Un error suicida
Fidel Castro Ruz
En la reflexión escrita la noche del jueves 25, hace tres días, dije: Ignoramos qué ocurrirá esta noche o mañana en Honduras pero la conducta valiente de Zelaya pasará a la historia.”
Dos párrafos antes había señalado: “…Lo que allí ocurra será una prueba para la OEA y para la actual administración de Estados Unidos.”
La prehistórica institución interamericana se había reunido al otro día en Washington, y en una apagada y tibia resolución prometió realizar las gestiones pertinentes de inmediato para buscar una armonía entre las partes en pugna. Es decir, una negociación entre los golpistas y el Presidente Constitucional de Honduras.
El alto jefe militar, que seguía al mando de las Fuerzas Armadas hondureñas, hacía pronunciamientos públicos en discrepancia con las posiciones del Presidente, mientras solo de modo meramente formal reconocía su autoridad.
No necesitaban los golpistas otra cosa de la OEA. Les importó un bledo la presencia de un gran número de observadores internacionales que viajaron a ese país para dar fe de una consulta popular, a los cuales Zelaya habló hasta altas horas de la noche. Antes del amanecer de hoy lanzaron alrededor de 200 soldados profesionales bien entrenados y armados contra la residencia del Presidente, los que apartando rudamente la escuadra de la Guardia de Honor secuestraron a Zelaya, quien en ese momento dormía, lo conducen a la base aérea, lo montan por la fuerza en un avión y lo transportan a un aeropuerto en Costa Rica.
A las 8 y 30 de la mañana, conocimos por Telesur la noticia del asalto a la Casa Presidencial y el secuestro. El Presidente no pudo asistir al acto inicial de la consulta popular que tendría lugar este domingo. Se desconocía lo que habían hecho con él.
La emisora de televisión oficial fue silenciada. Deseaban impedir la divulgación prematura de la traicionera acción a través de Telesur y Cubavisión Internacional, que informaban de los hechos. Suspendieron por ello los centros de retransmisión y terminaron cortando la electricidad a todo el país. Todavía el Congreso y los altos tribunales envueltos en la conspiración no habían publicado las decisiones que justificaban la conjura. Primero llevaron a cabo el incalificable golpe militar y luego lo legalizaron.
El pueblo se despertó con los hechos consumados y comenzó a reaccionar con creciente indignación. No se sabía el destino de Zelaya. Tres horas más tarde, la reacción popular era tal que se vio a mujeres golpeando con el puño a los soldados, cuyos fusiles casi se les caían de las manos por puro desconcierto y nerviosismo. Inicialmente sus movimientos parecían los de un extraño combate contra fantasmas, más tarde trataban de tapar con las manos las cámaras de Telesur, apuntaban temblorosos sus fusiles contra los reporteros, y a veces, cuando la gente avanzaba, los soldados retrocedían. Enviaron transportadores blindados con cañones y ametralladoras. La población discutía sin miedo con las dotaciones de los blindados; la reacción popular era asombrosa.
Alrededor de las 2 de la tarde, en coordinación con los golpistas, una mayoría domesticada del Congreso depuso a Zelaya, Presidente Constitucional de Honduras, y designó un nuevo Jefe de Estado, afirmando al mundo que aquel había renunciado, presentando una firma falsificada. Minutos después, Zelaya, desde un aeropuerto en Costa Rica, informó todo lo ocurrido y desmintió categóricamente la noticia de su renuncia. Los conspiradores hicieron el ridículo ante el mundo.
Otras muchas cosas ocurrieron hoy. Cubavisión se dedicó por entero a desenmascarar el golpe, informando todo el tiempo a nuestra población.
Hubo hechos de carácter netamente fascista, que no por esperados dejan de asombrar.
Patricia Rodas, la ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, fue después de Zelaya el objetivo fundamental de los golpistas. Otro destacamento fue enviado a su residencia. Ella, valiente y decidida, se movió rápido, no perdió un minuto en denunciar por todos los medios el golpe. Nuestro embajador había hecho contacto con Patricia para conocer la situación, como lo hicieron otros embajadores. En un momento determinado les solicitó a los representantes diplomáticos de Venezuela, Nicaragua y Cuba reunirse con ella, que, ferozmente acosada, necesitaba protección diplomática. Nuestro embajador, que desde el primer instante estaba autorizado a brindar el máximo apoyo a la Ministra constitucional y legal, partió para visitarla en su propia residencia.
Cuando estaban ya en su casa, el mando golpista envió al mayor Oceguera para arrestarla. Ellos se pusieron delante de la mujer y le dicen que está bajo protección diplomática, y solo se puede mover en compañía de los embajadores. Oceguera discute con ellos y lo hace de forma respetuosa. Minutos después penetran en la casa entre 12 ó 15 hombres uniformados y encapuchados. Los tres embajadores se abrazan a Patricia; los enmascarados actúan de manera brutal y logran separar a los embajadores de Venezuela y Nicaragua; Hernández la toma tan fuertemente por uno de los brazos, que los enmascarados los arrastran a los dos hasta una furgoneta; los conducen a la base aérea, donde logran separarlos, y se la llevan. Estando allí detenido, Bruno, que tenía noticias del secuestro, se comunica con él a través del celular; un enmascarado trata de arrebatarle rudamente el teléfono; el embajador cubano, que ya había sido golpeado en casa de Patricia, le grita: “¡No me empujes, cojones!” No recuerdo si la palabra que pronunció fuese alguna vez utilizada por Cervantes, pero sin duda el embajador Juan Carlos Hernández enriqueció nuestro idioma.
Después lo dejaron en una carretera lejos de la misión y antes de abandonarlo le dijeron que, si hablaba, podía sucederle algo peor. “¡Nada es peor que la muerte!”, les respondió con dignidad, “y no por ello les temo a ustedes.” Los vecinos de la zona lo ayudaron a regresar a la embajada, desde donde de inmediato se comunicó otra vez con Bruno.
Con ese alto mando golpista no se puede negociar, hay que exigirle la renuncia y que otros oficiales más jóvenes y no comprometidos con la oligarquía ocupen el mando militar, o no habrá jamás un gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” en Honduras.
Los golpistas, acorralados y aislados, no tienen salvación posible si se enfrenta con firmeza el problema.
Hasta la señora Clinton declaró ya en horas de la tarde que Zelaya es el único Presidente de Honduras, y los golpistas hondureños ni siquiera respiran sin el apoyo de Estados Unidos.
En camisa de dormir hasta hace unas horas, Zelaya será reconocido por el mundo como el único Presidente Constitucional de Honduras.
Junio 28 de 2009
6 y 14 p.m.
martes, junio 30, 2009
martes, junio 23, 2009
Televisa. "Actitud parcial y tendenciosa"
Ha dejado de lado Televisa la objetividad y el profesionalismo: López Obrador
México, Distrito Federal
Martes 23 de junio de 2009
--------------------------------------------------------------------------------
* Entrega una carta dirigida a integrantes del Consejo de Administración de la televisora
*Señala el presidente legítimo que se manipuló el caso Iztapalapa en los espacios informativos de la empresa
*Destaca que millones de mexicanos harán valer sus derechos ciudadanos
Emilio Azcárraga, Roberto Hernández, Pedro Aspe Armella, Claudio X. González, Germán Larrea, José Antonio Fernández, Alberto Bailleres González, entre otros, integrantes del Consejo de Administración de Televisa:
Me dirijo a ustedes para expresar mi enérgica protesta ante la actitud parcial y tendenciosa que mantiene Televisa en asuntos de interés público y, en particular, en lo que respecta al movimiento que encabezo.
