La Jornada
Arnaldo Córdova
La reforma petrolera en el Senado
Los senadores del Frente Amplio Progresista han hecho un buen trabajo en el Senado. Por primera vez veo que ese grupo parlamentario sabe tratar con sus oponentes y llamarlos al diálogo, equilibrando posiciones y resolviendo con ellos lo que se puede resolver. Arturo Núñez y Pablo Gómez (éste ya con muchas tablas parlamentarias) han sobresalido en los debates. Carlos Navarrete y Graco Ramírez han sabido concertar acuerdos. Se ha visto que a ciertos maximalistas escépticos eso les puede parecer poco. Yo pienso que en los temas irremovibles (contratos, integración del consejo de administración de Pemex y otros) la pelea, al momento de escribir este artículo, será muy dura y de incierto pronóstico.
Las posiciones de los diferentes partidos se adivinaban claras. Los panistas han formado su ciudadela en el tema de los contratos, opusieron a las empresas filiales de Pemex propuestas por el PRI (organismos públicos descentralizados, se definen en sus iniciativas) la inversión privada y los priístas optaron por retirar el punto del debate. Ahora ellos también se quieren hacer fuertes en torno a los contratos. Parece un cuento de nunca acabar. Desde luego, para ellos resulta ser un asunto de vida o muerte el que haya cinco miembros del sindicato petrolero (priísta) en el consejo de administración y no están dispuestos a ceder.
El tema más importante es el de los contratos, porque es la única salida que le queda al gobierno panista de meter por la ventana a la iniciativa privada, ya que no le pudieron abrir la puerta y eso es ya un hecho. Pero procederé tratando primero el asunto de los consejeros sindicales. Hasta donde me alcanza, los priístas saben que sus llamadas empresas subsidiarias no están descartadas del todo. Retiraron su propuesta sólo como prueba de fuerza. Esperan que los panistas se les rindan y acepten que el capital privado no entrará en ellas. Pero lo que ahora les parece esencial es que el sindicato pueda estar en el consejo.
El consejo lo decide todo (a veces por encima del propio Presidente, según la iniciativa panista). En un consejo a modo pueden sacar las empresas filiales más adelante. Eso, si no se prohíben en la legislación que se apruebe. El consejo, en efecto, puede crearlas más adelante. Los puestos del sindicato petrolero en el consejo son puestos del PRI y ésa va siendo ya su ciudadela. Es por eso también que los priístas están siendo un tanto inflexibles con la propuesta de que los consejeros nombrados por el Presidente sean ratificados por el Senado. Le juegan, para poner las cosas en claro, a un permanente jaloneo con el PAN respecto a la integración del consejo.
Yo sugerí en el grupo de expertos que elaboró las iniciativas del FAP que se sacara al sindicato del consejo. Pero pocos estuvieron de acuerdo. La mayoría decidió que sólo se redujera a dos consejeros su representación y eso quedó en las iniciativas. Naturalmente, resultó también inaceptable para los priístas. Mi razón es sencilla: ¿qué diablos tiene que hacer un sindicato en el cerebro que maneja a una empresa, si sus derechos están protegidos por su contrato colectivo de trabajo? El sindicato no tiene nada que ver con el manejo de la empresa. Siendo pública, eso corresponde al Ejecutivo bajo el control del Legislativo.
Los panistas siguen haciéndose tontos en el tema de los contratos: dicen que la Constitución no es clara en el tema. Parecería que los foros en el Senado no les sirvieron de nada, pero se trata sólo de un cínico y desvergonzado disimulo. Un intelectual invitado por los priístas al segundo foro del Senado (y sospecho que por Labastida) les dio la coartada: la Constitución no define a qué clase de contratos se refiere. Y enseguida vino una avalancha de referencias sesgadas a Cárdenas, que fue el primero que propuso contratos con la iniciativa privada, lo que es totalmente cierto. ¡Cárdenas era privatizador!, se dijo, ¿por qué nosotros no?
Las palabras exactas del texto constitucional después de 1960 son las siguientes: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado”. Sólo caben dos interpretaciones jurídicas rigurosas: una, o Pemex no puede hacer contratos con nadie y para nada, lo que sería sumamente estúpido y, dos, la Constitución se refiere sólo a un cierto tipo de contratos. Cualquier juez decidiría que la segunda es la interpretación correcta.
Los contratos se negocian, no se “otorgan”. Es evidente que la reforma del 60 se refiere a los contratos de riesgo y no a los denominados en el derecho común de servicios o por obra determinada. Los panistas se niegan a aceptar que sólo se trata de los segundos y está a la vista el porqué. En ello los priístas, encabezados por Beltrones y Labastida, están de acuerdo, de un modo de verdad vergonzante (dicen que no, pero la verdad es que eso es lo que quieren). Si los panistas desean sus contratos, tendrán que definirlos, no andar bautizándolos como “incentivados”, “de servicios múltiples” o “determinables o indeterminados”, acepciones que ellos (y los priístas con ellos) ni siquiera saben explicar o no quieren hacerlo.
