutocracia mexicana ha sido abrumador en su apoyo monocorde.
Académicos de renombre o de medio pelo incluso, analistas colonizados, conferenciantes de relleno, columneros de consigna o cabilderos siempre tan presentes como huidizos, han remachado, con dogmática insistencia, la imperiosa necesidad de concluir todas y cada una de las reformas estructurales. Todas y cada una de ellas diseñadas para exprimirle, tanto a los trabajadores como al gobierno, hasta el último céntimo de sus recursos disponibles. Para cumplimentar tal empresa no hay contemplación alguna que valga ni medida de control humanitaria factible: hay que ir, con la dureza requerida en los menesteres de los grandes intereses coaligados, hasta el mero final si es necesario. Los motivos para tal cometido son múltiples y todos tienen que ver con la globalidad, ya sea la asumida en la forma de apertura total a los flujos financieros o en aras de la inasible y siempre disputable libertad de los mágicos mercados.
La lucha es frontal por estos días de definiciones múltiples. En Francia se libra una batalla que puede ser crucial. La parte más afectada de la sociedad, a través de sus organismos gremiales y sindicatos, ha declarado la guerra al gobierno de Sarkozy. Intentan bloquear la propuesta que pretende ampliar la edad para jubilarse y para recibir la pensión completa. A esa porción de protestantes se han sumado, en explosiva mezcla, estudiantes de bachillerato. Precisamente esos que habitan en las afueras citadinas y que fueron protagonistas de pasadas insurrecciones incendiarias. Los grandes intereses en juego y la presión de los famosos mercados ha de estar cargada con inmensos decibeles de poder como para obligar al gobierno a resistir el embate de unos 3 o 4 millones de ciudadanos que han tomado la calle. Dos de cada tres franceses apoyan la protesta, a pesar de las enormes molestias que les acarrean los paros y bloqueos. Aun así, Sarkozy tratará de seguir adelante. Hay, sin embargo, otras opciones y los modelos de bienestar pueden continuar perfeccionándose. La resistencia francesa y un eventual triunfo de la calle con los de abajo, servirá de referencia mundial. Se mostrará que se puede derrotar a las compañías de seguros, a los bancos, las calificadoras, los mercados, los fondos de riesgo y a la mentalidad entreguista. Es decir, a los causantes de la crisis y a los gobiernos que han sido doblegados por ellos.
sábado, octubre 16, 2010
"Minería y Asalto a la Nación"
La Jornada
México SA
">Desmemoria senatorial
">¿Neurona pasmada?
">Minería y asalto a la nación
Carlos Fernández-Vega
Con el punto de acuerdo aprobado el pasado jueves en el recinto de Xicoténcatl, de inmediato surge la duda: en el último cuatrienio, ¿dónde estuvieron los integrantes del Senado de la República, que tardíamente se enteraron de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, y que ahora exigen el rescate inmediato” de los cuerpos de los mineros? ¿Dónde, que no saben cuánto pagan las empresas mineras por la explotación de hectárea en el país ni cuántas concesiones se han entregado? Mucho menos ¿cuántos millones de hectáreas amparan esas concesiones y qué beneficios han recibido las comunidades?
Más de cuatro largos años han transcurrido desde la explosión en Pasta de Conchos (alrededor de mil 700 días) y de la oprobiosa actitud asumida por el gobierno foxista (ratificada a plenitud por el calderonista), junto con su mezquina defensa y encubrimiento del empresario Germán Larrea, y apenas el jueves pasado los senadores de la República se acordaron que era necesario “exigir” el “rescate inmediato” de los mineros de Pasta de Conchos, y aclarar paradas sobre los privilegios que gozan los beneficiarios de las concesiones federales en el sector de la minería. ¿Dónde estuvieron todo este tiempo?, porque hay que subrayar que sólo se “acordaron” de Pasta de Conchos luego del exitoso rescate en la mina chilena de San José.
Retomo lo publicado en el México SA del pasado 19 de febrero, cuarto aniversario de la explosión en Pasta de Conchos, para refrescarles la memoria: lo dicho y prometido por Fox y su secretario del Trabajo, el hoy diputado panista Francisco Javier Salazar Sáenz, quedó en el aire; lo dicho y prometido por Calderón, también, y lo propio ha hecho el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira (ya de salida), quien no se ha quedado atrás en eso de ofrecer e incumplir.
El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, declaró que “Industrial Minera México (de Germán Larrea y su Grupo México) tuvo la mayor parte de la responsabilidad en el accidente de Pasta de Conchos, porque estaba obligada por ley a cumplir con condiciones de seguridad… no voy a solapar a ningún servidor público que pudiera estar involucrado, ni taparé a ningún personaje, por más importante que sea”. Nada ha hecho, más que incumplir su palabra.
Pocos días después de tomar posesión como nuevo director general del IMSS, Juan Molinar Horcasitas (hoy en la SCT), denunció que Industrial Minera México (de Larrea) no sólo subcontrató a sus trabajadores, sino que a los mineros de Pasta de Conchos los dio de alta con salarios menores a los realmente cubiertos para pagar menos cuotas patronales, en detrimento de las finanzas de la institución, con lo que se configura el fraude contra el Estado. Lo anterior reconocido ante los integrantes de la comisión legislativa “para dar seguimiento” a las investigaciones por la explosión en Pasta de Conchos. Nunca presentó denuncia legal en contra del consorcio privado.
En 2007, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, denunció que “desde la Presidencia de la República, Vicente Fox Quesada me pidió procesar y enviar a prisión a inocentes por la tragedia en la mina Pasta de Conchos; desde la dirigencia del Partido Acción Nacional me presionan para que no encarcele a los verdaderos responsables de la muerte de 65 trabajadores; hubo otras atrocidades, como cuando Vicente Fox, en mi cara, en Los Pinos, me pidió que hiciera cosas que no tienen moral: que inventara delitos a otras personas, que distrajéramos la atención; soy víctima de una serie de presiones de gente del gobierno o del PAN”. Nada hizo, y nunca presentó denuncia.
El 17 de enero de 2007, Felipe Calderón “mantuvo una entrevista informal” con Maribel Rico Montelongo, familiar de uno de los 65 mineros fallecidos en Pasta de Conchos. De acuerdo con la crónica del momento, el inquilino de Los Pinos aseguró que “la mina no será cerrada, además que se hará todo lo posible para que los cuerpos sean rescatados y tengan cristiana sepultura”. Dos semanas después, Industrial Minera México despidió a 250 trabajadores para “cerrar transitoriamente” la mina (sin perder la concesión federal), y la “cristiana sepultura” se mantiene en lista de espera. Cuatro años después de la tragedia, todo sigue igual: plena impunidad. Entonces, si se atiende el punto de acuerdo del pasado jueves, los senadores no estaban enterados de todo eso.
Tampoco recordaron que en septiembre de 2009 un grupo de sus colegas en Xicoténcatl presentó una iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversos artículos legales y obligar a las grandes empresas mineras que explotan esta riqueza nacional a enterar al fisco cantidades suculentamente mayores a las que hasta ahora aportan –si es que en realidad lo hacen–, dada las voluminosas utilidades que obtienen. Propuso el cobro de un derecho de 4 por ciento sobre el valor de los bienes sujetos a extracción, “cuantificado en el lugar donde se dan estas actividades, independientemente del domicilio fiscal de las empresas o particulares, titulares de la concesión o asignación minera correspondiente… Con el 4 por ciento se facilitaría el cálculo por tratarse de una tasa única, aplicable a todas las sustancias y minerales sujetos a la ley de referencia, y de paso se cumpliría con el principio constitucional de generalidad al dar trato igual a todos los sujetos afectos al gravamen”. ¿Cuál fue la respuesta de los que hoy exigen, vía punto de acuerdo, que se aclaren los privilegios de los consorcios mineros? Los senadores de la República desecharon la citada iniciativa y mantuvieron intocado el paraíso fiscal para dichos consorcios.
Menos recordarán que alrededor de 25 millones de hectáreas del territorio nacional han sido concesionadas por el gobierno federal para la explotación minera, de lo que el pueblo de México no recibe beneficio económico directo. Tampoco que las cuotas a pagar por los consorcios mineros son prácticamente simbólicas (en 2010 por hectárea: 5.08 pesos, la mínima, y 111.27 pesos, la máxima), sin impacto significativo en la recaudación fiscal, a pesar de las voluminosas utilidades obtenidas por los particulares del ramo; que la base para el pago de derechos “es una aberración económica”, porque la ley vigente no considera a los minerales producidos en función de su valor de comercialización, sino solamente de la superficie del terreno sobre el cual se otorga una concesión o asignación correspondiente.
De ese tamaño es el “olvido” de los senadores de la República, que en cuatro años tampoco hicieron nada.
Las rebanadas del pastel
Si hubiera alguna duda, en la propuesta calderonista de Ley de Ingresos 2011 se lee: “regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras, cero pesos, cero centavos”.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx • http://twitter.com/cafevega
México SA
">Desmemoria senatorial
">¿Neurona pasmada?
">Minería y asalto a la nación
Carlos Fernández-Vega
Con el punto de acuerdo aprobado el pasado jueves en el recinto de Xicoténcatl, de inmediato surge la duda: en el último cuatrienio, ¿dónde estuvieron los integrantes del Senado de la República, que tardíamente se enteraron de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, y que ahora exigen el rescate inmediato” de los cuerpos de los mineros? ¿Dónde, que no saben cuánto pagan las empresas mineras por la explotación de hectárea en el país ni cuántas concesiones se han entregado? Mucho menos ¿cuántos millones de hectáreas amparan esas concesiones y qué beneficios han recibido las comunidades?
Más de cuatro largos años han transcurrido desde la explosión en Pasta de Conchos (alrededor de mil 700 días) y de la oprobiosa actitud asumida por el gobierno foxista (ratificada a plenitud por el calderonista), junto con su mezquina defensa y encubrimiento del empresario Germán Larrea, y apenas el jueves pasado los senadores de la República se acordaron que era necesario “exigir” el “rescate inmediato” de los mineros de Pasta de Conchos, y aclarar paradas sobre los privilegios que gozan los beneficiarios de las concesiones federales en el sector de la minería. ¿Dónde estuvieron todo este tiempo?, porque hay que subrayar que sólo se “acordaron” de Pasta de Conchos luego del exitoso rescate en la mina chilena de San José.
Retomo lo publicado en el México SA del pasado 19 de febrero, cuarto aniversario de la explosión en Pasta de Conchos, para refrescarles la memoria: lo dicho y prometido por Fox y su secretario del Trabajo, el hoy diputado panista Francisco Javier Salazar Sáenz, quedó en el aire; lo dicho y prometido por Calderón, también, y lo propio ha hecho el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira (ya de salida), quien no se ha quedado atrás en eso de ofrecer e incumplir.
El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, declaró que “Industrial Minera México (de Germán Larrea y su Grupo México) tuvo la mayor parte de la responsabilidad en el accidente de Pasta de Conchos, porque estaba obligada por ley a cumplir con condiciones de seguridad… no voy a solapar a ningún servidor público que pudiera estar involucrado, ni taparé a ningún personaje, por más importante que sea”. Nada ha hecho, más que incumplir su palabra.
Pocos días después de tomar posesión como nuevo director general del IMSS, Juan Molinar Horcasitas (hoy en la SCT), denunció que Industrial Minera México (de Larrea) no sólo subcontrató a sus trabajadores, sino que a los mineros de Pasta de Conchos los dio de alta con salarios menores a los realmente cubiertos para pagar menos cuotas patronales, en detrimento de las finanzas de la institución, con lo que se configura el fraude contra el Estado. Lo anterior reconocido ante los integrantes de la comisión legislativa “para dar seguimiento” a las investigaciones por la explosión en Pasta de Conchos. Nunca presentó denuncia legal en contra del consorcio privado.