Lo hago ante ustedes por ser dueños de Televisa y porque forman parte de la elite del poder en México. Considero que es legítimo su desacuerdo con mi convicción acerca de que la tragedia nacional es culpa del grupo que ha venido acumulando inmensas riquezas al amparo del poder público y a costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, la actitud asumida por ustedes y expresada en Televisa es a todas luces inmoral y contraria a la libertad y a la democracia.
Televisa ha hecho a un lado la objetividad y el profesionalismo. Ustedes deciden de acuerdo a sus intereses qué informan y qué no informan, a quién promueven y a quién destruyen. En lo que a nosotros corresponde, Televisa se ha dedicado a atacarnos de manera vil. Tal como sucedió recientemente en el caso de Iztapalapa, que manipularon imágenes para mostrarnos como “intolerantes y autoritarios”, sin darnos la oportunidad de explicar nuestras razones y sin abordar el fondo del asunto: la anulación de la candidatura de Clara Brugada a Jefa Delegacional por consigna del poder oligárquico, con la intención de cancelar el derecho del pueblo a elegir libremente a sus autoridades.
De modo que les invito a reflexionar sobre la forma en que Televisa maneja la información, porque es inmoral lo que están haciendo. También les expreso que aunque insistan en destruirnos políticamente, habemos millones de mexicanos dispuestos a hacer valer nuestros derechos ciudadanos y a continuar nuestro movimiento por la vía pacífica y electoral para la transformación del país.
Atentamente
Andrés Manuel López Obrador
México, Distrito Federal
Martes 23 de junio de 2009
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* Entrega una carta dirigida a integrantes del Consejo de Administración de la televisora
*Señala el presidente legítimo que se manipuló el caso Iztapalapa en los espacios informativos de la empresa
*Destaca que millones de mexicanos harán valer sus derechos ciudadanos
Emilio Azcárraga, Roberto Hernández, Pedro Aspe Armella, Claudio X. González, Germán Larrea, José Antonio Fernández, Alberto Bailleres González, entre otros, integrantes del Consejo de Administración de Televisa:
Me dirijo a ustedes para expresar mi enérgica protesta ante la actitud parcial y tendenciosa que mantiene Televisa en asuntos de interés público y, en particular, en lo que respecta al movimiento que encabezo.
Lo hago ante ustedes por ser dueños de Televisa y porque forman parte de la elite del poder en México. Considero que es legítimo su desacuerdo con mi convicción acerca de que la tragedia nacional es culpa del grupo que ha venido acumulando inmensas riquezas al amparo del poder público y a costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, la actitud asumida por ustedes y expresada en Televisa es a todas luces inmoral y contraria a la libertad y a la democracia.
Televisa ha hecho a un lado la objetividad y el profesionalismo. Ustedes deciden de acuerdo a sus intereses qué informan y qué no informan, a quién promueven y a quién destruyen. En lo que a nosotros corresponde, Televisa se ha dedicado a atacarnos de manera vil. Tal como sucedió recientemente en el caso de Iztapalapa, que manipularon imágenes para mostrarnos como “intolerantes y autoritarios”, sin darnos la oportunidad de explicar nuestras razones y sin abordar el fondo del asunto: la anulación de la candidatura de Clara Brugada a Jefa Delegacional por consigna del poder oligárquico, con la intención de cancelar el derecho del pueblo a elegir libremente a sus autoridades.
De modo que les invito a reflexionar sobre la forma en que Televisa maneja la información, porque es inmoral lo que están haciendo. También les expreso que aunque insistan en destruirnos políticamente, habemos millones de mexicanos dispuestos a hacer valer nuestros derechos ciudadanos y a continuar nuestro movimiento por la vía pacífica y electoral para la transformación del país.
Atentamente
Andrés Manuel López Obrador
domingo, junio 21, 2009
"Ha Votar y Hacer que se Respete el Voto"
Democracia participativa y voto ciudadano
Arnaldo Córdova
Rousseau escribió que los ingleses se sentían libres porque iban a votar cada dos años, pero que, luego de hacerlo, volvían a ser tan esclavos como antes. Para el pensador ginebrino, el solo hecho de votar no garantiza el buen gobierno de la sociedad; para ello, además, es necesaria la presencia constante del pueblo en los actos de gobierno y, desde luego, que sus ciudadanos vigilen esos actos y, en cuanto se dan, puedan corregirlos si salen mal e, incluso, revocar el mandato de sus elegidos si persisten en sus errores.
Para Kant, en cambio, esa presencia permanente del pueblo en la política es innecesaria y hasta nociva, por el simple hecho de que el pueblo no deja gobernar y, luego de cada elección, sus integrantes deben irse a sus casas. En la historia del pensamiento político, ambos puntos de vista definían la oposición entre una democracia directa y una democracia representativa.
Eso no quiere decir, de ninguna manera, que el voto sea inútil. El voto es el acto que permite y diseña el funcionamiento de las instituciones del Estado y lo hace a través de las opciones entre las que elige. Sólo que de esa manera, en una democracia meramente representativa, no hay vigilancia posible del gobierno ni posibilidad alguna de que sea corregido y, menos, de que quienes fueron elegidos reciban una sanción por sus errores o puedan ser despedidos.
La presencia constante de los ciudadanos en las tareas de gobierno, ya vigilando que se haga bien ya sugiriendo o imponiendo correcciones o ya, incluso, revocando el mandato otorgado a través del voto, marca la diferencia entre una democracia participativa y una democracia representativa. También habla de la eficacia o menos de los gobiernos, de su dedicación a procurar el bienestar del pueblo y de la nación, como lo estipula el artículo 39 de nuestra Carta Magna, de su fidelidad a lo que dictan las leyes y, claro está, de que en su acción no haya lugar a la impunidad, a la arbitrariedad y al autoritarismo.
Mantener reunido al pueblo de los ciudadanos, como lo deseaba Rousseau, en las multitudinarias sociedades modernas resulta imposible; pero existen modos de dar forma a esa permanente vigilancia ciudadana de los actos de gobierno. El plebiscito (se pide al pueblo que decida entre distintas opciones) y el referéndum (se le pide que respalde o rechace decisiones ya tomadas) y que tienen como complementos necesarios el poder ciudadano de revocar el mandato de sus representantes y someterlos a responsabilidades por sus actos y el derecho de petición y de iniciativa de propuestas de la ciudadanía son esas formas que, como se ha visto en los últimos 100 años, por lo menos, se vienen abriendo camino en todos los regímenes políticos democráticos.