Cuando, por caso, entran en explicaciones se sacan de la chistera que nada impide que al final de la obra o del servicio contratado se dé un premio a los privados. Lo obligado es preguntar: ¿por qué? Si yo tengo con qué construirme una casa, lo usual es que el arquitecto me diga cuánto me va a costar, de antemano, y no al final. ¿Por qué insisten los panistas en ello? Está claro: el gobierno de la sociedad significa obtener un botín, para ellos mismos y para sus representados. Si la reforma petrolera no da un botín, entonces no tiene sentido.
Están seguros de sacar adelante sus propuestas. Tienen un formidable aliado en los privatizadores y derechistas que hacen una mayoría aplastante en el PRI y nada extrañaría que, al final, salieran las filiales de Pemex junto con los contratos “incentivados”. Lo que ya está claro, no obstante todo ello, es que ni refinerías ni ductos ni centros de almacenamiento podrán estar en propiedad de privados. Eso era el principal objetivo de la lucha cívica en defensa del petróleo. Ahora parece que ya nadie quiere eso. El problema hoy son los contrataos “incentivados”. Ahí está el huevo de la serpiente.
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domingo, octubre 19, 2008
domingo, octubre 14, 2007
¿EL Estado Mexicano tocando fondo?
La Jornada
Rolando Cordera Campos
De emergencia
Preguntarse por la viabilidad de México parecía una ocupación fútil. Con democracia y apertura al mundo, se decía, el país tenía todo para no repetir los descalabros que marcaron el fin del ciclo de la Revolución e impedir que en su horizonte apareciera el espectro de otra ruptura violenta.
Hoy, sin embargo, acosado por una improductividad pasmosa, México encara la evidencia de sus limitaciones y pierde lugares en el ranking mundial del desarrollo, mientras los profetas anuncian que el fin llega, con el agotamiento de las reservas petroleras y la emigración masiva creciente, mientras los ductos que quedan sirven para prácticas de demolición de los bomberos que hayan decidido no irse p’al norte.
La pregunta por su futuro no es por esto trivial, ni la respuesta a ella puede darse por sabida. Las certezas que nos ofrecía la combinatoria de mercado abierto y democracia dejan paso a la incertidumbre sobre las virtudes del mercado realmente existente, en tanto que la democracia camina desnuda a la vista de todos, exhibe sus fallas y hace evidentes los abusos que su diseño, considerado como definitivo y por tanto inamovible, ha propiciado.
La reforma del Estado podría ser la brújula para empezar a salir del laberinto, pero sin dar muestras fehacientes de que eso tan veleidoso como la voluntad política en efecto está detrás de los empeños de partidos y legisladores por cumplir con su ley reformista. Una vez pasado el primer tramo, más amargo que lo que se esperaba debido a la inaudita reacción de los concesionarios de la radio y la televisión y otros empresarios, parece obligado admitir que se abrió el camino pero que éste tendrá que hacerse al andar, sin plan maestro a la mano y frente a mil y una adversidades, casi todas pesadillas de nuestros propios despropósitos.
Poner en el centro de la mesa política las carencias de la sociedad debía ser el principio de toda deliberación destinada a producir decisiones de Estado, pero si se queda en un reconocimiento rutinario y cínico de la pobreza que nos embarga no servirá de nada, ni siquiera de acicate para que la caridad cristiana sea retomada como virtud cardinal. Guste o no, el resbaloso tema de la forma de desarrollo, adoptada a finales del milenio y la política económica diseñada para concretarla en estrategia e instituciones, debe ponerse también sobre la mesa.
No hay foros institucionales adecuados para intentar revisiones como éstas. El Congreso vive al día y los partidos se sumergen en la disputa de trincheras por un poder efímero que el imperio de la inercia vuelve virtual. De aquí la facilidad con que se impone la costumbre sobre la sensibilidad y el reconocimiento de la emergencia, y se adopta como lema fúnebre la fórmula de Juan Gabriel: “pero qué necesidad, para qué tanto problema”.
La falta de crecimiento no es un accidente de la globalización sino una elección hecha por las elites del acomodo, cuya “preferencia revelada” es la mediocridad productiva en aras de la ganancia financiera. Ahora se le edulcora con la oferta navideña de que con la reforma fiscal la economía producirá, agárrense, ¡50 mil empleos adicionales!
Demostrar al país, a sus dirigencias y fuerzas principales que más que una preferencia por la estabilidad es una apuesta por la inviabilidad de la nación y su transmutación en territorio de señores de la guerra y narcotráfico, es tarea urgente que debía ocupar al Congreso y los partidos. Y a las universidades, de nuevo asediadas por los señores de la tijera presupuestal y sus consejeros parisinos de la OCDE.
Frente a esto urge recuperar la iniciativa de un consejo económico y social y otras mediaciones similares para modular el conflicto social y dar cauce a iniciativas de reforma y revisión de la política económica. Una conferencia económica nacional, convocada por el Congreso y las universidades, por ejemplo, permitiría devolver al presupuesto su dignidad clásica y rescatarlo de los grotescos juegos del maquillaje hacendario o de las ocurrencias desveladas de los diputados sobre los precios futuros del crudo. Podríamos acercarnos con seriedad al tema urgente del seguro del desempleo o a la renta básica sin caer en las supercherías financieras que todo lo descuentan para empezar la posibilidad de cambiar cuando en ello nos va no el futuro sino el presente.