En 2007, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, denunció que “desde la Presidencia de la República, Vicente Fox Quesada me pidió procesar y enviar a prisión a inocentes por la tragedia en la mina Pasta de Conchos; desde la dirigencia del Partido Acción Nacional me presionan para que no encarcele a los verdaderos responsables de la muerte de 65 trabajadores; hubo otras atrocidades, como cuando Vicente Fox, en mi cara, en Los Pinos, me pidió que hiciera cosas que no tienen moral: que inventara delitos a otras personas, que distrajéramos la atención; soy víctima de una serie de presiones de gente del gobierno o del PAN”. Nada hizo, y nunca presentó denuncia.
El 17 de enero de 2007, Felipe Calderón “mantuvo una entrevista informal” con Maribel Rico Montelongo, familiar de uno de los 65 mineros fallecidos en Pasta de Conchos. De acuerdo con la crónica del momento, el inquilino de Los Pinos aseguró que “la mina no será cerrada, además que se hará todo lo posible para que los cuerpos sean rescatados y tengan cristiana sepultura”. Dos semanas después, Industrial Minera México despidió a 250 trabajadores para “cerrar transitoriamente” la mina (sin perder la concesión federal), y la “cristiana sepultura” se mantiene en lista de espera. Cuatro años después de la tragedia, todo sigue igual: plena impunidad. Entonces, si se atiende el punto de acuerdo del pasado jueves, los senadores no estaban enterados de todo eso.
Tampoco recordaron que en septiembre de 2009 un grupo de sus colegas en Xicoténcatl presentó una iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversos artículos legales y obligar a las grandes empresas mineras que explotan esta riqueza nacional a enterar al fisco cantidades suculentamente mayores a las que hasta ahora aportan –si es que en realidad lo hacen–, dada las voluminosas utilidades que obtienen. Propuso el cobro de un derecho de 4 por ciento sobre el valor de los bienes sujetos a extracción, “cuantificado en el lugar donde se dan estas actividades, independientemente del domicilio fiscal de las empresas o particulares, titulares de la concesión o asignación minera correspondiente… Con el 4 por ciento se facilitaría el cálculo por tratarse de una tasa única, aplicable a todas las sustancias y minerales sujetos a la ley de referencia, y de paso se cumpliría con el principio constitucional de generalidad al dar trato igual a todos los sujetos afectos al gravamen”. ¿Cuál fue la respuesta de los que hoy exigen, vía punto de acuerdo, que se aclaren los privilegios de los consorcios mineros? Los senadores de la República desecharon la citada iniciativa y mantuvieron intocado el paraíso fiscal para dichos consorcios.
Menos recordarán que alrededor de 25 millones de hectáreas del territorio nacional han sido concesionadas por el gobierno federal para la explotación minera, de lo que el pueblo de México no recibe beneficio económico directo. Tampoco que las cuotas a pagar por los consorcios mineros son prácticamente simbólicas (en 2010 por hectárea: 5.08 pesos, la mínima, y 111.27 pesos, la máxima), sin impacto significativo en la recaudación fiscal, a pesar de las voluminosas utilidades obtenidas por los particulares del ramo; que la base para el pago de derechos “es una aberración económica”, porque la ley vigente no considera a los minerales producidos en función de su valor de comercialización, sino solamente de la superficie del terreno sobre el cual se otorga una concesión o asignación correspondiente.
De ese tamaño es el “olvido” de los senadores de la República, que en cuatro años tampoco hicieron nada.
Las rebanadas del pastel
Si hubiera alguna duda, en la propuesta calderonista de Ley de Ingresos 2011 se lee: “regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras, cero pesos, cero centavos”.
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viernes, octubre 15, 2010
Lenguaje de "Política" Actual. "Alianzas" ó Complicidades Corruptas.
La Jornada
Las “alianzas” (de nuevo)
Luis Javier Garrido
Las alianzas electorales” del PAN con el PRD con vistas al 2011 (y al 2012), que han suscitado amplio entusiasmo en algunos de los grupos más retardatarios de aquí y del exterior, y un amplio rechazo en los sectores democráticos de México, son antes que nada una estrategia de la ultraderecha mexicana contra el pueblo mexicano para seguirle cancelando sus derechos políticos fundamentales.
1. La estrategia perversa de las alianzas “PRD-PAN”, pactada por el grupo del presidente perredista Jesús Ortega con César Nava y otros personeros de Felipe Calderón, ha buscado de entrada confundir al pueblo de México, pues quiere hacer creer que entre el PAN, que se apoderó del gobierno por la vía del fraude, y el PRD, que fue objeto del despojo, hay una unión, y que, en consecuencia, entre el PRD y Acción Nacional puede existir una propuesta común. Pero no sólo eso, sino que entre el PAN y el PRI, que defienden proyectos afines y que en los últimos años han tenido una abierta complicidad para desmantelar a la nación, habría ahora una oposición irreconciliable, lo que tampoco es cierto.
2. La convergencia dócil del PRD con el PAN busca, además, con una lógica tortuosa, blanquear la imagen del blanquiazul para convalidarlo como un partido democrático. Lo que se pretende en ese sentido es que, tras el fracaso escandaloso de los dos gobiernos panistas, muchos de los votantes perredistas, por ignorancia o por corrupción, acepten contribuir a “limpiar” la imagen del PAN y a “legitimar” la imagen de la derecha mexicana, con el argumento falaz y maniqueo de que el PRI es “la encarnación del mal” y el PAN la del “bien”, sin percatarse de que lo que están haciendo es terminar con una alternativa electoral de izquierda.
3. El modelo político neoliberal, que se ha ido imponiendo al mundo entero, como sustento de una organización económica que privilegia los intereses de las grandes corporaciones por sobre los derechos de los pueblos, supone construir sistemas de partidos (de preferencia bipartidistas) en los que las distintas formaciones políticas no tengan diferencias sustanciales entre sí y avalen el modelo económico dominante plegándose a los dictados de los grandes intereses globales. Ese ha sido un objetivo de las mafias en el poder en México, en el que han estado coludidos los chuchos, y que ahora buscan acelerar: aniquilar al PRD como posible proyecto de izquierda, al no existir ya diferencias programáticas entre los tres principales partidos y carecer los mexicanos de las posibilidades de una verdadera alternancia, por lo que la estrategia de “las alianzas” PAN-PRD cumple un papel significativo en ese proceso.
4. Las “alianzas” entre partidos opuestos constituyen de esta manera un candado de seguridad para proteger los intereses dominantes, y es también con ese objetivo que los grupos mafiosos que controlan el poder económico y político en México las están impulsando. Los partidos que se alían no pueden tener una propuesta común más que en aspectos irrelevantes, pero renuncian además en esta coyuntura a esgrimir sus tesis propias que son encerradas en un cajón, acelerándose el proceso de acceso a cargos públicos… y de claudicaciones.
5. El argumento de que en casos extraordinarios es válido que partidos de izquierda se alíen con partidos de derecha democráticos para terminar con regímenes de excepción y dictatoriales es válido, pero no es el caso de México por una razón sencilla: el PAN no es un partido democrático. En 2006 el PAN instrumentó un descomunal fraude con la colaboración del PRI para robarle la elección presidencial no nada más a Andrés Manuel López Obrador sino al pueblo de México, y sus gobiernos a nivel federal y local han sido más antidemocráticos, corruptos y entreguistas que los del PRI, por lo que aliarse con los panistas con ese argumento, como lo preconizan los chuchos todos los días ante los micrófonos de Televisa, es un acto aberrante y carente de ética, contrario a los intereses del pueblo mexicano. Las alianzas del PRD con el PAN a nivel local parecieron justificarse en el pasado porque el PAN se pretendía democrático y se desconocían los “acuerdos secretos” que tenía con Salinas, pero a la luz de lo acontecido no hay justificación política ni ética alguna para ello.
6. La pretensión de los defensores de “las alianzas” de que éstas tienen como objetivo liquidar el caciquismo y la corrupción que, según insisten, serían fundamento del poder del PRI, es absolutamente mentirosa, ya que en los estados gobernados por panistas hay tanto o más narcotráfico, corrupción y caciquismo que en los gobernados por priístas, y porque además “las alianzas” PAN-PRD no tienen afinidad “con las propuestas más progresistas del país”, como sostiene de manera equivocada en su extravío Marcelo Ebrard, partidario de éstas (La Jornada, 12/10/10). Baste ver que en los tres casos donde triunfaron en 2010 postularon a ex priístas, por no insistir en que en Puebla la “alianza” PAN-PRD llevó a la gubernatura al candidato de Elba Esther Gordillo.
7. El argumento de que las “alianzas” entre partidos opuestos facilitan “la gobernabilidad” al propiciar que el Legislativo deje de ser contrapeso del Ejecutivo es, por otra parte, de carácter totalitario. La clave del régimen presidencial es que el Congreso esté en manos de un partido opuesto al del Presidente, como ha sido el caso en Estados Unidos durante la mayor parte de su historia. Esta tesis aberrante la sostuvo el lunes 11 el ex rector De la Fuente, quien tras descalificar a López Obrador por su oposición a estas “alianzas”, las elogió como la vía para alcanzar “mayorías estables”, que según él conducen a una relación “más funcional” entre los poderes, presentándose de paso como el candidato idóneo del aliancismo y “de la sociedad civil” para 2012 (para lo que dice está hablando con los “actores políticos”), según destacaron a ocho columnas varios matutinos (Milenio Diario, 12/10/10), sin parecer darse cuenta este aspirante de que la “alianza” de conservadores y liberales en Gran Bretaña de 2010, que pone como ejemplo, es la de dos partidos de la derecha.
8. Las “alianzas” PAN-PRD fueron delineadas desde 2008 cuando el gobierno calderonista buscó imponer a Ortega al frente del PRD con la finalidad de evitar una candidatura de López Obrador en 2012. Los diferendos crecientes entre el PAN y el PRI en torno a cuál de los dos partidos correspondería la Presidencia de México, evidenciados en la “ponencia” de Carlos Salinas de Gortari al festejarse los 20 años del IFE el 12 de octubre, han llevado sin embargo al gobierno panista, aterrado ante el 2012, a presentarlas como un elemento clave para vencer al PRI: no en 2012 sino desde ahora, en 2011, y por eso busca hacer creer que se idearon para ir contra Enrique Peña Nieto, aunque en la situación actual le sean imprescindibles a Calderón para tratar de doblegar al tricolor.
9. El objetivo fundamental de dichas “alianzas” es, sin embargo, político, y busca por eso no sólo maicear y enquistar en los gobiernos locales a los chuchos sino ofrecerles todo para 2012, a fin de tratar de cerrarle a López Obrador el camino hacia Los Pinos.
10. La extrema derecha busca al aliarse con el PRD confundir a los mexicanos, lavar su imagen, terminar con una alternativa electoral de izquierda, proteger sus intereses, consolidar el régimen, alcanzar un control absoluto del poder, cimentar un presidencialismo más autoritario, liquidar a Peña Nieto y, sobre todo, cerrarle el camino a Andrés Manuel, cancelándole derechos al pueblo. Mucho, para tan mediocres actores políticos.
Las “alianzas” (de nuevo)
Luis Javier Garrido
Las alianzas electorales” del PAN con el PRD con vistas al 2011 (y al 2012), que han suscitado amplio entusiasmo en algunos de los grupos más retardatarios de aquí y del exterior, y un amplio rechazo en los sectores democráticos de México, son antes que nada una estrategia de la ultraderecha mexicana contra el pueblo mexicano para seguirle cancelando sus derechos políticos fundamentales.
1. La estrategia perversa de las alianzas “PRD-PAN”, pactada por el grupo del presidente perredista Jesús Ortega con César Nava y otros personeros de Felipe Calderón, ha buscado de entrada confundir al pueblo de México, pues quiere hacer creer que entre el PAN, que se apoderó del gobierno por la vía del fraude, y el PRD, que fue objeto del despojo, hay una unión, y que, en consecuencia, entre el PRD y Acción Nacional puede existir una propuesta común. Pero no sólo eso, sino que entre el PAN y el PRI, que defienden proyectos afines y que en los últimos años han tenido una abierta complicidad para desmantelar a la nación, habría ahora una oposición irreconciliable, lo que tampoco es cierto.
