domingo, diciembre 13, 2009

OAXACA."Un viaje al corazón del México Profundo II/ IV"

Oaxaca
Un viaje al corazón del México Profundo II/ IV
Andrés Manuel López Obrador

Periódico La Jornada
Martes 8 de diciembre de 2009, p. 11


El pueblo de Oaxaca ha podido sobrevivir por su cultura. De ella emanan su mística de trabajo, su talento y sus fuertes relaciones familiares y comunitarias. Les ayuda su vinculación con la tierra y el mantener una economía de autoconsumo, sustentada en la producción de maíz, frijol y aves de corral, así como el cultivo del café, el aprovechamiento de los bosques, el tejido del petate y del sombrero, las artesanías y otras actividades. En las ciudades del país, en los campos agrícolas del norte y en el extranjero, es muy apreciada su creatividad y su fuerza trabajo. En Estados Unidos los mixtecos se han ganado a pulso la fama de ser de los mejores obreros del mundo.

El oaxaqueño es un pueblo ejemplar; a pesar de la aridez y lo abrupto de su territorio, de la falta de empleos y del abandono gubernamental, se ha abierto paso y salido adelante, enfrentando todo tipo de adversidades. En sus comunidades lo que existe lo han hecho ellos mismos. Todo lo que uno ve al llegar a un pueblo (las calles, la plaza, el templo, el palacio municipal, las infaltables canchas de básquetbol) se ha construido con el esfuerzo de la gente; es fruto de la cooperación y del tequio.

La ayuda del gobierno estatal es prácticamente nula y los apoyos federales son muy escasos. Por ejemplo, en la ciudad de México todos los adultos mayores de 68 años tienen derecho a una pensión de 822 pesos mensuales, con un presupuesto de 4 mil 225 millones de pesos, mientras en Oaxaca, el programa de 70 y más no es universal y sólo garantiza 500 pesos al mes a quienes viven en poblaciones de menos de 30 mil habitantes, con una inversión anual de alrededor de mil millones de pesos.

Por el abandono del gobierno, Oaxaca es el estado con más pobreza y marginación en el país. Y en estos tiempos lo están resintiendo más. Partamos del hecho de que la gente tiene tres fuentes fundamentales para el sustento: la economía de autoconsumo, los apoyos gubernamentales y el dinero que proviene de la migración.

En el primer caso, lo principal es el cultivo del maíz. Esta bendita planta es lo que asegura que no falten los alimentos básicos, entre otros, la tortilla que se complementa con frijol, chile, nopal y permite paliar el hambre. Sin embargo este año, por el retraso de las lluvias, se perdieron las cosechas y han tenido que comprar el maíz.

La ayuda con recursos públicos para enfrentar la pobreza se limita al Programa Oportunidades –apoyo alimentario, energético y educativo– y al de adultos mayores, con una inversión global de 4 mil 157 millones de pesos. En general, las familias beneficiadas obtienen alrededor de 20 pesos diarios. Por último, la tercera fuente de ingresos son las remesas que en 2009 han disminuido alrededor de 18 por ciento, debido a la crisis económica en Estados Unidos y en nuestro país. El año pasado, por este concepto se recibieron en Oaxaca mil 456 millones de dólares y en el actual se estima que apenas se obtendrán mil 194 millones de dólares. Es decir, 262 millones de dólares menos, el equivalente a todo lo que se destina al Programa Oportunidades. A esta difícil situación habría que agregar la carestía de la vida provocada por los aumentos en los precios del maíz, frijol, arroz, aceite, azúcar y otros artículos de primera necesidad.

En mis recorridos pude constatar de cerca esta amarga realidad. Me partió el alma ver a hombres llorando cuando me expresaban la difícil situación que padecen y el abandono en que se encuentran. Todavía tengo fija la imagen de una mujer en San Miguel Huautla, en la Mixteca que, con esa serenidad escrupulosa de la gente que vive en la pobreza, me dijo que se le mueren sus manos de tanto tejer sombrero para sólo recibir 5 pesos diarios. Y de otra mujer zapoteca, morena, seria, con un marido inválido, en San Juan Lachigalla, que me encaró con firmeza cuestionándome que cómo le hacían si no cosecharon nada por la falta de lluvia y no tenían qué comer. Me dejó pensando largo tiempo y sólo alcancé a decir en mis adentros que precisamente ésta es la razón principal de nuestra lucha.

Es tanta la marginación de Oaxaca que hay pueblos que no cuentan con servicio telefónico. En el 95 por ciento del territorio de Oaxaca no hay cobertura para celular. Es el estado del país donde más me han pedido ayuda para gestionar la instalación de teléfonos públicos y domiciliarios. Por eso, desde San Miguel Piedras hice un llamado con este propósito a Carlos Slim, dueño de Telmex.

Si es impresionante el hecho de que en sólo 5 por ciento del estado funcionen los celulares, asombra aún más el mal estado de los caminos. Un dato: de los 570 municipios de Oaxaca, 290 no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Me tocó transitar por terracerías donde se va a vuelta de rueda. Por ejemplo, para llegar a Amoltepec, que está a 350 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, hicimos nueve horas de viaje.

En materia de salud también la constante es el abandono. Hay municipios sin médico y aunque en las cabeceras haya clínicas de primer nivel, los médicos sólo trabajan de lunes a viernes y en todas partes se carece de medicamentos. Escuché en distintas regiones la queja de que, por los malos caminos, los enfermos mueren cuando son trasladados a un hospital. Por ejemplo, en Choapam denunciaron que el hospital más cercano está a 5 horas de distancia, en Tlacolula. Es notoria falta de atención médica a niños con desnutrición y a mucha gente con padecimientos generados por la pobreza y enfermedades crónico-degenerativas como insuficiencias renales, diabetes y otras, que requieren medicamentos y tratamientos permanentes. También es triste constatar el desamparo en que se encuentran niños y adultos que padecen de alguna discapacidad y no cuentan con ningún tipo de apoyo. Aquí hago un paréntesis para señalar que hay un buen número de médicos jóvenes, mujeres y hombres, con sensibilidad social. Me los encontré en municipios muy apartados y ante la falta de infraestructura, equipo y medicinas, hacen lo que pueden con mucha entrega.

En cuanto a la educación, a pesar del esfuerzo de alumnos y maestros, es notable el rezago. Las escuelas están abandonadas, con techos en malas condiciones, faltan pizarrones, mesa-bancos, hay aulas construidas con materiales precarios. Y lo más lamentable es que muchos niños y adolescentes caminan hasta dos horas para asistir a la escuela y casi todos llegan sin desayunar.

Hay infinidad de escuelas comunitarias en pequeñas localidades donde uno o dos maestros imparten los seis grados. En San Francisco Huehuetlán, en la sierra Mazateca, la maestra de la telesecundaria me contó que al inicio del curso tenía 40 alumnos de tercer grado y calculaba que apenas 20 terminarían porque muchos abandonan la escuela para ayudar a sus padres en el campo e, inclusive, algunos emigran desde esa edad. En San Juan Tepanzacoalco, agencia del municipio de San Pedro Yaneri, en la Sierra Juárez, de 20 estudiantes que egresan de la secundaria, sólo dos continúan sus estudios de bachillerato porque la prepa está en Ixtlán, a cinco horas en camioneta de tres toneladas. Y así es en todas partes. Sin embargo, también debo decir que muchos estudiantes de familias muy pobres están estudiando becados en Chapingo, una universidad que, precisamente por eso, es admirable y ejemplar.

También hay muchos problemas agrarios, sobre todo por disputas de límites entre comunidades, que han sido desatendidos e incluso provocados, tanto por las autoridades estatales como por la secretaría de la Reforma Agraria. En varios de ellos han perdido la vida muchos campesinos. Uno de los conflictos más graves es el que tiene Amoltepec con otros municipios vecinos. Ahí han muerto personas de distintos pueblos sin que intervenga ninguna autoridad para conciliar y buscar acuerdos. Lo contrario ocurrió entre Teojomulco y Texmelucan donde, básicamente, por la voluntad de la gente, en 2005 se logró la solución de un litigio agrario de 80 años, que había dejado un saldo de 450 muertos de ambos lados. En la asamblea que tuvimos en Teojomulco, felicité a los habitantes de esos pueblos por su disposición a aceptar un arreglo que los libró de seguir viviendo en un ambiente de violencia. El presidente municipal de Teojomulco fue uno de los principales promotores, a pesar de que le asesinaron a su hermano y a otros familiares. De modo que hasta en estos casos tan complejos se pueden encontrar soluciones pacíficas.

Además de la desatención, de la pobreza y de la marginación, los pueblos de Oaxaca son víctimas de fraudes y todo el tiempo tienen que estar defendiendo sus tierras y sus recursos naturales. Es doloroso saber que el dinero logrado con el trabajo de migrantes es arrebatado por dueños de cajas de ahorro que, de la noche a la mañana, desaparecen sin ninguna posibilidad de que se haga justicia. Este problema me lo plantearon, sobre todo, en la mixteca, en Santa Cruz Nundaco y en Santos Reyes Tepejillo.

A ello debe sumarse el acecho constante de empresas nacionales y extranjeras que buscan explotar minerales y construir presas, despojando a las comunidades, destruyendo el territorio y dañando el medio ambiente. En muchas partes, los pobladores desconocen que a partir de las reformas al artículo 27 Constitucional y a la Ley Minera, impulsadas por Salinas y por Fox, se han concesionado a particulares 25 millones de hectáreas del territorio nacional para la explotación en especial del oro, la plata y el cobre. En el caso de Oaxaca se han entregado 335 concesiones a particulares para enajenar un millón 191 mil hectáreas, es decir, 12 por ciento del territorio del estado.

Como es obvio, al llevarse a la práctica esta política privatizadora, de pillaje, se originan graves conflictos entre las empresas mineras y los dueños originarios de las tierras ejidales y comunales. En muchos pueblos de Oaxaca ya se están padeciendo presiones para consumar el despojo de estos recursos naturales del pueblo y de la nación. Y como en otras partes, el gobierno estatal se ha puesto abiertamente del lado de las empresas extranjeras, forzando, amenazando, chantajeando e, inclusive, reprimiendo las manifestaciones de inconformidad. Por ejemplo, en Zaniza quieren explotar un mineral en contra de la voluntad de la comunidad. Y por casualidad, desde hace tres meses no hay médico y el centro de salud está cerrado. En San José del Progreso, donde empresas canadienses están operando, en mayo pasado, los pobladores fueron reprimidos con brutalidad por la policía del estado. Este mismo ambiente de tensión se percibe en los municipios de Tututepec, Zenzontepec, Ixtayutla y Tataltepec de Valdés, en la sierra Sur, porque se pretende construir en el río Verde, con inversión extranjera, la presa Paso de la Reina. En esta zona hay un movimiento de varios pueblos decididos a no permitir que se inunden sus tierras y desaparezcan sus comunidades.

En suma, los pueblos de Oaxaca están viviendo uno de los tiempos más difíciles de su historia milenaria. Padecen de pobreza, abandono, marginación y despojo de sus bienes y recursos naturales. Y sin embargo, por su cultura e inquebrantable resistencia, mientras dure el mundo, nunca perderán su gloria y su grandeza.

sábado, diciembre 12, 2009

Constitución Mexicana Desamparada.

La Jornada

Un amparo negado... como era de esperarse
Néstor de Buen

La juez primera de distrito del centro auxiliar de la primera región, en una sentencia que no tiene fecha, resolvió negar el amparo que el Sindicato Mexicano de Electricistas había promovido contra el decreto presidencial de fecha 11 de octubre del año en curso mediante el cual se ordenó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el consecuente despido de la totalidad de los trabajadores.

Obviamente, dicho decreto es violatorio de muchas cosas, entre otras, la fración I del artículo 89 constitucional que faculta al titular del Poder Ejecutivo a promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

En el caso, no había una ley proveniente del Congreso de la Unión que hubiese ordenado la liquidación de la empresa LFC, lo que implica que el Presidente de la República se transformó, por propia iniciativa (aunque le echa la culpa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) en legislador, violando así de manera notable el principio constitucional de la división de poderes.