Imaginar espacios como éstos, para llenarlos de actividad intelectual con ambición de largo plazo, debía ser vista también como tarea de una reforma del Estado que asume que su origen está en la crisis del propio Estado, que va rumbo a una catástrofe social y económica. No se trata de hacerla de Casandra tropical, pero el tiempo pasa y corre contra nosotros.
Rolando Cordera Campos
De emergencia
Preguntarse por la viabilidad de México parecía una ocupación fútil. Con democracia y apertura al mundo, se decía, el país tenía todo para no repetir los descalabros que marcaron el fin del ciclo de la Revolución e impedir que en su horizonte apareciera el espectro de otra ruptura violenta.
Hoy, sin embargo, acosado por una improductividad pasmosa, México encara la evidencia de sus limitaciones y pierde lugares en el ranking mundial del desarrollo, mientras los profetas anuncian que el fin llega, con el agotamiento de las reservas petroleras y la emigración masiva creciente, mientras los ductos que quedan sirven para prácticas de demolición de los bomberos que hayan decidido no irse p’al norte.
La pregunta por su futuro no es por esto trivial, ni la respuesta a ella puede darse por sabida. Las certezas que nos ofrecía la combinatoria de mercado abierto y democracia dejan paso a la incertidumbre sobre las virtudes del mercado realmente existente, en tanto que la democracia camina desnuda a la vista de todos, exhibe sus fallas y hace evidentes los abusos que su diseño, considerado como definitivo y por tanto inamovible, ha propiciado.
La reforma del Estado podría ser la brújula para empezar a salir del laberinto, pero sin dar muestras fehacientes de que eso tan veleidoso como la voluntad política en efecto está detrás de los empeños de partidos y legisladores por cumplir con su ley reformista. Una vez pasado el primer tramo, más amargo que lo que se esperaba debido a la inaudita reacción de los concesionarios de la radio y la televisión y otros empresarios, parece obligado admitir que se abrió el camino pero que éste tendrá que hacerse al andar, sin plan maestro a la mano y frente a mil y una adversidades, casi todas pesadillas de nuestros propios despropósitos.
Poner en el centro de la mesa política las carencias de la sociedad debía ser el principio de toda deliberación destinada a producir decisiones de Estado, pero si se queda en un reconocimiento rutinario y cínico de la pobreza que nos embarga no servirá de nada, ni siquiera de acicate para que la caridad cristiana sea retomada como virtud cardinal. Guste o no, el resbaloso tema de la forma de desarrollo, adoptada a finales del milenio y la política económica diseñada para concretarla en estrategia e instituciones, debe ponerse también sobre la mesa.
No hay foros institucionales adecuados para intentar revisiones como éstas. El Congreso vive al día y los partidos se sumergen en la disputa de trincheras por un poder efímero que el imperio de la inercia vuelve virtual. De aquí la facilidad con que se impone la costumbre sobre la sensibilidad y el reconocimiento de la emergencia, y se adopta como lema fúnebre la fórmula de Juan Gabriel: “pero qué necesidad, para qué tanto problema”.
La falta de crecimiento no es un accidente de la globalización sino una elección hecha por las elites del acomodo, cuya “preferencia revelada” es la mediocridad productiva en aras de la ganancia financiera. Ahora se le edulcora con la oferta navideña de que con la reforma fiscal la economía producirá, agárrense, ¡50 mil empleos adicionales!
Demostrar al país, a sus dirigencias y fuerzas principales que más que una preferencia por la estabilidad es una apuesta por la inviabilidad de la nación y su transmutación en territorio de señores de la guerra y narcotráfico, es tarea urgente que debía ocupar al Congreso y los partidos. Y a las universidades, de nuevo asediadas por los señores de la tijera presupuestal y sus consejeros parisinos de la OCDE.
Frente a esto urge recuperar la iniciativa de un consejo económico y social y otras mediaciones similares para modular el conflicto social y dar cauce a iniciativas de reforma y revisión de la política económica. Una conferencia económica nacional, convocada por el Congreso y las universidades, por ejemplo, permitiría devolver al presupuesto su dignidad clásica y rescatarlo de los grotescos juegos del maquillaje hacendario o de las ocurrencias desveladas de los diputados sobre los precios futuros del crudo. Podríamos acercarnos con seriedad al tema urgente del seguro del desempleo o a la renta básica sin caer en las supercherías financieras que todo lo descuentan para empezar la posibilidad de cambiar cuando en ello nos va no el futuro sino el presente.
Imaginar espacios como éstos, para llenarlos de actividad intelectual con ambición de largo plazo, debía ser vista también como tarea de una reforma del Estado que asume que su origen está en la crisis del propio Estado, que va rumbo a una catástrofe social y económica. No se trata de hacerla de Casandra tropical, pero el tiempo pasa y corre contra nosotros.
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