2. La convergencia dócil del PRD con el PAN busca, además, con una lógica tortuosa, blanquear la imagen del blanquiazul para convalidarlo como un partido democrático. Lo que se pretende en ese sentido es que, tras el fracaso escandaloso de los dos gobiernos panistas, muchos de los votantes perredistas, por ignorancia o por corrupción, acepten contribuir a “limpiar” la imagen del PAN y a “legitimar” la imagen de la derecha mexicana, con el argumento falaz y maniqueo de que el PRI es “la encarnación del mal” y el PAN la del “bien”, sin percatarse de que lo que están haciendo es terminar con una alternativa electoral de izquierda.
3. El modelo político neoliberal, que se ha ido imponiendo al mundo entero, como sustento de una organización económica que privilegia los intereses de las grandes corporaciones por sobre los derechos de los pueblos, supone construir sistemas de partidos (de preferencia bipartidistas) en los que las distintas formaciones políticas no tengan diferencias sustanciales entre sí y avalen el modelo económico dominante plegándose a los dictados de los grandes intereses globales. Ese ha sido un objetivo de las mafias en el poder en México, en el que han estado coludidos los chuchos, y que ahora buscan acelerar: aniquilar al PRD como posible proyecto de izquierda, al no existir ya diferencias programáticas entre los tres principales partidos y carecer los mexicanos de las posibilidades de una verdadera alternancia, por lo que la estrategia de “las alianzas” PAN-PRD cumple un papel significativo en ese proceso.
4. Las “alianzas” entre partidos opuestos constituyen de esta manera un candado de seguridad para proteger los intereses dominantes, y es también con ese objetivo que los grupos mafiosos que controlan el poder económico y político en México las están impulsando. Los partidos que se alían no pueden tener una propuesta común más que en aspectos irrelevantes, pero renuncian además en esta coyuntura a esgrimir sus tesis propias que son encerradas en un cajón, acelerándose el proceso de acceso a cargos públicos… y de claudicaciones.
5. El argumento de que en casos extraordinarios es válido que partidos de izquierda se alíen con partidos de derecha democráticos para terminar con regímenes de excepción y dictatoriales es válido, pero no es el caso de México por una razón sencilla: el PAN no es un partido democrático. En 2006 el PAN instrumentó un descomunal fraude con la colaboración del PRI para robarle la elección presidencial no nada más a Andrés Manuel López Obrador sino al pueblo de México, y sus gobiernos a nivel federal y local han sido más antidemocráticos, corruptos y entreguistas que los del PRI, por lo que aliarse con los panistas con ese argumento, como lo preconizan los chuchos todos los días ante los micrófonos de Televisa, es un acto aberrante y carente de ética, contrario a los intereses del pueblo mexicano. Las alianzas del PRD con el PAN a nivel local parecieron justificarse en el pasado porque el PAN se pretendía democrático y se desconocían los “acuerdos secretos” que tenía con Salinas, pero a la luz de lo acontecido no hay justificación política ni ética alguna para ello.
6. La pretensión de los defensores de “las alianzas” de que éstas tienen como objetivo liquidar el caciquismo y la corrupción que, según insisten, serían fundamento del poder del PRI, es absolutamente mentirosa, ya que en los estados gobernados por panistas hay tanto o más narcotráfico, corrupción y caciquismo que en los gobernados por priístas, y porque además “las alianzas” PAN-PRD no tienen afinidad “con las propuestas más progresistas del país”, como sostiene de manera equivocada en su extravío Marcelo Ebrard, partidario de éstas (La Jornada, 12/10/10). Baste ver que en los tres casos donde triunfaron en 2010 postularon a ex priístas, por no insistir en que en Puebla la “alianza” PAN-PRD llevó a la gubernatura al candidato de Elba Esther Gordillo.
7. El argumento de que las “alianzas” entre partidos opuestos facilitan “la gobernabilidad” al propiciar que el Legislativo deje de ser contrapeso del Ejecutivo es, por otra parte, de carácter totalitario. La clave del régimen presidencial es que el Congreso esté en manos de un partido opuesto al del Presidente, como ha sido el caso en Estados Unidos durante la mayor parte de su historia. Esta tesis aberrante la sostuvo el lunes 11 el ex rector De la Fuente, quien tras descalificar a López Obrador por su oposición a estas “alianzas”, las elogió como la vía para alcanzar “mayorías estables”, que según él conducen a una relación “más funcional” entre los poderes, presentándose de paso como el candidato idóneo del aliancismo y “de la sociedad civil” para 2012 (para lo que dice está hablando con los “actores políticos”), según destacaron a ocho columnas varios matutinos (Milenio Diario, 12/10/10), sin parecer darse cuenta este aspirante de que la “alianza” de conservadores y liberales en Gran Bretaña de 2010, que pone como ejemplo, es la de dos partidos de la derecha.
8. Las “alianzas” PAN-PRD fueron delineadas desde 2008 cuando el gobierno calderonista buscó imponer a Ortega al frente del PRD con la finalidad de evitar una candidatura de López Obrador en 2012. Los diferendos crecientes entre el PAN y el PRI en torno a cuál de los dos partidos correspondería la Presidencia de México, evidenciados en la “ponencia” de Carlos Salinas de Gortari al festejarse los 20 años del IFE el 12 de octubre, han llevado sin embargo al gobierno panista, aterrado ante el 2012, a presentarlas como un elemento clave para vencer al PRI: no en 2012 sino desde ahora, en 2011, y por eso busca hacer creer que se idearon para ir contra Enrique Peña Nieto, aunque en la situación actual le sean imprescindibles a Calderón para tratar de doblegar al tricolor.
9. El objetivo fundamental de dichas “alianzas” es, sin embargo, político, y busca por eso no sólo maicear y enquistar en los gobiernos locales a los chuchos sino ofrecerles todo para 2012, a fin de tratar de cerrarle a López Obrador el camino hacia Los Pinos.
10. La extrema derecha busca al aliarse con el PRD confundir a los mexicanos, lavar su imagen, terminar con una alternativa electoral de izquierda, proteger sus intereses, consolidar el régimen, alcanzar un control absoluto del poder, cimentar un presidencialismo más autoritario, liquidar a Peña Nieto y, sobre todo, cerrarle el camino a Andrés Manuel, cancelándole derechos al pueblo. Mucho, para tan mediocres actores políticos.
miércoles, octubre 13, 2010
México en el DesPeña...
México SA
El Senado privatiza al país
Otra vez la dupla PRI-PAN
Ortega y su PRD en el éter
Carlos Fernández-Vega
Aunque en los hechos la privatización a ultranza se registra desde hace tres décadas (a partir del gobierno de Miguel de la Madrid), desde ayer (gracias a la propuesta de Felipe Calderón y a su aprobación final por el Senado de la República; sólo falta la ratificación de la Cámara de Diputados) ya no existe pretexto que valga para mantener el nombre oficial del país, de tal suerte que, acorde con la realidad nacional y con los intereses del grupo en el poder, es válida no sólo su modificación, sino su actualización en el marco del sueño neoliberal: de Estados Unidos Mexicanos pasaría, sin más, a México, Sociedad Anónima.
Así, México dejará de ser lo que artificialmente se ha intentado mantener como una República “democrática, representativa y federal”, y legalmente pasará, gracias al inquilino de Los Pinos y al voto mayoritario del PAN y del PRI, a funcionar abiertamente como una empresa privada en la que el último lugar en la escala de toma decisiones lo ocupará el gobierno federal (a partir de ahora operará como simple oficialía de partes) y el propio Congreso (en su nuevo carácter de agente colocador de contratos). Todo ello, según el dictamen respectivo, para “impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, incentivar la inversión, atender necesidades sociales e impulsar el empleo y el crecimiento económico de manera más ágil”.
Eso y más promueve la Ley de Asociaciones Público-Privadas que ayer fue aprobada, en lo general y en lo particular por el Senado de la República (85 votos a favor, 8 en contra, cero abstenciones). La nueva legislación (que deberá pasar por el tamiz de San Lázaro, aunque todo indica que el asunto está más que planchado) permite, entre otras tantas cosas, que particulares presten servicios públicos, y que mediante simples concursos, sin licitación, se otorguen y/o asignen las concesiones, permisos, contratos y otras autorizaciones (hasta por 40 años, obviamente renovables) que requiera la iniciativa privada (ya se sabe qué tipo de IP) para explotar servicios hasta ahora constitucionalmente reservados al gobierno federal.
Además, las dependencias del sector público federal podrán asociarse con particulares (incluidos proyectos no solicitados por el gobierno) para construir infraestructura mediante esquemas distintos a los contemplados por la Ley de Obras Públicas y Servicios, así como por la Ley de Adquisiciones. En un arranque de nostalgia, de última hora la bancada tricolor en Xicoténcatl modificó la minuta original para excluir a la industria petrolera (no mencionó a la eléctrica) y a los fideicomisos gubernamentales de este tipo de asociaciones para “evitar una posible privatización”. Sin embargo, la aclaración completa incluye la siguiente leyenda: “tratándose de hidrocarburos, no podrán emplearse en las actividades sustantivas de carácter productivo ni en las de petroquímica distinta a la básica; ello sin perjuicio de mantener la disposición genérica para las demás actividades reservadas en las que se excluye la participación del sector privado”. Lo mejor del caso es que “la interpretación de esta ley queda reservada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, es decir, a la tradicional privatizadora de los bienes nacionales y “rescatista” del gran capital.
El pasado 10 de noviembre Felipe Calderón envió la respectiva iniciativa de ley al Senado de la República. En marzo de 2010 comenzó su discusión, y a finales de abril se aprobó en lo general. Se dejó para el segundo periodo ordinario de sesiones la discusión en lo particular, y ayer se aprobó integralmente con 85 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones. Aquí surge la duda: los senadores del PRI, PAN y PVEM (los que votaron a favor) suman 89, de tal suerte que cuatro de ellos se ausentaron; los del PRD, PT y Convergencia suman 36, pero de estas fracciones parlamentarias sólo se registraron ocho votos en contra, por lo que 28 de ellos no estuvieron presentes en la sesión (tal vez celebrando alianzas); adicionalmente, tres senadores no pertenecen a grupo partidista alguno, pero por lo visto todos ellos tuvieron cosas más importantes que hacer.
Para los fines de esta nueva legislación, los senadores se llevaron varias leyes entre las patas (reformaron, adicionaron o de plano derogaron disposiciones de las leyes de Obras Públicas, de Adquisiciones, de Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de Expropiación, Agraria, General de Bienes Nacionales, y el Código Federal de Procedimientos Civiles) con tal de delegar a la iniciativa privada lo que constitucionalmente le corresponde al gobierno federal, y de hacer jugosos negocios privados con lo que originalmente se concibió como una responsabilidad con objetivos sociales. Entonces, se desmantela al Estado y en su lugar surge, rozagante, el gran capital para hacer jugosos negocios en donde le plazca (de la seguridad pública a la educación; de los servicios de salud a la electricidad, y así por el estilo). Si esto no es igual a México Sociedad Anónima, entonces qué es.
La ley aprobada subraya que “si bien la negociación con los particulares se viene realizando en la práctica (ergo se viene violando la ley), se estima procedente contar con un fundamento jurídico expreso que otorgue certeza a las partes involucradas y regule ciertos aspectos de estos esquemas”. Pues bien, aquí faltó el rigor del análisis, porque el balance de la política privatizadora en el país es verdaderamente desastroso. Desde Miguel de la Madrid se argumentó que al “enflacar” al gobierno el resultado inmediato sería la “liberación de recursos públicos para atender las necesidades sociales” y “promover el crecimiento y el desarrollo”. Lo repitieron hasta el cansancio Salinas y Zedillo (Fox y Calderón ha sido más cínicos), y allí están los desastrosos resultados de tres décadas privatizadoras: la deuda social imparable, a paso veloz, al igual que la concentración de la riqueza y el ingreso, la corrupción a todo galope y el país en el limbo.
