La Jornada
Mario Di Costanzo*
El Estado miente y la “oposición progresista” lo solapa
Tal parece que el Estado mexicano se acostumbró a mentir y la “oposición progresista” se acostumbró a solapar: sólo basta recordar lo que se ha venido diciendo recientemente sobre diferentes temas de importancia nacional, pues respecto de la reforma fiscal, por ejemplo, Felipe Calderón y Agustín Carstens señalaron que su propuesta aprobada por el PRIAN acabaría con los paraísos fiscales y que ahora pagarían impuestos aquellos empresarios que nunca los habían pagado, pero durante esta semana se aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos para 2008 y en él se puede observar claramente que mientras que la recaudación por el impuesto sobre la renta será de 580 mil millones de pesos, la del famoso IETU será de apenas 69 mil millones de pesos.
Esto, en otras palabras, quiere decir que el impuesto que supuestamente terminaría con los paraísos fiscales recolectará para las arcas nacionales apenas la doceava parte de lo que se recauda con el impuesto que se quiere desaparecer en el futuro.
¿Cómo es posible que los legisladores hayan exigido transparencia y legalidad al IPAB en el proceso de venta de Aeroméxico y, sin embargo, hayan permanecido callados y quietos mientras que esta aerolínea era vendida a un grupo de empresarios representados por Banamex que de pronto presentaron una oferta pública de acciones (OPA Hostil) por la empresa, aun cuando la propia ley del IPAB establece que no podrán adquirir bienes del IPAB aquellas personas o empresas que hayan sido apoyadas por el Fobaproa, y que los procesos de venta de bienes del IPAB tendrán que hacerse mediante subasta pública o licitación?
¿Acaso los legisladores ya se olvidaron que el rescate de Banamex le costó al erario aproximadamente 73 mil millones de pesos y actualmente Banamex-Citigroup recibe cuantiosos intereses de los pagarés del Fobaproa-IPAB, a cargo de los contribuyentes?
También olvidaron, al parecer, que la venta de Banamex fue un “cruce protegido de acciones” que permitió que no se pagara impuestos en la operación financiera más grande de la historia económica moderna del país.
No es posible que esto haya sucedido sin el menor pronunciamiento del presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que por cierto es perredista y que según cuentan estaba de viaje; otros, sin embargo, ahora sí, cuando la transacción ya se consumó, gritan a los cuatro vientos la necesidad de revisar la operación. Un poco tarde, ¿no cree?
Por su parte, Vicente Fox se quiere exhibir en Estados Unidos como un mártir de la honestidad y la transparencia, cuando su inexplicable riqueza está a la vista de todos los mexicanos y de la revisión de sus propias declaraciones patrimoniales se observa, por ejemplo, que cobró dos veces (en 2005 y 2006) esa prebenda denominada Seguro de Separación Individualizado: en suma, de sus propias declaraciones patrimoniales se desprende que violentó gravemente la Constitución Política de nuestro país.
Y mientras esto sucede, la Cámara de Diputados ha constituido mañosamente una “Comisión para dar Seguimiento” a las denuncias presentadas contra el ex presidente, en vez de tomar una acción legal clara y contundente ante la PGR.
Aquí conviene mencionar que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece en su artículo 84, textualmente:
“Cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público, la Secretaría podrá ordenar, fundando y motivando su acuerdo, la práctica de visitas de inspección y auditoría. Cuando estos actos requieran orden de autoridad judicial, la Secretaría hará ante ésta la solicitud correspondiente”.
Más aún, el artículo 86 de la ley en comento agrega que: Serán sancionados en los términos que disponga el Código Penal los servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito.
De esta manera, todo lo anterior nos debe recordar el refrán que reza: “No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”, y que si bien el Estado se acostumbró a mentir, la “oposición progresista”, también se ha acostumbrado a solapar.
¿Será acaso ésta la nueva izquierda o la izquierda que necesita este país?
*Secretario de la hacienda pública del gobierno legítimo
domingo, octubre 21, 2007
viernes, octubre 19, 2007
"Gobierno" mexicano enmarcado en el fraude.
La Jornada
Luis Javier Garrido
Las facturas
El pueblo de México, además de sufrir la imposición de un gobierno ilegítimo, está teniendo que pagar ahora las facturas del fraude electoral de 2006.
1. El panista Felipe Calderón, impuesto en la silla presidencial por la vía del fraude, no ha sido capaz de gobernar y se ha pasado casi un año pagando las facturas a aquellos que lo impusieron, otorgándoles cuotas de poder político o contratos y concesiones, con un costo incalculable para la nación, que ha entrañado además un deterioro institucional sin precedente en la vida del país.
2. El saldo inmediato de la supuesta gestión de 11 meses de quien es un gobernante ilegítimo está a la vista: compromisos inconfesables con la administración republicana de Washington, que lo han llevado a entregar parcelas de la soberanía nacional a agencias del gobierno estadunidense y ante el desastre de su administración de facto a hacerle nuevas concesiones, negocios y prebendas tanto a quienes lo financiaron ilegalmente como a aquellos que implementaron el fraude. Es decir, el pago de facturas con cargo, desde luego, al pueblo de México, como se está haciendo con el Fobaproa, con las carreteras y los ingenios, y todo aquello que se privatiza.
3. Las consecuencias políticas de la imposición fraudulenta no son menos graves, pues el caos administrativo que se ha creado evidencia una incapacidad manifiesta del gobierno espurio para asumir sus funciones, ya que está dejando el ejercicio de muchas de sus responsabilidades a los poderes fácticos (de la seguridad pública hasta la educación, la salud o la seguridad social) o al Congreso, todo lo cual ha traído en consecuencia un desastre gubernamental marcado por la corrupción y la incompetencia y, sobre todo, por un caos institucional, como acontece en el caso de las fuerzas armadas, usadas primero inconstitucionalmente en tareas de seguridad pública y más tarde puestas a las órdenes de policías estadunidenses, y cuyo desprestigio nunca había estado tan abajo.
4. La intervención abierta de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por sus siglas en inglés) y de otras agencias del gobierno de Bush en territorio mexicano no había sido nunca tan abierta, y el Ejército Mexicano, que en la propaganda oficial “lucha contra el narco”, en los hechos obedece a órdenes de Washington, por la decisión de Calderón de actuar como “un pelele” en la materia, como se ha visto con la extradición de ciudadanos mexicanos a Estados Unidos y en el “descubrimiento” del caso del chino Zhenli Ye Gong o, como se ha documentado ahora, con las capturas de El tigre y de La reina del Pacífico (La Jornada, 15/10/07).
5. El riesgo de que el gobierno de facto, encabezado por un individuo carente de patriotismo, siga entregando como un pago de facturas no sólo los recursos estratégicos de la nación a trasnacionales, sino el control del territorio nacional a Washington es muy grande, en especial luego de la Cumbre de Seguridad y Prosperidad de Montebello (Canadá), realizada del 20 al 21 de agosto, y ante el anuncio de la exigencia de Bush de que se acepte ya abiertamente el control estadunidense del territorio mexicano en un Plan México, que se elabora en la sombras y que la Cámara de Representantes discutirá el 25 de octubre.
6. El pago de facturas no ha conducido únicamente, en consecuencia, a que exista en el país un vacío de poder institucional o a que Calderón haga el ridículo ante Vicente Fox –quien ocupa espacios periodísticos mucho mayores que aquel a quien impuso por el fraude y que está obligado a aguantar los desplantes de su predecesor y a protegerlo–, o ante Elba Esther Gordillo –a quien ha cedido como pago espacios claves de la administración al haberle agenciado más de un millón de votos fraudulentos–, sino a que se comprometa por mucho tiempo el futuro de México como país soberano e independiente.
7. Desbordado estos meses por el pago de cuotas y por tratar de controlar a su administración y apoderarse del aparato del PAN, Calderón ha tenido que enfrentar además a su peor preocupación: Andrés Manuel López Obrador, que con terca voluntad republicana está tratando de demostrar que se puede desde abajo, por la voluntad popular, detener medidas impopulares y frenar a un gobierno ilegítimo. De ahí la obsesión calderoniana por cooptar a dirigentes del PRD que lo avalen.
8. A este Ejecutivo de facto, en manos (formalmente) de un individuo sin autoridad moral ni política, que llegó por la vía del fraude y que está confiscando la soberanía nacional y entregando el control de los recursos estratégicos de la nación al extranjero, es al que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sin ningún argumento jurídico ni político, ni mucho menos ético, exige que se le reconozca porque, afirma, “él es el que gobierna” (La Jornada, 18/10/07). Según esta lógica, los liberales hubiesen tenido que reconocer a Santa-Anna en 1853 o los revolucionarios a Victoriano Huerta en 1913.
9. Dos días antes, el gobernador michoacano Lázaro Cárdenas Batel había dado su razonamiento: el PRD debía reconocer a Calderón porque de lo contrario, dijo, se estaría aislando (Milenio Diario, 15/10/07), aunque no precisó de quién o de qué.
10. El costo que ha tenido para la nación la imposición fraudulenta de Felipe Calderón es incalculable, pero ese hecho histórico ha tenido al menos un beneficio para el país: ha deslindado los terrenos y obligado a las definiciones, colocando a cada quien en el lugar que le corresponde
Luis Javier Garrido
Las facturas
El pueblo de México, además de sufrir la imposición de un gobierno ilegítimo, está teniendo que pagar ahora las facturas del fraude electoral de 2006.
1. El panista Felipe Calderón, impuesto en la silla presidencial por la vía del fraude, no ha sido capaz de gobernar y se ha pasado casi un año pagando las facturas a aquellos que lo impusieron, otorgándoles cuotas de poder político o contratos y concesiones, con un costo incalculable para la nación, que ha entrañado además un deterioro institucional sin precedente en la vida del país.
2. El saldo inmediato de la supuesta gestión de 11 meses de quien es un gobernante ilegítimo está a la vista: compromisos inconfesables con la administración republicana de Washington, que lo han llevado a entregar parcelas de la soberanía nacional a agencias del gobierno estadunidense y ante el desastre de su administración de facto a hacerle nuevas concesiones, negocios y prebendas tanto a quienes lo financiaron ilegalmente como a aquellos que implementaron el fraude. Es decir, el pago de facturas con cargo, desde luego, al pueblo de México, como se está haciendo con el Fobaproa, con las carreteras y los ingenios, y todo aquello que se privatiza.
3. Las consecuencias políticas de la imposición fraudulenta no son menos graves, pues el caos administrativo que se ha creado evidencia una incapacidad manifiesta del gobierno espurio para asumir sus funciones, ya que está dejando el ejercicio de muchas de sus responsabilidades a los poderes fácticos (de la seguridad pública hasta la educación, la salud o la seguridad social) o al Congreso, todo lo cual ha traído en consecuencia un desastre gubernamental marcado por la corrupción y la incompetencia y, sobre todo, por un caos institucional, como acontece en el caso de las fuerzas armadas, usadas primero inconstitucionalmente en tareas de seguridad pública y más tarde puestas a las órdenes de policías estadunidenses, y cuyo desprestigio nunca había estado tan abajo.
4. La intervención abierta de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por sus siglas en inglés) y de otras agencias del gobierno de Bush en territorio mexicano no había sido nunca tan abierta, y el Ejército Mexicano, que en la propaganda oficial “lucha contra el narco”, en los hechos obedece a órdenes de Washington, por la decisión de Calderón de actuar como “un pelele” en la materia, como se ha visto con la extradición de ciudadanos mexicanos a Estados Unidos y en el “descubrimiento” del caso del chino Zhenli Ye Gong o, como se ha documentado ahora, con las capturas de El tigre y de La reina del Pacífico (La Jornada, 15/10/07).
5. El riesgo de que el gobierno de facto, encabezado por un individuo carente de patriotismo, siga entregando como un pago de facturas no sólo los recursos estratégicos de la nación a trasnacionales, sino el control del territorio nacional a Washington es muy grande, en especial luego de la Cumbre de Seguridad y Prosperidad de Montebello (Canadá), realizada del 20 al 21 de agosto, y ante el anuncio de la exigencia de Bush de que se acepte ya abiertamente el control estadunidense del territorio mexicano en un Plan México, que se elabora en la sombras y que la Cámara de Representantes discutirá el 25 de octubre.
6. El pago de facturas no ha conducido únicamente, en consecuencia, a que exista en el país un vacío de poder institucional o a que Calderón haga el ridículo ante Vicente Fox –quien ocupa espacios periodísticos mucho mayores que aquel a quien impuso por el fraude y que está obligado a aguantar los desplantes de su predecesor y a protegerlo–, o ante Elba Esther Gordillo –a quien ha cedido como pago espacios claves de la administración al haberle agenciado más de un millón de votos fraudulentos–, sino a que se comprometa por mucho tiempo el futuro de México como país soberano e independiente.
7. Desbordado estos meses por el pago de cuotas y por tratar de controlar a su administración y apoderarse del aparato del PAN, Calderón ha tenido que enfrentar además a su peor preocupación: Andrés Manuel López Obrador, que con terca voluntad republicana está tratando de demostrar que se puede desde abajo, por la voluntad popular, detener medidas impopulares y frenar a un gobierno ilegítimo. De ahí la obsesión calderoniana por cooptar a dirigentes del PRD que lo avalen.
8. A este Ejecutivo de facto, en manos (formalmente) de un individuo sin autoridad moral ni política, que llegó por la vía del fraude y que está confiscando la soberanía nacional y entregando el control de los recursos estratégicos de la nación al extranjero, es al que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sin ningún argumento jurídico ni político, ni mucho menos ético, exige que se le reconozca porque, afirma, “él es el que gobierna” (La Jornada, 18/10/07). Según esta lógica, los liberales hubiesen tenido que reconocer a Santa-Anna en 1853 o los revolucionarios a Victoriano Huerta en 1913.
9. Dos días antes, el gobernador michoacano Lázaro Cárdenas Batel había dado su razonamiento: el PRD debía reconocer a Calderón porque de lo contrario, dijo, se estaría aislando (Milenio Diario, 15/10/07), aunque no precisó de quién o de qué.
10. El costo que ha tenido para la nación la imposición fraudulenta de Felipe Calderón es incalculable, pero ese hecho histórico ha tenido al menos un beneficio para el país: ha deslindado los terrenos y obligado a las definiciones, colocando a cada quien en el lugar que le corresponde
lunes, octubre 15, 2007
"La derecha en el poder"
La Jornada
Javier Oliva Posada javierolivaposada@gmail.com
La derecha en el poder
Nuevamente nos encontramos en uno de esos momentos en los que el debate por la definición y contenido de ideologías anuncia profundos cambios tanto en los objetivos de los programas de los partidos políticos como de gobiernos en funciones. En particular, luego de los comicios en Francia, del proceso prelectoral en Estados Unidos, del renacimiento del nacionalismo en Rusia y los planes de Vladimir Putin, sin olvidar las elecciones generales en España para marzo de 2008, muchos temas habrán de ser revisados y discutidos. Por otra parte, en Latinoamérica el ambiente no es menos intenso.
La Asamblea Constituyente en Ecuador, los gobiernos de Evo Morales y Hugo Chávez, el proceso electoral en Argentina, así como las constantes sacudidas políticas en el Partido de los Trabajadores de Brasil nos aportan gran cantidad de elementos para alimentar una polémica que en México comienza a darse. En efecto, ante la contienda interna del PRD por la dirigencia nacional, la emergencia de movimientos sociales y de protesta en distintas partes del país anuncia lo que puede convertirse en el debate más fructífero y útil para los siguientes años.
Definirse ideológicamente significa adoptar una posición ante los demás contendientes. A la derecha nunca le ha gustado definirse como derecha. Centro, centro-derecha, neoliberal, demócrata cristiana, pero la asociación al conservadurismo, a la predilección por mantener los privilegios de la situación prevaleciente, con políticas fiscales que benefician la acumulación y al capital en deterioro de los trabajadores y empleados son evidencias de una posición ideológica que pretende marcar los límites a la movilización popular.