Votar es un derecho fundamental del ciudadano y, en realidad, es lo que lo define como tal, como ciudadano. Renunciar al voto o invalidarlo de cualquier forma es la anulación de ese derecho y de la misma esencia de la ciudadanía. Pero reducirlo al solo hecho de sufragar es dejarlo totalmente inoperante e ineficaz. No se trata de retroceder, anulándolo, sino de progresar, dándole la fuerza necesaria para que haga que el gobierno sea lo que él decide que debe ser.
Una auténtica reforma del Estado, que es lo mismo que una real reforma política en todos los órdenes, debe empezar por dotar al ciudadano de los poderes que, con su voto, se trasladan automáticamente a los que han sido elegidos, sin garantía de que cumplan con su cometido ni, desde luego, puedan ser obligados a ello. Para realizar esa aspiración ciudadana hay sólo un camino que es sencillo sólo en apariencia: que los partidos se pongan de acuerdo y lo decidan.
Todos sabemos, empero, que los primeros interesados en mantener las cosas como están y que los ciudadanos sigan votando sin que les puedan fincar responsabilidades por su desempeño como fuerzas de gobierno son, justo, los partidos políticos. Estos han sido los que han bombardeado todos los esfuerzos que se han dado para una reforma del Estado; ellos son los que siguen pensando que lo mejor es que, una vez que los ciudadanos voten por sus candidatos, se esfumen sin entorpecer su labor de gobierno. Sólo exigen que se crea en sus promesas, sin que sean vigilados ni sindicados.
Los ciudadanos que están efectivamente decepcionados de su derecho a votar (no quienes interesadamente están llamando a abolir ese derecho cívico fundador) tienen toda la razón en no creer ya en los partidos; pero renunciar a sus derechos no es el mejor modo de hacer que se respeten. Hay innumerables acciones para hacer que se comprometan a realizar una reforma política que imponga como un mandato constitucional la instauración de aquellas formas de democracia participativa sin las cuales el control ciudadano sobre los actos de gobierno es absolutamente imposible y que son el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato y el poder de iniciativa popular.
Los ciudadanos pueden reunirse por su cuenta para ese fin y elaborar peticiones para sus partidos, si son miembros de alguno de ellos o, también, para los propios representantes que han sido elegidos y conformar un movimiento cívico que busque esa reforma política esencial sin la cual las cosas seguirán siendo como hasta ahora y la democracia perecerá por inanición. No se puede renunciar al derecho a cambiar las cosas, actuando como suicidas y anulando de cualquier forma el voto, única arma que el ciudadano tiene para decidir en política.
Además, aun cuando son los más reacios al cambio y son por esencia conservadores, los partidos políticos deben saber que no están solos ni deciden impunemente todo lo que les viene en gana. Hay mucha efervescencia política en el país y una muestra de ello, por cierto, es esta campañita anti voto que, lejos de resolver algo, está envenenando el ambiente con la desconfianza y la impotencia política que ha convertido en ideales de acción.
El más poderoso movimiento cívico que ha resultado de la entraña misma de la vida política de México, el movimiento lopezobradorista, está llamando a votar y a hacer que se respete el voto. Representa el anuncio de lo que llamamos democracia participativa. Los que no lo acepten pueden hacer lo mismo: luchar porque la ley se cumpla y no haya ya impunidad en el gobierno, conformando grandes movimientos ciudadanos que den voz a quienes desean un buen gobierno para México.
Arnaldo Córdova
Rousseau escribió que los ingleses se sentían libres porque iban a votar cada dos años, pero que, luego de hacerlo, volvían a ser tan esclavos como antes. Para el pensador ginebrino, el solo hecho de votar no garantiza el buen gobierno de la sociedad; para ello, además, es necesaria la presencia constante del pueblo en los actos de gobierno y, desde luego, que sus ciudadanos vigilen esos actos y, en cuanto se dan, puedan corregirlos si salen mal e, incluso, revocar el mandato de sus elegidos si persisten en sus errores.
Para Kant, en cambio, esa presencia permanente del pueblo en la política es innecesaria y hasta nociva, por el simple hecho de que el pueblo no deja gobernar y, luego de cada elección, sus integrantes deben irse a sus casas. En la historia del pensamiento político, ambos puntos de vista definían la oposición entre una democracia directa y una democracia representativa.
Eso no quiere decir, de ninguna manera, que el voto sea inútil. El voto es el acto que permite y diseña el funcionamiento de las instituciones del Estado y lo hace a través de las opciones entre las que elige. Sólo que de esa manera, en una democracia meramente representativa, no hay vigilancia posible del gobierno ni posibilidad alguna de que sea corregido y, menos, de que quienes fueron elegidos reciban una sanción por sus errores o puedan ser despedidos.
La presencia constante de los ciudadanos en las tareas de gobierno, ya vigilando que se haga bien ya sugiriendo o imponiendo correcciones o ya, incluso, revocando el mandato otorgado a través del voto, marca la diferencia entre una democracia participativa y una democracia representativa. También habla de la eficacia o menos de los gobiernos, de su dedicación a procurar el bienestar del pueblo y de la nación, como lo estipula el artículo 39 de nuestra Carta Magna, de su fidelidad a lo que dictan las leyes y, claro está, de que en su acción no haya lugar a la impunidad, a la arbitrariedad y al autoritarismo.
Mantener reunido al pueblo de los ciudadanos, como lo deseaba Rousseau, en las multitudinarias sociedades modernas resulta imposible; pero existen modos de dar forma a esa permanente vigilancia ciudadana de los actos de gobierno. El plebiscito (se pide al pueblo que decida entre distintas opciones) y el referéndum (se le pide que respalde o rechace decisiones ya tomadas) y que tienen como complementos necesarios el poder ciudadano de revocar el mandato de sus representantes y someterlos a responsabilidades por sus actos y el derecho de petición y de iniciativa de propuestas de la ciudadanía son esas formas que, como se ha visto en los últimos 100 años, por lo menos, se vienen abriendo camino en todos los regímenes políticos democráticos.
Votar es un derecho fundamental del ciudadano y, en realidad, es lo que lo define como tal, como ciudadano. Renunciar al voto o invalidarlo de cualquier forma es la anulación de ese derecho y de la misma esencia de la ciudadanía. Pero reducirlo al solo hecho de sufragar es dejarlo totalmente inoperante e ineficaz. No se trata de retroceder, anulándolo, sino de progresar, dándole la fuerza necesaria para que haga que el gobierno sea lo que él decide que debe ser.
Una auténtica reforma del Estado, que es lo mismo que una real reforma política en todos los órdenes, debe empezar por dotar al ciudadano de los poderes que, con su voto, se trasladan automáticamente a los que han sido elegidos, sin garantía de que cumplan con su cometido ni, desde luego, puedan ser obligados a ello. Para realizar esa aspiración ciudadana hay sólo un camino que es sencillo sólo en apariencia: que los partidos se pongan de acuerdo y lo decidan.
Todos sabemos, empero, que los primeros interesados en mantener las cosas como están y que los ciudadanos sigan votando sin que les puedan fincar responsabilidades por su desempeño como fuerzas de gobierno son, justo, los partidos políticos. Estos han sido los que han bombardeado todos los esfuerzos que se han dado para una reforma del Estado; ellos son los que siguen pensando que lo mejor es que, una vez que los ciudadanos voten por sus candidatos, se esfumen sin entorpecer su labor de gobierno. Sólo exigen que se crea en sus promesas, sin que sean vigilados ni sindicados.