Las rebanadas del pastel
En su efímero paso por la Secretaría de Energía, Felipe Calderón exigió a los senadores (17 de noviembre de 2003) otorgar “certeza jurídica” a la inversión privada en sectores exclusivos del Estado, para lo cual insistía en realizar modificaciones constitucionales, porque “a nadie le conviene una legislación que suponga riesgos” (para el capital). Pues bien, no se registraron cambios a la Constitución, pero a partir de ayer ya logró todo lo demás.
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El Senado privatiza al país
Otra vez la dupla PRI-PAN
Ortega y su PRD en el éter
Carlos Fernández-Vega
Aunque en los hechos la privatización a ultranza se registra desde hace tres décadas (a partir del gobierno de Miguel de la Madrid), desde ayer (gracias a la propuesta de Felipe Calderón y a su aprobación final por el Senado de la República; sólo falta la ratificación de la Cámara de Diputados) ya no existe pretexto que valga para mantener el nombre oficial del país, de tal suerte que, acorde con la realidad nacional y con los intereses del grupo en el poder, es válida no sólo su modificación, sino su actualización en el marco del sueño neoliberal: de Estados Unidos Mexicanos pasaría, sin más, a México, Sociedad Anónima.
Así, México dejará de ser lo que artificialmente se ha intentado mantener como una República “democrática, representativa y federal”, y legalmente pasará, gracias al inquilino de Los Pinos y al voto mayoritario del PAN y del PRI, a funcionar abiertamente como una empresa privada en la que el último lugar en la escala de toma decisiones lo ocupará el gobierno federal (a partir de ahora operará como simple oficialía de partes) y el propio Congreso (en su nuevo carácter de agente colocador de contratos). Todo ello, según el dictamen respectivo, para “impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, incentivar la inversión, atender necesidades sociales e impulsar el empleo y el crecimiento económico de manera más ágil”.
Eso y más promueve la Ley de Asociaciones Público-Privadas que ayer fue aprobada, en lo general y en lo particular por el Senado de la República (85 votos a favor, 8 en contra, cero abstenciones). La nueva legislación (que deberá pasar por el tamiz de San Lázaro, aunque todo indica que el asunto está más que planchado) permite, entre otras tantas cosas, que particulares presten servicios públicos, y que mediante simples concursos, sin licitación, se otorguen y/o asignen las concesiones, permisos, contratos y otras autorizaciones (hasta por 40 años, obviamente renovables) que requiera la iniciativa privada (ya se sabe qué tipo de IP) para explotar servicios hasta ahora constitucionalmente reservados al gobierno federal.
Además, las dependencias del sector público federal podrán asociarse con particulares (incluidos proyectos no solicitados por el gobierno) para construir infraestructura mediante esquemas distintos a los contemplados por la Ley de Obras Públicas y Servicios, así como por la Ley de Adquisiciones. En un arranque de nostalgia, de última hora la bancada tricolor en Xicoténcatl modificó la minuta original para excluir a la industria petrolera (no mencionó a la eléctrica) y a los fideicomisos gubernamentales de este tipo de asociaciones para “evitar una posible privatización”. Sin embargo, la aclaración completa incluye la siguiente leyenda: “tratándose de hidrocarburos, no podrán emplearse en las actividades sustantivas de carácter productivo ni en las de petroquímica distinta a la básica; ello sin perjuicio de mantener la disposición genérica para las demás actividades reservadas en las que se excluye la participación del sector privado”. Lo mejor del caso es que “la interpretación de esta ley queda reservada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, es decir, a la tradicional privatizadora de los bienes nacionales y “rescatista” del gran capital.
El pasado 10 de noviembre Felipe Calderón envió la respectiva iniciativa de ley al Senado de la República. En marzo de 2010 comenzó su discusión, y a finales de abril se aprobó en lo general. Se dejó para el segundo periodo ordinario de sesiones la discusión en lo particular, y ayer se aprobó integralmente con 85 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones. Aquí surge la duda: los senadores del PRI, PAN y PVEM (los que votaron a favor) suman 89, de tal suerte que cuatro de ellos se ausentaron; los del PRD, PT y Convergencia suman 36, pero de estas fracciones parlamentarias sólo se registraron ocho votos en contra, por lo que 28 de ellos no estuvieron presentes en la sesión (tal vez celebrando alianzas); adicionalmente, tres senadores no pertenecen a grupo partidista alguno, pero por lo visto todos ellos tuvieron cosas más importantes que hacer.
Para los fines de esta nueva legislación, los senadores se llevaron varias leyes entre las patas (reformaron, adicionaron o de plano derogaron disposiciones de las leyes de Obras Públicas, de Adquisiciones, de Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de Expropiación, Agraria, General de Bienes Nacionales, y el Código Federal de Procedimientos Civiles) con tal de delegar a la iniciativa privada lo que constitucionalmente le corresponde al gobierno federal, y de hacer jugosos negocios privados con lo que originalmente se concibió como una responsabilidad con objetivos sociales. Entonces, se desmantela al Estado y en su lugar surge, rozagante, el gran capital para hacer jugosos negocios en donde le plazca (de la seguridad pública a la educación; de los servicios de salud a la electricidad, y así por el estilo). Si esto no es igual a México Sociedad Anónima, entonces qué es.
La ley aprobada subraya que “si bien la negociación con los particulares se viene realizando en la práctica (ergo se viene violando la ley), se estima procedente contar con un fundamento jurídico expreso que otorgue certeza a las partes involucradas y regule ciertos aspectos de estos esquemas”. Pues bien, aquí faltó el rigor del análisis, porque el balance de la política privatizadora en el país es verdaderamente desastroso. Desde Miguel de la Madrid se argumentó que al “enflacar” al gobierno el resultado inmediato sería la “liberación de recursos públicos para atender las necesidades sociales” y “promover el crecimiento y el desarrollo”. Lo repitieron hasta el cansancio Salinas y Zedillo (Fox y Calderón ha sido más cínicos), y allí están los desastrosos resultados de tres décadas privatizadoras: la deuda social imparable, a paso veloz, al igual que la concentración de la riqueza y el ingreso, la corrupción a todo galope y el país en el limbo.
Las rebanadas del pastel
En su efímero paso por la Secretaría de Energía, Felipe Calderón exigió a los senadores (17 de noviembre de 2003) otorgar “certeza jurídica” a la inversión privada en sectores exclusivos del Estado, para lo cual insistía en realizar modificaciones constitucionales, porque “a nadie le conviene una legislación que suponga riesgos” (para el capital). Pues bien, no se registraron cambios a la Constitución, pero a partir de ayer ya logró todo lo demás.
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martes, septiembre 28, 2010
"Deuda Neta del Gobierno Federal". 3 billones 227mil 59 millones de pesos.
La Jornada
México SA
Deuda por mexicano: 100% más
Con Calderón, de 18 a 36 mil pesos
La insoportable levedad de Cordero
Carlos Fernández-Vega
Loco de contento estaba Ernesto Cordero critique que critique a los gobernadores por el sólido incremento de la deuda en sus respectivos estados, cuando alguno de sus desesperados cuan fallidos constructores de imagen le dijo al oído: espérate, delfín, que otra vez metiste la pata; frena tus ansias de torero, porque si alguien ha incrementado la deuda es, precisamente, Felipe Calderón, tu mentor, el mismo que en tiempos de campaña electoral se convulsionaba en público por el débito contratado por su rival con apodo de pez, que era un peligro para México”.
Pero al secretario calderonista de Hacienda la advertencia le valió un soberano pito, y siguió con su andanada en contra del endeudamiento de los estados de la República, tal vez como única tabla de salvación para evitar responder las múltiples cuan precisas preguntas que ayer le formularon los diputados (de las que no contestó ninguna), ante quienes supuestamente compareció como parte de la glosa del autodenominado cuarto Informe de gobierno.
Así, el Cordero del señor señaló que “de diciembre de 2008 a junio de 2010, el saldo de la deuda pública en los estados de la República se incrementó 33 por ciento, al pasar de 203 mil millones de pesos a 270 mil millones. Sí se han venido incrementando de manera importante los saldos de deuda que tienen las entidades federativas; en algunos estados el saldo de su deuda como porcentaje de las participaciones, que es la principal fuente de ingresos que se tiene, es de más de 100 por ciento, en algunos casos”. ¿Por qué limitó el periodo de comparación? Quién sabe, pero lo cierto es que de diciembre de 2006 a junio de 2010 el crecimiento de dicho débito ha sido de 68.5 por ciento, al pasar de 160 mil a 270 mil millones de pesos, es decir, de 1.6 a 2.1 por ciento del PIB.
En este contexto, según las cifras de la Secretaría de Hacienda, los gobiernos (de todos los partidos políticos) que mayores incrementos reportan en sus respectivas deudas públicas (diciembre de 2006-junio de 2010, es decir, desde el comienzo del calderonato) son los de Coahuila, con un aumento de mil 745 por ciento; Tamaulipas, mil 70; Chiapas, 900; Nayarit, 372; Michoacán, 275; Guanajuato, 210; Zacatecas, 207, y Tabasco, 202. Otros no lo han hecho nada mal (Oaxaca, 185 por ciento; Aguascalientes, 180; Yucatán, 163; Baja California Sur, 160; Quintana Roo, 155, y Jalisco, 138). Algunos más se han esforzado (Baja California, 96 por ciento; Puebla, 95; Chihuahua, 93; Sonora, 80; Nuevo León, 77; Hidalgo, 71; Veracruz, 69; San Luis Potosí, 67; Colima, 49; Durango, 39; Querétaro, 36; Guerrero, 32; Morelos, 23 y Distrito Federal, 12; Sinaloa, 8.5; estado de México, 2.8 y Campeche, que carece de punto de referencia).
Ese es el cuadro completo que motiva la preocupación de Ernesto Cordero, y es tanta que olvidó platicar del verdadero monstruo, el alimentado por Calderón que ya supera el 30 por ciento del PIB, contra 2.1 por ciento por parte de los estados de la República. El endeudamiento en sí no es un problema; el conflicto es que tales dineros no se ven por ninguna parte, ni en lo federal ni en lo estatal. ¿Dónde está, en qué se invirtió, cuál ha sido su impacto en el crecimiento económico, en la generación de empleo, en el beneficio social de los mexicanos? A esa parte ya no le entró el que estaba loco de contento.
Por ello, vale recordar que cuando Calderón se instaló en Los Pinos la deuda neta del gobierno federal (interna y externa) ascendía a un billón 980 mil 247 millones de pesos, equivalente a 20.2 por ciento del PIB; al cierre de junio pasado ese monto se había incrementado a 3 billones 227 mil 59 millones de pesos, igual al 24.9 por ciento del producto. Así, en el transcurso del calderonato el débito del gobierno federal aumentó 63 por ciento (un billón 468 mil 12 millones), o si se prefiere casi 5 puntos porcentuales del producto interno bruto. En esto no reflexionó el siempre sonriente Ernesto Cordero. Nada que presumir: en diciembre de 2006, a cada mexicano (incluidos los recién nacidos) le tocaba una deuda de 18 mil 860 pesos; al cierre de junio de 2010 esa porción se había incrementado a 29 mil 880 pesos por cabeza.
La cuenta no concluye allí, porque al anterior hay que añadir el débito correspondiente a los organismos y empresas controladas, así como la de la banca de desarrollo, lo que conforma la deuda del sector público federal (interna y externa). En diciembre de 2006, este adeudo sumaba un billón 985 mil 730 millones de pesos, equivalente a 20.3 por ciento del PIB; al cierre de junio de 2010 ese monto se había incrementado a 3 billones 913 mil 228 millones, igual al 30.2 por ciento del producto. Ya con todos los elementos incorporados, la deuda por habitante aumentó de 18 mil 912 pesos en diciembre de 2006, a 36 mil 234 pesos en junio de 2010, casi el doble en 43 meses. Como proporción del producto interno bruto dicho débito creció casi 10 puntos porcentuales (para dar margen comparativo, vale señalar que el “catarrito” económico de 2009 le costó al país 6.5 puntos; si fuera posible, que no lo es, prorratear la deuda de los estados entre los mexicanos, a cada uno de ellos le tocaría pagar mil 916 pesos, independientemente de los 36 mil 234 del débito federal).