La sentencia, en lo fundamental, distribuye en tres temas su decisión. La primera la hace consistir en la improcedencia de la demanda de amparo. La segunda, en la procedencia. La tercera, en la valoración que hace de la actuación del Poder Ejecutivo en la que llega a la curiosa conclusión de que no solamente está facultado para reglamentar las leyes del Congreso sino que también se le debe reconocer una facultad habilitante derivada del artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales (de más que dudosa constitucionalidad) para poner remedio a las deficiencias de las entidades paraestatales con la facultad, inclusive, de liquidarlas.

Entre los motivos de improcedencia se dice que los trabajadores, en lo personal, no acreditaron su condición, por lo que no se les debe reconocer interés jurídico en el amparo, afirmando que no se ofrecieron pruebas de su condición de trabajadores. Con ello la sentencia pone de manifiesto que no tomó en consideración las pruebas ofrecidas por los terceros perjudicados, olvidando que obra en el expediente la copia certificada de las actuaciones ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje promovidas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, donde se lista a la totalidad de los trabajadores de LFC. La juez invoca una copia simple de esa demanda que se acompañó a la demanda de amparo pero se le olvidó tomar en cuenta la copia certificada de esas actuaciones que exhibió el sindicato quejoso.

Lo esencial de la falta de fundamentación de la sentencia lo constituye el hecho de que ignora el contenido de la fracción I del artículo 89 constitucional que fija las facultades del Poder Ejecutivo, e inventa una facultad habilitante que no está prevista en la Constitución. Porque el Ejecutivo puede hacer lo que la Constitución le permite pero no otras cosas que no estén previstas en la propia Constitución, de acuerdo con el principio de derecho de que las autoridades no pueden hacer sino lo que les está permitido y evidentemente que no hay ninguna disposición constitucional que otorgue al Ejecutivo facultades que no están previstas.

Dice la sentencia que la situación económica de LFC es muy grave y que ello justifica la decisión del Ejecutivo de liquidarla. Pero esa decisión no puede ser tomada por el Ejecutivo porque no hay norma constitucional que se lo permita. Afortunadamente la sentencia reconoce la personalidad y el interés jurídico del sindicato, y con ello desvirtúa una de las causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables. Pero con ello desvirtúa su conclusión de que los trabajadores no tienen interés en el juicio ya que el sindicato es, precisamente, un representante de todos los trabajadores, como bien lo indica el artículo 375 de la Ley Federal del Trabajo.

No deja de ser contradictorio que la sentencia reconozca la presencia del sindicato, necesariamente formado por trabajadores, y desconozca que los trabajadores lo son efectivamente de LFC. Caben todos los malos pensamientos a propósito del origen de esta sentencia, cuya extensión pone en duda que haya sido dictada por el propio juzgado, sin olvidar que no tiene en cuenta para nada los alegatos amplísimos presentados por el sindicato un día antes. Da la impresión de que ya había sido redactada desde antes de la audiencia constitucional en la que se presentaron esos alegatos, ignorados en la sentencia. Ahora le tocará el turno a un tribunal colegiado del primer circuito en materia de trabajo de conocer el recurso de revisión. Es difícil desconocer la autonomía de esos organismos. Pero la presencia de la Presidencia de la República como parte muy interesada deja abierto un mundo de dudas.

jueves, diciembre 10, 2009

Oaxaca."Un viaje al corazón del México Profundo I/ IV"

La Jornada

Oaxaca
Un viaje al corazón del México Profundo I/ IV
Andrés Manuel López Obrador

Periódico La Jornada
Lunes 7 de diciembre de 2009, p. 9
En marzo de este año concluí mi recorrido por los 2 mil 38 municipios de régimen de partido del país, con ese motivo elaboré un texto llamado El país desde abajo: Apuntes de mi gira por México. El 20 de noviembre terminé de visitar los 418 municipios indígenas, de usos y costumbres, del estado de Oaxaca; y ahora hago este relato para compartir mis reflexiones y, al mismo tiempo, rendir homenaje al gran antropólogo social Guillermo Bonfil Batalla, defensor del “México profundo” y creador de ese concepto.

Desde finales de julio viajé por las ocho regiones de Oaxaca: la Mixteca, la Cañada, el Papaloapan, la Sierra Norte, la Sierra Sur, la Costa, el Istmo y los Valles Centrales. Durante este tiempo sólo estuve en la ciudad de México los lunes porque, de martes a domingo, iba a Oaxaca. Por lo general tomaba como base una ciudad o pueblo grande, situado estratégicamente, y de allí me desplazaba a diario para llevar a cabo asambleas informativas en municipios cercanos. Salía muy temprano en la mañana, celebrábamos en promedio seis reuniones y regresaba por la noche. En total, recorrí 25 mil kilómetros, la mayor parte de terracería.

Aunque hubo algunos incidentes –casi todos provocados por órdenes de Ulises Ruiz Ortiz a través de sus delegados de gobierno regionales, una especie de jefes políticos del Porfiriato–, en todos lados nos recibieron con bandas de música y nos trataron con respeto y afecto. Me dieron la confianza al entregarme bastones de mando, de investirme con camisas de tatamandón, me pusieron coronas y collares de flores y, como es propio de esta gente buena y generosa, me regalaron tortillas, totopos, panes, quesos, miel, chiles, frutas, café, chocolate, mezcal, sombreros, huaraches, petates, jorongos, paños, vestidos bordados, tapetes, cerámicas, pinturas, alebrijes y esculturas.

Podría contar muchas cosas extraordinarias que apunté en mi diario acerca de cada uno de los pueblos, pero sólo me ajustaré a tratar en cuatro capítulos esta gran experiencia: la cultura, la pobreza, el mal gobierno y las posibilidades de un cambio democrático verdadero con una propuesta de desarrollo y bienestar.

La Cultura

Contrario a la mala costumbre de hablar de la cultura siempre al final, en este caso, definitivamente no es posible. Si la realidad nacional no se entiende a cabalidad sin tomar en cuenta la idiosincrasia de los pueblos, menos podría comprenderse lo que sucede en Oaxaca sin partir de su gran riqueza cultural.

El de Oaxaca es uno de los pueblos más cultos del mundo. En esta porción del territorio nacional se conservan valores, costumbres, tradiciones comunitarias, lenguas y organización social, heredadas de la gran civilización mesoamericana.

La pregunta obligada es por qué en Oaxaca, más que en otras partes del país, se ha podido preservar tan viva la cultura originaria. Aunque la respuesta amerita un amplio estudio antropológico y, desde luego, ese no es mi propósito, sí puedo plantear algunas hipótesis sobre los factores que hicieron posible esta continuidad a través de los siglos. Debe considerarse que, al momento de la invasión europea, los pueblos de Oaxaca mantenían un alto grado de desarrollo; que la colonización fue menos brutal que en otras regiones del país, entre otras cosas, por la poca relevancia que alcanzó la minería, que implicaba una mayor sobrexplotación del indígena en los lugares donde abundaban los metales preciosos. También pudo haber ayudado que en vez de la esclavitud, se impusiera el sistema de encomienda, que significaba pagar una renta o tributo al conquistador, pero sin que perdiera la comunidad el dominio sobre las tierras. Tal vez pudieron haber influido otras causas como el hecho de que la evangelización estuvo a cargo, fundamentalmente, de los dominicos, más respetuosos de los derechos indígenas. Y es muy probable que haya sido decisiva la resistencia de los pueblos ante la dominación colonial.

Lo que sí sabemos es que en Oaxaca, como en ningún otro estado del país, desde hace 500 años, los pueblos han mantenido la posesión de las tierras. A diferencia de otros lugares, no predominaron las haciendas con peones acasillados. Pese a los cambios que se registraron después de la Independencia, la Reforma y la Revolución, en la práctica, no se modificó la estructura agraria. Como consecuencia, actualmente es el estado con más propiedad social. De los 9 millones 400 mil de hectáreas de su territorio, 62 por ciento son tierras comunales, 23 por ciento son ejidos y sólo 15 por ciento propiedad privada.

De modo que a pesar de la dominación occidental, la posesión de la tierra a lo largo de la historia ha sido un factor decisivo en la conservación de la cultura de los pueblos. El control del territorio no sólo ha permitido la subsistencia sino sostener una relación de armonía con la naturaleza, mantener la medicina tradicional y conservar ceremonias, mitos y leyendas. Hay que tener en cuenta que los indígenas no conciben la tierra como una mercancía; es mucho más que eso: es la vida misma y el centro del universo.

Hoy, a pesar del proceso de aculturación o desindigenización impulsado por la ideología y el racismo dominantes, existen 16 grupos étnicos: zapotecos, mixtecos, huaves, mixes, chinantecos, cuicatecos, amuzgos, chatinos, chochos ixcatecos, mazatecos, chontales, nahuas, triquis, zoques, popolocas, además de los afromexicanos de la región de la Costa. En total, hay cerca de dos millones de indígenas, que representan 60 por ciento de la población del estado.

Cada pueblo tiene características culturales particulares y expresiones lingüísticas diferentes. Por ejemplo, los zapotecos viven en la Sierra Norte, la Sierra Sur, los Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec, con diferencias culturales muy acentuadas. En la misma Sierra Sur es diferente el zapoteco que hablan los pueblos de Ozolotepec que el utilizado en la zona de Los Loxichas.

En general, se practica el trabajo colectivo y funciona el gobierno comunitario. En casi todos los pueblos la gente coopera y aporta tequio en beneficio de la comunidad. Todos aceptan participar en jornadas de trabajo para la construcción y mantenimiento de caminos, la edificación de escuelas, la reparación de templos y la reforestación de los bosques, entre otras actividades. En este mundo prácticamente no existe la noción del salario. Prevalece la ayuda mutua (la gozona), todo se retribuye sin dinero de por medio. Inclusive, todavía en algunas partes, el mercado se realiza a través del trueque.

En cuanto al gobierno de los pueblos es la asamblea comunitaria el órgano de decisión más importante. Ahí se elige a las autoridades que duran en su encargo entre uno y tres años. Los funcionarios no cobran. Hay un auténtico servicio civil de carrera. Se empieza desde joven como topil o policía, luego se va ascendiendo a teniente, comandante, mayor de vara, regidor de educación, de obra pública, de hacienda, hasta llegar a alcalde, síndico y presidente municipal. Al concluir sus cargos pasan a ser caracterizados, a formar parte del Consejo de Ancianos o Tatamandones. Todos los miembros de un pueblo tienen el deber de servir a la comunidad. Si son elegidos para cargos administrativos o como mayordomos en fiestas patronales, se les llama y tienen que cumplir, no importa que trabajen en el extranjero o en otra parte de la República.

La aceptación de estas normas es lo que les permite mantenerse como miembros de la comunidad y, al mismo tiempo, significa la posibilidad de la realización personal. La participación voluntaria es posible porque existe la convicción de que lo más importante es la convivencia colectiva. No domina el individualismo; la persona no vale por lo que tiene o por los bienes materiales que acumule sino por el prestigio que logra después de probar su vocación de servicio, su rectitud y el amor a sus semejantes. La autoridad, en el sentido amplio, se adquiere cuando una persona ha desempeñado todos los cargos del escalafón hasta llegar al más alto: es entonces cuando ingresa al grupo de los principales y obtiene el mayor grado de respeto o reconocimiento.

Es tan profundo y satisfactorio vivir de esta manera, que un migrante hace todo lo posible por regresar periódicamente a su comunidad y no hay oaxaqueño que no mantenga la ilusión de volver, algún día, a su pueblo. A la fiesta religiosa llegan de distintas regiones del país y del extranjero para reafirmar su identidad en un ambiente de auténtica fraternidad.