Los ciudadanos que están efectivamente decepcionados de su derecho a votar (no quienes interesadamente están llamando a abolir ese derecho cívico fundador) tienen toda la razón en no creer ya en los partidos; pero renunciar a sus derechos no es el mejor modo de hacer que se respeten. Hay innumerables acciones para hacer que se comprometan a realizar una reforma política que imponga como un mandato constitucional la instauración de aquellas formas de democracia participativa sin las cuales el control ciudadano sobre los actos de gobierno es absolutamente imposible y que son el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato y el poder de iniciativa popular.
Los ciudadanos pueden reunirse por su cuenta para ese fin y elaborar peticiones para sus partidos, si son miembros de alguno de ellos o, también, para los propios representantes que han sido elegidos y conformar un movimiento cívico que busque esa reforma política esencial sin la cual las cosas seguirán siendo como hasta ahora y la democracia perecerá por inanición. No se puede renunciar al derecho a cambiar las cosas, actuando como suicidas y anulando de cualquier forma el voto, única arma que el ciudadano tiene para decidir en política.
Además, aun cuando son los más reacios al cambio y son por esencia conservadores, los partidos políticos deben saber que no están solos ni deciden impunemente todo lo que les viene en gana. Hay mucha efervescencia política en el país y una muestra de ello, por cierto, es esta campañita anti voto que, lejos de resolver algo, está envenenando el ambiente con la desconfianza y la impotencia política que ha convertido en ideales de acción.
El más poderoso movimiento cívico que ha resultado de la entraña misma de la vida política de México, el movimiento lopezobradorista, está llamando a votar y a hacer que se respete el voto. Representa el anuncio de lo que llamamos democracia participativa. Los que no lo acepten pueden hacer lo mismo: luchar porque la ley se cumpla y no haya ya impunidad en el gobierno, conformando grandes movimientos ciudadanos que den voz a quienes desean un buen gobierno para México.
viernes, junio 19, 2009
México. Oligofrenia de Estado.
Iztapalapa
Luis Javier Garrido
Los actos de corte abiertamente fascista con los que el gobierno de facto de Felipe Calderón está manipulando el proceso electoral de 2009, con la intención de hacer prevalecer al PAN por sobre los demás partidos, y tratar de apoderarse del poder político a nivel local, siguen degradando la vida política de México, dañando a la economía y exacerbando la ira popular.
1. La mascarada seudolegal pactada por Calderón con Jesús Ortega para imponer con un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a Silvia Oliva –aliada de Los Pinos– por sobre la lopezobradorista Clara Brugada –abanderada del movimiento popular–, como la candidata del PRD a la jefatura delegacional de Iztapalapa, con vistas a que el PAN se apodere de la capital en 2012, ha sido tan burda que ha terminado por desenmascarar a los dos cómplices.
2. El desastre institucional que han ahondado en el país los asesores del Partido Popular español que Calderón trajo para poder mantenerse en el gobierno no puede, sin embargo, extrañar a nadie, ya que el michoacano, que llegó a la silla presidencial por un fraude electoral, se ha mantenido en el poder a pesar de su desastrosa gestión por el uso faccioso de las fuerzas armadas y una costosísima campaña mediática, y no tendría otra opción para prevalecer que el fraude que está de nuevo preparando en este 2009.
3. Los llamados al abstencionismo o a la anulación del voto que han proliferado en este proceso han generado una enorme confusión porque han provenido de diversos horizontes políticos y tienen propósitos opuestos, ya que si bien un sector de ciudadanos asqueados por el sistema electoral fraudulento y las manipulaciones que están haciendo Calderón y los panistas convocan como protesta a abstenerse o a anular el voto (sin darse cuenta de que su propuesta no tendría efecto dado que, como en pasado, la principal consecuencia de ella sería que panistas y priístas se repartiesen sus votos), desde la derecha se promueve también esta reacción para desmovilizar a los sectores populares.
4. La realidad de las cosas es que la llamada “transición mexicana” no ha sido más que un proceso de regresiones en lo económico, en lo social y desde luego en lo político, y particularmente en lo político-electoral, donde a) el IFE, en manos de pillos del partido en el gobierno, no es más confiable que la Comisión Federal Electoral que existió hasta 1995; b) el TEPJF, lejos de garantizar procesos democráticos no ha sido más que un instrumento del Ejecutivo y no ha tenido más función que presentar como “legales” las imposiciones políticas; c) los ciudadanos siguen sin tener otras vías institucionales de participación democrática, y sin que se les reconozcan derechos políticos plenos; y d) los partidos políticos, de ser instancias ciudadanas, se han convertido en instrumentos del poder oligárquico, financiados y sometidos por el Estado para hacer viable la imposición del modelo atroz del capitalismo neoliberal que entrega el control de las riquezas de las naciones y de los derechos de los pueblos a los consorcios trasnacionales.
5. Los partidos políticos han sufrido en los años del neoliberalismo una mutación profunda en sus principios, su organización y sus objetivos y en su casi totalidad se han subordinado a los dictados de los organismos financieros internacionales y del gobierno de Washington de tal suerte que en buena parte de los países los ciudadanos no tienen opción en las elecciones: todos los partidos se asemejan, y cuando en alguno surge una corriente disidente el Estado tiene los medios para someterla, por la sencilla razón de que los partidos no representan intereses populares, y ése es el proceso por el que atravesó el PRD: es bajo la conducción de los chuchos, al igual que el PRI y el PAN y sus aliados, un instrumento de los grupos oligárquicos.
6. En México, el TEPJF no sólo “legalizó” el fraude de Calderón y de sus secuaces, sino que al poder intervenir en asuntos internos de los partidos impuso fraudulentamente en 2008 como presidente del PRD a Jesús Ortega, hombre de las confianzas de Calderón, al igual que ahora pretende imponer como delegada en Iztapalapa a Silvia Oliva.
7. La corriente llamada Nueva Izquierda o de los chuchos del PRD, que se apoderó del aparato partidista en una paciente labor de zapa de varios lustros con el apoyo de los gobiernos panistas de Fox y de Calderón y el aval del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que la ha seguido apoyando en los últimos años, según se ha señalado, por resentimiento con el movimiento popular que respaldó a Andrés Manuel López Obrador, funge como un ariete del capitalismo neoliberal y del propio PAN para terminar de liquidar un proyecto político, reconvirtiendo al PRD en un partido paraestatal o palero: una versión de la socialdemocracia a la mexicana que apoye al gobierno espurio de la ultraderecha y colabore al desmantelamiento del Estado mexicano y de sus instituciones sociales.
8. Las prácticas gangsteriles y depredadoras de las que muchos militantes han acusado a Jesús Ortega y a muchos de sus cómplices, para terminar de destruir un proyecto político y uncirlo al modelo neoliberal, poniéndolo al mismo tiempo al servicio del grupo yunquista del PAN, no se inscriben, en consecuencia, más que en ese proceso global, que en América Latina han respaldado fuerzas políticas que se pretendían “de izquierda” y “democráticas”, hoy completamente corrompidas como Acción Democrática, de Venezuela, o el APRA, de Perú.