Entonces, desconozco si Ernesto Cordero esté enterado de estas cifras (todas ellas, por cierto, de la Secretaría de Hacienda), si tiene el registro y las ha digerido, aunque todo hace suponer que no, que ni de lejos las ha visto pasar, porque de otra suerte no estaría tan sonriente ni utilizaría la deuda de los estados para justificar las barbaridades cometidas por el inquilino de Los Pinos y su “muy buen equipo económico, tal vez el mejor” (Calderón dixit).
Ya como postre, va el saldo de la deuda externa del sector privado bancario y no bancario al cierre de 2009: 68 mil 760.1 millones de dólares (cifra de Hacienda). Lo mejor del caso es que México está endeudado hasta los ojos, con todos los bienes nacionales regalados al gran capital (que no paga impuestos), con Pemex exprimido hasta la última gota y con una economía raquítica y destartalada que no picha, ni cacha y mucho menos distribuye. Entonces, ¿con qué se pagará el débito?
Las rebanadas del pastel
Hugo, Paco y Luis, más la patita Daisy, comparecieron ayer ante los legisladores; nada contestaron, de todo fingieron demencia, y se fueron felices. Faltan otros sobrinos de Felipe Mac Pato, con más patoaventuras de la “continuidad”. Entonces, ¿tiene algún caso mantener el esquema?, porque la nota del Congreso que mayor difusión obtuvo ayer fue la relativa a que un diputado dormía plácidamente en su curul mientras Cordero echaba choro (como si fuera novedad).
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx • http://twitter.com/cafevega
México SA
Deuda por mexicano: 100% más
Con Calderón, de 18 a 36 mil pesos
La insoportable levedad de Cordero
Carlos Fernández-Vega
Loco de contento estaba Ernesto Cordero critique que critique a los gobernadores por el sólido incremento de la deuda en sus respectivos estados, cuando alguno de sus desesperados cuan fallidos constructores de imagen le dijo al oído: espérate, delfín, que otra vez metiste la pata; frena tus ansias de torero, porque si alguien ha incrementado la deuda es, precisamente, Felipe Calderón, tu mentor, el mismo que en tiempos de campaña electoral se convulsionaba en público por el débito contratado por su rival con apodo de pez, que era un peligro para México”.
Pero al secretario calderonista de Hacienda la advertencia le valió un soberano pito, y siguió con su andanada en contra del endeudamiento de los estados de la República, tal vez como única tabla de salvación para evitar responder las múltiples cuan precisas preguntas que ayer le formularon los diputados (de las que no contestó ninguna), ante quienes supuestamente compareció como parte de la glosa del autodenominado cuarto Informe de gobierno.
Así, el Cordero del señor señaló que “de diciembre de 2008 a junio de 2010, el saldo de la deuda pública en los estados de la República se incrementó 33 por ciento, al pasar de 203 mil millones de pesos a 270 mil millones. Sí se han venido incrementando de manera importante los saldos de deuda que tienen las entidades federativas; en algunos estados el saldo de su deuda como porcentaje de las participaciones, que es la principal fuente de ingresos que se tiene, es de más de 100 por ciento, en algunos casos”. ¿Por qué limitó el periodo de comparación? Quién sabe, pero lo cierto es que de diciembre de 2006 a junio de 2010 el crecimiento de dicho débito ha sido de 68.5 por ciento, al pasar de 160 mil a 270 mil millones de pesos, es decir, de 1.6 a 2.1 por ciento del PIB.
En este contexto, según las cifras de la Secretaría de Hacienda, los gobiernos (de todos los partidos políticos) que mayores incrementos reportan en sus respectivas deudas públicas (diciembre de 2006-junio de 2010, es decir, desde el comienzo del calderonato) son los de Coahuila, con un aumento de mil 745 por ciento; Tamaulipas, mil 70; Chiapas, 900; Nayarit, 372; Michoacán, 275; Guanajuato, 210; Zacatecas, 207, y Tabasco, 202. Otros no lo han hecho nada mal (Oaxaca, 185 por ciento; Aguascalientes, 180; Yucatán, 163; Baja California Sur, 160; Quintana Roo, 155, y Jalisco, 138). Algunos más se han esforzado (Baja California, 96 por ciento; Puebla, 95; Chihuahua, 93; Sonora, 80; Nuevo León, 77; Hidalgo, 71; Veracruz, 69; San Luis Potosí, 67; Colima, 49; Durango, 39; Querétaro, 36; Guerrero, 32; Morelos, 23 y Distrito Federal, 12; Sinaloa, 8.5; estado de México, 2.8 y Campeche, que carece de punto de referencia).
Ese es el cuadro completo que motiva la preocupación de Ernesto Cordero, y es tanta que olvidó platicar del verdadero monstruo, el alimentado por Calderón que ya supera el 30 por ciento del PIB, contra 2.1 por ciento por parte de los estados de la República. El endeudamiento en sí no es un problema; el conflicto es que tales dineros no se ven por ninguna parte, ni en lo federal ni en lo estatal. ¿Dónde está, en qué se invirtió, cuál ha sido su impacto en el crecimiento económico, en la generación de empleo, en el beneficio social de los mexicanos? A esa parte ya no le entró el que estaba loco de contento.
Por ello, vale recordar que cuando Calderón se instaló en Los Pinos la deuda neta del gobierno federal (interna y externa) ascendía a un billón 980 mil 247 millones de pesos, equivalente a 20.2 por ciento del PIB; al cierre de junio pasado ese monto se había incrementado a 3 billones 227 mil 59 millones de pesos, igual al 24.9 por ciento del producto. Así, en el transcurso del calderonato el débito del gobierno federal aumentó 63 por ciento (un billón 468 mil 12 millones), o si se prefiere casi 5 puntos porcentuales del producto interno bruto. En esto no reflexionó el siempre sonriente Ernesto Cordero. Nada que presumir: en diciembre de 2006, a cada mexicano (incluidos los recién nacidos) le tocaba una deuda de 18 mil 860 pesos; al cierre de junio de 2010 esa porción se había incrementado a 29 mil 880 pesos por cabeza.
La cuenta no concluye allí, porque al anterior hay que añadir el débito correspondiente a los organismos y empresas controladas, así como la de la banca de desarrollo, lo que conforma la deuda del sector público federal (interna y externa). En diciembre de 2006, este adeudo sumaba un billón 985 mil 730 millones de pesos, equivalente a 20.3 por ciento del PIB; al cierre de junio de 2010 ese monto se había incrementado a 3 billones 913 mil 228 millones, igual al 30.2 por ciento del producto. Ya con todos los elementos incorporados, la deuda por habitante aumentó de 18 mil 912 pesos en diciembre de 2006, a 36 mil 234 pesos en junio de 2010, casi el doble en 43 meses. Como proporción del producto interno bruto dicho débito creció casi 10 puntos porcentuales (para dar margen comparativo, vale señalar que el “catarrito” económico de 2009 le costó al país 6.5 puntos; si fuera posible, que no lo es, prorratear la deuda de los estados entre los mexicanos, a cada uno de ellos le tocaría pagar mil 916 pesos, independientemente de los 36 mil 234 del débito federal).
Entonces, desconozco si Ernesto Cordero esté enterado de estas cifras (todas ellas, por cierto, de la Secretaría de Hacienda), si tiene el registro y las ha digerido, aunque todo hace suponer que no, que ni de lejos las ha visto pasar, porque de otra suerte no estaría tan sonriente ni utilizaría la deuda de los estados para justificar las barbaridades cometidas por el inquilino de Los Pinos y su “muy buen equipo económico, tal vez el mejor” (Calderón dixit).
Ya como postre, va el saldo de la deuda externa del sector privado bancario y no bancario al cierre de 2009: 68 mil 760.1 millones de dólares (cifra de Hacienda). Lo mejor del caso es que México está endeudado hasta los ojos, con todos los bienes nacionales regalados al gran capital (que no paga impuestos), con Pemex exprimido hasta la última gota y con una economía raquítica y destartalada que no picha, ni cacha y mucho menos distribuye. Entonces, ¿con qué se pagará el débito?
Las rebanadas del pastel
Hugo, Paco y Luis, más la patita Daisy, comparecieron ayer ante los legisladores; nada contestaron, de todo fingieron demencia, y se fueron felices. Faltan otros sobrinos de Felipe Mac Pato, con más patoaventuras de la “continuidad”. Entonces, ¿tiene algún caso mantener el esquema?, porque la nota del Congreso que mayor difusión obtuvo ayer fue la relativa a que un diputado dormía plácidamente en su curul mientras Cordero echaba choro (como si fuera novedad).
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx • http://twitter.com/cafevega
viernes, septiembre 17, 2010
1810-2010 ¡Viva México!. Ceremonia conmemorativa del Gobierno del Distrito Federal
"No a la mediocridad, no al conservadurismo y no a la resignación, México puede ser distinto y lo será."
">Hoy estamos viendo la filosofía decimonónica de construir mayorías a la fuerza, asegura
A desterrar el conservadurismo que se apoderó de México, llama Ebrard
">Luego de 200 años de Independencia deberíamos tener una situación radicalmente distinta a la que existe
">Pide no aceptar la mediocridad ni caer en la resignación
">El DF es disidente, asegura
Periódico La JornadaViernes 17 de septiembre de 2010, p. 36
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, apremió a los mexicanos a cambiar las ideas decimonónicas de construir mayorías a fuerzas, “con todo tipo de artificios legales”; de suponer que el pluralismo y la vida democrática “es un estorbo, en vez de la condición sine qua non para que el país tenga acuerdos, estabilidad y seguridad”, y superar el “conservadurismo mediocre” que se apoderó de México.
Al encabezar la ceremonia conmemorativa con la que el Gobierno del Distrito Federal recordó el miércoles pasado, en el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el bicentenario del inicio de la lucha de Independencia, el titular del Ejecutivo local resumió que “el país está en una situación radicalmente distinta de lo que pensaron quienes lo fundaron. Hoy tenemos 57 millones de mexicanos en pobreza, 18 millones y medio apenas sobreviven y 12 millones no tienen acceso a los servicios de salud”.
A continuación se reproduce el mensaje íntegro.
Habría que iniciar con un comentario de previo y especial pronunciamiento, porque el día de hoy nos congregan 200 años de la Independencia de México, el inicio de la Independencia de México.
También varios años en los que hemos venido recuperando los espacios públicos y políticos de la ciudad de México; la ciudad de vanguardia, la ciudad liberal, la ciudad disidente. Hasta 2007 pudimos reinstalar las festividades del ayuntamiento de la ciudad de México, tomó tiempo, pero se pudo.
Por ello hemos convocado a esta ceremonia, primero, para subrayar que la ciudad celebra, conmemora, recuerda la gesta histórica, como hemos venido haciendo desde 2007. Y segundo y muy importante, porque ésta es una ceremonia republicana, sobria, en la tradición del ayuntamiento de la ciudad.
Nos pareció que era la mejor forma de conmemorar los 200 años.
Hoy, bueno, todo el día va a ser ¡viva México!, eso es lo que vamos a gritar todas, todos los mexicanos, con dos significados: el primero es el orgullo de identidad, ser parte de México, de la historia de nuestra patria, del orgullo que tenemos por nuestra historia, por quienes iniciaron este movimiento. No los olvidamos. Los que iniciaron este movimiento fueron perseguidos, despedazados, excomulgados y destruidos en los primeros meses del movimiento.
Pero como tenían razón histórica, por eso estamos hoy aquí, por eso tenemos un país y por eso debemos ver el futuro con confianza y resolución.
Entonces hoy, la primera parte es el orgullo de ser mexicanos: identidad, orgullo de pertenecer a este país, de ser parte de México, de lo que nos caracteriza y de lo que significa para todas y para todos.
La segunda es un reclamo, o dicho de otro modo, qué tan lejos estamos de lo que pensaron quienes fundaron este país. Sólo me refiero a tres ideas básicas:
Primero, querían hacer un país independiente. ¿Para qué?, bueno, obviamente porque queríamos gobernarnos a nosotros mismos, igual que nos pasó aquí en el Distrito Federal, que hasta 1997 elegimos a nuestro jefe de Gobierno. Lo lograron, nos gobernamos a nosotros mismos.