Recientemente Samuel Huntington expresó: “No me considero neoconservador. Siempre he sido conservador” (“Les droites au povoir”, Le Monde). Es decir, la derecha, como la que gobierna en México, a pesar de los aspectos cronológicos, de los avances tecnológicos y de la capacidad de influencia de los medios comunicación, o de la irrupción de nuevas generaciones en el escenario social, busca anteponer el orden a la justicia social, o bien pretende resolver la problemática social desde el promontorio aséptico de medidas macroeconómicas, lo que demuestra la identidad de los compromisos que la llevó al poder. A juzgar por los muy discutidos y dudosos resultados electorales de julio de 2006, los aliados fueron pocos y difíciles de convencer.
Con estas referencias el debate por venir de las fuerzas progresistas, identificadas con una agenda en la cual las necesidades sociales son la base de medidas y programas, se situará en la convergencia de acciones específicas; sólo así podrá sobrepasar el largo y estéril alegato que termina por dividir y fragmentar esfuerzos. Lamentablemente, la historia así lo demuestra. Una izquierda dividida es involuntariamente el mejor aliado de la derecha gobernante. La falta de cohesión de las posiciones de vanguardia social con frecuencia es el referente para abrir las puertas a la entronización de programas que al final del día perjudican a todos esos segmentos que presumen de altos niveles de conciencia y organización.
Ya vienen los debates acerca de la propiedad de la nación sobre los energéticos y el petróleo en primer lugar; se acerca el momento de analizar si por estar al día o dejar atrás otras épocas de la diplomacia, México formará parte de operaciones militares conjuntas. La identidad con los valores de la nación tal vez sería un punto de arranque importante a defender, al menos marcar un límite al desmantelamiento del Estado, ahora desde la perspectiva de su naturaleza. Eso es lo que estará en juego.
Javier Oliva Posada javierolivaposada@gmail.com
La derecha en el poder
Nuevamente nos encontramos en uno de esos momentos en los que el debate por la definición y contenido de ideologías anuncia profundos cambios tanto en los objetivos de los programas de los partidos políticos como de gobiernos en funciones. En particular, luego de los comicios en Francia, del proceso prelectoral en Estados Unidos, del renacimiento del nacionalismo en Rusia y los planes de Vladimir Putin, sin olvidar las elecciones generales en España para marzo de 2008, muchos temas habrán de ser revisados y discutidos. Por otra parte, en Latinoamérica el ambiente no es menos intenso.
La Asamblea Constituyente en Ecuador, los gobiernos de Evo Morales y Hugo Chávez, el proceso electoral en Argentina, así como las constantes sacudidas políticas en el Partido de los Trabajadores de Brasil nos aportan gran cantidad de elementos para alimentar una polémica que en México comienza a darse. En efecto, ante la contienda interna del PRD por la dirigencia nacional, la emergencia de movimientos sociales y de protesta en distintas partes del país anuncia lo que puede convertirse en el debate más fructífero y útil para los siguientes años.
Definirse ideológicamente significa adoptar una posición ante los demás contendientes. A la derecha nunca le ha gustado definirse como derecha. Centro, centro-derecha, neoliberal, demócrata cristiana, pero la asociación al conservadurismo, a la predilección por mantener los privilegios de la situación prevaleciente, con políticas fiscales que benefician la acumulación y al capital en deterioro de los trabajadores y empleados son evidencias de una posición ideológica que pretende marcar los límites a la movilización popular.
Recientemente Samuel Huntington expresó: “No me considero neoconservador. Siempre he sido conservador” (“Les droites au povoir”, Le Monde). Es decir, la derecha, como la que gobierna en México, a pesar de los aspectos cronológicos, de los avances tecnológicos y de la capacidad de influencia de los medios comunicación, o de la irrupción de nuevas generaciones en el escenario social, busca anteponer el orden a la justicia social, o bien pretende resolver la problemática social desde el promontorio aséptico de medidas macroeconómicas, lo que demuestra la identidad de los compromisos que la llevó al poder. A juzgar por los muy discutidos y dudosos resultados electorales de julio de 2006, los aliados fueron pocos y difíciles de convencer.
Con estas referencias el debate por venir de las fuerzas progresistas, identificadas con una agenda en la cual las necesidades sociales son la base de medidas y programas, se situará en la convergencia de acciones específicas; sólo así podrá sobrepasar el largo y estéril alegato que termina por dividir y fragmentar esfuerzos. Lamentablemente, la historia así lo demuestra. Una izquierda dividida es involuntariamente el mejor aliado de la derecha gobernante. La falta de cohesión de las posiciones de vanguardia social con frecuencia es el referente para abrir las puertas a la entronización de programas que al final del día perjudican a todos esos segmentos que presumen de altos niveles de conciencia y organización.
Ya vienen los debates acerca de la propiedad de la nación sobre los energéticos y el petróleo en primer lugar; se acerca el momento de analizar si por estar al día o dejar atrás otras épocas de la diplomacia, México formará parte de operaciones militares conjuntas. La identidad con los valores de la nación tal vez sería un punto de arranque importante a defender, al menos marcar un límite al desmantelamiento del Estado, ahora desde la perspectiva de su naturaleza. Eso es lo que estará en juego.
domingo, octubre 14, 2007
¿EL Estado Mexicano tocando fondo?
La Jornada
Rolando Cordera Campos
De emergencia
Preguntarse por la viabilidad de México parecía una ocupación fútil. Con democracia y apertura al mundo, se decía, el país tenía todo para no repetir los descalabros que marcaron el fin del ciclo de la Revolución e impedir que en su horizonte apareciera el espectro de otra ruptura violenta.
Hoy, sin embargo, acosado por una improductividad pasmosa, México encara la evidencia de sus limitaciones y pierde lugares en el ranking mundial del desarrollo, mientras los profetas anuncian que el fin llega, con el agotamiento de las reservas petroleras y la emigración masiva creciente, mientras los ductos que quedan sirven para prácticas de demolición de los bomberos que hayan decidido no irse p’al norte.
La pregunta por su futuro no es por esto trivial, ni la respuesta a ella puede darse por sabida. Las certezas que nos ofrecía la combinatoria de mercado abierto y democracia dejan paso a la incertidumbre sobre las virtudes del mercado realmente existente, en tanto que la democracia camina desnuda a la vista de todos, exhibe sus fallas y hace evidentes los abusos que su diseño, considerado como definitivo y por tanto inamovible, ha propiciado.
La reforma del Estado podría ser la brújula para empezar a salir del laberinto, pero sin dar muestras fehacientes de que eso tan veleidoso como la voluntad política en efecto está detrás de los empeños de partidos y legisladores por cumplir con su ley reformista. Una vez pasado el primer tramo, más amargo que lo que se esperaba debido a la inaudita reacción de los concesionarios de la radio y la televisión y otros empresarios, parece obligado admitir que se abrió el camino pero que éste tendrá que hacerse al andar, sin plan maestro a la mano y frente a mil y una adversidades, casi todas pesadillas de nuestros propios despropósitos.
Poner en el centro de la mesa política las carencias de la sociedad debía ser el principio de toda deliberación destinada a producir decisiones de Estado, pero si se queda en un reconocimiento rutinario y cínico de la pobreza que nos embarga no servirá de nada, ni siquiera de acicate para que la caridad cristiana sea retomada como virtud cardinal. Guste o no, el resbaloso tema de la forma de desarrollo, adoptada a finales del milenio y la política económica diseñada para concretarla en estrategia e instituciones, debe ponerse también sobre la mesa.
No hay foros institucionales adecuados para intentar revisiones como éstas. El Congreso vive al día y los partidos se sumergen en la disputa de trincheras por un poder efímero que el imperio de la inercia vuelve virtual. De aquí la facilidad con que se impone la costumbre sobre la sensibilidad y el reconocimiento de la emergencia, y se adopta como lema fúnebre la fórmula de Juan Gabriel: “pero qué necesidad, para qué tanto problema”.
La falta de crecimiento no es un accidente de la globalización sino una elección hecha por las elites del acomodo, cuya “preferencia revelada” es la mediocridad productiva en aras de la ganancia financiera. Ahora se le edulcora con la oferta navideña de que con la reforma fiscal la economía producirá, agárrense, ¡50 mil empleos adicionales!
Demostrar al país, a sus dirigencias y fuerzas principales que más que una preferencia por la estabilidad es una apuesta por la inviabilidad de la nación y su transmutación en territorio de señores de la guerra y narcotráfico, es tarea urgente que debía ocupar al Congreso y los partidos. Y a las universidades, de nuevo asediadas por los señores de la tijera presupuestal y sus consejeros parisinos de la OCDE.
Frente a esto urge recuperar la iniciativa de un consejo económico y social y otras mediaciones similares para modular el conflicto social y dar cauce a iniciativas de reforma y revisión de la política económica. Una conferencia económica nacional, convocada por el Congreso y las universidades, por ejemplo, permitiría devolver al presupuesto su dignidad clásica y rescatarlo de los grotescos juegos del maquillaje hacendario o de las ocurrencias desveladas de los diputados sobre los precios futuros del crudo. Podríamos acercarnos con seriedad al tema urgente del seguro del desempleo o a la renta básica sin caer en las supercherías financieras que todo lo descuentan para empezar la posibilidad de cambiar cuando en ello nos va no el futuro sino el presente.
Imaginar espacios como éstos, para llenarlos de actividad intelectual con ambición de largo plazo, debía ser vista también como tarea de una reforma del Estado que asume que su origen está en la crisis del propio Estado, que va rumbo a una catástrofe social y económica. No se trata de hacerla de Casandra tropical, pero el tiempo pasa y corre contra nosotros.
Rolando Cordera Campos
De emergencia
Preguntarse por la viabilidad de México parecía una ocupación fútil. Con democracia y apertura al mundo, se decía, el país tenía todo para no repetir los descalabros que marcaron el fin del ciclo de la Revolución e impedir que en su horizonte apareciera el espectro de otra ruptura violenta.
Hoy, sin embargo, acosado por una improductividad pasmosa, México encara la evidencia de sus limitaciones y pierde lugares en el ranking mundial del desarrollo, mientras los profetas anuncian que el fin llega, con el agotamiento de las reservas petroleras y la emigración masiva creciente, mientras los ductos que quedan sirven para prácticas de demolición de los bomberos que hayan decidido no irse p’al norte.
La pregunta por su futuro no es por esto trivial, ni la respuesta a ella puede darse por sabida. Las certezas que nos ofrecía la combinatoria de mercado abierto y democracia dejan paso a la incertidumbre sobre las virtudes del mercado realmente existente, en tanto que la democracia camina desnuda a la vista de todos, exhibe sus fallas y hace evidentes los abusos que su diseño, considerado como definitivo y por tanto inamovible, ha propiciado.
La reforma del Estado podría ser la brújula para empezar a salir del laberinto, pero sin dar muestras fehacientes de que eso tan veleidoso como la voluntad política en efecto está detrás de los empeños de partidos y legisladores por cumplir con su ley reformista. Una vez pasado el primer tramo, más amargo que lo que se esperaba debido a la inaudita reacción de los concesionarios de la radio y la televisión y otros empresarios, parece obligado admitir que se abrió el camino pero que éste tendrá que hacerse al andar, sin plan maestro a la mano y frente a mil y una adversidades, casi todas pesadillas de nuestros propios despropósitos.
Poner en el centro de la mesa política las carencias de la sociedad debía ser el principio de toda deliberación destinada a producir decisiones de Estado, pero si se queda en un reconocimiento rutinario y cínico de la pobreza que nos embarga no servirá de nada, ni siquiera de acicate para que la caridad cristiana sea retomada como virtud cardinal. Guste o no, el resbaloso tema de la forma de desarrollo, adoptada a finales del milenio y la política económica diseñada para concretarla en estrategia e instituciones, debe ponerse también sobre la mesa.
No hay foros institucionales adecuados para intentar revisiones como éstas. El Congreso vive al día y los partidos se sumergen en la disputa de trincheras por un poder efímero que el imperio de la inercia vuelve virtual. De aquí la facilidad con que se impone la costumbre sobre la sensibilidad y el reconocimiento de la emergencia, y se adopta como lema fúnebre la fórmula de Juan Gabriel: “pero qué necesidad, para qué tanto problema”.
La falta de crecimiento no es un accidente de la globalización sino una elección hecha por las elites del acomodo, cuya “preferencia revelada” es la mediocridad productiva en aras de la ganancia financiera. Ahora se le edulcora con la oferta navideña de que con la reforma fiscal la economía producirá, agárrense, ¡50 mil empleos adicionales!
Demostrar al país, a sus dirigencias y fuerzas principales que más que una preferencia por la estabilidad es una apuesta por la inviabilidad de la nación y su transmutación en territorio de señores de la guerra y narcotráfico, es tarea urgente que debía ocupar al Congreso y los partidos. Y a las universidades, de nuevo asediadas por los señores de la tijera presupuestal y sus consejeros parisinos de la OCDE.
Frente a esto urge recuperar la iniciativa de un consejo económico y social y otras mediaciones similares para modular el conflicto social y dar cauce a iniciativas de reforma y revisión de la política económica. Una conferencia económica nacional, convocada por el Congreso y las universidades, por ejemplo, permitiría devolver al presupuesto su dignidad clásica y rescatarlo de los grotescos juegos del maquillaje hacendario o de las ocurrencias desveladas de los diputados sobre los precios futuros del crudo. Podríamos acercarnos con seriedad al tema urgente del seguro del desempleo o a la renta básica sin caer en las supercherías financieras que todo lo descuentan para empezar la posibilidad de cambiar cuando en ello nos va no el futuro sino el presente.
Imaginar espacios como éstos, para llenarlos de actividad intelectual con ambición de largo plazo, debía ser vista también como tarea de una reforma del Estado que asume que su origen está en la crisis del propio Estado, que va rumbo a una catástrofe social y económica. No se trata de hacerla de Casandra tropical, pero el tiempo pasa y corre contra nosotros.
sábado, octubre 13, 2007
"Edad oscura americana"
La Jornada
Morris Berman
Edad oscura americana
El nuevo libro del pensador estadunidense Morris Berman es, en palabras de Gore Vidal, una sombría mirada a la situación actual de Estados Unidos, que de manera acelerada y vertiginosa ha entrado en la fase final del imperio estadunidense. “Basándose en un minucioso análisis histórico que muestra cómo desde sus orígenes esta nación albergaba las semillas individualista, imperialista y maniquea, plasmadas en un pensamiento y discurso binarios de “buenos” (los estadunidenses) y “malos” (los que son distintos), el autor se extiende y profundiza en las ideas abordadas en El crepúsculo de la cultura americana para demostrar que la masacre cultural, social, urbana, política y económica es el colofón de un proyecto imperial empeñado en exportar su visión y su modo de vida a todos los rincones del planeta”. Con autorización de la Editorial Sexto Piso ofrecemos a los lectores de La Jornada el inicio de este libro imprescindible
El ominoso título Edad oscura americana muy probablemente será incomprensible para la mayoría de mis compatriotas, especialmente para aquellos que religieron a George W. Bush en 2004. En realidad, para muchos de ellos, casi no cabe duda de que Estados Unidos se encuentra en el cenit de su poderío militar, de que es capaz de transformar el mundo a su antojo y de que es el encargado de llevar la luz de la democracia a los más oscuros rincones del planeta. ¿Tiene sentido, se preguntarán sin duda, hablar de una nueva Edad Oscura, cuando el poder americano se extiende por todas partes?
Sin embargo, puede ser que para algunos miembros de esta sociedad el título no sea tan descabellado. Para ellos, el futuro parece potencialmente peligroso; piensan que no está tan claro hacia dónde nos dirigimos como civilización o si podemos iluminar a otros pueblos, ya no digamos a nosotros mismos. Estos individuos están muy nerviosos, o incluso abatidos, por la decadencia terminal americana. Para ellos, la espiral descendente de nuestra cultura y el crecimiento exponencial, incluso fanático, de las fuerzas que amenazan nuestros ancestrales valores seculares y humanísticos son causas de creciente alarma. Así, es probable que para este segmento de la población el título Edad oscura americana no sea tan anómalo como podría parecer en primera instancia.