9. La respuesta ciudadana ante el doble desafío de a) un sistema electoral fraudulento como el que Carlos Salinas de Gortari pactó en 1988 con los panistas (que ahora lo están traicionando alentados por el PP español) para entregarles la Presidencia en 2000, y b) el hecho de que las opciones se cierren y el aparato del PRD esté en manos del gobierno, debe seguir siendo, por lo mismo, la organización, la movilización y la resistencia civil, pero si existe un resquicio electoral y hay candidatos democráticos del movimiento popular bajo los emblemas de Convergencia y del PT hay que votar por ellos y evitar que la derecha fascista se apodere por completo del aparato electoral.
10. Muchos mexicanos lo han entendido y la disputa por Iztapalapa va a ser, por eso, larga, pero es desde ahora ya significativa, pues el proyecto oligárquico manipulador va a encontrarse muchas más resistencias de las que supone.
Luis Javier Garrido
Los actos de corte abiertamente fascista con los que el gobierno de facto de Felipe Calderón está manipulando el proceso electoral de 2009, con la intención de hacer prevalecer al PAN por sobre los demás partidos, y tratar de apoderarse del poder político a nivel local, siguen degradando la vida política de México, dañando a la economía y exacerbando la ira popular.
1. La mascarada seudolegal pactada por Calderón con Jesús Ortega para imponer con un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a Silvia Oliva –aliada de Los Pinos– por sobre la lopezobradorista Clara Brugada –abanderada del movimiento popular–, como la candidata del PRD a la jefatura delegacional de Iztapalapa, con vistas a que el PAN se apodere de la capital en 2012, ha sido tan burda que ha terminado por desenmascarar a los dos cómplices.
2. El desastre institucional que han ahondado en el país los asesores del Partido Popular español que Calderón trajo para poder mantenerse en el gobierno no puede, sin embargo, extrañar a nadie, ya que el michoacano, que llegó a la silla presidencial por un fraude electoral, se ha mantenido en el poder a pesar de su desastrosa gestión por el uso faccioso de las fuerzas armadas y una costosísima campaña mediática, y no tendría otra opción para prevalecer que el fraude que está de nuevo preparando en este 2009.
3. Los llamados al abstencionismo o a la anulación del voto que han proliferado en este proceso han generado una enorme confusión porque han provenido de diversos horizontes políticos y tienen propósitos opuestos, ya que si bien un sector de ciudadanos asqueados por el sistema electoral fraudulento y las manipulaciones que están haciendo Calderón y los panistas convocan como protesta a abstenerse o a anular el voto (sin darse cuenta de que su propuesta no tendría efecto dado que, como en pasado, la principal consecuencia de ella sería que panistas y priístas se repartiesen sus votos), desde la derecha se promueve también esta reacción para desmovilizar a los sectores populares.
4. La realidad de las cosas es que la llamada “transición mexicana” no ha sido más que un proceso de regresiones en lo económico, en lo social y desde luego en lo político, y particularmente en lo político-electoral, donde a) el IFE, en manos de pillos del partido en el gobierno, no es más confiable que la Comisión Federal Electoral que existió hasta 1995; b) el TEPJF, lejos de garantizar procesos democráticos no ha sido más que un instrumento del Ejecutivo y no ha tenido más función que presentar como “legales” las imposiciones políticas; c) los ciudadanos siguen sin tener otras vías institucionales de participación democrática, y sin que se les reconozcan derechos políticos plenos; y d) los partidos políticos, de ser instancias ciudadanas, se han convertido en instrumentos del poder oligárquico, financiados y sometidos por el Estado para hacer viable la imposición del modelo atroz del capitalismo neoliberal que entrega el control de las riquezas de las naciones y de los derechos de los pueblos a los consorcios trasnacionales.
5. Los partidos políticos han sufrido en los años del neoliberalismo una mutación profunda en sus principios, su organización y sus objetivos y en su casi totalidad se han subordinado a los dictados de los organismos financieros internacionales y del gobierno de Washington de tal suerte que en buena parte de los países los ciudadanos no tienen opción en las elecciones: todos los partidos se asemejan, y cuando en alguno surge una corriente disidente el Estado tiene los medios para someterla, por la sencilla razón de que los partidos no representan intereses populares, y ése es el proceso por el que atravesó el PRD: es bajo la conducción de los chuchos, al igual que el PRI y el PAN y sus aliados, un instrumento de los grupos oligárquicos.
6. En México, el TEPJF no sólo “legalizó” el fraude de Calderón y de sus secuaces, sino que al poder intervenir en asuntos internos de los partidos impuso fraudulentamente en 2008 como presidente del PRD a Jesús Ortega, hombre de las confianzas de Calderón, al igual que ahora pretende imponer como delegada en Iztapalapa a Silvia Oliva.
7. La corriente llamada Nueva Izquierda o de los chuchos del PRD, que se apoderó del aparato partidista en una paciente labor de zapa de varios lustros con el apoyo de los gobiernos panistas de Fox y de Calderón y el aval del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que la ha seguido apoyando en los últimos años, según se ha señalado, por resentimiento con el movimiento popular que respaldó a Andrés Manuel López Obrador, funge como un ariete del capitalismo neoliberal y del propio PAN para terminar de liquidar un proyecto político, reconvirtiendo al PRD en un partido paraestatal o palero: una versión de la socialdemocracia a la mexicana que apoye al gobierno espurio de la ultraderecha y colabore al desmantelamiento del Estado mexicano y de sus instituciones sociales.
8. Las prácticas gangsteriles y depredadoras de las que muchos militantes han acusado a Jesús Ortega y a muchos de sus cómplices, para terminar de destruir un proyecto político y uncirlo al modelo neoliberal, poniéndolo al mismo tiempo al servicio del grupo yunquista del PAN, no se inscriben, en consecuencia, más que en ese proceso global, que en América Latina han respaldado fuerzas políticas que se pretendían “de izquierda” y “democráticas”, hoy completamente corrompidas como Acción Democrática, de Venezuela, o el APRA, de Perú.
9. La respuesta ciudadana ante el doble desafío de a) un sistema electoral fraudulento como el que Carlos Salinas de Gortari pactó en 1988 con los panistas (que ahora lo están traicionando alentados por el PP español) para entregarles la Presidencia en 2000, y b) el hecho de que las opciones se cierren y el aparato del PRD esté en manos del gobierno, debe seguir siendo, por lo mismo, la organización, la movilización y la resistencia civil, pero si existe un resquicio electoral y hay candidatos democráticos del movimiento popular bajo los emblemas de Convergencia y del PT hay que votar por ellos y evitar que la derecha fascista se apodere por completo del aparato electoral.