Segundo, porque querían hacer un país más justo. En términos del siglo XVIII decían: “queremos hacer una nación, porque el propósito último es lograr la felicidad de las y los mexicanos”, Rousseau, siglo XVIII.
Traducido al siglo XXI quiere decir que deberíamos tener en este país una situación radicalmente distinta a la que existe. Hoy tenemos 57 millones de personas en la pobreza, 12 millones sin servicios de salud, 18 y medio millones que apenas sobreviven. A 200 años del propósito original algo está mal y es algo serio.
La otra idea primordial es: vamos a construir una nación. Y en plena guerra estaban pensando cómo la iban a organizar, cómo iban a organizar el gobierno. Elaboraron su Constitución, los Sentimientos de la Nación, que son la exposición de motivos. La idea esencial es: un régimen democrático que permita que la cohesión sea el resultado del acuerdo y no de la fuerza, porque el imperio español estaba fundamentado en la fuerza.
Sobre esto último habría mucho que decir, sólo me refiero a lo primordial. Todavía hoy estamos viendo la filosofía decimonónica de construir mayorías a fuerza, con todo tipo de artificios legales, por ejemplo, cómo reducir la representación para garantizar la hegemonía de una fuerza política y suponer que el pluralismo y la vida democrática es un estorbo, en vez de la condición sine qua non para que el país tenga acuerdos, y por tanto estabilidad y seguridad.
Entonces, tres ideas: gobernarnos a nosotros mismos, construir una sociedad con equidad, justa, y construir los fundamentos de la vida política del país sobre la base del acuerdo.
Doscientos años después, particularmente en la causa social –que además es la que caracteriza nuestra Independencia–, estamos muy lejos.
Por un lado orgullo –vamos a tener nuestra fiesta, claro que sí, hay motivos para festejar, tenemos que festejar a nuestro país, a nuestra patria, a nuestra historia, a nuestra identidad–, pero por otro también, cuando gritemos “¡viva México!” va a ser: queremos que esto cambie, queremos que cambie en esta generación y queremos que cambie pronto; no resignarnos a lo que hoy es la realidad del país.
Tenemos –y se puede, y si se quiere se debe hacer– que cambiar las ideas que han predominado en México en los últimos 20 años.
A lo primero que se atrevieron los insurgentes fue a pensar distinto. Por eso sacaron a Hidalgo de Morelia, además de que hablaba francés y quería convencer a todos. Desde ahí encabezó el movimiento. Entonces lo mandaron al curato más chiquito, más pobre que hubiese, y aún tenemos patria porque él salió desde ahí con 14 personas y con ideas nuevas.
Por ello debemos tener ideas nuevas, debemos pensar distinto. Y lo primero que hay que hacer es cambiar las ideas, ese conservadurismo mediocre que se apoderó de nuestro país.
El reclamo de “¡viva México!” tiene que ser el reclamo por una esperanza, por otra forma de pensar y por otra ruta. Si no hay equidad no hay prosperidad; si no hay acuerdo no hay estabilidad; si no hay equidad y estabilidad no habrá seguridad. Es otra forma de pensar, es ver hacia el futuro de otra manera y nosotros lo podemos hacer más fácilmente porque esta ciudad es de vanguardia, no de ahora, siempre lo ha sido. Aquí a la gente le da pena decir que es de derecha.
Entonces conmemoramos con mucho orgullo a nuestros héroes, a nuestras heroínas, a esa generación que pensó distinto, que nos legó una patria.
Por otro lado, asumimos ese reclamo que hoy se va a escuchar en todo México. Lo entendemos y aspiramos en todas nuestras acciones de gobierno a representar esa aspiración y esa resolución. No a la mediocridad, no al conservadurismo y no a la resignación, México puede ser distinto y lo será.
">Hoy estamos viendo la filosofía decimonónica de construir mayorías a la fuerza, asegura
A desterrar el conservadurismo que se apoderó de México, llama Ebrard
">Luego de 200 años de Independencia deberíamos tener una situación radicalmente distinta a la que existe
">Pide no aceptar la mediocridad ni caer en la resignación
">El DF es disidente, asegura
Periódico La JornadaViernes 17 de septiembre de 2010, p. 36
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, apremió a los mexicanos a cambiar las ideas decimonónicas de construir mayorías a fuerzas, “con todo tipo de artificios legales”; de suponer que el pluralismo y la vida democrática “es un estorbo, en vez de la condición sine qua non para que el país tenga acuerdos, estabilidad y seguridad”, y superar el “conservadurismo mediocre” que se apoderó de México.
Al encabezar la ceremonia conmemorativa con la que el Gobierno del Distrito Federal recordó el miércoles pasado, en el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el bicentenario del inicio de la lucha de Independencia, el titular del Ejecutivo local resumió que “el país está en una situación radicalmente distinta de lo que pensaron quienes lo fundaron. Hoy tenemos 57 millones de mexicanos en pobreza, 18 millones y medio apenas sobreviven y 12 millones no tienen acceso a los servicios de salud”.
A continuación se reproduce el mensaje íntegro.
Habría que iniciar con un comentario de previo y especial pronunciamiento, porque el día de hoy nos congregan 200 años de la Independencia de México, el inicio de la Independencia de México.
También varios años en los que hemos venido recuperando los espacios públicos y políticos de la ciudad de México; la ciudad de vanguardia, la ciudad liberal, la ciudad disidente. Hasta 2007 pudimos reinstalar las festividades del ayuntamiento de la ciudad de México, tomó tiempo, pero se pudo.
Por ello hemos convocado a esta ceremonia, primero, para subrayar que la ciudad celebra, conmemora, recuerda la gesta histórica, como hemos venido haciendo desde 2007. Y segundo y muy importante, porque ésta es una ceremonia republicana, sobria, en la tradición del ayuntamiento de la ciudad.
Nos pareció que era la mejor forma de conmemorar los 200 años.
Hoy, bueno, todo el día va a ser ¡viva México!, eso es lo que vamos a gritar todas, todos los mexicanos, con dos significados: el primero es el orgullo de identidad, ser parte de México, de la historia de nuestra patria, del orgullo que tenemos por nuestra historia, por quienes iniciaron este movimiento. No los olvidamos. Los que iniciaron este movimiento fueron perseguidos, despedazados, excomulgados y destruidos en los primeros meses del movimiento.
Pero como tenían razón histórica, por eso estamos hoy aquí, por eso tenemos un país y por eso debemos ver el futuro con confianza y resolución.
Entonces hoy, la primera parte es el orgullo de ser mexicanos: identidad, orgullo de pertenecer a este país, de ser parte de México, de lo que nos caracteriza y de lo que significa para todas y para todos.
La segunda es un reclamo, o dicho de otro modo, qué tan lejos estamos de lo que pensaron quienes fundaron este país. Sólo me refiero a tres ideas básicas:
Primero, querían hacer un país independiente. ¿Para qué?, bueno, obviamente porque queríamos gobernarnos a nosotros mismos, igual que nos pasó aquí en el Distrito Federal, que hasta 1997 elegimos a nuestro jefe de Gobierno. Lo lograron, nos gobernamos a nosotros mismos.
Segundo, porque querían hacer un país más justo. En términos del siglo XVIII decían: “queremos hacer una nación, porque el propósito último es lograr la felicidad de las y los mexicanos”, Rousseau, siglo XVIII.
Traducido al siglo XXI quiere decir que deberíamos tener en este país una situación radicalmente distinta a la que existe. Hoy tenemos 57 millones de personas en la pobreza, 12 millones sin servicios de salud, 18 y medio millones que apenas sobreviven. A 200 años del propósito original algo está mal y es algo serio.
La otra idea primordial es: vamos a construir una nación. Y en plena guerra estaban pensando cómo la iban a organizar, cómo iban a organizar el gobierno. Elaboraron su Constitución, los Sentimientos de la Nación, que son la exposición de motivos. La idea esencial es: un régimen democrático que permita que la cohesión sea el resultado del acuerdo y no de la fuerza, porque el imperio español estaba fundamentado en la fuerza.
Sobre esto último habría mucho que decir, sólo me refiero a lo primordial. Todavía hoy estamos viendo la filosofía decimonónica de construir mayorías a fuerza, con todo tipo de artificios legales, por ejemplo, cómo reducir la representación para garantizar la hegemonía de una fuerza política y suponer que el pluralismo y la vida democrática es un estorbo, en vez de la condición sine qua non para que el país tenga acuerdos, y por tanto estabilidad y seguridad.
Entonces, tres ideas: gobernarnos a nosotros mismos, construir una sociedad con equidad, justa, y construir los fundamentos de la vida política del país sobre la base del acuerdo.
Doscientos años después, particularmente en la causa social –que además es la que caracteriza nuestra Independencia–, estamos muy lejos.
Por un lado orgullo –vamos a tener nuestra fiesta, claro que sí, hay motivos para festejar, tenemos que festejar a nuestro país, a nuestra patria, a nuestra historia, a nuestra identidad–, pero por otro también, cuando gritemos “¡viva México!” va a ser: queremos que esto cambie, queremos que cambie en esta generación y queremos que cambie pronto; no resignarnos a lo que hoy es la realidad del país.
Tenemos –y se puede, y si se quiere se debe hacer– que cambiar las ideas que han predominado en México en los últimos 20 años.
A lo primero que se atrevieron los insurgentes fue a pensar distinto. Por eso sacaron a Hidalgo de Morelia, además de que hablaba francés y quería convencer a todos. Desde ahí encabezó el movimiento. Entonces lo mandaron al curato más chiquito, más pobre que hubiese, y aún tenemos patria porque él salió desde ahí con 14 personas y con ideas nuevas.
Por ello debemos tener ideas nuevas, debemos pensar distinto. Y lo primero que hay que hacer es cambiar las ideas, ese conservadurismo mediocre que se apoderó de nuestro país.
El reclamo de “¡viva México!” tiene que ser el reclamo por una esperanza, por otra forma de pensar y por otra ruta. Si no hay equidad no hay prosperidad; si no hay acuerdo no hay estabilidad; si no hay equidad y estabilidad no habrá seguridad. Es otra forma de pensar, es ver hacia el futuro de otra manera y nosotros lo podemos hacer más fácilmente porque esta ciudad es de vanguardia, no de ahora, siempre lo ha sido. Aquí a la gente le da pena decir que es de derecha.
Entonces conmemoramos con mucho orgullo a nuestros héroes, a nuestras heroínas, a esa generación que pensó distinto, que nos legó una patria.
Por otro lado, asumimos ese reclamo que hoy se va a escuchar en todo México. Lo entendemos y aspiramos en todas nuestras acciones de gobierno a representar esa aspiración y esa resolución. No a la mediocridad, no al conservadurismo y no a la resignación, México puede ser distinto y lo será.
miércoles, septiembre 15, 2010
miércoles, septiembre 08, 2010
Revolución 2010. "Izquierda Marginal" , Derecha Retrógrada
La Jornada
Astillero
Margen izquierdo
Opus Nieto
Guiños de Elba
Prórroga Chucha
Fuero Calderón
Julio Hernández López
La recomposición política en curso está llevando a una condición marginal a la izquierda, así sea ésta la meramente electoral o la identificable sólo por sus siglas. Con la vista puesta en el 2012, repartiéndose posiciones y asegurándose votos y buenas voluntades en órganos decisorios como el IFE y el tribunal electoral federal, tanto el PAN como el PRI zurcen la instauración de un bipartidismo de derecha, sin que el PRD, el PT, Convergencia o el lopezobradorismo atinen a actuar con eficacia alternativa ni parezcan deseosos de salirse de los carriles predeterminados y explorar formas de reinsertarse en condiciones realmente competitivas en la lucha política plena.