Por supuesto, parece una gran exageración equiparar la fase actual (y, en mi opinión, final) de la historia americana con la Edad Oscura o Media, pero mi intención no es dramatizar. Los imperios y las civilizaciones se levantan y caen y en el proceso pasan por una serie de etapas. Ya estábamos en la fase crepuscular cuando Ronald Reagan, con la perspicacia de un avestruz, declaró que estábamos en “el amanecer de los Estados Unidos”; veinte extraños años después, bajo el mando del “niño emperador” George W. Bush (como le llama Chalmers Johnson), hemos entrado a una edad oscura en pleno y seguimos un camino que no tiene en cuenta el futuro y que tan sólo puede acelerar nuestro declive. Lo que vemos ahora son claramente las características de Occidente tras la caída de Roma: el triunfo de la religión sobre la razón; la atrofia de la educación y del pensamiento crítico; la integración de la religión, el Estado y el aparato de tortura, una troika que para Voltaire constituía el principal horror del mundo preilustrado y finalmente, la marginación política y económica de nuestra cultura. Desde luego, la Edad Oscura no fue uniforme ni monocromática, como recientes estudios han demostrado; pero tampoco lo es Estados Unidos hoy. Lo importante es que en ambos casos la palabra clave es “oscuro”.
Para comprender a qué nos referimos con el término, necesitamos ver, históricamente, qué constituyó la luz. En su famoso ensayo de 1784, ¿Qué es la Ilustración?, el filósofo alemán Immanuel Kant escribió: “La Ilustración es la liberación del hombre de su tutelaje autoimpuesto”, que definió como su “incapacidad para hacer uso de su razón sin la dirección de otro”, Sapere aude!, clamó Kant; “¡ten el valor de usar tu razón!; ese es el lema de la Ilustración”.
Estas palabras son fabulosas, y los ideales que encarnan inspiraron a los fundadores de la nación y la constitución americanas. Con respecto al clamor kantiano a favor de la razón, el historiador israelí Shmuel Feiner escribe:
“La naturaleza explosiva de esta breve definición radica en su arrolladora crítica del ‘viejo’ mundo en el que el hombre, por pesimismo y pasividad, permite que el orden existente dicte su vida y que aquellos que poseen autoridad religiosa y espiritual determinen por él lo que es verdad. En cambio, el hombre ilustrado es una persona autónoma, racional y escéptica que tiene el poder de liberarse de las ataduras del pasado y de la autoridad y de sentar las bases de nuevas y mejores formas para sí mismo y para toda la humanidad.”
Mi pregunta al lector es ésta: con toda seriedad, ¿hacia qué dirección cree que se dirige Estados Unidos en este momento? Supongo que la mayoría se dará cuenta de que esto es algo muy sencillo de responder; pero para abordar el asunto de forma más detallada, puede ser útil considerar el grado en que las cuatro características post Imperio Romano se aplican a nuestra situación actual.
El triunfo de la religión sobre la razón
Con la relección de George W. Bush y ante el panorama de una hegemonía republicana de largo plazo en la política americana, parece plausible que la civilización americana esté pasando de la fase crepuscular que describí hace años en El crepúsculo de la cultura americana a una verdadera edad oscura. De hecho, el historiador británico Charles Freeman publicó una extensa deliberación sobre la transición que tuvo lugar durante el Imperio Romano tardío, cuyo título puede ser como resumen emblemático de nuestro presidente actual: The Closing of the Western Mind. El señor Bush, Dios lo sabe, no es ningún San Agustín; pero Freeman señala a este último como el arquetipo de un proceso más general que se desarrolló en el siglo IV, a saber: “la gradual sumisión de la razón ante la fe y la autoridad”. Esto es lo que vemos hoy, y es un proceso que ninguna sociedad puede experimentar si quiere seguir siendo libre. Sin embargo, es un proceso del que los funcionarios gubernamentales, junto con buena parte de la población americana, están muy orgullosos. Al entrevistar tanto a varios asesores políticos como a gente que ha conocido o que ha estado cerca del presidente Bush, el periodista Ron Suskind halló un consenso: sentían que el presidente –junto con su base evangélica– cree que está cumpliendo una misión divina y que la fe aplasta a la evidencia empírica. “Un mandato de infalibilidad (...) guía la vida interior de la Casa Blanca”, escribe Suskind. De este modo, un asesor de Bush dijo que la Casa Blanca considera que gente como Suskind vive en “la comunidad apegada a la realidad”, es decir, entre gente que “cree que las soluciones emergen de un juicioso estudio de la realidad discernible”. Pero, prosigue,“así ya no es como funciona el mundo. Ahora somos un imperio y cuando actuamos, creamos nuestra propia realidad”.
Morris Berman
Edad oscura americana
El nuevo libro del pensador estadunidense Morris Berman es, en palabras de Gore Vidal, una sombría mirada a la situación actual de Estados Unidos, que de manera acelerada y vertiginosa ha entrado en la fase final del imperio estadunidense. “Basándose en un minucioso análisis histórico que muestra cómo desde sus orígenes esta nación albergaba las semillas individualista, imperialista y maniquea, plasmadas en un pensamiento y discurso binarios de “buenos” (los estadunidenses) y “malos” (los que son distintos), el autor se extiende y profundiza en las ideas abordadas en El crepúsculo de la cultura americana para demostrar que la masacre cultural, social, urbana, política y económica es el colofón de un proyecto imperial empeñado en exportar su visión y su modo de vida a todos los rincones del planeta”. Con autorización de la Editorial Sexto Piso ofrecemos a los lectores de La Jornada el inicio de este libro imprescindible
El ominoso título Edad oscura americana muy probablemente será incomprensible para la mayoría de mis compatriotas, especialmente para aquellos que religieron a George W. Bush en 2004. En realidad, para muchos de ellos, casi no cabe duda de que Estados Unidos se encuentra en el cenit de su poderío militar, de que es capaz de transformar el mundo a su antojo y de que es el encargado de llevar la luz de la democracia a los más oscuros rincones del planeta. ¿Tiene sentido, se preguntarán sin duda, hablar de una nueva Edad Oscura, cuando el poder americano se extiende por todas partes?
Sin embargo, puede ser que para algunos miembros de esta sociedad el título no sea tan descabellado. Para ellos, el futuro parece potencialmente peligroso; piensan que no está tan claro hacia dónde nos dirigimos como civilización o si podemos iluminar a otros pueblos, ya no digamos a nosotros mismos. Estos individuos están muy nerviosos, o incluso abatidos, por la decadencia terminal americana. Para ellos, la espiral descendente de nuestra cultura y el crecimiento exponencial, incluso fanático, de las fuerzas que amenazan nuestros ancestrales valores seculares y humanísticos son causas de creciente alarma. Así, es probable que para este segmento de la población el título Edad oscura americana no sea tan anómalo como podría parecer en primera instancia.
Por supuesto, parece una gran exageración equiparar la fase actual (y, en mi opinión, final) de la historia americana con la Edad Oscura o Media, pero mi intención no es dramatizar. Los imperios y las civilizaciones se levantan y caen y en el proceso pasan por una serie de etapas. Ya estábamos en la fase crepuscular cuando Ronald Reagan, con la perspicacia de un avestruz, declaró que estábamos en “el amanecer de los Estados Unidos”; veinte extraños años después, bajo el mando del “niño emperador” George W. Bush (como le llama Chalmers Johnson), hemos entrado a una edad oscura en pleno y seguimos un camino que no tiene en cuenta el futuro y que tan sólo puede acelerar nuestro declive. Lo que vemos ahora son claramente las características de Occidente tras la caída de Roma: el triunfo de la religión sobre la razón; la atrofia de la educación y del pensamiento crítico; la integración de la religión, el Estado y el aparato de tortura, una troika que para Voltaire constituía el principal horror del mundo preilustrado y finalmente, la marginación política y económica de nuestra cultura. Desde luego, la Edad Oscura no fue uniforme ni monocromática, como recientes estudios han demostrado; pero tampoco lo es Estados Unidos hoy. Lo importante es que en ambos casos la palabra clave es “oscuro”.
Para comprender a qué nos referimos con el término, necesitamos ver, históricamente, qué constituyó la luz. En su famoso ensayo de 1784, ¿Qué es la Ilustración?, el filósofo alemán Immanuel Kant escribió: “La Ilustración es la liberación del hombre de su tutelaje autoimpuesto”, que definió como su “incapacidad para hacer uso de su razón sin la dirección de otro”, Sapere aude!, clamó Kant; “¡ten el valor de usar tu razón!; ese es el lema de la Ilustración”.
Estas palabras son fabulosas, y los ideales que encarnan inspiraron a los fundadores de la nación y la constitución americanas. Con respecto al clamor kantiano a favor de la razón, el historiador israelí Shmuel Feiner escribe:
“La naturaleza explosiva de esta breve definición radica en su arrolladora crítica del ‘viejo’ mundo en el que el hombre, por pesimismo y pasividad, permite que el orden existente dicte su vida y que aquellos que poseen autoridad religiosa y espiritual determinen por él lo que es verdad. En cambio, el hombre ilustrado es una persona autónoma, racional y escéptica que tiene el poder de liberarse de las ataduras del pasado y de la autoridad y de sentar las bases de nuevas y mejores formas para sí mismo y para toda la humanidad.”
Mi pregunta al lector es ésta: con toda seriedad, ¿hacia qué dirección cree que se dirige Estados Unidos en este momento? Supongo que la mayoría se dará cuenta de que esto es algo muy sencillo de responder; pero para abordar el asunto de forma más detallada, puede ser útil considerar el grado en que las cuatro características post Imperio Romano se aplican a nuestra situación actual.
El triunfo de la religión sobre la razón
Con la relección de George W. Bush y ante el panorama de una hegemonía republicana de largo plazo en la política americana, parece plausible que la civilización americana esté pasando de la fase crepuscular que describí hace años en El crepúsculo de la cultura americana a una verdadera edad oscura. De hecho, el historiador británico Charles Freeman publicó una extensa deliberación sobre la transición que tuvo lugar durante el Imperio Romano tardío, cuyo título puede ser como resumen emblemático de nuestro presidente actual: The Closing of the Western Mind. El señor Bush, Dios lo sabe, no es ningún San Agustín; pero Freeman señala a este último como el arquetipo de un proceso más general que se desarrolló en el siglo IV, a saber: “la gradual sumisión de la razón ante la fe y la autoridad”. Esto es lo que vemos hoy, y es un proceso que ninguna sociedad puede experimentar si quiere seguir siendo libre. Sin embargo, es un proceso del que los funcionarios gubernamentales, junto con buena parte de la población americana, están muy orgullosos. Al entrevistar tanto a varios asesores políticos como a gente que ha conocido o que ha estado cerca del presidente Bush, el periodista Ron Suskind halló un consenso: sentían que el presidente –junto con su base evangélica– cree que está cumpliendo una misión divina y que la fe aplasta a la evidencia empírica. “Un mandato de infalibilidad (...) guía la vida interior de la Casa Blanca”, escribe Suskind. De este modo, un asesor de Bush dijo que la Casa Blanca considera que gente como Suskind vive en “la comunidad apegada a la realidad”, es decir, entre gente que “cree que las soluciones emergen de un juicioso estudio de la realidad discernible”. Pero, prosigue,“así ya no es como funciona el mundo. Ahora somos un imperio y cuando actuamos, creamos nuestra propia realidad”.
jueves, octubre 11, 2007
Gran debilidad del Estado Mexicano
La Jornada
John Saxe Fernández http://jsaxef.blogspot.com
La entrega de “todo México”
Tony Garza, embajador de Estados Unidos en México, dijo al diputado texano Henry Cuellar que “el presidente Calderón (es) el mandatario más dispuesto a colaborar con Washington, mucho más que todos los anteriores”. Poco después, el Departamento de Estado informó que “Garza está inmerso con Calderón” en “negociaciones serias” y en total sigilo sobre asuntos policial-militares. No es sólo “asistencia”, sino esquemas de “integración” y absorción militar. Según Jeannette Becerra Acosta (Milenio, 24/9/07 p. 6-8), fuentes del Pentágono indican que “desde 2002 México ‘analiza’ su futura integración al Comando del Norte (NorthCom, establecido por Rumsfeld bajo el impacto del 11/9 como instancia vital para la “seguridad y defensa patria”) en un área que incluye a Estados Unidos, Canadá, México, partes del Caribe, el Golfo de México, los estrechos de Florida y las zonas marítimas del Atlántico y el Pacífico hasta 500 millas náuticas de distancia de las costas de EU” (p. 8).
Como la Constitución está vigente, no sorprende que las negociaciones de “integración militar” impulsadas por la Casa Blanca, con Fox y ahora con Calderón, se realicen en “total secreto”. Es un proceso “pasito a pasito”, para “no alborotar el gallinero”. Por ejemplo, desde 2004 Fox autorizó la instalación de cinco radares Wide Area Augmentation Systems (WAAS). Se hizo por medio del Departamento de Transporte de Estados Unidos y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ante la resistencia de la alta oficialidad militar del país. El WAAS estará en total “operación trinacional a más tardar en 2013”. Críticos de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte (ASPAN) indican que se trata de “acelerar la integración total a más tardar en 2020”. Es un anexionismo sui generis que conlleva un brutal apartheid laboral, pero factible por el adormecimiento público ante el “polkismo” de Calderón. (Me refiero al colaboracionismo con el presidente James Polk –1845-1849–, cuando Estados Unidos despojó a México de más de la mitad de su territorio, aunque ambicionaba “todo México”.) Garza dijo a Cuellar que “éste es el momento en que está abierta la ‘ventana de oportunidades’, mientras
Calderón cuenta todavía con un capital político durante su primer año de gobierno en el que podemos ayudarlo en esta difícil guerra contra las drogas” (p. 7).
Bajo la pantalla del antiterrorismo, las drogas o la delincuencia, Estados Unidos despliega plataformas de “asistencia militar” para la expansión e intervención castrense y del aparato de seguridad y espionaje, incluyendo el despliegue de tropas, asesores y “contratistas”, así como el establecimiento de bases militares, siempre en función de los intereses del alto empresariado internacional y local por la explotación de mano de obra barata y de recursos naturales, petróleo, gas, minerales, agua, biodiversidad. Estas operaciones ahora se articulan desde la ASPAN, cuya agenda y reuniones se realizan marginando a los poderes Legislativo y Judicial y a espaldas de la opinión pública de Estados Unidos, México y Canadá: son encuentros secretos entre altos empresarios, embajadores, ministros y comandantes militares, como el que se realizó en Banff, Alberta en septiembre de 2006 –en el que se institucionalizó un esquema que privilegia la participación del sector privado, por medio del Consejo para la Competitividad de América del Norte (CCAN)–, o el más reciente en Montebello, Québec, en agosto pasado, ya bajo la batuta del CCAN. En materia de gas y petróleo el CCAN impulsa, junto a la fusión policial-militar, la “integración energética” en función de “un imperativo estratégico para EU”, porque “Canadá y México han sido bendecidos con abundantes recursos energéticos”. Instigan la “reforma” –privatización– “del sector energético de México” por medio de “iniciativas intermedias” y “la lógica de un mercado integrado” para desde ahí inducir el ritmo para “una reforma fundamental”. El CCAN indicó que los altos mandos empresariales esperan ser “socios” en la protección de “infraestructura vital”, así como en la “administración” de esquemas “tripartitos” prioritarios en caso de “emergencia”, sea por pandemias u otros “eventos” (¿terrorismo, huelgas, desobediencia civil?). Con la excusa de los ataques contra la infraestructura de Pemex, ocurridos antes de la reunión de Montebello, Calderón encargó a SY Coleman Corporation de EU el monitoreo de instalaciones estratégicas petroeléctricas. Es una vigilancia y resguardo que por ley corresponde únicamente al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana. Según el general Roberto Badillo Martínez, secretario de la Comisión de Defensa del Senado, cabe exigir a Calderón “… una explicación pormenorizada del posible ingreso de ex militares estadunidenses para operaciones de vigilancia. Esto es muy grave para la soberanía. Ningún gobierno mexicano durante el siglo XX permitió la entrada de tropas (de Estados Unidos), ni de mercenarios disfrazados, y mucho menos de asesores”. Pero es lo que ocurre en medio de una vasta represión popular y de la entrega de “todo México”.