Aunque en todas partes se mantiene un gran orgullo por la cultura y la historia, en particular, recuerdo lo que me expresaron mixes de Totontepec acerca de que gracias a sus valores y a su organización comunal nunca se había registrado ningún asesinato; o la manera tan solemne con que me explicaron su sistema de gobierno los chinantecos de Pedro Yólox; o la importancia que tiene para los mixtecos de Santiago Nuyoo el reconocimiento oficial a José Remigio Sarabia, “el Indio de Nuyoo”, a quien un párroco le quitó a su mujer y se la llevó a Huajuapan. Al salir a buscarla, se enroló en las filas independentistas, cobrándose la afrenta y prestando el servicio de ir por Morelos a Chilapa, Guerrero, para que les ayudara a romper el sitio realista y liberar a Huajuapan.

La portentosa cultura de los pueblos de Oaxaca está llena de valores. Existe una profunda vocación por el trabajo, hay creatividad, bondad y respeto a las mujeres, a los ancianos y a los niños. Algo que no se sabe es que los pueblos de Oaxaca son de los más limpios de México. En todos lados, hasta en los caminos, hay recipientes, cubetas, costales, cajas o bolsas amarradas a palos para depositar la basura. Hay letreros para no contaminar los ríos y arroyos con detergentes o fertilizantes químicos. Además es un pueblo con mucha conciencia ecológica, como se refleja en un fragmento de un escrito que me entregaron zapotecos de San Pedro Mixtepec, en el distrito de Miahuatlán:

“Nuestro pueblo está situado bajo las montañas. En la actualidad cuenta con gran extensión de bosques vírgenes. Una laguna está sobre la montaña, aproximadamente a 3mil 700 metros sobre el nivel del mar, desde tiempo inmemorial, nuestros abuelos la conocían con el nombre de ‘La Laguna Encantada’. En ella viven los ‘mitos y ritos de nuestro pueblo’. Además, cerca de ahí está el lugar de ‘pedimento’. Para nosotros allí está nuestra vida, está la plenitud, está la presencia de ‘Dios’. Por todo esto, nuestros ancestros nos legaron el territorio que nos corresponde en el presente y en el futuro. Sabemos bien que la tierra es nuestra madre, ella nos proporciona todo para la vida. La tierra es el sostén de toda la naturaleza, por esta razón no debemos desnudarla, quiere decir: no talar el bosque inmoderadamente ni provocar incendios. En cambio, si actuamos de manera razonable, estamos conservando un espacio para que las futuras generaciones vivan con dignidad y autonomía”.

En suma, en Oaxaca hay una gran reserva moral y cultural para la regeneración del país. Así como en las comunidades se conservan semillas orgánicas y variedades de maíz que forman parte de la gran riqueza genética de México, allí también existe un modo de vida alejado de la ambición, de la codicia y del odio. Por ello, estoy convencido de que es posible enfrentar la actual decadencia tomando en cuenta los valores del México profundo; es decir, con una modernidad forjada desde abajo y para todos.

lunes, diciembre 07, 2009

domingo, diciembre 06, 2009

Fuerzas Regresivas. La Iglesia en la alianza derechista

La Jornada

La Iglesia en la alianza derechista
Arnaldo Córdova

Creo que, en su momento, fueron muy pocos los que entendieron por qué Salinas presentó su iniciativa de reforma del artículo 130 constitucional (que instituye las relaciones del Estado laico con las iglesias), entre ellos, sin duda alguna, debieron estar los altos jerarcas de la Iglesia católica. El era un genuino admirador de la llamada revolución derechista que surgió en Estados Unidos en los años setenta y que acabó llevando al poder a Ronald Reagan. Sabía que en esa revolución las elites protestantes habían sido decisivas y, al parecer, no deseaba que en México ocurriera algo así; pero las elecciones de 1988 lo decidieron a levantar un bloque de derecha que se opusiera a una izquierda emergente que parecía demasiado peligrosa en los marcos de la reforma política.

Salinas siempre lo negó, pero en aquellos tiempos, resultaba evidente que él había estado en una larga tratativa con los obispos para dar forma al cambio constitucional que se buscaba desde el gobierno. Lo que no era tan claro era el alcance que tendría en la vida pública del país dicha reforma. Salinas tenía su propia versión de una revolución derechista para México: la personificarían dos fuerzas políticas que, a él le resultaba, estaban más cerca de lo que la historia podía suponer, el PRI en el poder y el PAN en la oposición, siempre en clave antiizquierdista. Con el tiempo se pudo comprender que en esa alianza derechista la Iglesia católica no podía quedar fuera y que ése era, justamente, el fin de la reforma de 1992 al 130.

Quedó claro que en esos convenios los jerarcas eclesiásticos le exigieron a Salinas más de lo que él estaba dispuesto a concederles. Ya era mucho que de nuevo se volviera a reconocer constitucionalmente a las iglesias como personas morales, cuando esa definición se les había negado en el texto original de la actual Carta Magna. La enseña de los obispos católicos fue, desde entonces, la “libertad religiosa” que ellos definían muy a su manera y que, según ellos, el presidente priísta no les concedió. Esa “libertad”, como podemos verlo hoy de las declaraciones de los prelados, comprendía la imposición de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Pero querían más que eso y tuvieron que contentarse con lo que se les ofrecía desde el poder.

La defensa del Estado laico pareció, desde entonces, una fruslería sin mayor importancia. Se trataba de un reagrupamiento en la cúspide de las fuerzas que de verdad mandan y gobiernan en esta sociedad. Se partía de la hipótesis de que el pueblo mexicano es, esencial y mayoritariamente, un pueblo derechista y conservador. Confesional y ultramontano en el centro y sur del país; proyanqui y proempresarial en el norte. En ambos casos, el catolicismo forma parte de la definición. En esa óptica, para que ese pueblo conservador siguiera al nuevo bloque derechista era indispensable el concurso de la Iglesia católica y ésta lo entendió a las mil maravillas.

Es probable que nadie se haya puesto a pensar en lo que esa iglesia era capaz de hacer una vez que se le soltaran las riendas. Ha aprendido muy bien y en primerísimo lugar esa ley de hierro de la naturaleza que dicta que el que no chilla no mama y su beligerancia ha rebasado ya todos los límites, arropada por el poder de la derecha que, desde Salinas, le ha creado su propio escenario de legitimación política. Siempre bajo la enseña de la libertad religiosa, en la que hace comprender todo tipo de demandas y exigencias, la Iglesia se ha creado su propio espacio político que, de acuerdo con la actual letra del 130, no le corresponde en absoluto. Hasta se ha creado un marco propio de convivencia con el crimen organizado, del que ha recibido lo que popularmente se llaman “narcolimosnas”.

Antes de la reforma del 92, la Iglesia tenía a sus principales interlocutores en la sociedad civil en asociaciones seculares derechistas y confesionales que no tenían mayor eco en la política de masas del país. Ahora se puede ver que es algo más que interlocutora y no sólo con esas fuerzas ultramontanas. Hoy se habla de igual a igual con las principales fuerzas políticas de México y, en especial, con las que forman el bloque de la derecha gobernante y dominante, el PRI y el PAN (y también con los perredistas que proclaman ser de “izquierda moderna”), para no hablar de los pequeños partidos derechistas. También es algo más que confesora de los grandes empresarios. Ahora es su socia en el poder.

Para nadie es ya un secreto que las reformas a las constituciones estatales imponiendo la defensa de la vida desde su concepción y la consecuente penalización del aborto sin excepciones ha sido obra de una arremetida generalizada de la Iglesia católica (y también de las evangélicas, que en ello comulgan en todo y por todo. Un pastor de Veracruz se alcanzó la puntada de decir que en el Congreso local Dios había legislado con los diputados que aprobaron la reforma en ese estado). En todas las 17 entidades en las que se ha dado paso a la reforma el PRI ha sido el principal protagonista. En unas, porque es la fuerza mayoritaria; en otras, porque le hizo compañía al PAN.

En Yucatán, Sonora, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Durango, Colima, Chihuahua. Campeche, Quintana Roo y Veracruz (once estados) los autores de esa reforma retrógrada y ofensiva para la mujer fueron los priístas. En los restantes seis (San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Baja California), fueron con el PAN. No se trató de la defensa de convicciones particulares (la defensa de la vida), sino de arreglos cupulares con la Iglesia católica (a la que se sumaron abyectamente los evangélicos). Todo ello es el resultado del poder político, que no espiritual, de la Iglesia, y de su inserción en el entramado del poder de la derecha que hoy nos gobierna y que nos está conduciendo al despeñadero como país moderno y laico. Es la derrota de nuestra historia nacional y de nuestro futuro como país.

En esta siniestra aventura los liderazgos priístas (nacionales y locales) han acabado por perder todo asomo de vergüenza, si es que alguna les quedaba. Beatriz Paredes ha mostrado que es ya una nulidad, política, ideológica y moralmente, al declarar que se trata de una cuestión que divide tanto a la sociedad que ella mejor se hace a un lado. ¿Qué ha hecho ella por contribuir a la unidad de esa sociedad, fuera de revolcarse gustosamente en el lodazal de la componenda y el propio acomodo personal? Pero los priístas no son los únicos. Un gran número de diputados perredistas votaron por esas reformas reaccionarias. Ahora el movimiento cívico lopezobradorista tendrá que incluir en su programa político como una prioridad la defensa del Estado laico, porque no queda ninguna otra fuerza que se haga cargo de ello.

lunes, noviembre 30, 2009

LA DERECHA MEXICANA. "La santa alianza"

La Jornada


La santa alianza
Gustavo Esteva


Comienzan apenas a verse los efectos de la alianza concertada por la Iglesia católica con el PRI, tras tomar posesión del PAN y el gobierno.

El desgarramiento de vestiduras de senadores priístas ante las inauditas declaraciones del secretario de Gobernación respecto de la penalización del aborto no fue mero cinismo. Existe real descontento en el PRI por el abandono de una tradición ideológica bien arraigada.

La alianza se concertó en tiempos de Salinas y formó parte de su empeño por desmantelar el antiguo régimen. No es posible examinar aquí la compleja y misteriosa relación entre neoliberalismo y religión, muy clara en Estados Unidos, pero explica en parte esa decisión política, que en aquella coyuntura pareció extraña e innecesaria.

La alianza actual tiene otro signo: la convergencia de dos voluntades que se encaminan en la misma dirección. Mientras gobiernos del mundo entero intentan por todos los medios aumentar el control de la población, ante la rebelión de los batallones de descontentos creados por el neoliberalismo, el Papa busca algo semejante: prefiere una Iglesia más pequeña, pero más sometida a los cánones tradicionales, más subordinada al control eclesiástico. Le inquietan los vientos modernizadores que ampliaron el margen de libertad de los fieles.

La brutal agresión contra las mujeres que se expresa en la nueva penalización del aborto, realizada por congresos controlados por el PRI que cubren ya la mitad del país, responde a esa lógica de control que se extiende a todas las esferas de la vida cotidiana. La criminalización de los movimientos sociales, los retenes militares, la cédula de identidad, la campaña sobre la influenza porcina, la agresión policiaca y paramilitar en Chiapas y casi todo el país, la permanente intimidación mediática de los ciudadanos, la violación continua de derechos humanos, son expresiones de un mismo afán por destruir legal o ilegalmente el estado de derecho para acostumbrar a todos al estado de excepción.

La irresponsabilidad del PRI al concertar esta alianza es apenas comprensible. En México, la necesidad de mantener una rígida separación entre la iglesia y el Estado y respetar rigurosamente el carácter laico de éste tiene profundas raíces históricas. Todas las encarnaciones del PRI lo reconocieron. Se mantuvo ese apego a uno de sus principios sustantivos hasta que llegó Salinas, quien se dedicó a destruir las bases mismas de existencia del Estado emanado de la Revolución y de su partido, incluyendo instituciones que les resultaban casi sagradas, como el ejido.

La Iglesia nunca quedó satisfecha con la separación. No cejó en su empeño de reconquistar el poder político y material que perdió, pero se había visto obligada a conseguirlo de trasmano, a escondidas, por abajo del agua. Cada intento de mostrar en público lo que lograba en privado provocaba aguda resistencia. Si bien la llegada del neopanismo resolvió en parte esa dificultad, facilitando la violación reiterada de la ley y de las prácticas políticas, no había conseguido llevar su influencia hasta la orientación misma de las políticas públicas. La nueva generación de dirigentes del PRI realiza ahora lo que ni siquiera Salinas pudo intentar.