En el PRI hay un cierre de filas en torno al gobernador del estado de México, que es un yuppie derechista, educado en la Universidad Panamericana, del Opus Dei, y en cuya fraseología de precampaña no hay proyecto social de cambio o corrección más allá de lo que frente a la tragedia calderonista significaría la reinstalación del estilo mafioso de administración de lo público, que el partido de tres colores desarrolló durante largas décadas. En torno a esa precandidatura de visos exitosos se están reagrupando corrientes y personajes del viejo régimen. Por ejemplo, la profesora Elba Esther Gordillo, quien ha comenzado a desmarcarse del calderonismo y sus posibles candidatos, y ha comenzado a hacer guiños a sus antiguos compañeros de partido, deseosa de sumarse en condiciones negociadas a las tropas de asalto, sobre todo las de acción electoral, del expansivo Peña Nieto.
Los panistas están atenidos al improbable triunfo de las cada vez más cuestionadas armas del comandante Calderón, pero tienen el poder del erario abiertamente puesto al servicio de las estrategias electorales alegres que creen que la mapachería nada más es cuestión de dinero, y creen posible conseguir una aceptable porción de ayuda de los medios electrónicos a los que el felipismo está llenando de concesiones o expectativas de beneficios, sobre todo a Televisa, aunque es ya evidente que esta empresa entregará la mayor parte de su amor propagandístico a la facturación del estado de México y chequeras particulares solidarias. Lo peor para los panistas es que ni siquiera tienen, a estas alturas, una propuesta electoral medianamente aceptable (bueno, para que Creel sea el “mejor posicionado” en las encuestas), pero en cambio saben que el felipismo bajo fuego alienta una férrea voluntad de apego al poder, una vocación explícita de transexenalidad, una necesidad literalmente vital de continuidad en el uso de los recursos protectores del Estado.
La izquierda, mientras tanto, sigue dispersa y confrontada, tal como el libreto de Los Pinos lo ha deseado y promovido. Colaboracionista ha resultado en especial el ejercicio de Jesús Ortega al frente del PRD y de la corriente Nueva Izquierda. Frente al desastre nacional, esa izquierda electorera no ha podido articular una política viable para enfrentar el avance de las derechas, la panista y la priísta, y para reposicionarse. El problema de fondo es la falta de autoridad moral de esos dirigentes –en plural: no sólo Ortega, sino una buena parte de liderazgos formales en los estados y de “representantes populares” enviciados en el chantaje a los gobernantes locales y el disfrute de las migajas de lo plurinominal–. De allí que en lugar de avanzar se hunda, en vez de prosperar se marchite esa izquierda que intentará en próximo congreso nacional obligar a Ortega a que cumpla su palabra de retirarse en este diciembre de la presidencia partidista y no maniobre para quedarse hasta marzo, como ya sus allegados proponen. Pero Ortega sólo es un símbolo de la decadencia, no el único, ni siquiera el mayor. El problema es que el pragmatismo mercantil corroe la acción de las cúpulas perredistas y la política se entiende solamente como intercambio de cargos, puestos, favores y presupuestos, como se acaba de ver en los arreglos de San Lázaro para ceder todo al PRI en esta ocasión, a cambio de una ilusa promesa de reciprocidad a un año de distancia.
El lopezobradorismo centra su apuesta en lo electoral y no encuentra la manera de ensanchar su horizonte de votantes, aislado de una parte de las clases medias a causa de la incesante campaña de difamación y envenenamiento que sobre todo a través de medios electrónicos se ha mantenido contra el dirigente tabasqueño. El futuro electoral de este movimiento está condicionado por las maniobras que realicen el chuchismo antes mencionado, la probable candidatura alterna de Marcelo Ebrard y los vaivenes naturales de Convergencia y los que externamente le puedan crear al PT que hasta ahora ha sido la única instancia partidista que ha dado cobertura adecuada al proceso de construcción de la candidatura de López Obrador.
Astillas
El grado de belicosidad en el país ha sido decidido por Felipe Calderón, quien ha permitido o promovido que en diversos enfrentamientos parezca regir la máxima de matar en caliente a quienes son sumariamente clasificados como delincuentes exterminables y que en múltiples casos se cometan violaciones a los derechos humanos que son entendidas, en la lógica de esa peculiar “guerra”, como consecuencias inevitables y por ello no sancionables, como “daños colaterales”, dignos de condolencia pero no de justicia. Para que siga caminando sin castigo esa maquinaria de demolición masiva se requiere la existencia de un fuero militar que sustraiga a los soldados de las reglas de procesamiento judicial que se aplican a cualquier otro ciudadano. Con su fallo de ayer, la Suprema Corte sostiene el entramado que permite el constante dolor social. Calderón, por su parte, evade el cumplimiento de compromisos internacionales en la materia y promete –como ha hecho en otros temas– iniciativas y cambios, a sabiendas de que ese tratamiento de excepción a militares es indispensable para que continúen los operativos funerarios por todo el país. ¡Hasta mañana, con Javier Lozano Alarcón ofreciéndose como futuro presidente del desempleo!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Astillero
Margen izquierdo
Opus Nieto
Guiños de Elba
Prórroga Chucha
Fuero Calderón
Julio Hernández López
La recomposición política en curso está llevando a una condición marginal a la izquierda, así sea ésta la meramente electoral o la identificable sólo por sus siglas. Con la vista puesta en el 2012, repartiéndose posiciones y asegurándose votos y buenas voluntades en órganos decisorios como el IFE y el tribunal electoral federal, tanto el PAN como el PRI zurcen la instauración de un bipartidismo de derecha, sin que el PRD, el PT, Convergencia o el lopezobradorismo atinen a actuar con eficacia alternativa ni parezcan deseosos de salirse de los carriles predeterminados y explorar formas de reinsertarse en condiciones realmente competitivas en la lucha política plena.
En el PRI hay un cierre de filas en torno al gobernador del estado de México, que es un yuppie derechista, educado en la Universidad Panamericana, del Opus Dei, y en cuya fraseología de precampaña no hay proyecto social de cambio o corrección más allá de lo que frente a la tragedia calderonista significaría la reinstalación del estilo mafioso de administración de lo público, que el partido de tres colores desarrolló durante largas décadas. En torno a esa precandidatura de visos exitosos se están reagrupando corrientes y personajes del viejo régimen. Por ejemplo, la profesora Elba Esther Gordillo, quien ha comenzado a desmarcarse del calderonismo y sus posibles candidatos, y ha comenzado a hacer guiños a sus antiguos compañeros de partido, deseosa de sumarse en condiciones negociadas a las tropas de asalto, sobre todo las de acción electoral, del expansivo Peña Nieto.
Los panistas están atenidos al improbable triunfo de las cada vez más cuestionadas armas del comandante Calderón, pero tienen el poder del erario abiertamente puesto al servicio de las estrategias electorales alegres que creen que la mapachería nada más es cuestión de dinero, y creen posible conseguir una aceptable porción de ayuda de los medios electrónicos a los que el felipismo está llenando de concesiones o expectativas de beneficios, sobre todo a Televisa, aunque es ya evidente que esta empresa entregará la mayor parte de su amor propagandístico a la facturación del estado de México y chequeras particulares solidarias. Lo peor para los panistas es que ni siquiera tienen, a estas alturas, una propuesta electoral medianamente aceptable (bueno, para que Creel sea el “mejor posicionado” en las encuestas), pero en cambio saben que el felipismo bajo fuego alienta una férrea voluntad de apego al poder, una vocación explícita de transexenalidad, una necesidad literalmente vital de continuidad en el uso de los recursos protectores del Estado.
La izquierda, mientras tanto, sigue dispersa y confrontada, tal como el libreto de Los Pinos lo ha deseado y promovido. Colaboracionista ha resultado en especial el ejercicio de Jesús Ortega al frente del PRD y de la corriente Nueva Izquierda. Frente al desastre nacional, esa izquierda electorera no ha podido articular una política viable para enfrentar el avance de las derechas, la panista y la priísta, y para reposicionarse. El problema de fondo es la falta de autoridad moral de esos dirigentes –en plural: no sólo Ortega, sino una buena parte de liderazgos formales en los estados y de “representantes populares” enviciados en el chantaje a los gobernantes locales y el disfrute de las migajas de lo plurinominal–. De allí que en lugar de avanzar se hunda, en vez de prosperar se marchite esa izquierda que intentará en próximo congreso nacional obligar a Ortega a que cumpla su palabra de retirarse en este diciembre de la presidencia partidista y no maniobre para quedarse hasta marzo, como ya sus allegados proponen. Pero Ortega sólo es un símbolo de la decadencia, no el único, ni siquiera el mayor. El problema es que el pragmatismo mercantil corroe la acción de las cúpulas perredistas y la política se entiende solamente como intercambio de cargos, puestos, favores y presupuestos, como se acaba de ver en los arreglos de San Lázaro para ceder todo al PRI en esta ocasión, a cambio de una ilusa promesa de reciprocidad a un año de distancia.
El lopezobradorismo centra su apuesta en lo electoral y no encuentra la manera de ensanchar su horizonte de votantes, aislado de una parte de las clases medias a causa de la incesante campaña de difamación y envenenamiento que sobre todo a través de medios electrónicos se ha mantenido contra el dirigente tabasqueño. El futuro electoral de este movimiento está condicionado por las maniobras que realicen el chuchismo antes mencionado, la probable candidatura alterna de Marcelo Ebrard y los vaivenes naturales de Convergencia y los que externamente le puedan crear al PT que hasta ahora ha sido la única instancia partidista que ha dado cobertura adecuada al proceso de construcción de la candidatura de López Obrador.
Astillas
El grado de belicosidad en el país ha sido decidido por Felipe Calderón, quien ha permitido o promovido que en diversos enfrentamientos parezca regir la máxima de matar en caliente a quienes son sumariamente clasificados como delincuentes exterminables y que en múltiples casos se cometan violaciones a los derechos humanos que son entendidas, en la lógica de esa peculiar “guerra”, como consecuencias inevitables y por ello no sancionables, como “daños colaterales”, dignos de condolencia pero no de justicia. Para que siga caminando sin castigo esa maquinaria de demolición masiva se requiere la existencia de un fuero militar que sustraiga a los soldados de las reglas de procesamiento judicial que se aplican a cualquier otro ciudadano. Con su fallo de ayer, la Suprema Corte sostiene el entramado que permite el constante dolor social. Calderón, por su parte, evade el cumplimiento de compromisos internacionales en la materia y promete –como ha hecho en otros temas– iniciativas y cambios, a sabiendas de que ese tratamiento de excepción a militares es indispensable para que continúen los operativos funerarios por todo el país. ¡Hasta mañana, con Javier Lozano Alarcón ofreciéndose como futuro presidente del desempleo!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
domingo, agosto 22, 2010
"El Estado de Derecho"
La Jornada
El Estado de derecho
Arnaldo Córdova
El día 11 de agosto participé en una mesa del ciclo 2010: Reforma del Estado y Fortalecimiento de la Nación, que organizaron la UNAM y la Asociación Nacional para la Reforma del Estado, que preside Porfirio Muñoz Ledo. Se me propuso que tratara el tema del Estado de derecho y me aboqué a definirlo en sus más importantes extremos, por supuesto, sin buscar ser exhaustivo. Deseo comunicar a mis lectores lo que dije en la ocasión, en parte, porque el evento sólo fue reseñado por La Jornada y, en parte también, porque el reportero Emir Olivares o no estuvo presente en el acto o, lo que es más probable, no consideró necesario ni siquiera mencionarme en su nota.
El Estado de derecho es muy fácil de definir: es el que está previamente establecido en el derecho en sus instituciones y en su funcionamiento. Diego Valadés afirmó que es “previsible”, cosa que me parece dudosa. En todo caso, el Estado definido y establecido en la Constitución y en sus leyes es de derecho. Me doy cuenta de que es una radiografía todavía oscura y es preciso fijar sus características y sus funciones, por lo menos en lo general. Eso fue lo que me propuse hacer en mi intervención. Dije, por ejemplo, que el Estado de derecho es un entramado de consensos populares y políticos y, eso solo, requiere de una explicación.