10. Muchos mexicanos lo han entendido y la disputa por Iztapalapa va a ser, por eso, larga, pero es desde ahora ya significativa, pues el proyecto oligárquico manipulador va a encontrarse muchas más resistencias de las que supone.
sábado, junio 06, 2009
Delincuencia Organizada
La Jornada
México SA
Se aclara el asunto del “boquete” en las finanzas públicas
Desaparición de recursos por medio de los fideicomisos
Carlos Fernández-Vega
Con la mano en la cintura, el gobierno calderonista reportó subejercicios presupuestales cercanos a 120 mil millones de pesos en 2007, su primer año de estadía en Los Pinos, y por la libre transfirió” esa cantidad a distintos fideicomisos y figuras similares –como denunció el auditor Superior de la Federación– sin impedimento de “autoridad” alguna y, lo peor del caso, sin que nadie le finque responsabilidad legal.
Más allá que el citado es un monto equivalente, por ejemplo, al requerido para la construcción de una refinería de buen tamaño y capacidad, los dineros libremente “transferidos” son recursos que no le pertenecen al gobierno, sino a los mexicanos, a quienes, en un mínimo de decoro, los responsables de tal desviación deben explicar las causas por las que a) no se gastaron como lo establecía la ley presupuestal, y b) con qué propósito se canalizaron a distintos fideicomisos y se “sacaron” de circulación.
Tanto que criticaron al tricolor por el oscuro manejo de los recursos públicos, y resulta que en tan sólo ocho años los panistas superaron con creces al maestro. Este tipo de prácticas, si bien añejas, han alcanzado su máxima expresión en los sexenios panistas del “cambio” y “continuidad”. De la “desaparición” de recursos públicos por medio de opacos fideicomisos, Fox hizo gala (y fortuna, por lo visto), y su sucesor promete destacar en esta lucrativa actividad. ¿Dónde quedaron esos 120 mil millones de pesos, más de 11 mil millones de dólares al tipo de cambio de 2007? Nadie sabe, nadie supo y nadie de los que por ley están obligados a saber pretende hacerlo.
Por citar sólo algunos casos, el Fobaproa de ayer hoy se denomina “políticas anticíclicas” y “apoyos de emergencia”; el ISOSA de hace algunos años, ahora se conoce como FACLA, y el costosísimo FARAC actualmente se conoce como “nuevas concesiones carreteras”, pero todos ellos, peso tras peso, han sido onerosa e ilegalmente cubiertos con recursos presupuestales que no se ejercen, pero sí se “transfieren” y “desaparecen”.
Retomo algunos pasajes de Rendición de Cuentas y Fideicomisos: El Reto de la Opacidad Financiera, de Irma Eréndira Sandoval (investigadora del IIS-UNAM y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Transparencia y la Corrupción), libro editado por la ASF, el cual da cuenta de algunas “transferencias” de recursos públicos a oscuros “fideicomisos” que han empeñado el futuro de los mexicanos por obra y gracia de los últimos inquilinos de Los Pinos, sus operadores y el cómplice aval de la clase política que hoy exige el voto ciudadano y se pronuncia en contra de la corriente que pugna por la anulación del sufragio.
Subraya la investigadora que por medio de los fideicomisos, entidades y organismos gubernamentales “han podido disponer de recursos públicos sin vigilancia y supervisión alguna por parte de los órganos de control del Estado. Ello ha provocado múltiples irregularidades en la gestión pública y llegado a generar importantes daños patrimoniales a través de gastos discrecionales, desvío de recursos y conspicuos casos de corrupción”. Por ejemplo, cita, tan sólo en el sexenio foxista el gobierno Federal constituyó más de 150 fideicomisos “que por desgracia, en su gran mayoría, no cuentan ni con el control ni con la supervisión adecuados”. Al cierre de 2007, ya con el nuevo inquilino en Los Pinos, ese número se aproximó a 700.
Destaca, por ejemplo, la dificultad para transparentar el oneroso rescate bancario instrumentado por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa, ahora IPAB). “Con el argumento del secreto bancario, las autoridades financieras a cargo de dar seguimiento a las múltiples denuncias de irregularidades cometidas por los bancos han logrado entorpecer las investigaciones y mantenido al rescate bancario en la opacidad. De la misma forma, la gestión transparente de otros fondos y fideicomisos a cargo de distintas dependencias del gobierno federal ha sido constantemente obstaculizada con el pretexto del secreto fiduciario. El gobierno federal y en particular la Secretaría de Hacienda han esgrimido este argumento en innumerables ocasiones para evitar el escrutinio público. (…) Hoy nadie quiere hablar más del Fobaproa ni de aquellos fideicomisos que, pese a haber sido fundados por altos funcionarios del gobierno, en muchas ocasiones han sido señalados como mecanismos utilizados para la defraudación fiscal. También parecería fuera de lugar empañar el bello discurso de la transparencia para hablar de los rescates carretero, azucarero o de los millonarios ingresos públicos que inundan las arcas privadas de los grandes monopolios de las telecomunicaciones a través de mecanismos no siempre caracterizados por conductas apegadas a la legalidad. (…) El caso del Fobaproa es un buen ejemplo de la maleabilidad a la que se pueden prestar los fideicomisos en nuestro país. Un fondo originalmente establecido para proteger a los ahorradores de instituciones financieras privadas, terminó por servir y socorrer a los banqueros privados precisamente a cuenta de los contribuyentes mexicanos, a quienes les fue cargado el peso del enorme costo fiscal”.
Además, los casos de Integradora de Servicios Operativos (ISOSA, hoy se llama “Fideicomiso Público para Administrar la Contraprestación del artículo 16 de la Ley Aduanera, FACLA), el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (con un “amplio repertorio de irregularidades y violaciones a distintas leyes”), los diversos fideicomisos establecidos por los poderes Judicial y Legislativo y el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo federal (150 millones de pesos a Calderón), que “ejemplifican el uso del secreto fiduciario y estratagemas legales para mantener la opacidad gubernamental en la administración de recursos del erario”.
Qué decir de los varios fideicomisos que soportan prestaciones de lujo para los ministros de la Corte, “llegando al extremo de utilizar esos recursos (públicos) para el pago de sus pensiones, servicios médicos de sus familias y hasta el mantenimiento de sus viviendas (seguros contra riesgos, gastos de mantenimiento, pago del predial, consumo de agua, teléfono, electricidad y gas, así como para la creación de un fondo para la compra de casas nuevas para jueces y magistrados)”.
Entonces, ¿dónde está el “boquete” en las finanzas nacionales?
Las rebanadas del pastel
¡Atrás, ciudadanos léperos y osados! ¿Cómo amenazan con anular su voto para defenestrar a la sacrosanta clase política? ¡Con lo resultona que ha salido! Y si los eficientes partidos políticos quieren contar, que no cuenten con el mío.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
México SA
Se aclara el asunto del “boquete” en las finanzas públicas
Desaparición de recursos por medio de los fideicomisos
Carlos Fernández-Vega
Con la mano en la cintura, el gobierno calderonista reportó subejercicios presupuestales cercanos a 120 mil millones de pesos en 2007, su primer año de estadía en Los Pinos, y por la libre transfirió” esa cantidad a distintos fideicomisos y figuras similares –como denunció el auditor Superior de la Federación– sin impedimento de “autoridad” alguna y, lo peor del caso, sin que nadie le finque responsabilidad legal.