Quien conoció la trayectoria política e ideológica de Beatriz Paredes puede haberse sorprendido al verla apoyar lo mismo a Ulises Ruiz que al cardenal. Todo parecía explicarse en términos de un pragmatismo sin principios, guiado por el afán de retorno. Así se entendería el comportamiento reciente, para las transas del presupuesto y hasta en la negociación sobre Luz y Fuerza, que se produjo en la mejor tradición de Judas e hizo evidente, como señaló el SME, el carácter reaccionario del Congreso. Pero ¿el aborto?, ¿cómo pudo hacerse cómplice de este atropello brutal a su género sin siquiera chistar?

“La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.” Este artículo cuarto del Acta Constitutiva de la Federación, aprobada el 31 de enero de 1824 por el primer Congreso Constituyente de nuestro país, definiría una aspiración restauradora de algunos católicos conservadores y haría feliz a don Benedicto. Pero es tan imposible como el regreso del antiguo régimen. Vivimos en otro país, en otro mundo, como analicé en este espacio respecto del PRI.

Lo que está pasando, empero, no es regreso ni restauración, sino avance en la construcción cuidadosa del régimen autoritario en que se emplea la ley para destruirla e ingresar al territorio resbaladizo del estado de excepción, en el cual prevalece la lógica del poder por el poder. De eso se trata hoy. De ese tamaño es el peligro.

gustavoesteva@gmail.com

viernes, noviembre 27, 2009

Futuro Inmediato. "La definición"

La Jornada

La definición
Luis Javier Garrido

El momento que vive el país en vísperas de cumplirse 100 años del inicio de la Revolución Mexicana es de una enorme gravedad, pues lo que está en disputa en estos meses y se definirá en 2012 es el proyecto de nación que habrá de ser México en el futuro, y muy difícilmente en el camino que se adopte podrá darse marcha atrás.

1. La división existente en México es ya muy honda a mitad del segundo sexenio panista, y precisamente por el desastre que han sido los dos gobiernos surgido del PAN, el discurso de la ultraderecha mexicana se ha desbocado asumiendo que al haber fracasado la reconversión gradual del Estado mexicano llevada a cabo en los últimos 25 años por la alianza PRI-PAN, es menester forzar los cambios que llevarían a que el país dejase de ser soberano y pudiese uncirse por completo al proyecto trasnacional.

2. Estas mafias se presentan todos los días como decididas a no dejar el poder y a exigir que desde ahora se acelere el proceso de desmantelamiento de la nación y se adopte plenamente el modelo neoliberal, lo que está generando nuevas tensiones.

3. La ofensiva de la extrema derecha mexicana contra las instituciones sociales, económicas y aun políticas del país es desaforada, pero sus ataques no están recibiendo, sin embargo, una respuesta suficientemente vigorosa de las organizaciones democráticas y de izquierda y ello va a ser clave de lo que va a acontecer en los meses por venir.

4. La legitimidad de esta exacerbada campaña para que el gobierno pueda culminar el proyecto de privatización de la nación es inexistente, pues Felipe Calderón no ganó la elección de 2006 y, en consecuencia, no tiene mandato para nada (a no ser de parte de los grupos mafiosos que lo impusieron y manejan) y sabe bien además que Acción Nacional sufrió una contundente derrota en las legislativas de este año, lo que confirma el repudio popular a sus políticas. Y esto se agrava porque del lado del Revolucionario Institucional, por una parte sus documentos básicos se oponen al proyecto entreguista que Salinas impulsa tras bambalinas, y por la otra en la campaña electoral de 2009 los priístas pidieron el respaldo popular precisamente para actuar en contra del proyecto neoliberal de Calderón y no para apoyarlo.

5. La tentativa del gobierno espurio de privatizar Luz y Fuerza del Centro y destruir al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) tras el asalto a las instalaciones de la compañía el 10 de octubre, y de decretar al día siguiente su desaparición, no sólo fue un acto ilegal, sino también ilegítimo. La complicidad de Beatriz Paredes (presidenta del PRI) y de Francisco Rojas (pastor de los diputados priístas) con Calderón, para evitar que la Cámara presentase una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirmaron el martes 24, no es sino un peldaño más en el camino del priísmo hacia su despeñadero en 2012, pues una vez más se confirma que en su mayoría no son desde hace décadas nacionalistas, sino neoliberales y entreguistas, como los panistas.

6. La extrema derecha, sin tener legitimidad alguna para ello, concibió el golpe ilegal contra Luz y Fuerza del Centro como un paso fundamental para poder imponer por completo el modelo neoliberal en México, pues hace realidad varios de sus postulados: a) constituyó la manera más expedita para entregar otra parte del sector eléctrico a las trasnacionales como vía para propiciar el control total de Washington, sobre todo el estratégico sector energético, b) le permitió desbrozar el camino para destruir el sindicato obrero más combativo del país y con ello hacer ver a los sindicatos que aún se pretendan independientes que no tienen cabida en el neoliberalismo, opuesto a ellas, y que sus días están contados, c) hizo posible el envío a los mexicanos del mensaje de que la Constitución de 1917, aparentemente en vigor, no tiene vigencia en el país y que lo que vale son los programas neoliberales de los organismos financieros internacionales, d) les va a permitir tanto a panistas como a priístas, junto con las corporaciones extranjeras asociadas a ellos, hacer enormes negocios poniendo en práctica el principio neoliberal de “la sinergia”, y por último, e) les da pie para insistir en que el desmantelamiento total de la nación, tal como se concibió ésta tras la Revolución Mexicana, es su objetivo, como ahora lo hacen sus corifeos, f) por lo que, según insisten, el proceso de privatizaciones debe proseguir tras el que creen es un impulso recibido durante el conflicto con el SME.

7. El festejo oficial del 99 aniversario del inicio de la Revolución de 1910, presidido por Calderón, fue, como era de suponerse, la ocasión para festejar sin pudor alguno su muerte y el desmantelamiento de la nación al seguirse entregando riquezas estratégicas de los mexicanos a las trasnacionales y el control de las áreas estratégicas del Estado a Washington, como están festejando los académicos asociados al modelo neoliberal.

8. La andanada que se está dando al concluir 2009 no es nada más, por lo mismo, contra “la Revolución Mexicana”, sino también contra la Constitución de 1917 y las instituciones surgidas de ella, por lo que estos grupos minoritarios lo que celebran es desde el fin de México como un país soberano hasta la cancelación de los derechos sociales a la tierra, al trabajo, a la educación laica y gratuita, a la salud, a la seguridad social, y la desaparición de los organismos destinados a procurar su satisfacción.

9. La ultraderecha mexicana ha perdido ya toda vergüenza y exige, a contracorriente de lo que acontece en la mayor parte de los países de América Latina, que México se vaya de bruces a los brazos del neoliberalismo (aunque éste haya fracasado), y lo mismo en la explanada de Los Pinos el sociólogo Roger Bartra preconizó el día 20, ante los aplausos de Felipe y de sus amigos, que hay que destruir por completo el legado de la Revolución, que Jorge G. Castañeda y Héctor Aguilar Camín sostienen, en el número más reciente de Nexos (noviembre), que mirar al futuro es abrazar con fuerza el ya viejo y fracasado modelo neoliberal, por lo que hay que arrojar al cesto de la basura a la soberanía, al nacionalismo, al sindicalismo y a las instituciones sociales: lo mismo que llevan años diciendo los locutores de Tv Azteca y Televisa.

10. El debate sobre el futuro del país está abierto y debe darse, por consiguiente, desde los sectores populares con argumentos, pero también con acciones, pasando de una actitud defensiva hacia una postura congruente con las luchas históricas del pasado.

miércoles, noviembre 25, 2009

"El ocaso de un sistema"

La Jornada

El ocaso de un sistema
Luis Linares Zapata


La plutocracia encaramada en la cúspide del sistema decisorio imperante en México ha entrado en una fase de franco deterioro. Expuesta a feroz escrutinio por el movimiento que conduce López Obrador, sus dañinos efectos se han ido clarificando con inusual rapidez. Al exponer a la crítica a tan compacto grupo de mandarines, va adquiriendo forma y contenidos un diagnóstico implacable y de consecuencias aún inapresables en su totalidad. Pero las consecuencias ya exploradas, sin embargo, los sitúa en el epicentro de la decadencia que traba la marcha del país. Junto con esa clase de plutócratas, el entramado completo de gobierno marca una segura ruta hacia su sorda implosión. La dramática, cruenta y anquilosada forma de conducir los asuntos públicos por parte del oficialismo que los oye y obedece, lo conduce al aislamiento: esfuma el consentimiento ciudadano y deshace los indispensables apoyos populares, requisitos para la continuidad y perfeccionamiento de tan sitiado sistema.

La saga para desenmascarar tan dañina formación no ha sido fácil, menos aun exenta de estigmas, desprecios y burlas. López Obrador (y con él quienes lo han acompañado en esta aventura predicante durante tres años) ha pagado, en carne propia, una elevada cuota que ningún otro político de los tiempos actuales podría soportar. Y, al parecer, el golpeteo seguirá con ahínco. ¡Faltaba más! “Bien merecido se lo tiene por provocador”, le gritan desde sus estudios reforzados con megáfonos de gran alcance. El transgresor a los cánones establecidos, al buen decir, a las normas consagradas y lo políticamente correcto exigirán mayores penares. AMLO se ha atrevido a desenmascarar lo que debió permanecer oculto, los secretos inconfesables, en el trasiego propio de los iniciados. Destapar, ante la mirada de atónitos ciudadanos, el cúmulo, creciente además, de los inmensos privilegios que usufructúan los beneficiados de siempre es intolerable. Siguen afirmando, según dicen sus conspicuos oficiantes y difusores, merecimientos ganados en el campo de las batallas por el progreso, por afianzar los negocios de alto calibre que crean riqueza, siempre amparada en el poder. Una ruta, la mejor, para posibilitar la justicia distributiva, concluyen orondos sus beneficiarios. Pero, en realidad, son amasijos que se funden en un continuo manoseo de normas y procedimientos o en el trafique más descarado de influencias. Los plutócratas mexicanos se sienten los insignes guardianes del bien común y nadie, más que ellos, deberá entrar al reparto del botín rellenado con haberes colectivos.

Pero la labor de denuncia ha sido fructífera, ¡qué duda cabe! La voz de alarma se ha esparcido por todos los confines. La plutocracia que ahorca a México no es como otras que pululan por el ancho mundo. En otros lugares hay aceptables reglas del juego que moderan su actuación, salvaguardas efectivas del interés colectivo que pulen sus filos depredadores, contrapesos que actúan y cumplen su cometido para permitir el flujo de la competencia. Pero, sobre todo, poderes autónomos que las someten a controles de ley. La que rige por estos aciagos días y desde alargados tiempos en este país se afianza sobre toda mesura. La plutocracia autóctona se piensa intocable, protegida con atalayas y armas que van desde la compra de conciencias, hasta la rampante y grosera amenaza. Han subyugado a partidos políticos (PRIAN) y manipulan a casi la totalidad de las instituciones creadas para el funcionamiento de la República. Dominan el espacio público con los medios de comunicación a su servicio. Se han atrancado en un pensamiento donde todo abuso lo ven como inherente a sus derechos. Las precede un santo temor entre los que deberían actuar para regular sus ambiciones. Las leyes se estiran y deforman como charamuscas en sus ávidas manos. Las libertades sólo tienen cabida si rellenan sus alforjas.
Como otras muchas concepciones, ya casi de aprehensión generalizada, el papel desempeñado por la plutocracia a la mexicana ocupa ya lugar preponderante en el horizonte colectivo. Es un logro de la crítica ejercida, con la reciedumbre y constancia suficiente, por el gobierno legítimo que conduce AMLO. El valor de tal postura aún no se aquilata, pero se continuará dando la pelea por que sea bien asimilado por las mayorías. Junto con este fenómeno aleccionador va quedando el testimonio de los privilegios fiscales de que disfrutan: a través de la llamada consolidación fiscal. Un agujero por el que cuelan cientos de miles de millones y que van a engrosar las cuentas crecientes de los billonarios locales para que, con bombo y cursis fotografías, sean incluidos en las publicaciones donde retozan los famosos del mundo.