John Saxe Fernández http://jsaxef.blogspot.com
La entrega de “todo México”
Tony Garza, embajador de Estados Unidos en México, dijo al diputado texano Henry Cuellar que “el presidente Calderón (es) el mandatario más dispuesto a colaborar con Washington, mucho más que todos los anteriores”. Poco después, el Departamento de Estado informó que “Garza está inmerso con Calderón” en “negociaciones serias” y en total sigilo sobre asuntos policial-militares. No es sólo “asistencia”, sino esquemas de “integración” y absorción militar. Según Jeannette Becerra Acosta (Milenio, 24/9/07 p. 6-8), fuentes del Pentágono indican que “desde 2002 México ‘analiza’ su futura integración al Comando del Norte (NorthCom, establecido por Rumsfeld bajo el impacto del 11/9 como instancia vital para la “seguridad y defensa patria”) en un área que incluye a Estados Unidos, Canadá, México, partes del Caribe, el Golfo de México, los estrechos de Florida y las zonas marítimas del Atlántico y el Pacífico hasta 500 millas náuticas de distancia de las costas de EU” (p. 8).
Como la Constitución está vigente, no sorprende que las negociaciones de “integración militar” impulsadas por la Casa Blanca, con Fox y ahora con Calderón, se realicen en “total secreto”. Es un proceso “pasito a pasito”, para “no alborotar el gallinero”. Por ejemplo, desde 2004 Fox autorizó la instalación de cinco radares Wide Area Augmentation Systems (WAAS). Se hizo por medio del Departamento de Transporte de Estados Unidos y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ante la resistencia de la alta oficialidad militar del país. El WAAS estará en total “operación trinacional a más tardar en 2013”. Críticos de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte (ASPAN) indican que se trata de “acelerar la integración total a más tardar en 2020”. Es un anexionismo sui generis que conlleva un brutal apartheid laboral, pero factible por el adormecimiento público ante el “polkismo” de Calderón. (Me refiero al colaboracionismo con el presidente James Polk –1845-1849–, cuando Estados Unidos despojó a México de más de la mitad de su territorio, aunque ambicionaba “todo México”.) Garza dijo a Cuellar que “éste es el momento en que está abierta la ‘ventana de oportunidades’, mientras
Calderón cuenta todavía con un capital político durante su primer año de gobierno en el que podemos ayudarlo en esta difícil guerra contra las drogas” (p. 7).
Bajo la pantalla del antiterrorismo, las drogas o la delincuencia, Estados Unidos despliega plataformas de “asistencia militar” para la expansión e intervención castrense y del aparato de seguridad y espionaje, incluyendo el despliegue de tropas, asesores y “contratistas”, así como el establecimiento de bases militares, siempre en función de los intereses del alto empresariado internacional y local por la explotación de mano de obra barata y de recursos naturales, petróleo, gas, minerales, agua, biodiversidad. Estas operaciones ahora se articulan desde la ASPAN, cuya agenda y reuniones se realizan marginando a los poderes Legislativo y Judicial y a espaldas de la opinión pública de Estados Unidos, México y Canadá: son encuentros secretos entre altos empresarios, embajadores, ministros y comandantes militares, como el que se realizó en Banff, Alberta en septiembre de 2006 –en el que se institucionalizó un esquema que privilegia la participación del sector privado, por medio del Consejo para la Competitividad de América del Norte (CCAN)–, o el más reciente en Montebello, Québec, en agosto pasado, ya bajo la batuta del CCAN. En materia de gas y petróleo el CCAN impulsa, junto a la fusión policial-militar, la “integración energética” en función de “un imperativo estratégico para EU”, porque “Canadá y México han sido bendecidos con abundantes recursos energéticos”. Instigan la “reforma” –privatización– “del sector energético de México” por medio de “iniciativas intermedias” y “la lógica de un mercado integrado” para desde ahí inducir el ritmo para “una reforma fundamental”. El CCAN indicó que los altos mandos empresariales esperan ser “socios” en la protección de “infraestructura vital”, así como en la “administración” de esquemas “tripartitos” prioritarios en caso de “emergencia”, sea por pandemias u otros “eventos” (¿terrorismo, huelgas, desobediencia civil?). Con la excusa de los ataques contra la infraestructura de Pemex, ocurridos antes de la reunión de Montebello, Calderón encargó a SY Coleman Corporation de EU el monitoreo de instalaciones estratégicas petroeléctricas. Es una vigilancia y resguardo que por ley corresponde únicamente al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana. Según el general Roberto Badillo Martínez, secretario de la Comisión de Defensa del Senado, cabe exigir a Calderón “… una explicación pormenorizada del posible ingreso de ex militares estadunidenses para operaciones de vigilancia. Esto es muy grave para la soberanía. Ningún gobierno mexicano durante el siglo XX permitió la entrada de tropas (de Estados Unidos), ni de mercenarios disfrazados, y mucho menos de asesores”. Pero es lo que ocurre en medio de una vasta represión popular y de la entrega de “todo México”.
martes, octubre 09, 2007
Nadie sabe para quien trabaja
La siguiente nota de la calificación de la deuda soberana mexicana es el reflejo fiel de la política económica que han implementado los voraces oligarcas mundiales quienes orientan todo su poder hacia los países ricos en recursos naturales pero con incipientes democracias y por tanto con frágiles estados que con gran facilidad aceptan y siguen las "recomendaciones" de estas entidades "globales",en América Latina países como Venezuela, Argentina, Bolivia han sufrido ya los impactos de este tipo de medidas económicas y han sabido responder reforzando su organización social y política para así rescatar sus facultades como estados soberanos, mostrando con rapidez que cuando los recursos propios de la nación se administran para el desarrollo de sus pueblos la historia es otra, ya que se abren múltiples perspectivas, tomando nuevamente en sus manos, futuro, destino, desarrollo, progreso...
En México se tuvo que implementar un monumental fraude para que el grupo en el poder que responde a estos intereses mezquinos y depredadores pudiera continuar con el atentado contra el país completo.
Este artículo de referencia es aplaudidor y elocuente a las medidas propuestas en la "reforma fiscal", y expresa el discurso desgastado de la "estabilidad macro económica", son curiosos estos agiotistas "modernos" más cuando contrastamos sus prioridades al "calificar" la deuda soberana mexicana con nuestra realidad social , las materias justicia social y pobreza hunden cualquier otra aprobación espuria.
Lluvia de ideas para la democracia.
México 2007.
La Jornada
Se basa en la reforma fiscal, el mejor perfil del débito y la macroeconomía
Eleva Standard&Poor’s la calificación de la deuda soberana de México
Antonio Castellanos y Juan A. Zúñiga
Standard & Poor’s elevó ayer la calificación de la deuda soberana de México en moneda nacional y extranjera, con una perspectiva estable por la aprobación de la reforma fiscal, el mejoramiento del perfil de la deuda y su estabilidad macroeconómica.
Esta es la segunda mejoría en la calificación del país en menos de una semana, porque el pasado 3 de octubre la consultora Fitch hizo lo mismo.
“El alza refleja tanto el fortalecimiento esperado de los ingresos fiscales en los siguientes años, como las señales de un renovado dinamismo político que reduce el temor de paralización de las políticas en México”, afirmó Joydeep Mukherji, el analista crediticio de Standard & Poor’s, responsable de la mejoría en la calificación soberana de México.
La reciente aprobación de la reforma fiscal, dijo, es un paso importante para reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante los volátiles precios del petróleo, y para cubrir las recientes presiones sobre el gasto.
En su evaluación sobre México, la calificadora especificó que “la perspectiva estable incorpora la expectativa de que la incertidumbre actual en los mercados internacionales no tendrá un impacto adverso importante sobre la estabilidad macroeconómica del país, incluso si el crecimiento del producto interno bruto (PIB) se ve limitado por el menor crecimiento potencial de Estados Unidos”.
Sin embargo, advirtió que la trayectoria de la calificación de México dependerá en adelante de la capacidad de la administración del presidente Calderón para “extender el reciente impulso a favor de las reformas, atendiendo en particular los obstáculos para aumentar la inversión y el crecimiento, así como para fortalecer las instituciones públicas del país y profundizar en el ejercicio de la ley”.
El reporte de la mejoría de la calificación de la deuda soberana de México fue retomado inmediatamente por la Secretaría de Hacienda, y a la par fue difundida en la Bolsa Mexicana de Valores.
Según la dependencia, Standard & Poor’s señaló que la aprobación de la reforma hacendaria, posterior a la de la ley del ISSSTE, “se da después de varios años de estancamiento político entre el Poder Ejecutivo y el Congreso respecto de las reformas estructurales. Lo anterior manda una señal positiva acerca de la habilidad del liderazgo político en México, incluyendo partidos políticos, gobiernos federal y estatales, para alcanzar acuerdos en temas clave”.
La decisión de la calificadora se reflejó en la BMV, donde su principal indicador avanzó 0.90 por ciento, para ubicarse en 31 mil 540.94 unidades, 284 más que el cierre de la semana pasada. Esto es importante porque el índice Dow Jones, que regularmente define el comportamiento del mercado en México, cerró con una pérdida de 0.15 por ciento.
"Costa Rica: democracia vulnerada"
La Jornada
Editorial
Costa Rica: democracia vulnerada
Una semana después de que las encuestas de opinión anunciaron un rechazo claramente mayoritario entre la ciudadanía costarricense al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el gobierno de Óscar Arias logró imponer por estrecho margen, en el referendo del domingo, la aprobación del pacto comercial. Los promotores del no han decidido condicionar su reconocimiento de los resultados oficiales a un recuento total de los sufragios y que se aclaren las numerosas irregularidades documentadas durante la jornada electoral. Por vez primera, el funcionamiento de la formalidad democrática costarricense, emblemática del país y excepcional en la historia reciente de Centroamérica y América Latina, se ve cuestionado, y con sobrada razón, por un sector masivo de ciudadanos; por primera ocasión los costarricenses se enfrentan a la posibilidad de no poder superar sus diferencias por medio de las urnas.
Las irregularidades y las inconformidades no empezaron el día de la votación. El referendo fue ensuciado meses atrás por el gobierno de Óscar Arias, el cual concertó un programa de intimidación a los electores, invirtió recursos públicos en el proselitismo por el sí, permitió la descarada intervención de Wa-shington en las campañas, apeló al voto del miedo con el argumento de que el rechazo al acuerdo comercial tendría consecuencias nefastas para el país, y manipuló y engañó, en connivencia con medios de información de propiedad privada e intereses corporativos, a la opinión pública. El día mismo del referendo fueron documentadas numerosas irregularidades –intimidación a los activistas por el no, transporte gratuito a los votantes del oficialismo, sorpresivos cambios de sentido en los resultados electorales de diversas circunscripciones– que, como se ha hecho habitual en otras naciones, pasaron inadvertidas para los observadores electorales. Por si fuera poco, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) toleró tales prácticas y otras, como la violación a la tregua propagandística por los partidarios de la aprobación del tratado comercial. A la postre, éstos ganaron el referendo por una diferencia de 50 mil votos en un universo de más de millón y medio de sufragios. En consecuencia, una porción muy importante del electorado –más de 48 por ciento, según las cifras oficiales– percibe que el proceso se desarrolló en forma tramposa.
Es imposible no ver los paralelismos con la manera en que se realizó en México el proceso electoral del año pasado: un gobierno volcado a denostar –con recursos públicos– al candidato de la oposición; medios informativos, especialmente los electrónicos, alineados con el oficialismo; autoridades electorales que no pudieron o no quisieron poner en orden a los competidores; campañas de amedrentamiento al electorado y, para culminar, un conteo desaseado e inverosímil de los sufragios y una negativa tajante a contarlos de nuevo. El resultado fue catastrófico para todos, pues los perdedores se sintieron despojados del triunfo; los vencedores no han podido, hasta la fecha, remontar el déficit de legitimidad que es su sello de origen, las instituciones están tocadas en su credibilidad y el país no logra superar la grave fractura política en que desembocó la elección.
Significativamente, en uno y otro casos se puso en juego el modelo de país y la orientación general de la economía: en México la subsistencia de la ortodoxia neoliberal dependía del triunfo de Felipe Calderón, y en Costa Rica la aprobación del TLC puede implicar el desmantelamiento definitivo del Estado solidario, el arrasamiento del tejido social en diversos sectores y el fin del sueño de la sustentabilidad.
Da la impresión de que los partidarios del llamado consenso de Washington están dispuestos a navegar con bandera de demócratas sólo cuando están seguros de contar con el respaldo de la voluntad popular mayoritaria, pero cuando ésta amenaza los intereses económicos y geopolíticos que representan, no dudan en trastocar la institucionalidad política.
Si hoy la democracia tica aparece debilitada y cuestionada, no es responsabilidad de quienes apostaron por la libre expresión del voto, sino de quienes jugaron sucio en todo el proceso. La preservación de la institucionalidad y de la convivencia pacífica hace necesario ahora limpiar el referendo, subsanar las irregularidades, despejar las dudas y restituir la credibilidad del organismo electoral. De otra manera, la democracia costarricense, hasta hace poco considerada ejemplar, será colocada en un callejón sin salida.
Editorial
Costa Rica: democracia vulnerada
Una semana después de que las encuestas de opinión anunciaron un rechazo claramente mayoritario entre la ciudadanía costarricense al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el gobierno de Óscar Arias logró imponer por estrecho margen, en el referendo del domingo, la aprobación del pacto comercial. Los promotores del no han decidido condicionar su reconocimiento de los resultados oficiales a un recuento total de los sufragios y que se aclaren las numerosas irregularidades documentadas durante la jornada electoral. Por vez primera, el funcionamiento de la formalidad democrática costarricense, emblemática del país y excepcional en la historia reciente de Centroamérica y América Latina, se ve cuestionado, y con sobrada razón, por un sector masivo de ciudadanos; por primera ocasión los costarricenses se enfrentan a la posibilidad de no poder superar sus diferencias por medio de las urnas.
Las irregularidades y las inconformidades no empezaron el día de la votación. El referendo fue ensuciado meses atrás por el gobierno de Óscar Arias, el cual concertó un programa de intimidación a los electores, invirtió recursos públicos en el proselitismo por el sí, permitió la descarada intervención de Wa-shington en las campañas, apeló al voto del miedo con el argumento de que el rechazo al acuerdo comercial tendría consecuencias nefastas para el país, y manipuló y engañó, en connivencia con medios de información de propiedad privada e intereses corporativos, a la opinión pública. El día mismo del referendo fueron documentadas numerosas irregularidades –intimidación a los activistas por el no, transporte gratuito a los votantes del oficialismo, sorpresivos cambios de sentido en los resultados electorales de diversas circunscripciones– que, como se ha hecho habitual en otras naciones, pasaron inadvertidas para los observadores electorales. Por si fuera poco, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) toleró tales prácticas y otras, como la violación a la tregua propagandística por los partidarios de la aprobación del tratado comercial. A la postre, éstos ganaron el referendo por una diferencia de 50 mil votos en un universo de más de millón y medio de sufragios. En consecuencia, una porción muy importante del electorado –más de 48 por ciento, según las cifras oficiales– percibe que el proceso se desarrolló en forma tramposa.
Es imposible no ver los paralelismos con la manera en que se realizó en México el proceso electoral del año pasado: un gobierno volcado a denostar –con recursos públicos– al candidato de la oposición; medios informativos, especialmente los electrónicos, alineados con el oficialismo; autoridades electorales que no pudieron o no quisieron poner en orden a los competidores; campañas de amedrentamiento al electorado y, para culminar, un conteo desaseado e inverosímil de los sufragios y una negativa tajante a contarlos de nuevo. El resultado fue catastrófico para todos, pues los perdedores se sintieron despojados del triunfo; los vencedores no han podido, hasta la fecha, remontar el déficit de legitimidad que es su sello de origen, las instituciones están tocadas en su credibilidad y el país no logra superar la grave fractura política en que desembocó la elección.
Significativamente, en uno y otro casos se puso en juego el modelo de país y la orientación general de la economía: en México la subsistencia de la ortodoxia neoliberal dependía del triunfo de Felipe Calderón, y en Costa Rica la aprobación del TLC puede implicar el desmantelamiento definitivo del Estado solidario, el arrasamiento del tejido social en diversos sectores y el fin del sueño de la sustentabilidad.