Más allá que el citado es un monto equivalente, por ejemplo, al requerido para la construcción de una refinería de buen tamaño y capacidad, los dineros libremente “transferidos” son recursos que no le pertenecen al gobierno, sino a los mexicanos, a quienes, en un mínimo de decoro, los responsables de tal desviación deben explicar las causas por las que a) no se gastaron como lo establecía la ley presupuestal, y b) con qué propósito se canalizaron a distintos fideicomisos y se “sacaron” de circulación.
Tanto que criticaron al tricolor por el oscuro manejo de los recursos públicos, y resulta que en tan sólo ocho años los panistas superaron con creces al maestro. Este tipo de prácticas, si bien añejas, han alcanzado su máxima expresión en los sexenios panistas del “cambio” y “continuidad”. De la “desaparición” de recursos públicos por medio de opacos fideicomisos, Fox hizo gala (y fortuna, por lo visto), y su sucesor promete destacar en esta lucrativa actividad. ¿Dónde quedaron esos 120 mil millones de pesos, más de 11 mil millones de dólares al tipo de cambio de 2007? Nadie sabe, nadie supo y nadie de los que por ley están obligados a saber pretende hacerlo.
Por citar sólo algunos casos, el Fobaproa de ayer hoy se denomina “políticas anticíclicas” y “apoyos de emergencia”; el ISOSA de hace algunos años, ahora se conoce como FACLA, y el costosísimo FARAC actualmente se conoce como “nuevas concesiones carreteras”, pero todos ellos, peso tras peso, han sido onerosa e ilegalmente cubiertos con recursos presupuestales que no se ejercen, pero sí se “transfieren” y “desaparecen”.
Retomo algunos pasajes de Rendición de Cuentas y Fideicomisos: El Reto de la Opacidad Financiera, de Irma Eréndira Sandoval (investigadora del IIS-UNAM y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Transparencia y la Corrupción), libro editado por la ASF, el cual da cuenta de algunas “transferencias” de recursos públicos a oscuros “fideicomisos” que han empeñado el futuro de los mexicanos por obra y gracia de los últimos inquilinos de Los Pinos, sus operadores y el cómplice aval de la clase política que hoy exige el voto ciudadano y se pronuncia en contra de la corriente que pugna por la anulación del sufragio.
Subraya la investigadora que por medio de los fideicomisos, entidades y organismos gubernamentales “han podido disponer de recursos públicos sin vigilancia y supervisión alguna por parte de los órganos de control del Estado. Ello ha provocado múltiples irregularidades en la gestión pública y llegado a generar importantes daños patrimoniales a través de gastos discrecionales, desvío de recursos y conspicuos casos de corrupción”. Por ejemplo, cita, tan sólo en el sexenio foxista el gobierno Federal constituyó más de 150 fideicomisos “que por desgracia, en su gran mayoría, no cuentan ni con el control ni con la supervisión adecuados”. Al cierre de 2007, ya con el nuevo inquilino en Los Pinos, ese número se aproximó a 700.
Destaca, por ejemplo, la dificultad para transparentar el oneroso rescate bancario instrumentado por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa, ahora IPAB). “Con el argumento del secreto bancario, las autoridades financieras a cargo de dar seguimiento a las múltiples denuncias de irregularidades cometidas por los bancos han logrado entorpecer las investigaciones y mantenido al rescate bancario en la opacidad. De la misma forma, la gestión transparente de otros fondos y fideicomisos a cargo de distintas dependencias del gobierno federal ha sido constantemente obstaculizada con el pretexto del secreto fiduciario. El gobierno federal y en particular la Secretaría de Hacienda han esgrimido este argumento en innumerables ocasiones para evitar el escrutinio público. (…) Hoy nadie quiere hablar más del Fobaproa ni de aquellos fideicomisos que, pese a haber sido fundados por altos funcionarios del gobierno, en muchas ocasiones han sido señalados como mecanismos utilizados para la defraudación fiscal. También parecería fuera de lugar empañar el bello discurso de la transparencia para hablar de los rescates carretero, azucarero o de los millonarios ingresos públicos que inundan las arcas privadas de los grandes monopolios de las telecomunicaciones a través de mecanismos no siempre caracterizados por conductas apegadas a la legalidad. (…) El caso del Fobaproa es un buen ejemplo de la maleabilidad a la que se pueden prestar los fideicomisos en nuestro país. Un fondo originalmente establecido para proteger a los ahorradores de instituciones financieras privadas, terminó por servir y socorrer a los banqueros privados precisamente a cuenta de los contribuyentes mexicanos, a quienes les fue cargado el peso del enorme costo fiscal”.
Además, los casos de Integradora de Servicios Operativos (ISOSA, hoy se llama “Fideicomiso Público para Administrar la Contraprestación del artículo 16 de la Ley Aduanera, FACLA), el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (con un “amplio repertorio de irregularidades y violaciones a distintas leyes”), los diversos fideicomisos establecidos por los poderes Judicial y Legislativo y el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo federal (150 millones de pesos a Calderón), que “ejemplifican el uso del secreto fiduciario y estratagemas legales para mantener la opacidad gubernamental en la administración de recursos del erario”.
Qué decir de los varios fideicomisos que soportan prestaciones de lujo para los ministros de la Corte, “llegando al extremo de utilizar esos recursos (públicos) para el pago de sus pensiones, servicios médicos de sus familias y hasta el mantenimiento de sus viviendas (seguros contra riesgos, gastos de mantenimiento, pago del predial, consumo de agua, teléfono, electricidad y gas, así como para la creación de un fondo para la compra de casas nuevas para jueces y magistrados)”.
Entonces, ¿dónde está el “boquete” en las finanzas nacionales?
Las rebanadas del pastel
¡Atrás, ciudadanos léperos y osados! ¿Cómo amenazan con anular su voto para defenestrar a la sacrosanta clase política? ¡Con lo resultona que ha salido! Y si los eficientes partidos políticos quieren contar, que no cuenten con el mío.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
lunes, junio 01, 2009
Movilización Social para el Verdadero Cambio en México
La Jornada
Abstencionismo y movimiento social
John M. Ackerman
Estrictamente hablando, el acto de votar es irracional, es más un acto de fe que un cálculo pragmático. Por muy cerradas que se hayan vuelto las competencias electorales en los últimos años, es casi imposible que las elecciones masivas se decidan por un voto. Estadísticamente, la boleta que usted, su vecino o un servidor depositemos en la urna electoral tiene nulas posibilidades de incidir en el resultado final de la elección.
Pero exactamente lo mismo se aplica a la anulación del voto. Un voto en blanco tiene mínimas probabilidades de impactar el desenlace de la elección. Un voto en blanco tampoco será contabilizado como un voto de protesta debido a la total opacidad respecto del contenido de los votos nulos que exige nuestra legislación electoral. El ilegal e inmoral rechazo del acceso ciudadano a las boletas también asegura que el tamaño real de la anulación activa se mantenga en secreto.
El airado intercambio entre los que abogan por la anulación del voto y los que defienden el ejercicio del sufragio es un debate falso. La triste realidad es que, dado el sistema electoral que actualmente tenemos, las acciones individuales simplemente no cuentan.