Es por eso que, dentro del reciente catálogo en pos de una transformación del México decadente, se halla incluido, como punto central del discurso para la acción futura, rescatar al Estado. Una pretensión reformadora básica ante la República simulada que se padece. El proceso que aguarda será complicado y con claros rasgos de amenazante violencia. Por ello es indispensable reafirmar la fe pacífica y la búsqueda constante de rutas democráticas que armonicen las tensiones. Un asunto adicional, crucial en la marcha hacia un Estado democrático y de bienestar, será la reforma al aparato completo de comunicación social. No se puede dejar en manos de una sola clase (el empresariado) la conducción informativa, el entretenimiento o la educación masiva complementaria que los medios implican. Un balance interclases donde los varios componentes del Estado jueguen su propio papel se levanta como estricta necesidad. Es, por varias y múltiples razones, una real cuestión de seguridad nacional para preservar la paz y asegurar el respeto a los derechos humanos. Pero el tratamiento de tan espinoso tema exige valentía, imaginación, soporte popular y arrojo poco comunes. Sobre todo frente a una vida institucional congestionada por la injerencia desmedida, impositiva y degradante de los poderes fácticos: la industria de la radiotelevisión como su avanzada.

lunes, noviembre 23, 2009

México. "A Tres Años De Resistencia"

Ciro Pérez y Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada
Lunes 23 de noviembre de 2009, p. 3


Pensando en la transformación del país y con miras a 2012, Andrés Manuel López Obrador llamó a elaborar un proyecto alternativo de nación para enfrentar “a la mafia del poder, enferma de codicia, dispuesta a conspirar contra la paz pública y la estabilidad social. Muchos coincidimos en que éste es el principal problema de México”.

Al conmemorar en el Zócalo capitalino “tres años de resistencia y trabajo para salvar al país”, López Obrador advirtió a más de 100 mil dirigentes, representantes y simpatizantes del “gobierno legítimo” que no deben confiarse, pues habrán de combatir al grupo que empezó a conformarse en el sexenio de Carlos Salinas.

“Son siniestros, pero no son tontos; tienen estrategias y mantienen a su servicio a una caterva de analistas e intelectuales de derecha”, añadió.

El tabasqueño sostuvo que la transición democrática pregonada por el PAN en 2000 sólo fue una mascarada, una simple operación de recambio para mantener una política de pillaje y continuar con las llamadas reformas estructurales, que en esencia son el traslado de bienes de la nación a particulares, nacionales y extranjeros.

“En 2006 esta mafia se sintió amenazada y no dudó en echar abajo lo poco que se había construido para establecer la democracia. Insisten en mantener su política de saqueo, aunque terminen de arruinar al país y de desgraciarnos a todos.”

Un ejemplo es la aprobación de los aumentos de impuestos, “para repartirse lo obtenido como si fuese un botín”. O la decisión de despedir a 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) con el propósito de seguir privatizando esta industria.

Ese grupo, apuntó, ya decidió que el PAN no les funciona y lo dejaron de patrocinar. Convirtieron a Calderón “de pelele en chivo expiatorio. Toda su apuesta es al PRI y a Enrique Peña Nieto. Salinas actúa como su jefe de campaña y Televisa lo ha venido proyectando como se introduce al mercado un producto chatarra o como actor de telenovela.

“Ellos saben que este movimiento es lo único que puede detenerlos. A eso se debe que no han parado de atacarnos.

“No sólo es el bloqueo informativo o que repitan, una y mil veces, que ya no representamos nada. Es la guerra sucia, la calumnia, las campañas de desprestigio, las vulgaridades, o de plano decir que estamos locos. Sin embargo, es un orgullo que a pesar de que han querido destruirnos, no lo han logrado ni lo lograrán.”

En estos tres años, agregó, el movimiento no ha dejado de luchar en favor de los pobres, indígenas, campesinos, trabajadores, ancianos, discapacitados, madres solteras y jóvenes, así como de los derechos humanos, la economía popular, la educación pública, el petróleo y la industria eléctrica.

Informó que cuentan ya con 2 millones 300 mil representantes del “gobierno legítimo” y con comités municipales en todo el país.

“¿Qué es lo que sigue? Debemos mantener el compromiso de defender al pueblo y a la nación, luchar para frenar el deterioro de la economía popular y no dejar solos a los trabajadores del SME. Su causa es justa y es de todos.”
La elaboración del nuevo proyecto alternativo de nación quedó a cargo de Ignacio Marván, Luciano Concheiro, Rogelio Ramírez de la O, Héctor Díaz Polanco, José María Pérez Gay, Víctor Manuel Toledo y Bolívar Echeverría.

El documento definitivo se tendrá en junio de 2010 y deberá abordar 10 postulados:

1. Rescatar al Estado. México es una república aparente, simulada. Hay poderes constitucionales, pero en los hechos un grupo los ha confiscado todos. Una vez logrado este propósito, reintegrar las riquezas y los bienes públicos que han sido entregados o concesionados ilegalmente, fundamentalmente la minería, la industria eléctrica y el petróleo.

2. Democratizar los medios de comunicación. Es inaceptable que un pequeño grupo posea el control de la televisión y de la radio, y administre la ignorancia en función de sus intereses. Que quede claro: no hablamos de expropiación y mucho menos de censura, sino de que el Estado cumpla el mandato constitucional de garantizar el derecho a la información.

3. Cambiar la actual política económica, que no ha dado resultados. México es uno de los países del mundo con menor crecimiento en los años recientes.

4. Combatir las prácticas monopólicas que encarecen bienes y servicios. Es inaceptable que paguemos por el cemento gris 146 por ciento más que los estadunidenses, 17 por ciento más por teléfono de línea fija, 240 más por llamadas de larga distancia nacional, y 256 por ciento más por electricidad residencial de alto consumo. Todo ello a pesar de que el salario mínimo en México es nueve veces menor que en Estados Unidos.

5. Abolir los privilegios fiscales. Luis Echeverría celebró un pacto secreto con el poder económico, que consiste en conceder a los grandes empresarios y banqueros el privilegio de no pagar o de devolverles los impuestos.

6. Ejercer la política como imperativo ético y llevar a la práctica la austeridad republicana. Hoy la política es sinónimo de engaño, arreglos cupulares y corrupción.

7. Fortalecer al sector energético para detener la terrible crisis que se avecina por la caída en la producción petrolera y la salida de divisas para comprar gasolinas y otros derivados en el extranjero.

8. Alcanzar la soberanía alimentaria. Desde 1983 se optó absurdamente por comprar en el exterior los alimentos que consumimos. Este año se destinarán para ello 16 mil millones de dólares.

9. Establecer el Estado de bienestar. Hay que proteger a los pobres ante la desigualdad social. Debe garantizarse el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la alimentación y a la vivienda.

10. Promover una nueva corriente de pensamiento sustentada en la cultura de nuestro pueblo, añadiendo valores como tolerancia, solidaridad y la protección del medio ambiente. Impedir el predominio del dinero, del engaño y la corrupción.

sábado, noviembre 21, 2009

México. "Devastación Ambiental"

La Jornada


Cerdos, maíz y resistencia

Silvia Ribeiro*

En Chichicuautla, muy cerca de las porquerías de Granjas Carroll –incubadores de la influenza porcina–, la gente resiste. Resisten la contaminación brutal de tierras, aguas, aire y las enfermedades que les provoca esta carnívora trasnacional, propiedad de Smithfield, la empresa porcícola más grande del globo. Resisten también la represión que contra ellos ejercen los gobiernos estatales en acuerdo con las empresas.

Allí, junto a otras comunidades del Valle de Perote con las que comparten esta lucha, recibieron a principios de noviembre a más de mil delegados y delegadas de la quinta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA). Como tanta veces en el México de abajo, todos colaboraron con lo que podían, ofreciendo comida y abrigo a los que llegaron de todo el país a compartir sus peleas y experiencias. La Asamblea es un crisol de luchas locales y de base contra la devastación ambiental y social que cunde en el país, en campos y ciudades. Convergen aquí pueblos, comunidades y organizaciones que resisten los impactos y el avance de proyectos mineros, represas hidroeléctricas, contaminación petrolera, grandes basureros municipales, hospitalarios, industriales y nucleares; el despojo, sobrexplotación y contaminación de ríos, manantiales y acuíferos; contaminación transgénica del maíz campesino, avance de proyectos “ecoturísticos” que limitan o destruyen formas de vida campesinas e indígenas; la urbanización salvaje y sus impactos. Como explicó Andrés Barreda, todo agravado por 15 años de TLCAN, donde el gobierno ofreció como “ventaja comparativa” de México para las trasnacionales, la libertad de destruir el medio ambiente, dar empleos sucios y mal pagados, y excepciones impositivas.

La quinta ANAA, además de compartir las distintas luchas de sus miembros y trazar estrategias comunes, aprobó tres pronunciamientos específicos: uno en solidaridad con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, contra la privatización y el autoritarismo del gobierno que deja más de 40 mil familias en la calle; otro en apoyo a las comunidades del Valle de Perote, en su justa lucha contra la contaminación de Granjas Carroll y por el “total retiro de cargos y absolución para José Luis Martínez, Margarita Hernández, Bertha Crisóstomo, María Verónica Hernández y Guadalupe Serrano, ciudadanos de La Gloria, defensores de los recursos naturales, quienes siendo inocentes sufren el hostigamiento y persecución judicial promovido en su contra por Granjas Carroll”; y un tercero contra las siembras de maíz transgénico aprobadas por el gobierno en octubre, por ser “un crimen ambiental, cultural y contra la soberanía alimentaria”. Llaman “a todas las organizaciones, pueblos y comunidades a resistir y rechazar la entrega de nuestro maíz nativo a las trasnacionales y a no plantar ni consumir maíz que no sea campesino”.
No es casualidad que la ANAA se pronunciara especialmente contra el maíz transgénico en esta ocasión: las instalaciones de cría industrial de animales como Granjas Carroll están entre los más beneficiados y confabulados con la introducción del maíz transgénico.

Un argumento que esgrimen los promotores de maíz transgénico en México es que el país “necesita” importar maíz porque la producción no alcanza para el consumo interno, y ya que el importado es transgénico, entonces es “mejor” producirlo aquí, porque además –afirman falsamente– tiene mayores rendimientos.

Pero la realidad es que México produce todo el maíz que necesita para consumo humano. El maíz que se importa va para procesamiento industrial y para alimento de animales confinados en grandes instalaciones: cerdos, aves y ganado, que en creciente porcentaje están en manos de trasnacionales y empresas gigantes como Smithfield, Tyson, Cargill, Pilgrim’s Pride, Bachoco. Según datos (muy modestos) de Sagarpa, en la última década siete trasnacionales pasaron a controlar 35 por ciento de la industria porcícola en México. Mucho más altos grados de concentración aquejan todos los rubros pecuarios. Son esas grandes fábricas de carne las que crean alta demanda de maíz industrial –dando piensos con maíz incluso a animales que antes no lo consumían o no en tal cantidad.

Ese proceso de avance de empresas gigantes en el rubro, significó también que muchos criadores pequeños y hasta medianos fueran a la quiebra –lo cual aún continúa. No pueden competir con la oferta masiva –de mucho peor calidad– ni con los subsidios y excepciones impositivas que reciben estas grandes industrias. Si la producción avícola, porcícola y de ganado no estuviera tan centralizada, los forrajes y piensos serían, como lo eran antes, más diversos y mucho más basados en producción local (que también se puede aumentar, sin transgénicos), generando trabajo y alimento a muchas más familias, evitando también la importación de maíz transgénico y los riesgos que conlleva.

No existirían tampoco la devastadora contaminación ambiental y la generación de epidemias que crean estas grandes industrias –debidas al confinamiento y la absurda cantidad de animales hacinados (Granjas Carroll procesa alrededor de un millón de cerdos al año), a los millones de toneladas de excrementos que se desechan sin procesar en suelos y aguas, que también contienen hormonas, antibióticos y plaguicidas administrados a los pobres animales para que sobrevivan en condiciones terribles.