Da la impresión de que los partidarios del llamado consenso de Washington están dispuestos a navegar con bandera de demócratas sólo cuando están seguros de contar con el respaldo de la voluntad popular mayoritaria, pero cuando ésta amenaza los intereses económicos y geopolíticos que representan, no dudan en trastocar la institucionalidad política.
Si hoy la democracia tica aparece debilitada y cuestionada, no es responsabilidad de quienes apostaron por la libre expresión del voto, sino de quienes jugaron sucio en todo el proceso. La preservación de la institucionalidad y de la convivencia pacífica hace necesario ahora limpiar el referendo, subsanar las irregularidades, despejar las dudas y restituir la credibilidad del organismo electoral. De otra manera, la democracia costarricense, hasta hace poco considerada ejemplar, será colocada en un callejón sin salida.
domingo, octubre 07, 2007
lunes, octubre 01, 2007
COSTA RICA NOS PONE EL EJEMPLO
La Jornada lunes 1 de octubre de 2007 Multitudinaria marcha en vísperas del referendo sobre el pacto comercial
Repudian en Costa Rica el TLC con EU
Unas 150 mil personas marcharon por el Paseo Colón, la más larga y ancha avenida de San José, para mostrar su rechazo al Tratado de Libre Comercio para Centroamérica (TLCCA). Ante la tensión social provocada por el pacto, el Tribunal Supremo de Elecciones convocó en mayo a un referendo para evitar la confrontación social. Si el próximo domingo gana el no, Costa Rica sería la primera nación en el mundo en rechazar en las urnas un tratado comercial con Estados Unidos FOTO Ap
Unas 150 mil personas marcharon por el Paseo Colón, la más larga y ancha avenida de San José, para mostrar su rechazo al Tratado de Libre Comercio para Centroamérica (TLCCA). Ante la tensión social provocada por el pacto, el Tribunal Supremo de Elecciones convocó en mayo a un referendo para evitar la confrontación social. Si el próximo domingo gana el no, Costa Rica sería la primera nación en el mundo en rechazar en las urnas un tratado comercial con Estados Unidos FOTO Ap
domingo, septiembre 30, 2007
Gasolinazo al país del estado títere
La Jornada
Antonio Gershenson gershen@servidor.unam.mx
Precios de la gasolina y el petróleo
Cuando el precio del petróleo sube considerablemente, eso motiva que suba el precio de las importaciones mexicanas de gas y petrolíferos. Dentro de esto, el mayor peso es el de la gasolina. En cambio, sube el precio del petróleo mexicano de exportación. Esto debería poder compensar una cosa con la otra. Pero la política económica vigente no lo permite, y una de sus expresiones recientes es el mayor aumento mensual de la gasolina, mediante un derecho, ahora otra vez a partir del primero de enero próximo.
En vez de construir o ampliar refinerías para aumentar nuestra capacidad de producción de gasolina y otros productos de la refinación, usando parte del petróleo crudo que hoy se exporta, se ha dejado que suba la cantidad de gasolina importada.
De 55 mil barriles diarios importados en 2003, subimos a 95 mil en 2004, a 170 mil en 2005, 205 mil en 2006 y 296 mil barriles diarios en enero-agosto de 2007. En el año en curso también hay una tendencia creciente en estas importaciones, de 234 mil barriles diarios en enero a varios de los últimos meses con más de 330 mil: casi 100 mil de aumento. Por lo mismo, el promedio anual irá subiendo en los meses que quedan de 2007.
El valor de los petrolíferos importados, en los que también el peso de la gasolina es decisivo, aumentó más por el aumento de los precios del petróleo y de la gasolina. De 2 mil 400 millones de dólares en 2003, el aumento fue a 10 mil millones en 2006. Para estimar el incremento de lo que va de este año, comparamos el más reciente dato publicado, enero-agosto de 2007, con el mismo periodo de 2006, y el costo subió de 7.2 miles de millones de pesos a 9.4 miles de millones. Dentro del año 2007, el costo de agosto fue casi el doble que el de enero.
Para septiembre, las cosas van peor en cuanto a ese costo. No se han publicado los datos mencionados; se toman su tiempecito para hacerlo. Pero el precio promedio de los crudos de referencia en el mercado internacional en septiembre es el mayor que ha habido: más de 78 dólares en promedio mensual. Y el aumento de agosto a septiembre fue de casi 7 dólares por barril.
El crudo West Texas Intermediate (WTI), Cushing, no bajó, en su cierre diario, de los 80 dólares por barril en las dos semanas recientes. El último viernes también el Brent rebasó ese límite. El promedio semanal de ambos crudos de referencia fue asimismo superior a los 80 dólares por barril en cada una de estas dos semanas.
Este precio se reflejará, poco antes o poco después, en el de la gasolina en Estados Unidos, de donde se importa ese combustible, y de ahí la gasolina importada estará más cara. Lo mismo va a pasar con otros combustibles derivados del petróleo.
El gasolinazo no va a resolver ese problema. Va a darles otro empujón a los precios internos. Las materias primas transportadas, su elaboración, el traslado de los productos elaborados, el transporte del personal que los produjo y que trabajó para obtener las materias primas, etcétera, todos estos procesos económicos requieren combustibles.
Ya hubo una serie de alzas con el anuncio de que los combustibles suben de precio en octubre, esto se repetirá antes y después del primero de enero.
Lo correcto es aumentar la capacidad mexicana de refinación con inversión pública, a costa de quitar privilegios a altos funcionarios y, en general, con el uso racional del presupuesto. Y que no venga luego otro ex presidente a presumir de las riquezas acumuladas en su rancho. En otras partes del mundo se están construyendo o ampliando refinerías. Aquí gobierna una mentalidad colonial. Esto, definitivamente, debe cambiar.
* * *
Agrego este párrafo a la condena del retiro de la fecha del 27 de septiembre, nacionalización de la industria eléctrica, del calendario oficial. Propongo que iniciemos de inmediato los preparativos para conmemorar el cincuentenario de esta nacionalización en 2010, junto con el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana.
Antonio Gershenson gershen@servidor.unam.mx
Precios de la gasolina y el petróleo
Cuando el precio del petróleo sube considerablemente, eso motiva que suba el precio de las importaciones mexicanas de gas y petrolíferos. Dentro de esto, el mayor peso es el de la gasolina. En cambio, sube el precio del petróleo mexicano de exportación. Esto debería poder compensar una cosa con la otra. Pero la política económica vigente no lo permite, y una de sus expresiones recientes es el mayor aumento mensual de la gasolina, mediante un derecho, ahora otra vez a partir del primero de enero próximo.
En vez de construir o ampliar refinerías para aumentar nuestra capacidad de producción de gasolina y otros productos de la refinación, usando parte del petróleo crudo que hoy se exporta, se ha dejado que suba la cantidad de gasolina importada.
De 55 mil barriles diarios importados en 2003, subimos a 95 mil en 2004, a 170 mil en 2005, 205 mil en 2006 y 296 mil barriles diarios en enero-agosto de 2007. En el año en curso también hay una tendencia creciente en estas importaciones, de 234 mil barriles diarios en enero a varios de los últimos meses con más de 330 mil: casi 100 mil de aumento. Por lo mismo, el promedio anual irá subiendo en los meses que quedan de 2007.
El valor de los petrolíferos importados, en los que también el peso de la gasolina es decisivo, aumentó más por el aumento de los precios del petróleo y de la gasolina. De 2 mil 400 millones de dólares en 2003, el aumento fue a 10 mil millones en 2006. Para estimar el incremento de lo que va de este año, comparamos el más reciente dato publicado, enero-agosto de 2007, con el mismo periodo de 2006, y el costo subió de 7.2 miles de millones de pesos a 9.4 miles de millones. Dentro del año 2007, el costo de agosto fue casi el doble que el de enero.
Para septiembre, las cosas van peor en cuanto a ese costo. No se han publicado los datos mencionados; se toman su tiempecito para hacerlo. Pero el precio promedio de los crudos de referencia en el mercado internacional en septiembre es el mayor que ha habido: más de 78 dólares en promedio mensual. Y el aumento de agosto a septiembre fue de casi 7 dólares por barril.
El crudo West Texas Intermediate (WTI), Cushing, no bajó, en su cierre diario, de los 80 dólares por barril en las dos semanas recientes. El último viernes también el Brent rebasó ese límite. El promedio semanal de ambos crudos de referencia fue asimismo superior a los 80 dólares por barril en cada una de estas dos semanas.
Este precio se reflejará, poco antes o poco después, en el de la gasolina en Estados Unidos, de donde se importa ese combustible, y de ahí la gasolina importada estará más cara. Lo mismo va a pasar con otros combustibles derivados del petróleo.
El gasolinazo no va a resolver ese problema. Va a darles otro empujón a los precios internos. Las materias primas transportadas, su elaboración, el traslado de los productos elaborados, el transporte del personal que los produjo y que trabajó para obtener las materias primas, etcétera, todos estos procesos económicos requieren combustibles.
Ya hubo una serie de alzas con el anuncio de que los combustibles suben de precio en octubre, esto se repetirá antes y después del primero de enero.
Lo correcto es aumentar la capacidad mexicana de refinación con inversión pública, a costa de quitar privilegios a altos funcionarios y, en general, con el uso racional del presupuesto. Y que no venga luego otro ex presidente a presumir de las riquezas acumuladas en su rancho. En otras partes del mundo se están construyendo o ampliando refinerías. Aquí gobierna una mentalidad colonial. Esto, definitivamente, debe cambiar.
* * *
Agrego este párrafo a la condena del retiro de la fecha del 27 de septiembre, nacionalización de la industria eléctrica, del calendario oficial. Propongo que iniciemos de inmediato los preparativos para conmemorar el cincuentenario de esta nacionalización en 2010, junto con el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana.
jueves, septiembre 27, 2007
¡Santana vive!,el entreguismo sigue
La Jornada
José Antonio Almazán González
La privatización en marcha
A raíz de la aprobación de la reforma fiscal y electoral, Felipe Calderón, el PAN y sus aliados del PRI (no todos) consideran que cuentan no sólo con los dos terceras partes de los votos de los diputados, sino también con el capital político suficiente, y calculan que ha llegado la hora de las reformas estructurales, comenzando por la energética.
No les ha bastado que la privatización de facto, por la vía de permisos inconstitucionales en generación, autoabastecimiento y otros (656 a julio de 2007), otorga ya al capital privado la propiedad y el control de aproximadamente 30 por ciento de la capacidad de generación a escala nacional. Tampoco se conforman con licitaciones y contratos de riesgo inconstitucionales que siguen entregando nuestros hidrocarburos y la infraestructura petrolera a las empresas trasnacionales. Quieren la certeza jurídica en el texto constitucional para legalizar lo ilegal, para cumplir debidamente las instrucciones del Banco Mundial y calmar las preocupaciones de las empresas trasnacionales, pues saben bien que la venta del patrimonio nacional energético puede ser revertida en juicios jurídico-constitucionales.
Mientras tanto, Calderón y su corte de vendepatrias, que se pasean en el recinto legislativo de San Lázaro, avanzan de manera acelerada en la privatización de facto, como puede leerse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 (PEF). Independientemente de la aspirina de 30 mil millones de pesos a las finanzas de Pemex, el PEF está orientado a impulsar la privatización a partir de hechos consumados.
El mecanismo favorito sigue siendo la llamada inversión financiada, que permite la participación del capital privado, fundamentalmente trasnacional, en la obra pública de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que para 2008 ascenderá a un billón 969 millones de pesos. Este tipo de inversión privada en el sector de energía, conocido como proyectos de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas), alcanzó en 2007 la suma de 2 billones 324 mil millones de pesos (capital más intereses), que representan un riesgo enorme para las finanzas públicas. Tan sólo en 2007 se pagarán con cargo al PEF 102 mil 29 millones de pesos en intereses.
En cambio, para las empresas públicas energéticas, el PEF considera cantidades ridículas frente a los montos destinados a la inversión privada. A Pemex le asignan 72 mil 260 millones de pesos en inversión física y se le sigue condenando a una sangría brutal por la vía de impuestos directos e indirectos, que en 2006 sumaron 582 mil 855 millones de pesos (55 por ciento del total de sus ingresos). A la CFE le asignan 28 mil 695 millones y se le obliga a depender de la inversión privada por conducto de los Productores Independientes de Energía, y a Luz y Fuerza del Centro, pese a las denuncias del Sindicato Mexicano de Electricistas en cuanto al riesgo inminente de un colapso eléctrico en la región central del país por falta de inversión productiva, le asignan mil 972 millones de pesos, condenándola prácticamente a la muerte por inanición.
Frente a este sombrío panorama energético, las declaraciones de Calderón de que no privatizarán Pemex, CFE ni Luz y Fuerza del Centro son sólo demagogia pura, para distraer a la opinión pública, mientras en los pasillos del Poder Legislativo continúan los cabildeos para amarrar la contrarreforma al artículo 27 constitucional.
No es de extrañar entonces que la nacionalización de la industria haya sido borrada del calendario cívico oficial. Poco les importa a los neoliberales la conmemoración de la fecha en que la nación mexicana recuperó el dominio exclusivo en la prestación del servicio público de la energía eléctrica, que durante 57 años estuvo en manos de empresas eléctricas extranjeras.
Para los émulos de Santa Anna, la celebración del 47 aniversario del acto nacionalizador eléctrico es un hecho que contradice en su esencia la desnacionalización y venta del patrimonio nacional energético que han venido impulsando a partir de 1992 en que Salinas de Gortari, en el contexto del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, abrió las puertas al capital privado en el sector eléctrico nacional. Por el contrario, para la mayoría del pueblo mexicano, este 27 de septiembre, además de festejo nacionalizador, constituye la ocasión propicia para un pacto nacional, con todas las fuerzas políticas, organizaciones sociales, ciudadanas, sindicales, de hombres y mujeres, conscientes de que la patria no se vende, en defensa del patrimonio nacional energético y en rechazo rotundo a la privatización
José Antonio Almazán González
La privatización en marcha
A raíz de la aprobación de la reforma fiscal y electoral, Felipe Calderón, el PAN y sus aliados del PRI (no todos) consideran que cuentan no sólo con los dos terceras partes de los votos de los diputados, sino también con el capital político suficiente, y calculan que ha llegado la hora de las reformas estructurales, comenzando por la energética.
No les ha bastado que la privatización de facto, por la vía de permisos inconstitucionales en generación, autoabastecimiento y otros (656 a julio de 2007), otorga ya al capital privado la propiedad y el control de aproximadamente 30 por ciento de la capacidad de generación a escala nacional. Tampoco se conforman con licitaciones y contratos de riesgo inconstitucionales que siguen entregando nuestros hidrocarburos y la infraestructura petrolera a las empresas trasnacionales. Quieren la certeza jurídica en el texto constitucional para legalizar lo ilegal, para cumplir debidamente las instrucciones del Banco Mundial y calmar las preocupaciones de las empresas trasnacionales, pues saben bien que la venta del patrimonio nacional energético puede ser revertida en juicios jurídico-constitucionales.
Mientras tanto, Calderón y su corte de vendepatrias, que se pasean en el recinto legislativo de San Lázaro, avanzan de manera acelerada en la privatización de facto, como puede leerse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 (PEF). Independientemente de la aspirina de 30 mil millones de pesos a las finanzas de Pemex, el PEF está orientado a impulsar la privatización a partir de hechos consumados.
El mecanismo favorito sigue siendo la llamada inversión financiada, que permite la participación del capital privado, fundamentalmente trasnacional, en la obra pública de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que para 2008 ascenderá a un billón 969 millones de pesos. Este tipo de inversión privada en el sector de energía, conocido como proyectos de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas), alcanzó en 2007 la suma de 2 billones 324 mil millones de pesos (capital más intereses), que representan un riesgo enorme para las finanzas públicas. Tan sólo en 2007 se pagarán con cargo al PEF 102 mil 29 millones de pesos en intereses.