Decir que cualquier Estado que nazca o se funde en la ley es un Estado de derecho es un disparate. No sé por qué mi viejo amigo Rodolfo Stavenhagen llegó a decir: “¡Ojo! El Estado nazi también fue un Estado de derecho”. Desde ningún punto de vista podría decirse que ese Estado, asesino y genocida, fue de derecho. El Estado de derecho es enemigo total del abuso del poder, pues su ejercicio está previamente fijado en la ley; en él el gobernante hace lo que la ley le dicta, no lo que se le antoja ni, mucho menos, todo aquello que va en contra de los que gobierna y a los que, en un verdadero Estado de derecho, debe su puesto y poder, porque para ello lo eligieron.
El Estado de derecho es un Estado de consensos porque el derecho mismo es el resultado del acuerdo de voluntades. Ya lo he dicho de reciente aquí mismo: toda ley es fruto del acuerdo de las fuerzas parlamentarias que la producen y no puede ser de otra manera. La ley, plena de majestad y de autoridad, obra de juristas geniales que trabajan en el gabinete, como se tiende a verla en las escuelas de derecho, no es más que una calentura enfermiza que a veces enceguece a los abogados o es sólo tema de su retórica en los tribunales. En la realidad, no hay ley y no hay derecho, claro, en un Estado democrático, que no sea resultado del consenso, del acuerdo de voluntades.
Y ése es otro aspecto vital del problema: el Estado de derecho es siempre democrático o no es de derecho de ninguna manera. ¿Cómo podría decirse que el grupo de notables nazis que prepararon las leyes de exclusión racial y luego la estrategia de la “solución final” produjeron un acto que se dio en los marcos de un Estado de derecho? Es verdad que los nazis respetaron la Constitución y la ley en su asalto al poder; pero, el día que se votó por los plenos poderes a Hitler y para obtener mayoría absoluta, la fórmula que se siguió fue aprehender a las puertas del Reichstag (el parlamento alemán) a todos los diputados socialdemócratas y comunistas que fueron directamente a los campos de concentración.
Si el derecho no puede ser más que democrático, en consecuencia, el Estado de derecho tiene que ser también sólo democrático. Todo otro régimen estatal que dé lugar a la arbitrariedad y al abuso del poder no es ni puede ser, por muy fundado que se presente en la ley, un Estado de derecho. La dictadura porfiriana, entre nosotros, fue un régimen que supo guardar muy bien las formas legales y constitucionales. A nadie se le ha ocurrido llamarle un Estado de derecho. Por eso éste es, también y muy señaladamente, un Estado garantista de la libertad individual y social, lo que, a su vez, quiere decir, garante de que sus actos, apegados siempre a derecho, jamás permitirán la impunidad y el abuso del poder.
El Estado de derecho tiene otra virtud que es inigualable: es el que mejor preserva su institucionalidad, vale decir, su permanencia. En ciencias sociales, lo que es institucional es lo que cuaja en condensados permanentes y duraderos en el tiempo. No podía ser de otra manera en su caso, pues nada hay que haga permanentes las instituciones de gobierno de la sociedad que el acuerdo y el consenso de la sociedad. Desde luego que la fuerza de ningún modo. A la fuerza siempre habrá otra fuerza mayor que la someta, como muy bien lo señaló Rousseau. En la misma ruta y debido a la permanente presencia del consenso popular, el Estado de derecho es el que menos se ve expuesto al anquilosamiento y al pudrimiento de sus órganos y de sus funciones.
El Estado de derecho, por supuesto y se señaló por parte de casi todos los que intervinieron en mi mesa, no puede ser tal si no produce y realiza plenamente una pronta y expedita impartición de justicia. De hecho, el mejor termómetro para medir la eficacia de ese Estado es su capacidad de ser justo y equitativo. Cuando eso falla y resulta un Estado injusto e inequitativo no hay modo de justificarlo como un verdadero Estado de derecho. Mi querido Miguelito Concha señaló con atingencia que, en este renglón, la misma Constitución falla al seguir anquilosada en su capítulo de garantías individuales y derechos humanos y debe ser urgentemente reformada. Un Estado de derecho es, por naturaleza, un Estado justiciero e igualitario.
Claro está que el Estado de derecho no es la medicina para todos los males de la sociedad. Para esos males no hay otro remedio que el buen juicio de los gobernantes y el buen manejo y el óptimo funcionamiento de las instituciones estatales. La propia democracia no es una barrera para el autoritarismo y el abuso del poder. Ella misma, como lo señaló en 1932, con insuperable atingencia, el gran jurista y teórico de la democracia Hans Kelsen, en el seno de la democracia van los gérmenes que pueden provocar su propia destrucción. Así ocurrió en Alemania un año después, cuando los nazis destruyeron la República democrática de Weimar. Todas las fuerzas políticas, representativas de la voluntad ciudadana, son proclives a militar contra la democracia y a no respetar sus reglas.
Derecho, consenso popular y democracia son componentes ineliminables de una misma unidad y de un mismo concepto: Estado de derecho. Como puede verse fácilmente, no se trata de cuestiones puramente formales. No se trata sólo de tener leyes ni, tampoco, de observar esas leyes. Se trata de cuestiones materiales: quiénes deciden y producen esas leyes, quiénes deciden la integración del Estado y sus instituciones, qué garantías hay de que los elegidos para gobernar cumplan efectivamente lo que está decidido por todos en las leyes. La impunidad, la arbitrariedad y el mal gobierno sólo se pueden evitar en un Estado que sea de derecho, vale decir, en un Estado decidido por todos.
El Estado de derecho
Arnaldo Córdova
El día 11 de agosto participé en una mesa del ciclo 2010: Reforma del Estado y Fortalecimiento de la Nación, que organizaron la UNAM y la Asociación Nacional para la Reforma del Estado, que preside Porfirio Muñoz Ledo. Se me propuso que tratara el tema del Estado de derecho y me aboqué a definirlo en sus más importantes extremos, por supuesto, sin buscar ser exhaustivo. Deseo comunicar a mis lectores lo que dije en la ocasión, en parte, porque el evento sólo fue reseñado por La Jornada y, en parte también, porque el reportero Emir Olivares o no estuvo presente en el acto o, lo que es más probable, no consideró necesario ni siquiera mencionarme en su nota.
El Estado de derecho es muy fácil de definir: es el que está previamente establecido en el derecho en sus instituciones y en su funcionamiento. Diego Valadés afirmó que es “previsible”, cosa que me parece dudosa. En todo caso, el Estado definido y establecido en la Constitución y en sus leyes es de derecho. Me doy cuenta de que es una radiografía todavía oscura y es preciso fijar sus características y sus funciones, por lo menos en lo general. Eso fue lo que me propuse hacer en mi intervención. Dije, por ejemplo, que el Estado de derecho es un entramado de consensos populares y políticos y, eso solo, requiere de una explicación.
Decir que cualquier Estado que nazca o se funde en la ley es un Estado de derecho es un disparate. No sé por qué mi viejo amigo Rodolfo Stavenhagen llegó a decir: “¡Ojo! El Estado nazi también fue un Estado de derecho”. Desde ningún punto de vista podría decirse que ese Estado, asesino y genocida, fue de derecho. El Estado de derecho es enemigo total del abuso del poder, pues su ejercicio está previamente fijado en la ley; en él el gobernante hace lo que la ley le dicta, no lo que se le antoja ni, mucho menos, todo aquello que va en contra de los que gobierna y a los que, en un verdadero Estado de derecho, debe su puesto y poder, porque para ello lo eligieron.
El Estado de derecho es un Estado de consensos porque el derecho mismo es el resultado del acuerdo de voluntades. Ya lo he dicho de reciente aquí mismo: toda ley es fruto del acuerdo de las fuerzas parlamentarias que la producen y no puede ser de otra manera. La ley, plena de majestad y de autoridad, obra de juristas geniales que trabajan en el gabinete, como se tiende a verla en las escuelas de derecho, no es más que una calentura enfermiza que a veces enceguece a los abogados o es sólo tema de su retórica en los tribunales. En la realidad, no hay ley y no hay derecho, claro, en un Estado democrático, que no sea resultado del consenso, del acuerdo de voluntades.
Y ése es otro aspecto vital del problema: el Estado de derecho es siempre democrático o no es de derecho de ninguna manera. ¿Cómo podría decirse que el grupo de notables nazis que prepararon las leyes de exclusión racial y luego la estrategia de la “solución final” produjeron un acto que se dio en los marcos de un Estado de derecho? Es verdad que los nazis respetaron la Constitución y la ley en su asalto al poder; pero, el día que se votó por los plenos poderes a Hitler y para obtener mayoría absoluta, la fórmula que se siguió fue aprehender a las puertas del Reichstag (el parlamento alemán) a todos los diputados socialdemócratas y comunistas que fueron directamente a los campos de concentración.
Si el derecho no puede ser más que democrático, en consecuencia, el Estado de derecho tiene que ser también sólo democrático. Todo otro régimen estatal que dé lugar a la arbitrariedad y al abuso del poder no es ni puede ser, por muy fundado que se presente en la ley, un Estado de derecho. La dictadura porfiriana, entre nosotros, fue un régimen que supo guardar muy bien las formas legales y constitucionales. A nadie se le ha ocurrido llamarle un Estado de derecho. Por eso éste es, también y muy señaladamente, un Estado garantista de la libertad individual y social, lo que, a su vez, quiere decir, garante de que sus actos, apegados siempre a derecho, jamás permitirán la impunidad y el abuso del poder.
El Estado de derecho tiene otra virtud que es inigualable: es el que mejor preserva su institucionalidad, vale decir, su permanencia. En ciencias sociales, lo que es institucional es lo que cuaja en condensados permanentes y duraderos en el tiempo. No podía ser de otra manera en su caso, pues nada hay que haga permanentes las instituciones de gobierno de la sociedad que el acuerdo y el consenso de la sociedad. Desde luego que la fuerza de ningún modo. A la fuerza siempre habrá otra fuerza mayor que la someta, como muy bien lo señaló Rousseau. En la misma ruta y debido a la permanente presencia del consenso popular, el Estado de derecho es el que menos se ve expuesto al anquilosamiento y al pudrimiento de sus órganos y de sus funciones.
El Estado de derecho, por supuesto y se señaló por parte de casi todos los que intervinieron en mi mesa, no puede ser tal si no produce y realiza plenamente una pronta y expedita impartición de justicia. De hecho, el mejor termómetro para medir la eficacia de ese Estado es su capacidad de ser justo y equitativo. Cuando eso falla y resulta un Estado injusto e inequitativo no hay modo de justificarlo como un verdadero Estado de derecho. Mi querido Miguelito Concha señaló con atingencia que, en este renglón, la misma Constitución falla al seguir anquilosada en su capítulo de garantías individuales y derechos humanos y debe ser urgentemente reformada. Un Estado de derecho es, por naturaleza, un Estado justiciero e igualitario.
Claro está que el Estado de derecho no es la medicina para todos los males de la sociedad. Para esos males no hay otro remedio que el buen juicio de los gobernantes y el buen manejo y el óptimo funcionamiento de las instituciones estatales. La propia democracia no es una barrera para el autoritarismo y el abuso del poder. Ella misma, como lo señaló en 1932, con insuperable atingencia, el gran jurista y teórico de la democracia Hans Kelsen, en el seno de la democracia van los gérmenes que pueden provocar su propia destrucción. Así ocurrió en Alemania un año después, cuando los nazis destruyeron la República democrática de Weimar. Todas las fuerzas políticas, representativas de la voluntad ciudadana, son proclives a militar contra la democracia y a no respetar sus reglas.
Derecho, consenso popular y democracia son componentes ineliminables de una misma unidad y de un mismo concepto: Estado de derecho. Como puede verse fácilmente, no se trata de cuestiones puramente formales. No se trata sólo de tener leyes ni, tampoco, de observar esas leyes. Se trata de cuestiones materiales: quiénes deciden y producen esas leyes, quiénes deciden la integración del Estado y sus instituciones, qué garantías hay de que los elegidos para gobernar cumplan efectivamente lo que está decidido por todos en las leyes. La impunidad, la arbitrariedad y el mal gobierno sólo se pueden evitar en un Estado que sea de derecho, vale decir, en un Estado decidido por todos.
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