Construir el mapa de la devastación ambiental, revelar sus conexiones y sus causas –como en este caso– es una herramienta importante para enfrentarla. Por allí, desde abajo, va tejiendo camino la ANAA.

*Investigadora del Grupo ETC

viernes, noviembre 06, 2009

México. "El Paro Nacional"

El paro nacional

Luis Javier Garrido

La decisión del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de convocar a un paro cívico nacional para el miércoles 11 constituye una señal más de la crítica situación que se ha creado ante la tentativa del gobierno de facto de Felipe Calderón de destruir contra la ley y por la fuerza la empresa pública Luz y Fuerza del Centro a fin de proseguir la entrega del sector energético del país a las multinacionales, desconociendo de esta manera (una vez más) el orden constitucional de la República.

1. Un número muy importante de juristas ha alertado sobre la gravedad del contexto actual, marcado por la determinación del gobierno espurio de ignorar con su decreto del 11 de octubre las atribuciones del Congreso de la Unión para arrogarse facultades de las cuales carece, cancelando al mismo tiempo de un plumazo los derechos de 44 mil trabajadores y haciendo inexistente el derecho colectivo del trabajo –todo con el fin de atentar contra los derechos de la nación–, lo que lo sitúa abiertamente en la ilegalidad y como una fuerza política en connivencia con fuerzas del exterior. Muy pocos analistas han advertido, por el contrario, sobre la crítica situación política a la que se está llevando al país al situar tanto al PAN como al PRI en la más absoluta ilegalidad y carentes de toda autoridad política y moral con vistas a 2012.

2. El golpe de mano del régimen contra los trabajadores electricistas y los derechos de la nación está dejando sin viabilidad histórica no nada más a Acción Nacional, sino también a sus aliados del PRI, que no parecen haberse dado cuenta del ridículo que hicieron con la discusión del paquete fiscal para 2010 que evidenció una vez más su ausencia de una idea de nación, confirmándolos como lo que han sido en todos estos años: meros cómplices al servicio del poder panista de facto para ayudarlo a atentar contra la nación y la clase trabajadora y mostrando de paso su connivencia con consorcios del extranjero.

3. El gobierno calderonista ha apostado a todas luces para salir del atolladero histórico en el que se encuentra a la firmeza de los acuerdos de Acción Nacional con Carlos Salinas, lo que le supone seguir recibiendo el aval del PRI a sus actos anticonstititucionales, estimando que saldrá adelante del conflicto a la usanza priísta antigua: utilizando en campañas de desinformación a los medios, con la simulación de “diálogo” que lleva a cabo en Bucareli Fernando Gómez Mont con una dirigencia espuria del SME y forzando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ahondar una vez más la situación de ilegalidad en la que se halla el país, negándose a asumir su papel como un órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración pública.

4. El cambio en 2000 de un gobierno del PRI –apoyado por el PAN– a un gobierno del PAN –sostenido por el PRI– no llevó a México a ninguna “transición democrática”, como pretende la versión oficial, sino muy rápidamente a una ruptura del pacto fundamental en que se sustenta la vida colectiva y que se expresa en la Constitución.

5. Este quiebre del orden constitucional de la República culminó en 2006 con la imposición ilegal e ilegítima de Calderón en la silla presidencial –tras unas elecciones que no ganó y en las que sólo un macrofraude electoral le hizo aparecer como supuesto “triunfador” sobre Andrés Manuel López Obrador, quien había triunfado ampliamente, como se debatió ayer durante horas en la sesión de la Cámara de Diputados–, y ahora se hace más amplio en 2009 con el nuevo atentado de Calderón contra la Constitución al desconocer las atribuciones del Legislativo, vulnerar los derechos individuales y sociales de los trabajadores y desconocer la legislación laboral para hacer viable el proyecto de entregar el control energético del país a corporaciones extranjeras.
6. El país se halla, en consecuencia, no tan sólo en un contexto de ruptura del “pacto social” entre los trabajadores y el Estado, como denunció el SME el martes 3, sino del mismo pacto nacional como resultado de la situación de quiebre del orden previsto en la Constitución General al atentarse contra los derechos de la nación. Ya desde ahora, según se ha denunciado, trabajadores contratados por grupos privados están llevando a cabo las tareas que realizaba el SME, sin preocuparse el gobierno panista en lo más mínimo por la legalidad de sus actos.

7. La alianza PRI-PAN pretende así seguir gobernando y beneficiándose de manera patrimonial del poder al margen de las leyes de la República. Lo mismo panistas que priístas se saben en la más absoluta ilegalidad y, por lo mismo, buscan “legitimarse” con una política metalegal de concertacesiones y pactos. Mientras múltiples voces claman por una alianza de las fuerzas democráticas de México que conduzca a otras políticas para sacar al país del atraso en el que lo ha sumido el neoliberalismo, desde Los Pinos se promueve un gran “acuerdo nacional” en torno a las políticas depredadoras de Calderón –ya negociado, entre otros, con los chuchos del PRD–, empresa en la que pretende ignorar el repudio nacional que tiene. ¿Quién podría avalar ese “acuerdo” contra México que exigía el miércoles 4 el líder de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas?

8. El gobierno espurio, de espaldas al pueblo y en la más absoluta inconsciencia, solamente quiere seguir cumpliendo a los dirigentes de las trasnacionales que lo encumbraron, y que desde hace lustros reclaman una clase política estable y ya en connivencia con ellos. De ahí que Calderón fragüe ahora enviar al Congreso el viejo proyecto de contrarreforma constitucional a fin de establecer la relección inmediata e ilimitada, para lo que reunió en Los Pinos a los académicos afines al régimen (Federico Estévez, Denise Dresser, José Woldenberg, Soledad Loaeza, Jesús Silva Herzog-Márquez) en la mira de que convaliden este nuevo atentado a la nación, según informó Milenio Diario (5/11/09).

9. Cuando la Cámara de Diputados se aboque el martes 10 a la cuestión de la controversia constitucional, que a todas luces debería presentarse, el país se hallará, por consiguiente, en la más absoluta división, entre una oposición que defiende a un país de leyes, y la alianza de la “clase política” del PRI y el PAN que de manera tartufa insiste en un México de simulaciones que permita a las mafias que representan seguir prevaleciendo sobre la nación.

10. El respaldo nacional a la lucha del SME es, por consiguiente, una cuestión de supervivencia para el pueblo de México, y este proceso no tiene ya vuelta atrás

martes, octubre 27, 2009

"El quid del decretazo" Simplemente Políticos Bandidos


La Jornada

México SA

Celeridad del gobierno para ofrecer la fibra óptica

El quid del decretazo

Carlos Fernández-Vega


Más rápido que Javier Lozano Alarcón huyendo de la Cámara de Diputados, y como una casualidad más de la democracia de, para y por los empresarios” (Fox dixit, con rúbrica de Calderón), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció, tan sólo dos semanas después del decretazo, que “licitará” la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, “en un intento por incrementar el acceso de los mexicanos a las telecomunicaciones”, y de pasadita hará lo propio con la joya de la corona: los mil 100 kilómetros de dicha red que pertenecían a la otrora paraestatal Luz y Fuerza del Centro, ahora “administrada” por la propia CFE, que significa el negocio dentro del negocio.

Si el gobierno federal fuera tan rápido en resolver los problemas nacionales como lo es en los empresariales de alto nivel, otro sería el cantar en este país, pero no se le puede exigir tanto: primero los compromisos reales y después, si hay tiempo, lo demás. Ayer la subsecretaria de Telecomunicaciones de la SCT, Gabriela Hernández Cardoso (egresada de la Escuela Libre de Derecho, “con experiencia en el sector privado como abogada en diferentes empresas de telecomunicaciones”, según versa el currículum oficial), ofreció los detalles: “licitación” a partir de la segunda semana de noviembre, asignación de contratos en enero de 2010 y concesiones por 20 años (triple play: Internet, televisión por cable y telefonía).

Se le quemaban las habas al inquilino de Los Pinos. La red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad tiene 26 mil kilómetros de longitud, y mil 100 kilómetros la de Luz y Fuerza del Centro (difunta tras el decretazo nocturno del pasado 11 de octubre). Lo anterior se traduce en lo siguiente: en promedio, la primera tiene 2 mil 961 clientes potenciales por kilómetro; la segunda de 27 mil 273 clientes por kilómetro (10 veces más, en una de las zonas del país con mayor poder adquisitivo y desarrollo tecnológico). ¿Se entiende ahora el quid del decretazo?

Ninguna de las oscuras mentes brillantes del calderonato ha explicado por qué se impide que la CFE y, en su momento, Luz y fuerza del Centro comercialicen directamente los más de 27 mil kilómetros de fibra óptica (por “licitar”), y dejan que lo hagan consorcios privados. Las empresas del Estado, por ejemplo, ofrecerían servicio de Internet y telefonía como alternativa –sin duda más barata– al consorcio del perrito (Telmex) y al del joven Azcárraga (Cablevisión, por cierto con un servicio a clientes verdaderamente desastroso). No vaya a ser la de malas que en un futuro no lejano sea necesario “rescatar” a quienes ganen las referidas “licitaciones”.

En vía de mientras, Televisa ya está anotada para la fiesta privada con la fibra óptica pública (y cuando la fábrica de sueños se anota no quiere decir otra cosa que ya es ganadora), en este fabuloso negocio a costillas (¿qué raro?) de los contribuyentes. También la empresa hispano-panista WL Comunicaciones, con sus dos ex secretarios de Energía (Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond) en eso del manejo y usufructo de las relaciones públicas. ¿Quién más?, porque no hay mucho de dónde agarrarse: las citadas, más Telefónica (también española), Nextel (estadunidense) y Iusacell (que forma parte de los abonos chiquitos), es decir, Slim, Azcárraga, Salinas Pliego, los españoles y los gringos.

A partir del decretazo, de Los Pinos ha salido cualquier cantidad de “información” –repetida por los medios electrónicos como autómatas, pero con unas facturotas– sobre las “razones” para extinguir LFC, pero ni una sola palabra sobre el jugoso negocio de la fibra óptica propiedad de la nación, ya en manos particulares, lo que será oficializado mediante “licitaciones” y “asignaciones” a “ganadores” que desde ahora lo saben. No importa que para ello entre las patas se llevará una empresa del Estado y 45 mil empleos, que para eso está la democracia “de, para y por los empresarios”.
¿Qué alcance tiene el negocio a “licitar”? Bien, el Comité Nacional de Estudios de la Energía nos ayuda entender de qué se trata: “la fibra óptica tiene un amplio campo de aplicaciones además de la telefonía; automatización industrial, computación, sistemas de televisión por cable y transmisión de información de imágenes astronómicas de alta resolución, entre otras. En México existe una red troncal de comunicación por fibra óptica que enlaza las ciudades más importantes del país a través de un tendido de miles de kilómetros de fibra. Además se encuentra en operación la línea de cable submarino de fibra óptica Columbus II, que comunica a Estados Unidos, México y Centroamérica con Europa y el resto del mundo. La ruta trazada en 1492 por las carabelas del almirante, es hoy la red de telecomunicaciones más importante en América y Europa. La capacidad de transmisión de datos entre ambos continentes por esta red se ha incrementado en más de 500 por ciento, lo que equivale a miles de canales de televisión; 350 mil llamadas telefónicas simultáneas o la transmisión de 200 millones de caracteres en sólo tres segundos. Gracias a este cable submarino se puede intercambiar información en segundos por fax, red digital integrada, audio, texto, servicio digital, videoconferencias, televisión, datos por computadora y telefonía de larga distancia”.