En cambio, para las empresas públicas energéticas, el PEF considera cantidades ridículas frente a los montos destinados a la inversión privada. A Pemex le asignan 72 mil 260 millones de pesos en inversión física y se le sigue condenando a una sangría brutal por la vía de impuestos directos e indirectos, que en 2006 sumaron 582 mil 855 millones de pesos (55 por ciento del total de sus ingresos). A la CFE le asignan 28 mil 695 millones y se le obliga a depender de la inversión privada por conducto de los Productores Independientes de Energía, y a Luz y Fuerza del Centro, pese a las denuncias del Sindicato Mexicano de Electricistas en cuanto al riesgo inminente de un colapso eléctrico en la región central del país por falta de inversión productiva, le asignan mil 972 millones de pesos, condenándola prácticamente a la muerte por inanición.
Frente a este sombrío panorama energético, las declaraciones de Calderón de que no privatizarán Pemex, CFE ni Luz y Fuerza del Centro son sólo demagogia pura, para distraer a la opinión pública, mientras en los pasillos del Poder Legislativo continúan los cabildeos para amarrar la contrarreforma al artículo 27 constitucional.
No es de extrañar entonces que la nacionalización de la industria haya sido borrada del calendario cívico oficial. Poco les importa a los neoliberales la conmemoración de la fecha en que la nación mexicana recuperó el dominio exclusivo en la prestación del servicio público de la energía eléctrica, que durante 57 años estuvo en manos de empresas eléctricas extranjeras.
Para los émulos de Santa Anna, la celebración del 47 aniversario del acto nacionalizador eléctrico es un hecho que contradice en su esencia la desnacionalización y venta del patrimonio nacional energético que han venido impulsando a partir de 1992 en que Salinas de Gortari, en el contexto del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, abrió las puertas al capital privado en el sector eléctrico nacional. Por el contrario, para la mayoría del pueblo mexicano, este 27 de septiembre, además de festejo nacionalizador, constituye la ocasión propicia para un pacto nacional, con todas las fuerzas políticas, organizaciones sociales, ciudadanas, sindicales, de hombres y mujeres, conscientes de que la patria no se vende, en defensa del patrimonio nacional energético y en rechazo rotundo a la privatización
miércoles, septiembre 26, 2007
Impunidad del delincuente electoral
Luis Linares Zapata
Pruebas del fraude
Fox volvió a dar testimonio explícito de su masiva participación en el fraude orquestado contra López Obrador. Con el desparpajo de un personaje que se siente impune declara ante los micrófonos de Telemundo, en la ciudad de Chicago, que para él era necesario e importante detener al entonces candidato de la izquierda: Andrés Manuel López Obrador. Desde la perspectiva reaccionaria que lo caracteriza, Fox justifica cualquier intervención para contrariar el voto ciudadano, para entorpecer la ruta marcada por la voluntad popular. Rellena, le da vigente contenido, a más de un año de la tragedia del 2 de julio de 2006, a la pancarta que sostenía aquel valiente joven oaxaqueño en la que lo acusaba de ser un traidor a la democracia. Grito popular que tanto disgusto le causó al malhadado presidente.
La razón argüida por Fox ante los micrófonos de Telemundo es de nulo peso, aun dentro de la ramplona fragilidad con que acostumbra justificar su actuación la facción derechista que él representa: AMLO es un demagogo. Y, con tal adjetivación peyorativa, Fox, y ensamble de pericos que le repiquetean en el oído, sustenta cualquier acción emprendida para liberar a la sociedad de las pretensiones de un personaje con esa terrible característica en su conducta pública. En su torpe y pedestre argumentación, no requiere de más apoyo a sus sinrazones que una improvisada, estúpida comparación con quienes despreciativamente moteja como “Chávez” (el presidente Hugo Chávez de Venezuela) o “Correa” (el presidente de Ecuador, Rafael Correa). En un salto carente de toda autocrítica, Fox se lanza de cabeza al vacío de las conceptualizaciones políticas, al mundo –para él totalmente desconocido– de las ideologías y las pertenencias a un partido político. Fox debía suponer, al menos, que hay suficientes indicios de que buena parte del PAN siempre lo rechazó por advenedizo, mal informado, inculto, de alcances groseros y limitado.
Como si fuera un dechado de profundidad y sólida formación ideológica, con una concepción acabada de lo que es un Estado nacional, estudioso de las actualidades del mundo, de las corrientes académicas en boga, dice que trabajará en su “centro de estudios en construcción”. Descalifica a sus cocos preferidos de Latinoamérica siguiendo la estrategia de esa derecha subordinada, por completo, a los designios del imperio bushiano. Simplemente tienen (los arriba citados por él) una desmedida ambición de poder, concluye en tono irrebatible el pedestre guanajuatense. Y, con esta terminal acusación, siente el vahído interior de las frases eternas, las que brotan en torrentes desde su insípido pecho de pretendido líder continental, de predicador cotizado, pero que, en realidad, se alinea entre los eurocéntricos de la Internacional Demócrata de Centro (IDC), agrupación en la que va en pos de un estrellato obtuso e ineficiente.
En esta frase foxiana de “contener a AMLO” se implican varias actuaciones ilícitas del activista Fox. Tal vez ello sólo implique el empleo de mil 700 millones de pesos en propaganda de auxilio a la candidatura de un Calderón, en ese tiempo situado en la cola de las preferencias electorales. Tal vez ello alcance, además, a la autorización de otros mil 500 millones para fondear la trama electorera de la maestra Gordillo (entre 30 mil o más maestros itinerantes atendiendo urnas desprevenidas) bajo el disfraz de un programa de vivienda del que nunca se han rendido cuentas, ni a los contribuyentes y, menos aún, a los maestros sindicalizados.
Tal vez la palabra detener llegue a sonar como promesa de concesiones bancarias a diversos personajes de los negocios y el periodismo. Una simple contraprestación a los ataques que emprendieran contra AMLO, tal como sucedió en el caso del ínclito Coppel, aquel que amenazó con despedir empleados y cerrar negocios si se votaba por AMLO. O tal vez la disposición de Fox para contenerlo se agote en la negociación con varios gobernadores priístas para que trabajaran junto a él en esa lucha. Bien se sabe que la consigna la escucharon gente de la talla de Bours en Sonora, Marín en Puebla o Hernández en Tamaulipas, por nombrar sólo a unos cuantos. Y, entonces, una vez cumplida la misión, los miles de millones de pesos que les canalizó de los recursos excedentes del petróleo quedan justificados. Pero la lista de interpretaciones al verbo detener quizá implique también la presión ejercida sobre los jueces del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya sea de manera grosera y directa, como hizo Fox, o a través de un digno representante de su misma calaña: Diego Fernández de Cevallos. Más alto todavía, a lo mejor detener se revista de complicidades con los magistrados de la corte suprema. O con el manto protector para empresarios entrometidos, contra la ley, en la contienda para apuntalar a un mediocre candidato como Calderón. En fin, que la conjugación del verbo detener alcanza a toda una serie interminable de sucesos, todos reprobables, todos con un peso, lo suficientemente generoso para proceder a la anulación de la elección pasada.
Pero ninguna de las circunstancias y hechos probados que se mencionan arriba fue suficiente argumento para que los abajo firmantes de desplegados en apoyo a los consejeros del IFE (en especial al gordillista Ugalde) dudaran de sus seguridades manifiestas. Tampoco les sirven para afirmar, a plana entera, lo incompleto de la reciente ley electoral aprobada o, peor todavía, para deslizar que con ella se contraviene la libertad de expresión. Ninguno de ellos difundirá un extrañamiento por la democracia ofendida tan arbitrariamente por Fox.
Así como afirmaron, con tantas más cuantas firmas de respaldo a la limpieza inmaculada de la elección, bien podrían ahora reclamarle a Fox su ilegal confesión de parte y sacar las conclusiones derivadas. Pero eso no es materia que les preocupe, menos aún que los empuje a la protesta; eso es asunto pasado y juzgado por las instituciones a las cuales se apegan con un prurito tan hipócrita como convenenciero
Pruebas del fraude
Fox volvió a dar testimonio explícito de su masiva participación en el fraude orquestado contra López Obrador. Con el desparpajo de un personaje que se siente impune declara ante los micrófonos de Telemundo, en la ciudad de Chicago, que para él era necesario e importante detener al entonces candidato de la izquierda: Andrés Manuel López Obrador. Desde la perspectiva reaccionaria que lo caracteriza, Fox justifica cualquier intervención para contrariar el voto ciudadano, para entorpecer la ruta marcada por la voluntad popular. Rellena, le da vigente contenido, a más de un año de la tragedia del 2 de julio de 2006, a la pancarta que sostenía aquel valiente joven oaxaqueño en la que lo acusaba de ser un traidor a la democracia. Grito popular que tanto disgusto le causó al malhadado presidente.
La razón argüida por Fox ante los micrófonos de Telemundo es de nulo peso, aun dentro de la ramplona fragilidad con que acostumbra justificar su actuación la facción derechista que él representa: AMLO es un demagogo. Y, con tal adjetivación peyorativa, Fox, y ensamble de pericos que le repiquetean en el oído, sustenta cualquier acción emprendida para liberar a la sociedad de las pretensiones de un personaje con esa terrible característica en su conducta pública. En su torpe y pedestre argumentación, no requiere de más apoyo a sus sinrazones que una improvisada, estúpida comparación con quienes despreciativamente moteja como “Chávez” (el presidente Hugo Chávez de Venezuela) o “Correa” (el presidente de Ecuador, Rafael Correa). En un salto carente de toda autocrítica, Fox se lanza de cabeza al vacío de las conceptualizaciones políticas, al mundo –para él totalmente desconocido– de las ideologías y las pertenencias a un partido político. Fox debía suponer, al menos, que hay suficientes indicios de que buena parte del PAN siempre lo rechazó por advenedizo, mal informado, inculto, de alcances groseros y limitado.
Como si fuera un dechado de profundidad y sólida formación ideológica, con una concepción acabada de lo que es un Estado nacional, estudioso de las actualidades del mundo, de las corrientes académicas en boga, dice que trabajará en su “centro de estudios en construcción”. Descalifica a sus cocos preferidos de Latinoamérica siguiendo la estrategia de esa derecha subordinada, por completo, a los designios del imperio bushiano. Simplemente tienen (los arriba citados por él) una desmedida ambición de poder, concluye en tono irrebatible el pedestre guanajuatense. Y, con esta terminal acusación, siente el vahído interior de las frases eternas, las que brotan en torrentes desde su insípido pecho de pretendido líder continental, de predicador cotizado, pero que, en realidad, se alinea entre los eurocéntricos de la Internacional Demócrata de Centro (IDC), agrupación en la que va en pos de un estrellato obtuso e ineficiente.
En esta frase foxiana de “contener a AMLO” se implican varias actuaciones ilícitas del activista Fox. Tal vez ello sólo implique el empleo de mil 700 millones de pesos en propaganda de auxilio a la candidatura de un Calderón, en ese tiempo situado en la cola de las preferencias electorales. Tal vez ello alcance, además, a la autorización de otros mil 500 millones para fondear la trama electorera de la maestra Gordillo (entre 30 mil o más maestros itinerantes atendiendo urnas desprevenidas) bajo el disfraz de un programa de vivienda del que nunca se han rendido cuentas, ni a los contribuyentes y, menos aún, a los maestros sindicalizados.
Tal vez la palabra detener llegue a sonar como promesa de concesiones bancarias a diversos personajes de los negocios y el periodismo. Una simple contraprestación a los ataques que emprendieran contra AMLO, tal como sucedió en el caso del ínclito Coppel, aquel que amenazó con despedir empleados y cerrar negocios si se votaba por AMLO. O tal vez la disposición de Fox para contenerlo se agote en la negociación con varios gobernadores priístas para que trabajaran junto a él en esa lucha. Bien se sabe que la consigna la escucharon gente de la talla de Bours en Sonora, Marín en Puebla o Hernández en Tamaulipas, por nombrar sólo a unos cuantos. Y, entonces, una vez cumplida la misión, los miles de millones de pesos que les canalizó de los recursos excedentes del petróleo quedan justificados. Pero la lista de interpretaciones al verbo detener quizá implique también la presión ejercida sobre los jueces del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya sea de manera grosera y directa, como hizo Fox, o a través de un digno representante de su misma calaña: Diego Fernández de Cevallos. Más alto todavía, a lo mejor detener se revista de complicidades con los magistrados de la corte suprema. O con el manto protector para empresarios entrometidos, contra la ley, en la contienda para apuntalar a un mediocre candidato como Calderón. En fin, que la conjugación del verbo detener alcanza a toda una serie interminable de sucesos, todos reprobables, todos con un peso, lo suficientemente generoso para proceder a la anulación de la elección pasada.
Pero ninguna de las circunstancias y hechos probados que se mencionan arriba fue suficiente argumento para que los abajo firmantes de desplegados en apoyo a los consejeros del IFE (en especial al gordillista Ugalde) dudaran de sus seguridades manifiestas. Tampoco les sirven para afirmar, a plana entera, lo incompleto de la reciente ley electoral aprobada o, peor todavía, para deslizar que con ella se contraviene la libertad de expresión. Ninguno de ellos difundirá un extrañamiento por la democracia ofendida tan arbitrariamente por Fox.
Así como afirmaron, con tantas más cuantas firmas de respaldo a la limpieza inmaculada de la elección, bien podrían ahora reclamarle a Fox su ilegal confesión de parte y sacar las conclusiones derivadas. Pero eso no es materia que les preocupe, menos aún que los empuje a la protesta; eso es asunto pasado y juzgado por las instituciones a las cuales se apegan con un prurito tan hipócrita como convenenciero
martes, septiembre 25, 2007
La UNAM la mejor de Iberoamérica
Javier Flores
Proyección de la UNAM
En algunas semanas la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hará pública la convocatoria para integrar la lista de quienes podrían ocupar el cargo de rector. El doctor Juan Ramón de la Fuente concluye en noviembre su segundo periodo al frente de nuestra máxima casa de estudios. Lo primero que puede decirse es que quien finalmente resulte electo, después del proceso que está por iniciarse, tiene ante sí un compromiso enorme.
La responsabilidad del nuevo rector puede sintetizarse de la siguiente manera: mantener a la UNAM en el lugar donde la deja su antecesor y hacerla avanzar aún más. Es impensable retroceder… ¿Quién dijo yo?
No voy a referirme por ahora a las listas de aspirantes que seguramente habrán de modificarse, como en otras ocasiones, a partir del resultado de la consulta, sino a las aportaciones principales del rector De la Fuente. Tampoco voy a hacer un listado exhaustivo de sus logros. Su aportación principal ha sido, a mi juicio, haber devuelto a los universitarios el orgullo de serlo y dar al país la enorme satisfacción de contar con una institución ejemplar, pieza fundamental para el desarrollo de México.
Juan Ramón de la Fuente recibió una institución sumida en un grave conflicto. Pero las amenazas en contra de la UNAM no eran sólo las de carácter interno; logró superarlas a partir de un intenso trabajo mediante el cual supo convocar y unificar a todos los universitarios. También tuvo que enfrentar, en distintos momentos, las asechanzas externas, hizo retroceder a los enemigos de la educación pública, de la que ha sido uno de los principales defensores en la historia de nuestra nación.
Su fórmula ha sido siempre demostrar que es compatible la educación de masas, pública, laica y gratuita, con elevados índices de calidad. Logró así colocar a la universidad en un primer plano. El nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México fue escrito, con letras de oro, en el Congreso de la Unión. La UNAM, de acuerdo con algunas evaluaciones internacionales, es la mejor universidad de Iberoamérica y una de las 100 mejores del orbe. La Ciudad Universitaria ha sido considerada patrimonio cultural de la humanidad. Es, en síntesis, un motivo de orgullo para todos los mexicanos.
Eso lo reconocen todos, o casi todos. Cuando el rector De la Fuente acude a algún acto público (cosa que no todos los políticos pueden hacer) recibe el aplauso de los mexicanos, trátese de una plaza de toros, una preparatoria, el estadio de futbol o un concierto. Se le reconoce su honestidad, su talento y su visión acerca de lo que debe ser México. Es la única, o de las pocas personalidades públicas respetadas.