Lo verdaderamente importante no es lo que hagamos en solitario y en secreto dentro de la casilla electoral, sino lo que nos atrevamos a expresar en colectivo en las plazas y foros públicos. Si lo que queremos es cambiar la cultura política del país, los ciudadanos tenemos que construir una alternativa independiente que de una vez por todas obligue a las autoridades a rendir cuentas y a responder a nuestras demandas.
Una de las lecciones más evidentes de las últimas décadas es que las reformas significativas no surgen de la buena voluntad de los políticos, sino que se construyen a través de vigorosos movimientos sociales. La reforma política de 1996 fue el resultado directo del levantamiento armado en Chiapas y la acción política del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La reforma electoral de 2007 y las modificaciones a la reforma petrolera de 2008 son victorias atribuibles a la acción ciudadana y política encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
A pesar de la desinformación generada a través los principales medios electrónicos, el pueblo mexicano es muy inteligente y cuando entra en acción de manera colectiva tiene el potencial de impactar directamente en el desarrollo de la política nacional.
Sin embargo, falta articular un movimiento social independiente y dinámico que revitalice nuestra fallida democracia. En particular los jóvenes tendrían que asumir un liderazgo central en esta nueva etapa de la vida política del país. La renovación generacional de la política es una tarea impostergable. Los representantes políticos, cívicos, intelectuales y periodistas que típicamente encabezan estos esfuerzos deben entender que el país reclama un relevo generacional que permita el florecimiento de nuevas ideas y nuevos voceros del movimiento democrático nacional.
Los movimientos estudiantiles de 1968 y 1986, así como los primeros años del movimiento zapatista iniciado en 1994, son ejemplos históricos de lo que una juventud movilizada y consciente es capaz de lograr. Quizás en esta ocasión sean los jóvenes militantes de la contracultura los que nos enseñen el camino hacia una nueva forma de hacer política. O tal vez los jóvenes rechazados de las escuelas públicas encontrarán la forma de organizarse para demandar un cambio estructural al sistema de desarrollo excluyente que predomina en el país.
No sabemos de dónde surgirá la esperanza en este momento tan crítico y desolador del desarrollo de nuestra nación. Pero lo que sí queda claro es que el reto más importante es escuchar atentamente las inquietudes sociales y encontrar maneras de movilizar y canalizar la frustración social. Los movimientos sociales no surgen solos, pero tampoco se generan por decreto.
El descontento ciudadano es un hecho. Lo que falta es la conversión de la desesperación pasiva en un plan de acción concreto para la renovación política del país.
La televisión y los poderes fácticos apuestan al desencanto ciudadano y a las reacciones individualizadas ante las crisis política, económica y social. Para estos actores, el abstencionismo sería la perfecta válvula de escape para la frustración creciente del pueblo mexicano. Pero lo que realmente pondría a temblar a un sistema tan corrupto e injusto como el que nos gobierna no es la protesta silenciosa dentro de la casilla electoral, sino la toma del espacio público por una nueva generación harta del engaño y la mentira.
http://www.johnackerman.blogspot.com
Abstencionismo y movimiento social
John M. Ackerman
Estrictamente hablando, el acto de votar es irracional, es más un acto de fe que un cálculo pragmático. Por muy cerradas que se hayan vuelto las competencias electorales en los últimos años, es casi imposible que las elecciones masivas se decidan por un voto. Estadísticamente, la boleta que usted, su vecino o un servidor depositemos en la urna electoral tiene nulas posibilidades de incidir en el resultado final de la elección.
Pero exactamente lo mismo se aplica a la anulación del voto. Un voto en blanco tiene mínimas probabilidades de impactar el desenlace de la elección. Un voto en blanco tampoco será contabilizado como un voto de protesta debido a la total opacidad respecto del contenido de los votos nulos que exige nuestra legislación electoral. El ilegal e inmoral rechazo del acceso ciudadano a las boletas también asegura que el tamaño real de la anulación activa se mantenga en secreto.
El airado intercambio entre los que abogan por la anulación del voto y los que defienden el ejercicio del sufragio es un debate falso. La triste realidad es que, dado el sistema electoral que actualmente tenemos, las acciones individuales simplemente no cuentan.
Lo verdaderamente importante no es lo que hagamos en solitario y en secreto dentro de la casilla electoral, sino lo que nos atrevamos a expresar en colectivo en las plazas y foros públicos. Si lo que queremos es cambiar la cultura política del país, los ciudadanos tenemos que construir una alternativa independiente que de una vez por todas obligue a las autoridades a rendir cuentas y a responder a nuestras demandas.
Una de las lecciones más evidentes de las últimas décadas es que las reformas significativas no surgen de la buena voluntad de los políticos, sino que se construyen a través de vigorosos movimientos sociales. La reforma política de 1996 fue el resultado directo del levantamiento armado en Chiapas y la acción política del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La reforma electoral de 2007 y las modificaciones a la reforma petrolera de 2008 son victorias atribuibles a la acción ciudadana y política encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
A pesar de la desinformación generada a través los principales medios electrónicos, el pueblo mexicano es muy inteligente y cuando entra en acción de manera colectiva tiene el potencial de impactar directamente en el desarrollo de la política nacional.
Sin embargo, falta articular un movimiento social independiente y dinámico que revitalice nuestra fallida democracia. En particular los jóvenes tendrían que asumir un liderazgo central en esta nueva etapa de la vida política del país. La renovación generacional de la política es una tarea impostergable. Los representantes políticos, cívicos, intelectuales y periodistas que típicamente encabezan estos esfuerzos deben entender que el país reclama un relevo generacional que permita el florecimiento de nuevas ideas y nuevos voceros del movimiento democrático nacional.
Los movimientos estudiantiles de 1968 y 1986, así como los primeros años del movimiento zapatista iniciado en 1994, son ejemplos históricos de lo que una juventud movilizada y consciente es capaz de lograr. Quizás en esta ocasión sean los jóvenes militantes de la contracultura los que nos enseñen el camino hacia una nueva forma de hacer política. O tal vez los jóvenes rechazados de las escuelas públicas encontrarán la forma de organizarse para demandar un cambio estructural al sistema de desarrollo excluyente que predomina en el país.
No sabemos de dónde surgirá la esperanza en este momento tan crítico y desolador del desarrollo de nuestra nación. Pero lo que sí queda claro es que el reto más importante es escuchar atentamente las inquietudes sociales y encontrar maneras de movilizar y canalizar la frustración social. Los movimientos sociales no surgen solos, pero tampoco se generan por decreto.
El descontento ciudadano es un hecho. Lo que falta es la conversión de la desesperación pasiva en un plan de acción concreto para la renovación política del país.
La televisión y los poderes fácticos apuestan al desencanto ciudadano y a las reacciones individualizadas ante las crisis política, económica y social. Para estos actores, el abstencionismo sería la perfecta válvula de escape para la frustración creciente del pueblo mexicano. Pero lo que realmente pondría a temblar a un sistema tan corrupto e injusto como el que nos gobierna no es la protesta silenciosa dentro de la casilla electoral, sino la toma del espacio público por una nueva generación harta del engaño y la mentira.
http://www.johnackerman.blogspot.com
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