Ya el SME denunció que la empresa Martens-Canales Clariond-WL Comunicaciones “obtuvo descuentos anticipados de las tarifas de uso de la red”, y que “en un principio la empresa –representada por el despacho de Diego Fernández de Cevallos– iba a pagar un promedio de 170 pesos por poste de conexión, pero sorpresivamente logró un convenio adicional para obtener un descuento tarifario y ahora sólo pagará 50 pesos este servicio” durante 20, tal vez 30 años (renovables, desde luego). Ya gobierno y diputados regalaron a Televisa mil 900 millones de pesos en derechos no cobrados. Ya el 40 por ciento de la generación eléctrica en el país es privada, ya las trasnacionales tienen los colmillos clavados en la industria petrolera. Entonces, ¿qué sigue?, porque ni siquiera esta política depredadora contribuye a crecer 6 por ciento o más, ni empleo suficiente y bien remunerado, ni mejorar el bienestar de los mexicanos, y muchos menos llenar las arcas públicas con los impuestos que (se supone) pagan los bucaneros. ¿A dónde, pues?

Las rebanadas del pastel

Y estaba el inquilino de Los Pinos en la bella Guatemala ofrece que te ofrece “electricidad barata” de la CFE para los chapines, cuando alguien le dijo al oído: “no hables de más, Felipe, que será la trasnacional Iberdrola la intermediaria”… Alabada sea la ley, que de quien la viole será el reino de los cielos: a punto está de transmitir Radio Guadalupana, la emisora oficial de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx

domingo, octubre 25, 2009

El Sindicato Mexicano de Electricistas.En pie de lucha

La Jornada


Decenas de organizaciones analizarán si van a una huelga general con los electricistas
Hay que revertir el despotismo oficial con un frente nacional: SME

Miembros del sindicato de LFC apremian a sus dirigentes a preparar acciones más contundentes

Fabiola Martínez



El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) convocó a integrar un frente nacional de lucha con el propósito de revertir las decisiones de un gobierno al que calificó de despótico, autoritario y represivo.

El gobierno sacó a nuestros compañeros con la fuerza pública y de un día para otro dejó sin empleo a 44 mil trabajadores, pero cada uno de sus actos los va a pagar con el movimiento nacional pacífico, advirtió Martín Esparza, líder del SME.

En apoyo a la convocatoria de los electricistas, de pasar de las acciones aisladas a las colectivas, decenas de organizaciones políticas, campesinas, universitarias y de la sociedad civil participaron ayer en la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular.

Tras cuatro horas de discursos y análisis, acordaron consultar con sus bases la posibilidad de sumarse a una huelga o paro nacional, en repudio al decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y contra el aumento de impuestos.

No obstante, los electricistas que presenciaron la asamblea exigieron a sus líderes y a las organizaciones solidarias que las acciones fueran inmediatas. Primero con expresiones aisladas y luego al unísono, clamaron por la huelga nacional y por impulsar otras acciones más contundentes.

Tres semanas sin salario.
Han pasado 14 días desde que fuerzas federales ocuparon LFC, 13 días del decreto presidencial que puso fin a su fuente de empleo y casi tres semanas sin cobrar salario.

Pese al reclamo de la base del SME, las organizaciones acordaron reunirse el 5 de noviembre para informar de sus resolutivos y evaluar el arranque del plan de acción definido este sábado.

La nueva etapa de lucha incluye una jornada de resistencia civil el viernes próximo, cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolverá sobre el fin de las contrataciones individuales y colectivas de los trabajadores de LFC. El comité central del SME citó a los afiliados a la audiencia. También emprenderán una campaña de información para contrarrestar la difamación de que son objeto los electricistas, principalmente en radio y televisión.

Aunque en un principio el SME llamó a sumarse a un paro el 30 de octubre, los dirigentes encabezados por Esparza optaron por esperar con la finalidad de llevar el movimiento a escala nacional. Se habló de formar comités de resistencia y de información en todo el país, con el apoyo de otras agrupaciones, como el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, cuyos enlaces ofrecieron las casas y comités integrados para difundir como prioridad la lucha del SME.

Durante la asamblea, los electricistas insistieron en llevar el plan de acción a otro terreno. Unos exigieron la huelga, mientras otros propusieron –con gritos desde su asiento o en corto frente a su líder– la toma de carreteras o apersonarse en las instalaciones de LFC, enfrentar a las fuerzas federales y recuperar su fuente de empleo.

Esparza les pidió no dejarse enganchar en actos de provocación del gobierno, porque la lucha del SME es pacífica. “No podemos enfrentar al Ejército ni a la policía porque también son pueblo […] ¡Podemos salir adelante si mantenemos este movimiento nacional!”, dijo.

Los instó a no cobrar su liquidación, en tanto avanzan las alternativas de defensa jurídica para contrarrestar el decreto del 11 de octubre: amparos y una controversia constitucional que deberá presentar un grupo de diputados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El gobierno, por conducto de la instancia liquidadora de LFC, afirma que casi 12 mil trabajadores han cobrado su finiquito. En entrevista, Esparza afirmó que el sindicato no posee información al respecto, pero sí tiene datos de que el bono que se ofrece a los trabajadores como pago adicional (para quienes acepten su finiquito antes del 14 de noviembre) constituye peculado, porque se están tomando sin autorización recursos del gasto corriente de LFC.


El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) convocó a integrar un frente nacional de lucha con el propósito de revertir las decisiones de un gobierno al que calificó de despótico, autoritario y represivo.

El gobierno sacó a nuestros compañeros con la fuerza pública y de un día para otro dejó sin empleo a 44 mil trabajadores, pero cada uno de sus actos los va a pagar con el movimiento nacional pacífico, advirtió Martín Esparza, líder del SME.
En apoyo a la convocatoria de los electricistas, de pasar de las acciones aisladas a las colectivas, decenas de organizaciones políticas, campesinas, universitarias y de la sociedad civil participaron ayer en la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular.
Tras cuatro horas de discursos y análisis, acordaron consultar con sus bases la posibilidad de sumarse a una huelga o paro nacional, en repudio al decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y contra el aumento de impuestos.
No obstante, los electricistas que presenciaron la asamblea exigieron a sus líderes y a las organizaciones solidarias que las acciones fueran inmediatas. Primero con expresiones aisladas y luego al unísono, clamaron por la huelga nacional y por impulsar otras acciones más contundentes.
Tres semanas sin salario
Han pasado 14 días desde que fuerzas federales ocuparon LFC, 13 días del decreto presidencial que puso fin a su fuente de empleo y casi tres semanas sin cobrar salario.
Pese al reclamo de la base del SME, las organizaciones acordaron reunirse el 5 de noviembre para informar de sus resolutivos y evaluar el arranque del plan de acción definido este sábado.
La nueva etapa de lucha incluye una jornada de resistencia civil el viernes próximo, cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolverá sobre el fin de las contrataciones individuales y colectivas de los trabajadores de LFC. El comité central del SME citó a los afiliados a la audiencia. También emprenderán una campaña de información para contrarrestar la difamación de que son objeto los electricistas, principalmente en radio y televisión.
Aunque en un principio el SME llamó a sumarse a un paro el 30 de octubre, los dirigentes encabezados por Esparza optaron por esperar con la finalidad de llevar el movimiento a escala nacional. Se habló de formar comités de resistencia y de información en todo el país, con el apoyo de otras agrupaciones, como el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, cuyos enlaces ofrecieron las casas y comités integrados para difundir como prioridad la lucha del SME.
Durante la asamblea, los electricistas insistieron en llevar el plan de acción a otro terreno. Unos exigieron la huelga, mientras otros propusieron –con gritos desde su asiento o en corto frente a su líder– la toma de carreteras o apersonarse en las instalaciones de LFC, enfrentar a las fuerzas federales y recuperar su fuente de empleo.
Esparza les pidió no dejarse enganchar en actos de provocación del gobierno, porque la lucha del SME es pacífica. “No podemos enfrentar al Ejército ni a la policía porque también son pueblo […] ¡Podemos salir adelante si mantenemos este movimiento nacional!”, dijo.
Los instó a no cobrar su liquidación, en tanto avanzan las alternativas de defensa jurídica para contrarrestar el decreto del 11 de octubre: amparos y una controversia constitucional que deberá presentar un grupo de diputados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El gobierno, por conducto de la instancia liquidadora de LFC, afirma que casi 12 mil trabajadores han cobrado su finiquito. En entrevista, Esparza afirmó que el sindicato no posee información al respecto, pero sí tiene datos de que el bono que se ofrece a los trabajadores como pago adicional (para quienes acepten su finiquito antes del 14 de noviembre) constituye peculado, porque se están tomando sin autorización recursos del gasto corriente de LFC.
Desde las 10 horas se llenó el auditorio del SME, en Insurgentes Centro 98. Como en otras reuniones, desde la toma de LFC, miles siguieron el curso de la asamblea afuera mediante megáfonos instalados en la calle de Antonio Caso.
En una ronda de casi 20 oradores y los saludos que enviaron decenas de organizaciones nacionales y extranjeras, el SME recibió apoyo de numerosos sindicatos, que son los que pueden emplazar a huelga por solidaridad. El resto de las organizaciones o personas manifestaron su apoyo por otras vías.
Entre las organizaciones que acudieron a la asamblea estuvieron telefonistas, tranviarios, trabajadores de la UNAM y de otras universidades públicas; el magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Colegio de Bachilleres (en huelga), así como secciones o grupos disidentes de sus propios sindicatos.
También asistió una representación de Cruz López, líder de la priísta Confederación Nacional Campesina. En entrevista aparte, el dirigente cenecista Gerardo Sánchez manifestó que esta central está en disposición de participar en un paro nacional para exigir respeto a los derechos laborales y la autonomía sindical.
La Central Campesina Cardenista, igual que otros grupos, no dudó en buscar la forma de apoyar a los electricistas, porque el golpe que se ha dado al SME es un golpe para todo el movimiento obrero democrático.
Del ámbito social y legislativo acudieron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (Atenco); diputados del PT, como Gerardo Fernández Noroña, quien instó a no pagar la luz.
También asistieron del PRD, como Agustín Guerrero y Víctor Castro, entre muchos que advirtieron que no hay tiempo para las medias tintas o para simular la solidaridad. Además, invitados de organizaciones variopintas, lo mismo defensores de los derechos humanos que organizaciones populares del campo y de la ciudad.
Ayuda ante la dificultad
En su discurso, Esparza pidió solidaridad en los hechos, en referencia a la necesidad de recibir víveres y apoyos económicos que permitan al SME resistir, toda vez que sus cuentas bancarias están congeladas.
El único que respondió de inmediato a la solidaridad en los hechos fue el dirigente del sindicato de Euzkadi, Jesús Torres Nuño, quien durante tres años encabezó una huelga por la reapertura de la fuente de empleo, ahora convertida en cooperativa, y anunció que están dispuestos a parar su fábrica de llantas en solidaridad con el SME, que a su vez los apoyó durante su lucha. Enseguida entregó a Esparza un cheque por 15 mil pesos y se comprometió a enviar una cantidad similar cada semana. El dirigente de Euzkadi buscó que otros gremios lanzaran compromisos similares: aquí están los compañeros telefonistas, expresó.
En el plan de acción se dejó para otro momento la definición de la fecha de la huelga nacional. Esparza y los secretarios del interior y del exterior del SME, Humberto Montes de Oca y Fernando Amezcua, debieron calmar los ánimos y explicar a sus compañeros: para que la huelga funcione, tiene que organizarse, los sindicatos deben consultar a sus bases y cuidar todos los aspectos jurídicos.
Tras la asamblea, muchos manifestaron su desacuerdo por demorar una decisión que consideran fundamental para fortalecer el movimiento de resistencia, aunque también comentaron las palabras de la indígena Julieta Bautista quien, mucho más amolada que nosotros (en silla de ruedas y con una enfermedad terminal), les suplicó que luchen y den la batalla pero sobre todo que se unan porque el SME no se puede perder.
Con información de Gabriel León

viernes, octubre 23, 2009

Delincuencia Organizada."Atentado Contra el Orden Constitucional"

El quiebre
Luis Javier Garrido


El asalto del gobierno panista de facto a Luz y Fuerza del Centro para decretar su desaparición buscando profundizar la imposición del modelo neoliberal en México y seguir enriqueciéndose sus miembros a costa de la nación, quebrando el orden jurídico de la República, que la ultraderecha mexicana festeja como una victoria política, puede ser el punto de partida para un proceso político y social que haga cambiar el rumbo de la historia.