Esto ocurre porque las ideas de Juan Ramón de la Fuente trascienden el ámbito de la universidad. Además de que ha dejado constancia de su capacidad para el manejo de problemas internos y ha logrado el reconocimiento de la comunidad internacional, es, a mi juicio, el único que cuenta con una propuesta correcta para el país. Lo que se requiere es una verdadera revolución educativa. Es la fórmula para acabar con la desigualdad y es la manera en la que México podrá integrarse a la economía del conocimiento, que es la esencia del mundo global. De la Fuente es el único que podría conducir este cambio.
Digo lo que como universitario realmente creo y pienso, aprovechando que Juan Ramón de la Fuente ya se va. Me parece que es justo hacer un reconocimiento a su extraordinaria labor al frente de la UNAM y la esperanza que representa para el futuro del país. También es justo reconocer el trabajo de sus colaboradores. En ocasiones la fuerte presencia de un líder no permite apreciar el trabajo de su equipo, el cual, junto con el rector, termina sus funciones en noviembre.
No me voy a referir a todos, sino a los que conozco más cercanamente. Daniel Barrera, por ocho años secretario administrativo, que por su transparencia y honradez sería un funcionario más que deseable en la administración pública o privada; Alejandro Pisanty, artífice de la modernización de la universidad en el campo de las nuevas tecnologías; Roberto Sozaya, a quien debemos agradecer la paz que se vive en el campus universitario; Néstor Martínez Cristo, en un excelente manejo de la comunicación; Enrique del Val, secretario general, y Rosaura Ruiz, secretaria de Desarrollo Institucional, entre otros. A todos ellos mi reconocimiento como universitario.
Proyección de la UNAM
En algunas semanas la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hará pública la convocatoria para integrar la lista de quienes podrían ocupar el cargo de rector. El doctor Juan Ramón de la Fuente concluye en noviembre su segundo periodo al frente de nuestra máxima casa de estudios. Lo primero que puede decirse es que quien finalmente resulte electo, después del proceso que está por iniciarse, tiene ante sí un compromiso enorme.
La responsabilidad del nuevo rector puede sintetizarse de la siguiente manera: mantener a la UNAM en el lugar donde la deja su antecesor y hacerla avanzar aún más. Es impensable retroceder… ¿Quién dijo yo?
No voy a referirme por ahora a las listas de aspirantes que seguramente habrán de modificarse, como en otras ocasiones, a partir del resultado de la consulta, sino a las aportaciones principales del rector De la Fuente. Tampoco voy a hacer un listado exhaustivo de sus logros. Su aportación principal ha sido, a mi juicio, haber devuelto a los universitarios el orgullo de serlo y dar al país la enorme satisfacción de contar con una institución ejemplar, pieza fundamental para el desarrollo de México.
Juan Ramón de la Fuente recibió una institución sumida en un grave conflicto. Pero las amenazas en contra de la UNAM no eran sólo las de carácter interno; logró superarlas a partir de un intenso trabajo mediante el cual supo convocar y unificar a todos los universitarios. También tuvo que enfrentar, en distintos momentos, las asechanzas externas, hizo retroceder a los enemigos de la educación pública, de la que ha sido uno de los principales defensores en la historia de nuestra nación.
Su fórmula ha sido siempre demostrar que es compatible la educación de masas, pública, laica y gratuita, con elevados índices de calidad. Logró así colocar a la universidad en un primer plano. El nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México fue escrito, con letras de oro, en el Congreso de la Unión. La UNAM, de acuerdo con algunas evaluaciones internacionales, es la mejor universidad de Iberoamérica y una de las 100 mejores del orbe. La Ciudad Universitaria ha sido considerada patrimonio cultural de la humanidad. Es, en síntesis, un motivo de orgullo para todos los mexicanos.
Eso lo reconocen todos, o casi todos. Cuando el rector De la Fuente acude a algún acto público (cosa que no todos los políticos pueden hacer) recibe el aplauso de los mexicanos, trátese de una plaza de toros, una preparatoria, el estadio de futbol o un concierto. Se le reconoce su honestidad, su talento y su visión acerca de lo que debe ser México. Es la única, o de las pocas personalidades públicas respetadas.
Esto ocurre porque las ideas de Juan Ramón de la Fuente trascienden el ámbito de la universidad. Además de que ha dejado constancia de su capacidad para el manejo de problemas internos y ha logrado el reconocimiento de la comunidad internacional, es, a mi juicio, el único que cuenta con una propuesta correcta para el país. Lo que se requiere es una verdadera revolución educativa. Es la fórmula para acabar con la desigualdad y es la manera en la que México podrá integrarse a la economía del conocimiento, que es la esencia del mundo global. De la Fuente es el único que podría conducir este cambio.
Digo lo que como universitario realmente creo y pienso, aprovechando que Juan Ramón de la Fuente ya se va. Me parece que es justo hacer un reconocimiento a su extraordinaria labor al frente de la UNAM y la esperanza que representa para el futuro del país. También es justo reconocer el trabajo de sus colaboradores. En ocasiones la fuerte presencia de un líder no permite apreciar el trabajo de su equipo, el cual, junto con el rector, termina sus funciones en noviembre.
No me voy a referir a todos, sino a los que conozco más cercanamente. Daniel Barrera, por ocho años secretario administrativo, que por su transparencia y honradez sería un funcionario más que deseable en la administración pública o privada; Alejandro Pisanty, artífice de la modernización de la universidad en el campo de las nuevas tecnologías; Roberto Sozaya, a quien debemos agradecer la paz que se vive en el campus universitario; Néstor Martínez Cristo, en un excelente manejo de la comunicación; Enrique del Val, secretario general, y Rosaura Ruiz, secretaria de Desarrollo Institucional, entre otros. A todos ellos mi reconocimiento como universitario.
sábado, septiembre 22, 2007
La Consulta Ciudadana y los Movimientos Sociales
La Jornada
Raúl Zibechi
Comunidades peruanas derrotan a las multinacionales
Que los de abajo derroten a los poderosos no es algo que suceda todos los días. Que un grupo de comunidades indígenas de una remota región del norte del Perú se imponga a las multinacionales de la minería, es algo que merece ser festejado. El domingo pasado tres localidades de la zona montañosa de Piura, departamento en la frontera norte con Ecuador, convocaron a una consulta en la que 60 por ciento de sus 40 mil habitantes se pronunciaron de forma rotunda contra un emprendimiento minero que no ha sido autorizado por las comunidades afectadas.
Los alcaldes de los distritos de Ayabaca, Pacaipampa y el Carmen de la Frontera convocaron la consulta como forma de frenar a la minera Majaz, que desde 1999 adquirió los derechos para la explotación de cobre en esa región, donde nacen los ríos que abastecen a decenas de comunidades. En agosto de 2005, miles de comuneros marcharon hasta el campamento de la empresa Majaz, lo que produjo enfrentamientos con la policía que dejaron un muerto, cuatro heridos y decenas de detenidos que fueron torturados. De ese modo, el Estado peruano desconoció el Convenio 169 de la OIT que obliga a someter a consulta a los pueblos aquellas decisiones que afecten a sus territorios.
El resultado de la consulta, pese a las amenazas recibidas por el gobierno de Alan García, fue contundente: alrededor de 95 por ciento de los votantes se pronunció contra la minera. Pero lo más significativo fue la vasta movilización indígena. Miles de comuneros marcharon durante dos, seis y hasta 12 horas a través de las montañas, con sus hijos y alimentos a cuestas, para acampar en las cabeceras municipales y estar así listos para emitir su voto el domingo. Había que ver, en los días previos, cómo el gobierno copaba los espacios televisivos para emitir un mensaje intimidatorio en que los comuneros eran tildados de “terroristas” y se amenazaba con militarizar los municipios donde se realizó la consulta. La torpeza gubernamental colocó la consulta como el tema principal de la agenda nacional y mostró a las autoridades como aliadas incondicionales de las multinacionales mineras.
La consulta representa uno de los éxitos más notables del movimiento social peruano y coloca a sus promotores, la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), como el principal referente de las luchas sociales del país. La Conacami es una organización de nuevo tipo, en sintonía con los movimientos indígenas latinoamericanos en un país donde las demandas étnicas eran hasta hace pocos años subsumidas en las clasistas. Está naciendo en Perú una nueva dirigencia social estrechamente vinculada con sus bases, que están protagonizando el nuevo ciclo de luchas que parece emerger. Destacan los cocaleros y las comunidades afectadas por la minería, pero también actores sociales urbanos que se reactivan y que fueron los protagonistas de las jornadas de huelga nacional de julio pasado. Buena parte de ellos organizaron la semana pasada en Arequipa la Cumbre Social de los Pueblos del Sur para denunciar la 28 convención de los empresarios de la minería.
Según un editorial del diario La República (17/9/07), la consulta marca “el fin del modelo neoliberal al servicio de los intereses mineros establecido por la legislación promulgada por la dictadura fujimorista, con su sistema de exoneraciones y total prescindencia de las poblaciones concernidas”. Otros estiman que el ejemplo del puñado de comunidades que desafió a las autoridades, que declararon ilegal la consulta, ha movido el suelo político porque puede tener un efecto demostrativo. “Si el ejemplo prende, será inevitable algún tipo de reforma que reduzca el poder de la burocracia central y de la elite propietaria en el campo de la minería. Por eso las iras”, apunta el columnista Carlos Reyna, también en La República, en referencia a la inocultable rabia del presidente peruano.
La minería ha sido la expresión más feroz del modelo neoliberal en el país andino, donde las multinacionales controlan 13 millones de hectáreas, esto es, 10 por ciento de la superficie del país, pero aspiran a hacerse con 60 millones de hectáreas más. En 1995 el régimen de Fujimori modificó la Ley de Tierras, y estableció que en caso de conflicto entre propietarios de tierras y los inversionistas mineros, aquéllos deben subordinarse al interés del minero y permitir su actividad. Esas tierras son compradas bajo presión a los comuneros, a tal punto que las estadísticas dicen que 3 mil 126 comunidades indígenas donde viven 3 millones de personas están ubicadas en zonas de influencia de la minería. Los vertidos contaminantes, como mercurio y plomo, están destruyendo la salud de los comuneros. La Oroya, donde la resistencia comunera a la Cerro de Pasco Corporation inspiró a Manuel Scorza en sus novelas sobre la “guerra silenciosa”, está hoy entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo.
La otra cara del desastre ambiental que provocan las mineras son las fabulosas ganancias que colocan a Perú como primer productor de plata del mundo, tercero de estaño y zinc, cuarto de plomo y cobre, y quinto de molibdeno y oro. Las multinacionales están invirtiendo mil millones de dólares anuales en Perú, pero sólo en 2005 el valor de la producción de oro fue de 3 mil millones de dólares, el de cobre 3 mil 600 millones y el de zinc de mil 400 millones de dólares. Los minerales suponen 45 por ciento de las exportaciones peruanas, pero la actividad minera sólo aporta 4 por ciento de los ingresos del Estado y uno por ciento de la población activa. La contaminación le cuesta al país 4 por ciento del producto interno bruto.
La minería es uno de los núcleos en torno a los que se organiza la segunda oleada neoliberal que está arrasando con la vida de nuestros pueblos, al igual que el complejo forestación-celulosa y monocultivos de soya y caña de azúcar. Frenar estos emprendimientos es vital para torcer el rumbo del modelo de acumulación por desposesión, con que las multinacionales pretenden frenar el declive del sistema hegemónico.
Raúl Zibechi
Comunidades peruanas derrotan a las multinacionales
Que los de abajo derroten a los poderosos no es algo que suceda todos los días. Que un grupo de comunidades indígenas de una remota región del norte del Perú se imponga a las multinacionales de la minería, es algo que merece ser festejado. El domingo pasado tres localidades de la zona montañosa de Piura, departamento en la frontera norte con Ecuador, convocaron a una consulta en la que 60 por ciento de sus 40 mil habitantes se pronunciaron de forma rotunda contra un emprendimiento minero que no ha sido autorizado por las comunidades afectadas.
Los alcaldes de los distritos de Ayabaca, Pacaipampa y el Carmen de la Frontera convocaron la consulta como forma de frenar a la minera Majaz, que desde 1999 adquirió los derechos para la explotación de cobre en esa región, donde nacen los ríos que abastecen a decenas de comunidades. En agosto de 2005, miles de comuneros marcharon hasta el campamento de la empresa Majaz, lo que produjo enfrentamientos con la policía que dejaron un muerto, cuatro heridos y decenas de detenidos que fueron torturados. De ese modo, el Estado peruano desconoció el Convenio 169 de la OIT que obliga a someter a consulta a los pueblos aquellas decisiones que afecten a sus territorios.
El resultado de la consulta, pese a las amenazas recibidas por el gobierno de Alan García, fue contundente: alrededor de 95 por ciento de los votantes se pronunció contra la minera. Pero lo más significativo fue la vasta movilización indígena. Miles de comuneros marcharon durante dos, seis y hasta 12 horas a través de las montañas, con sus hijos y alimentos a cuestas, para acampar en las cabeceras municipales y estar así listos para emitir su voto el domingo. Había que ver, en los días previos, cómo el gobierno copaba los espacios televisivos para emitir un mensaje intimidatorio en que los comuneros eran tildados de “terroristas” y se amenazaba con militarizar los municipios donde se realizó la consulta. La torpeza gubernamental colocó la consulta como el tema principal de la agenda nacional y mostró a las autoridades como aliadas incondicionales de las multinacionales mineras.
La consulta representa uno de los éxitos más notables del movimiento social peruano y coloca a sus promotores, la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), como el principal referente de las luchas sociales del país. La Conacami es una organización de nuevo tipo, en sintonía con los movimientos indígenas latinoamericanos en un país donde las demandas étnicas eran hasta hace pocos años subsumidas en las clasistas. Está naciendo en Perú una nueva dirigencia social estrechamente vinculada con sus bases, que están protagonizando el nuevo ciclo de luchas que parece emerger. Destacan los cocaleros y las comunidades afectadas por la minería, pero también actores sociales urbanos que se reactivan y que fueron los protagonistas de las jornadas de huelga nacional de julio pasado. Buena parte de ellos organizaron la semana pasada en Arequipa la Cumbre Social de los Pueblos del Sur para denunciar la 28 convención de los empresarios de la minería.
Según un editorial del diario La República (17/9/07), la consulta marca “el fin del modelo neoliberal al servicio de los intereses mineros establecido por la legislación promulgada por la dictadura fujimorista, con su sistema de exoneraciones y total prescindencia de las poblaciones concernidas”. Otros estiman que el ejemplo del puñado de comunidades que desafió a las autoridades, que declararon ilegal la consulta, ha movido el suelo político porque puede tener un efecto demostrativo. “Si el ejemplo prende, será inevitable algún tipo de reforma que reduzca el poder de la burocracia central y de la elite propietaria en el campo de la minería. Por eso las iras”, apunta el columnista Carlos Reyna, también en La República, en referencia a la inocultable rabia del presidente peruano.
La minería ha sido la expresión más feroz del modelo neoliberal en el país andino, donde las multinacionales controlan 13 millones de hectáreas, esto es, 10 por ciento de la superficie del país, pero aspiran a hacerse con 60 millones de hectáreas más. En 1995 el régimen de Fujimori modificó la Ley de Tierras, y estableció que en caso de conflicto entre propietarios de tierras y los inversionistas mineros, aquéllos deben subordinarse al interés del minero y permitir su actividad. Esas tierras son compradas bajo presión a los comuneros, a tal punto que las estadísticas dicen que 3 mil 126 comunidades indígenas donde viven 3 millones de personas están ubicadas en zonas de influencia de la minería. Los vertidos contaminantes, como mercurio y plomo, están destruyendo la salud de los comuneros. La Oroya, donde la resistencia comunera a la Cerro de Pasco Corporation inspiró a Manuel Scorza en sus novelas sobre la “guerra silenciosa”, está hoy entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo.
La otra cara del desastre ambiental que provocan las mineras son las fabulosas ganancias que colocan a Perú como primer productor de plata del mundo, tercero de estaño y zinc, cuarto de plomo y cobre, y quinto de molibdeno y oro. Las multinacionales están invirtiendo mil millones de dólares anuales en Perú, pero sólo en 2005 el valor de la producción de oro fue de 3 mil millones de dólares, el de cobre 3 mil 600 millones y el de zinc de mil 400 millones de dólares. Los minerales suponen 45 por ciento de las exportaciones peruanas, pero la actividad minera sólo aporta 4 por ciento de los ingresos del Estado y uno por ciento de la población activa. La contaminación le cuesta al país 4 por ciento del producto interno bruto.