1. La marcha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) del pasado jueves 15 de octubre ha constituido la manifestación obrera más importante en la historia de México y está incidiendo de manera decisiva en el quiebre de la dinámica actual. En el proceso histórico de nuestro país jamás una movilización de tantos cientos de miles se había reunido para respaldar a una organización de trabajadores, como ha sido en este caso ante una agresión sin precedentes del poder público, que es también a todos los mexicanos y a la nación, y sobre todo nunca antes se habían visto reunidas en las calles de la capital todas las fuerzas democráticas y de izquierda, ni a estudiantes y obreros marchar codo a codo, ni con un reclamo tan contundente: respeto a los derechos de los trabajadores y de la nación.

2. La decisión de corte fascista del ilegítimo gobierno panista ha configurado, como han entendido amplísimos sectores de mexicanos, no nada más un atentado contra la Constitución y las instituciones del país, del que no hay precedentes en nuestra historia, pues vulnera de manera abierta los derechos individuales y colectivos de los miembros del SME, de la clase trabajadora en su conjunto (a la que se lanza una amenaza que ya no es encubierta) y de todos los mexicanos cuyos derechos fundamentales se hallan amenazados por el poder de facto, sino que es una advertencia de que se busca destruir con acciones policiaco-militares el orden constitucional de la República para suplirlo con un orden neoliberal supranacional.

3. El despacho de Fernández de Cevallos y Asociados, que controla con amanuenses suyos Gobernación, la PGR y la oficina del abogado de la Presidencia creyó que con el documento chicanero que le firmaron Calderón y sus colaboradores podría desaparecer de manera fácil una empresa pública, poner en la calle a 43 mil trabajadores y culminar un despojo a la nación entregando la industria eléctrica de México a las corporaciones trasnacionales a las que muchos panistas se hallan asociados, pero se ha encontrado con una resistencia tanto en el plano jurídico como en el plano social que está haciendo temblar al gobierno calderonista que no parece tener más respuesta que la propaganda mentirosa en los medios y la amenaza de recurrir a la fuerza policiaca-militar.

4. La crítica situación actual tiene dos planos: legal y político. En lo jurídico la opinión de los más prestigiados jurisconsultos, colegios de abogados y tribunales laborales coincide: jamás se había cometido en México un atentado de estas dimensiones a la Constitución. Calderón ejerció con su decreto facultades que no tiene, transgredió las atribuciones del Congreso, atentó contra las garantías sociales e individuales de los trabajadores, pisoteó el derecho colectivo del trabajo, dañó intereses fundamentales de la nación. Y todo en función de fortalecer el entramado de corrupción en materia energética del que él y sus amigos forman parte.

5. En lo político, el PRI se halla ante uno de los dilemas más trascendentes de su historia reciente, pues no tiene más alternativa que a) defender la legalidad constitucional del país y con ella (a pesar de muchos de sus líderes) al SME y al sindicalismo mexicano (que alguna vez sustentó su poder), o b) aceptar que el país siga hundiéndose en la ilegalidad al refrendar a los panistas la patente de corso para seguir atentando contra la clase trabajadora, destruyendo a sus sindicatos y cancelando las garantías laborales en aras del proyecto neoliberal (y de los negocios en que se hallan coludidos) y entregando la nación por completo al capital trasnacional, sin darse cuenta de que están cancelando todas sus posibilidades para 2012, ya muy mermadas tras apoyar el paquete fiscal de 2010.
6. El destino del PRI como partido está en la decisión que tomen sus dirigentes en este conflicto –que configura desde ahora un quiebre en la historia constitucional de México–, pues con su actual actitud de utilizar un burdo doble lenguaje envían al pueblo el mensaje de que siguen siendo unos traidores al complotar contra la nación, a la vez que estarán recordando a los poderes empresariales que al no tener otro proyecto que el mismo de los panistas, al que se han subsumido, no constituyen alternativa. Al haber huido Salinas del país desde finales de septiembre para esconderse en Europa ante la andanada que sabía se avecinaba, la decisión recae en los que han sido sus títeres –Beatriz Paredes, Francisco Rojas y Manlio Fabio Beltrones–, que no tienen más que zafarse de los acuerdos forjados por aquél con Diego y Calderón y avalar que la Suprema Corte resuelva la controversia constitucional e inicie un procedimiento para destituir y enjuiciar como delincuente a Felipe Calderón por haber atentado contra la nación y por ejercicio indebido de la función pública.

7. El reclamo de que se le inicie un juicio político a Felipe Calderón y se le destituya, procese y encarcele por su ataque frontal contra la Constitución, que configura el delito de traición a la patria, en términos del 108 constitucional, y de que esta acusación se haga extensiva a sus principales cómplices, signatarios todos ellos del decreto –Fernando Gómez Mont Urueta, Agustín Carstens Carstens, Ernesto Cordero Arroyo, Juan Molinar Horcasitas, Juan Elvira, Georgina Yamilet Kessel, Gerardo Ruiz Mateos, Francisco Mayorga, Salvador Vega y Javier Lozano–, muchos de ellos inodados en oscuros negocios con multinacionales, no puede desconocer que han cometido también múltiples ilícitos al buscar entregar a corporaciones españolas y estadunidenses a las que se hallan asociados, el área estratégica de la electricidad: de ahí los billetes que le arrojaron al rostro a Lozano en la Cámara de Diputados.

8. La responsabilidad mayor va a recaer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al ser conforme a sus funciones el órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración, al planteársele la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, no podrá escabullirse de su responsabilidad, en particular por tratarse del más grave atentado contra la Constitución del que se tenga memoria, y porque jurídicamente no tiene más posibilidad que echar abajo, contundentemente y sin ambages, el decreto de Calderón.

9. De fallar la Corte de manera aberrante, con una decisión tardía o enredada que no conduzca a nada, estará decretando que no hay un estado de derecho en México, que las garantías individuales y sociales no existen, que no hay justicia laboral, que el Ejecutivo (aun sea de facto) está por encima de la Constitución y que no hay una División de Poderes, que el Legislativo ya no legisla y que nuestras leyes ya no son ni un referente: estará liquidando la vigencia de la Constitución.

10. Y estará enviando al pueblo mexicano, ya sin la posibilidad de hacer valer las armas del derecho, a la lucha social, como hace 100, como hace 200 años.

domingo, octubre 18, 2009

"La nación y el estado de derecho agredidos"

La nación y el estado de derecho agredidos
Arnaldo Córdova

Cuando el año pasado se discutieron las reformas que en materia de petróleo quiso imponer el gobierno panista, muchos indicaron que el asunto de la energía debía discutirse en su conjunto, pues, como puede verse ahora, en todas sus ramas (petróleo, gas, electricidad) había intentos claros y confesos de subvertir el orden constitucional en la materia. Ya se estaba haciendo con el gas y con la electricidad. Una riqueza nacional que la Carta Magna ordena que sea explotada, desarrollada y puesta al servicio de las necesidades generales, se estaba convirtiendo por obra del gobierno derechista en objeto del más desvergonzado y cínico saqueo por privados, autorizados y hasta asesorados por los mismos gobernantes.

El golpe del gobierno de Calderón a Luz y Fuerza del Centro y al Sindicato Mexicano de Electricistas viene a poner al descubierto toda la podredumbre y toda la corrupción que envuelven sus acciones en contra de la industria nacional y sus mismas empresas, que el Estado debería promover y proteger para que lleven a cabo los objetivos que les asigna la Constitución.

En ese acto del gobierno panista se dan violaciones múltiples a la Carta Magna y a sus leyes y sólo se alegan razones de orden económico y administrativo que son ajenas a la legalidad en todos sus pasos.

Ya en lo que respecta a la conducción de la economía y de la administración pública, el decreto de Calderón, que es un adefesio jurídico desde cualquier punto que se le vea, viola los artículos 27 (ya venía siendo reiteradamente violado desde la época de Salinas), 73, 89 y 90 constitucionales. El golpe contra el sindicato ofrece también violaciones, en primer lugar, a los artículos 123 (protector de las relaciones de trabajo), 14 y 16 de la Carta Magna. Aparte de ello, varias leyes han sido, asimismo, violadas flagrantemente, entre ellas la del Servicio Público de Energía y la Federal del Trabajo.

Iré por partes, porque en una sola entrega sería imposible tratarlo todo. Veamos ahora los artículos constitucionales violados, por lo menos en parte.

Calderón funda su decreto, de hecho, en una sola disposición, la que se contiene en el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que dicta que cuando un organismo descentralizado deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento sea inconveniente, la Secretaría de Hacienda propondrá al Ejecutivo la disolución, liquidación o extinción del mismo.

Según su interpretación, él puede organizar y desorganizar cuantos organismos le vengan en gana. Así comienza diciéndolo en su decreto y está equivocado, porque esos organismos se crean por ley del Congreso y él sólo debe ver por su buen funcionamiento.

En el artículo anterior, el 15, se habla de leyes o decretos del Legislativo y del Ejecutivo. El segundo sólo puede expedir reglamentos, no leyes. Y en el artículo 90 constitucional se señala con toda claridad que la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, el cual distribuirá los negocios del orden administrativo que estarán a cargo de las secretarías de Estado y definirá las bases para la creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo en su operación (y en su extinción). La fracción primera del 89, que determina las facultades del Ejecutivo, establece la de “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa (¡ojo!) a su exacta observancia”.

Hay que tener presente, además, lo que dicta la fracción X del artículo 73 que establece las facultades del Congreso: “Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123”. El presidente, y él debería saberlo, con los organismos descentralizados y, en particular, con los que se denominan paraestatales, no puede hacer lo que se le antoje sin antes iniciar una ley ante el Congreso que se lo permita. Le pareció que no valía la pena y pisoteó la Constitución y sus leyes.

En su decreto, cita varios artículos constitucionales y legales que viola flagrantemente. En cualquier caso resultaría paradójico, pero no en el suyo.

Por supuesto, menciona el artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (reformado en diciembre de 1989), en el cual se estipula que las compañías concesionadas antes a privados entrarán en disolución y liquidación y el Ejecutivo federal dispondrá la constitución de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios para prestar el servicio. Ese organismo era, desde el periodo de Salinas, Luz y Fuerza del Centro. Claro que fue creado por decreto presidencial, pero con apoyo en una ley. No es verdad que de esa manera, por decreto, un presidente pueda crear o desaparecer organismos.

Para hacerlo, en cualquier caso y visto lo dispuesto por los artículos constitucionales que hemos citado, Calderón debió haber solicitado del Congreso la reforma de ese artículo o de cualquier otro de la mencionada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que le permitiera disolver, liquidar o extinguir Luz y Fuerza del Centro. No sé de dónde sacó el senador Beltrones que el decreto está apegado a derecho. O no sabe derecho (cosa que es cierta, de cualquier forma) o nos está ocultando alguna trama inconfesable (algo a lo que también nos tiene muy acostumbrados).

Que los presidentes panistas hayan gobernado este país violando la Constitución y sus leyes no debería extrañarnos. Y menos aún la alcahuetería desvergonzada de los priístas. Estos no le perdonarán al SME haber sido el único sindicato independiente y de verdad combativo que sobrevivió, desde su fundación en 1914, al autoritarismo priísta. Al senador Labastida, que siendo secretario de Energía nunca supo qué hacer con LFC, le parece que la paraestatal era un lastre que debió haber sido liquidada desde mucho antes y, entre los priístas, es el que lleva la voz cantante y está en todo con los panistas. Ahora veremos con qué batea de babas nos salen esos priístas en sus componendas con el PAN.

Todos dan por decidido el asunto. Se equivocan por partida doble: la ciudadanía todavía tiene voz que hacer oír como el pasado jueves por la tarde y, además, hay violaciones a nuestro orden constitucional y jurídico tan burdas y desvergonzadas que no se pueden dejar pasar si queremos vivir en un estado de derecho.