La minería es uno de los núcleos en torno a los que se organiza la segunda oleada neoliberal que está arrasando con la vida de nuestros pueblos, al igual que el complejo forestación-celulosa y monocultivos de soya y caña de azúcar. Frenar estos emprendimientos es vital para torcer el rumbo del modelo de acumulación por desposesión, con que las multinacionales pretenden frenar el declive del sistema hegemónico.
martes, septiembre 18, 2007
Verdades a medias, Mentira completa
México SA
Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
Déficit de empleo pero superávit de discursos
El medio presidente del empleo
El INEGI reporta más desocupación
“Inevitable” aumento al IVA
Dados los resultados concretos, en el mejor de los casos y en un acto de indulgencia al inquilino de Los Pinos se le podría llamar “el medio presidente del empleo” o, si se prefiere, el mismo lema utilizado en campaña, pero a 50 por ciento. No es que esté de oferta, sino que el reporte oficial sobre nuevos registros laborales en el IMSS a lo largo de la “continuidad” no alcanza más que para ese mote.
Resulta que el michoacano adelantó la pirotecnia del mes patrio para celebrar “el éxito” de su política de promoción de empleo, y en los primeros días septembrinos del mes patrio encendió los primeros cohetes decorativos: en el paquete informativo-estadístico entregado en la Cámara de Diputados, el día primero, y en lo que ya se conoce como el infomercial, el día 2.
De acuerdo con el citado paquete, el inicio del espectáculo pirotécnico, de enero a junio de 2007 se registraron en el IMSS 866 mil 900 mil nuevos empleos formales, según el anexo estadístico, o 539 mil 925 según el texto contenido en ese mismo paquete y en igual lapso. Ya para efectos del infomercial, la cifra fue de poco más de 618 mil, aunque para el periodo enero-agosto.
Pues bien, la estadística oficial del IMSS, avalada por la Secretaría del Trabajo, reconoce el registro de 450 mil 814 plazas (eventuales 63 por ciento de ellas) en el periodo enero-junio de 2007, un número 48 por ciento inferior al celebrado en el mencionado anexo estadístico, y 16.5 por ciento menor al del citado texto. La cifra más cercana al reporte oficial referida por el inquilino de Los Pinos fue la utilizada durante el infomercial: poco más de 618, contra 614 mil 607 en los “datos duros” de la “continuidad”.
La constante, sin embargo, es que en cualquiera de los casos y/o circunstancias, la presunción gubernamental es que se “han sobrepasado las expectativas” en lo que a generación de empleo se refiere, pero lo cierto es que la propia estadística oficial (en este caso el INEGI) reporta un avance sostenido en las tasas de desocupación.
En cualquiera de los casos, el inquilino de Los Pinos “olvida” hacer el recuento completo, es decir, restar las plazas canceladas: durante sus nueve meses de estancia en la residencia oficial, se han registrado (IMSS-Secretaría del Trabajo) alrededor de 462 mil empleos formales, o lo que es lo mismo, sólo la mitad de la demanda real de puestos de trabajo, amén que el número reportado resulta 32 por ciento inferior al reconocido para igual periodo, pero de 2006.
Todo indica que también la “continuidad” utiliza discrecionalmente la “calculadora” foxista (la que suma o resta a conveniencia, y siempre en línea con los “logros” a presumir), y en tal sentido retomo algunos elementos aquí presentados en los primeros días del mes de la patria: como “presidente del empleo” (al 50 por ciento), Calderón está obligado a presentar resultados positivos, aunque a todas luces sean falsos.
Por ejemplo: A) en el anexo estadístico del “informe” se presume que la “generación neta de empleos con acceso a seguridad social (trabajadores asegurados al IMSS) sumó 866 mil 900 mil (54 por ciento eventuales y 46 por ciento permanentes)” de enero a junio de 2007, con lo que habría superado lo registrado en este renglón durante todo 2006 (página 9 del compendio de estadísticas representativas del desarrollo nacional);
B) “De acuerdo con cifras acumuladas a julio de 2007, la afiliación total de trabajadores al IMSS se situó en 14 millones 505 mil 483 personas, cifra superior en 539 mil 925 trabajadores (100 mil plazas menos que en igual lapso de 2006) respecto al nivel observado en diciembre de 2006, lo cual permitió alcanzar de nueva cuenta un máximo histórico. El avance se observó en las dos modalidades de contratación (56 por ciento eventuales y 44 por ciento permanentes). No obstante la evolución del empleo formal, la desocupación mostró mayores niveles de desempleo con respecto a lo observado en los mismos meses de 2006” (texto del Primer Informe de Gobierno);
C) Las cifras oficiales del IMSS indican que en enero-junio el empleo formal registrado en esa institución se incrementó en 450 mil 814 plazas (63 por ciento eventuales y 37 por ciento permanentes), una diferencia negativa cercana a 410 mil plazas según la afirmación A, y cercana a 90 mil de acuerdo con la B. La fuente de información es exactamente la misma, mientras crece el desempleo.
Lo anterior, sin considerar que la economía lleva años con un grave y creciente déficit de empleo, y los que llega a generar son de ínfima calidad, salarios miserables y mayoritariamente carentes de prestaciones. A cambio, un vergonzoso superávit de discursos.
Las rebanadas del pastel
No contenta con la puñalada más reciente, la “continuidad” ya vislumbra el “inevitable” aumento a la tasa de IVA, según reconoce Agustín Carstens… Y de los siempre generosos lectores: “tenemos varias semanas en que los comentaristas políticos, tanto de la prensa escrita como de radio y televisión, vienen ocupando sus espacios con el tema del nuevo impuesto a la gasolina. Flaca es la memoria, pues han olvidado que a mediados de la década de los 70, durante la administración de don Luis Echeverría, el litro de gasolina fue gravado con cinco centavos dizque ‘para ayuda al campo’. Nadie jamás ha rendido cuentas a los campesinos de lo que se ha hecho con ese impuesto especial que tanto les beneficiaría. Como dicho gravamen no se ha derogado, es de suponer que cada vez que llenamos el tanque a nuestros automóviles estamos beneficiando a las familias campesinas. Como en 1975 el litro del combustible no rebasaba los 2 pesos, 5 centavos no eran poca cosa (2.5 por ciento). El tesoro acumulado perteneciente a esos hombres humildes alcanza hoy cifras descomunales, que ríanse de la deuda del gobierno por el seguro a los braceros que trabajaron en suelo estadunidense en los años 40 y 50 del pasado siglo” (Enrique Galván Garza, Monterrey, Nuevo León, engalgar@hotmail.com).
Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
Déficit de empleo pero superávit de discursos
El medio presidente del empleo
El INEGI reporta más desocupación
“Inevitable” aumento al IVA
Dados los resultados concretos, en el mejor de los casos y en un acto de indulgencia al inquilino de Los Pinos se le podría llamar “el medio presidente del empleo” o, si se prefiere, el mismo lema utilizado en campaña, pero a 50 por ciento. No es que esté de oferta, sino que el reporte oficial sobre nuevos registros laborales en el IMSS a lo largo de la “continuidad” no alcanza más que para ese mote.
Resulta que el michoacano adelantó la pirotecnia del mes patrio para celebrar “el éxito” de su política de promoción de empleo, y en los primeros días septembrinos del mes patrio encendió los primeros cohetes decorativos: en el paquete informativo-estadístico entregado en la Cámara de Diputados, el día primero, y en lo que ya se conoce como el infomercial, el día 2.
De acuerdo con el citado paquete, el inicio del espectáculo pirotécnico, de enero a junio de 2007 se registraron en el IMSS 866 mil 900 mil nuevos empleos formales, según el anexo estadístico, o 539 mil 925 según el texto contenido en ese mismo paquete y en igual lapso. Ya para efectos del infomercial, la cifra fue de poco más de 618 mil, aunque para el periodo enero-agosto.
Pues bien, la estadística oficial del IMSS, avalada por la Secretaría del Trabajo, reconoce el registro de 450 mil 814 plazas (eventuales 63 por ciento de ellas) en el periodo enero-junio de 2007, un número 48 por ciento inferior al celebrado en el mencionado anexo estadístico, y 16.5 por ciento menor al del citado texto. La cifra más cercana al reporte oficial referida por el inquilino de Los Pinos fue la utilizada durante el infomercial: poco más de 618, contra 614 mil 607 en los “datos duros” de la “continuidad”.
La constante, sin embargo, es que en cualquiera de los casos y/o circunstancias, la presunción gubernamental es que se “han sobrepasado las expectativas” en lo que a generación de empleo se refiere, pero lo cierto es que la propia estadística oficial (en este caso el INEGI) reporta un avance sostenido en las tasas de desocupación.
En cualquiera de los casos, el inquilino de Los Pinos “olvida” hacer el recuento completo, es decir, restar las plazas canceladas: durante sus nueve meses de estancia en la residencia oficial, se han registrado (IMSS-Secretaría del Trabajo) alrededor de 462 mil empleos formales, o lo que es lo mismo, sólo la mitad de la demanda real de puestos de trabajo, amén que el número reportado resulta 32 por ciento inferior al reconocido para igual periodo, pero de 2006.
Todo indica que también la “continuidad” utiliza discrecionalmente la “calculadora” foxista (la que suma o resta a conveniencia, y siempre en línea con los “logros” a presumir), y en tal sentido retomo algunos elementos aquí presentados en los primeros días del mes de la patria: como “presidente del empleo” (al 50 por ciento), Calderón está obligado a presentar resultados positivos, aunque a todas luces sean falsos.
Por ejemplo: A) en el anexo estadístico del “informe” se presume que la “generación neta de empleos con acceso a seguridad social (trabajadores asegurados al IMSS) sumó 866 mil 900 mil (54 por ciento eventuales y 46 por ciento permanentes)” de enero a junio de 2007, con lo que habría superado lo registrado en este renglón durante todo 2006 (página 9 del compendio de estadísticas representativas del desarrollo nacional);
B) “De acuerdo con cifras acumuladas a julio de 2007, la afiliación total de trabajadores al IMSS se situó en 14 millones 505 mil 483 personas, cifra superior en 539 mil 925 trabajadores (100 mil plazas menos que en igual lapso de 2006) respecto al nivel observado en diciembre de 2006, lo cual permitió alcanzar de nueva cuenta un máximo histórico. El avance se observó en las dos modalidades de contratación (56 por ciento eventuales y 44 por ciento permanentes). No obstante la evolución del empleo formal, la desocupación mostró mayores niveles de desempleo con respecto a lo observado en los mismos meses de 2006” (texto del Primer Informe de Gobierno);
C) Las cifras oficiales del IMSS indican que en enero-junio el empleo formal registrado en esa institución se incrementó en 450 mil 814 plazas (63 por ciento eventuales y 37 por ciento permanentes), una diferencia negativa cercana a 410 mil plazas según la afirmación A, y cercana a 90 mil de acuerdo con la B. La fuente de información es exactamente la misma, mientras crece el desempleo.
Lo anterior, sin considerar que la economía lleva años con un grave y creciente déficit de empleo, y los que llega a generar son de ínfima calidad, salarios miserables y mayoritariamente carentes de prestaciones. A cambio, un vergonzoso superávit de discursos.
Las rebanadas del pastel
No contenta con la puñalada más reciente, la “continuidad” ya vislumbra el “inevitable” aumento a la tasa de IVA, según reconoce Agustín Carstens… Y de los siempre generosos lectores: “tenemos varias semanas en que los comentaristas políticos, tanto de la prensa escrita como de radio y televisión, vienen ocupando sus espacios con el tema del nuevo impuesto a la gasolina. Flaca es la memoria, pues han olvidado que a mediados de la década de los 70, durante la administración de don Luis Echeverría, el litro de gasolina fue gravado con cinco centavos dizque ‘para ayuda al campo’. Nadie jamás ha rendido cuentas a los campesinos de lo que se ha hecho con ese impuesto especial que tanto les beneficiaría. Como dicho gravamen no se ha derogado, es de suponer que cada vez que llenamos el tanque a nuestros automóviles estamos beneficiando a las familias campesinas. Como en 1975 el litro del combustible no rebasaba los 2 pesos, 5 centavos no eran poca cosa (2.5 por ciento). El tesoro acumulado perteneciente a esos hombres humildes alcanza hoy cifras descomunales, que ríanse de la deuda del gobierno por el seguro a los braceros que trabajaron en suelo estadunidense en los años 40 y 50 del pasado siglo” (Enrique Galván Garza, Monterrey, Nuevo León, engalgar@hotmail.com).
sábado, septiembre 15, 2007
La partida está ganada.
El pueblo de México es mucha pieza como bien dice Andrés Manuel López Obrador, hoy acudió a los festejos de la independencia al zócalo capitalino a pesar del sitio militar que implementó el usurpador, de las medidas de intimidación al ingresar al mismo, con retenes y vallas metálicas que aislaban restringiendo el libre tránsito de los ciudadanos, acciones todas inútiles ante gente que ha mostrado una fortaleza, integridad y sobre todo convicción al no aceptar más el juego tramposo del régimen político, desgastado y torpe. La nueva etapa de éste país se sigue escribiendo, el grito de los libres se dió a las 9:45 de la noche coordinando la ceremonia la activista de la Convención Nacional Democrática Jesúsa Rodríguez, y representando el movimiento social dió el tradicional grito de independencia la luchadora social y actual senadora de la República, Rosario Ibarra de Piedra. Todo el tinglado militar se montó para que el usurpador pudiera salir al balcón de palacio nacional a dar también el grito de independencia con cámaras de televisión a modo para simular que el pueblo ya acepta al presidente espurio, para ello seccionaron el zócalo y al frente acarrearon familias completas de militares y algunos
panistas derechistas para aplaudirle, todo esto planeado para las 23:00 de la noche ¡pero sorpresa! la plancha de la plaza está repleta por el pueblo de México y una vez que terminó el acto de los libres 22:00 horas aprox. de la noche estos decidieron vaciar el zócalo retirandose para así mostrar su repudio y rechazo al usurpador. El pueblo en orden y armonía se retiró coreando "¡es un honor estar con Obrador!". Una vez más usupador, gabinetito, ejercito, PFP, televisoras, medios y su estupidez completa quedan expuestos.
¡Viva México!, ¡Vivan los héroes que nos dieron Pátria!, ¡ Vivan la democracia y el pueblo de México!
panistas derechistas para aplaudirle, todo esto planeado para las 23:00 de la noche ¡pero sorpresa! la plancha de la plaza está repleta por el pueblo de México y una vez que terminó el acto de los libres 22:00 horas aprox. de la noche estos decidieron vaciar el zócalo retirandose para así mostrar su repudio y rechazo al usurpador. El pueblo en orden y armonía se retiró coreando "¡es un honor estar con Obrador!". Una vez más usupador, gabinetito, ejercito, PFP, televisoras, medios y su estupidez completa quedan expuestos.
¡Viva México!, ¡Vivan los héroes que nos dieron Pátria!, ¡ Vivan la democracia y el pueblo de México!
Eugenia León
Canción "La Paloma", espléndida adaptación e interpretación.
Paralelísmos de la historia mexicana que nos ubica en las luchas de hoy para protejer nuestros valores como nación.
15 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

Esta fotografía refleja la pobreza moral e intelectual del usurpador, tratando de intimidar nada más ni nada menos que al pueblo de México en uno de los festejos populares en que los valores patrióticos juegan en el ánimo del mexicano.El zócalo de la ciudad de México esta sitiado por la PFP, cientos de soldados vestidos de civiles son infiltrados entre la gente, retenes y vallas metálicas muestran la estupidez y el miedo en el "poder";este vulgar personaje no se da cuenta de nada y aquí se comprueba un proceso de patología psicológica conocida como "proyección", ya que él sí es un peligro para México.
Esto que escribo lo hago el 15 de septiembre a las 10.00 de la mañana, deseando que no se toque a nuestra gente y que esto quede únicamente en el aparato exhibicionista y provocador derechista.
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